Inconstitucionalidad de la Ley Nº 28932 y los Decretos Legislativos Nº 977 y 978 (Perú)

2. Análisis
   de las normas declaradas inconstitucionales.
3. Efectos
   de la Sentencia emitida por el Tribunal
   Constitucional.
4. Conclusiones
   y Recomendaciones.

Con fecha 07 de abril del año en curso, se
publicó en el Diario Oficial "El Peruano" la Sentencia del
Tribunal Constitucional recaída en el Expediente
Nº 00016-2007-PI/TC, que declaró la
inconstitucionalidad de la Ley Nº
28932, así como de los Decretos Legislativos Nº 977 y
978.

En el presente trabajo,
analizaremos los Fundamentos Jurídicos esgrimidos por
nuestro máximo intérprete de la Constitución, así como algunos
conceptos normativos respecto de la validez del Decreto
Legislativo, que –dicho sea de paso– ha sido usada
reiteradamente por el Poder
Ejecutivo a raíz de la implementación del
Tratado de Libre
Comercio suscrito con los Estados Unidos de
Norteamérica (Junio del 2008).

Antecedentes
normativos.

• 1) El Artículo 104° de nuestra
  Constitución Política [1]refiere
  "El Congreso de la República puede delegar en el
  Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante Decretos
  Legislativos, sobre la materia específica y por el
  plazo determinado establecidos en la ley autoritativa"
  [2]Sin embargo, el segundo párrafo
  señala que "no pueden delegarse las materias que
  son indelegables a la Comisión Permanente".

• 2) Dicho esto, el numeral 4) del Artículo
  101° de la Carta Magna señala: No pueden
  delegarse a la Comisión Permanente materias relativas
  a reforma constitucional, ni a la aprobación de
  tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de
  Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la
  República.

• 3) No obstante ello, estas materias acotadas
  precedentemente no son las únicas indelegables al
  Poder Ejecutivo; pensar así sería pretender
  desconocer que nuestras normas constitucionales deben ser
  interpretadas a la luz de los Principios de Unidad de la
  Constitución, Corrección Funcional,
  Concordancia Práctica, Fuerza Integradora y Normativa
  de la Constitución [3]

• 4) Es decir, a prima face, la reserva de ley
  en materia tributaria es relativa [4]siendo
  que la exigencia para determinar cuando ésta es
  absoluta dependerá de la naturaleza y objeto de cada
  tributo.

• 5) Sobre el particular, Edgar Carpio Marcos y
  Fernando Velezmoro Pinto señalan "la
  posibilidad de que el Congreso pueda delegar parte de sus
  funciones no debe suponer en absoluto una renuncia general a
  su función legisladora: por ello, el legislador el
  Constituyente ha establecido una reserva negativa, es decir,
  una serie de materias que tienen que ser necesariamente
  debatidos y votados al interior del Congreso sin que quepa
  posibilidad alguna de delegación, y ello justamente
  porque tales materias o requieren de un paciente debate o
  requieren de una legitimidad democrática de tal grado
  que no admite su aprobación sin el debate en el
  parlamento" [5]

• 6) Siendo así, tenemos que el último
  párrafo del Artículo 79° de nuestra
  Ley de Leyes [6]refiere que solo por ley
  expresa, aprobada por dos tercios de los congresistas, puede
  establecerse selectiva y temporalmente un tratamiento
  tributario especial para una determinada zona del
  país.

• 7) Al respecto, Cesar M. Gamboa Valega refiere
  que para el establecimiento de un tratamiento tributario
  especial para una determinada zona del país se
  requiere una ley expresa, quórum calificado de al
  menos 80 congresistas y que dicho régimen debe tener
  carácter selectivo y temporal
  [7]

• 8) Ello se justifica en razón que dicho
  tratamiento tributario especial para una determinada zona o
  región del país constituye un tratamiento
  desigual para el resto del país, el cual requiere de
  una justificación objetiva y razonable que la
  sustente [8]

• 9) Retomando al tema de la delegación de
  facultades por parte del Congreso de la
  República, nuestro Tribunal Constitucional define a
  las Leyes Autoritativas como "(…) las
  prescripciones normativas generales y escritas emanadas del
  Congreso de la República, conforme a un procedimiento
  prefijado por la propia Constitución, conteniendo dos
  elementos esenciales: materia específica a delegar y
  plazo determinado para ejercer tal delegación"
  [9]