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Derecho Procesal Civil ; Un estudio de Derecho Comparado (página 7)




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17.5. PRINCIPIO DE CONDUCTA PROCESAL

El principio procesal de conducta procesal se encuentra consagrado en el segundo párrafo del artículo IV del título preliminar del Código Procesal Civil Peruano de 1993, el cual establece que las partes, sus representantes, sus Abogados y, en general, todos los partícipes en el proceso, adecúan su conducta a los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe, además establece que el Juez tiene el deber de impedir y sancionar cualquier conducta ilícita o dilatoria.

17.6. PRINCIPIO DE INMEDIACION

El principio procesal de inmediación se encuentra consagrado en el párrafo primero del artículo V del título preliminar del Código Procesal Civil peruano de 1993, el cual establece que las audiencias y la actuación de medios probatorios se realizan ante el Juez, siendo indelegables bajo sanción de nulidad, además establece que se exceptúan las actuaciones procesales por comisión.

17.7. PRINCIPIO DE CONCENTRACION

El principio procesal de concentración se encuentra consagrado en el párrafo segundo del artículo V del título preliminar del Código Procesal Civil peruano de 1993, el cual establece que el proceso se realiza procurando que su desarrollo ocurra en el menor número de actos procesales.

17.8. PRINCIPIO DE ECONOMIA PROESAL

El principio procesal de economía procesal se encuentra consagrado en el tercer párrafo del artículo V del título preliminar del Código Procesal Civil peruano de 1993, el cual establece que el Juez dirige el proceso tendiendo a una reducción de los actos procesales, sin afectar el carácter imperativo de las actuaciones que lo requieran.

17.9. PRINCIPIO DE CELERIDAD PROCESAL

El principio procesal de celeridad procesal se encuentra consagrado en el cuarto párrafo del artículo V del título preliminar del Código Procesal Civil peruano de 1993, el cual establece que la actividad procesal se realiza diligentemente y dentro de los plazos establecidos, debiendo el Juez, a través de los auxiliares bajo su dirección, tomar las medidas necesarias para lograr su pronta y eficaz solución del conflicto de intereses o incertidumbre jurídica.

17.10. PRINCIPIO DE SOCIALIZACION DEL PROCESO

El principio procesal de socialización del proceso se encuentra consagrado en el artículo VI del título preliminar del Código Procesal Civil peruano de 1993, el cual establece que el Juez debe evitar que la desigualdad entre las personas por razones de sexo, raza, religión, idioma o condición social, política o económica, afecte al desarrollo o resultado del proceso.

El còdigo de los niños y adolescentes establece que para la interpretación y aplicación de este còdigo se deberà considerar la igualdad de oportunidades y la no discriminación a que tiene derecho todo niño y adolescente sin distinción de sexo.

La ley general de arbitraje precisa en su artìculo 107 que deberà tratarse a las partes con igualdad y darle a cada de ellas plena oportunidad de hacer valer sus derechos.

La ley que regula el proceso contencioso administrativo, contenida en la ley 27584 publicada el 07 de diciembre del 2001 consagra el principio de socializaciòn del proceso con otro nombre, es decir, con el nombre de principio de igualdad procesal, precisando que las partes en el proceso contencioso administrativo deberàn ser tratadas con igualdad, independientemente de su condiciòn de entidad pùblica o administrado.

17.11. PRINCIPIO IURA NOVI CURIA

El principio procesal iura nvit curia se encuentra consagrado en el artículo VII del título preliminar del Código Procesal Civil Peruano de 1993, el cual establece que el Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio n fundar su decisión en hechos diversos de lo que han sido alegados por las partes.

El artìculo VII del tìtulo preliminar del còdigo civil peruano de 1984 establece que los jueces tienen la obligación de aplicar la norma jurìdica pertinente, aunque no haya sido invocada en la demanda.

Es decir, tanto el tìtulo preliminar del còdigo procesal civil peruano de 1993 como el del còdigo civil consagran este principio procesal, todo lo cual debe ser materia de estudio por parte d elos tratadistas, no sòlo en el derecho peruano sino tambièn en el derecho extranjero.

17.12. PRINCIPIO DE GRATUIDAD EN EL ACCESO A LA JUSTICIA

El principio procesal de gratuidad en el acceso a la justicia se encuentra consagrado en el artículo VIII del título preliminar del Código Procesal Civil peruano de 1993, el cual establece que el acceso al servicio de justicia es gratuito, sin perjuicio del pago de costos, costas y multas establecidas en este Código y disposiciones administrativas del Poder Judicial.

El artìculo 139 en su numeral 16 de la constitución polìtica peruana de 1993 establece que es principio y derecho de la funciòn jurisdiccional el principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para las personas de escasos recursos; y, para todos, en los casos que la ley señala.

El còdigo procesal civil peruano de 1993 regula a partir de su artìculo 179 el auxilio judicial. En este artìculo mencionado regula el titular del auxilio, en el artìculo 180 los requisitos del auxilio, en su artìculo 181 procedimiento, en su artìculo 182 efectos del auxilio, en el artìculo 183 regula el apoderado del auxiliado, el artìculo 184 el impedimento, recusaciòn y abstención del apoderado, el artìculo 185 regula las facultades del apoderado, el artìculo 186 la responsabilidad del apoderado y el artìculo 187 el fin del auxilio durante el proceso, a los cuales nos remitimos para un estudio mas profundo del tema materia de estudio.

17.13. PRINCIPIO DE VINCULACION

El principio procesal de vinculación se encuentra consagrado en el párrafo primero del artículo IX del título preliminar del Código Procesal Civil peruano de 1993, el cual establece que las normas procesales contenidas en este Código son de carácter imperativo, salvo regulación permisiva en contrario.

17.14. PRINCIPIO DE FORMALIDAD

El principio procesal de formalidad se encuentra consagrado en el párrafo segundo del artículo IX del título preliminar del Código Procesal Civil Peruano de 1993, el cual establece que las formalidades previstas en este código son imperativas. Sin embargo, el Juez adecuará su exigencia al logro de los fines del proceso. Cuando no se señale una formalidad específica para la realización de un acto procesal, éste se reputará válido cualquiera sea la empleada.

17.15. PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA

El principio procesal de doble instancia se encuentra consagrado en el artículo X del título preliminar del Código Procesal Civil Peruano de 1993, el cual establece que el proceso tiene dos instancias, salvo disposición legal distinta.

17.16. OTROS PRINCIPIOS PROCESALES

En el derecho procesal civil peruano existen consagrados otros principios procesales, dentro de los cuales podemos citar el principio de bilateralidad, adquisición procesal, publicidad, preclusión, entre otros.

17.17. CONCLUSION

Esta relación o breve estudio de los principios la hemos hecho para facilitar a los lectores los estudios de derecho comparado en este importante tema como es el materia de estudio, es decir, de los principios del derecho procesal civil.

Derecho Procesal Civil Peruano

18.1. INTRODUCCION

En el presente pretendemos brindar un alcance de los términos jurídicos principales del proceso civil, de tal forma que pueda servir a estudiantes de derecho y juristas para tener una idea clara de los elementos principales del derecho procesal civil peruano.

El presente se escribe con la finalidad de entregar un documento a los lectores que les permita conocer y/o dominar los conceptos elementales del proceso civil peruano sin dejar de lado las enseñanzas del derecho extranjero, por lo cual además de consultarse el derecho peruano se ha consultado derecho extranjero como el código procesal civil y comercial de la nación Argentina, ley de enjuiciamiento civil de España, entre otros.

Esta rama del derecho pùblico tiene mucha importancia en el derecho procesal ya que es la mas importante y desarrollada en consecuencia es necesario dejar constancia que si no se conoce y domina la misma no se conoce el derecho. La rama del derecho estudiada ha sido importante a travès de toda la historia, sin embargo, es claro que no existiò en el derecho romano lo cual se advierte en libros de dicha importante disciplina jurìdica.

El presente servirá para hacer derecho comparado, con el derecho procesal civil peruano actual, de lo cual dejamos constancia, a efecto de que los utilitaristas conozcan este tema, y puedan sacarle u obtener provecho, lo cual es muy importante para sus seguidores, es decir, nos referimos a los seguidores del utilitarismo.

18.2. DIVISION DEL DERECHO

El derecho es uno solo pero para efectos de estudio se divide en tres ramas del derecho que son las siguientes: derecho público, derecho privado y derecho social. El derecho pùblico se encuentra conformado por el derecho procesal, polìtico, constitucional, administrativo, penal, tributario, aduanero, consursal, registral, notarial, entre otras ramas del derecho pùblico. Por su parte el derecho privado se encuentra conformado por el derecho civil y el derecho comercial, dejando constancia que el derecho comercial se encuentra conformado por el derecho societario, cartular o cambiario, bursátil, bancario, marcario, industrial, de comercio internacional, marìtimo, aèreo y espacial, entre otras, y el derecho social se encuentra conformado por derecho familiar o derecho de familia y derecho de trabajo o laboral.

