Derechos humanos en la argentina del siglo XXI (página 2)

5. Desaparecidos

La Comisión estima que el problema de los
desaparecidos es uno de los más graves que en el campo de
los derechos humanos
confronta la República Argentina. En tal
sentido la Comisión recomienda lo siguiente:

a) Que se informe
circunstancialmente sobre la situación de las personas
desaparecidas, entendiéndose por tales aquellas que han
sido aprehendidas en operativos que por las condiciones en que se
llevaron a cabo y por sus características, hacen presumir la
participación en los mismos de la fuerza
pública.
b) Que se impartan las instrucciones necesarias a las autoridades
competentes a fin de que los menores de edad desaparecidos a
raíz de la detención de sus pares y familiares y
los nacidos en centros de detención, cuyo paradero se
desconoce, sean entregados a sus ascendientes naturales u otros
familiares cercanos.
c) Que se adopten las medidas pertinentes a efectos de que no
continúen los procedimientos
que han traído como consecuencia la desaparición de
personas. Al respecto, la Comisión observa que se han
producido recientemente casos de esta naturaleza que
como todos los demás deben ser esclarecidos lo antes
posible.

Detenidos a disposición del poder
ejecutivo nacional y derecho de opción para salir del
país.
La Comisión ha podido enterarse de la situación de
los detenidos a disposición del Poder
Ejecutivo Nacional así como de los mecanismos para hacer
uso del derecho de opción para salir del
país.

A este respecto, la Comisión recomienda lo
siguiente:
a) Que la facultad que el Art. 23 de la Constitución otorga al Jefe de Estado para
detener personas bajo el régimen de Estado de
Sitio, se sujete a un criterio de razonabilidad y no se extiendan
las detenciones indefinidamente en tiempo.
b) Que, en consecuencia, se ponga en libertad a las
siguientes personas detenidas a disposición del Poder
Ejecutivo Nacional:
1. Aquellas que sin causa razonable y por tiempo prolongado
se encuentran detenidas para que la detención no se
convierta en pena, que solo el Poder Judicial
puede imponer;
2. Los que han sido absueltos o que ya han cumplido sus
penas;
3. Los que son elegibles para gozar de libertad
condicional, en caso de haber sido condenados.
c) Que se restablezca a plenitud el ejercicio del derecho de
opción para salir del país, a efecto de que el
trámite de las solicitudes no sufra dilaciones que
entorpezcan la efectividad del ejercicio de dicho
derecho.

Métodos de investigación.
En lo referente a los métodos de
investigación, la Comisión recomienda lo
siguiente:
Que se investiguen a fondo las denuncias acerca de la
utilización de torturas y otros apremios ilegales en los
procedimientos
de investigación de las personas detenidas,
que los responsables de actos de esa naturaleza sean
sancionados con todo el rigor de la ley y se tomen
las medias necesarias para prevenir la aplicación de tales
métodos.

Régimen Carcelario
En lo referente al régimen carcelario la Comisión
recomienda lo siguiente:
Tomar las medidas pertinentes para que los detenidos en algunos
centros penitenciarios no sigan privados de condiciones
elementales para su salud física y
síquica, tales como la luz solar,
lectura y
ejercicios físicos, reducir el tiempo excesivo de
permanencia en las celdas y evitar la imposición de
castigos por faltas triviales.

Jurisdicción Militar
En lo referente a las personas que se encuentran procesadas o
sentenciadas por la jurisdicción militar, la
Comisión recomienda lo siguiente:
a) Asegurar a las personas sometidas a juicio ante los tribunales
militares, las garantías del debido proceso legal,
especialmente el derecho de defensa por un abogado elegido por el
procesado.
b) Designar una comisión de juristas calificados para que
estudie los procesos
llevados a cabo por tribunales militares durante la vigencia del
Estado de Sitio, y que en los casos en que se hayan omitido las
garantías inherentes al debido proceso, haga
las recomendaciones pertinentes.

Garantías procesales y de la defensa en
juicio.
En relación con las garantías procesales y de la
defensa en juicio, la Comisión recomienda lo
siguiente:
a) Que se den las seguridades y facilidades para que los jueces
procedan a investigar en forma efectiva, los casos de las
personas detenidas en virtud de las leyes de seguridad.

b) Que se otorguen las garantías indispensables
para la eficaz defensa que corresponde ejercer a los abogados que
patrocinan a los procesados".
Ese mismo día, la Comisión dio por concluida la
observación en territorio Argentino.
3.-A partir del año 1976 funcionaron en territorio
argentino alrededor de trescientos cuarenta Centros Clandestinos
de Detención.
La mayoría de ellos, en las propias sedes de las instituciones
militares; muy a pesar de las reiteradas manifestaciones de los
integrantes del régimen que insistían en negar la
realidad.
En el mes de diciembre de 1977, Videla declaraba a la revista GENTE:
"Yo niego rotundamente que existan en la Argentina campos
de concentración o detenidos en establecimientos militares
más allá del tiempo indispensable para indagar a
una persona capturada
en un procedimiento y
antes de pasar a un establecimiento carcelario"(22.12.77).
El Gral. Viola sostenía en septiembre de 1978 que "No hay
detenidos políticos en la República Argentina,
excepto algunas personas que podrían estar involucradas en
las actas institucionales, que están realmente detenidas
por su labor política. No hay
detenidos por ser meramente políticos o por no compartir
las ideas que sustenta el Gobierno".(7.09.78).
En aquellos lugares siniestros estaban los miles y miles de
argentinos y hasta ciudadanos de otra nacionalidad que eran
buscados obsesivamente por sus familiares; allí estaban
los "desaparecidos"; los que según las autoridades
nacionales "estaban en el exterior o bien habían sido
víctimas de sus propios pares"; allí iban a
permanecer, mientras la Justicia del
Proceso respondía en forma negativa a los miles de
Habeas Corpus
que todos los días se interponían ante los
diferentes Juzgados y Cámaras del país.
Mientras tanto, la CIDH, como dijimos, terminaba su experiencia
en el país y a modo de conclusión
manifestaba:

