Indice
1.
Problematización de las políticas publicas desde la
óptica regional
2. Planteamiento Del
Problema
3. La política publica como
articulación del estado y la sociedad
civil.
4. Fragilidad de las políticas
publicas: una perspectiva regional.
5.
Conclusión
6. Notas
Bibliográficas
1.
Problematización de las políticas
publicas desde la óptica
regional
El objetivo de
este artículo es discutir acerca de las Políticas
Públicas, problematizar las relaciones entre Política
Pública y Sociedad Civil, y
finalmente sistematizar algunos aspectos deficitarios de las
Políticas en su diseño
y aplicación en ámbitos regionales.
Política Publica: Una definición
básica
Entenderemos por Política
Pública un instrumento de trabajo mediante el cual se
pretende alcanzar desde el Estado, en
forma sistemática y coherente, ciertos objetivos de
interés
para el bienestar de toda la sociedad civil.
(1)
Dicho de otra manera, cuando desde el Estado se
plantean propuestas de mediano y largo plazo hacia la sociedad civil,
existe la necesidad de diseñar y ejecutar programas y
proyectos para
cumplir los objetivos de
interés
social, y en ese nivel las políticas públicas
desempeñan un rol fundamental.
Por otro lado, una política pública debe
estar sustentada en un corpus teórico (filosofía)
que oriente los cursos de
acción, así como la toma de
decisiones, el establecimiento de prioridades y la
asignación de recursos
financieros en el ámbito público; de la misma
manera la política debe crear los canales para trasmitir
flujos de información entre el Estado y la
sociedad
Civil; finalmente, este instrumento de trabajo debe
señalar los objetivos, recursos,
señales, límites y
plazos para el cumplimiento de las alianzas o acuerdos y llevar a
la práctica la propuesta de trabajo.
Conceptualmente, hay que agregar que la política
pública está al servicio de
los asuntos públicos y/o nacionales, sustentada en la
administración
pública, y por lo general opera con finanzas
públicas. Todas sus fases, desde la idea hasta la
ejecución, responden a un proceso
integral, donde cada una de estas fases tiene sus propios
objetivos, significados y metas, pero el conjunto de las fases
deben constituir un proceso
total.
Por otra parte, el objetivo
central de una política pública es alcanzar
objetivos de bien común, y los objetivos
específicos de una política tendrán que ver
con cuatro alternativas que no son excluyentes: transformaciones
estructurales, resolución de problemas
sectoriales o temáticos, asignación de recursos y
optimización de situaciones.
En ese mismo ámbito, la política
pública en el campo teórico debe expresar una
visión de sociedad (totalidad e integralidad), así
como un planteamiento del rol del Estado
respecto a la sociedad.
Desde un punto de vista metodológico la
política pública debe originarse y formularse en
forma sistemática y coherente, tratando de coordinar el
tema espacial (Internacional, Nacional, Regional, Comunal y Micro
– local), con el tema temporal (corto, mediano y largo plazo),
considerando además su viabilidad política y
financiera. (2).
Hoy día, a las puertas del siglo XXI, uno de los
principales temas de discusión y análisis es el que se refiere al rol del
Estado en el marco de sus relaciones con las regiones. En ese
contexto uno de los problemas de
mayor trascendencia es la formulación y ejecución
de políticas públicas. (3)
Nuestra hipótesis de trabajo plantea que la
articulación Estado – Región es una
relación compleja y difícil, mediatizada por
múltiples factores históricos, caracterizada por la
uniformidad administrativa, homogeneidad cultural, centralización de propuestas y acciones, pero
también se caracteriza por fracturas y discontinuidades,
intereses diversos, y serias falencias en el nivel de la coordinación. Sostenemos, que el aspecto
que le da mayor debilidad y precariedad a la relación
Estado-Región es el origen, diseño
y ejecución de políticas públicas. Ese
cuadro, impide avanzar con fuerza en la
profundización de la democracia,
así como en construir regiones más autónomas
políticamente, con mayor potencia
económica y con menor nivel de conflictos
sociales.
