Desenvolvimiento de relaciones exteriores (página 2)

Las Fuerzas Armadas de España
mantienen en la actualidad a casi tres mil efectivos en cinco
misiones de paz de la UE, la OTAN y la ONU. Estas
misiones son: la ISAF en Afganistán; la EUFOR en Bosnia y
Herzegovina; la KFOR en Kosovo; la FINUL en el Líbano y la
misión
de la ONU para Darfur (en Chad).

Nº DE MISIONES
DIPLOMÁTICAS

España tiene una enorme presencia en el
exterior. El número de relaciones que mantiene en todo el
planeta asciende a 118 representaciones, en los 5 continentes.
Siendo estas representaciones diplomáticas una muestra de buena
correspondencia entre el Reino de España y el mundo o la
mayor parte de este. Abajo se encuentran las embajadas y
consulados de España en el mundo[1]

Europa

37 misiones diplomáticas en este continente:

Embajada de España en Atenas, Grecia

Embajada de España en Berlín,
Alemania

Embajada de España en Bratislava,
Eslovaquia

Embajada de España en Moscú,
Rusia

Embajada de España en Oslo, Noruega

Embajada de España en París,
Francia

Embajada de España en Praga,
República Checa

Embajada de España en Sofía,
Bulgaria

Embajada de España en Viena, Austria

• Albania

• Tirana (Embajada)

• Alemania

• Berlín (Embajada)

• Andorra

• Andorra la Vella (Embajada)

• Macedonia

• Skopie (Embajada)

• Austria

• Viena (Embajada)

• Bélgica

• Bruselas (Embajada)

• Bosnia y Herzegovina

• Sarajevo (Embajada)

• Bulgaria

• Sofía (Embajada)

• Chipre

• Nicosia (Embajada)

• Croacia

• Zagreb (Embajada)

• Dinamarca

• Copenhague (Embajada)

• Eslovaquia

• Bratislava (Embajada)

• Eslovenia

• Liubliana (Embajada)

• Estonia

• Tallin (Embajada)

• Finlandia

• Helsinki (Embajada)

• Francia

• París (Embajada)

• Grecia

• Atenas (Embajada)

• Hungría

• Budapest (Embajada)

• Irlanda

• Dublín (Embajada)

• Italia

• Roma (Embajada)

• Letonia

• Riga (Embajada)

• Lituania

• Vilna (Embajada)

• Luxemburgo

• Luxemburgo (Embajada)

• Malta

• Valletta (Embajada)

• Noruega

• Oslo (Embajada)

• Países Bajos

• La Haya (Embajada)

• Polonia

• Varsovia (Embajada)

• Portugal

• Lisboa (Embajada)

• Reino Unido

• Londres (Embajada)

• República Checa

• Praga (Embajada)

• Rumania

• Bucarest (Embajada)

• Rusia

• Moscú (Embajada)

• Santa Sede

• Ciudad del Vaticano (Embajada)

• Serbia

• Belgrado (Embajada)

• Suecia

• Estocolmo (Embajada)

• Suiza

• Berna (Embajada)

• Ucrania

• Kiev (Embajada)

América del Norte

3 representaciones en Norte América:

Embajada de España en México DF,
México

• Canadá

• Ottawa (Embajada)

• Estados Unidos

• Washington DC (Embajada)

• México

• México, D.F. (Embajada)

América Central y el Caribe

11 misiones diplomáticas:

Embajada de España en La Habana, Cuba

• Costa Rica

• San José (Embajada)

• Cuba

• La Habana (Embajada)

• El Salvador

• San Salvador (Embajada)

• Guatemala

• Ciudad de Guatemala (Embajada)

• Haití

• Puerto Príncipe (Embajada)

• Honduras

• Tegucigalpa (Embajada)

• Jamaica

• Kingston (Embajada)

• Nicaragua

• Managua (Embajada)

• Panamá

• Ciudad de Panamá (Embajada)

• República Dominicana

• Santo Domingo de Guzmán (Embajada)

• Trinidad y Tobago

• Puerto España (Embajada)

América del Sur

10 misiones diplomáticas:

• Argentina

• Buenos Aires (Embajada)

• Bolivia

• La Paz (Embajada)

• Brasil

• Brasilia (Embajada)

• Chile

• Santiago de Chile (Embajada)

• Colombia

• Bogotá (Embajada)

• Ecuador

• Quito (Embajada)

• Paraguay

• Asunción (Embajada)

• Perú

• Lima (Embajada)

• Uruguay

• Montevideo (Embajada)

• Venezuela

• Caracas (Embajada)

Oriente Medio

13 misiones diplomáticas:

• Arabia Saudita

• Riad (Embajada)

• Emiratos Árabes Unidos

• Abu Dhabi (Embajada)

• Irán

• Teherán (Embajada)

• Iraq

• Bagdad (Embajada)

• Israel

• Tel Aviv (Embajada)

• Jordania

• Ammán (Embajada)

• Kuwait

• Ciudad de Kuwait (Embajada)

• Líbano

• Beirut (Embajada)

• Omán

• Mascate (Embajada)

• Qatar

• Doha (Embajada)

• Siria

• Damasco (Embajada)

• Turquía

• Ankara (Embajada)

• Yemen

• Saná (Embajada)

África

28 misiones diplomáticas:

• Angola

• Luanda (Embajada)

• Argelia

• Argel (Embajada)

• Cabo Verde

• Praia (Embajada)

• Camerún

• Yaundé (Embajada)

• Costa de Marfil

• Abidjan (Embajada)

• Egipto

• El Cairo (Embajada)

• Etiopía

• Addis Abeba (Embajada)

• Gabón

• Libreville (Embajada)

• Ghana

• Accra (Embajada)

• Guinea

• Conakry (Embajada)

• Guinea-Bissau

• Bissáu (Embajada)

• Guinea Ecuatorial

• Malabo (Embajada)

• Kenia

• Nairobi (Embajada)

• Libia

• Trípoli (Embajada)

• Malí

• Bamako (Embajada)

• Marruecos

• Rabat (Embajada)

• Mauritania

• Nuakchott (Embajada)

• Mozambique

• Maputo (Embajada)

• Namibia

• Windhoek (Embajada)