Conclusiones
1. A la luz de los
antecedentes y consideraciones expuestas en el presente informe, la
Comisión ha llegado a la conclusión de que, por
acción u omisión de las autoridades públicas
y sus agentes, en la República Argentina se cometieron
durante el período a que se contrae este informe -1975 a
1979- numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos reconocidos
en la declaración Americana de Derechos y Deberes del
Hombre. En
particular, la Comisión considera que esas violaciones han
afectado:
a) al derecho a la vida, en razón de que personas
pertenecientes o vinculadas a organismos de seguridad del
Gobierno han dado
muerte a
numerosos hombres y mujeres después de su
detención; preocupa especialmente a la Comisión la
situación de los miles de detenidos desaparecidos, que por
las razones expuestas en el Informe se puede presumir
fundamentalmente que han muerto:
b) el derecho a la libertad personal, al
haberse detenido y puesto a disposición del Poder
Ejecutivo nacional a numerosas personas en forma indiscriminada y
sin criterio de razonabilidad, y al haberse prolongado el arresto
de estas personas, lo que constituye una verdadera pena, esta
situación se ha visto agravada al restringirse y limitarse
severamente el derecho de apelación previsto en el Art. 23
de la Constitución, desvirtuando la verdadera
finalidad de esa derecho. Igualmente la prolongada penalidad de
los asilados, configura un atentado a la libertad personal, lo que
constituye una verdadera pena;
c) al derecho a la seguridad e integridad personal, mediante el
empleo
sistemático de torturas y otros tratos crueles, inhumanos
y degradantes, cuya práctica ha revestido características alarmantes;
d) al derecho de justicia y
proceso regular, en razón de las limitaciones que
encuentra el Poder Judicial
para el ejercicio de sus funciones; de la
falta de debidas garantías en los procesos ante
los tribunales militares; y de la ineficiencia que, en la
práctica y en general, ha demostrado tener en Argentina el
recurso de Habeas Corpus,
todo lo cual se ve agravado por las serias dificultades que
encuentran, para ejercer su ministerio, los abogados defensores
de los detenidos por razones de seguridad u orden público,
algunos de los cuales han muerto, desaparecido o se encuentran
encarcelados por haberse encargado de tales defensas.
2.- Con respecto a otros derechos establecidos en la
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la
Comisión señala que si bien su falta de observancia
no ha revestido la gravedad de los anteriores, las limitaciones a
que se encuentran sujetos afectan también la plena
vigencia de los derechos humanos
en la República Argentina.

Con relación a estos derechos la Comisión
observa lo siguiente:
a) que el ejercicio pleno de la libertad de opinión,
expresión e información se ha visto limitado, en
diferentes formas, por la vigencia de ordenamientos legales de
excepción que han contribuido a crear, incluso, un
clima de
incertidumbre y de temor entre los responsables de los medios de
comunicación;
b) que los derechos laborales se han visto afectados por las
normas
dictadas al efecto y por la aplicación de las mismas,
situación que ha incidido particularmente en el derecho de
asociación sindical debido a actos de intervención
militar y a la promulgación de estatutos legales que
vulneran derechos de la clase trabajadora;
c) que los derechos políticos se encuentran
suspendidos;
d) que, en general, no existen limitaciones a la libertad
religiosa y de cultos; aunque la Comisión si pudo
comprobar que los Testigos de Jehová tienen graves
restricciones para el ejercicio de sus actividades religiosas y
que, si bien no existe una política oficial
antisemita, en la práctica, en ciertos casos, ha habido un
trato discriminatorio en contra de algunos judíos.
3.- Asimismo, la Comisión considera que las entidades de
defensa de los derechos humanos han encontrado y encuentran
injustificados obstáculos para el cumplimiento de la labor
que han venido desarrollando.
4.- La Comisión observa que con posterioridad a su vista a
la República Argentina, en el mes de septiembre de 1979,
han disminuido las violaciones de los derechos a la vida, a la
libertad, a la seguridad e integridad personal y al derecho de
justicia y proceso regular y que, particularmente desde el mes de
octubre de ese año, no ha registrado denuncias por nuevos
desaparición de personas".

6. El informe final: "la
ley del
olvido"

1.- El 28 de abril de 1983 las FF.AA. Argentinas daban a
conocer lo que ellas suponían sería el INFORME
FINAL sobre el tema de los secuestrados desaparecidos durante el
régimen militar.
La versión oficial sobre el Terrorismo de
Estado significaba un compendio de falsedades y se trataba de un
verdadero agravio para todo el país.
Lisa y llanamente sostenía que los crímenes
más siniestros debían quedar sin sanción y
que además, se debía tener en
cuenta que los hechos protagonizados por las FF.AA. debían
ser considerados como meros actos de servicio y
como prenda de paz y de amor entre los
argentinos.

Las FF.AA como juez y parte.
Vamos a recordar algunos párrafos de aquel documento, sin
antes dejar de mencionar que, en primer lugar, este documento
sería el antecedente más inmediato de la llamada
"Ley de Pacificación Nacional" (Nro. 22.924), y en segundo
lugar, que más allá de la anulación que con
posterioridad el gobierno del Dr. Raúl Ricardo
Alfonsín hiciera de esta ley (mediante la Ley Nro.
23.040), se constituiría en el germen jurídico y
legislativo que dará, entre otras aberraciones
jurídicas, las leyes del Punto
Final, la Obediencia Debida y los Indultos
presidenciales".

"La preservación y el mantenimiento
efectivo del goce de los derechos y las garantías que la
Constitución reconoce a todos los habitantes de la
Nación,
es decir, la salvaguardia de los derechos humanos constituye la
finalidad sustancial de la seguridad de un estado
democrático, como lo es la República. Argentina,
por su tradición histórica, política y
jurídica…".

Así comenzaba el documento.
En la Argentina lo que menos regía era la
Constitución Nacional y su tradición se
caracterizaba más por los gobiernos de facto que por los
democráticos.
Doctrina de Seguridad de por medio, continuaba: "…Este concepto de
seguridad incluye también el resguardo de la
inviolabilidad de su territorio contra amenazas externas e
internas y la consolidación de un funcionamiento eficiente
de su gobierno en el marco de la ley…".

"…La sanción por parte del Congreso de la
Nación,
de leyes que penalizan en forma específica y con mayor
gravedad las conductas subversivas y los actos terroristas y la
declaración del estado de sitio, no fueron suficientes
para conjurar la situación… ".
Por ello, agregamos nosotros, fue necesario crear un sistema criminal
especial, con centros de torturas especiales y con muertes,
también, especiales: la Desaparición de las
Personas.
"…En ese crucial momento histórico, las FF.AA. fueron
convocadas por el gobierno constitucional para enfrentar a la
subversión". "…a diferencia del accionar subversivo no
utilizaron directamente su poder contra terceros inocentes,
aún cuando indirectamente estos pudieran haber sufrido sus
consecuencias…".

Los secuestrados-desaparecidos siguen siendo inocentes;
nunca tuvieron la oportunidad ni accedieron a un juicio legal;
fueron, directamente, condenados y según sus ejecutores
"en nombre de la lucha por la libertad, por la justicia y por el
derecho a la vida".
El informe continúa para determinar: "…En consecuencia,
debe quedar definitivamente claro que quiénes figuran en
nóminas
de desaparecidos y que no se encuentran exiliados o en
clandestinidad, a los efectos jurídicos y administrativos
se consideran MUERTOS, aún cuando no pueda precisarse
hasta el momento la causa y la oportunidad del eventual deceso,
ni la ubicación de sus sepulturas…".

Según el Informe de la CONADEP, EL 72,4 % del
total de las personas que hasta el presente permanecen en la
calidad de
"desaparecidos" fueron detenidas ante testigos y luego
desaparecieron; el 45,1 % fueron detenidas en sus domicilios
también ante testigos; el 21,7 % en lugares
públicos o en la vía pública; el 2% en
dependencias militares, policiales o penales y un 27,6 % en
circunstancias desconocidas.
El Informe, agrega: "…La posibilidad de que personas
consideradas desaparecidas pudieran encontrarse sepultadas como
no identificadas ha sido siempre una de las principales hipótesis aceptadas por el gobierno.
Coincidió con este criterio el informe elaborado por la
Comisión Interamericana de DD.HH. que visitó el
país en 1979 al expresar que, en distintos cementerios, se
podía verificar la inhumación de personas no
identificadas que habían fallecido en forma violenta, en
su mayoría en enfrentamientos con fuerzas
legales…".