El factor histórico juega un rol fundamental en
esta debilidad y tiene que ver con el proceso de cómo se
ha construido la relación Estado-Región y el lugar
desde donde se originan y formulan las políticas: el
centro político y administrativo nacional. Desde
allí, las políticas se trasladan para su
ejecución a las regiones. Complementariamente, podemos
decir que lo antes dicho también tiene relación con
la percepción de la elite política
chilena en orden a que el país no es mas que la suma de
sus regiones y se construye a partir del centro
político.
Ese modus operandi, señala que en muchos casos
las políticas propuestas no tienen relación con los
temas conflictivos que afectan a una región; en otros
casos, la política cubre sólo aspectos parciales de
un problema; o, no cuentan con la legitimidad de los actores
sociales de la región; también ocurre, que las
señales entregadas desde el nivel central a los organismos
públicos y privados no son claras; en su
implementación no se considera la participación de
la masa crítica regional, como tampoco, de la población usuaria y/o beneficiaria;
así mismo, suele suceder que dichas políticas no
tienen relación con los planes, metas o estrategias del
desarrollo
regional.
De la misma manera, no podemos dejar de mencionar que en
las regiones se ha ido construyendo una verdadera "cultura de la
subordinación al centro político", el perfil de esa
cultura se
caracteriza por una permanente autoinhibición para generar
políticas, programas y
proyectos con
importancia estratégica, y por el contrario desarrollan
una actitud
complaciente, conformista y pasiva, incluso en el ámbito
de los liderazgos regionales y de los movimientos
sociales.
En síntesis,
entendiendo que las políticas públicas son
formuladas por el Estado desde su nivel central, se debe
reconocer que estas políticas están vinculadas
débilmente al aparato estatal en las regiones,
consecuencia de lo cual no aportan a la construcción democrática del
país, tampoco fortalecen la regionalización y no
satisfacen las demandas por el bien común.
Dicho de otra manera, las políticas
públicas no cumplen las funciones
institucionales, sociales, políticas y/o administrativas
que la sociedad espera de ellas, y son un factor de desequilibrio
y fuente de permanentes conflictos
entre el nivel del Estado y sus regiones antes que de equilibrio,
articulación e integración.
En definitiva, para que Chile sea
más democrático y sus regiones más potentes,
necesita cambiar su lógica
de administración y de relacionamiento entre
Estado y región, y eso supone revisar críticamente
el rol que las políticas públicas han cumplido en
nuestra historia. Hay,
evidentemente un agotamiento en el origen de las
políticas, así como en la forma de
diseñarlas, ejecutarlas y evaluarlas.
3. La política
publica como articulación del estado y la sociedad
civil.
El que hacer político para construir país
y/o región, es concentrar el máximo de esfuerzos en
pos de los objetivos que se definen como básicos y
prioritarios para la sociedad en su conjunto.
En ese sentido, la tarea crucial es articular el Estado
como representación del bien colectivo y depositario de
los recursos financieros provistos por todos los habitantes, ente
que monopoliza la fuerza
física, y
como aparato encargado de regular la actividad social, con las
necesidades, demandas y expectativas del conjunto de la población; por tanto, el rol fundamental de
la política pública es compatibilizar los intereses
colectivos con el interés individual, sin perder de vista
que la razón sustantiva es alcanzar el bien
común.
Esta relación, se enmarca en el mundo de las
necesidades sociales y económicas de la población,
también de las urgencias políticas, del cambio
cultural permanente, de la revalorización de la información y del manejo de símbolos
y significados involucrados en la acción pública.
