- La
democracia venezolana y la crisis partidocrática
1961-1998 - Una
década de autoritarismo y recentralización
(1999-2009) - Etapas
de la recentralización - Conclusiones
- Referencias
bibliográficas
Enseña Loewenstein que el telos de toda
Constitución es la creación de
instituciones
para limitar y controlar el poder. Un
sistema
político será democrático constitucional
cuando existan instituciones efectivas por medio de las cuales se
distribuye el poder entre distintos detentadores sometidos todos
al control de sus
destinatarios, del pueblo, su supremo
detentador.[1]
Analizaremos el proceso de
descentralización en Venezuela
desde la perspectiva del derecho
constitucional. Partimos de una visión garantista del
derecho constitucional. Un Estado que no
garantice la libertad
tendrá constitución, pero no será
constitucional.
La democracia
venezolana y la crisis partidocrática
1961-1998
Comencemos por la Constitución de 1961. Durante sus
treinta y ocho años de vigencia, la de mayor
duración entre las veintiséis que hemos tenido, fue
posible adelantar un proceso político democrático
sin precedentes en la historia de
Venezuela que los defensores del actual régimen se
empeñan en negar, como niegan toda verdad desfavorable a
su errada visión de la historia y la sociedad.
Durante esos años, como nunca antes, los venezolanos
con el voto decidieron su destino político. Se sucedieron
alternativamente siete gobiernos civiles. Como nunca antes, se
hizo cívicamente, lo cual no fue obstáculo para
derrotar los frecuentes intentos de golpes de estado y la
subversión interna con apoyo internacional. Como nunca
antes, se desarrolló un proceso de
institucionalización de unas fuerzas armadas que se
subordinaron al gobierno civil,
disminuyéndose paulatinamente su determinante influencia
hasta que a partir de 1992 el proceso se revierte. Como nunca
antes, el Estado
social de derecho avanzó.
No obstante, para 1989 la entonces paradigmática
democracia
venezolana había devenido partidocracia asfixiante de las
renovadas aspiraciones de cambio y de
profundización democrática de los venezolanos. El
país se empobrecía, aun cuando continuaba la
"ilusión de armonía".[2] Derrotada
la subversión guerrillera, en el estamento militar
retornan las ambiciones militaristas, siempre presentes en
América
Latina, a la par de la ejecución de una nueva estrategia de
penetración y control de quienes antes habían
pretendido substituir el ejército nacional. Las logias
militares se multiplican, el cuestionamiento del gobierno civil
por los militares crece, las conspiraciones uniformadas
avanzan.[3]
Mientras el mundo asistía asombrado a la caída
del muro de
Berlín, al fin del comunismo, del
mundo bipolar y de la guerra
fría, para dar paso a un mundo globalizado con los
Estados Unidos
como única superpotencia; en Venezuela había
ocurrido "el Caracazo", día de represión y saqueos,
aldabonazo que evidencia que el sistema
político construido a partir del derrocamiento de la
dictadura de
Pérez Jiménez en 1958 había entrado en
profunda crisis, no
obstante haberse realizado pocos meses antes unas elecciones
donde un altísimo porcentaje de compatriotas habían
repartido sus simpatías entre los candidatos de AD y
COPEI: Carlos Andrés Pérez y Eduardo
Fernández.
Más adelante, en 1992, se producirán dos golpes
de estado; en 1993, el enjuiciamiento de Carlos Andrés
Pérez y en 1994, la vuelta al poder de Caldera, esta vez
con el apoyo del "chiripero", constelación de minipartidos
de la izquierda radical. Inmediatamente, el nuevo presidente
indultará a los militares golpistas. El camino a
Miraflores se había abierto para Hugo
Chávez quien lo concretará cinco años
más tarde con un importante apoyo popular que
incluirá vastos sectores de la clase media,
de la hoy llamada oligarquía y de importantes medios de
comunicación social.
El proceso de
descentralización 1994-1998
Expresión del proceso final de derrumbe del sistema
populista de conciliación, como lo denominó Rey,
pero también del esfuerzo paralelo de muchos por enderezar
el rumbo, para encauzar la democracia, para crear un nuevo
federalismo,[4] fueron la
Comisión Presidencial para la Reforma del
Estado,[5] la Ley
Orgánica de Amparo y
Garantías Constitucionales,[6] la Ley
Orgánica del Régimen Municipal,[7]
la Ley Orgánica de Elección y Remoción de
los Gobernadores de Estado,[8] y la Ley
Orgánica de Descentralización, Delimitación
y Transferencia de Competencias del
Poder Público.[9]
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