La afirmación, hoy más que nunca, de que
miles de argentinos hayan muerto en presuntos enfrentamientos, se
ve de por sí totalmente desvirtuada. Algunos represores
arrepentidos se han atrevido a contar que se hacía con los
cuerpos de las víctimas cuando se decidía su
"traslado", podían ser arrojados al mar, estaqueados,
inyectados, sepultados de a grupos y
arrojados en tumbas sin identidad.

Este es uno de los orígenes de las conocidas "
tumbas N.N".
El Informe continúa diciendo: "Se habla asimismo de
personas desaparecidas que se encontrarían detenidas por
el gobierno argentino en los más ignotos lugares del
país. Todo esto no es sino una falsedad utilizada con
fines políticos ya que en la República. No existen
lugares secretos de detención, ni hay en los
establecimientos carcelarios personas detenidas
clandestinamente…".
Mucho antes del Informe de la CONADEP, y como ya he hecho
referencia, se habían registrado un centenar de Centros
Clandestinos o Campos de Concentración, que
incluían no solo su ubicación geográfica
sino también su funcionamiento y a cual arma
pertenecía su condición.

La dictadura militar
dividió al país en cinco grandes zonas, denominados
"Los Comandos de
Zona". A su vez, estos Comandos. De
zonas fueron divididos en zonas y áreas. Dentro de esta
estructura
represiva funcionaron los Centros Clandestinos de
Detención y desarrollaron sus tareas alrededor de mil
agentes pertenecientes a las tres armas de las
FF.AA a las Fuerzas de Seguridad, Policía,
Gendarmería y Servicio
Penitenciario.
El Informe intenta terminar con sentido exculpatorio,
manifestando: "…La victoria obtenida a tan altos precios
contó con el consenso de la ciudadanía, que
comprendió el complejo fenómeno de la
subversión y expresó a través de sus
dirigentes, su repudio a la violencia De
esta actitud de la
población se desprende, con claridad, que
el deseo de la Nación toda es poner punto final a un
período doloroso de nuestra historia…".

El Dr. Alfredo Galletti, miembro co-fundador de uno de
los primeros Organismos Defensores de los Derechos Humanos que se
constituyeron en el país, el Centro de Estudio, Legales y
Sociales (CELS), luego de conocer el documento emitido por los
responsables y ejecutores del Terrorismo de
Estado, escribió:
"El documento acerca de la subversión constituye, en su
conjunto, un compendio de falsedades". Ha sido recibido con
estupor, indignación y dolor.

"Se trata de un verdadero agravio para todo el
país.
"Pretende ser punto final en el problema de los
desaparecidos.
"Se trata lisa y llanamente de un documento que tiende a dejar
sin sanción a las más brutales violaciones de los
derechos humanos que hayan existido a lo largo de toda la
historia
Argentina.
"No solo no habrá castigos, sino que los hechos
protagonizados por las FF.AA, con su concepción
totalitaria del terrorismo de estado, son exaltados y
considerados como prenda de paz y de amor entre los
argentinos. Una verdadera burla y un atentado a los principios
más elementales del derecho y de la justicia; una befa a
los principios de
amor, verdad y justicia".
"La desaparición forzada de personas constituye un agravio
para la humanidad".
"Se trata de acciones
criminales insoslayables, como ha señalado Juan Pablo
II".
"Son crímenes de lesa Humanidad, delitos
continuos, cuya acción es imprescriptible, no sujeto a
amnistía. Es la lesión más grave que se
pueda inferir al ser humano como tal, es la afrenta más
terrible a la dignidad humana, es el compendio de todas las
violaciones de los derechos humanos, una a una, no sumadas
meramente, sino multiplicadas. Por esas razones jamas pueden
quedar impunes y para el caso del perdon o de la reconciliacion
no puede hacerse, sin previamente reconocer la existencia de la
culpa y la más severa, severisima sancion: verdad y
justicia son principios que no pueden eludirse".
"El documento declara muertos a los desaparecidos".
"Nos resistimos a creerlo. Si así fuera, es indudable que
se habría cometido un genocidio y como tal, debe ser
juzgado. Obrando como juez y parte del mismo tiempo, la Junta
Militar expresa que las operaciones
llevadas a cabo por las FF.AA. fueron ejecutadas por los mandos
superiores, conforme a planos aprobados por la Junta Militar y
planificados por ella a partir del momento de su
constitución y quedan exentas de sanción de ninguna
naturaleza".
"Aún más, se pretende que fueron fieles ejecutoras
de decretos emanados del gobierno constitucional, que ordenaban
la lucha contra la guerrilla y la subversión en todo el
ámbito del país. Pero no expresan el hecho
incontrastable que tales decretos colocaban la lucha dentro de
término legales, es decir, dentro de marcos normativos de
los cuales no podrían apartarse. Por otra parte, tampoco
expresan que el golpe militar fue dirigido contra las autoridades
que habían emanado dichos decretos y que entre los
fundamentos del golpe, estaba, según la "proclama", la
ausencia de ejemplos éticos y morales por parte de los
gobernantes".
"La transformación de la lucha en Terrorismo de Estado, al
utilizarse los métodos
que se querían erradicar, implica una violación de
los principios de la ética y de
la moral y los
denominados "excesos" trasuntados en el desaparecimiento de
personas, de millares y millares de personas de ambos sexos, de
toda edad, sin excluir niños,
sacados de sus casas o lugares de trabajo, la inmensa
mayoría de los casos ante testigos y luego "desaparecidas"
implica una violación a todos los principios".
"El considerar que el accionar de los integrantes de las FF.AA.
en las operaciones
realizadas constituyeron ACTOS DE SERVICIO, significa la
pretensión de sustraerlos a la acción de la
justicia. Pero si se trata de los "actos de servicio" y como
tales reconocidos por la Junta Militar, nunca, de manera alguna,
pueden ser sustraídos de la Justicia y deben ser sometida
a ella. PORQUE NO ES ACTO DE SERVICIO EL LLEVAR ADELANTE CRIMENES
DE LA NATURALEZA QUE SE INDICA."
"De la declaración se desprende, sin lugar a dudas, que
los agentes de las FF.AA. y de Seguridad han asesinado en centros
de detención a un número indeterminado de
habitantes de la República, en cumplimiento de
órdenes de la Junta, a través de los mandos y, como
tal, no pueden quedar exentos de culpa ni de juzgamiento".
"El documento mismo reconoce que se cometieron "errores" que
pudieron traspasar los límites
del respeto a los
derechos humanos fundamentales, pero SOLO QUEDARAN LIBRADOS AL
JUICIO DE DIOS EN CADA CONCIENCIA Y EN
LA COMPRENSION DE LOS HOMBRES".