De este modo, la compatibilización de lo colectivo y lo
individual es una relación que permanentemente se
está construyendo y reconstruyendo. Cualquier cambio de la
realidad, demandas de un actor social, crisis
económica, alteración en la composición
demográfica de la población, dificultades en la
coordinación de la acción
pública, emergencia de conflictos coyunturales, influencia
de países vecinos, presiones de los partidos
políticos, disputas por el uso del espacio
territorial, puede hacer cambiar sustancialmente el acercamiento
entre el Estado y la Sociedad Civil, y el daño que se
genera se puede expresar en que el Estado no alcanza sus
objetivos de mediano y largo plazo, y la sociedad civil tampoco
satisface sus necesidades.
Lo que estamos sosteniendo es, que cuando la
relación entre el Estado y la Sociedad Civil no es fluida
y los problemas entre ambos no se resuelven, se genera una
desviación del accionar de la sociedad en su conjunto, es
decir, un divorcio entre
los intereses que afectan el bien común y los intereses
individuales. Obviamente, en ese cuadro no sólo se
dilapidan recursos financieros, sino que implica un tremendo
desgaste de las energías que la sociedad dispone para
resolver sus problemas.
4. Fragilidad de las
políticas publicas: una perspectiva
regional.
El proceso de formular y ejecutar políticas
públicas supone la combinación de un conjunto de
elementos debidamente seleccionados y con mucha coherencia entre
sí, sin embargo, junto con ello, es necesario tratar de no
cometer los errores más frecuentes en el mencionado
proceso. Algunas de esas omisiones son:
El catastro ex ante en la formulación de
políticas públicas.
El cientista político Eugenio Lahera,
señala que el origen de las políticas se encuentra
en la agenda pública, en la cual participan actores
sociales, relaciones de poder,
características del sistema
político, relaciones entre Estado y Sociedad Civil.
(4)
Lo antes señalado es indiscutible, excepto,
agregar que una agenda pública convoca a todos los actores
y todas las instituciones,
sobre la base de resolver necesidades y demandas insatisfechas
que tienen tanto el Estado como la Población; en
consecuencia, un punto ineludible es ¿Cómo se
detectan esas demandas y necesidades del Estado y de la sociedad
civil que, posteriormente, dan origen a la agenda y
consecuencialmente a la política
pública?.
Sostengo, que en el origen de las políticas
públicas existe un divorcio y/o
lejanía entre quienes diseñan la política,
respecto a quienes pueden ser beneficiarios (e, incluso
administradores de esas políticas en terreno). Al tenor de
lo antes señalado, se entiende que actualmente, el origen
de las políticas debe asociarse al interés de
grupos
parlamentarios, grupos o partidos
políticos, al ejecutivo con sus dependencias
sectoriales, agrupaciones de intelectuales, asociaciones
empresariales, etc. Es decir, se origina en las presiones que
actores e instituciones
con algún tipo de influencia y cuya posición
está en el centro de la constelación del poder.
El divorcio entre quienes formulan y quienes son
beneficiarios es comprensible y no podría ser de otra
manera. En Chile,
así como en otros países (Perú, Bolivia,
Ecuador, Paraguay,
Venezuela), no
existe un sistema de
captura de información de las necesidades de la
población y/o del Estado; dicho de otra manera, no existe
capacidad de prospectar temas emergentes y conflictivos que
pueden alterar la coordinación del Estado o que puedan
afectar las condiciones de vida de la población. En
síntesis, al interior del aparato estatal
no hay una masa crítica cuya función
sea la elaboración de catastros de temáticas
conflictivas y sobre las cuales se puedan diseñar
políticas públicas. En consecuencia, y ante esa
falencia, las decisiones respecto al tipo de políticas a
implementar obedecen a visiones, información e intereses
de quienes detentan el poder central o de quienes tienen mayor
capacidad de influir en el centro del país. Por otra
parte, el Estado no deja que al interior de las sociedades
regionales se constituya una masa crítica capaz de cumplir
esa función,
pero tampoco las regiones son capaces de generar y potenciar una
masa crítica capaz de responder a esa
tendencia.