Esta es la principal división del derecho, por lo cual corresponde estudiar la misma en esta sede. Segùn esta divisiòn del derecho el derecho procesal se ubica en el derecho pùblico. Sin embargo, es claro que se relaciona con las otras ramas del derecho, como son el derecho privado y el derecho social.

Esta divisiòn del derecho es de vital importancia para determinar las características del derecho procesal civil, en este orden de ideas podemos determinar que las normas del derecho procesal civil son de orden pùblico, lo cual es necesario que sea conocido por parte de todos los abogados y estudiantes procesalistas.

18.3. DERECHO CODIFICADO Y DERECHO NO CODIFICADO

La otra división del derecho es la que advertimos a consecuencia de un trabajo anterior titulado codificación que es de mi autoría, publicado en la Revista Normas Legales, por la cual se divide el derecho en derecho codificado y derecho no codificado, por lo cual a continuación se desarrollará el derecho peruano en dos ramas que son derecho procesal codificado peruano y el derecho procesal no codificado peruano.

18.3.1. DERECHO CODIFICADO

El derecho codificado es el que se encuentra reunido o agrupado en los Códigos, por lo cual para este trabajo debemos revisar el Código Procesal Civil Peruano de 1993.

Todos los estados que pertenecen a la familia romano germánica cuentan con códigos procesales civiles a excepción de algunos estados como es el caso de España que no cuenta con código procesal civil sino con ley de enjuiciamiento civil que es del año 2000.

Sin embargo, en no todos los Estados existe derecho codificado, por ejemplo en Inglaterra no existen códigos y su derecho es mas casuístico que el nuestro.

18.3.2. DERECHO NO CODIFICADO

El derecho no codificado es el que no se encuentra reunido o agrupado en un código, que puede ser legislación no codificada, doctrina, costumbre jurídica, ejecutorias, jurisprudencia y realidad social, entre otras.

En el derecho procesal civil peruano es derecho no codificado principalmente el tuo de la ley orgánica del Poder Judicial.

18.4. CODIGOS PROCESALES PERUANOS

Los Códigos que han regulado el procedimiento civil peruano han sido tres que son el Código de Enjuiciamientos en materia Civil Peruano de 1852, Código de Procedimientos Civiles Peruano de 1912 y el Código Procesal Civil Peruano de 1993. El último de estos códigos se encuentra vigente en la actualidad.

18.5. UBICACIÓN DEL DERECHO PROCESAL

Habiendo determinado la división del derecho, corresponde en esta sede determinar la ubicación del derecho procesal, por lo cual sostenemos que el derecho procesal se ubica dentro del derecho público.

18.6. DERECHO PROCESAL CIVIL COMO PARTE O RAMA DEL DERECHO EMPRESARIAL

El derecho procesal civil se ubica en el derecho empresarial y es estudiado o aplicado dentro del derecho procesal empresarial, por lo cual es claro que cuando estudiamos derecho empresarial y corporativo debemos estudiar tambièn derecho procesal civil.

18.7. DEFINICION DE DERECHO PROCESAL

El derecho procesal es la rama del derecho público, empresarial y corporativo que regula y estudia la actividad ocurrida dentro de un proceso. Dentro del derecho positivo el derecho procesal es el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad procesal. Dentro del derecho procesal se estudian conceptos muy importantes como son la competencia, jurisdicción, excepciones, vìas procedimentales, acumulación, entre otros.

Hugo ALSINA precisa que el derecho procesal es el conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del estado para la aplicaciòn de las leyes de fondo y su estudio comprende la organización del Poder Judicial, la determinación de la competencia de los funcionarios que lo integran y la actuación del Juez y las partes en la substanciaciòn del proceso[4]

Por lo cual es necesario dejar constancia que esta ùltima definición es positivista porque sòlo hace reteferencia a conjunto de normas o a derecho positivo o a legislación o a normas jurìdicas.

18.8. RAMAS DEL DERECHO PROCESAL

El derecho procesal se divide en diversas ramas, por lo cual debemos precisar que las ramas del derecho procesal son las siguientes:

  • 1) Teoría General del Proceso.

  • 2) Derecho procesal civil.

  • 3) Derecho procesal penal.

  • 4) Derecho procesal laboral.

  • 5) Derecho procesal constitucional.

  • 6) Derecho procesal de familia.

  • 7) Derecho procesal administrativo.

  • 8) Derecho procesal registral.

  • 9) Derecho procesal tributario.

  • 10) Derecho procesal aduanero.

  • 11) Derecho procesal notarial.

  • 12) Derecho procesal eclesiástico.

  • 13) Derecho procesal militar.

  • 14) Derecho procesal disciplinario.

  • 15) Entre otras.

18.9. RAMA DEL DERECHO PROCESAL QUE DESARROLLAREMOS

La rama del derecho procesal que desarrollaremos en esta oportunidad será el derecho procesal civil. Sin embargo muchas definiciones serán de utilidad para otras ramas del derecho procesal.

18.10. DEFINICION DE DERECHO PROCESAL CIVIL

El derecho procesal civil es la rama del derecho público y del derecho procesal que regula y estudia los procedimientos civiles.

Para Hernando DEVIS ECHANDIA el derecho procesal civil puede definirse como la rama del derecho que estudia el conjunto de normas y principios que regulan la funciòn jurisdiccional del estado en todos los aspectos y que por tanto fijan el procedimiento que se ha de seguir para obtener ,la actuación del derecho positivo en los casos concretos y, que determinan las personas que deben someterse a la jurisdicción del Estado y los funcionarios encargados de ejercerla. La actuación del derecho positivo puede ocurrir en la soluciòn de un conflicto, en la investigación y sanciòn de un hecho ilícito, en su prevenciòn, en la defensa contra su posible repetición, en el cumplimiento de una formalidad o declaraciòn y en la satisfacción coactiva de un derecho[5]

18.11. FINES DEL PROCESO

Corresponde en esta sede determinar los fines del proceso a efecto de tener sòlidos conocimientos de la rama del derecho materia u objeto de estudio y asì poder conocer mejor el proceso civil. Los fines del proceso son dos: el fin concreto y el fin abstracto.

18.11.1. FIN CONCRETO

El fin concreto del proceso es poner fin a un conflicto de intereses o incertidumbre jurídica con relevancia jurídica.

18.11.2. FIN ABSTRACTO

El fin abstracto del proceso es alcanzar la paz social en justicia.

18.12. AUTONOMIA DEL DERECHO PROCESAL

El derecho procesal es autònomo porque tiene sus propias normas como son por ejemplo los còdigos procesales y la ley orgànica del Poder Judicial, entre otras. Ademàs es autònomo porque existe jurisprudencia procesal civil y porque existe càtedras dedicadas al estudio del derecho procesal civil, en consecuencia es claro que estamos ante una disciplina autònoma. Algunos consideran que el derecho procesal civil es una rama del derecho civil con lo cual no estamos de acuerdo por ello es que debemos recurrir a libros en los cuales se haya escrito sobre las tendencias actuales del derecho procesal civil.

18.13. INDEPENDENCIA DE LOS MAGISTRADOS

Por la independencia los Jueces sólo están sometidos a la constitución y las leyes, es decir, no están sometidos a los reglamentos.

18.14. FUENTES DEL DERECHO PROCESAL

En todo trabajo de investigación se debe conocer las fuentes del derecho que son los elementos o partes del derecho, por lo cual es claro que esta es la sede para estudiar y aprender cuales son las mismas. Las fuentes del derecho procesal son la siguientes: La constitución, Los tratados internacionales, La ley, La costumbre, La jurisprudencia, Las ejecutorias, La doctrina, La realidad social, principios generales del derecho, entre otras.