"Nada más monstruoso que tal
afirmación".
"Una cosa son las acciones
privadas de los hombres que pueden quedar reservadas a Dios y
exentas de la autoridad de
los magistrados (como expresa el Art. 19 de la C.N.) y otra es la
de aquellas que ofendan al orden o a la moral
pública o perjudiquen a un tercero. EN EL CASO DE COMISION
DE UN DELITO NO PUEDE
INVOCARSE JAMAS TAL NORMA".
"Es inaudito pensar, como se expresa en las conclusiones, que
únicamente el Juicio Histórico podrá
determinar con exactitud a quién corresponde la responsabilidad directa de muertes inocentes o de
métodos injustos. Se trata, ni más ni menos, que de
principios que hacen a la base del propio Estado como tal y que,
en caso de incumplimiento, corroen las bases del Estado mismo
transformando la norma en arbitrariedad total de gobernantes
omnipotentes. NI LAS MONARQUIAS ABSOLUTISTAS DE DERECHO DIVINO
HABIAN LLEGADO A TAL GRADO DE ARBITRARIEDAD".
"Se trata de actos absolutamente discrecionales emanados del
gobierno de las FF.AA, totalmente inconstitucionales y la
invalidez de tales dictados es total y absoluta. Atenta contra el
principio de división de poderes, sustrae a la justicia lo
que a ella atañe, saca a las personas de los jueces
designados por la ley antes del hecho de la causa. No olvidemos
que el propio régimen militar dictó normas, a las
cuales debió sujetarse todo su quehacer".
"Esta normatividad no puede ir más allá de ciertos
límites, aún en los regímenes
totalitarios y autoritarios. Aún dentro de formas de
supralegalidad, como pueden ser las actas, totalmente
inconstitucionales, debe observarse un mínimo de respeto a los
poderes constituidos- así sea por los propios gobiernos de
facto- y por los derechos humanos fundamentales".
"A este último respecto, cabe agregar que existe un
criterio de razonabilidad del acto, pero el de la
discrecionalidad absoluta, como es el caso de documentos de las
FF.AA. Estas obran como poderes absolutos. La Suprema Corte, si
bien hizo concesiones dentro de su jurisprudencia
a la legitimidad de los actos emanados de los gobiernos de facto,
nunca podría convalidar un acto – así fuera una
acta institucional- que excediera todo límite de
razonabilidad y se transformara en un acto despótico y en
violación a los principios del derecho y de los derechos
humanos fundamentales".

"Se trata, por lo tanto, de una INVALIDEZ TOTAL Y
ABSOLUTA y como tal así debe ser considerada".
"Resulta inaudito, asimismo, la pretensión de considerar
que no sólo las FF.AA obraron en la forma que lo hicieron,
con desprecio total de los derechos humanos, sino que lo
harán nuevamente toda vez que sea necesario. Ya sabemos
bien de qué manera cumplen las FF.AA lo prometido. El
discurso de
Viola en Montevideo por el cual aseguraba que morirán en
el país tantos como sea necesario y que fue una especie de
inauguración de la política terrorista de Estado, o
las declaraciones de los demás integrantes del poder
militar, sin olvidar a Galtieri cuando manifestara que "no le
importaba que murieran en las Malvinas
también los que fueran necesarios", son unos pocos
ejemplos.

"Ello significa colocarse definitivamente por sobre todo
poder constitucional y por encima del Estado de
Derecho. Y no solo allí llega la amenaza, sino que
aprovecharán las lecciones que los deparará la
represión, con el objetivo de
aumentarla o corregirla sin importar el número de
víctimas que pudieran ocasionarse. Ello se desprende
nítidamente del texto. Y ello
significa, también, una espada que se cierne sobre todo
nuestro futuro institucional".
"No habrá posibilidad de indagar acerca de los hechos
producidos, ya que el poder militar no responderá ninguna
requisitoria y se basará en el acta institucional para no
hacerlo.
"Desaparecerá, así, la institución clave y
fundamental con referencia al principio de la libertad y la vida
de los ciudadanos. Tampoco será posible, conforme al
documento, la indagación acerca de los hechos producidos
con motivo de "actos de servicio", aunque en la realidad nadie
podrá impedir la intervención de la justicia
competente. Pero podrá decirse que " aquellas acciones que
como consecuencia del modo de operar, pudo facilitar la
comisión de hechos irregulares y que fueran detectadas,
han sido juzgadas y sancionadas por los Consejos de Guerra",
según reza el documento…

"Volviendo al tema de los desaparecidos, cabe manifestar
que el documento nada agrega en relación con lo ya
expresado en otras oportunidades. Se recurre al artilugio de los
propios subversivos desapareciendo por sí, escapando al
castigo; a la venganza entre distintas bandas; a la
reaparición de personas que se consideraban desaparecidas;
a todo el repertorio la que nos tenía acostumbrados Viola
y que se repetía infinitamente y como letanía
aprendida de antemano frente a las continuas reclamaciones que se
realizaban. Se expresa que no existen lugares secretos de
detención y cárceles clandestinas. HAY

7. Multitud De Testimonios
Que Aseveran Lo Contrario.

"Los desaparecidos, por millares, fueron llevados de sus
domicilios o lugares de trabajo, en la inmensa mayoría de
los casos ante testigos, por las FF.AA. y los organismos de
represión, con absoluta y precisa coordinación a punto tal que resulta pueril
la manifestación de que no es posible su
identificación…".
"No se ha dado explicación alguna al respecto y la
opinión
pública del país asiste absorta a las
conclusiones del informe, en el sentido de que todos los
desaparecidos ésta muertos".
"LAS MAS GRAVES VIOLACIONES A LOS DD.HH. FUERON COMETIDAS Y TALES
ACCIONES NO PUEDEN QUEDAR LIBRADAS AL JUICIO DE LA HISTORIA DE LA HISTORIA. ES
NECESARIA LA JUSTICIA. Caso contrario, continuaremos en un camino
sin fin, que no permitirá, en manera alguna, la ansiada
recuperación de las instituciones
argentinas. Pero, nada vale sino es con justicia, basada en la
verdad y con el cumplimiento de severísimas penas para
aquellos que hayan delinquido…".

En resumidas cuentas, el
documento "final" emitido por la Junta agravaba la
situación y significaba, también, un verdadero
agravio para todo el país.
El periodo de silencio de la sociedad va
disminuyendo a medida que el gobierno fue mostrando falta de
autoridad para
imponer silencio; el pueblo de a poco comenzó nuevamente a
moverse, a desendurecerse ante el miedo, los sectores que
comienzan moverse con mayor libertad en un primer momento fueron
los empresarios regionales, los sindicalistas, los estudiantes y
la iglesia, donde
la corriente a favor del proceso fue dejando lugar a otra que
tenía por objetivo
evangelizar crecientemente laica. La preocupación por
la moral y los
derechos humanos ya se hacen sentir en los documentos
eclesiásticos y en la comunidad
nacional.