Resumiendo, no hay un sistema de detección ex
ante de las necesidades, demandas, conflictos o problemas que
afectan al Estado o la sociedad civil; al no existir esa forma de
prospección social, tampoco los problemas pueden ser
ordenados señalando prioridades en el tiempo: corto,
mediano y largo plazo; y, tampoco pueden ser ordenados en
función del espacio: nacional, regional, comunal, micro
local.
En consecuencia, la formulación de la
política pública se origina y diseña sobre
la base de la intuición, del lobby o presión
política, del análisis coyuntural, de las presiones
de los medios de
comunicación de masas, y en última instancia en
el análisis de las megatendencias universales.
La negociación de las políticas.
Si entendemos la definición de la política
pública respaldada por un corpus teórico o
filosofía que orienta la acción y que, al mismo
tiempo,
entrega señales para establecer alianzas, acuerdos y
caminos, es indudable que la formulación de
políticas, es resultado de un intercambio de opiniones,
rondas de diálogo,
negociaciones, acuerdos y compromisos donde participan diferentes
actores y tratan de compatibilizar intereses diversos. En la
perspectiva regional ese proceso de construcción de políticas no existe
ya que, por lo general, las negociaciones, acuerdos y compromisos
entre diferentes actores no se realizan en los espacios
regionales, y habitualmente, es un proceso donde sólo hay
participación de los niveles centrales.
En consecuencia, la política en su
dimensión de la negociación obedece a lógicas del
nivel central, soslayando y/o subvalorando no sólo la
capacidad de los actores sociales regionales para negociar y
alcanzar acuerdos y compromisos, sino también, indica que
la filosofía que impera y las señales que
ésta entrega son clara expresión de que las
políticas provienen de un nivel y una estructura muy
diferente a la regional.
La legitimación de las políticas.
Existe consenso, en orden a que un elemento que puede garantizar
el éxito
de una política, es el compromiso que ésta genera
en quienes serán participantes y/o beneficiarios de dicha
política. Cuando hablamos de compromiso nos estamos
refiriendo al nivel de acercamiento afectivo y emocional entre
ciudadano y política pública. Si no hay ese
entendimiento o complicidad, es indudable que la política
tendrá un déficit importante.
En ese contexto, hay dos elementos que son
relevantes.
Por una parte, para que haya identificación del ciudadano
con la política, ésta tiene que estar ubicada en
una perspectiva de resolución o satisfacción de
problemas que afectan a toda la población, es decir, los
beneficiarios deben visualizar en esa política un esfuerzo
serio por acercar los ámbitos del Estado y de la sociedad
civil.
En seguida, en la formulación de políticas
debe existir una fase asociada a la difusión, cuyo
objetivo sea vincular al Estado con los ciudadanos en una
dimensión no sólo racional, sino también
afectiva. En consecuencia, si se genera un programa de
difusión orientado a las personas, que reconozca sus
necesidades, hábitos, identidades, símbolos y
significados propios, así como su entorno y que aluda a
sus capacidades y falencias, sólo de esa manera podremos
hablar que una política se legitima en la
población, y es asumida y encarnada por los
ciudadanos.
En esa perspectiva observamos, por lo general, que
cuando una política pública se difunde, se hace
solamente en una lógica
instrumental, aludiendo a una relación medios a fines
y haciendo abstracción de cualquier otra
consideración; en esa dimensión, el ciudadano se
encuentra muchas veces con una propuesta carente de significados,
de atractivos y que no lo convoca.
Por otro lado, las políticas no son asumidas por
los ciudadanos como algo propio, que los interprete y los motive
a la acción ya que, generalmente, las políticas
hacen caso omiso de las diferenciaciones regionales. No es lo
mismo, una política de superación de la pobreza en la
región de Antofagasta que en la Araucanía; no es lo
mismo, una política de fortalecimiento institucional en
Arica o Putre que en Santiago o Concepción;
también, debemos diferenciar entre una política de
recursos hídricos orientada a Iquique o Chiloé. En
esta situación, es esencial considerar que la
formulación de una política no puede interpelar a
los ciudadanos de este país de una misma manera, los
problemas pueden tener, incluso, la misma dimensión
cuantitativa, pero sin embargo, cualitativa, estructural e
históricamente ser muy diferentes.
