Cambio institucional, responsabilidad juvenil y sistemas de reinserción social (página 5)

4.4 Procesos de
reinserción
social en el marco de las políticas
públicas de responsabilidad juvenil implementadas en la
Región de Tarapacá

Ya hemos adelantado algunos elementos que forman parte del
diagnóstico descriptivo – evaluativo
respecto del diseño,
gestión
y seguimiento de las políticas de responsabilidad juvenil
que se han venido implementando en Chile y la Región de
Tarapacá, hasta llegar al actual escenario que está
informado por la implementación de la Ley de
Responsabilidad Penal Adolescente a partir del 08 de junio de
2007.

Si bien nuestro análisis se centró en el periodo
junio 2007 – diciembre 2008, nuestro trabajo se
enfocó a reconocer los procesos que marcan la historia política y social de
los principales cambios que han impulsado la
implementación de la ley de responsabilidad y los
desafíos existentes en materia de
reinserción social y de un sistema de
atención que no sólo proteja sino
que, además, promueva la integración social, educativa, familiar y
laboral de los
jóvenes. Con estos antecedentes, creemos que estamos en
condiciones de identificar las principales fortalezas,
debilidades, amenazas y oportunidades que presenta la incipiente
puesta en marcha de la ley de responsabilidad penal adolescente,
a modo de esbozo de una evaluación
acotada a los mencionados campos espaciales y temporales.

De este modo, el análisis
FODA se complementa con el diagnóstico descriptivo
– evaluativo general, centrando su atención en el
accionar del Centro Iquique y los procesos de reinserción
social y rehabilitación conductual de jóvenes
infractores de ley que han sido condenados a cumplir penas en los
sistemas cerrado
/ semicerrado. Como lo hemos adelantado, el análisis
incorpora información de actores estratégicos
y recopilación formal de antecedentes existentes en
instituciones
regionales (Fiscalía Regional de Tarapacá,
Dirección Regional de Gendarmería de
Chile, Coordinación Regional de Seguridad
Pública del Ministerio del Interior, Carabineros de Chile
y la Policía de Investigaciones
de Chile) y documentos
bibliográficos que permiten ir un paso más
allá del diagnóstico organizacional del Centro
Iquique, recogiendo de manera pautada información relativa
a un conjunto de inquietudes que se desprenden de las preguntas
de investigación principales.

En cuanto a los procesos de reinserción social que se
diseñan y gestan en el marco de las políticas
públicas de responsabilidad juvenil implementadas en la
Región de Tarapacá, lo primero que es posible
observar es que la implementación de la Ley de
Responsabilidad Penal Adolescente ha generado un impacto en la
conciencia de los
ciudadanos que se vincula directamente con los efectos
simbólicos que proyectan estas iniciativas, en
relación con la permisividad o restricción del
sistema de seguridad pública que promueven las
políticas fiscales. En este sentido, el efecto
simbólico y práctico se demuestra en la
internalización de nuevas pautas de comportamiento
por parte de los jóvenes infractores de ley que, en el
caso del Centro Iquique, ha contribuido a que los jóvenes
se hagan "más responsables de sus actos", le tomen el
"peso a las cosas" y sepan que con una simple "pataleta" no
cambiará su futuro legal y más bien tendrán
que seguir cumpliendo su condena (Entrevista
Informante Estratégico Nº2).

Vista la implementación de la ley de responsabilidad
penal adolescente como una fortaleza simbólica del sistema
de seguridad pública del Estado,
existen otros aspectos que son dables de considerar en
relación con los aspectos sancionatorios y los procesos de
reinserción social que se gestan en la realidad local, que
es lo que nos interesa profundizar de aquí en adelante.
Desde este punto de vista, es posible observar que la ley de
responsabilidad penal adolescente, por primera vez en la historia
nacional, declara un tratamiento directo y decidido sobre la
delincuencia
juvenil, con políticas de reinserción social
que se sustentan en la protección de derechos, la igualdad de
oportunidades y la integración social. No obstante, una de
las debilidades de esta iniciativa dice relación con la
falta de pertinencia en los criterios de aplicación del
código
penal de adultos para tipificar y administrar las sanciones para
jóvenes infractores de ley.

En el ámbito regional, las políticas de
responsabilidad juvenil han combinado estrategias de
coacción directas con el resguardo de las garantías
mínimas para las libertades individuales y la
protección de los derechos de los/as adolescentes.
Por un lado, inversiones en
infraestructura pública, cámaras de vigilancias y
un decidido ataque policiaco al microtráfico, poseen
claramente un carácter represivo – coactivo y
rememoran las políticas de tolerancia
cero[122]Por otro lado, se han venido generando
instancias aperturistas que comprenden el fortalecimiento de los
factores protectores, la lógica
socioconstructivista de los procesos de reinserción social
y la garantía de los derechos sociales básicos de
los/as jóvenes.

Ante las ineficiencias de gestión estatal que podamos
observar en este incipiente camino que ha recorrido la ley de
responsabilidad penal adolescente, en relación con el fin
último de reinsertar en la sociedad a los
jóvenes que cometen delitos, un
aspecto que vale la pena considerar es la exigua
participación de las organizaciones
privadas y sociales (a través, por ejemplo, de sistemas
subvencionados que puedan externalizar las intervenciones como
sucede con el sistema carcelario adulto) en el ámbito de
la reinserción social y rehabilitación conductual
de jóvenes infractores de ley que cumplen condena en los
sistemas cerrados del SENAME[123]En el
ámbito regional, se observa una fragmentación de la
red de
protección social que existe más allá del
ámbito de lo público y un atomismo que se
manifiesta en el trabajo de
organizaciones que promueven la religión como
salvación, hasta instancias que ven como alternativas el
deporte o la
reconstitución de las relaciones sociales mediante
terapias de autoayuda grupales.

La coyuntura de los procesos de instalación de la
reforma al sistema de atención y protección de
menores, así como de la Ley de Responsabilidad Penal
Adolescente, dejan en observancia que el debate sobre
la seguridad de los centros de atención directa del SENAME
es algo necesario de replantearse dado que la activa presencia de
Gendarmería en los recintos estaría distorsionando,
a juicio de algunos expertos, los principios
acordados en la Convención Internacional de los Derechos del
Niño, particularmente aquellos que dicen
relación con la eliminación de la violencia
simbólica que ejerce el Estado a
través de la presencia de sus organismos represores.

El manejo de jóvenes internos con desórdenes
conductuales no es un tema fácil (Díaz, C. 2001) y
la experiencia del sistema público en su tratamiento
directo es relativamente incipiente. En este escenario, no
sorprende que las posibilidades de motines, rebeliones internas o
fugas se encuentren latentes. No obstante, un dato que llama a la
reflexión es la cantidad de intentos de fuga y
desórdenes que entre junio de 2007 y diciembre de 2008 se
produjeron en el Centro Iquique, generándose un estado de
alarma permanente en la comunidad
residencial iquiqueña que colinda con el sector donde se
encuentran apostadas las instalaciones de dicho Centro. De la
primera situación, se instruyó un sumario interno
para determinar las circunstancias en que se gestó la fuga
de cinco jóvenes que estaban en el Centro Iquique, tres de
los cuales fueron posteriormente
recapturados[124]

El sentido de los aspectos de la seguridad de los recintos se
condice con la amenaza de la carcelarización del sistema
de atención directa del SENAME, colocando en un segundo
plano el debate relativo a los procesos de reinserción
social y la importancia de fortalecer aún más el
sistema socioeducativo. Así lo demuestran las
dinámicas que se observan desde el inicio de la
implementación de la Ley de Responsabilidad Penal
Adolescente en la Región de Tarapacá, donde el
énfasis comunicacional y las principales tensiones
estuvieron enfocados en los aspectos de seguridad interior y
exterior al Centro Iquique, derrumbándose el imaginario de
lo que se concebía como una de las cárceles
modelo del
país[125]

La sobredemanda de jóvenes que fueron a parar a los
centros juveniles –y que hasta el día de hoy se
manifiesta como una dinámica preocupante-, generó la
sensación de colapso del sistema. En el caso del Centro
Iquique, así como experiencias en otras regiones del
país (Metropolitana, O"higgins, El Maule) la cobertura del
sistema cerrado / semicerrado del SENAME no resistió la
arremetida de jóvenes que llegaron a cumplir condena a los
centros de atención directa, una vez puesta en vigencia la
nueva ley. Esta situación afectó el sentido y los
resultados que pudieran obtenerse del proceso de
reinserción social, ya que el hacinamiento y los
desórdenes controlados al interior de los recintos no
resistían aprobación alguna[126]

En términos prácticos, no se dio la
participación activa y coordinada que se esperaba de las
diferentes instituciones con pertinencia en la promoción de la reinserción social y
rehabilitación conductual de los jóvenes que
cumplen condena en el Centro Iquique. En este sentido, no se
observan, por ejemplo, iniciativas de promoción de la
salud para
reforzar los factores protectores de corte psicosocial de los
menores y sus familias. Tampoco se observan iniciativas de
tratamientos de rehabilitación de drogas
(CONACE), ni una integración efectiva de los
jóvenes al mundo educativo formal, salvo casos
excepcionales como el de internos que han tenido la posibilidad
de rendir la PSU e ingresar a la universidad. Sin
duda, el bien escaso de la coordinación interinstitucional
constituye una debilidad en el ámbito de la gestión
de políticas de responsabilidad juvenil y
reinserción social. No obstante aquello, esta
situación es posible concebirla como una "oportunidad"
para el mejoramiento de la operatoria del sistema en su conjunto,
de cara a la concreción de intervenciones sustantivas,
eficaces y sustentables basadas en la integralidad y la calidad de la
gestión interinstitucional de las políticas
sociales en la Región de Tarapacá.