El grupo
más importante de defensores de los derechos estuvo
representado por las Madres de Plaza de Mayo. Estas tuvieron un
discurso
ético y testimonial poniendo de manifiesto el sentimiento
de maternidad destruido por el proceso.
Luego de la guerra de
Malvinas (dentro de la dictadura) la
sociedad
comenzaba a hacerse sentir, y unidos contra los represores y de
la mano de Raúl Alfonsín (representante de la
oposición) exigieron información al gobierno sobre la guerra,
logrando instalar el tema en la opinión
pública, lo que traja dificultades a los represores.
Ya habían perdido credibilidad y la gente comenzaba a
revelarse.
La propuesta de Alfonsín de basaba en construir un
gobierno civil de transición, pero dentro del gobierno de
facto la propuesta no había cambiado: seguir inculcando el
temor.
Galtieri en un acto en la Plaza de Mayo, pasado unos días,
da por finalizado el proceso de Reorganización
Nacional.

Nueva Etapa, Mayores Esperanzas
En 1983 asume como presidente de la República Argentina
Raúl Alfonsín, iniciando la democracia.
Fuera de que su gobierno perjudicó muchísimo en el
plano económico al país, fue el fundador de la
CONDEP.
La CONADEP fue formada luego que la democracia
fuera devuelta a la Argentina en 1983, con el objetivo de
investigar a los miles de desaparecidos durante el gobierno
militar. La comisión recibió evidencias acerca de
los eventos
relacionados con personas desaparecidas y entregó esa
información al Presidente
Alfonsín el 20 de
Septiembre de 1984. La comisión no determinó
responsabilidades sino que se encargó de documentar la
cronología de los eventos.
Con el objetivo de guardar la objetividad, el Poder Ejecutivo
decidió que la comisión estuviera compuesta por
individuos con prestigio nacional e internacional, elegidos por
su consistencia en la lucha por los derechos humanos.
Representarían diferentes afiliaciones políticas
e ideologías.

Las personas elegidas trabajaron ad honorem. Estas
fueron:

• Ricardo Colombres
• Rene Favarolo
• Hilario Fernandez Long
• Carlos T. Gattinoni
• Gregorio Klimovsky
• Marshall T. Meyer
• Jaime F. de Nevares
• Eduardo Rabossi
• Magdalena Ruiz Guinazú
• Ernesto Sabato

Ernesto Sabato, el 29 de Diciembre de 1983, fue elegido
como Presidente de la Comisión. La Comisión
relevó miles de casos de abducción,
desaparición, tortura y ejecuciones. Cada caso era
documentado en un archivo numerado.
Se compilaron más de 50,000 páginas de documentación. Un resumen fue publicado en
un reporte oficial en el año 1984. Luego de miles de
testimonios y hechos horripilantes, la Comisión
concluyó con una serie de recomendaciones para iniciar
acciones legales contra los responsables.

Los Efectos y Repercusión Social
Los derechos individuales se ven claramente afectados por el
proceder del Estado, que consagra la impunidad para las personas
responsables de los delitos contra
los desaparecidos en la época del terrorismo de estado de
la década del 70.
La situación de aquellos que cometieron delitos contra los
derechos humanos, al no ser sometidos ante la justicia vulnera el
principio de igualdad ante
la ley; lo que se convierte en una lamentable afirmación:
QUE NO TODOS SOMOS IGUALES ANTE ESA MISMA LEY.
La falta de una sanción genera la convicción en los
cuadros represivos de que pueden recrear el exterminio de
personas como medio de resolver un conflicto
entre el Estado y la
Sociedad
Civil, o entre un civil y un agente de las fuerzas del
estado.
Se invierten los valores
que sostienen la relación Estado-Sociedad Civil,
cuando el estado de derecho
tiende a sancionar los delitos contra la propiedad y a
admistiar y o indultar los delitos contra la vida, la
preservación del ser humano pierde un espacio
irrecuperable frente a la preservación de los bienes
materiales.

Este fue el sentimiento general cuando en el gobierno de
Raúl Alfonsín se promulgan los decretos que
favorecieron a los miembros de las fuerzas armada, bajo pretexto
de haber actuado por ordenes de sus superiores. Estos decretos
son los representantes de la impunidad con color
constitucional. De un plumazo se borra todo el trabajo
realizado por las organizaciones
defensoras de los derechos humanos, se torna nulo aquel esfuerzo
de la persona que
sobrevivieron a los campos de concentración en su
afán de reconocer a sus torturadores.

No se hacia alusión a los miles de seres
secuestrados, y desaparecidos. Nada se disponía sobre la
averiguación de sus destinos. La cuestión era,
seguía, y no dejaría de ser militar.
Era diciembre de 1983, y el presidente de la nación
anunciaba los pasos legales correspondientes para someter a la
justicia a quienes a su entender habían sido responsables
los atentados en la represión, que todavía no era
tan lejana.
Así comienzan los juicios a los ex miembros de las juntas
militares, por la comisión de excesos en la
represión del terrorismo.
Desde el punto de vista jurídico se señala la
violación de las garantías constitucionales, de
haber sido los procesados sacados de sus jueces naturales que
eran los Miembros del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas,
dispuesto por una ley dictada en fecha posterior al hecho de la
causa. De esta manera se vulnera el articulo 18 de la
Constitución Argentina. Alfonsín saca a los
supuestos procesados de la Cámara Militar y los deja bajo
jurisdicción de la Cámara Federal por ser
lenta.

Los juicios culminaron hacia 1986, con la condena de 5
comandantes en jefe.
Desde el comienzo coloca su gobierno bajo la tutela de los
poderosos, implementando una política abiertamente a favor
de las corporaciones y organismos financieros internacionales.
Comienzan a concretarse la privatización de empresas
fundamentales del Estado entregando a multinacionales el transporte y
las comunicaciones.El menemismo destruyó o
entregó a los monopolios las riquezas del país, que
le costaron más de un siglo a generaciones de argentinos
construirlas. El gobierno colocó al mercado como el
ámbito único para resolver todos los problemas; en
ese mercado la
economía
desplaza a la política, y los que hacen política
son dueños de las corporaciones, manejan el gobierno y
millones de dólares.
Durante la década del 90 Argentina retrocedió en
todos los planos. Las provincias en este período han
perdido capacidad para afrontar sus problemas, sus
aparatos productivos fueron virtualmente destruidos, y
avasalladas sus autonomías.

En materia
sanitaria, de educación, de
atención a los ancianos y los niños o
de ayuda al fortalecimiento de los nexos familiares, todos han
sufrido caídas hasta niveles realmente graves. El
autoritarismo ha sido el método
preferido del presidente, esto se manifiesta con crudeza cuando
querella judicialmente a quienes lo critican. Tenemos por ejemplo
el juicio contra Hebe de Bonafini, sometida a una causa por que
lo llamó basura cuando
indultó a los militares genocidas.

Ignoró todos los reclamos de la gente. Menem durante
todo su mandato tuvo una constante: hacer cuanto de él
dependa para limitar y controlar la prensa. Con ese
propósito envió proyectos
proscriptivos al Parlamento Nacional, realizó amenazas
verbales o de hechos contra periodistas, como los juicios que
entabló contra varios medios de
prensa, entre
ellos está el que involucra a Horacio Verbitsky, causa que
llegó hasta la Corte Interamericana. El presidente no se
conformó con someter bajo su dominio a su
partido sino también a los gobiernos provinciales, al
Parlamento, a los órganos del Estado y muy especialmente
al Poder Judicial. Durante la era menemista sufrimos la
existencia de una justicia subsumida a la voluntad del Ejecutivo,
incluida la Corte Suprema de Justicia, donde una "mayoria
automática "salía a satisfacer los deseos de
Menem.
También es importante tener en cuenta la concepción
menemista estadista, en virtud de la cual legaron un estado que
casi no puede cumplir su misión o
gestar un proyecto que
proteja la Soberanía Nacional, la atención de las necesidades de la a
población o garantizar la efectiva
seguridad de las personas y sus derechos.