• Níger

• Niamey (Embajada)

• Nigeria

• Abuja (Embajada)

• República Democrática del
  Congo

• Kinshasa (Embajada)

• Senegal

• Dakar (Embajada)

• Sudáfrica

• Pretoria (Embajada)

• Sudán

• Jartum (Embajada)

• Tanzania

• Dar es Salaam (Embajada)

• Túnez

• Túnez (Embajada)

• Zimbabue

• Harare (Embajada)

Asia

14 misiones diplomáticas:

• Afganistán

• Kabul (Embajada)

• Bangladesh

• Dacca (Embajada)

• China

• Pekín (Embajada)

• Corea del Sur

• Seúl (Embajada)

• Filipinas

• Manila (Embajada)

• India

• Nueva Delhi (Embajada)

• Indonesia

• Yakarta (Embajada)

• Japón

• Tokio (Embajada)

• Kazajistán

• Astaná (Embajada)

• Malasia

• Kuala Lumpur (Embajada)

• Pakistán

• Islamabad (Embajada)

• Singapur

• Singapur (Embajada)

• Tailandia

• Bangkok (Embajada)

• Vietnam

• Hanói (Embajada)

Oceanía

2 misiones diplomáticas:

Embajada de España en Canberra,
Australia

• Australia

• Canberra (Embajada)

• Nueva Zelanda

• Wellington (Embajada)

Nº DE MISIONES
CONSULARES

El número de relaciones consulares que
España tiene asciende a 27 relaciones diplomáticas
consulares en diferentes países, sin embargo el
número de consulados generales que tiene en el exterior es
de 66 en total. A continuación las señalamos de
acuerdo al continente al que pertenecen:

Europa

Alemania

Düsseldorf (Consulado-General)

Fráncfort del Meno
(Consulado-General)

Hamburgo (Consulado-General)

Hanóver (Consulado-General)

Múnich (Consulado-General)

Stuttgart (Consulado-General)

Francia

Bayona (Consulado-General)

Burdeos (Consulado-General)

Estrasburgo (Consulado-General)

Lyon (Consulado-General)

Montpellier (Consulado-General)

Marsella (Consulado-General)

Pau (Consulado-General)

Perpiñán
(Consulado-General)

Toulouse (Consulado-General)

Italia

Génova (Consulado-General)

Milán (Consulado-General)

Nápoles (Consulado-General)

Países Bajos

Ámsterdam (Consulado-General)

Portugal

Oporto (Consulado-General)

Vila Real de Santo António
(Consulado)

Reino Unido

Edimburgo (Consulado-General)

Manchester (Consulado-General)

Rusia

San Petersburgo (Consulado-General)

Suiza

Ginebra (Consulado-General)

Zúrich (Consulado-General)

América del Norte

Canadá

Montreal (Consulado-General)

Toronto (Consulado-General)

Estados Unidos

Boston (Consulado-General)

Chicago (Consulado-General)

Houston (Consulado-General)

Los Ángeles
(Consulado-General)

Miami (Consulado-General)

Nueva Orleans (Consulado-General)

Nueva York (Consulado-General)

San Francisco (Consulado-General)

San Juan (Consulado-General)

México

Guadalajara (Consulado-General)

Monterrey (Consulado-General)

América Central y el Caribe

Sólo cuentan con embajadas y ninguno de
los países de esta región cuenta con un consulado
general.

Argentina

Bahía Blanca
(Consulado-General)

Córdoba (Consulado-General)

Ciudad de Mendoza
(Consulado-General)

Rosario (Consulado-General)

Bolivia

Santa Cruz de la Sierra
(Consulado-General)

Brasil

Porto Alegre (Consulado-General)

Río de Janeiro
(Consulado-General)

Salvador de Bahía
(Consulado-General)

São Paulo (Consulado-General)

Colombia

Cartagena de Indias
(Consulado-General)

Ecuador

Guayaquil (Consulado-General)

Israel

Jerusalén (Consulado-General)

Turquía

Estambul (Consulado-General)

África

Argelia

Orán (Consulado-General)

Egipto

Alejandría (Consulado-General)

Guinea Ecuatorial

Bata (Consulado-General)

Marruecos

Casablanca (Consulado-General)

Nador (Consulado-General)

Tánger (Consulado-General)

Tetuán (Consulado-General)

Nigeria

Lagos (Consulado-General)

Sudáfrica

Ciudad del Cabo
(Embajada/Consulado-General)

Asia

China

Hong Kong (Consulado-General)

Shanghái (Consulado-General)

India

Mumbai (Consulado-General)

Oceanía

Australia

Sydney (Consulado-General)

Melbourne (Consulado-General)

RELACIONES
COMERCIALES

En los años ochenta del siglo pasado la mayoría
de países latinoamericanos fueron pasando gradualmente
desde regímenes autoritarios a democracias
representativas, lo que fue un gran avance. Al mismo tiempo, la
inmensa mayoría de ellos adoptaron una nueva estrategia de
crecimiento
económico que pasaba por la apertura y
liberalización de sus economías y el emprendimiento
o intensificación de los procesos de
integración regional. En ambos terrenos
España se convirtió para los políticos
latinoamericanos y para la opinión
pública de aquellos países en referencia
obligada. Nosotros también habíamos consolidado una
democracia
tras 40 años de dictadura y
empezábamos a crecer significativamente siguiendo las
pautas de un modelo de
apertura económica con integración en la
CEE[2]

Esta correspondencia también hacía fácil
la orientación de nuestra política exterior con
Latinoamérica. Debíamos cooperar en
los dos procesos prestando nuestra experiencia en los mismos y
allegando recursos que
pudieran facilitar la consecución exitosa de los mismos en
aquellos países. Estos recursos no fueron sólo
públicos, sino también privados al calor de las
oportunidades que ofrecían los procesos de privatización de empresas
públicas puestos en marcha por muchos Gobiernos de la
región y el impulso del Gobierno español a
estas iniciativas inversoras. El resultado de esta
política puede calificarse de óptimo. Nunca las
relaciones entre España y las repúblicas
latinoamericanas fueron tan próximas, la
cooperación de unos y otros en foros internacionales
impulsada por el Ministerio de Asuntos Exteriores español
en materia
política y por el de Economía y Hacienda en materia
económica y financiera nunca fue tan fructífera y
el papel hecho por las empresas españolas -sin experiencia
apenas en inversión
extranjera- en aquel continente fue extraordinariamente
positivo para el desarrollo del
mismo, tanto en la revolución
que supuso en la eficiencia y
calidad de los
servicios
públicos como en la mejora de los sistemas
bancarios.