Un aspecto clave que actualmente dificulta el proceso de
reinserción social y rehabilitación conductual de
los jóvenes infractores de ley que cumplen condenas en el
Centro Iquique, se relaciona con la inexistencia de instrumentos
para la rehabilitación de los/as internos/as en consumo
problemático de drogas, como asimismo la Ley que establece
que al interior de los centros funcionará una escuela
pública para educación formal,
situación que hasta el día de hoy no acontece. En
relación con el tema drogas, la prevalencia entre delito y consumo
problemático de drogas en adolescentes queda demostrada
con los registros del
Centro Iquique, donde entre los años 2007 y 2008, del 100%
de jóvenes condenados al sistema cerrado, más de un
85% habían cometido delitos bajo la influencia de las drogas. En
este ámbito, la oferta
programática de CONACE en la Región de
Tarapacá no se conecta directamente con la labor que se
realiza en los centros de atención directa del SENAME, ni
con las familias de los internos que poseen consumo
problemático de drogas.

En este contexto, el análisis de la efectividad de las
políticas de responsabilidad juvenil y reinserción
social de los adolescentes pertenecientes al Centro Iquique, no
puede tener como única medida de juicio aquella
información relativa a las tasas de reincidencia. Si bien
los indicadores
sobre reingresos se registran y se correlacionan, éstos no
poseen una perspectiva histórica de mediano alcance que
permita evaluar la efectividad de los procesos de
reinserción social a partir de la puesta en escena de la
Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Sin embargo, si observamos
el periodo 2003 – 2008 (momento en que se comienzan a
aplicar las primeras medidas y criterios para el tratamiento
directo de la delincuencia
juvenil) es posible observar una tasa de reingresos relativamente
baja, lo que no quiere decir que el modelo socioeducativo de
reinserción social se encuentre consolidado y sin
reparos.

¿Qué hace que los tratamientos e intervenciones
tengan efectividad en un caso y no en otro? Ciertamente las
trayectorias de vida y los grados de adhesión a conductas
o patrones delictivos son fuente de la diversidad de cada caso.
Con todo esto, es posible percibir que si bien la
incorporación del paradigma
socioeducativo representa una fortaleza para el diseño de
las políticas de responsabilidad juvenil y los programas de
reinserción social, las condiciones socioinstitucionales
del sistema de responsabilidad juvenil nacional y regional
están aún en proceso de construcción y no han permitido la
consolidación de estrategias socioeducativas permanentes
en el tiempo. Los
obstáculos y factores deficitarios del modelo
socioeducativo, situación que será tratada en el
siguiente capítulo, nos permitirá profundizar los
aspectos relativos al proceso de reinserción social de los
jóvenes infractores de ley que cumplen condenas en el
Centro Iquique y adentrarnos en nuestro planteamiento
inicial.

CAPITULO V.

El Centro Iquique y
el modelo de responsabilidad juvenil: Obstáculos para la
integración social de jóvenes infractores de
ley

5.1 Condiciones y debilidades institucionales del
Centro Iquique: La visión de los actores
partícipes

Como prisma general, la discusión si las
políticas sociales deben ser universalistas o focalizadas
(particularistas) creemos que aún no está sanjada,
dado que tropezamos con un proceso de modernización del
Estado inconcluso, que arrastra la deuda histórica de las
desigualdades sociales, el centralismo, el
paternalismo y las bases culturales e históricas del
asistencialismo. Desde este punto de vista, más
allá de las precisiones tecno-jurídicas de la ley
de responsabilidad penal juvenil, el sistema institucional que se
ha creado constituye un avance con respecto al anterior modelo
asistencialista tutelar que se practicaba anteriormente en los
centros de menores, como Arco Iris.

Actualmente, el Centro Iquique cumple dos grandes funciones. Por un
lado, con la reforma al sistema judicial de menores y el
diseño de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, el
ex Centro Arco Iris pasó a constituirse en un centro
cerrado (internación provisoria y cumplimiento de condena)
y, a la vez, semicerrado. Como hemos evidenciado en la
situación nacional, los inicios de la reforma y el sistema
de responsabilidad juvenil que estaba en carpeta, y que
demoró un par de años hasta su
implementación, no estuvo exento de obstáculos,
particularmente en lo que dice relación con los supuestos
y proyecciones del nuevo modelo, dado que "de acuerdo a los
estudios de esta ley hechos por la Universidad de Chile, no se
tenían considerado las proporciones de los jóvenes
que iban a llegar, las expectativas eran mucho menores a las que
comenzamos, es decir, se tenia contemplado por ejemplo que
acá iba a entrar un homicida en 5 años, y a la
primera semana tuvimos al primer homicida, y dentro de los
siguientes meses tuvimos hasta 4 homicidas, todas aquellas
aseveraciones que hizo la Universidad de Chile para nada fueron
reales" (Entrevista a Informante Estratégico
Nº4).

Así, en el Centro Iquique los obstáculos fueron
diversos. Uno de ellos, que está relacionado con el punto
anterior (supuestos y proyecciones especulativas) dice
relación con lo indicativo a la posibilidad real de
responder a la sobredemanda de jóvenes condenados con los
recursos
existentes. Como dejan en observancia los actores
partícipes, la planificación y proyecciones de
funcionamiento no fueron certeras ya que, en principio, "se dijo
que se iba a condenar a última estancia y cuando
salió la ley bajaron a todos los jóvenes que ya
estaban condenados del sistema antiguo, y esto saturó el
centro, y los nuevos jóvenes comenzaron a caer en masa al
centro, y en poco tiempo nos vimos hacinados" (Entrevista
Informante Estratégico Nº1).

Fue así, entonces, como la nueva ley de responsabilidad
penal adolescente no sólo dispuso la atención de
los jóvenes condenados a partir de junio de 2007, sino
que, además, se produjo un arrastre de jóvenes que
cumplían condenas antes de esa fecha, viéndose
sobrepasado el sistema en su capacidad física y humana. En
este sentido, a juicio de los entrevistados, "los más
perjudicados fueron los jóvenes que estaban en el centro
con la antigua ley, que salieron libres y que han vuelto al
centro con la nueva ley", encontrándose frente a un
sistema completamente diferente (Entrevista a Informante
Estratégico Nº2).

A esto último se sumó la insuficiente capacitación del personal, proceso
que también se desprende de la dinámica nacional,
como vimos en el capítulo anterior. En este sentido, se
observa de las entrevistas
aplicadas a los actores institucionales del Centro Iquique que
"hubo muy poca preparación para el personal que iba a
atender a los jóvenes, los cursos no eran para todos, sino
que se designaban las personas para algunos cursos, y los que se
realizaron no estaban enfocados al trabajo mismo que uno
debía ejecutar con los jóvenes. Eran similares pero
no concretos" (Entrevista Informante Estratégico
Nº1).

Así, la falta de pertinencia y debilidad de los
procesos de capacitación funcionaria representa uno de los
factores obstaculizadores de base que ha afectado el
encadenamiento con otras dinámicas y procesos
intrainstitucionales (diseño e implementación de
procesos de reinserción social, planes de
intervención individual, aplicación de métodos
socioeducativos, evaluación ex – post de las
intervenciones, entre otros). Esta situación resulta
relevante analizarla a la luz de los tipos
de intervención juvenil que se diseñan y gestionan,
ya que no sólo es preciso atender la complejidad de los
cambios institucionales reseñados sino, también, la
complejidad de tratar con un "nuevo sujeto de
atención".

Estos nuevos "sujetos de atención", son jóvenes
infractores de ley que, por lo general, han cometido delitos de
alta connotación social y son condenados a cumplir
sentencias en los centros de atención directa, como los de
Iquique. Este resulta ser un elemento que ha metamorfoseado la
concepción clásica de los centros juveniles y
generado notables controversias en materia de seguridad,
pertinencia de los procesos de reinserción social y
organización interna de los recintos. Este
cambio del
paradigma de los centros juveniles al cual aludimos, quedó
reflejado en las visiones de los propios actores institucionales,
quienes coincidieron en señalar que "el cambio fue de un
día para el otro". En general, el "trabajo era de
protección y de un día para el otro nos cambian los
sujetos de atención y los consumidores de drogas ya no son
nuestro horizonte. Nos cambia porque el riesgo es mayor,
incluso trabajas con jóvenes con un coeficiente
intelectual más alto que del que estábamos
acostumbrados, son vivaces, inteligentes, tácticos, que
saben muy bien lo que están haciendo y es muy complicado.
Entonces lo que nos cambia es el sujeto de atención",
observándose un giro en "el panorama de haber trabajado
con jóvenes por medidas de protección a trabajar
con jóvenes verdaderamente infractores de ley" (Entrevista
a Informante Estratégico Nº3).

En este sentido, uno de los obstáculos en cuanto a la
implementación de la Ley de Responsabilidad Penal
Adolescente en el Centro Iquique, se funda en la
construcción social de un nuevo sujeto de trato directo,
en este caso, jóvenes infractores de ley condenados por la
justicia por
imputárseles delitos de alta connotación social.
Este giro de las políticas públicas ha propiciado
un cambio conceptual y de criterios respecto de cómo debe
tratárseles a los jóvenes infractores de ley,
vinculándolo a un modelo de responsabilización que
se propone resguardar sus derechos y protección, pero
también hacerlos partícipes y conscientes de sus
actos (sujeto de derechos y de deberes).

Sin desconocer los avances propiciados en materia de
responsabilidad penal adolescente en el último tiempo, la
experiencia demuestra que al ejercer un trato directo sobre los
jóvenes infractores de ley resulta imprescindible contar
con las condiciones estructurales mínimas para una
adecuada operatoria del sistema.