Ahora esas funciones las
cumplen los organismos financieros internacionales, las
corporaciones que controlan el país, las bandas armadas y
los lideres políticos que sostienen la democracia que el
neoliberalismo
y el mercado reconocen como legitimo. Estos hechos se dan en
medio del triunfo de la denominada cultura light,
donde el llamado pensamiento
único se convertía en concepción oficial. A
esta concepción no le interesa lo que dice la gente, solo
le importa la opinión de la cúspide gobernante y la
tutela del capital
financiero. La cultura
oficial se encargó de diluir toda oposición, a
descalificar a la critica y a convertir en invisible al enemigo
del país y del pueblo, donde el imperialismo
perdió espacio ganado por el mercado, donde los derechos
de las personas, se ven claramente afectados, donde el que mas
tiene, mas puede, donde la justicia es compatible con el dinero y no
con la verdad, donde trabajar no es un derecho, sino un lujo, o u
golpe de suerte por haberlo encontrado, donde la educación es
proporcionada y obligatoria para todos, pero solo en los papeles,
donde la igualdad ante
la ley ya deja de ser igualdad para ser desigualdad ante los
menos provistos de medios para
hacer frente a un litigio o a la corrupción
de la justicia, donde el hambre es moneda corriente en la vida de
miles de personas, donde los derechos de los niños en la
práctica parecen estar abolidos para esa interminable
cantidad de chicos que viven sin un techo, sin un mínimo
alimento, sin zapatillas, o simplemente sin lo mínimo para
subsistir; así también es la situación de
los jubilados, que bregan por cobrar lo que por derecho y trabajo
les corresponde, donde la obra social no le proporciona la
atención que deben. Y si son necesarios mas ejemplos, con
solo hacer un poco de memoria, y hasta
mirando por una ventana, la realidad nos los puede
proporcionar.

La presidencia de Carlos Menem se extendió por 10
años, desde 1989 a 1999, etapa donde como ya se a expuesto
que los derechos humanos fueron violados, en una intensidad
mínima quizá, comprado con la década del 70,
pero nunca hay que perder de vista que violar los derechos no tan
solo es matar.

Así llegamos al año 1999 donde es elegido
como presidente Fernando de la Rua; el nuevo mandatario
recibió un país sumido en la pobreza, con
graves problemas
sociales, y que hoy por hoy lucha por surgir. El Presidente
se arrogó como atributo propio la decisión de votar
contra cuba en el
tema de los DDHH, es justo exigirle una conducta ética
medida en su participación en el logro de la felicidad
pública y el bien común. La realidad demuestra que
no la tiene; por el contrario, es culpable en alta medida del
sufrimiento agravado de vastísimos sectores de ciudadanos
argentinos. Tampoco se conocen antecedentes de su
contribución real y no declamativa en la brega por la
vigencia de los DD HH, a pesar de la demanda de
luchadores en un país arrasado por continuas dictaduras
militares y gobiernos civiles que se identificaron con las
mismas. En síntesis,
nadie que milita en el campo de los Derechos Humanos lo vio
alguna vez allí.

Si invertimos la categoría del sujeto que
castiga, habría que estimar a la Argentina como modelo de
conducta en el
género.
Se desataría la risa aquí si la historia no hablara
de una persistente cultura de la destrucción, con cientos
de miles de personas condenadas literalmente a morirse de hambre
o de las enfermedades
que ese hambre genera, con torturas aberrantes para quienes se
resisten al poder, con un rosario de crímenes cometidos
por el Estado con
alevosía, y la invención y puesta en
práctica de un arte monstruoso:
la desaparición masiva del diferente, a quien previamente
se le niega la mínima calidad
humana.

Vamos en la actualidad como es el tratamiento de los
derechos en nuestro país:
El derecho a la educación:
Pese a ser un derecho consagrado por la Constitución
nacional y muchas provinciales, la situación de la
educación
en la Argentina es poco menos que calamitosa. Más de la
mitad de los docentes están bajo de la línea de
pobreza. El 40
por ciento de las docentes son "jefas de hogar" y con ese magro
ingreso deben atender al grupo familiar
de 4 personas promedio y a la vez contar con buena
predisposición para "educar al soberano". Más del
70 por ciento de los docentes no fue consultado para la reforma
educativa y un 72 por ciento opinó que con esa reforma la
educación empeoró. Aumenta el nivel de deserción
escolar y muchos niños concurren a la escuela ante la
única posibilidad de comer que tienen, en general comida
basura contratada
a empresarios inescrupulosos, pero comida al fin. El nivel de la
enseñanza sigue cayendo en picada. Casi el
50 por ciento delas escuelas entra en la categoría de "no
recomendadas" de la UNESCO. Podríamos continuar ofreciendo
más datos, pero
éstos son más que suficientes para afirmar que "en
materia de
educación los Derechos Humanos se vulneran todos los
días y a cada hora, en la Argentina.

El derecho al deporte
Cuando hay posibilidad de alcanzar una medalla de oro el
presidente de turno se hace presente. Y los deportistas que se
aproximan a obtenerla lo hacen en función de
un gran esfuerzo y sacrificio personal. El abandono por parte del
Estado argentino, a la atención del deporte y la recreación
para con sus ciudadanos es total. Lo sintetizado en este punto es
suficiente para afirmar que "en materia de deportes y recreación, los Derechos Humanos se
vulneran todos los días y a cada hora en la
Argentina.

El derecho al trabajo
Otra vez la Constitución nacional es letra muerta. Los
índices oficiales indican poco más del 15 por
ciento de desocupación. Por el método de
cálculo
utilizado sabemos que hay otro 5 por ciento que no está
incluido, que la realidad indica el 20. Los semiocupados,
cuentapropistas, los con salarios
derivados de contratos basura
representan casi otro 20 por ciento más. La sociedad
argentina padece de esta manera una crisis social
sin precedente. El 40 por ciento de su población
marginada. Y el resto, el que aún tiene la suerte de
contar con empleo vive
con miedo a perderlo, con miedo a convertirse en un paria
más, porque el que pierde el trabajo
difícilmente lo recupere. ¿Qué esperanza
tienen los jóvenes en encontrar un trabajo, donde
más del 50 por ciento de los que se encuentran en edad de
trabajar y hasta los 25 años son desocupados?
¿Qué esperanza tiene el que pasó los 45
años y pierde su empleo de reinsertarse en un trabajo
cuando el modelo lo
considera viejo?. En materia de empleo los Derechos Humanos se
vulneran todos los días y a cada hora en la
Argentina.

