Inconstitucionalidad de la Ley Nº 28932 y los Decretos Legislativos Nº 977 y 978 (Perú) (página 2)

10) Es decir, para la validez de las Leyes
Autoritativas deben existir como condición que se
indique el plazo determinado y la materia
específica.

• 11) Respecto de la segunda condición, esto es
  la materia específica, el mismo
  Tribunal refiere que el Decreto Legislativo está
  limitada tanto por la Constitución como por la propia
  Ley Autoritativa. Así, podría darse el caso que
  el Congreso de la República delegue una materia
  prohibida, con lo cual no solo será inconstitucional
  la ley autoritativa, sino también el Decreto
  Legislativo que regula la materia en cuestión;
  ó también puede darse el caso de que la ley
  autoritativa delegue una materia permitida por la
  Constitución y, sin embargo, el decreto legislativo se
  exceda en la materia delegada, con lo cual, en este caso
  también se configurará un supuesto de
  inconstitucionalidad por vulneración del
  Artículo 104º de la Constitución
  [10][11]

Análisis de las
normas declaradas inconstitucionales.

• 12) Mediante Ley Nº 28932
  [12]el Congreso de la República
  delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar
  en materia tributaria por un plazo de noventa (90)
  días calendario, contados a partir de la vigencia de
  la presente Ley, en los términos a que hace referencia
  el Artículo 104º de la Constitución
  Política del Perú.

• 13) Esta delegación de facultades –tal
  como lo señala el Artículo 1º de la
  citada norma– se otorgó con el objeto de:

• (i) Ampliar la base tributaria;

• (ii) Lograr mayor eficiencia, equidad y
  simplicidad en el Sistema Tributario Nacional; y

• (iii) Dotar al país de un Sistema
  Tributario predecible que favorezca el clima de
  inversión

• 14) Asimismo, el Artículo 2º
  señala que el Poder Ejecutivo está facultado
  –entre otros– para: numeral 1) Dictar el
  marco general que defina, en forma transparente, los
  principios y las reglas que se deberán cumplir para la
  dación de normas que contengan tratamientos
  tributarios especiales, incentivos, beneficios o
  exoneraciones tributarias, así como los criterios para
  evaluar su eficacia en cuanto al logro de los objetivos para
  los cuales fueron otorgados y la revisión de la
  necesidad de su permanencia; y numeral 5)
  Prorrogar o eliminar las exoneraciones y los beneficios
  tributarios vigentes sujetos a plazo, previa
  evaluación de la necesidad de su permanencia.

• 15) Bajo este contexto, el Poder Ejecutivo, premunido
  de las facultades conferidas, expidió los Decretos
  Legislativos Nº 977 [13]y Nº
  978 [14]

• 16) Al respecto, se precisa que la Ley Autoritativa
  Nº 28932 si cumple con la primera condición de
  validez; es decir, en cuanto al plazo determinado
  conforme lo indica el Artículo 1º de la citada
  norma legal.

• 17) Sin embargo, el problema se presenta respecto de
  la segunda condición, ergo la materia
  específica, toda vez que –como se ha
  mencionado Ut Supra– el establecimiento de un
  régimen o tratamiento especial a determinadas zonas
  del país constituyen una materia que solo puede ser
  regulada por Ley del Congreso de la República
  (Principio de Reserva de Ley Absoluta); en otras
  palabras, no puede delegarse, a efectos de su
  regulación al Poder Ejecutivo.

• 18) Entonces tenemos que los incisos 1) y 5) de la
  Ley Autoritativa Nº 28932 no especifican el tratamiento
  tributario para una determinada zona del país, lo que
  evidentemente conllevó a que el Poder Ejecutivo
  emitiese los Decretos Legislativos Nº 977 y Nº
  978.