Las circunstancias cambiaron al final de los años
noventa con el contagio de Latinoamérica de las crisis del
este de Asia y del
repudio de la deuda rusa. Por aquellas épocas
también el sentimiento de la opinión pública
sobre la bondad del llamado Consenso de Washington se
había hecho mucho más crítico, al tiempo que
el cambio en el
Gobierno español iba a representar de manera gradual una
caída de la política respecto de
Latinoamérica en las prioridades de nuestra
política exterior y una disminución de la confianza
que se había construido entre aquellos Gobiernos y el
Gobierno español. Los ejes fundamentales de nuestra
política con la región no han cambiado, pero la
percepción de la misma es muy diferente
ahora. Hay nuevos recelos -'los conquistadores españoles'-
no se percibe la sensación de bloque
hispano-latinoamericano que tanto nos benefició a todos y
no existe conexión entre la política altruista de
nuestra cooperación en aquel continente y la real politik
de la legitima defensa de nuestros intereses allí. Dicho
de otro modo, la referencia clara que España
representó para los países de Latinoamérica
hasta 1996-97 se ha difuminado y hace preciso reconstruirla con
el impulso del nuevo Gobierno español y la
cooperación de nuestras grandes empresas y otras instituciones
presentes allí.

En la reflexión conducente al establecimiento de esta
nueva política española para Latinoamérica
deberían tenerse en cuenta al menos las siguientes
consideraciones, siempre a partir del reconocimiento de que la
América
Latina actual no es la misma que la de hace uno o dos
decenios. En primer lugar, España debe reafirmar sus
puntos de vista sobre el futuro de aquella región. Creemos
en instituciones fuertes y democráticas, en el imperio de
la ley, en la
indispensable consolidación de la seguridad
jurídica y ciudadana, en la importancia para la libertad y el
desarrollo de la economía de mercado y en las
ventajas estratégicas de los procesos de
integración regional para conseguir estos y otros fines.
Nuestra política no puede tratar por igual a aquellos
Gobiernos latinoamericanos empeñados en estos objetivos que
a los que no lo están o incluso los combaten, aunque sin
duda debe tratar con escrupuloso respeto a todos
ellos. Si queremos contribuir al éxito
de Latinoamérica no podemos defraudar a quienes
están en una línea correcta tratándoles
igual que a quienes pueden representar proyectos
aventureros con riesgo de vuelta
al pasado en materia de derechos humanos,
libertades, imperio de la ley o libertad económica. No
podemos tratar igual a quienes asumen las responsabilidades
internas de sus países que a quienes las rehúsan. Y
esto no tiene nada que ver con el signo político o
ideológico de los diversos Gobiernos, que no es asunto
nuestro.

Debemos reforzar nuestras alianzas estratégicas
allí y contribuir con experiencia y recursos a la lucha
contra la pobreza en el
continente y otras políticas
sociales. Debemos apoyar en los foros internacionales del
comercio sus
justas peticiones y matizar nuestras posiciones en
relación a estos temas dentro de la Unión
Europea. Debemos dar instrucciones al servicio
exterior para que la política de España sea una y
reconocible de antemano y para defender con firmeza nuestros
legítimos intereses allí, que en la práctica
totalidad son complementarios y no contrapuestos con los
intereses nacionales de aquellos países

Nuestras empresas deben ser estimuladas a garantizar sus
interés
a largo plazo en el desarrollo de los distintos países y
la apuesta que están haciendo por los mismos, a
profundizar su inversión social allí y a considerar
si sus alianzas con el sector privado, la composición de
sus consejos de administración en cada caso y su comportamiento
con clientes y
suministradores es el más adecuado para una estrategia pro
activa en aquellos países.

Finalmente debemos incardinar nuestra política de
cooperación en el conjunto de nuestra política
exterior respecto de Latinoamérica poniéndola en
valor.

RELACIONES
CULTURALES

Al abordar el análisis de los acuerdos culturales
internacionales suscritos por España se plantean una serie
de dificultades que condicionan el alcance y resultados del
presente estudio. Por ello, es preciso realizar algunas
precisiones preliminares.

La primera afecta a la información disponible. El Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación –antes
Ministerio de Estado y
Ministerio de Asuntos Exteriores– agrupaba todas las
competencias
en esta materia, encargándose de la negociación y firma de los convenios
culturales. En la actualidad, dicho Ministerio no dispone de un
repertorio organizado y sistemático de los acuerdos
suscritos desde sus orígenes. De buena parte de ellos
sólo tenemos constancia de la referencia de la firma, de
modo que sería necesaria una investigación más minuciosa para
acceder a los textos. Para reconstruir de la forma más
aproximada posible la evolución que han seguido los acuerdos ha
sido preciso acceder a la propia documentación, puesto que la lista
disponible de convenios culturales es incompleta y tan
sólo registra los acuerdos existentes desde mediados del
siglo XX. Por otra parte, la documentación localizada
presenta lagunas y una considerable disparidad en los datos. La mayor
parte de los listados de acuerdos manejados proceden de los
servicios de
política cultural del Ministerio de Asuntos Exteriores y
fueron elaborados desde los años cincuenta del pasado
siglo en adelante. Pues bien, buena parte de ellos no resultan
coincidentes entre sí, lo que complica la tarea de
realizar un censo fiable.

Una segunda puntualización tiene que ver con la
cronología, puesto que la firma de los primeros acuerdos
culturales se produjo bastante antes de que comenzara a fraguar
en España una política cultural exterior merecedora
de tal nombre. Esa circunstancia ayuda a explicar parcialmente
los vacíos documentales aludidos, a lo que habría
que agregar la dispersión y pérdida de
documentación que tuvo lugar durante la guerra civil.
Sin embargo, no es menos cierto que a todo ello se ha sumado una
cierta indiferencia del Ministerio de Asuntos Exteriores en lo
que atañe a la conservación, organización y puesta en valor de su
patrimonio
documental.