El derecho a la salud
¿Qué podemos agregar aquí? Sabemos del
alarmante crecimiento del deterioro de la salud
pública en nuestro país. Hospitales
desmantelados, sin medicamentos, sin elementos básicos.
Enfermos terminales abandonados a su suerte. Médicos con
salarios de
hambre. Grandes zonas del país sin asistencia
básica. Desnutrición. Rebrote de enfermedades que
deberían haber sido erradicadas.
La Argentina, que no ha sido un país que no haya dedicado
en su momento atención a la salud
pública, tiene actualmente algo más de 3
médicos cada mil habitantes. El índice de
"mortandad infantil", es del 23 por mil. Lo que significa que en
nuestro rico país mueren tres veces más
niños, que en otros países de Latinoamérica, muertes en la mayoría
evitables si se volcara un poco de atención a resolver ese
drama. Y en el índice de "esperanza de vida", que refleja
el número de años que puede esperar vivir, como
media, un recién nacido, es para nosotros de 72,9
años. Sin la menor duda de que "en materia de salud, los
Derechos Humanos se vulneran todos los días y a cada hora
en la Argentina.

El derecho a la cultura
De Nación y Cultura, de Héctor P. Agosti, leemos:
"Recuerdo un pueblo salteño, en un atardecer transparente,
cuyo cielo tenso como parche de tambor retumbaba al leve rumor
del viento. Recuerdo la humilde estación ferroviaria y el
recortado perfil de las montañas azules luchando con los
últimos resplandores. Pero recuerdo sobre todo los hombres
amontonados en la estación, indios cotudos y descalzos en
su mayoría, con ponchos desflecados de tan viejos, sin
otro espectáculo en sus vidas que el paso jadeante de los
trenes. En la tarde dolorosamente humanizada me pareció
que esa presencia implicaba el más elemental y urgente
programa de
cultura. Cultura significaba aquí
–dramáticamente– proporcionar botines y
asistencia médica a tantas criaturas desamparadas. Acaso
parezca tosco el argumento. Pero si no se cree que es un puro
goce de refinamientos estéticos reservados para algunas
minorías, entonces no resulta tan torpe esa exigencia de
botines como fundamento de la cultura". Sabemos que el acceso a
la cultura de enormes sectores de la población es
imposible en nuestro país mientras existan estos gobiernos
y estas políticas.
Por lo tanto podemos afirmar con plena seguridad que "en materia
de cultura, los Derechos Humanos se vulneran todos los
días y a cada hora en la Argentina.

El derecho al acceso de los avances
científicos
Muy especialmente conocemos el tratamiento vergonzoso que se les
otorga a la ciencia y a
los científicos en nuestro país. No voy a abundar
en detalles al respecto. Solo vale decir que en el país no
faltan talentos, lo que falta es apoya, campañas
tendientes a promover la investigación y los avances
científicos, ayudar a quienes luchan por la ciencia en
Argentina, no aplicarles recortes, brindarles beneficios para su
labor, pues luego todos disfrutaremos de su trabajo. No dejemos
ir del país a nuestros científicos, los ayudemos,
por el bien de todos.

El derecho a la seguridad
La seguridad en la Argentina está, en alarmante
proporción, a cargo de delincuentes u organizadores de
delincuentes. Sabemos que gran parte de puestos claves, entre
ellos la comandancia en jefe del ejército, está en
manos de torturadores y sospechados de haber estado al servicio
de la dictadura
genocida y asesorados por letrados nazis. Que parte de los jueces
son corruptos e ineficaces y que arrastran en general una doble
carencia: carecen simultáneamente de dignidad y de
idoneidad.
Seguridad en manos de criminales no es seguridad.
¿cómo es posible hablar de seguridad cuando minuto
a minuto aumenta el índice de robos? , es lamentable tener
que aceptarlo, pero más lamentable aun es soportarlo. La
violencia en
los últimos tiempos a trepado índices
insospechados, hoy no se conforman los delincuentes con solo
robar, sino que dado el caso no les tiembla el pulso para
matar.

Por lo tanto podemos afirmar que "en materia de
seguridad ciudadana, los Derechos Humanos se vulneran todos los
días y a cada hora en la Argentina.

El derecho de igualdad de trato ante la ley
¿Con cuál juez empezamos? ¿Por Trovato, que
cambia por un mueble el valor de una
vida? ¿O por Liporaci, que logra lo que millones de
argentinos no pueden obtener, una modesta vivienda con el sudor
de su frente? ¿Puede alguien asegurar que el derecho de
libertad de trato ante la ley se respeta en la Argentina?
¿Lo puede asegurar la madre de la pequeña que
murió cayendo del hueco de un ascensor, cuando el juez de
la Nación cambió su vida por un armario? ¿Lo
pueden asegurar los presos políticos de La Tablada, que no
gozaron del derecho de defensa y no se respetaron normas
internacionales aceptadas? Este es el gobierno en un país
donde los peores asesinos gozan de plena libertad en vez de estar
purgando sus crímenes en la cárcel. Donde la
Justicia es un mamarracho plagado de corruptos que defienden a
corruptos. Donde su independencia
del poder político es inexistente y se apañan y
potencializan mutuamente. El que vulnera uno de los derechos
"básicos", como es el derecho a un juicio justo, como en
el caso de Emilio Alí, diez meses detenido por reclamar
alimentos y
ahora condenado a más de cinco años de
prisión. Se siguen violando los Derechos Humanos hoy con
el silencio cómplice de los ‘paladines de la
democracia. En materia de igualdad de trato ante la ley, los
Derechos Humanos se vulneran todos los días y a cada hora
en la Argentina.

El derecho a la libre expresión de las ideas.
En la Argentina del 2000 somos todos libres de expresarnos, de
postularnos, de opinar, de peticionar, de exigir, de gozar de
nuestros derechos, de expresarnos libremente ante los mandatarios
etc. , pero solo en la tinta y el papel, nada en
la libertad de actuar, porque nadie escucha el pedir dl pueblo,
el deseo de trabajar de mejorar. Somos libres, estamos en
democracia, podemos expresarnos, pero con el aditivo de l
represión policial, porque nuestro derecho de hacernos
oír esta dominado por el derecho del gobierno
asilenciarlo, a pagar coimas para lograr sus propósitos,
sin importar la repercusión en el pueblo. Si, somos libres
d expresarnos, pero nadie nos escucha.

Se cumplen 25 anos del golpe impulsado por el imperialismo
yanqui a manos de las FF.AA., la iglesia
católica, la burocracia
sindical y civiles que colaboraron para instalar definitivamente
en la Argentina un proyecto
político, económico y social, al que llamaron
proceso de reorganización nacional. Así nuestro
país siguió cayendo en manos del poderoso capital
nacional e internacional. Los gobiernos militares por medio del
terrorismo de estado, desaparecieron, torturaron y persiguieron a
miles de personas. La herramienta que estos genocidas utilizaron
fueron los secuestros, las violaciones, los robos, las listas
negras, esto significó para el sistema,
fortalecer su aparato represivo criminal sobre los luchadores
obreros y populares. El 24 de Marzo de 1976 comenzó una de
las dictaduras más sangrientas de los últimos
tiempos.