Si hay una política pública que habla a
todos los ciudadanos por igual, expresará un
déficit en la propuesta del mensaje y, en consecuencia,
surgirán problemas de legitimidad de los ciudadanos
respecto a esa política. No basta el hecho de formular una
política y que ésta emane desde el nivel central
para que, automáticamente, sea aceptada por la sociedad
civil.
La evaluación
ex post de las políticas públicas.
En el inicio del trabajo hemos planteado que la política
pública tiene como principal función relacionar al
Estado con la sociedad civil. Por lo tanto, podríamos
sostener que la mejor manera de evaluar una política
pública es indagando varias cosas: primero, si se
generó acercamiento entre Estado y sociedad civil, y
habría que preguntarse qué tanto es el acercamiento
entre los niveles de lo colectivo y lo individual; segundo, en
qué orden de cosas se expresa ese acercamiento; tercero,
si el Estado logró los objetivos que se había
fijado respecto a los ciudadanos, es decir, si el proceso de
toma de
decisiones, las prioridades, la asignación de recursos
financieros, las alianzas y acuerdos, así como la
información traspasada se alcanzó; cuarto,
también nos debe interesar si la sociedad civil reconoce
que sus expectativas, demandas y problemas han sido resueltos o
están en vías de resolverse.
Respecto a lo antes formulado hay que señalar que
en Chile, así como en otros países de América
Latina, no existe un sistema de evaluación
ex post, es decir, no hay un sistema o procedimiento de
evaluación una vez ejecutada la política. Dicho de
otra manera, cuando se ejecuta una política pública
la única evaluación que se hace es la que se
refiere al tema presupuestario y que, por lo general, se reduce a
saber si los recursos fueron efectivamente invertidos en los
ítems presupuestados, pero, respecto a los logros
políticos, sociales, culturales o económicos, tanto
el Estado como la Sociedad Civil se quedan en la incertidumbre
del conocimiento y
la consecución de logros se mantiene en la nebulosa. Valga
como ejemplo, el caso de la región de Tarapacá, que
de acuerdo a su política habitacional y porcentualmente
hablando, es una de las regiones en que más viviendas se
construyeron entre los años 1990 – 2000, sin
embargo, no existe información por parte del Estado
respecto si el nivel cuantitativo y cualitativo de
construcción ha impactado positivamente en la
población, desconociéndose la opinión
respecto si perciben que su calidad de
vida está mejorando, o si tienen una mayor
participación en el crecimiento
económico regional o si hay mayor participación
en la democracia; en
definitiva, tanto el Estado como la sociedad civil tienen un
sólo elemento claro: se construyeron más casas,
pero, no se sabe si se han satisfecho las expectativas y
necesidades de la población; tampoco se sabe si la
política habitacional ha generado impactos o
externalidades negativas.
Desde la óptica
regional, hay que reconocer que existen los recursos
humanos para realizar estas tareas de evaluación,
también los recursos financieros y la experiencia
necesaria, sin embargo, el problema es que cualquier
evaluación de política pública, para ser
válida y legitima, debe responder a instrucciones del
nivel central. En consecuencia, se produce la siguiente paradoja:
mientras las evaluaciones de la política pública se
reconocen como válidas solamente si las propone el nivel
central, las consecuencias e impactos negativos, las dificultades
y errores se expresan en la sociedad civil regional.
En ese contexto, y para ser ecuánimes, hay que
señalar que la sociedad civil regional, tampoco ha sido
capaz de levantar propuestas para tener un mayor protagonismo en
esta tarea.
Finalmente, hay que señalar que la evaluación ex
post, cuando se hace correctamente, es un insumo importantisimo
para una buena evaluación ex ante.