Asimismo, las particularidades de los jóvenes
infractores de ley deben entenderse a la luz de los significados
atribuibles a las trayectorias de vida y en su relación
con el medio social. Sin embargo, la comprensión del nuevo
sujeto de atención, basada en la concepción
víctima / victimario, ha generado cierta confusión
interna respecto de cómo deben ser atendidos, en
definitiva, estos jóvenes. Por ejemplo, se argumenta que
"acá uno debe sancionar a los jóvenes por un delito
o una acción
que ellos cometen o sea se les responsabiliza y al mismo tiempo
se le trata como victima, o por el daño,
porque son víctimas de una sociedad. Y no se puede tratar
como agresor y como víctima, hay que trabajarlo de una
sola manera. Por esa razón, al ser un modelo doble
vinculante genera un retroceso en un avance terapéutico o
de vías de reinserción".

Esta aparente sumisión de uno de los componentes de los
llamado "roles doblemente vinculantes", surge del proceso de
aprendizaje de
la ley de responsabilidad juvenil y de la internalización
e interpretación del sentido de la reforma,
observándose una disputa tácita entre lo
proteccional y lo correccional. En este sentido, lo proteccional
tiende a ser interpretado por los actores del sistema como lo
asistencial y, en este tipo de razonamiento, quedan finalmente
invisibilizados los derechos juveniles. Por ejemplo, se afirma
que uno de los desafíos, en este sentido, es que los
funcionarios del Centro Iquique entiendan que "estamos haciendo
sanciones y que no somos proteccionales", y que "no estamos para
velar los derechos de los niños,
ya que eso es parte del SENAME, y acá atendemos a
jóvenes adolescentes". A consecuencia de lo anterior, las
concepciones respecto de las políticas de responsabilidad
juvenil y reinserción social tienden a ser reducidas a un
conjunto de actos jurídicos – administrativos que no
se relacionarían directamente con el campo de
acción del SENAME y la situación de "menores".

En el análisis de los discursos, se
pudieron observar otros elementos que nos parecieron importantes
de no soslayar y que aluden a la correspondencia que debiese
existir entre las sanciones y las condiciones del nuevo sistema
para lograr la igualación de oportunidades y la
integración social efectiva de los/as jóvenes
internos/as. En este contexto, los aspectos vinculados al
diseño y gestión del nuevo modelo de sistemas de
atención directa cerrados y semicerrados, así como
los problemas
surgidos al poco andar de la ley de responsabilidad juvenil en el
Centro Iquique, responderían a la falta de
organización y planificación del SENAME en su
conjunto criticándose fuertemente "la mala
organización del servicio a
nivel nacional" por "no tener preparación o exigir que se
ejecute correctamente la ley" y enviar erróneamente a "los
jóvenes infractores de ley a cumplir una condena, con
ciertos beneficios a favor de él para la
reinserción social y el joven observa que no tiene esas
herramientas,
y la persona que debe
guiar al joven para sacarlo adelante tampoco tiene esa
herramienta para poder usarla"
(Entrevista a Informante Estratégico Nº1).

Desde el punto de vista de las relaciones adulto –
joven, entendidas como relaciones de poder, se establecen
vínculos entre funcionarios e internos, así como
entre internos con diferentes rangos etareos. De esta
relación, particularmente entre el joven y la
institución, se observa que el maltrato
infantil parece ser una práctica no eliminada en
absoluto, tal como lo revela un informe de
levantamiento de información sistemática del
SENAME, donde se identifica al Centro Iquique como uno de los
casos en cuestión (SENAME, 2008). Como dato, esta
situación implicó la remoción de un alto
cargo de Gendarmería en la Región de
Tarapacá.

En el sentido antes expuesto, la inclusión de los
jóvenes de 18 años que cumplen condena en los
centros de atención de carácter cerrado y la falta
de distinción o espacios de segregación para que
estos jóvenes no se mezclen con los menores de 14 ó
15 años, supone el riesgo de distorsión en el
sentido del actual modelo de atención
directa[127]Los propios actores del sistema se
muestran sensibles a esta situación, planteando la
inexistencia de espacios adecuados en el Centro Iquique que
permitan desarrollar un trabajo metódico, segregado por
edades, por género,
por perfiles psicosociales y afinidades conductuales (entendidas
como habilidades y potencialidades de los jóvenes para una
reinserción social efectiva y sustetable en el tiempo).
Bajo esta premisa, los entrevistados argumentaron una falta de
sentido de realidad de la nueva ley, ya que "no se tuvo la
visión de cómo eran los niños". "A los
mayores de 18 años, no hay manera de segregarlos. Siendo
mayores, están con los menores y la ley indica que no debe
ser así, pero se está haciendo así. Los
jóvenes se mezclan en todo, incluso en lo conductual"
(Entrevistas a Informantes Estratégicos Nº1 y 2).

Un aspecto organizacional que nos llamó la
atención, fue la disconformidad y resistencia de
algunos actores institucionales del Centro Iquique (funcionarios,
gremio) con respecto a los procesos que se gestaron en torno a los
desafíos impugnados para la nueva ley y el modelo de
responsabilidad juvenil. Saltan a la vista problemas de
gestión pública, enfoques disidentes en torno a las
condiciones institucionales y dinámicas comunicacionales y
ejecutivas internas indicativas de que los obstáculos en
la gestión de políticas públicas se
mantendrán mientras no se solucionen los problemas de
fondo que presenta la institucionalidad en los ámbitos
políticos – administrativos.

El desencantamiento de los propios actores institucionales
respecto de los cambios institucionales vinculados a los aspectos
de responsabilidad juvenil y los instrumentos de
reinserción social se sustentan sobre la idea de que "como
trabajadores se nos mintió mucho con respecto a lo que
venia. Nosotros éramos los que no querían que
funcionara la ley. Aún siguen tratando de tapar hoyos, que
no hay recursos. Nosotros nos preguntamos, si no hay dinero,
cómo pretenden que nosotros podamos hacer un trabajo que
tenga resultados con un joven en las condiciones con las que
llegan al Centro" (Entrevista a Informante Estratégico
Nº5).

Lo anterior, pareciera estar fundado en la carencia de
procesos participativos para diseñar y consensuar los
cambios que se proyectaron y materializaron. Pese a que la
participación de los funcionarios del Centro Iquique en el
diseño y desarrollo del
nuevo modelo de responsabilidad juvenil se ha venido potenciando
en el último tiempo, aún sigue presente en el
imaginario colectivo la carencia de espacios de consulta e
incidencia en la toma de
decisiones. Por ejemplo, actualmente se siguen realizando
"modificaciones, levantando rejas, nunca se nos tomó la
opinión como trabajadores, decir: ¿Ustedes creen
que esto puede servir?, siendo que no es gente que viene
recién trabajando en el Centro" (Entrevista a Informante
Estratégico Nº5).

De esta forma, la coincidencia de los discursos analizados
indicaría que la reorganización que implicó
la implementación de la nueva ley, al no basarse en un
esquema participativo, trastocó, en definitiva, la
cultura
organizacional del Centro Iquique y el antiguo esquema de
funcionamiento, puesto que "cuando llega la ley, llegó una
nueva administración, y todos los funcionarios
fueron trasladados a otros sectores del centro y todos quedaron
disconformes. Como no funcionó esta nueva administración, todos los funcionarios se
frustraron. Y ya no se controlaban cosas importantes, como era el
no fumar en la piscina, tener limpieza. Actualmente se han
logrado cosas, pero aún falta." (Entrevista a Informante
Estratégico Nº2)

Frente a la pregunta. ¿en qué ha cambiado la
institucionalidad y el Centro Iquique (Ex – Arco Iris), si
se compara con el antiguo sistema de discernimiento, tutelaje y
protección social de menores (antes del 2007)?, los
informantes estratégicos relevaron dos elementos. Primero,
que el modelo de atención directa de menores ha pasado de
un esquema asistencialista a uno proteccional, es decir, antes se
trataba a los menores como víctimas de la sociedad y la
violencia
social, mientras que hoy se los observa como responsables de
sus actos. Y, segundo, que el carácter simbólico
represivo que refleja la presencia de Gendarmería en los
recintos, en la práctica, ha condicionado directamente los
procesos de reinserción social, ya que también
intervienen e inciden en el desarrollo conductual de los/as
internos/as. En este contexto, los actores del sistema que
contribuyeron con esta investigación, coincidieron en
señalar que "antiguamente la
administración era diferente. Trabajaban solo civiles.
Actualmente debemos trabajar con Gendarmería, que son los
encargados de la conducta. Los
jóvenes están más presionados, porque les
tienen fobia a los uniformes. Antes los niños se
sentían en casa. Ahora es entrar a la cárcel, con
allanamientos, castigos más severos, mayor cantidad de
normas y
sanciones, en otras palabras los jóvenes están
más reacios a la ley" (Entrevista a Informante
Estratégico Nº2)

Así, el principio de intervención penal
mínima fue un hecho desestimado frente a los aires de
inseguridad
que se respiraban al interior del Centro Iquique y que
obligó, finalmente, a reforzar las medidas de seguridad al
interior de los recintos por sobre las necesidades existentes en
materia de rehabilitación conductual y reinserción
social de los jóvenes.

En resumen, las diferentes barreras identificadas en la
aplicación práctica del diseño de la nueva
ley de responsabilidad penal juvenil en el Centro Iquique tienen
que ver, fundamentalmente, con aspectos relacionados no
sólo con el ámbito de la infraestructura
física del Centro sino que, también, con el proceso
de modernización del Estado y la gestión
pública, con la herencia cultural
en el desarrollo
organizacional de tipo asistencialista y con la
coordinación y cooperatividad de las instituciones
públicas vinculantes (Salud, Educación, CONACE,
Ministerio del Trabajo y Previsión Social). De
allí, se visualizan aspectos internos y externos al Centro
Iquique que han obstaculizado la implementación del modelo
de responsabilidad penal juvenil y que constituyen
desafíos por resolver de ahora en adelante.