Obviamente, los militares no estuvieron solos, el
decreto de aniquilamiento fue firmado por el gobierno peronista
de Isabel y la Triple AAA, quien contaba en sus filas con Luder y
Carlos Ruckauf. También se sumaron a este proyecto los
radicales La vuelta a la democracia burguesa continuo con lo
exigido por el FMI. y el
Banco Mundial,
pauperizando aun más las condiciones laborales de los
trabajadores mediante la reforma laboral y la Ley
Federal de Educación que tiene como objetivo privatizar la
educación publica y crear mano de obra esclava. Todo esto
impulsado por un equipo técnico con Domingo Cavallo,
Machinea y López Murphy, seguidores José Alfredo
Martínez de Hoz.

La estrategia para
que ninguno de estos protagonistas del terror pagara con la
cárcel, quedó primero en manos de los radicales con
Raúl Alfonsín y Jaunarena y posteriormente de los
peronistas con Carlos Menem, a través de las leyes de
obediencia debida y punto final y de los decretos de indulto.
Asimismo, el gobierno de De la Rúa permitió el
ascenso de asesinos de las FF.AA. y colabora con los yanquis como
policías del mundo.

Los intereses de los grupos de poder
hoy, igual que ayer, encarcelan a luchadores como Emilio Ali.
dirigente de la unión de vecinos organizados de Mar del
Plata, Emerenciano Senna, trabajador desocupados del Chaco,
Raúl Castells, líder
del Movimiento
Independiente de Jubilados y Pensionados, Cesar Matoso, abogado
de los asentamientos y cuatro luchadores de los Sin Tierra de
Lomas de Zamora. Y condenan también a los
compañeros del M.T.P. y de la ORP. Mas víctimas de
estos asesinos fueron Víctor Choque en Tierra del
Fuego, Teresa Rodríguez en Neuquén, Ojeda y Escobar
en el puente de Chaco / Corrientes, a 5 días de asumido el
actual gobierno, Verón en Salta, Arias en Neuquén,
los inmigrantes perseguidos y los jóvenes que mueren a
manos de policías o grupos parapoliciales, caso conocido
como de gatillo fácil.

La brecha entre ricos y pobres es cada vez más
grande, muere un chico cada 40 minutos por el hambre y crecen los
índices de desempleo.
Producto del
plan de
ajuste, represión, hambre y desocupación de este gobierno queda
demostrado a través del voto contra Cuba en la
reunión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
su apoyo al Plan Colombia
(penetración militar Norteamericana en Latinoamérica) y la
organización del 5 al 7 de abril en Bs.As. de la
cumbre del A.L.C.A. (Acuerdo de Libre Comercio de
las Américas).
Pero todo esto genera que los trabajadores y el pueblo lo
enfrenten mediante su lucha como se viene demostrando en los
últimos paros generales, piquetes en las rutas etc.
Ante esta nueva situación política (Machinea,
López Murphy, Cavallo) se pretende dar una vuelta de
tuerca al modelo económico que se viene aplicando desde el
año 1976. Como está ocurriendo en estos días
llamamos al pueblo a continuar saliendo a la calle para frenar y
tirar abajo cada medida de ajuste en contra de los intereses de
los trabajadores, desocupados, estudiantes, porque si bien no
están matando abiertamente a nadie, están
condenando al pueblo argentino a la más cruel y
agónica caída.
Castigo a los genocidas de ayer y de hoy y sus complices
restitución de la identidad de
los chicos apropiados libertad a todos los presos
políticos y desprocesamiento de los mas de 2800 luchadoras
obreros y populares.

8.
Conclusión

Luego de realizar este trabajo, salta a la vista que la
impunidad en nuestro país y la violación de los
derechos humanos, continuó luego del proceso de
reorganización nacional. Esto surge cuando conocemos que
por influencias políticas no se supo, sabe o quizás
nunca se sepa que pasó con las 30000 personas
desaparecidas; así también que a los militares, no
se los castigó como debía hacérselo, a unos
por actuar "bajo ordenes" y a los "que ordenaron", tampoco se les
aplicó el peso de la ley; entonces nos preguntamos
¿porque?, y no encontramos respuesta ante tan funesto
pasado, cuando verdaderos asesinos fueron favorecidos por la ley
de indultos de Carlos Menem. Por este favoritismo del
expresidente, hoy caminan por la calle miles de asesinos, por esa
misma calle donde caminan miles de almas dolidas por las perdida
irreparables de sus seres queridos, alma de personas cuyas
memorias nunca
olvidaran la pena de sentir que la justicia no existe.
¿Por qué tanta impunidad?, ¿por qué
no se esclarecen las desapariciones?, esa es la pregunta sin
respuesta que hoy nos formulamos todos. La esperanza del pueblo
argentino, es que algún juez recuerde que afuera, algunos
de los tantos asesinos de argentinos, hoy libres, tienen condena,
y que por el indulto no la están cumpliendo, pero todos
los que amamos la vida y procuramos el respeto de los derechos
humanos, pedimos a gritos, para poder volver a creer que existe
la justicia.

Matar, violar, torturar, hacer desaparecer, denigrar,
quizás san las formas más crueles de vulnerar los
derechos que los hombres poseen por el solo hecho de haber nacido
hombres; pero no son las únicas formas. Que un niño
padezca desnutrición, y hasta pueda morir por ella,
que un padre no tenga trabajo para mantener a su familia, y se vea
en el peor de los casos obligado a delinquir para procurarle lo
mínimo indispensable a sus hijos, que las personas en
general no puedan acceder a una educación digna por no
tener dinero, que
una maestra trabaje en la digna labor de "educar al soberano"
cobrando miserias, que un niño o adolescente se vea
obligado a limpiar vidrios en los semáforos, a comer de la
basura que descartan los que más tienen, que un jubilado
no cobre los
haberes que por años de trabajo y de aportes, y por sobre
todo por que la Ley le confiere ese derecho, no lo perciba, que
quien deba asistir a un hospital publico, no sea atendido por
falta de elementos… ESO TAMBIEN ES VIOLAR LOS DERECHOS
HUMANOS.

A lo largo del periodo que abarca los últimos 25
años, vale decir que la 1ª etapa (1977-1983) fue el
lapso donde el dolor fue la cara de la Argentina y la cruz de su
pueblo. Cuando en 1983 asume como presidente Raúl
Alfonsín, se renueva el aire por el
retorno de la Democracia, y poco a poco el pueblo comienza a
creer en la posibilidad de volver a sentirse libre, pero eso no
implicaba olvidar el dolor de la muerte de
30.000 personas, del daño irreparable en sus mentes, y de
las secuelas que dejó el golpe militar. Así poco a
poco el cambio se va
gestando, permite vislumbrar la leve evolución del respeto de estos derechos.
Hoy ya estamos a 25 años de distancia de esa época,
pero debemos estar alertas ante cualquier manifestación de
este germen social, y erradicarlo para que no resurja. La gran
diferencia esta en que hoy tenemos democracia, en que el pueblo
argentino conoce las dos caras de la moneda, y es por ello que
debemos defender el sistema democrático, en base a una
mayor participación, para evitar caer en ese pozo en el
que nuestro país estuvo en la década del
’70.

Autor:

Silvia Quinteros

Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales – UNT