El golpe de estado en Honduras es un magnífico escenario para reconocer las intenciones de la prensa
- Comienza
una crisis política - El
fondo de la crisis es una "propuesta
inconstitucional" - El
lenguaje periodístico impone
predisposiciones - Hace
siete años se vivía otro golpe de Estado y dentro
de las redacciones un dilema ético - Conclusiones
Antecedentes de
la crisis en Honduras
En América
Latina las crisis
sociales, políticas
y económicas se han convertido en un referente que
identifica a los países que la conforman. Más
allá de que esto sea producto de un
paradigma que
se ha venido construyendo desde hace décadas, actualmente
la crisis económica es una realidad anterior a la que
surgió en 2008.
Y como consecuencia de esa crisis económica la migración
fue la única alternativa de millones de personas
latinoamericanas. Calificada como "válvula de escape" para
enfrentar la falta de oportunidades laborales y la pobreza, la
migración implica la salida de la población en edad productiva y con niveles
educativos superiores[1]Las remesas de los
migrantes llegaron a superar las inversiones
extranjeras directas y las ayudas gubernamentales en toda
América
Latina en el año 2002.
En el caso específico de los países
centroamericanos, el envío de remesas ha aumentado en los
últimos 15 años. Estas remesas llegan en su
mayoría de Estados Unidos;
un 25 por ciento de la población adulta centroamericana
depende de la ayuda económica que le ofrecen sus
familiares radicados en ese país.
Los que más remesas reciben anualmente son México con
un 22%, Centroamérica 20%, Cuba 15% y
Republica
Dominicana 14%.
En Honduras, 600 000 personas se benefician de las remesas,
ubicándose entre los países que más
envíos de dinero per
cápita perciben en América Latina. Los
países que se ubican antes son: El Salvador
1.3 millones de personas y Guatemala 1.5
millones de personas.
Un balance de hace ocho años dio como resultado que en
Honduras las remesas aumentaron de $460 millones en el 2001 a
$800 millones en el 2002. La estabilidad de la economía de Honduras sigue dependiendo
mayormente de las remesas de las familias, ayudas financieras y
el alivio de la deuda externa[2]
Las previsiones de crecimiento del producto interno
bruto (PIB) para el
año 2005 dependía más de la economía
global y de Estados Unidos, y un poco menos de la mejora de
precios de los
productos a
exportar como café y
bananas[3]
Esta dependencia de la economía hondureña con la
de Estados Unidos ha provocado que durante la crisis
económica mundial surgida en 2008 se profundice la suya
propia.
Un estudio reciente del Programa de la
ONU para el
Desarrollo
(PNUD) preveía un aumento de entre 200.000 y 300.000
nuevos pobres este año en Honduras –un país
de algo menos de ocho millones de
habitantes-[4]
Comienza una
crisis política
La historia
comenzó cuando el presidente hondureño Manuel
Zelaya, empresario y
ganadero de 57 años, anunció conducir a su
país en una denominada "revolución
pacífica" con el objetivo de
superar los problemas de
una de las naciones más pobres de
América[5]
Zelaya fue elegido por un partido de derecha – el
Partido Liberal- y una vez en el Gobierno se
transformó a la izquierda. Su figura se dio a conocer
durante el trabajo
desempeñado en el Fondo de Inversiones de Honduras (FIHS)
durante la
administración del ex presidente Carlos Flores
(1998-2002), en la época en que el país fue
devastado por el huracán atch.
Los conflictos
entre el ejecutivo y el congreso hondureño comenzaron el
pasado 24 de marzo de 2009, cuando el presidente convocó a
una consulta popular "para medir la opinión del pueblo en
relación con la propuesta de modificar la Constitución de ese país para
adaptarla a la realidad nacional"[6].
El Ministerio Público de Honduras rechazó la
propuesta aduciendo que Zelaya no tenía la potestad para
convocar dicha consulta. A su vez se rompieron las relaciones
entre el ejecutivo y el presidente del Congreso, Roberto
Micheletti, el 23 de junio, cuando el Parlamento de Honduras
aprobó una ley que rechazaba
la celebración del referendo,
recibiendo el apoyo inmediato del Tribunal Supremo Electoral y
del Ejército.
El jefe del Estado Mayor,
general Romeo Vásquez, se negó a distribuir el
material electoral para llevar a cabo la consulta porque el
Congreso y el Ministerio Público la consideraban ilegal,
luego fue destituido de su cargo. El 27 de junio los sectores de
la oposición como el Congreso, el clero, el empresariado y
la sociedad civil
llamaron a los hondureños a no sufragar en la
consulta.
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