En tercer lugar, nos topamos con la variedad que presenta la
tipología de los acuerdos culturales y cómo
afrontar su análisis. Si en sus orígenes se trataba
sobre todo de convenios para proteger los derechos de
autor, en su devenir pasaron a concebirse como convenios
culturales de contenido más general que perseguían
incrementar las relaciones bilaterales, llegando a su
formulación más actual de convenios de
cooperación cultural, educativa y científica que se
ha traducido en una sustancial ampliación en sus
contenidos. Para extraer conclusiones más elaboradas sobre
las razones que han llevado a tales cambios de
denominación y las mutaciones en los objetivos que
representaban sería preciso un estudio de los diferentes
textos de los acuerdos, las cláusulas que contemplan, sus
semejanzas y diferencias, las áreas geográficas de
aplicación de una fórmula u otra, etc. Este es un
objetivo
más ambicioso que requeriría un completo acceso a
los acuerdos y una investigación más detallada. Por
consiguiente, aquí sólo se dará cuenta de la
evolución general de la política cultural exterior
y sus motivos.

Por último, hay que señalar la pluralidad de
actores y circuitos que
han ido adquiriendo competencias o protagonismo en este
ámbito. El anterior monopolio del
Ministerio de Asuntos Exteriores ha ido erosionándose con
los compromisos culturales contraídos en la UE o con
motivo de las Cumbres Iberoamericanas. Su gestación y
plasmación no siempre han emanado del aparato
diplomático, sino que han entrado en liza los Ministerios de
Educación
y Ciencia y de
Cultura.
Además, la extensión de los horizontes de la
acción
cultural española ha forjado nuevos organismos, como la
Agencia Española de Cooperación Internacional, el
Instituto Cervantes, la
Fundación Carolina y la Sociedad
Estatal para la Acción Cultural Exterior, cuyas
atribuciones también han requerido el establecimiento de
acuerdos a diversos niveles. Su actividad queda al margen, cuando
menos parcialmente, de este documento de trabajo.
Asimismo, para disponer de un recuento más depurado
habría que considerar otros acuerdos suscritos por
instituciones como el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas o diversas universidades con entidades
equivalentes.

Pese a tales limitaciones, se ha procurado rastrear con el
mayor rigor posible la trayectoria de los acuerdos culturales,
para trazar un panorama tentativo de cuál ha sido su
evolución y centros fundamentales de interés. Esa
labor se ha completado con el vaciado del Boletín
Oficial del Estado –donde no siempre aparecían
publicados esos convenios– y la consulta de las
páginas web de los principales organismos con
competencias sobre la materia en el momento presente: el
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y el
Ministerio de Cultura.

Los acuerdos
culturales: significado y limitaciones

Los acuerdos culturales han discurrido casi en paralelo con la
evolución de la política cultural exterior, e
incluso precedieron a la
organización sistemática de aquella por parte
de los Estados. Sus antecedentes cabe situarlos a finales del
siglo XIX, concentrándose en materias tales como la
protección de derechos de autor, el
intercambio de publicaciones, el establecimiento de instituciones
culturales y la equivalencia de títulos. Pero cuando
adquirieron mayor densidad fue a
partir de la segunda mitad del siglo XX, abarcando nuevas facetas
e implicando a un número creciente de Estados. En la
actualidad la firma de tales acuerdos es práctica
común de las relaciones bilaterales y la diplomacia
multilateral.

Los acuerdos culturales establecen un marco jurídico de
actuación que vincula a las partes que los suscriben. Por
su campo de aplicación, la UNESCO distingue entre acuerdos
universales, regionales y bilaterales. Por su contenido, pueden
ser generales o específicos. Los acuerdos generales suelen
contener disposiciones sobre: difusión de la lengua y la
cultura de los países signatarios; creación de
centros educativos y culturales; intercambios de personal y
material; cooperación entre instituciones y asociaciones;
medidas de preservación y fomento del patrimonio
cultural; estímulo de manifestaciones culturales y
artísticas; determinación de mecanismos
administrativos y financieros, etc. En los acuerdos
específicos se pueden recoger una gran variedad de
actividades, encontrándose entre las más
frecuentes: el intercambio de profesores, investigadores y
estudiantes, o de materiales
didácticos, publicaciones, fondos archivísticos o
artísticos; el funcionamiento de los centros culturales;
la homologación y convalidación de títulos
académicos y profesionales; la cooperación
educativa y la regulación de la enseñanza en sus diversos niveles; la
investigación científica; la
producción e intercambio
cinematográficos y de otros sectores audiovisuales; el
acceso a los canales de formación y los medios de
información, etc.

En la práctica esos factores aparecen a menudo
combinados, dependiendo de los objetivos que persigan quienes
suscriben los acuerdos. Ello da lugar a una casuística muy
variada tanto en la denominación de los textos como en la
delimitación de su contenido, como veremos al abordar el
caso español.

La conclusión de acuerdos obedece, pues, a un
afán de codificar y formalizar determinados aspectos de
las relaciones culturales. Ahora bien, conviene remarcar que ni
los acuerdos son capaces de cubrir todas las facetas de esas
relaciones, ni tampoco existe unanimidad entre los Estados a la
hora de comprometerse a firmar tales compromisos. Por un lado,
muchos de los intercambios culturales que se desarrollan en la
esfera internacional se desenvuelven actualmente al margen de los
Estados, mediante convenios entre universidades, museos, bibliotecas,
centros de investigación, asociaciones y organismos no
gubernamentales, etc. Por otro, las diversas tradiciones
jurídicas de los Estados condicionan su preferencia por
relaciones más regularizadas o más
pragmáticas, más dependientes de la esfera estatal
o de la sociedad civil,
lo que tiene su correspondiente traslación al terreno que
nos ocupa.

Es cierto que los acuerdos culturales obedecen a un loable
deseo de promover el
conocimiento mutuo entre los pueblos, como un medio para
preservar la paz y la concordia internacionales. Tales objetivos
presidieron, de hecho, la creación de la UNESCO. Pero
también intervienen otros factores que determinan su
materialización en un contexto y con unas condiciones
determinadas.