18.15. DEBIDO PROCESO

Debe tenerse en cuenta el debido proceso, el cual se encuentra definido como aquel dentro del cual las partes han tenido la oportunidad de ser oídas, aportar medios probatorios e interponer medios impugnatorios contra aquellos actos que consideren lesivos, todo lo cual debe hacerse respetando las estaciones procesales establecidas, así como dentro de los plazos previstos por la ley[6]

18.15.1. DEBIDO PROCESO FORMAL

Constituye parte del debido proceso formal, el derecho al Juez natural, a la defensa dentro del proceso, a la doble instancia, a presentar medios probatorios y que éstos sean admitidos, actuados y valorados, a ejecutar una sentencia con carácter de cosa juzgada y en general a que se respete se cumplan con las normas procesales y cualquier acto que vulnere el derecho al debido proceso y cuyo agravio resulte trascendente, conllevará a la nulidad de los demás actos procesales que del vicio deriven[7]

18.16. FAMILIAS JURIDICAS PROCESALES CONTEMPORANEAS

18.16.1. CIVIL LAW

La familia jurìdica del civil law es la romano germànica en la cual prima el derecho codificado en lugar del jurisprudencial. El derecho procesal civil peruano pertenece a esta familia jurìdica, es decir, el derecho procesal civil peruano pertenece a la familia jurìdica del civil law, Tambièn forman parte del civil law, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Venezuela, Colombia. España, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, entre otros estados.

18.16.2. COMMON LAW

La familia jurìdca del common law es la familia jurìdica en la cual prima el derecho jurisprudencial en lugar del derecho codificado. El derecho procesal civil peruano no pertenece a esta familia jurìdica, Es decir, el derecho procesal civil peruano no pertenece a esta familia jurìdica. Pertenecen a esta familia jurìdica el derecho inglès y el estadounidense, principalmente. En todo caso hasta donde alcanza nuestro conocimiento las cortes supremas son totalmente distintas en el último de los mencionados respecto de la República de Perú.

18.17. ACCION

La acción es el pedido de tutela jurisdiccional efectiva que se hace al Estado con la demanda.

18.18. PRETENSION

La pretensión es la que se dirige contra el demandado o contra el demandante cuando existe reconvención, dentro de un proceso.

18.19. DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA

El artículo I del título preliminar del código procesal civil peruano de 1993 establece que toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso.

18.19.1. DERECHO DE ACCION

Es el derecho que la ley concede al demandante a interponer la demanda o la contra demanda.

18.19.2. DERECHO DE CONTRADICCION

Es el derecho que la ley concede al demandado a hacer uso del derecho de defensa.

18.20. MEDIOS DE DEFENSA

18.20.1. DEFENSA DE FORMA

Son medios de defensa de forma las excepciones y las defensas previas, al igual que las tachas y oposiciones.

18.20.2. DEFENSA DE FONDO

Es un medio de defensa de fondo la contestación a la demanda. Al igual que es otro medio de defensa de fondo la contrademanda y la reconvenciòn, es decir, si bien es cierto que son dos instituciones jurìdicos procesales parecidas no son iguales.

18.21. REPRESENTACION PROCESAL

Para los poderes rige el principio de literalidad.

18.21.1. TIPOS DE PODERES

18.21.1.1. ESPECIAL

El poder especial es el poder otorgado para un acto en especial.

18.21.1.2. GENERAL

El poder general es otorgado para actos para los cuales no se requiere poder especial.

18.21.1.3. PODER IRREVOCABLE

El poder irrevocable es el poder que no puede ser revocado.

18.21.1.4. PODER REVOCABLE

El poder revocable es el poder que puede ser revocado.

18.21.1.5. PODER INSCRITO

El poder inscrito es el poder que corre inscrito en el Registro de Mandatos y Poderes a cargo de las zonas registrales.

Sólo puede inscribirse en el registro público el poder por escritura pública.

18.21.1.6. PODER NO INSCRITO

El poder inscrito es el poder que no corre inscrito en el Registro de Mandatos y Poderes.

18.21.1.7. PODER INSCRIBIBLE

El poder inscribible es el poder que puede ser inscrito en el Registro de Mandatos de Poderes.

Se consideran como poderes inscribibles los poderes otorgados por escritura pública.

18.21.1.8. PODER NO INSCRIBIBLE

El poder no inscribible es el poder que no puede ser inscrito en el Registro de Mandatos y Poderes.

Son poderes no inscribibles el poder por acta y la carta poder.

18.21.2. CLASE DE PODERES

18.21.2.1. PODER POR ACTA

El poder por acta es el otorgado ante el Juez de la causa.

18.21.2.2. PODER POR ESCRITURA PUBLICA

El poder por escritura pública es el otorgado ante notario público en el protocolo notarial.

18.21.2.3. PODER FUERA DE REGISTRO

El poder fuera de registro es el otorgado ante notario público que no corre en el protocolo notarial.

18.21.2.4. PODER OTORGADO POR PROCURADOR

Los poderes otorgados por procurador público pueden ser otorgados en los escritos que presentan ante el Juzgado.

18.21.2.5. CARTA PODER

Es carta poder el otorgado en una carta.

18.22. MANDATO

Es un contrato por el cual se encarga determinada labor a otra persona, y se diferencia del poder porque en el poder no existe responsabilidad en caso de incumplimiento y en el mandato si existe responsabilidad en caso de incumplimiento del encargo.

18.23. DEMANDA

Es el acto jurídico procesal a través del cual se ejerce el derecho de acción y se dirige la pretensión en contra del demandado.

18.24. RELACION JURIDICA SUSTANTIVA

Es la relación entre deudor y acreedor establecida por el derecho positivo. La relación jurídica sustantiva existe entre las partes sustanciales.

18.25. RELACION JURIDICA PROCESAL

Es la relación existente en el proceso entre demandante y demandado. La relación jurídica procesal existe entre las partes procesales.

18.26. ACUMULACION

Existe acumulación cuando en un mismo proceso existen varias pretensiones y/o varias personas como demandantes y/o demandados.

18.26.1. ACUMULACION OBJETIVA

La acumulación objetiva ocurre cuando en un mismo proceso se acumulan o tramitan varias pretensiones.

18.26.1.1. ACUMULACION OBJETIVA ORIGINARIA

La acumulación objetiva originaria ocurre cuando en una demanda se plantean dos o mas pretensiones. Es decir, ocurre cuando desde el comienzo del proceso existe acumulación de pretensiones.

18.26.1.1.1. ACUMULACION OBJETIVA ORIGINARIA SUBORDINADA

El primer párrafo del artículo 87 del Código Procesal Civil Peruano de 1993 establece que la acumulación es subordinada cuando la pretensión queda sujeta a la eventualidad de que la propuesta como principal sea desestimada.

18.26.1.1.2. ACUMULACION OBJETIVA ORIGINARIA ALTERNATIVA

El primer párrafo del artículo 87 del Código Procesal Civil peruano de 1993 establece que la acumulación es alternativa cuando el demandado elige cuál de las pretensiones va a cumplir.

Si el demandado no elige la pretensión alternativa a ejecutarse, lo hará el demandante.

18.26.1.1.3. ACUMULACION OBJETIVA ORIGINARIA ACCESORIA

El primer párrafo del artículo 87 del Código Procesal Civil peruano de 1993 establece que la acumulación es accesoria cuando habiendo varias pretensiones, al declararse fundada la principal, se amparan también las demás.

Si no se demandan pretensiones accesorias, sólo pueden acumularse éstas hasta el día de la audiencia de conciliación. Cuando la accesoriedad está expresamente prevista por la ley, se consideran tácitamente integradas a la demanda.

18.26.1.2.ACUMULACION OBJETIVA SUCESIVA

La acumulación objetiva sucesiva ocurre cuando en un proceso posteriormente a la interposición de la demanda se plantean o interponen mas pretensiones.

18.26.2. ACUMULACION SUBJETIVA

La acumulación subjetiva ocurre cuando en un mismo proceso concurren dos o mas personas como demandantes y/o demandados. A esta clase de acumulación se le conoce como litisconsorcio.

18.26.2.1. ACUMULACION SUBJETIVA ORIGINARIA

La acumulación subjetiva originaria ocurre cuando en un mismo proceso concurren dos o mas personas como demandantes en la demanda.

18.26.2.2. ACUMULACION SUBJETIVA SUCESIVA

La acumulación subjetiva sucesiva ocurre cuando en mismo proceso concurren dos o mas personas como demandantes o demandados con posterioridad a la interposición de la demanda, es decir, puede ser con la contestación a la demanda o cuando interviene un tercero.

18.27. SANEMIENTO PROCESAL

Saneado el proceso precluye toda petición referida a cuestionar la validez de la relación jurídica procesal.

18.28. RELACIONES DEL DERECHO PROCESAL CIVIL

18.28.1. CON EL DERECHO CIVIL

El derecho procesal civil se relaciona con el derecho civil por que para la tramitación de algunos procesos es necesario aplicar el Código Civil Peruano de 1984. El cual es el tercer código civil peruano, porque además de éste existieron el Código Civil peruano de 1852 y el Código Civil peruano de 1936.

18.28.2. CON EL DERECHO CARTULAR O CAMBIARIO

El derecho procesal civil se relaciona con el derecho cartular o cambiario porque para la tramitación de los cobros ejecutivos amparados en títulos valores es necesario aplicar la ley de títulos valores. La cual es la segunda ley de títulos valores peruana, porque la primera fue la ley 16587 de 1967.