La preparación de los marcos presupuestarios:
El contexto en que se generan y ejecutan las políticas
públicas suele caracterizarse, además, por otra
fragilidad que surge en el nivel financiero –
presupuestario.
Las políticas públicas suponen grandes
desafíos en la construcción de una región y
esos desafíos se resuelven con recursos financieros que no
son descentralizados, y las regiones deben bregar fuertemente con
Santiago para alcanzar parte de los recursos, los que son
entregados a través de mecanismos sectoriales y en la
mayoría de los casos muy centralizados. Pero, la
situación que otorga mayor fragilidad al diseño e
implementación de políticas públicas es que
el presupuesto para
su ejecución se elabora en Santiago y, muchas veces, con
información incorrecta o incompleta. (Caso típico
es el Plan Nacional de
Superación de la Pobreza,
año 1994; en el caso de la región de
Tarapacá se conoce la situación de la Ley Arica I y la
política deportiva impulsada por DIGEDER; en las regiones
de Antofagasta y Copiapó, son ejemplo los planes de
fomento a la pequeña y mediana minería).
En síntesis, elaborar y preparar los marcos
presupuestarios, desde arriba hacia abajo o desde el centro hacia
la periferia, genera mucha fragilidad en la aplicación de
políticas públicas en el ámbito
regional.
La información para diseñar las
políticas públicas:
La formulación de una política pública
requiere estar respaldada en información cuantitativa y
cualitativa adecuada, que debe provenir de las más
diversas fuentes. Esta
información debe respaldar adecuadamente la
definición del problema o el motivo de la política;
la identificación de los recursos financieros y su
disponibilidad; los programas, proyectos o acciones que
indirectamente forman parte de la política; los recursos
humanos involucrados en el trabajo de
terreno; los indicadores
para definir metas y plazos; la necesidad de contar con
información histórica respecto a intentos previos o
similares que se hayan ejecutado; además, hay que disponer
de información sobre los indicadores
macroeconómicos y sociales que contextualizan la
política y que pueden alterar su desempeño o desviarla de sus objetivos; por
último, se debe tener la suficiente información de
la población objetivo que se pretende alcanzar (por
sexo, edad,
nivel educacional, ingreso económico, sector residencial,
acceso a beneficios sociales, etc.).
La debilidad en el diseño de políticas
públicas surge cuando hay que ordenar y procesar la
información que respaldará esa política. Los
problemas dicen relación con: primero, por lo
general, la recopilación de la información se hace
a partir de fuentes
documentales no regionales; segundo, la información
recopilada, muchas veces, no cubre todas las áreas que
pretende alcanzar la política; tercero, en
reiteradas ocasiones se observa que la información no es
actual así como tampoco es homogénea;
cuarto, cuando se recurre a fuentes existentes en la
región, usualmente, la información que se obtiene
es muy fragmentada, dispersa, heterogénea y desfasada;
quinto, se hace uso y abuso de información
cuantitativa, y no se utiliza ni se incorpora al análisis
la información de tipo cualitativa que identifique, por
ejemplo, entre otros elementos: contexto histórico, perfil
cultural, identidades colectivas, patrones habitacionales,
patrones de consumo,
etc.
Nuestro país vive hoy día una encrucijada
histórica. Por un lado, trata de profundizar su
democracia, alcanzar el desarrollo,
optimizar el uso de los recursos financieros y mejorar sus
niveles de calidad de vida;
por otro, trata de hacerlo con un modo especial de ordenarse y
decidir sobre sus asuntos públicos y privados.
En esa relación, tenemos que coincidir que no hay
equilibrio:
nuestros desafíos no concuerdan con la forma como hacemos
las cosas; nuestros problemas tratamos de resolverlos con una
estrategia o modo
de hacer donde no prevalece la sistematicidad y coherencia,
tampoco la disciplina de
trabajar con arreglo al mediano y largo plazo. Este es un
país que desaprovecha muchos recursos existentes
(financieros, humanos, territoriales e institucionales). En ese
contexto tenemos la necesidad de generar un equilibrio entre los
desafíos y una forma adecuada de hacer las
cosas.