En definitiva, los acuerdos culturales han ido cobrando una
progresiva incidencia en las relaciones
internacionales a medida que se ha desarrollado la
política cultural exterior. La multiplicación de
tales acuerdos y la diversificación de su contenido
muestran la tendencia hacia la definición de un marco
normativo que regule la cooperación cultural
internacional. Pero a pesar de su importancia, tampoco conviene
olvidar que esos acuerdos sólo suponen un aspecto formal y
fraccionario de las relaciones culturales. El Estado
sigue siendo la piedra angular del Derecho
Internacional y elemento esencial para concertar acciones de
cooperación internacional. Pero no todos los Estados
actúan de la misma manera en este ámbito, y
además el número de actores en presencia en las
relaciones culturales se ha ampliado considerablemente.

Evolución de
la política cultural exterior

Las relaciones culturales internacionales constituyen un
fenómeno que hunde sus raíces tiempo atrás.
Más reciente es la implicación de los Estados en
ese ámbito, mediante la organización de una
política cultural exterior. Si bien pueden encontrarse
algunos precedentes en el siglo XIX, fue en el transcurso del
siglo XX cuando adquirió un perfil definido, una planificación que iba más
allá de anteriores prácticas coloniales, una
estructura
integrada en el conjunto de la política exterior de los
Estados.

En sus orígenes estuvo la proyección cultural
asociada a la intervención colonial o la
exploración de espacios como paso previo a imperios
formales (dominio
político-económico directo) o informales (dominio
diferido sin control
territorial). Los fenómenos de aculturación fueron
un correlato de la expansión mundial de las
metrópolis industrializadas. En la visión de esas
metrópolis los conceptos de civilización y progreso
emanaban de la lógica
de la potencia y de los
avances técnicos y científicos, que colocaban en la
cúspide de la evolución mundial a Occidente
(Europa).
Según tal concepción, las metrópolis
tenían que asumir una misión civilizadora respecto
a las sociedades
menos desarrolladas que estaban bajo su tutela.

La irradiación cultural sobre las sociedades
dominadas representó un medio de influencia indirecto, una
vía para inculcar a las elites locales el sistema de
valores y los
hábitos de comportamiento de las naciones colonizadoras.
Esa dinámica se enlazó con el reparto de
zonas de influencia que tuvo lugar a finales del siglo XIX.
Paulatinamente, lo que había sido una manifestación
espontánea de superioridad cultural fue dando paso a una
voluntad consciente de utilizar la cultura para extender y
consolidar las zonas de influencia. Los objetivos eran diversos:
obtener una posición ventajosa frente a potencias
concurrentes, favorecer una penetración pacífica
que reforzase la implantación política y
económica, o servir como elemento de prestigio. La
iniciativa correspondió a grupos
sociales determinados: congregaciones religiosas que
prolongaron al terreno cultural su obra evangelizadora y
humanitaria; medios de negocios que
actuaban en las áreas geográficas controladas; o
sectores universitarios que buscaban desbrozar el territorio
colonial desde diversas ópticas científicas.

Los Estados respaldaron ocasionalmente esa labor, pero su
intervención se limitó a la fundación de
algunos centros escolares para la enseñanza del idioma, o
al establecimiento de misiones e instituciones culturales
encargadas de proyectar una imagen positiva
del país a través de la difusión de su
patrimonio cultural. Francia fue el
país pionero en la incorporación de la
proyección cultural a su política exterior.
Alemania e
Italia, y en
menor medida el Reino Unido, también se preocuparon
tempranamente por esta materia. A comienzos del siglo XX, los
tres primeros países contaban con modestas dependencias en
sus estructuras
diplomáticas encargadas de esa dimensión cultural.
Diversos factores contribuyeron a su progresivo desarrollo.

Con el nuevo siglo crecieron las ciudades y las capas
populares urbanas, que mejoraron sus condiciones
socio-económicas. Esos sectores sociales accedieron a una
mayor formación cultural y adquirieron un protagonismo
político en ascenso. Todo ello fue acompañado de
una multiplicación de los avances
tecnológicos y una sustancial mejora de los medios de
comunicación, que acortaron las distancias
físicas y acercaron el conocimiento
de otros pueblos. La sociedad de masas iba tomando forma.

La opinión pública dejó de ser la
manifestación de núcleos de notables y grupos de
presión, para convertirse en algo más complejo
y plural. La forma de presentar al país ante el mundo
cobró mayor relieve, en un
escenario internacional donde la información circulaba con
mayor celeridad. La emergencia de una opinión
pública de alcance global movió a los Estados a
desempeñar un papel más activo para actuar sobre
ella, a elaborar planes de acción más
sistemáticos y a disponer de personal encargado
específicamente de los asuntos culturales. Más que
interés por el conocimiento de otros pueblos, primaba la
proyección de una imagen positiva del propio país,
incluso cuando las relaciones se establecían entre Estados
de magnitudes más o menos equivalentes.

La dimensión cultural empezó a barajarse como un
nuevo elemento de política exterior susceptible de
reportar múltiples aportaciones: acrecentar el prestigio y
la influencia del país en la escena internacional; abrir
cauces a la colaboración política y la
penetración económica; atraer a los cuadros
dirigentes extranjeros y a la opinión pública, o en
caso de contar con colonias de emigrantes en otros países
mantener su sentimiento de nacionalidad y
convertirlas en agentes difusores de su cultura de origen. Se
sentaron entonces las bases de una política cultural
exterior sustentada en la expansión del conocimiento de la
lengua y de las creaciones intelectuales,
artísticas y científicas de cada país.

Sin embargo, los excesos y cortos vuelos de la actividad
propagandística resultaban contraproducentes tras la
llegada de la paz, circunstancia que se apreció con mayor
nitidez al concluir la II Guerra Mundial.
Una de las condiciones esenciales para que la irradiación
cultural fuera efectiva, para que actuase como canal de
sociabilidad internacional, era que transmitiera neutralidad, que
se percibiera como una iniciativa desinteresada. Además,
las relaciones culturales debían superar su carácter minoritario y elitista, dejar de
ser el coto reservado de una minoría que participaba en
los intercambios intelectuales, literarios o
artísticos.