18.28.3. CON EL DERECHO SOCIETARIO

El derecho procesal civil se relaciona con el derecho societario porque para la tramitación de algunos procesos es necesario tener en cuenta la ley general de sociedades. La cual existe desde 1997, y antes existió el Decreto Supremo 003-85-JUS, y antes la ley de sociedades mercantiles y antes el Código de Comercio Peruano de 1902 reguló las sociedades en el Perú. Pero es importante dejar constancia que el Código Civil peruano de 1936 reguló las sociedades civiles, materia que no es regulada por el código civil peruano de 1984.

18.28.4. CON EL DERECHO PENAL

El derecho procesal civil se relaciona con el derecho penal porque para la tramitación de los delitos cometidos por particulares que se niegan a acatar los mandatos judiciales es necesario tener en cuenta el código penal peruano de 1991. Al igual que también es necesario tener en cuenta el mismo para los supuestos de delitos cometidos por magistrados como el delito de prevaricato.

18.28.5. CON EL DERECHO CONCURSAL

El derecho procesal civil se relaciona con el derecho concursal, conocido antes como derecho de quiebras, por que para la tramitación de algunos procesos es necesario tener en cuenta la ley general del sistema concursal. La cual tiene como antecedentes legislativos a la ley de restructuración patrimonial, antes existió la ley de reestructuración patrimonial y antes la ley de quiebras, la cual tuvo como antecedente legislativo el Código de Comercio Peruano de 1902.

18.28.6. CON EL DERECHO CONSTITUCIONAL

El derecho procesal civil se relaciona con el derecho constitucional porque para la tramitación de los procesos es necesario tener en cuenta la Constitución Política peruana de 1993. El artículo 139 de la misma establece los principios y derechos de la función jurisdiccional. Esta constitución es muy criticada y tiene como antecedente legislativo nacional inmediato la Constitución Política peruana de 1979.

18.28.7. CON EL DERECHO NOTARIAL

El derecho procesal civil se relaciona con el derecho notarial porque para la tramitación de algunos procesos es necesario tener en cuenta la ley del notariado peruana de 1992, por ejemplo cuando se protocolizan los expedientes ante notario público.

18.28.8. CON EL DERECHO ELECTORAL

El derecho procesal civil se relaciona con el derecho electoral.

18.28.9. CON EL DERECHO MUNICIPAL

El derecho procesal civil se relaciona con el derecho municipal porque para la tramitación de algunos procesos es necesario tener en cuenta la ley de municipalidades.

18.28.10. CON EL DERECHO BANCARIO

El derecho procesal civil se relaciona con el derecho bancario porque para la tramitación de algunos procesos es necesario tener en cuenta la ley de bancos.

18.28.11. CON EL DERECHO REGISTRAL

El derecho procesal civil se relaciona con el derecho registral porque para la tramitación de algunos procesos es necesario tener en cuenta las normas que regulan el derecho registral. Por ejemplo para la registración de algunos actos como medidas cautelares y sentencias es necesario tener en cuenta el derecho registral, dentro de las cuales destaca el reglamento general de los registros públicos, el reglamento de las inscripciones, el reglamento del registro de sociedades, entre otros.

18.28.12. CON EL DERECHO COOPERATIVO

El derecho procesal civil se relaciona con el derecho cooperativo porque para la tramitación de algunos procesos es necesario tener en cuenta la ley de cooperativas.

18.28.13. CON EL DERECHO AGRARIO

El derecho procesal civil se relaciona con el derecho agrario porque para la tramitación de algunos procesos es necesario aplicar algunas normas de derecho agrario.

18.28.14. CON EL DERECHO URBANISTICO

El derecho procesal civil se relaciona con el derecho urbanístico por que para la tramitación de algunos procesos es necesario tener en cuenta el reglamento nacional de construcciones y las normas sobre habilitaciones urbanas, entre otras.

18.28.15. CON EL DERECHO COMERCIAL

El derecho procesal civil se relaciona con el derecho comercial porque para la tramitación de algunos procesos es necesario estudiar y aplicar la ley general de sociedades, la ley de títulos valores, la ley de bancos, la ley del mercado de valores, el Código de Comercio, la ley de la empresa individual de responsabilidad limitada, entre otras.

18.28.16. CON EL DERECHO DE SEGUROS Y REASEGUROS

El derecho procesal civil se relaciona con el derecho de seguros y reaseguros porque para la tramitación de algunos procesos es necesario el estudio de normas de seguros y reaseguros, entre otras fuentes del derecho.

18.28.17. CON EL DERECHO BURSATIL

El derecho procesal civil se relaciona con el derecho bursátil porque para la tramitación de algunos procesos es necesario tener en cuenta la ley del mercado de valores.

18.28.18. CON EL DERECHO AERONAUTICO Y ESPACIAL

El derecho procesal civil se relaciona con el derecho aeronáutico y espacial porque para la tramitación de algunos procesos es necesario tener en cuenta la ley de aeronáutica civil.

18.28.19. CON EL DERECHO TRIBUTARIO

El derecho procesal civil se relaciona con el derecho tributario porque para la tramitación de algunos procesos es necesario tener en cuenta las normas tributarias, dentro de las cuales destaca el Código Tributario.

18.28.20. CON EL DERECHO ADUANERO

El derecho procesal civil se relaciona con el derecho aduanero porque para la tramitación de algunos procesos es necesario tener en cuenta las normas aduaneras.

18.28.21. CON EL DERECHO MARITIMO

El derecho procesal civil se relaciona con el derecho marítimo porque para la tramitación de algunos procesos es necesario tener en cuenta el derecho marítimo.

18.28.22. CON EL ADMINISTRATIVO

El derecho procesal civil se relaciona con el derecho administrativo porque para la tramitación de algunos procesos es necesario tener en cuenta la ley del proceso contencioso administrativo y la ley del procedimiento administrativo general.

18.28.23. CON EL DERECHO ECLESIASTICO

El derecho procesal civil se relaciona con el derecho canónico porque para la tramitación de algunos procesos es necesario tener en cuenta el Código de derecho canónico.

18.28.24. CON EL DERECHO FINANCIERO

El derecho procesal civil se relaciona con el derecho financiero porque para la tramitación de los procesos contenciosos administrativos iniciados ante la SUNAT es necesario tener en cuenta el còdigo procesal civil.

18.29. AUTONOMIA DEL DERECHO PROCESAL CIVIL

El derecho procesal civil es autónomo por que cuenta con sus propios principios a los cuales se denomina principios procesales. Se considera autónomo porque en las universidades existen cátedras dedicadas al estudio del derecho procesal civil. También se considera autónomo por que tiene sus propias normas, entre las cuales destaca el Código Procesal Civil Peruano de 1993. También porque existe jurisprudencia procesal civil.

18.30. CONDICIONES DE LA ACCION

Las condiciones de la acción permiten un pronunciamiento válido sobre la cuestión de fondo y son las siguientes: voluntad de la ley, legitimidad para obrar e interés para obrar.

18.30.1. VOLUNTAD DE LA LEY

La voluntad de la acción por la cual toda pretensión jurídica debe tener una norma de derecho positivo que la respalde o autorice.

Por ejemplo la reivindicación se encuentra permitida o facultada por el artículo 923 del Código Civil Peruano de 1984.

Otro ejemplo es que existen pretensiones jurídicas establecidas en la ley general de sociedades (tales como impugnación de acuerdos, oposición al acuerdo, nulidad de acuerdos, entre otras), ley del mercado de valores, ley de títulos valores, código civil (impugnación de acuerdos, nulidad de acto jurídico, anulabilidad de acto jurídico, resolución de contrato, rescisión de contrato, nulidad de testamento, entre otras), código procesal civil (tercería de propiedad, tercería de pago, proceso de responsabilidad de jueces, rectificación de áreas y linderos, deslinde, amojonamiento, entre otras), constitución (acción de amparo, acción de hábeas data, acción de inconstitucionalidad, acción de hábeas corpus, acción de cumplimiento, entre otras), ley del proceso contencioso administrativo (el proceso contencioso administrativo), entre otros cuerpos normativos.

Si no existe una norma derecho positivo que autorice o faculte a interponer determinada demanda la misma deviene en improcedente por carecer de asidero legal.

No todos los tratadistas aceptan que la voluntad de la ley sea una condición de la acción.

18.30.2. LEGITIMIDAD PARA OBRAR

La legitimidad para obrar es una condición de la acción por la cual debe existir identidad entre la relación jurídica procesal y la relación jurídica sustantiva.