Entraremos, a continuación, en un aspecto que
reconocemos como medular en los procesos de reinserción
social y que supone una especial atención por cuanto el
modelo socioeducativo está llamado a convertirse en uno de
los pilares centrales de las nuevas políticas de
responsabilidad juvenil.

5.2 Dificultades del modelo socioeducativo y los
procesos de reinserción social de jóvenes
infractores de ley condenados en el Centro Iquique

Tal como lo mencionamos, nos internamos y relevamos el modelo
socioeducativo en cuanto simboliza uno de los pilares de las
políticas de responsabilidad juvenil y representa la
directriz principal para las estrategias de reinserción
social que se han venido implementando a partir del año
2003. Sus principios se institucionalizan en el Sistema
Nacional de Atención Socioeducativa para Infractores de
Ley, viendo a los jóvenes como sujetos de derechos y
a los procesos de reinserción social (familiar, laboral,
comunitario) como una inversión más que como un gasto.
Este modelo se fundamenta en cuatro componentes:
responsabilización, reparación, habilitación
y rehabilitación social. Además, se postula el
trabajo colaborativo de tres dimensiones que son: individual,
familiar y sociocomunitario, las cuales tienen sentido directo
con la responsabilización y reinserción social de
los jóvenes infractores de ley.

En el Centro Iquique, el 100% de los jóvenes condenados
a permanecer en los sistemas cerrado o semicerrados, está
obligado a pasar por programas socioeducativos como los descritos
en el Sistema Nacional de Atención Socioeducativa para
Infractores de Ley. La construcción del modelo
socioeducativo y las condiciones para su existencia han carecido,
desde un principio, de acciones
simbióticas y coordinadas para una efectiva puesta en
marcha de la ley, mermando algunos derechos juveniles ya
adquiridos y que con el nuevo sistema se vieron inevitablemente
transformados. En ese sentido, se advierte en el caso particular
del Centro Iquique que "cuando comenzó la ley, días
antes no estaba preparado este centro, con respecto a la
conformidad de los talleres. No estaba predispuesta la escuela, ni los
talleres prelabórales, y algunos jóvenes perdieron
sus beneficios que la antigua ley les había entregado. Y,
además, existieron muchos cambios y eso nos trunco"
(Entrevista a Informante Estratégico Nº1)

Recurriendo al perfil de los jóvenes que actualmente
cumplen condena en el Centro Iquique, podemos observar que en el
régimen cerrado (internación provisoria y
cumplimiento de condena) un 25% de los jóvenes estaba
cursando el primer ciclo de enseñanza básica (1 – 4º
Básico), un 58,3% lo hacía en el segundo ciclo
básico (5 – 8º Básico) y un 16,7% estaba
en enseñanza media. De ellos, la mayoría presenta
una condena significativa (2 años y más) y no
había trabajado antes, en un empleo formal
permanente o temporal. Sin embargo, la mayoría
había tenido una experiencia laboral fallida y con grandes
dificultades para desarrollar su "vocación", quedando
proclives a la generación de resentimientos y
frustración.

En general, esta descripción representa un cuadro global que
se nutre de aspectos cualitativos que llevan a planteamientos que
rescatan el sentido que construyen los jóvenes con sus
experiencias particulares. En este ámbito, no hay un solo
perfil de compromiso y, según el tipo de trayectoria de
vida de los menores del Centro Iquique, habría diferentes
formas de interacción entre factores que inciden
sobre la generación de delincuencia juvenil como:
deterioro de la calidad de las relaciones familiares,
interacción con pares comprometidos en conductas
delictivas, relación conflictiva con la escuela y procesos
de violencia y estigmatización escolar, desempeño en trabajos informales, factores
alterados de la
personalidad, experiencia de ingreso temprano a la red de
control social
formal (reincidencias), entre las más importantes.

El modelo socioeducativo y, en particular, la
capacitación técnica pre-laboral y de
nivelación escolar representan herramientas
recurrentemente utilizadas en los procesos de reinserción
social y rehabilitación conductual de adolescentes. En
este sentido, la innovación, de acuerdo a la percepción
de los actores institucionales, estaría marcada por la
obligatoriedad de los procesos de reescolarización y
capacitación, de acuerdo a la aplicación del
Plan de
intervención Individual que lo
define[128]En el Centro Iquique "actualmente
existe una reescolarización para aquellos jóvenes
que lo necesitan. En el modelo anterior no existía esto,
no era algo que estuviese constituido, se agotaban los medios. Ahora
los jóvenes regularizan sus estudios, trabajamos con
INJUV, y realmente los jóvenes reciben su documentación, antiguamente no lo
teníamos y no era obligatorio, los jóvenes si
querían iban. Ahora no, dentro del plan de
intervención -cualquiera sea su condena- el joven debe
asistir a clases, deben asistir a los talleres
preelabórales, debe ser participativo, de lo contrario va
contra de él y no puede acceder a beneficios (Entrevista a
Informante Estratégico Nº3).

Valorando los avances que se han gestado en estas materias,
resulta prudente no dejar de considerar que el atraso y las
insuficiencias en las condiciones de funcionamiento del nuevo
modelo socioeducativo para sistemas cerrados se convirtieron en
fantasmas que
afectaron de manera importante los procesos de reinserción
social de los jóvenes y, por ende, los derechos de los
cuales eran sujetos. No sólo los talleres pre-laborales se
vieron afectados por esta situación, también las
clínicas de corta estadía, que iban a estar a cargo
del CONACE y que hasta el día de hoy está presente
como una de las "deudas del sistema". En este sentido,
"faltó mucho personal profesional como un sicólogo
clínico, un encargado de redes, y no había
nada. Esta ley se tiro sin preguntar si es que el centro estaba
preparado para esto, y el centro no estaba preparado para recibir
a estos jóvenes. Este centro se comenzó a llenar,
la infraestructura no era la adecuada, los cuartos eran pocos y
muy pequeños. Igualmente según la ley iba haber una
escuela y una clínica de corta estadía, la
clínica estaba pero se encontraba en malas condiciones, no
estaba el personal, y esto fue un atraso para los mismos
jóvenes, ya que la mayoría eran consumidores de
drogas y no teníamos la clínica para realizar un
tratamiento de desintoxicación y todos estos
obstáculos debimos asumirlos nosotros (Entrevista a
Informante Estratégico Nº2).

Así, los informantes estratégicos, en general,
concluyen que no estaban dadas las condiciones para el
funcionamiento del Centro Iquique de acuerdo a las directrices
que entregaba la nueva ley para los procesos de
reinserción social. A la secundarización del modelo
socioeducativo, se sumó la falta de profesionales
especialistas, problemas de planificación, escaso nivel de
coordinación interinstitucional y una notoria
percepción de ausencia de procesos participativos con la
comunidad y los actores que tendrían que sobrellevar,
finalmente, estos complejos cambios institucionales. Hasta el
día de hoy, estos factores obstaculizadores siguen
presentes en la realidad del Centro Iquique. Dentro de este
complejo escenario, la construcción del nuevo modelo
socioeducativo de responsabilidad juvenil en el Centro Iquique se
encuentra en un estado de transición hacia el mejoramiento
de los aspectos deficitarios que han marcado el inicio de la ley
de responsabilidad juvenil y los desafíos para futuro.

Por otro lado, los efectos de los deficientes procesos de
capacitación funcionaria no se han dejado esperar tampoco
en el ámbito de implementación del modelo
socioeducativo en el Centro Iquique. El aprendizaje
selectivo basado en la entrega de los contenidos universales de
la ley de responsabilidad juvenil, con escasa pertinencia en las
labores funcionarias, no han sido elementos suficientes para
conformar una masa crítica
que permita vincular el modelo socioeducativo con la realidad de
los internos, sus trayectorias y expectativas de
autosuperación. En este sentido, se observa
desconocimiento respecto de la utilización del mejor
método
para aplicar adecuadamente el modelo socioeducativo, con
estándares de calidad reconocidos y
validados[129]No hay parámetros de medición respecto de la efectividad del
modelo socioeducativo (salvo datos aislados
que registran aquellos casos "exitosos") y los sistemas de
información difícilmente tienen la capacidad de
correlacionar de manera sólida la aplicación de
estas iniciativas con los resultados finales del proceso de
reinserción social de los jóvenes infractores de
ley.

Asimismo, el carácter histórico ligado a la
racionalidad del encierro y el castigo ha dificultado el
desarrollo de estrategias socioeducativas basadas en un proceso
de resocialización significativa que trascienda la mirada
de corto plazo. Esta situación se hace más evidente
en la etapa de monitoreo y acompañamiento de los
jóvenes al momento en que éstos deben reinsertarse
socialmente (etapa postegreso). Sin una capacidad de otorgarle
sustentabilidad a las iniciativas socioeducativas, los esfuerzos
e inversiones en este ámbito tienden muchas veces a
disiparse, estancarse o retrotraerse.

En consecuencia y ligado al punto anterior, pese a los avances
que se han realizado en el último
tiempo[130]entre los principales desafíos
que los actores institucionales perciben y relevan para el modelo
socioeducativo, se cuentan:

• "Que existan mayor cantidad de recursos para talleres y
  eso depende de la institución SENAME". En este punto
  se destaca el contar con "infraestructura necesaria" y
  "recursos para realizar talleres" pre-laborales y,
  particularmente, de educación, ya que representa una
  instancia "exigida por los jóvenes que no saben
  escribir o leer".

• Subvencionar y aumentar el número de horas de
  clases que semanalmente reciben los jóvenes del Centro
  Iquique, situación que depende del Ministerio de
  Educación y los recursos económicos para su
  realización[131]

• Que la clínica funcione para rehabilitar a los
  jóvenes con adicción a las drogas, de manera
  complementaria a la aplicación del modelo
  socioeducativo y con el propósito final de producir un
  impacto significativo en los grupos objetivos.