La noción de cooperación y sus connotaciones
altruistas perduraron en uno y otro ámbito, lo que no
significa que en el intercambio real existiera una verdadera
reciprocidad. El empleo de la
cultura como un recurso de la política exterior
también se mantuvo, aunque fuera adaptándose a
moldes acordes con el devenir internacional. Es más, ese
factor cultural jugó un papel primordial durante el largo
periplo caracterizado por la rivalidad bipolar entre EEUU y la
Unión Soviética en su pugna por ganar la batalla de
las conciencias.

Al lado de esa deriva de índole nacional,
también se produjo una intensificación de los
vínculos culturales impulsada por la voluntad de fomentar
una atmósfera de comprensión
internacional. En el período de entreguerras se
fundó el Instituto Internacional de Cooperación
Intelectual, integrado en la Sociedad de Naciones, para favorecer
los contactos intelectuales y el trasvase de conocimientos
científicos, universitarios y docentes. Fue
el antecedente del nuevo foro de diplomacia cultural
multilateral gestado en el campo aliado durante la última
contienda mundial: la UNESCO. La constitución de la ONU le otorgó
carta de
naturaleza,
desarrollando sus funciones al
compás de la evolución de la sociedad
internacional. Paralelamente, se desplegaron experiencias
regionales de cooperación cultural, en el marco de
instituciones como el Consejo de Europa y la Organización
de Estados Americanos.

En los umbrales del siglo XXI, las relaciones culturales
internacionales y la política cultural exterior aparecen a
menudo interconectadas. Los Estados se interesan cada vez
más por las múltiples implicaciones de la cultura
en el escenario mundial, cuyas repercusiones desbordan a menudo
su capacidad de actuación y gravitan en la órbita
de la diplomacia multilateral y los organismos internacionales.
Sus núcleos de atención proceden, en parte, de la
actualización de cuestiones suscitadas tiempo
atrás: derechos de autor y propiedad
intelectual; protección del patrimonio cultural;
libertad de circulación de bienes
culturales; intercambio de profesores, investigadores y
estudiantes; enseñanza del idioma; tratamiento en materia
legal y fiscal de los
asuntos culturales, etc. Otras facetas se han sumado a su campo
de acción: revolución tecnológica de las
industrias de
la
comunicación e información; aparición de
nuevos formatos derivados de los avances en la informática y la telemática; regulación comercial y
efectos económicos de la expansión de las
producciones culturales y científico-técnicas;
patrimonio natural y cuestiones medioambientales, etc.

Análogamente, los retos planteados por la
globalización han tenido efectos apreciables sobre la
dimensión cultural. Bien con la emergencia de universos
culturales relativamente homogéneos, que han
atraído el interés de los Estados más
poderosos y las empresas multinacionales, bien con la
reivindicación de identidades culturales de naciones,
comunidades o minorías, en respuesta a lo que interpretan
como un renovado intento de contaminación cultural.

Panorama actual y marco organizativo

Desde finales del siglo XIX hasta la guerra civil,
España firmó acuerdos culturales con 19
países. Durante la dictadura franquista se suscribieron
convenios con 57 países, con 29 de los cuales se llegaba
por primera vez a tratados de este
tipo. Tras la instauración del régimen
democrático en 1975 el radio cubierto se
ha extendido a 78 Estados, siendo 48 de ellos incorporaciones
nuevas a ese cuadro general de los tratados culturales suscritos
por España. Se aprecia pues que el horizonte de la
política cultural exterior se ha ido ampliando de forma
progresiva, alcanzándose el período más
fecundo en el transcurso de la democracia. Hasta el presente,
España ha establecido acuerdos culturales con un total de
96 países.

Inicialmente, el objetivo prioritario fueron los países
americanos, sobre todo aquellos ligados a España por lazos
de cultura, idioma e historia. Esa
prelación se ha mantenido hasta el presente,
conjugándose con la otra vertiente preferente de la
política exterior: el espacio europeo. En una
recapitulación geográfica cabría observar
que se han firmado convenios culturales de diverso orden con 38
Estados europeos y con 23 americanos. En Asia el número de
países asciende a 21, advirtiéndose que la zona de
Oriente Medio tiene un peso importante. En África son
13 los países que han suscrito tales compromisos con
España, de los que aproximadamente la mitad de ellos se
sitúan en el norte del continente. En Oceanía
sólo existe un acuerdo con Australia.

Por lo que respecta al tipo de tratados que regulan esos lazos
culturales, se ha pasado de convenios de índole
específica, sobre temas de singular impacto en su momento
–propiedad
intelectual u otros–, a acuerdos culturales de
carácter general y, en las últimas décadas,
a convenios de cooperación en sus diversas variantes
–cultural, educativa, científica y
técnica–. También se observa una considerable
diversidad en las modalidades empleadas –acuerdos,
convenios, canjes de notas, protocolos,
etc.–.

En la esfera multilateral, la UNESCO, el Consejo de Europa y
la UE han sido los principales foros internacionales que han
forjado un conjunto de normativas a las que España se ha
adherido o en cuya elaboración ha participado. Los
contenidos fundamentales han sido los derechos de autor y la
propiedad intelectual, la educación y el
patrimonio cultural. Más actual ha sido el proceso de
convergencia de los países iberoamericanos, en cuyas
cumbres políticas se han adoptado acuerdos culturales
multilaterales, en un buen número de casos impulsados por
España.

Así pues, el mapa de compromisos internacionales
asumidos por España en materia de cultura abarca la casi
totalidad de los estados americanos y europeos. En
Asia-Pacífico ha tenido una destacada importancia la zona
de Oriente Medio, con una perceptible tendencia a estrechar los
lazos con otros países más lejanos del continente.
En África se aprecia una marcada atención hacia los
países ribereños del Mediterráneo.
Análogamente, se apuesta por una cooperación
cultural extendida que abarca ámbitos cada vez dilatados
–que van desde la enseñanza y el arte al
intercambio científico o los asuntos
medioambientales–, y por afianzar la presencia e
implicación en los organismos internacionales
multilaterales.