Por ejemplo si según el artículo 923 del Código Civil Peruano de 1984 el propietario es quien puede interponer demanda de reivindicación, el arrendatario no puede interponer esta pretensión jurídica.

Es la aptitud para ser parte en el proceso materia de aplicación o de estudio.

Puede una misma persona tener capacidad procesal, pero no tener legitimidad para obrar.

Los tratadistas aceptan pacíficamente que la legitimidad para obrar es una condición de la acción.

18.30.3. INTERES PARA OBRAR

El interés para obrar es una condición de la acción por la cual el accionante o demandante debe haber agotado todas las vías extrajudiciales antes de iniciar el proceso, es decir, haber agotado todo como llamadas telefónicas, cartas notariales, protesto y como su derecho no ha sido satisfecho no tiene otra salida que recurrir al órgano jurisdiccional.

Los tratadistas aceptan pacíficamente que el interés para obrar es una condición de la acción.

18.31. PRESUPUESTOS PROCESALES

Los presupuestos presupuestos procesales permiten la existencia de una relación jurídica procesal válida, y son los siguientes: competencia, capacidad procesal y requisitos de demanda.

Para algunos autores existen además otros presupuestos procesales. Sin embargo, se trata de doctrina extranjera y no nacional, lo que debe motivar estudios de derecho comparado.

18.31.1. COMPETENCIA[8]

La competencia es cuando un caso justiciable se encomienda a un Juez para que resuelva un proceso judicial y tiene como elementos la territorialidad, la materia, el turno, el grado y cuantía.

18.31.2. CAPACIDAD PROCESAL

Es la facultad para ser parte en cualquier proceso.

18.31.3. REQUISITOS DE LA DEMANDA

Se encuentran establecidos en el artículo 424 del Código Procesal Civil Peruano de 1993.

18.32. CALIFICACION DE LA DEMANDA

La calificación de la demanda es realizada por el Juez y es de dos clases: calificación positiva y calificación negativa.

18.32.1. CALIFICACION POSITIVA

La calificación positiva es cuando el Juez resuelve tener por admitida la demanda y dispone su tramitación con arreglo a ley.

18.32.2. CALIFICACION NEGATIVA

La calificación negativa es cuando el Juez resuelve que la demanda está incursa en alguna causal de inadmisibilidad o improcedencia.

18.33. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA

Los supuestos de improcedencia de la demanda se encuentran establecidos en el artículo 447 del código procesal civil peruano de 1993.

18.34. INADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA

Los supuestos de inadmisibilidad de la demanda se encuentran establecidos en el artículo 446 del código procesal civil peruano de 1993.

18.35. CONTRO DIFUSO

El control difuso se encuentra a cargo de todos los jueces, por el cual en cualquier proceso están obligados a preferir la norma constitucional frente a una norma con rango de ley.

En tal sentido este control se encuentra a cargo de todos los jueces y no a cargo de una sola persona o autoridad.

Este proceso tiene efectos sólo para las partes que han participado en el mismo y no para otras partes.

Por lo cual si en un proceso se ha aplicado el control difuso por parte de un Juez, nada impide que en otro proceso se aplique nuevamente el control difuso, por que por cada aplicación se genera un nuevo proceso.

Sus efectos no son derogatorios de la norma de la cual se resuelve su inaplicación al caso concreto.

18.36. CONTROL CONCENTRADO

El control concentrado se encuentra a cargo del Tribunal Constitucional, que consiste en declarar la inconstitucionalidad de una ley o con rango de ley.

A este proceso se le conoce como proceso de inconstitucionalidad o acción de insconstitucionalidad, es de competencia exclusiva del Tribunal Constitucional y tiene una sola instancia.

En este tema se debe tener en cuenta el artículo 200 de la Constitución Política Peruana de 1993.

18.37. ABANDONO

Ocurre cuando el proceso se encuentra sin impulsarlo por cuatro meses en primera instancia, por lo cual no existe abandono en segunda instancia ni en el recurso de casación.

18.38. DESISTIMIENTO

El desistimiento es de tres clases que son los siguientes: de un acto procesal, del proceso y de la pretensión jurídica.

18.38.1. DESISTIMIENTO DE UN ACTO PROCESAL

Por ejemplo de un medio probatorio.

18.38.2. DESISTIMIENTO DEL PROCESO

Cuando existe desistimiento del proceso, el mismo puede volver a ser iniciado.

18.38.3. DESISTIMIENTO DE LA PRETENSION

Cuando existe desistimiento de la pretensión, el proceso no puede volver a ser iniciado.

18.39. EFECTOS DEL PROCESO

18.39.1. INTER PARTES

Por regla general los procesos civiles tienen efectos Inter partes.

18.39.2. ERGA OMNES

Por excepción los procesos civiles tienen efectos erga omnes, pero esto sólo en los casos establecidos en la ley, y en forma muy excepcional, por que la doctrina no es uniforme sobre este importante tema.

Otros procesos si tienen efectos erga omnes como los procesos de registración en el sistema nacional de los registros públicos, el proceso de inconstitucionalidad y el de gestación de normas.

En tal sentido con la registración un proceso civil adquiere efectos erga omnes, por lo cual, los registradores deben ser celosos guardianes de la publicidad registral.

18.40. MEDIOS IMPUGNATORIOS

Los medios impugnatorios son mecanismos para cuestionar los actos procesales del Juez.

18.41. RESOLUCIONES JUDICIALES

18.41.1. DEFINICION

Las resoluciones judiciales son actos procesales a través de los cuales se decide al interior del proceso o se pone fin a éste, conforme se advierte de la lectura del artículo 120 del Código Procesal Civil Peruano de 1993.

18.41.2. CLASES

18.41.2.1. DECRETOS

Los decretos son resoluciones de mérito trámite.

El primer párrafo del artículo 121 del Código Procesal Civil peruano de 1993 establece que mediante los decretos se impulsa el desarrollo del proceso disponiendo actos procesales de simple trámite.

18.41.2.2. AUTOS

El segundo párrafo del artículo 121 del Código Procesal Civil peruano de 1993 establece que mediante los autos el Juez resuelve la admisibilidad o el rechazo de la demanda o de la reconvención, el saneamiento, interrupción, conclusión y las formas de conclusión especial del proceso; el concesorio o denegatorio de los medios impugnatorios, la admisión, improcedencia o modificación de medidas cautelares y las demás decisiones que requieren motivación para su pronunciamiento.

18.41.2.3. SENTENCIAS

Las sentencias son resoluciones por las cuales se pone fin al proceso o la instancia y pueden ser inhibitorias o de mérito.

El tercer párrafo del artículo 121 del Código Procesal Civil peruano de 1993 establece que mediante la sentencia el Juez pone fin a la instancia o al proceso en definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión controvertida declarando el derecho de las partes, o excepcionalmente sobre la validez de la relación procesal.

Además de las sentencias judiciales existen otras sentencias las cuales son expedidas por el Tribunal Constitucional.

Por regla general todas las sentencias deben ser de mérito y por excepción son inhibitorias.

18.41.2.3.1. SENTENCIAS INHIBITORIAS

Las sentencias inhibitorias son las que no se pronuncian sobre el fondo del asunto, es decir, son las que declaran improcedente o inadmisible la demanda.

18.41.2.3.2. SENTENCIAS DE MERITO

Las sentencias de mérito son las que se pronuncian sobre el fondo del asunto, es decir, son las que declaran fundada o infundada la demanda.

18.42. PROCESO MONITORIO

En el derecho peruano el proceso monitorio no se encuentra establecido ni regulado.

Es necesario modificar el código procesal civil para que se introduzca en el derecho procesal civil peruano el proceso monitorio.

18.43. ORGANOS JURISDICCIONALES QUE TRAMITAN PROCEDIMIENTOS CIVILES

Son los siguientes: juzgados de paz no letrados, juzgados de paz letrados, juzgados civiles, juzgados mixtos, salas civiles, salas mixtas, sala civil de la corte suprema, y sala civil transitoria de la corte suprema, sin embargo para otros debe incluirse además al tribunal constitucional.

18.44. EXCEPCIONES PROCESALES

En el derecho procesal civil peruano las excepciones procesales son las siguientes: incompetencia, incapacidad del demandante o de su representante, representacion defectuosa o insuficiente del demandante o del demandado, oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, falta de agotamiento de la vía administrativa, falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado, litispendencia, cosa juzgada, desistimiento de la pretensión, conclusión del proceso por conciliación o transacción, caducidad, prescripción extintiva, y convenio arbitral.

18.45. ETAPAS DEL PROCESO

Son las siguientes: postulatoria, probatoria, decisoria, impugnatoria y ejecutoria.