Así, el modelo socieducativo que se ha venido aplicando
en el Centro Iquique requiere no sólo cambios
físicos y materiales
sino, por sobre todo, una transformación cultural de los
sistemas de atención directa de jóvenes infractores
de ley que se encuentre no sólo adscrita al diseño
de políticas públicas sino que, además, a
las condiciones organizacionales internas y al capital humano
existente. Esto supone concebir las políticas de seguridad
pública como orientaciones estratégicas de las
políticas sociales (Dammert, 2005) o, al menos, propiciar
su articulación a partir de los lineamientos
estratégicos del desarrollo
regional[132]

En síntesis,
la identidad
cultural de la nueva organización del sistema de
responsabilidad juvenil resalta como un concepto que
también tiene cabida en los complejos procesos de
transformación de las políticas juveniles y
representa el motor que,
finalmente, puede mejorar la calidad de los dispositivos
socioeducativos de atención e intervención
directas. Así, desde la perspectiva cualitativa de los
actores institucionales, uno de los retos principales en esta
materia dice relación con transformar la cultura
organizacional y la razón práctica del modelo
socioeducativo, ya que como observan nuestros informantes
estratégicos "en el Centro Iquique, estamos recién
preparando el camino para que esta ley funcione. Yo creo que el
impacto está a muy larga data. Aún debemos hacer un
cambio cultural en la
organización que ojalá me gustaría que
se disuelva, y que nazca un servicio con un nombre, con
características propias de ejecución, que vayamos
haciendo y desarrollando cimientos culturales" (Entrevista a
Informante Estratégico Nº3).

5.3 Programas de reinserción social de
jóvenes infractores de ley: Impactos, eficacia y
sustentabilidad de los sistemas cerrados y
semicerrados

Los sistemas cerrados y semicerrados de atención
directa de jóvenes infractores de ley, más
allá de su connotación jurídica, se
encuentran atrapados en su propio medio. En efecto, las
políticas de responsabilidad juvenil parecen más
bien perfilarse como políticas sectoriales, sin el
acompañamiento que se espera de actores institucionales
claves en el proceso de reinserción social de los
jóvenes infractores de ley. Desde una perspectiva
integral, la complejidad que implica el tratamiento de la
delincuencia infantil desde los programas de prevención,
control, promoción y reinserción social requieren,
sin duda, de la fluida participación de diferentes actores
públicos, privados y sociales de la región para la
aplicación de políticas públicas coherentes
con las necesidades y los desafíos que impone la puesta en
marcha del sistema de responsabilidad penal juvenil.

La cuestión relativa a la creación de más
cárceles juveniles, creemos, no representa el eje
principal para garantizar la integración social y la paz
social. Se espera que las políticas de seguridad
pública dialoguen, en especial, con las políticas
sociales y se configuren como sistemas equitativos de
cooperación (Ebersold, 2000: 03) en torno al proyecto de
reinserción social de los jóvenes infractores de
ley condenados en centros de menores, como el de Iquique. Las
directrices están dadas en la política de
responsabilidad juvenil. Sin embargo, en las diferentes
dimensiones de operatividad del sistema de responsabilidad
juvenil que están presentes en el Centro Iquique, se
observa una limitada participación de instituciones
públicas claves en el proceso de reinserción social
de estos jóvenes. En este contexto, como sucede en otros
ámbitos de acción, los programas de
reinserción social de jóvenes infractores de ley
carecen, en la práctica, de políticas
públicas complementarias que permitan el establecimiento
de vínculos cooperativos con otras instituciones
públicas de la Región, con el objeto de propiciar
un trabajo coordinado y con mayor impacto en sus
beneficiarios/as. Para el caso del Centro Iquique, las
políticas de rehabilitación y reinserción
social de jóvenes infractores de ley parecen ser
"deficientes", esperándose la confluencia de los actores
especializados, tal como lo refleja la siguiente cita:

"Las políticas de rehabilitación y con las que
nosotros trabajamos son muy deficientes. En este caso,
debería hacerse cargo el SENCE como organismo de
capacitación y no nosotros, que debemos hacer maravillas
para poder lograr tener talleres para los jóvenes. El
ministerio de educación debería estar acá
entregando respuestas, ya que es un derecho la educación,
igualmente el tema de la salud. Yo creo que acá no se
está exigiendo como corresponde a los sistemas y/o
organismos que tienen responsabilidad. Falta trabajo en redes y
que las políticas públicas sean complementarias"
(Entrevista Informante Estratégico Nº5).

Cuando se les preguntó a los actores institucionales
respecto de las diferencias entre el actual modelo de
responsabilidad juvenil y el modelo anterior de asistencia,
protección y tutelaje, nos llamó la atención
la distinción que realizan entre asistencialismo y
responsabilización, así como la distinción
que implícitamente realizan entre conductualismo y
contructivismo. Sin embargo, dos elementos que saltaron a la
vista, fueron, en primer lugar, la negación del antiguo
modelo conductual y la aparente partida "foja cero" que se
percibe con el debut de la ley de responsabilidad penal
adolescente.

En segundo lugar, del análisis de los discursos
relativos a la concepción que recrean los actores
institucionales respecto de los programas institucionales de
reinserción social de jóvenes infractores de ley,
se pudo observar la tendencia a separar tajantemente la
niñez de la juventud,
desconociendo que esta última representa un estado de
transición entre la niñez y la adultez. En
consecuencia, los derechos juveniles nuevamente quedan
invisibilizados y son percibidos como derechos externos a la
labor propia del SENAME, tal como queda reflejado en el siguiente
planteamiento:

"El modelo anterior era conductual, son modelos
antiguos, que no sirven. Yo creo que el cambio es bueno,
igualmente el espíritu de esto tiene sentido, pero
tú puedes tener una muy buena bencina pero si se la
colocas a una citroneta no te va a servir. Tal ves el modelo es
interesante y es mejor de los sistemas que uno contemplaba acerca
de la juventud y el adolescente, de hecho nosotros debemos ver
sobre los derechos de los jóvenes y no de los
niños, SENAME se encarga de eso. Debería existir un
servicio limitado hacia la juventud." (Entrevista Informante
Estratégico Nº4).

Lejos de la posibilidad que el SENAME se desprenda de la
situación de los jóvenes[133]la
totalidad de los menores condenados a permanecer internados
provisionalmente en los centros de atención directa, se
ven obligados a pasar por programas de reinserción social
y rehabilitación. En este sentido, se propone un Plan de
Intervención Individual que, por lo general, es analizado
por el Tribunal Oral en lo Penal, para ser o no validado. Este
plan está conformado por un conjunto de acciones
socioeducativas destinadas a la reinserción social y
rehabilitación de jóvenes infractores de ley, que
responden, caso a caso, a la trayectoria individual, al tipo de
delito cometido y al tipo de sanción asignada. Estas
acciones, indudablemente se encuentran restringidas y limitadas
por los obstáculos que hemos venido señalando,
negándose el principio del debido proceso que
también es aplicable en el ámbito de la
reinserción social de los jóvenes infractores de
ley.

Los jóvenes del Centro Iquique pasan por diferentes
etapas de intervención en el proceso de reinserción
social, situación que es evaluada permanentemente por los
equipos técnicos y que es tomada en consideración
una vez que los jóvenes son sometidos al re-dictamen por
parte de tribunales (aplicación de beneficios,
sustitución de penas, sobreseimiento). El caso de los sistemas cerrados,
los jóvenes están obligados a permanecer todo el
tiempo bajo la custodia de la institución, por lo que el
proceso de reinserción social es permanente en el tiempo,
hasta la etapa en que el joven egresa del Centro, o bien recibe
el beneficio de libertad
condicional transitoria[134]No obstante aquello,
los programas de reinserción social que se han venido
implementando en el Centro Iquique dentro del ámbito de
las políticas de responsabilidad juvenil, se han visto
mermados en su capacidad de responder cabalmente a los
desafíos de otorgar una "educación significativa" a
los jóvenes condenados a cumplir condenas en sistemas
cerrados o semicerrados.

Para el caso de los sistemas semicerrados, la situación
es más compleja ya que, tratándose de delitos
significativos para los victimarios, los jóvenes
sólo están obligados a pernoctar en el Centro
Iquique y se encuentran durante el día en libertad
realizando algún tipo de tratamiento. Esta
situación ha sido, en no pocas ocasiones, aprovechada por
los jóvenes para no retornar y quebrantar las sanciones y
los procesos de reinserción social al cual son sujetos. En
tanto los sistemas semicerrados, los jóvenes hacen uso de
los sistemas abiertos donde, a juicio de CONACE y SENAME,
están concentradas las complicaciones al no establecerse
de manera fluida los vínculos necesarios con
organizaciones privadas (Corporación Esperanza, p. ej.)
para desarrollar procesos de reinserción social efectivos
y sustentables en el tiempo[135]

En ambos casos, pero en especial para los jóvenes que
cumplen condena en el sistema cerrado, una de las etapas
más sensibles y que requiere una particular
atención es la etapa post – intervención.
Ciertamente hay un trabajo de preparación con las
familias, que en más de un 65% de los casos terminan
haciéndose cargo de la última etapa del proceso de
reinserción social, es decir, cuando los/as jóvenes
vuelven a rehacer sus vidas en sus entornos cotidianos y se ponen
en interacción con el medio social. Sin embargo, dadas las
actuales condiciones del sistema, difícilmente el sistema
de atención de jóvenes infractores de ley puede
hacerse cargo de la situación post-egreso y garantizar, en
ese sentido, que el proceso de reinserción social sea
sustentable en el tiempo y significativamente eficaz.