En esa perspectiva, quiero plantear algunas
consideraciones finales.
a. Las Políticas Públicas son de interés,
tanto para el Estado como para la toda la sociedad. El origen y
desarrollo de ellas se caracteriza por la complementariedad y
transversalidad entre ambas esferas.
b. Hay que poner en discusión, en la agenda
pública, el corpus teórico que respalda las
políticas Públicas aplicadas en Chile. De hacerlo
así, estaremos discutiendo no sólo el tipo de
sociedad que queremos, sino también, los principales
problemas de la sociedad chilena y cuya persistencia afecta la
relación entre Estado y Sociedad Civil.
c. Hay que abrir un espacio de discusión sobre el impacto
de las Políticas públicas en la dimensión
territorial, es decir, qué tipo de políticas debe
aplicarse a nivel nacional, cuáles en el nivel regional,
así como las especificidades de las políticas en el
ámbito comunal y local.
d. Uno de los principales desafíos será analizar,
desde una perspectiva intra – región, las
potencialidades para asumir nuevos desafíos no sólo
en la
administración política, sino también,
en el tema de los manejos presupuestarios; como asimismo en
la
administración y formulación de
Políticas Públicas. En este sentido, las
universidades mantienen, en regiones, una deuda pendiente con
relación a formar e impulsar una masa crítica que
contribuya a resolver el nivel de contradicción entre el
centro y las regiones.
e. Es imperativo elaborar Sistemas de
Información Social, cuyo objetivo sea fortalecer las
capacidades regionales, y facilitar las tareas de seguimiento de
las políticas públicas, pero también
resolver el tema de las necesidades ex ante y que originan estas
políticas. El rol de estos sistemas de
información puede ser múltiple y un relevante
instrumento de trabajo en los temas de regionalización y
descentralización.
f. Desde un punto de vista teórico, los actores sociales
deben discutir y analizar no sólo el rol del estado en la
nueva era de la
globalización, sino también, analizar en una
mirada retrospectiva y prospectiva el que hacer del aparato
público en el diseño de las Políticas
públicas, y discutir el rol de la Sociedad Civil en ellas.
(4)
g. Desde un punto de vista metodológico, hay que generar
nuevas estrategias y
planteamientos respecto a las políticas públicas,
en especial, tratando de compatibilizar diseño y
participación; metodológicamente, también
hay que innovar en varias
cosas: el tipo de información que se utiliza, definir
nuevas responsabilidades para las regiones, plantear nuevas
formas de control. En este
aspecto el tema central pareciera ser ¿Cómo la
sociedad civil se incorpora en el proceso de toma de
decisión?.
Entenderemos por Estado la sociedad organizada
políticamente; en tanto definiremos como Sociedad Civil al
conjunto de organizaciones
sociales o culturales; territoriales o funcionales; empresariales
o sindicales; voluntarias, no gubernamentales o independientes,
es decir, la variedad pluralista de organizaciones
cuyo fin último no tiene que ver con el tema del
poder.
Es interesante leer el texto
INTRODUCCION A LAS POLITICAS PUBLICAS, 1999, CEPAL, del cientista
político Eugenio Lahera, que aporta una interesante
perspectiva y buenos argumentos en está
temática.
Muchos conceptos empleados se encuentran en el DICCIONARIO DE
ADMINISTRACION PUBLICA CHILENA, 1997, SUBDERE.
Eugenio Lahera, Introducción a las Políticas
Públicas, 1999, CEPAL, CHILE.
Una discusión interesante mantiene Heraldo O. R. Laguzzi
en POLITICAS Y DESARROLLO COMUNITARIO. En: "Las políticas
Culturales en América
Latina: Una Reflexión Plural". Jorge Cornejo Polar
(Editor); Ediciones APPAC, Perú, 1989.
Autor:
Juan Podesta Arzubiaga
Sociólogo