• 19) En tal sentido, se infiere que los incisos 1) y
  5) de la Ley Autoritativa Nº 28932 devienen en
  inconstitucionales por cuanto delega al Poder Ejecutivo una
  materia que por mandato de la propia Constitución
  queda cubierta por el Principio de Reserva de Ley
  Absoluta; siendo que, indirectamente, también
  resultan incompatibles con nuestra Carta Magna los Decretos
  Legislativos Nº 977 y Nº 978.

Efectos de la Sentencia
emitida por el Tribunal Constitucional.

• 20) El Tribunal Constitucional resolvió
  declarar fundada la demanda de inconstitucionalidad incoada,
  siendo por tanto inconstitucional los incisos 1) y 5) de la
  Ley Autoritativa Nº 28932, e indirectamente
  también los Decretos Legislativos Nº 977 y
  Nº 978.

• 21) Pero a su vez, nuestro Tribunal dispuso una
  vacatio sententatie, es decir, que los
  efectos de la sentencia surtirán una vez que el
  legislador haya promulgado la norma correspondiente, que
  reemplace la actualmente vigente y que ha sido declarada
  inconstitucional, de tal manera que no quede un vacío
  legislativo.

• 22) Cabe precisar que este tipo de sentencias tiene
  como antecedente jurisdiccional las STC Nº
  010-2002-AI/TC (Fundamento Jurídico Nº
  103) y STC Nº 030-2004-AI/TC (Fundamento
  Jurídico Nº 13).

• 23) Dicho de otro modo, a través de esta
  Sentencia, el Tribunal Constitucional busca legitimar la
  validez, es decir, la vigencia de las Leyes Nº 29175
  [15]y Nº 29310
  [16]

• 24) Al respecto, la Ley Nº 29175
  complementa lo normado en el Decreto Legislativo Nº 978,
  es decir, hace referencia a exoneraciones, beneficios y
  reducciones tributarias para los Departamentos de la
  Amazonía.

• 25) Pero además, resulta que esta norma legal
  fue sancionada por la Comisión Permanente del
  Congreso, cuando debió haber sido por quórum
  calificado (mas de 80 Congresistas de la
  República), transgrediéndose lo normado
  en el último párrafo del Artículo
  79º de la Constitución Política.

• 26) Por tanto, esta norma legal acotada en
  párrafo inmediato precedente, también
  adolece de vicios de inconstitucionalidad.

• 27) Y, respecto de la Ley Nº 29310, denominada
  Ley que suspende, a favor de la Región de la
  selva, el Título III del Decreto Legislativo Nº
  978 que establece la entrega a los gobiernos regionales o
  locales de la Región Selva y de la Amazonía,
  para inversión y gasto social, del íntegro de
  los recursos tributarios cuya actual exoneración no ha
  beneficiado a la población, únicamente se
  tiene información del Portal Web del Congreso de la
  República [17]que fue sancionada en la
  Segunda Legislatura Ordinaria del año pasado (11
  de diciembre del 2008), no especificándose si
  se contó o no con el quórum reglamentario
  respectivo.

• 28) Finalmente, solamente con fines
  didácticos, que nuestro máximo
  intérprete de la Constitución a lo largo de
  estos años, ha emitido diversas clases de sentencias,
  siendo entre ellas:

• Sentencias Interpretativas propiamente dichas
  [18]que tienen como sustento constitucional el
  Artículo 93º de la Carta Magna, ergo la
  Presunción de la Constitucionalidad de las Leyes.

• Sentencias Reductoras [19]

• Sentencias Aditivas e Integrativas
  [20]

• Sentencias Exhortativas y de mera incompatibilidad
  [21]

Conclusiones y
Recomendaciones:

• a) El Principio de Reserva de Ley en materia
  tributaria, es a prima face, relativa; sin embargo,
  dependiendo de la naturaleza y objeto del tributo se
  exigirá una mayor rigidez, es decir, que dicha reserva
  de ley sea absoluta.