En esto último, parece haber una brecha enorme entre el
diseño de las políticas públicas y su
gestión operacional, dado que se encuentra mencionado el
principio del acompañamiento en la etapa post-egreso de
los/as jóvenes infractores de ley atendidos en centros del
SENAME como el de Iquique, pero no existen los recursos
necesarios para implementar dichas acciones y otorgarles
sustentabilidad a la labor de integración social que
realiza el sistema público. La ley de responsabilidad
penal adolescente utiliza como último recurso el sistema
cerrado. La idea es que los jueces acreditaran sanciones como
multas, llamados de atención, servicio a la comunidad,
reparación de daños, etc., para después de
todo eso pasar a un sistema cerrado. Pese a esto, la realidad de
la Región de Tarapacá muestra que
tienden a pasarse "por alto todas esas sanciones anteriores y los
jueces llevan a los jóvenes a sistemas cerrados" y aun
así la delincuencia juvenil no disminuye, "muy por lo
contrario puede que se mantenga o incluso tenga tendencia hacia
las alzas"(Entrevista a Informante Estratégico
Nº3).

Por último, el escaso seguimiento, monitoreo y
acompañamiento de las políticas públicas de
reinserción social de jóvenes infractores de ley,
pone en duda la eficacia del modelo socioeducativo y la
consolidación de los sistemas de atención directa
(sistemas cerrados y semicerrados) como instancias para la
integración social de los/as jóvenes. En este
contexto, generalmente son los padres quienes continúan
con este proceso y se hacen cargo de la reinserción social
de sus hijos/as en la etapa post-egreso, situación que no
queda a menester del Centro Iquique como queda reflejado en esta
última cita:

"El problema está en lo que es la reinserción,
porque si sale un joven del centro y vuelve a su medio donde la
mamá o el papá están presos, se pierde un
poco el trabajo que se hace con el joven en el centro, nosotros
hacemos un trabajo como de mantención para que el joven
deje un poco de fumar y hacerle ver que mediante los estudios
puede cambiar su vida. Pero los jóvenes salen del centro y
vuelven a la población donde esta todo inserto la
droga y
vuelven a caer en lo mismo, porque no alcanzan a cruzar el otro
tramo que supuestamente deben seguir ellos. La idea es que
continúen estudiando y tengan otro lugar para estar, como
un hogar, donde se refuerce lo logrado en el centro, ya que no
tenemos obligación de hacer un seguimiento luego que
salen" (Entrevista a Informante Estratégico Nº5).

5.4 Las reyertas sobre el éxito y
el fracaso de las intervenciones

En este punto, nos disponemos a reflexionar respecto de las
visiones del el éxito y el fracaso de las intervenciones
que recrean los propios actores beneficiarios de las
políticas públicas del actual Centro Iquique. Nos
interesó rescatar las visiones del éxito y el
fracaso de los procesos de integración social, ambas caras
de la moneda respecto de la efectividad, calidad y
sustentabilidad de las intervenciones, vinculando sus
trayectorias de vida con los programas de reinserción
social del SENAME.

Antes de adentrarnos en las historias de vida de cuatro
jóvenes que han pasado por los programas de
reinserción social del Centro Iquique, pudimos contrastar
las visiones de los diferentes actores institucionales
entrevistados, quienes nos compartieron las percepciones respecto
de la eficacia, calidad y sustentabilidad de las intervenciones,
así como de las expectativas que tienen frente a las
dinámicas de los procesos de judicialización de los
jóvenes, la protección de sus derechos y los
procesos de reinserción social.

Cuando se les consultó a los entrevistados respecto de
qué desafíos tienen por delante los sistemas de
reinserción social de jóvenes infractores de ley
aplicados en el Centro Iquique, de cara a la disminución
de los delitos y la reincidencia en la Región de
Tarapacá, se observa, con cierto grado de eufemismo, el
desarraigo de la esperanza de que el sistema de responsabilidad
juvenil y reinserción social que opera en este Centro
contribuya de manera efectiva a la disminución de los
delitos juveniles y a la reducción de los niveles
colaterales de reincidencia. Los discursos son directos y claros
en señalar que "disminución de delitos no creo que
vaya haber, o sea siempre van a existir los delitos, sobretodo
con la juventud que tenemos". "Yo creo que los índices de
reincidencia de delitos y todos esos temas estadísticos
van a bajar con suerte en cinco años más. De hecho,
creo que ahora han aumentado" (Entrevista a Informante
Estratégico Nº2).

Así, queda de manifiesto que las expectativas de los
actores institucionales soportadas en la relación entre
medios y fines presenta dificultades a la hora de diseñar
y ejecutar planes de intervención dirigidos a consolidar
el modelo socioeducativo y gatillar procesos de
reinserción social eficaces, de calidad y sustentables en
el tiempo. Lo anterior, opera como complemento de las medidas de
prevención social y situacional del delito en adolescentes
en atención a la minimización de la reincidencia,
la disminución en la reproducción de la criminalidad juvenil y
el destierro de los vicios del sistema público en materia
de integración social significativa de menores infractores
de ley.

A partir de este tipo de reflexiones, se yergue cierto
escepticismo que afirma que "en un muy poco tiempo nosotros no
vamos a dar abasto para recibir a toda la población de
jóvenes infractores y eso es un gran desafío,
porque la ley esta muy bien presentada y pensada, lo importante
es contar con los recursos, para poder implementarla, y lo
importante es contar con el profesionalismo de los que trabajamos
con los jóvenes, para llevarla a cabo" (Entrevista
Informante Estratégico Nº1).

Ya sean interpretadas estas visiones como percepciones
realistas o pesimistas sobre de la efectividad de los programas e
instrumentos de reinserción social de jóvenes
infractores de ley, lo que nos interesa es, dentro de todo,
develar los cuestionamientos y el desaliento de los actores
institucionales y beneficiarios respecto de cómo ven
funcionando este sistema a futuro. Sin duda, el reencantamiento
particularmente de los actores institucionales será un
desafío ineludible por delante.

Desde la reflexividad comparativa, rescatamos las historias de
vida de cuatro jóvenes infractores de ley que han pasado
por el Centro Iquique (Ex – Arco Iris) durante los
últimos años, como una manera de acercarnos a los
significados que le atribuyen los jóvenes a las
experiencias de responsabilidad juvenil y reinserción
social, así como por el interés de
conocer los diferentes cursos que devienen en los procesos de
reinserción social y que se manifiestan como una reyerta
entre el éxito y el fracaso de las intervenciones, vale
decir, como dos caras de una misma moneda. De esta manera,
expondremos los extractos principales de las historias de vida de
los jóvenes entrevistados para, luego, dar paso a algunas
consideraciones finales. Veamos, ahora, cómo los
jóvenes que han pasado por el Centro Iquique resignifican
su paso por la institución y realizan una relectura de los
obstáculos del proceso de reinserción social.

a) La historia de vida de Carlos: Envuelto entre la
reincidencia y la escapatoria.

Carlos tiene actualmente 19 años, nace en septiembre
del año 1989 en la ciudad de Iquique – Chile. Su madre es
la Sra. Juana, tiene 40 años. Su padre es el Sr. Renato.
Esta pareja tuvo cinco hijos. Carlos fue el tercero de ellos. Su
hermana mayor posee problemas de aprendizaje y asiste a una
escuela especial de la ciudad de Iquique. El otro hermano mayor
de Carlos (21 años), permanece actualmente detenido en la
cárcel de Alto Hospicio, por el delito de asalto a mano
armada. Por otro lado, el hermano menor de Carlos, de 17
años de edad, permanece detenido junto a Carlos en el
Centro Iquique por el delito de asalto a mano armada. Carlos y su
hermano menor cometieron juntos el mismo delito y se encuentran
bajo el sistema de cumplimiento de condena del SENAME (Centro
Iquique). Por último, la hermana menor de Carlos, de 14
años de edad, es estudiante y una alumna distinguida por
sus excelentes calificaciones en la escuela.

La infancia de
Carlos fue complicada. Su padre fue detenido y condenado a una
pena de 13 años en la cárcel de la ciudad Iquique.
Su madre Juana quedó a cargo de sus 5 hijos y, al no tener
un lugar fijo de residencia, constantemente se mudaban a
poblaciones en donde estaba presente la delincuencia y la
drogadicción.

Estas razones llevaron a Carlos a ser detenido por el delito
de hurto y derivado al antiguo Centro Arcoiris, actualmente
Centro Iquique. Luego, Carlos fue detenido 4 veces más,
una vez por robo con intimidación, 2 veces por robo a
lugar habitado y finalmente por un robo cometido a un
camión de cigarrillos Belmont (artículo de
rápida "reducción"), siendo detenido por
Carabineros en la Comuna de Alto Hospicio.

A juicio del mismo Carlos, las "malas juntas" lo llevaron a
consumir drogas y, posteriormente, a
delinquir[136]La motivación de este joven a cometer estos
delitos fueron las la influencia de grupos de pares
que compartían códigos que resultaban ser un
incentivo para consumir pasta base, la necesidad de obtener
dinero para consumir estas drogas y un pensamiento
erróneo acerca de la diversión juvenil.

Carlos recuerda que la primera vez que ingresó al
Centro Arcoiris, sintió desconfianza hacia la gente que
trabajaba allí y los demás internos. Por esa
razón, "guardaba un tenedor para utilizarlo como arma" en
caso de que lo requiriese. Al ser descubierto, permanece
castigado por un mes.

Luego, Carlos destaca que comienza voluntariamente a
participar en los talleres y comienza a cambiar de manera
positiva su relación con los "tíos" (Educadores de
Trato Directo y funcionarios en general). Actualmente reconoce
que se vive una situación "muy distinto", ya que el
ambiente del
centro, a juicio de Carlos, cambió con la llegada de los
gendarmes y "se les debe obedecer a ellos y no como antes que
eran los tíos los que ejecutaban las órdenes".