La proyección cultural de España en el mundo ha
ganado en presencia, diversidad y complejidad. Esa
situación se ha trasladado al abanico de acuerdos
culturales suscritos y, además, a los organismos
encargados de su elaboración, tramitación y
aplicación. En un documento de trabajo previo, encargado
por el Real Instituto Elcano a la Fundación Interarts, se
trazaba una panorámica del marco institucional de las
relaciones culturales internacionales en España.
Aquí sólo se resumirán los datos más
relevantes que contiene dicho informe para el
tema que abordamos. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación y el Ministerio de Cultura son los principales
protagonistas en este terreno, si bien se aprecia que otros
agentes institucionales van asumiendo nuevas atribuciones.

En el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
las competencias de orden cultural se encuentran repartidas entre
dos Secretarías de Estado. La Secretaría de Estado
para la Unión Europea incorpora en su organigrama a la
Subdirección General de Asuntos Sociales, Educativos,
Culturales y de Sanidad y Consumo. Entre
sus funciones figuran tanto el seguimiento de las actuaciones de
la UE en esos temas, como la coordinación de aquellas que realicen las
distintas administraciones públicas españolas en
esta área geográfica. Su relevancia emana del peso
creciente que las iniciativas comunitarias van adquiriendo en
acuerdos sobre educación, cooperación
inter-universitaria e investigación, por citar sólo
algunos apartados sobresalientes.

La Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional presenta un perfil más vinculado con el
objeto del presente documento. A través de la
Subdirección General de Programas y
Convenios Culturales y Científicos se ocupa, entre otras
cuestiones, de preparar, negociar y proponer la firma de acuerdos
internacionales y organizar las comisiones mixtas que
habrán de desarrollarlos. Esos acuerdos a veces se plasman
en programas de cooperación bilaterales que comprenden
actividades a realizar en un período de tiempo fijado. En
el seno de esa Secretaría de Estado, pero como organismo
autónomo, la Agencia Española de Cooperación
Internacional cuenta con la Dirección General de Relaciones Culturales
y Científicas para encargarse de la cooperación de
esa índole con los países en vías de
desarrollo. Entre sus responsabilidades figura la gestión
y ejecución de los acuerdos y programas de
cooperación firmados con esos países. Dentro de la
citada Dirección General es la Subdirección General
de Cooperación y Promoción Cultural Exterior la que da curso
a los compromisos contraídos en los convenios suscritos.
También en el radio de acción de la
Dirección General se integra la Comisión Nacional
Española de Cooperación con la UNESCO.

El Ministerio de Cultura participa de manera destacada en la
proyección exterior de la cultura española, lo que
se refleja a su vez en su intervención en la
tramitación o aplicación de los acuerdos
culturales. Diversas dependencias tienen funciones asociadas con
esa materia.

La más importante es la Dirección General de
Cooperación y Comunicación Cultural, entre cuyos
cometidos de orden internacional se encuentra la asistencia en la
preparación de tratados, convenios y programas de
cooperación, ya sean bilaterales o multilaterales. Para
ello cuenta con una Subdirección General de
Cooperación Cultural Internacional que, asimismo, realiza
el seguimiento de diversos programas de cooperación
multilateral y lleva a cabo actividades de información y
coordinación en el seno de la UNESCO, el Consejo de Europa
y las Conferencias Iberoamericanas de Ministros de Cultura. Otras
Direcciones Generales –de Bellas Artes y
Bienes Culturales o del Libro,
Archivos y
Bibliotecas– colaboran puntualmente en la acción
cultural exterior. La coordinación recae en la
Subsecretaría de Cultura, que dispone de una
Comisión Asesora de Relaciones Culturales con el Exterior
de carácter consultivo.

En una parte sustancial de las actuaciones enumeradas bajo el
radio de acción de ambos Ministerios se dispone de la
colaboración del Ministerio de Educación y Ciencia,
que interviene sectorialmente en la negociación o
ejecución de tratados
internacionales. También toma parte en algunas
cuestiones el Ministerio de Industria,
Turismo y
Comercio, lo que pone de relieve la ampliación del
horizonte de las relaciones culturales y sus derivaciones de
naturaleza económica. A través del Instituto
Español de Comercio Exterior
se realizan estudios de mercado sobre la situación en
distintos sectores –editorial, audiovisual, musical,
etc.– que pueden resultar de sumo interés para
concertar convenios culturales con determinados países.
Esa valoración podría hacerse extensiva al
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por cuanto afecta a la
atención cultural hacia los emigrantes. Tampoco cabe
olvidar que las diferentes Comunidades Autónomas y las
Administraciones Locales han aumentado su presencia internacional
en los últimos años, lo que comienza a generar
repercusiones en materia de intercambios culturales y
participación en programas internacionales, sobre todo
europeos.

Por último, hay una serie de organismos oficiales que
cobran cada vez mayor relieve en la política cultural
exterior, como el Instituto Cervantes, la Fundación
Carolina, la Casa de América, la Casa Asia o la Sociedad
Estatal para la Acción Cultural Exterior. El
desenvolvimiento de sus actividades afecta a menudo a los
compromisos internacionales contraídos por
España.

Conclusiones

Este estudio ha pretendido realizar un primer bosquejo de un
campo de estudio hasta ahora no abordado de forma
específica. En espera de un análisis más
detallado de los textos y de sus circunstancias, esta primera
aproximación a los acuerdos internacionales en materia de
cultura suscritos por España permite adelantar algunas
observaciones que informes
posteriores podrían desarrollar con mayor profundidad:

• Ante la variedad de contenidos que presentan los acuerdos,
  sería conveniente examinarlos más a fondo para
  conocer las razones y características de esa
  diversidad. Tras ello, convendría discernir si tal
  pluralidad es una muestra de flexibilidad y responde a la
  gama dispar de objetivos que se plantean con cada
  interlocutor internacional, o si es fruto de coyunturas ya
  superadas y debiera tenderse hacia una mayor
  homogeneidad.

• En determinados escenarios geográficos se han
  aplicado políticas regionales: Europa, América
  Latina y en menor medida alguna otra zona (el
  Mediterráneo extra-europeo). Sería deseable
  realizar una valoración específica para cada
  una de esas áreas geográficas, considerando los
  objetivos perfilados, las medidas tomadas y los resultados
  alcanzados. Así podría verificarse si las
  opciones asumidas son correctas, que tipo de iniciativas han
  tenido éxito y en que grado pueden proyectarse hacia
  otros ámbitos espaciales, o si deben replantearse el
  método y la orientación adoptados.

