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4. Relaciones entre el Estado y la Universidad
"El sostén público a la educación
superior es esencial para asegurar su misión
educativa, social e institucional"
El establecimiento de relaciones bien organizadas entre la Educación Superior
y el Estado es un
requisito esencial para lograr calidad y
responsabilidad en el gobierno y
administración de las instituciones
de educación
superior. La libertad
académica, comprendida como un conjunto de derechos y responsabilidades
individuales y colectivas, es fundamental a este respecto.
Conjuntamente con el reconocimiento de la autonomía
institucional, es esencial para la preservación de la
universidad o de
cualquier otra institución de educación
superior como comunidad de
libre búsqueda.
La historia reciente
ha proporcionado sólidas pruebas de la
necesidad de defender el principio de libertad de
cátedra, como condición sine quanon para la
existencia y normal funcionamiento de las instituciones
de educación
superior. Por consiguiente, se le debe otorgar un grado adecuado
de autonomía institucional establecida por la ley a dichas
instituciones. La autonomía que garantiza el Art. 75
inciso 19 de la Constitución Nacionales una
autonomía de carácter
político, no jurídico, limitada, virtual o
"atécnica", que traduce el objetivo
histórico de lograr la independencia
de estos entes descentralizados de los poderes políticos,
pero que reconoce su origen indefectiblemente en normas del
Poder
Legislativo, según el doctor García Belsunce.
Opina también sobre el tema, Emilio Fermín Mignone
que la autonomía supone la defensa ancestral de las
universidades, de la libertad de
expresión, académica, científica y de
cátedra, de su capacidad crítica, de su creatividad y
de su independencia
del Estado para
gobernarse a sí misma. Pero dentro del marco del poder
político establecido por el pueblo en su constitución, al cual nada puede estar
ajeno y que contiene, al decir de Fernando Martínez Paz el
núcleo de valores no
negociables que constituye el fundamento ético y
jurídico de la Nación.
La consagración constitucional de los principios de
autonomía y autarquía, pilares basamentales para el
pleno desarrollo de
la institución universitaria, ha sido fruto de un duro y
un largo proceso
histórico de lucha y concientización. Ahora bien la
autonomía de la universidad no
implica su aislamiento respecto del entramado institucional;
está inmersa en el universo de
las instituciones públicas, es afectada por aquellas y a
su vez influye en las mismas; debe responder a los contralores
institucionales, propios del Estado de
derecho.
El Estado debe
garantizar y preservar que las universidades ejerzan la libertad
que las leyes preconizan,
pero al mismo tiempo debe
exigir el uso adecuado de los fondos que la sociedad entrega
a la universidad. Las universidades tienen que hacer frente cada
vez mas la necesidad de mostrar a la sociedad su
pertinencia, calidad y
responsabilidad.
Los análisis de las condiciones actuales de
la
educación superior son unánimes en
señalar que los recursos
financieros
insuficientes son una de las principales trabas para su mayor
desarrollo.
Existe el riesgo de una
política
de separación del Estado de la educación superior
en materia de
exigencia excesiva en "comercializar" las actividades realizadas
por las instituciones de educación superior. En este caso,
el respeto de las
normas
referentes a la admisión de estudiantes, los programas de
estudio, graduación y enseñanza puede transformarse en tema de
interés
general y en fuente de tensión entre los establecimientos
de educación superior, el Estado y el público en
general. Por ello es necesario realizar esfuerzos mediante
procedimientos
de control y de
acreditación adecuados, para reducir esa tensiones, ya que
los establecimientos genuinos de educación superior,
independientemente de su forma de " propiedad",
están llamados a realizar principalmente funciones
públicas.
Es importante no confundir la liberación de las relaciones
económicas y la necesidad de promover un espíritu
empresarial, con la ausencia de políticas
sociales públicas, en particular en relación con el
financiamiento
de la educación superior.
El Estado y la sociedad deben percibir a la educación
superior como una inversión nacional a largo plazo y no como
una carga para el presupuesto
económico.
Es fácil distinguir dos enfoques distintos sobre
el rol de la universidad:
1) La universidad es una unidad de producción (empresa) donde la
capacitación es un insumo y el egresado
profesional el producto
final. De esta concepción de universidad se desprende que
la misma tiene como única o principal función
"producir" profesionales, una concepción individualista y
utilitaria que ignora su función
social (a través de la educación, la investigación científica y
tecnológica, la transferencia al tejido social).
Los sostenedores tienen una formación de fuerte sesgo
económico y utilizan categorías de análisis que pertenecen a la teoría
económica neoclásica, una de las corrientes
más conservadoras del pensamiento
económico. Se basa en las teorías
de "capital-humano" y de "los factores de la producción" y para ella capital y
trabajo son elementos que participan en la valoración de
la riqueza con igual "derecho".
2) La universidad es un vehículo de formación de
ciudadanos libres, aptos para integrarse a una sociedad
democrática, así como un instrumento creador de
conocimientos cuya propiedad le
pertenece al conjunto de la sociedad. Por consiguiente, el rol de
la universidad pública es educar, producir incesantemente
conocimientos a través de la investigación y transferir ciencia,
tecnología
y cultura al
tejido social.