18.46. AUDIENCIAS

Las más conocidas son: audiencia de saneamiento, audiencia de conciliación y audiencia de pruebas

18.47. CONCLUSIONES

En el derecho procesal civil peruano no se encuentra establecido ni regulado el proceso monitorio.

18.48. SUGERENCIAS

Es necesario modificar el código procesal civil para que se introduzca en el derecho procesal civil peruano el proceso monitorio.

Datos del Autor

Cursó sus estudios en la ciudad de Arequipa. Los primarios, en el Colegio Pre Seminario Santa María, obteniendo diplomas por ocupar primeros puestos en tercer, cuarto y quinto grado. Los secundarios, en el Colegio San Jerónimo hasta tercer año, obteniendo diploma por ocupar segundo puesto en el primer año; culminando estos últimos en el Colegio Peruano Británico Lord Byron. Posteriormente estudió Derecho y se tituló de Abogado en la Universidad Católica de Santa Maria (Arequipa), Estudios parciales de Maestría en Derecho Empresarial en la Universidad Católica de Santa María (Arequipa). Maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima). Ex Juez Mixto Titular Decano. Consejero de la Revista Electrónica Derecho y Cambio Social, Miembro de la Federación Internacional de Abogados Iberoamericanos. Ex Registrador Público Titular de la Oficina Registral Regional Los Libertadores Wari, en las Sedes Registrales de Ica, Pisco, Huanta, Huancavelica y Nasca. Ex Jefe Titular de la Oficina Registral de Huancavelica, Pisco, Nasca, Huanta e Ica, Ex Registrador Pùblico Titular Decano de Huancavelica. Ex Presidente de la Comisión de Transferencia del Registro de Propiedad Vehicular de la Sub Dirección Regional de Transportes Comunicaciones Vivienda y Construcción al Sistema Nacional de los Registros Públicos. Ex Miembro de la Comisión Especial de Transferencia del Registro de Vehículos Menores de la Dirección Regional de Transportes Comunicaciones Vivienda y Construcción a la Oficina Registral Regional Los Libertadores Wari. Ex Representante del Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Justicia en los procesos en los que era parte la Oficina Registral Regional Los Libertadores Wari en el Distrito Judicial de Huancavelica. Ex Apoderado de la Oficina Registral Regional Los Libertadores Wari. Invitado en varias oportunidades para formar parte del Comité Consultivo de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica. Además, realizó estudios de contabilidad, administración, economía, marketing y reingeniería. Post grado en Derecho Administrativo, Laboral, Contratos Modernos, Derecho Procesal, Derecho Comercial y Derecho Civil, Despacho Judicial, Derecho Procesal Civil. Diplomado en Función Jurisdiccional, Derecho Registral y Notarial, Negociación, Arbitraje, Pedagogía Universitaria y Conciliación Extrajudicial. Arbitro de Derecho y Conciliador Extrajudicial. Egresado del V Programa de Formación de Aspirantes a Magistrados de la Academia de la Magistratura. Segundo Puesto como Expositor en el Taller de Investigación Jurídica organizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la categoría maestristas. Expositor en importantes eventos académicos en el Perú (expositor en registros pùblicos de diferentes departamentos del Perù, Ministerio Público presentando el libro del Fiscal Superior Decano de Huancavelica, en Municipalidades, en el Colegio de Ingenieros del Perù y panelista en el Centro Peruano de Estudios Sociales) y en el extranjero (expositor en el Comitè Latinoamericano de Consulta Registral). Organizador de eventos acadèmicos en registros pùblicos. Ha cursado diferentes estudios en varios departamentos del Perù y en el extranjero. Es autor de abundantes artículos jurídicos publicados en distintos medios, tales como, en revistas jurídicas nacionales y del extranjero, así como en diarios locales y nacionales; así: Físicos.- Revista Jurídica del Perú, Análisis Jurídico, Revista Peruana de Jurisprudencia, Suplemento Hechos y Derechos de la Editora Normas Legales, Suplemento Legal Express de la Editorial Gaceta Jurídica, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario de España, Revista Temas de Derecho Registral de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, Revista Juris & Marcs, Revista de Derecho y Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, Revista Ofired de la Oficina Registral Regional Los Libertadores Wari, Diàlogo con la jurisprudencia, Diario Oficial El Peruano, Diarios Voces, Ahora y Ecos de San Martín y Visión Regional de Huancavelica; y Virtuales.- Derecho y Cambio Social, Elnotariado.com, Hechos de la Justicia, Revista Astrolabio, Revista Juris- Ciencias, Ilustrados.com, Faqmania.com, Elprisma.com, Monografias.com, Pàgina web del cadri (curso anual de derecho registral iberoamericano), Revista electrònica de derecho comercial, wikipedia, elangelo.com, depaginas.com.ar, educativos, newsletter de monografías.com, abcmanuales.com, apuntesjuridicos.com, entre otros. Con artículos aprobados a ser publicados en la Enciclopedia Jurídica Omeba, tales como: Responsabilidad Precontractual y Codificación. Así también, autor de los siguientes libros: Derecho Empresarial, Garantías, Derecho Comparado y Sistemas Jurídicos, La Enseñanza del Derecho, Introducción al Derecho y Latín Jurídico, Estudios sobre la Nueva Ley de Garantía Mobiliaria Ley 28677 (obra colectiva), Las Garantías en el Derecho Civil Peruano: A propósito de la Ley de la Garantía Mobiliaria N° 28677, Diccionario Enciclopédico de Derecho Registral y Notarial (en prensa), Tratado de Derecho Registral (en prensa), Garantías Mobiliarias (obra colectiva, en prensa), Tratado de Derecho Empresarial (por publicar), Doctrina de Derecho Contemporáneo (por publicar), Personas Jurídicas (por publicar), Derecho Procesal Civil (por publicar), Derecho Civil (por publicar), Derecho Comparado (por publicar), Ejecutorias Comentadas (por publicar) y Calificación Registral de Documentos Judiciales (por publicar). Cuenta con mas de 370 publicaciones.

 

 

 

Autor:

Fernando Jesús Torres Manrique

[1] En wikpedia http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal se precisa sobre el derecho procesal lo siguiente: "Conceptos básicos El derecho procesal se estructura en torno a tres conceptos básicos: la jurisdicción, la acción y el proceso. La jurisdicción es la función que tienen los tribunales de justicia de conocer, sentenciar y ejecutar lo sentenciado en los conflictos que sean sometidos a su decisión. La acción es el medio por el cual una persona insta a la jurisdicción que se pronuncie sobre un asunto y otorgue efectiva y justa tutela jurisdiccional. La acción compete al derecho que tiene el ciudadano de pedir tutela jurídica ante el Estado. El proceso es el conjunto de actuaciones judiciales que tienen como objeto la efectiva y justa realización del derecho material. Fuentes del derecho procesal Dentro de las fuentes del derecho procesal encontramos: De producción: éstas pueden ser naturales, que son las que originan preceptos legales y las positivas que informan el ordenamiento legal. A su vez pueden ser directos, que son las que encierran en sí misma la norma jurídica como la ley, la costumbre, la jurisprudencia, y los principios generales del derecho. Y las indirectas que no encierran norma jurídica pero sí la originan; esto puede ser el derecho histórico y el derecho de extranjería. De conocimiento: Son las que concretan las de producción son la ley, la jurisprudencia, los principios generales del derecho procesal y la doctrina. Características El derecho procesal se considera una rama de derecho público, formal, instrumental y autónoma. De derecho público: pues regula la organización y competencia de los tribunales, regulando un órgano del estado. Formal: pues regula la forma de la actividad jurisdiccional del Estado; es decir, cumplimiento de ciertos requisitos o formalidades para que sea procedente una cualquiera actuación judicial. Todo esto constituye el Debido Proceso Instrumental: el derecho procesal no es un fin en sí mismo, sino que sirve como medio o instrumento para hacer valer el derecho sustantivo. Permite satisfacer las pretensiones procesales. Autónoma: pues no está subordinado a ninguna área del Derecho (civil, mercantil, etc.). La única excepción podría ser el Derecho constitucional. Consiste en el deslinde del derecho procesal con respecto al sustantivo. Ramas del derecho procesal Existen varias ramas distintas del derecho procesal. Sin embargo, existen dos divisiones importantísimas: Por los procesos a los cuales se aplica: Derecho procesal civil. Derecho procesal penal. Derecho procesal administrativo. Derecho procesal laboral. Derecho procesal constitucional. En los últimos tiempos la importancia del derecho mercantil y del derecho de empresa, y la autonomía que han tomado los procesos en los que se aplica este tipo de derecho (en particular el Concurso de acreedores o la Quiebra) ha hecho que comience a postularse la existencia de un auténtico derecho procesal Mercantil o derecho procesal Concursal. Por el objeto de la disciplina: Derecho procesal orgánico: esta rama estudia la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, y el estatuto de quienes conforman éstos. Derecho procesal funcional: esta rama estudia los procedimientos y las actuaciones que integran éstos. Derecho procesal orgánico (estática procesal) Se refiere a los órganos que componen la administración de justicia, su relación entre sí y con los órganos de gobierno. El derecho procesal dícese de la rama que tiene como objetivo ver los procesos jurídicos tanto así como iguales en sí mismos. Derecho procesal funcional (dinámica procesal) Se refiere a la forma en cómo las partes y los organismos impartidores de justicia funcionan, los procedimientos a realizarse en los juicios y los recursos o acciones establecidas para ello. Esto es, la conducta que deben observar tanto las partes como el órgano (poder jurisdiccional) en la tramitación de los asuntos sometidos al conocimiento y decisión de éstos. Las normas del derecho procesal funcional en cuanto a su naturaleza son de orden público, de ius cogens, y en cuanto tales deben ser aplicadas forzosamente. Ahora bien, esto no debe confundirse con el carácter de las normas aplicables al fondo del asunto que se está juzgando - que pueden ser normas de derecho dispositivo o imperativo -. Si el objeto del proceso está regido por normas de carácter dispositivo, esto se puede manifestar en una serie de instituciones o figuras procesales, en las que las partes ponen fin al proceso (o lo evitan) por ejercer precisamente su poder de disposición sobre el objeto del mismo. Se trata de: Excepcionalmente son normas de índole privado lo que acontece con ciertos derechos que las partes pueden ejercer: Desistimiento de la demanda: la parte demandante decide no continuar con la demanda, renunciando a seguir litigando sobre el asunto en el mismo y, eventualmente, en otro procedimiento. Renuncia: La parte demandada decide renunciar a su acción, antes de intentarla. Allanamiento: la parte demandada decide avenirse a las pretensiones del demandante declarándolo así personalmente o por su representante legal o procesal (procurador) con poderes suficientes para ello, si no existen otras partes demandadas y no se lesionan los intereses públicos o de terceros el Juez pone fin al proceso dictando sentencia de conformidad con las pretensiones del actor y condenando al pago de las costas si existió un requerimiento fehaciente previo a la demanda. Transacción: forma de evitar o poner término a un proceso judicial. Avenimiento: forma de poner término al juicio por acuerdo de las partes, sin la intervención del Juez, como en el caso de la conciliación. Conciliación: forma de poner término al juicio, por acuerdo de las partes, dentro de un proceso judicial. En esta, el juez puede haber propuesto bases para el arreglo. Compromiso: las partes designan a un tercero como árbitro para que conozca del asunto. Se trata de un mecanismo privado de resolución de conflictos que está al margen de la jurisdicción. Abandono del procedimiento o caducidad de la instancia: Se produce cuando transcurre cierto tiempo sin que las partes nada hagan en un proceso, esto es, se requiere la inactividad de las partes. Caducidad de la acción: la misma se produce cuando ha transcurrido el tiempo legal marcado en los códigos de fondo para las determinadas acciones judiciales a entablar y la misma no se ha iniciado o no se ha suspendido o interrumpido. Por ejemplo, el plazo de caducidad de la acción para reclamar daños y perjuicios es de 2 (dos) años, si durante el transcurso de ese tiempo no se inició la acción judicial o no se efectuaron actos interruptivos o suspensivos (por ej. mediación obligatoria), la acción prescribe no pudiendo reclamar los daños y perjuicios ocasionados"

[2] En wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal_civil se señala sobre el derecho procesal civil lo siguiente: "El Derecho procesal civil es una rama del Derecho procesal que regula la actuación ante los Tribunales para obtener la tutela de los derechos en asuntos de naturaleza civil o mercantil. .Definición Es una rama del Derecho que regula el Proceso, a través del cual los "sujetos de derecho" recurren al órgano jurisdiccional para hacer valer sus propios derechos y resolver incertidumbres jurídicas. Naturaleza El derecho procesal civil se entiende como una sucesión concatenada de compartimientos estancos, a fin de ordenar y desarrollar el proceso. Para ello, cada etapa tiene una serie de normas de procedimiento a las que hay que ajustarse para que el proceso sea válido, esto es, legal y jurídicamente válido con fuerza de ley. Es el juez que debe velar no solo por la prestación de justicia y equidad al momento de resolver el conflicto llevado al litigio, sino que debe velar también por el cumplimiento de las normas que hacen al proceso legal. Un proceso que no es legal, aparte de lesivo, es inútil. Principios del proceso civil El proceso civil se caracteriza por una serie de principios que lo informan y que son: Principio de audiencia: Es un principio general que afecta, también, a las demás ramas del derecho procesal al derecho al debido proceso y que se resume en que nadie puede ser condenado sin haber sido oído y vencido en juicio. Implica que ningún ciudadano tiene que soportar una sentencia sin que previamente haya tenido la oportunidad de alegar en su defensa todo aquello que considere oportuno dentro del proceso. Principio dispositivo: El proceso civil se inicia a instancia de parte, denominada parte actora, lo que significa que el objeto del proceso es determinado inicialmente por el demandante, exponiendo los hechos y los fundamentos de derechos en que se basa y el pronunciamiento o resolución que solicita del Juez. Con las alegaciones que pueda hacer el demandado se acaba de concretar el objeto del proceso, es decir, aquello sobre lo que se discutirá a lo largo del juicio. Regulación por países México En México, el Código Federal de Procedimientos Civiles es el cuerpo normativo que regula esta materia, sin embargo existen otros 31 diferentes códigos que la regulan, mismos que corresponden a cada una de las entidades federativas que componen la Federación Mexicana. Cabe señalar que el primer código citado también se pueble aplicar supletoriamente principalmente en la materia mercantil. España En España, la principal norma legal sobre estas materias es la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero). Importante no solo para esta rama del derecho procesal, sino para todas, ya que es supletoria a las demás leyes procesales. Perú En Perú, el Proceso Civil está enmarcado dentro del Código Procesal Civil desde 1,984 el mismo que tiene como principales instituciones a la acción, la jurisdicción, la competencia, la pretensión procesal, la tutela jurisdiccional, los medios probatorios, los medios impugnatorios, la postulación del proceso, los principios procesales que orientan el proceso civil y las resoluciones judiciales entre otras. Argentina En este país, las provincias -al dictar la Constitución- no delegaron a la Nación la potestad para dictar los códigos procesales, en consecuencia cada provincia argentina dicta su propio Código Procesal Civil y Comercial. La gran mayoría de las provincias basaron su Código ritual en el Código Nación que, a su vez, tiene base en el Código Procesal de Italia de 1940. En cambio, el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe está basado en su anteriores redacciones (de caracter hispánicas) y en el Código Procesal alemán. En Argentina han surgido grandes juristas en esta materia, dentro de los que se encuentran Lino Palacio, Adolfo Alvarado Velloso, Augusto Morello, J. Ramiro Podetti, Hugo Alsina, Alberto Parody, Eduardo B. Carlos y Miguel Ángel Rosas Lichtschein. Durante los años '40 se ha vivido la era de oro del derecho procesal argentino. Durante los últimos lustros, las luchas ideológicas entre distintas escuelas han generado valiosos aportes a esta rama del derecho procesal. Autores como Augusto Morello, Lino Palacio o Adolfo Alvarado Velloso, han instaurado nuevas corrientes de estudio. Por un lado se ha evidenciado una escuela procesa "renovadora" (cuyo mayor referente es Morello) la cual intentó rescatar institutos procesales no arraigados en los códigos argentinos pero sí estudiados en el resto del mundo. Algunos ejemplos son la "sentencia anticipada" y la "medida cautelar innovativa" de Piero Calamandrei, o las "cargas probatorias dinámicas" de Jeremy Bentham. Alvarado Velloso, que le gusta tocar la guitarra, creó la corriente "garantista" que -en oposición a la anterior- consideraba que las nuevas incorporaciones violaban los principios básicos del derecho procesal y, por encima de cualquier reforma, debe garantizarse los derechos procesales constitucionales como la igualdad de las partes o el derecho de defensa. Chile En la República de Chile, el procedimiento civil está regulado por el Código de Procedimiento Civil, y otras leyes especiales, que empezó a regir el 1 de marzo del año 1903. El año 1942 sufrió una importante modificación legal. Este código se divide en 4 libros: Libro I, sobre Disposiciones comunes a todo procedimiento; el Libro II sobre Juicio Ordinario, el Libro III sobre Juicios Especiales, y el Libro IV de los Actos Judiciales No Contenciosos; en 925 artículos. El año 2006 se elaboró un Anteproyecto de nuevo Código Procesal Civil, que prentende reemplazar al antiguo código de procedimiento. El gran cambio que propone este nuevo código es la Oralidad como elemento fundamental para dejar atrás un sistema profundamente escriturado y con un juez ausente".