• La fórmula empleada preferentemente hasta la fecha
  han sido los convenios de Estado a Estado. En las
  últimas décadas se han producido sucesivas
  transformaciones en la estructura de la política
  cultural exterior y los organismos que participan en ella.
  Tal deriva ha llevado a una dispersión de competencias
  entre instituciones públicas, por lo que sería
  deseable disponer de un repertorio de todos los cauces de
  actuación y sus iniciativas, que mejoraría la
  información disponible y facilitaría una mayor
  coordinación y aprovechamiento de los recursos.

• Por otro lado, esa prelación de las relaciones
  Estado a Estado parece estar perdiendo vigencia en un mundo
  donde los actores transnacionales y las relaciones entre
  sociedades civiles van alcanzando un protagonismo en ascenso.
  Las modalidades de cooperación entre universidades,
  centros de investigación, museos, bibliotecas,
  fundaciones, etc., ganan terreno y, al menos en las
  democracias occidentales, los gobiernos dejan de ejercer el
  monopolio de las relaciones culturales con el exterior y sus
  actividades coexisten con las emprendidas por organizaciones
  privadas. También en este apartado debiera avanzarse
  hacia un mayor conocimiento de las acciones emprendidas y su
  eventual complementariedad.

En fin, habría que considerar si los
acuerdos están adaptados a la realidad internacional
–con un peso creciente de los asuntos científicos,
técnicos o medioambientales–, evaluar tanto su
coherencia con las líneas estratégicas de la
política exterior como su impacto en las sociedades
implicadas y revisar su diseño
en caso de que hubieran quedado obsoletos[3]

RELACIONES
HUMANITARIAS

El proceso de reforma de la Cooperación Española
de los últimos años ha conducido a un aumento sin
precedente de los recursos destinados a la ayuda humanitaria y a
una notable profesionalización y consolidación
del sistema que en parte obedecían a la voluntad del
Ejecutivo de alinearse con los consensos internacionales
adoptados desde comienzos de la década. Cabe destacar
especialmente el paso dado hacia la consolidación del
sistema de la acción humanitaria española a
través de la creación de una Oficina
específica dentro de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID)[4]. No obstante todos estos avances, la
acción humanitaria sigue caracterizándose por dos
elementos diferenciales que plantean importantes retos para su
eficacia e
impacto, así como para su convergencia con los consensos
internacionales: por un lado, la multitud y diversidad de los
actores y la falta de definición de sus roles y
competencias y, por el otro, el papel de la AECID como
implementadora directa de la ayuda humanitaria. Algunos
análisis independientes han cuestionado la eficacia de
éste último elemento de la acción
humanitaria española y su convergencia con los principios
internacionales de Buena Donación Humanitaria.

Relaciones de
DDHH

Las luchas por los derechos humanos en España tomaron
un rumbo trascendental desde la incursión de al dictadura
que comenzó con el ejercicio por el general Francisco
Franco Bahamonde de la jefatura del Estado y con el desarrollo
del franquismo, esto es desde el final de la Guerra Civil
Española en 1939, hasta su muerte y
sucesión en 1975.[] Su amplia dimensión temporal y
la marcada presencia del propio Franco en toda ella hace que a
menudo se utilice para designarla la expresión Era de
Franco.

En los años 40 la dictadura militar
se afianzó mediante la represión política de
los opositores y mantuvo una política
económica basada en la autarquía, provocada por
la Segunda Guerra
Mundial en la que la dictadura franquista tuvo una
participación División Azul en el marco de la
política no beligerancia, y el consiguiente aislamiento,
promovido por los aliados en el seno de la recién creada
ONU.

Este fue un importante precedente para el activismo de los
derechos humanos en un país bajo una dictadura que dejo
varias huellas de injusticia en la sociedad española. A
continuación nombramos los grupos más
importantes en España, relacionados con las tareas de la
defensa de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como
internacional:

• Amnistía Internacional España 
  – Aboga por los derechos humanos en todo el mundo.

• Amnistía Internacional Grupo Local de
  Elche 

• Asamblea de Cooperación por la Paz  –
  proyectos y campañas de esta ONG dedicada a programas
  de cooperación, solidaridad y derechos humanos.

• Asociación para las Naciones Unidas en
  España (ANUE) .

• Ciberacción.net  – Su objetivo es dar a
  conocer las acciones que llevan a cabo organizaciones
  solidarias que trabajan en Internet para denunciar y defender
  los derechos humanos, de los animales y la naturaleza.

• Comisión General Justicia y Paz de
  España  – protección de los derechos
  humanos desde una vertiente cristiana.

• Comité de Apoyo al Tibet  – ONG dedicada al
  apoyo al pueblo tibetano en su lucha pacífica por la
  libertad y los derechos humanos.

• Equipo Nizkor .

• Fundación Hispano-Cubana  – Trata de promover
  la democracia y los derechos humanos en Cuba. Ofrece un
  catálogo de publicaciones, listado de actividades y
  direcciones útiles.

• Unión Liberal Cubana  – Organización
  política cubana en el exilio con reportajes.

• Gaia  – un grupo de estudiantes en materias de
  derechos humanos.

Autor:

Iván Castro M

[1] Misiones diplomáticas de
España, http://es.wikipedia.org/wiki/misiones/diplomáticas/España/

[2] SOLCHAGA Carlos, España y
Latinoamérica, 2004,
http://www.cincodias.com/articulo/opinion/Espana-Latinoamerica/20040708cdscdiopi_1/cdsopi/

[3] GOMEZ ESCALONILLA, Lorenzo Delgado, Los
compromisos internacionales de España en materia de
cultura (DT), DT Nº 4/2007 – 24/01/2008,
http://www.realinstitutoelcano/wps/portal/rielcano/

[4] ESTOIANOVA Velina G., España y los
retos en la acción de la calidad humanitaria, 2009,
http://www.fride.org/publicacion/616/espana-y-los-retos-de-calidad-en-la-accion-humanitaria