La capacitación del ciudadano libre por
sí misma constituye una misión
importantísima, porque le permite al hombre
integrarse plenamente a un sistema
democrático que, como tal, necesita de su
participación. El ciudadano está en condiciones, a
través de su capacitación, de captar la realidad
objetiva, detectar su problemática y encontrar los
instrumentos que permiten su superación.
La investigación, tanto básica como
aplicada, científica y tecnológica, es doblemente
importante. Por un lado, transfiere nuevo conocimiento a
la enseñanza, y por el otro, permite crear las
condiciones para el logro de crecimiento y desarrollo
autónomo y sostenido.
El traslado al tejido social de la capacitación y la
investigación se realiza de múltiples formas, la
mayoría de las veces a través de beneficios no
tangibles, indirectos, llamados "rentabilidad
social" (o "economías externas"). Es difícil
aislarlos y, por ende, medirlos, cuantificarlos pero es oportuno
enumerar un conjunto de beneficios indirectos o intangibles de la
educación universitaria: 1) proporciona un adecuado
mecanismo para descubrir y explorar talentos potenciales; 2)
impacta favorablemente sobre las futuras generaciones; 3)
proporciona flexibilidad ocupacional a la fuerza de
trabajo; 4) genera oportunidades de investigación
básica y aplicada; 5) posibilita mayor cultura
política;
6) alienta la cohesión y la movilidad social; 7)
contribuye a una mayor ocupación productiva de
jóvenes que, de lo contrario y en gran número,
permanecerían ociosos; 8) el
conocimiento es, en fin, el principal factor de crecimiento y
desarrollo
económico y social.
Implicancias de los distintos enfoques
La importancia de distinguir estos dos enfoques reside en sus
implicancias en cuanto a aspectos relevantes que tienen que ver
no sólo con el diseño
de universidad sino con cuestiones que incluso trascienden las
fronteras del conocimiento.
Temática: Evaluación
de calidad
Primer enfoque. Los rendimientos de la universidad son evaluados
conforme a la "teoría
de la producción" neoclásica. Segundo enfoque.
Está dado por los aportes de la investigación a la
innovación tecnológica y el
consiguiente aumento de la productividad del
sistema,
así como su traslado a la
sociedad.
Temática: Autonomía
Primer enfoque. La universidad pierde su carácter
de "autónoma". Segundo enfoque. Se basa en la posibilidad
de generar un pensamiento
autónomo, comprometido con la verdad, sustentado en el
compromiso con el rigor científico.
Temática: Ingreso
Primer enfoque. Es fácil deducir la restricción al
ingreso. Segundo enfoque. No implica alentar el ingreso
irrestricto, sino un acceso directo con orientación de la
matrícula, no necesariamente atendiendo a los datos del
mercado.
Temática: La investigación
Primer enfoque. No es relevante. Segundo enfoque. La importancia
es doble: por un lado, permite nutrir permanentemente a la
educación de nuevo conocimiento, por el otro, posibilita
un crecimiento y desarrollo autónomo y sostenido.
Temática: Posición frente a la crisis y a la
transformación del sistema
Primer enfoque. Debe atacarse el desequilibrio de las finanzas
públicas, reduciendo el gasto, aun a costa del
presupuesto
educativo. Segundo enfoque. Se debe potenciar la capacidad de la
universidad para responder a la crisis
privilegiando la capacitación, el progreso técnico
y científico y su traslado al tejido social.
Temática: La educación universitaria como prioridad
social
Primer enfoque. corresponde a la universidad ser el gasto menos
prioritario en un país donde los recursos son
escasos. Segundo enfoque. La educación constituye un
proceso acumulativo e
integral.
Temática: La educación como gasto y como
inversión
Primer enfoque. La educación es un costo y como tal
hay que minimizarlo. Segundo enfoque. La educación
es una inversión.
Temática: El concepto de
eficiencia
Primer enfoque. La medición de la eficiencia se
realiza a través del cálculo
económico. Segundo enfoque. La eficiencia no
puede reducirse a meras consideraciones de rentabilidad
económica.
Temática: Diseño
de país
Primer enfoque. El rol de la universidad y el diseño de
país guardan una unívoca correspondencia, sostienen
políticas que achican al país.
Segundo enfoque. sostiene un modelo de
país basado en el
conocimiento y desarrollo
socioeconómico con equidad.
Temática: Carácter del aporte estatal
Primer enfoque. El arancel hace más justo el financiamiento
universitario. Segundo enfoque. No es función de la
universidad corregir las desigualdades
sociales.
Temática: Financiamiento universitario
Se puede deducir que existen dos enfoques sobre el tema que
encierran no sólo distintas metodologías de
análisis, sino además, diferentes posturas
ideológicas.
a) Aquel que considera a la universidad como un ente con
débiles vínculos con el resto del sistema del cual
forma parte. b) Aquel que concibe a la universidad como una parte
indisoluble del sistema social.