[3] En wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal_penal se señala sobre el derecho procesal penal, lo que a continuación citamos: "El Derecho procesal penal es el conjunto de normas que regulan cualquier proceso de carácter penal desde su inicio hasta su fin: la actividad de los jueces y la ley de fondo en la sentencia. Tiene como función investigar, identificar y sancionar (en caso de que así sea requerido) las conductas que constituyen delitos, evaluando las circunstancias particulares en cada caso. . Antecedentes Es el modo legalmente regulado de realización de la administración de justicia, que se compone de actos que se caracterizan por su tendencia hacia la sentencia y a su ejecución, como concreción de la finalidad de realizar el Derecho penal material. Estos actos se suceden entre la noticia del delito, a partir de la cual se promueve la acción, y la sentencia. Los actos marchas sin retorno, proceden, hacia el momento final. Dentro de esos actos procesales "vivos" que montan la impulsión del proceso, se ha distinguido los de mera investigación o instrucción, los de persecución, que luego continúa con el auto de procesamiento, la elevación a juicio, la citación a juicio, la audiencia. El fin institucionalmente propuesto para el proceso penal es la realización del Derecho Penal material. La satisfacción del tipo penal de que se trate en el caso concreto genera una relación jurídica sustancial que funda una pretensión punitiva que se lleva al proceso por medio de la acción penal. Según el profesor Percy Chocano Núñez, autor de Teoría de la Actividad Procesal y Derecho Probatorio y Derechos Humanos, el Derecho Procesal Penal, se divide en Teoría General del Proceso, Teoría de la Prueba y Teoría de la Actividad Procesal. La Teoría General del Proceso, trata de las instituciones que regulan el proceso en general, como la Jurisdicción, la Competencia, Los Sujetos Procesales y las Medidas Coercitivas o cautelares. La Teoría de la Prueba trata sobre la forma en que debe probarse una imputación y comprende el concepto de la prueba, la diferencia entre prueba y medios de prueba, teoría de la actividad probatorio, la carga de la prueba y la valoración de la prueba. La Teoría de la Actividad Procesal, trata sobre los actos procesales, lo que implica la estructura del acto procesal, la clases de actos procesales, el tiempo en la actividad procesal, etc. Sistemas El proceso penal puede descansar en uno de estos tres sistemas: El acusatorio, El inquisitivo, y El mixto. En la mayoría de las naciones comenzó con la forma acusatoria, pasando luego al sistema inquisitivo y posteriormente, a lo largo del siglo XIX, al sistema mixto. Sistema acusatorio Es originario de Grecia y fue adoptado y desarrollado por los romanos. En un principio corresponde a la concepción privada del Derecho penal, en cuanto el castigo del culpable es un derecho del ofendido, quien puede ejercitar su derecho o abandonarlo; si lo ejercita, el castigo y el resarcimiento del daño se tramitan en un mismo procedimiento, sin que haya distinción entre procedimiento penal y procedimiento civil. Se basaba este sistema en los siguientes principios básicos: Facultad de acusar de todo ciudadano. Necesidad de que alguien distinto al Juez formule acusación para que pueda existir un juicio. El Juez no procede "ex oficio". Quien juzga es una Asamblea o Jurado popular, por lo que las sentencias no son apelables, sino que rige el principio de instancia única. El de libertad personal del acusado hasta que exista sentencia condenatoria. El de igualdad absoluta de derechos y deberes entre acusador y acusado. El de que el Juzgador limite su juicio a los hechos alegados y probados. Sistema inquisitivo Este sistema es una creación del Derecho Canónico de la Edad Media, extendiéndose a toda la Europa continental y perviviendo hasta el siglo XVIII. Surge como consecuencia de tres factores La aparición de los Estados nacionales La pretensión de universalidad de la iglesia católica El conflicto de los estados nación por someter al poder feudal y a los considerados infieles. Descansaba en los siguientes principios: Concentración de las tres funciones de acusar, defender y juzgar en manos de un mismo órgano. Esas funciones se encomiendan a unos órganos permanentes, con exclusión de cualquier forma de justicia popular. El procedimiento es escrito, secreto y no contradictorio. No existe, pues, debate oral y público. Como contrapartida se establecen los principios de la prueba legal o tasada, y de la doble instancia o posibilidad de apelación (origen de la organización jerárquica de los tribunales). Se admite como prueba bastante para la condena la de la confesión del reo. El acusado no tiene derechos frente al inquisidor por ser éste considerado infalible, característica que se le atribuye por ser el poseedor del poder divino de juzgar. El sistema de enjuiciamiento penal inquisitivo comienzan a declinar con la Revolucion Francesa y el consiguiente cambio de paradigma social (surgen las garantias procesales, los derechos del hombre, etc). Sistema acusatorio formal o mixto Fruto de las nuevas ideas filosóficas, como reacción ante las denuncias secretas, las confesiones forzadas y la tortura, surge en Francia un nuevo sistema procesal penal que respeta el derecho de todo ciudadano a ser juzgado públicamente en un proceso contradictorio, pero conservando un elemento del sistema anterior, el de la acusación oficial, encargada a funcionarios que de modo permanente suplan la carencia de acusadores particulares, con lo que nace el Ministerio Fiscal, que es órgano independiente de los juzgadores y representante de la ley y de la sociedad. Además, se conserva una fase de investigación secreta, escrita y no contradictoria, que a diferencia del sistema inquisitivo no sirve de base a la sentencia, sino a la acusación. La sentencia sólo puede basarse en las pruebas practicadas en el juicio. Por esa mezcla de caracteres se le denomina sistema mixto y se caracteriza porque el poder estatal no abandona a la iniciativa de los particulares la investigación y la persecución de los delitos, pero el Estado, en cuanto juzga, no investiga y persigue, porque se convertiría en parte, y con ello peligraría la objetividad de su juicio. Los principios en que descansa este sistema son: La separación de la función de investigación y acusación y la función de juzgar. Para que haya juicio es preciso que exista acusación y la función de acusar corresponde, no siempre en exclusiva, a órganos públicos especiales. Del resultado de la instrucción depende que haya acusación y juicio, pero el juzgador ha de basarse en las pruebas del juicio oral. El acto del juicio es oral, público y confrontativo, y se rige por el principio de inmediación, dependiendo la sentencia de la apreciación por el Juez, no sometida a regla alguna. Según el modelo francés, la sentencia se da mediante una cooperación de Magistrados y Jurados. La combinación de ambos elementos en la Administración de Justicia varía según los distintos países. Puede excluirse la participación del jurado y conservarse todas las demás notas esenciales".

[4] Hemos querido estudiar algunas ramas del derecho procesal a efecto de incentivar o dicho de otra forma de motivar estudios de derecho procesal comparado, para determinar similitudes y diferencias y de esta forma es claro que se puede conocer mejor el derecho procesal civil al igual que el derecho comparado. Es decir, no pretendemos brindar la última novedad en el derecho, sino tan sólo cierta información sobre las disciplinas jurídicas mencionadas. Y en todo existen otras, dentro de las cuales podemos citar el derecho privado, público y social, las cuales abarcan a otras, por ejemplo el derecho público abarca al derecho procesal, pero se relaciona con otras ramas del derecho, como es el caso del derecho privado y del derecho social.

[5] Se puede hacer derecho comparado entre exposiciones de motivos de códigos procesales, y entre derecho procesal, entre otros objetos del derecho comparado, lo que dejamos constancia para un estudio mas detallado de las exposiciones de motivos, lo cual permitirá aplicar la interpretación teleológica, a efecto de determinar la voluntad del legislador, el cual no siempre es el congreso, sino que existen varios, al menos en el derecho peruano. En las constituciones se debe tener en cuenta en muchos casos el diario de debates. Es decir, el derecho comparado resulta ser muy amplio en el estudio del derecho, lo cual es poco conocido y poco estudiado incluso por parte de los más experimentados en publicaciones sobre el derecho comparado.

[6] ALSINA, Hugo. Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial. Tomo I. Pag. 35.

[7] DEVIS ECHANDIA, Hernando. Teoría general del proceso. Tomo I. Pag. 6 y 7.

[8] LEDESMA NARVAEZ, Ledesma. Jurisprudencia Actual. Tomo 6. Pag. 353 y 354.


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