El Congreso de Michoacán evade el cambio en la Fiscalización

1. 
   La historia de la fiscalización en Michoacán: Una
   historia de remiendos
2. 
   Modernizar a la Fiscalización es revalorar a la
   institución públicaen
   Michoacán

Donde hay una gran criminalidad,

hay una gran corrupción política"

Michelle Taruffo

El asunto de la auditoría pública o
fiscalización pareciera, solamente, un asunto de
administradores, auditores o contadores, de sumas o restas, de
comprobaciones o faltantes; sin embargo, la fiscalización
en su aspecto medular se entronca con el desarrollo de
la cultura de
rendición de cuentas, de
transparencia, y de avance en la democracia. Y
en consonancia pareciera que cada pueblo tiene la
fiscalización que merece, porque los gobernantes,
políticos, y legisladores, al menos en México,
relegan la modernización de la institución de
fiscalización ante el problema grave de inseguridad.
Pero, en una visión limitada han dejado de lado que la
debilidad de las instituciones
públicas en gran medida se debe al deterioro de la
institución de fiscalización.

El día 26 de mayo del 2009, un hecho
inédito en México. Un operativo policiaco federal
del que derivó el arraigo (detención provisional)
del ex Procurador General de Justicia, la
ex Secretaría de Seguridad
Pública y asesora del Gobernador del Estado, de
diez Presidentes Municipales, y diversos funcionarios
públicos de Michoacán por supuestos nexos con la
delincuencia
organizada. Las reacciones no se hicieron esperar, desde
acusaciones al gobierno federal
por manejar el evento con fines electorales y políticos
(dado la proximidad de las elecciones federales a 40 días)
hasta la denuncia de violación a la soberanía del Estado o ser "gobernadores de
segunda" por parte del Gobernador de Michoacán, a la
flagrancia de las garantías
individuales de los detenidos.

Así devino una crisis
política que ha enfrentado al gobierno federal con el
gobierno estatal de Michoacán, y con ello a los partidos
políticos. La añeja manipulación de
las instituciones ha originado incertidumbre y desconfianza,
y entre dimes y diretes se acusa que el sistema nacional
de seguridad falló, o la deficiente estrategia
económica del gobierno federal para superar las graves
carencias que orillan a los ciudadanos a delinquir, o la
posición de la autoridad
federal que ya no habrá fuero partidista para los que
infringen la ley. En clara
alusión al factor político que predomina sobre el
respeto a las
instituciones y a la propia ley. Y en momentos de crisis todos
los actores políticos aceptan la importancia de la
transparencia, y el respeto a la legalidad e
institucionalidad; pero en los hechos (del quehacer legislativo,
por ejemplo: la iniciativa que se presentará al Pleno
de la LXXI Legislatura
sobre el nuevo Reglamento Interior de la Auditoría
Superior de Michoacán), continua desapercibida la
manifiesta debilidad de las instituciones, sin estrategia
clara y contundente por parte del Congreso del Estado para
revalorar el papel de las instituciones, condición
sine qua non para disminuir o erradicar las malas
prácticas como la corrupción, que aqueja a la administración
pública municipal y estatal.

En Michoacán, un día antes al operativo
policiaco mencionado, el diario "Provincia" informa, el diputado
Iván Madero, integrante de la Comisión Inspectora
de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM)
declaró "hay corrupción en la ASM" y el
diputado Antonio Cruz Lucatero, afirmó que como Alcalde
"si percibió que había sesgos políticos
en el actuar de los auditores de la Auditoría Superior de
Michoacán" (25 de mayo de 2009, p. 6 A). Una
nota que no revelaba nada nuevo, puesto que de tiempo en
tiempo han surgido denuncias en el mismo sentido, como la
información de Baltasar Gaona, Edil de
Tarímbaro, al que se le inhabilitó por tres
años por la ASM, por desvío de recursos en la
cuenta pública del 2004, y que se afirmó "que todo
obedece a pleitos entre las tribus del PRD que buscan dejar fuera
a Baltasar Gaona de la candidatura a diputado federal" ("La Voz
de Michoacán", 9 de febrero de 2009, p. 28 A).

Estos vicios, fuertemente arraigados en la ASM,
explicaría el acuerdo de la actual Legislatura de llevar a
cabo la reestructuración del Órgano Técnico
del Congreso, encargado por mandato constitucional de revisar y
fiscalizar las cuentas públicas en las entidades
municipales y estatales de Michoacán.

El problema es de fondo, si el órgano que tiene la
atribución de controlar y vigilar el manejo de los fondos
públicos carece de mecanismos o procedimientos
que conduzcan a la certidumbre, confiabilidad y garantía
que las actuaciones de sus auditores se realizan en estricto
apego a la legalidad y probidad. O, si la institución de
fiscalización que tiene la obligación de llevar a
cabo sus actividades con independencia
e imparcialidad carece del principio normativo de cumplir con la
transparencia. Luego entonces, la Auditoría Superior de
Michoacán no cumple con el fortalecimiento de la
institución pública en el Estado de
Michoacán.