1. La democracia venezolana y la crisis partidocrática 1961-1998
2. El proceso de descentralización 1994-1998
3. Una década de autoritarismo y recentralización (1999-2009)
4. Etapas de la recentralización
5. Conclusiones
6. Referencias bibliográficas

Enseña Loewenstein que el telos de toda Constitución es la creación de instituciones para limitar y controlar el poder. Un sistema político será democrático constitucional cuando existan instituciones efectivas por medio de las cuales se distribuye el poder entre distintos detentadores sometidos todos al control de sus destinatarios, del pueblo, su supremo detentador.[1]

Analizaremos el proceso de descentralización en Venezuela desde la perspectiva del derecho constitucional. Partimos de una visión garantista del derecho constitucional. Un Estado que no garantice la libertad tendrá constitución, pero no será constitucional.

Comencemos por la Constitución de 1961. Durante sus treinta y ocho años de vigencia, la de mayor duración entre las veintiséis que hemos tenido, fue posible adelantar un proceso político democrático sin precedentes en la historia de Venezuela que los defensores del actual régimen se empeñan en negar, como niegan toda verdad desfavorable a su errada visión de la historia y la sociedad.

Durante esos años, como nunca antes, los venezolanos con el voto decidieron su destino político. Se sucedieron alternativamente siete gobiernos civiles. Como nunca antes, se hizo cívicamente, lo cual no fue obstáculo para derrotar los frecuentes intentos de golpes de estado y la subversión interna con apoyo internacional. Como nunca antes, se desarrolló un proceso de institucionalización de unas fuerzas armadas que se subordinaron al gobierno civil, disminuyéndose paulatinamente su determinante influencia hasta que a partir de 1992 el proceso se revierte. Como nunca antes, el Estado social de derecho avanzó.

No obstante, para 1989 la entonces paradigmática democracia venezolana había devenido partidocracia asfixiante de las renovadas aspiraciones de cambio y de profundización democrática de los venezolanos. El país se empobrecía, aun cuando continuaba la "ilusión de armonía".[2] Derrotada la subversión guerrillera, en el estamento militar retornan las ambiciones militaristas, siempre presentes en América Latina, a la par de la ejecución de una nueva estrategia de penetración y control de quienes antes habían pretendido substituir el ejército nacional. Las logias militares se multiplican, el cuestionamiento del gobierno civil por los militares crece, las conspiraciones uniformadas avanzan.[3]

Mientras el mundo asistía asombrado a la caída del muro de Berlín, al fin del comunismo, del mundo bipolar y de la guerra fría, para dar paso a un mundo globalizado con los Estados Unidos como única superpotencia; en Venezuela había ocurrido "el Caracazo", día de represión y saqueos, aldabonazo que evidencia que el sistema político construido a partir del derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez en 1958 había entrado en profunda crisis, no obstante haberse realizado pocos meses antes unas elecciones donde un altísimo porcentaje de compatriotas habían repartido sus simpatías entre los candidatos de AD y COPEI: Carlos Andrés Pérez y Eduardo Fernández.

Más adelante, en 1992, se producirán dos golpes de estado; en 1993, el enjuiciamiento de Carlos Andrés Pérez y en 1994, la vuelta al poder de Caldera, esta vez con el apoyo del "chiripero", constelación de minipartidos de la izquierda radical. Inmediatamente, el nuevo presidente indultará a los militares golpistas. El camino a Miraflores se había abierto para Hugo Chávez quien lo concretará cinco años más tarde con un importante apoyo popular que incluirá vastos sectores de la clase media, de la hoy llamada oligarquía y de importantes medios de comunicación social.

Expresión del proceso final de derrumbe del sistema populista de conciliación, como lo denominó Rey, pero también del esfuerzo paralelo de muchos por enderezar el rumbo, para encauzar la democracia, para crear un nuevo federalismo,[4] fueron la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado,[5] la Ley Orgánica de Amparo y Garantías Constitucionales,[6] la Ley Orgánica del Régimen Municipal,[7] la Ley Orgánica de Elección y Remoción de los Gobernadores de Estado,[8] y la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público.[9]