El estudio del financiamiento universitario debe ser encarado
sobre tres premisas básicas: 1) Equidad social, 2)
Igualdad de
acceso a la educación superior,
3) Reconocimiento de que la universidad es un vehículo de
formación del ciudadano libre e instrumento creador de
conocimientos cuya propiedad pertenece a la comunidad.
En este contexto, se podría concluir: 1) que no debe
restringirse el ingreso a la universidad sin otro requisito que
la capacidad y responsabilidad del estudiante; 2) que debe
existir un ambicioso sistema de becas en todos los niveles de la
educación para asegurar el acceso y la permanencia en
ellos; 3) que deben financiar el sistema educativo, incluido el
universitario, los sectores de más altos ingresos a
través de los instrumentos convencionales de que dispone
el Estado.
En fin, es fundamental una política socioeconómica
más equitativa y un importante aumento del presupuesto
educativo. De qué vale arancelar si se reduce el aporte
estatal y los pobres no llegan a la universidad.
¿Cuántos talentos de origen humilde se desperdician
en estos casos?. La equidad social no pasa por la universidad y,
menos aun, por el arancel. Está asociada a una
política socioeconómica global en los frentes
tributarios, del gasto social, de ingresos y de
crecimiento y mejor distribución de la riqueza. Esta
responsabilidad corresponde a los gobiernos. Transferirla es un
acto de extrema irresponsabilidad.
Durante los próximos años hemos de asistir
a ejercicios complejos y paulatinos en el rediseño de las
políticas y del gobierno de la
educación superior. Se deberá responder a los retos
que enfrentan los sistemas de
educación superior en materia
social, incluyendo la demanda de
numerosos sectores hoy excluidos y las demandas
específicas de los empleadores. Resulta altamente
previsible que en materia política, la educación
superior habrá de seguir respondiendo a las presiones
gubernamentales por generar mejores resultados de costo /beneficio
en términos sociales y políticos. En ese mismo
sentido, la variable económica ha de seguir
desempeñando un papel muy
importante en la definición de las políticas y el
ejercicio del gobierno y es posible que los sistemas de
educación superior de la región continúen
enfrentando un contexto de limitaciones financieras y una
profundización de la brecha internacional en materia
tecnológica.
Sin embargo, sólo con el concurso y la efectiva voluntad
de los gobiernos nacionales, así como de los organismos de
coordinación internacional será
posible proyectar hacia el futuro la educación superior de
América
Latina de una manera exitosa.
El nivel de los recursos destinados en Argentina a la
educación en general y universitaria en particular,
registra niveles generales y por alumno muy bajos. Existe una
estrecha relación entre el diseño de universidad y
el financiamiento universitario. Un sistema de financiamiento
equitativo debe captar la renta educativa, gravando a quien se
apropia, directa o indirectamente de ella.
El financiamiento debe involucrar tanto la búsqueda de
mayores ingresos como la racionalización de costos y nuevos y
más eficientes mecanismos de gestión
de recursos.
Es deseable que las recaudaciones de las imposiciones
específicas ingresen en una cuenta especial, a un Fondo
Específico Permanente para la Educación e
Investigación Universitaria, lo que impedirá el uso
de los mismos para otras finalidades y permitirá su
inmediata utilización.
Las universidades nacionales deben crear entes "interfase" con el
objeto de vincularse con rapidez y transparencia con el medio, en
particular con el sector productor de bienes y
servicios. Un
mayor grado de autarquía es necesario, reduciendo el
control de
gestión y ejerciéndose un control de
legalidad del gasto a posteriori.
La universidad tiene que realizar cambios estructurales para
mejorar la calidad del sistema, asumiendo como misión
histórica la decisión de volcar toda su capacidad
al servicio del
desarrollo integral del país. Pero con estas premisas:
a) La responsabilidad indelegable del Estado en el financiamiento
universitario.
b) El reconocimiento por parte del mismo (y, por consiguiente, de
la sociedad) de que el acceso al saber es parte del ejercicio
pleno del derecho a ser ciudadano.
El objetivo debe
ser compatibilizar la excelencia académica y una mayor
contribución social al medio, por un lado, con un
presupuesto que participe de las restricciones que la presente
realidad impone, pero que asegure el cumplimiento del rol de la
universidad: capacitar, investigar y transferir ciencia y
tecnología al tejido social.
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www.fsoc.uba.ar/publicaciones/sociedad/soc03/abramzon.html, Buenos Aires,
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www.fsoc.uba.ar/publicaciones/sociales/soc03/hidalgo.html,
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Noviembre 1993.
KROTSCH, Pedro. "Gobierno de la Educación Superior en la
Argentina: la
política pública en la coyuntura" (1993-1996).
Octubre 1997.
KROTSCH, Pedro. "La Universidad Argentina en Transición:
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www.fsoc.uba.ar/publicaciones/sociales/soc03/Krotsch.html, Buenos
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EDUCACIÓN SUPERIOR 24.521.
MIGNONE, Emilio Fermín, "Política y Universidad".
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PISANI Olga, "A propósito de opiniones sobre la
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UNESCO, Documento sobre Políticas para el Cambio y el
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1.995
Trabajo enviado
por:
Siciliano Carmen Ada
Chalabe Ana Maria Del Carmen
De La Rosa Solange
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