La razón que Carlos expresa sobre por qué vuelve
a delinquir, es que al salir del centro vuelve a su antiguo
entorno, y vuelve a caer en el consumo de drogas.

Con respecto a los aspectos de "resistencia" y "disidencia"
que Carlos expresa en relación con su actual
situación en el Centro Iquique, éstas quedan
reducidas a la interacción cotidiana con "algunas personas
internadas igualmente en el centro que causan problemas" y que
resultan ser verdaderos obstáculos, en definitiva, para
Carlos en su rehabilitación.

b) La historia de vida de Oscar: Entre recaídas y
méritos

Oscar tiene 18 años, nace en la ciudad de Tocopilla en
octubre de 1990. Su madre es la Sra. Angela, de 54 años de
edad, nacida en la ciudad de Tocopilla. Su padre es el Sr.
Alfredo, nacido en la ciudad de Antofagasta. Esta relación
tuvo 2 hijos: Oscar de 18 años y Carmen de 16 años
de edad. La pareja se casó en la ciudad de Tocopilla y
allí nació su primer hijo Oscar. A los 2
años de edad, los padres decidieron mudarse a la ciudad de
Iquique.

La infancia de Oscar fue truncada por los anhelos de independencia
del joven quien a los 11 años de edad decide abandonar su
casa, su familia y sus
estudios, los que solo llegaron hasta 4to año de
educación básica. Así, comenzó a
"vagar por las calles y a consumir pasta base". Fue allí
cuando la institución SENAME lo trasladó al Centro
Arcoiris. Actualmente, se encuentra detenido en el Centro Iquique
por el delito de robo en lugar habitado, lleva 2 años y 2
meses de encierro.

Oscar a cometido reiteradamente delitos de alta
connotación social. Se involucraba en éstos,
básicamente, por una gran adicción hacia las drogas
y la
motivación de sobrevivencia e independencia, para
pagar sus necesidades básicas como era la vestimenta, un
techo y la alimentación.

Su primera vez en el Centro Arcoiris fue por protección
y su estadía, recuerda, fue muy buena, ya que dentro de la
institución "no consumía drogas y permanecía
limpio". Existe un gran cariño hacia los profesionales o
"tíos" como le llaman ellos. La diferencia que reconoce en
el actual sistema (Centro Iquique) es la "gran cantidad de
gendarmes" en la institución. En este sentido, Oscar
comenta que, por tanta "presión",
le va mal en el plan de intervención.

Actualmente Oscar está condenado por 3 años y un
día por el último delito que cometió, y las
causas fueron robar por falta de dinero y aprovechar de que era
menor de edad ya que, suponía, que las sanciones no eran
tan estrictas.

En el Centro Iquique Oscar manifiesta su agrado en
relación con la oportunidad que tiene de validar sus
estudios. Actualmente lleva cursado 8º de educación
básica gracias a la institución. Igualmente, valora
la orientación que se le entrega para tomar conciencia y
lograr reinsertarse en la sociedad. Lo que le desagrada es el
encierro y tener que dormirse temprano, aunque no siempre se
cumple esa orden, él trata de tener un excelente
comportamiento para obtener beneficios de la
institución.

Oscar indica que no volvería a delinquir, ya que espera
en una vida futura poder trabajar honestamente y formar una
familia con su polola.

Oscar actualmente se encuentra en internación
provisoria. No tiene noticias de su
familia, lo único que sabe es que su padre está
detenido en la ciudad de Antofagasta, no recibe visitas de otros
familiares directos. Su única visita es su polola, con la
que posee una relación estable y de convivencia. Ella lo
visita todos los martes y jueves.

c) La historia de vida de Daniel: Venciendo los rigores de
la vida adolescente.

Daniel, tiene 22 años de edad y se encuentra
actualmente en calidad de egresado del Centro Iquique. Nace en la
ciudad de Iquique, en el año 1986. Su madre es la Sra.
Flora, tiene 52 años de edad, nacida en la ciudad de
Concepción y, actualmente, trabaja como asesora del hogar
en la ciudad de Chiloé.
Su padre es el Sr. Pedro, quien tiene 43 años de edad y
actualmente se encuentra detenido en la cárcel de Alto
Hospicio. Esta pareja tiene 4 hijos, Paolo de 24 años de
edad, actualmente detenido en la ciudad de Arica, sus estudios
llegaron hasta 8º año de educación
básica; Fresia de 21 años de edad, actualmente se
encuentra viviendo en la ciudad de Arica con su pareja; y, Marcia
de 23 años de edad, quien actualmente se encuentra
relativamente mal, ya que se encuentra en el vicio de la pasta
base y no se tiene información de su paradero.

Daniel, en su infancia, tenía una fuerte
relación con sus hermanos mayores. Vivía en las
Tomas de Alto Hospicio, y desde muy pequeño trabajaba
vendiendo dulces, limpiando autos y
recaudando dinero para su familia. Quedó estancado en sus
estudios muy tempranamente y hasta hoy no los ha podido
recuperar.

A los 12 años de edad, comenzó a consumir pasta
base de cocaína
por medio de la influencia de un vecino, que le ofrecía
drogas y luego, con lo recaudado de sus ventas,
financiaba su adicción. Daniel entró al Centro
Arcoiris por medidas de protección, ya que era un
niño envuelto en la adicción de la pasta base y sus
padres igualmente eran consumidores.

Según lo manifestado por el propio Daniel, la
experiencia en el Centro fue buena, ya que pudo rehabilitarse
totalmente y encontrar trabajo. Reconoce el apoyo incondicional
del Centro, de sus funcionarios y del Director. Sin embargo,
cuando Daniel cumplió 15 años, volvió a la
calle a consumir drogas. Luego, fue tomado por funcionarios del
Centro para una desintoxicación, donde fue tratado por
sicólogos. Recuerda que se encontraba en un cuarto
totalmente solo y era atendido, además, por otros
profesionales. Este tratamiento duró 3 meses.

De acuerdo a su testimonio, lo que ayudó a Daniel a no
volver a consumir drogas fue, principalmente, el tratamiento que
se le entregó en el Centro. Antes, su comportamiento era
extremo, desordenado, se escapaba e, incluso, vendía la
ropa que le entregaba el Centro para seguir financiando sus
"vicios".

Luego, al estar rehabilitado, es enviado a la ciudad de
Chiloé donde se encontraba su madre. Allí
permaneció 6 años trabajando en una fábrica
de salmones, pero volvió a Iquique en busca de un nuevo
empleo.

Desde un comienzo, no existió un apoyo de los padres ni
otros familiares directos durante el proceso de
rehabilitación de este joven, ya que ellos igualmente eran
consumidores. Por esa razón, la Sra. Flora decidió
irse de la ciudad de Iquique y vivir en Chiloé, donde se
rehabilitó de su adicción.

Lo que marco significativa la experiencia de vida de este
joven en el Centro Iquique, fue el tipo de atención basada
en el afecto y la orientación, las cuales se manifestaba
en que se preocupaban de él, se le entregaban todos sus
materiales de aseo, ropa limpia, comida, los talleres de
panadería, otros talleres, y en los funcionarios que
creyeron en su rehabilitación. Lo que releva como puntos
negros de su paso por el Centro fue su compleja y forzada
adhesión al proceso de abstinencia. Ahora ha observado el
Centro y reconoce que es muy distinto a su experiencia, ya que
existen gendarmes. Antes el Centro era "más libre",
sentenciando que hoy "no existen las mismas posibilidades de
rehabilitación que antes".

Lo que espera Daniel en su vida futura, es continuar
trabajando para comprar su casa y terminar sus estudios. Indica
tajantemente que no volvería a consumir drogas
nuevamente.

d) La historia de vida de Héctor. Superando la
desazón y el flagelo de las drogas

Héctor, tiene 19 años de edad y es otro joven
que se encuentra en calidad de egresado del Centro Iquique y que
pudimos contactar. Nació en la ciudad de Lota, en enero de
1990. Su madre es la Sra. Claudia, de aproximadamente 45
años de edad. Su padre es el Sr. Jorge, de 50 años
de edad. Esta pareja tiene 4 hijos: Gonzalo de 21 años de
edad, Héctor de 19 años de edad, Mario de 12
años de edad y Carla de 11 años de edad.

Esta pareja viajó a Iquique cuando Héctor
tenía 8 años de edad momento en el cual, por
motivos laborales, sus padres se instalaron en la
población El Boro de Alto Hospicio. En 5º año
de educación básica, Héctor abandonó
sus estudios formales. A los 10 años, Héctor
comenzó a deambular por las calles y a consumir drogas con
un amigo.

Las razones de por qué Héctor entró al
Centro Arcoiris fueron principalmente por protección, ya
que se encontraba consumiendo de manera problemática pasta
base de cocaína. Luego, volvió a ingresar al Centro
por rompimiento de un parabrisa y porte de arma blanca. Sus
razones fueron por su "estado anímico" del momento
(rabia).

La primera experiencia de Héctor en el Centro Arcoiris
fue breve, ya que los padres de Héctor lo iban a buscar al
Centro. Sin embargo, luego de reiteradas veces (aproximadamente
10 veces) sus padres se cansaron y no lo fueron a buscar
más. Los conflictos
familiares hicieron que se estrechara la relación de
Héctor con los funcionarios del Centro Arcoiris,
situación significativa para el joven en términos
de afectos y orientación.

Lo que le permitió a este joven, finalmente, crear
conciencia para no volver a la calle en condiciones de vagancia
fue el dueño de la empresa El
Bosque de Alto Hospicio, quien le ofreció trabajo en su
empresa,
asumiendo la tutela de
Héctor a los 16 años. Igualmente, contribuyó
haber recibido un tratamiento de desintoxicación en el
Centro Arcoiris, lo cual fue fundamental para su total
rehabilitación.