• b) Al amparo del Artículo 104° de
  nuestra Constitución Política, mediante Ley
  Autoritativa el Congreso de la república puede delegar
  en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre la
  materia específica y por el plazo
  determinado; pero a su vez, no puede delegarse materias
  competentes de la Comisión Permanente.

• c) Asimismo, bajo los Principios de Unidad de la
  Constitución, Corrección Funcional,
  Concordancia Práctica, Fuerza Integradora y Normativa
  de la Constitución, tenemos que el último
  párrafo del Artículo 79° de nuestra
  Ley de Leyes exige quórum calificado (dos tercios
  de los Congresistas de la República) para
  establecer selectiva y temporalmente un tratamiento
  tributario especial para una determinada zona del
  país.

• d) Siendo así, la validez de la Ley
  Autoritativa deben cumplir con la condición de
  que el plazo determinado y la materia
  específica.

• e) En el caso materia de análisis,
  únicamente se cumplió con la primera
  condición, esto es el plazo determinado; sin
  embargo, respecto de la segunda, se delegó al Poder
  Ejecutivo para que legisle en materia tributaria,
  específicamente en tratamiento especial a determinadas
  zonas del país, que conforme al último
  párrafo del Artículo 79° ab
  initio, debió existir quórum
  calificado.

• f) Por lo tanto, los incisos 1) y 5) de la Ley
  Autoritativa Nº 28932 devienen en inconstitucionales, e
  indirectamente, también resultan incompatibles con la
  Constitución los Decretos Legislativos Nº 977 y
  978.

• g) El Tribunal Constitucional, a través de
  esta Sentencia dispuso –además de declarar fundada
  la demanda de inconstitucionalidad– un vacatio
  sententatie; es decir, que la misma surtirá
  efecto una vez que el legislador haya promulgado la norma
  correspondiente, que reemplace la actualmente vigente
  (declarada inconstitucional), de tal manera que no
  quede un vacío legislativo. Esto con la finalidad
  de legitimar la validez plena de las Leyes Nº 29175 y
  Nº 29310.

• h) No obstante ello, la Ley Nº 29175, al
  haber sido sancionada por la Comisión Permanente, ha
  transgredido el último párrafo del
  Artículo 79º de la Constitución
  Política; por lo que también adolece de
  vicios de inconstitucionalidad.

• i) Y, respecto de la Ley Nº 29310,
  únicamente existe información proporcionada por
  la Web del Congreso de la República, que la misma fue
  debatida y sancionada en la Segunda Legislatura Ordinaria del
  año pasado (11 de diciembre del 2008), no
  especificándose si se contó con el
  quórum reglamentario respectivo.

• j) Finalmente, se recomienda al Congreso de la
  República en uso de las atribuciones conferidas en el
  Artículo 102º de la Constitución
  Política, efectuar un riguroso Control de la
  Constitucionalidad de las leyes, en lo que respecta a la
  delegación de facultades al Poder Ejecutivo, debiendo
  tener en consideración la materia específica a
  delegar.

Autor:

Fernando Valdivia Correa

Abogado-Egresado de la Maestría en Derecho
Constitucional

[1] Concordante con el Artículo 5°
del Reglamento del Congreso: "La función
del control
político comprende………….. (Sic), el ejercicio de
la delegación de facultades legislativas,………….
(Sic)………".

[2] De conformidad con el Artículo
81°, Inciso f) del Reglamento del Congreso: Leyes
autoritativas de legislación delegada: pueden ser
aprobadas para autorizar el ejercicio de la función
legislativa al Gobierno
mediante decretos legislativos o a la Comisión
Permanente mediante la aprobación de proposiciones de
ley, con las
limitaciones establecidas en el segundo párrafo del inciso 4) del artículo
101° y en el segundo párrafo del artículo
104° de la Constitución Política. Deben
indicarse la materia específica de la delegación
y el plazo de la misma.

[3] En ese mismo sentido las STC Nº
006-2006-AI/TC, Nº 5854-2005-AA/TC, Nº
5976-2006-AA/TC, entre otras.