Los aspectos que resultaron significativos en su
estadía por el Centro, fueron su participación en
los talleres de estudio, el trato de los funcionarios hacia los
jóvenes, y la continuación de sus estudios de
5º y 6º básico.

Durante su proceso en el Centro Arcoiris existía una
clara preocupación por parte de sus padres y familiares
directos. Actualmente su Familia vive nuevamente en la ciudad de
Lota, y existe una comunicación entre Héctor y sus
padres, pero es más escasa.

Héctor desea continuar trabajando en la empresa El
Bosque, para cancelar sus deudas por la compra de un auto, tener
una familia con su pareja, con la que convive actualmente.

• e) Síntesis y reflexiones en torno a las
  experiencias juveniles

Como hemos podido apreciar, los análisis discursivos de
estas cuatro experiencias de vida dejan entrever que los sistemas
de atención directa han venido reforzando, en el
último tiempo, las declaradas debilidades identificadas
desde la partida de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
Sin embargo, aún quedan aspectos pendientes que no se
solucionan con medidas de adecuación a la actual realidad
del Centro Iquique.

Al menos pueden reconocerse dos grandes tareas que son
anheladas tanto para los jóvenes infractores de ley como
para los propios actores institucionales. Una, es construir una
nueva infraestructura acorde con las políticas de
ordenamiento territorial y los estándares de calidad,
situación que se daría en 3 años más,
de acuerdo a lo informado por los actores institucionales. La
otra tarea es propiciar un cambio cultural en la
organización del Centro Iquique, reformulando el rol de
Gendarmería en tanto actor de orientación
conductual y represión interna. En este sentido, no
sólo existe una expresión simbólica de la
violencia legítima que es preciso repensar al interior de
los centros juveniles sino que, además, existen
situaciones prácticas (entrega de instrucciones,
orientaciones técnicas,
referentes conductuales) que afectan el sentido de las
intervenciones para la reinserción social de estos
jóvenes.

Por último, a la luz de un análisis evaluativo
general, nuestra tesis de la
aproximación de los sistemas cerrados de atención
directa de jóvenes infractores de ley hacia un modelo
clásico de carcelarización, resulta valedera a la
luz de los siguientes elementos:

• Aplicación del Código Penal adulto a las
  variadas situaciones y figuras criminológicas de los
  jóvenes.

• Carencia de condiciones espaciales en el Centro Iquique
  para segregar los menores de 14 años con los
  jóvenes de 18 años de adultos y, en
  consecuencia, para desarrollar un trabajo de
  reinserción social pertinente con los jóvenes.
  A razón de la ocupación indistinta de los
  espacios entre menores y jóvenes que se encuentran ad
  portas de la adultez[137]situación que
  lleva a que las relaciones entre internos se mezclen sin
  distinción y estén bajo la tutela de
  Gendarmería.

• En relación con el punto anterior, la presencia de
  Gendarmería también ha producido un impacto en
  la modelación de las conductas, costumbres y
  códigos significacionales de los/as internos/as a
  través de las relaciones directas que se establecen
  dentro del Centro Iquique.

• Falta de capacitación funcionaria que permita
  comprender cabalmente el sentido del nuevo modelo de
  responsabilidad juvenil, evitando las contradicciones
  epistemológicas y prácticas que se producen con
  el modelo socioeducativo (vigilar y castigar v/s recuperar y
  reinsertar socialmente).

• El sistema semicerrado a demostrado su ineficacia producto
  de la baja adherencia de los jóvenes a los programas y
  planes de intervención individual.

A estos puntos se adiciona el choque cultural que se produce
entre los enfoques correccional y socieducativo, así como
la ambigua coexistencia entre el nuevo modelo de responsabilidad
juvenil y los arquetipos carcelarios tradicionales..

La seguridad de los recintos se ha convertido en una de las
principales preocupaciones y destinos presupuestarios, con
costos de
oportunidad que afectan directamente al fortalecimiento del
modelo socioeducativo y las políticas de
reinserción social de jóvenes que han cometido
delitos graves y que son recibidos por el Centro Iquique. En este
sentido, los análisis discursivos y la información
resultante del proceso de investigación develan que el
modelo de responsabilidad juvenil y de reinserción
socioeducativa presentan escasas vinculaciones con el mundo de la
vida que les espera en un futuro próximo.

Por último, la cuestión de fondo que pudo
develarse y constituirse en una importante señal en la
orientación de la
investigación fue el tipo de institucionalidad que se
ha conformado en torno a la situación de los menores
infractores de ley. No sólo es posible distinguir procesos
institucionales que se objetivan y que informan la funcionalidad
estructural del nuevo sistema de responsabilidad juvenil.
También existe una dimensión cultural y subjetiva
que se relaciona con la moral,
los valores,
las costumbres y las trayectorias de vida de los jóvenes,
y que no necesariamente ha estado en sintonía con los
macroprocesos de transformación socioinstitucional.

Este cambio cultural también cruza las corrientes
correccionales, proteccionales y socioconstructivistas que,
aparentemente, tensionan la gravidez del nuevo modelo de
responsabilidad juvenil. De ahí que una cuestión
clave, ilustrada a la luz de los datos, sea el sentido carcelario
tradicional que opera como esquema simbólico y
fáctico del sistema de responsabilidad juvenil,
particularmente en el ámbito de los regímenes
cerrados. He de esperar, entonces, que en esta nueva fase de las
políticas de responsabilidad juvenil se orienten
más decididamente hacia la integración social de
los jóvenes, el fortalecimiento del modelo socioeducativo
y la resignificación de la cultura organizacional de los
centros juveniles.

CONCLUSIONES

Reflexiones finales acerca de los procesos de
integración social de jóvenes infractores de ley en
la Región de Tarapacá

De manera general, los cambios institucionales promovidos en
el último tiempo en el ámbito de las
políticas de responsabilidad penal adolescente y los
sistemas de reinserción social de jóvenes
infractores de ley dejan entrever que la adecuación de
Chile a las normas internacionales no ha sido del todo
efectiva.

Un aspecto fundamental que vanagloria al nuevo modelo de
atención de jóvenes infractores de ley es que se
reconocen los derechos del niño toda vez que se le acuse
de haber infringido leyes penales o
que se le declare culpable de dichas transgresiones. Se espera
que el tratamiento e intervenciones sobre la población
juvenil condenada a regímenes cerrados reconozca el
sentido de la dignidad,
refuerce los valores de
sana convivencia y fortalezca el respeto del
adolescente por los derechos humanos
y las libertades fundamentales de terceros. Además, se
debe tener en cuenta la edad del menor y la importancia de
promover su reintegración, para que pueda asumir una
función
constructiva en la sociedad.

Creemos que difícilmente en el ámbito regional
la nueva ley de responsabilidad penal adolescente ha logrado
garantizar a plenitud el desarrollo de los dispositivos y
procesos de reinserción social de jóvenes
infractores de ley, particularmente en el ámbito de los
sistemas cerrados. Sin embargo, resultaría injustificado e
injusto desestimar los importantes avances que en Chile se han
implementado en estas materias. No obstante las críticas
al nuevo sistema, son asimismo destacables los esfuerzos de las
autoridades locales frente a un proceso que por el componente de
reforma nacional, con un marcado acento centralista, ha terminado
por escapar de sus ámbitos de responsabilidad
política. Lo importante no es buscar culplables de la
indeterminación de un sistema que está inconcluso,
sino identificar los obstáculos que atentan, en
definitiva, contra la calidad de las políticas de
responsabilidad juvenil y reinserción social de
jóvenes infractores de ley.

No obstante sigue existiendo una amplia demanda por la
privación de libertad como sanción principal contra
los actos delictivos cometidos por adolescentes, los fundamentos
sobre los cuales se desarrolla la idea acerca de la
inconveniencia de la privación de libertad derivan de la
baja capacidad para producir integración social y la
violencia que supone este tipo de medidas. Los impactos de la
prisión y los estigmas que transportan como "karmas" los
adolescentes infractores de ley internados o recluidos en los
centros juveniles como el de Iquique, son variados considerando
que los jóvenes están en una etapa de
construcción de identidad y en un período
crítico del desarrollo en los ámbitos cognitivo,
emocional y social al momento de ser sancionados con penas en
sistemas cerrados o semicerrados.

La demanda de la población para que el Estado
establezca medidas más severas para disminuir la violencia
y el delito, ha sido tomada en consideración, a nuestro
entender, de una manera superficial. En principio porque, si bien
es cierto, en el último tiempo ha aumentado la
participación juvenil en ciertos delitos, la
contribución de los mismos en el volumen global de
la población juvenil sigue siendo pequeña. Sumado a
ello, debe tomarse en cuenta que gran parte de los adolescentes
que cometen infracciones a la ley, lo hacen dentro de un proceso
de maduración y, por ende, estas conductas tienden a
desaparecer espontáneamente cuando llegan a la edad
adulta, siempre y cuando no prime un alto compromiso con los
valores y pautas de comportamiento criminales y/o con la
adicción a las drogas. En efecto, diversos estudios
indican que entre el 70% y 80% de los jóvenes (menores de
18 años) que han cometido al menos una infracción,
ésta generalmente es insignificante y no llega a ser
denunciada o descubierta.

Si bien la ciudadanía tiene el derecho de impulsar
leyes que le permitan proteger sus intereses y demandar al Estado
la paz social y la seguridad de las personas, toda ley penal
adolescente –tal como la tendencia internacional lo indica-
tiene, además, un poderoso propósito de
integración social, basado en el reconocimiento de la
adolescencia
como una etapa crítica, lo que ha fundamentado la
especificidad del sistema. Este propósito se ve
ampliamente mermado toda vez que se intenta imponer la
privación de libertad y el esquema carcelario como
sanción única frente a los delitos graves.