[4] Artículo 74°.- Los tributos se
crean, modifican o derogan, o se establece una
exoneración, exclusivamente por ley o decreto
legislativo en caso de delegación de facultades, salvo
los aranceles y
tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Los
Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear,
modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de
éstas, dentro de su jurisdicción, y con los
límites que señala la ley.
El Estado,
al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de
reserva de la ley, y los de igualdad y
respeto de
los derechos
fundamentales de la persona.
Ningún tributo puede tener carácter confiscatorio.

[5] En La Constitución Comentada,
Análisis Artículo por
Artículo. Tomo II. Edición de Gaceta Jurídica. Lima,
2005. Pág. 181.

[6] Concordante con el Artículo
72° del Reglamento del Congreso: Mediante el procedimiento
legislativo se persigue aprobar leyes de carácter
general y resoluciones legislativas, las mismas que pueden ser,
entre otros: d) Leyes presupuestales y financieras, incluyendo
las de tratamiento tributario especial a que se refiere el
último párrafo del Artículo 79° de la
Constitución Política.

[7] En La Constitución Comentada,
Análisis Artículo por Artículo. Tomo II.
Edición de Gaceta Jurídica. Lima, 2005.
Pág. 1028.

[8] Ob. Cit.

[9] Fundamento Jurídico 16 de la
Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el
Expediente Nº 0047-2004-AI/TC.

[10] Sobre el particular revisar el
Fundamento Jurídico 25 de la Sentencia del Tribunal
Constitucional recaída en el Expediente Nº
0047-2004-AI/TC.

[11] En el Fundamento Jurídico 128 del
Expediente Nº 0047-2004-AI/TC, el Tribunal Constitucional
señala que el Bloque de Constitucionalidad es aquella
infracción indirecta al parámetro de control,
esto es, la norma de referencia a partir de la cual se
evalúa la validez de la ley cuestionada, está
integrado por la Constitución, pero también por
todas las leyes a que esta confirió la capacidad de
limitar a otras de su mismo rango.

[12] Publicada en el Diario Oficial El
Peruano con fecha 16 de diciembre del 2006.

[13] Denominada Ley Marco para la
Dación de Exoneraciones, Incentivos o
Beneficios Tributarios, la misma que fue publicada en el Diario
Oficial El Peruano con fecha 15 de marzo del 2007.

[14] Denominada Ley que establece la entrega
a los Gobiernos Regionales o Locales de la Región Selva
y de la Amazonía, para inversión y gasto social, del integro de
los recursos
tributarios cuya actual exoneración no ha beneficiado a
la población, y fue publicada en el Diario
Oficial El Peruano con fecha 14 de marzo del 2007.

[15] Publicada en el Diario Oficial El
Peruano con fecha 30 de diciembre del 2007.

[16] Publicada en el Diario Oficial El
Peruano con fecha 31 de diciembre del 2008.

[17] http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/RelatAgenda/proapro.nsf/ProyectosAprobados
Portal? Open View &Start=1.

[18] Como referencia vemos las Sentencias del
Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes
Nº 004-96-AI/TC; Nº 050-2004-AI/TC, Nº
051-2004-AI/TC, 004-2005-AI/TC, 007-2005-PI/TC
(Acumulados).

[19] Vg. las Sentencias del Tribunal
Constitucional recaídas en los Expedientes Nº
015-2001-AI/TC; Nº 004-2002-AI/TC, Nº 016-2002-AI/TC
(Acumulados), Nº 010-2002-AI/TC.

[20] Referencia en las Sentencias del
Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes
Nº 006-2003-AI/TC; Nº 050-2004-AI/TC, Nº
004-2005-AI/TC (Acumulados).

[21] Vg. las Sentencias del Tribunal
Constitucional recaídas en los Expedientes Nº
009-2001-AI/TC; Nº 010-2002-AI/TC, Nº
023-2003-AI/TC.