El caso Mamérita Mestanza y la importancia de la justicia supranacional
Introducción
En el artículo 28 de la Declaración Universal de
Derechos
Humanos (en adelante DUDH) se reguló como un derecho
de las personas el establecimiento de un orden social e
internacional en el que los derechos y libertades
proclamados en la Declaración se hagan plenamente
efectivos.
Esta Declaración fue de gran importancia, pues
propició la elaboración y suscripción de
diferentes tratados sobre
derechos humanos, tales como el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, la Convención
Americana de Derechos Humanos.
En algunos de estos instrumentos internacionales, en la
línea trazada por el artículo 28 de la DUDH, se
crearon organismos supranacionales de protección de
derechos, a los cuales pueden acudir aquellas personas a quienes
se ha violado sus derechos fundamentales y no han obtenido
protección en el ámbito interno de sus respectivos
Estados. Así, en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos se creó el Comité de
Derechos Humanos de la ONU y en la
Convención Americana de Derechos Humanos, la
Comisión y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos,
En el Perú, en mérito a lo establecido en el
artículo 205 de la Constitución Política peruana,
concordante con el artículo 114 del Código
Procesal Constitucional , agotada la jurisdicción interna,
una persona que
considere lesionados sus derechos que la Constitución
reconoce, puede acudir a instancias supranacionales,
específicamente, al Comité de Derechos Humanos de
la ONU, o a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, al haber ratificado el Estado
peruano el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y la Convención Americana de Derechos
Humanos.
En el presente trabajo, a
partir del caso de la ciudadana cajamarquina Mamérita
Mestanza, fallecida luego de ser sometida a una ligadura de
trompas, resaltamos la importancia de la existencia de instancias
supranacionales a las cuales las personas podamos acudir en
defensa de nuestros derechos fundamentales. Así mismo, se
expone las consecuencias negativas para la protección de
derechos, si se denuncia la Convención Americana de
Derechos Humanos, como en algún momento se ha planteado en
el país, como una medida de posibilitar la
aplicación de la pena de muerte
para determinados delitos, como
el de violación sexual de menor de 7 años, seguidas
de muerte.
Como objetivos del
presente trabajo se tiene el valorar la importancia de la
posibilidad de acceder a la justicia
supranacional, como garantía para la protección de
derechos fundamentales de los peruanos y peruanas. También
conocer las instancias internacionales a las cuales podemos
acudir en el país, para la protección de derechos
fundamentales, así como las consecuencias de la denuncia
de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Los
hechos
María Mamérita Mestanza Chávez fue una
humilde mujer
cajamarquina, madre de 7 hijos, que en el año 1998,
durante el gobierno de
Alberto Fujimori, mediante engaños y amenazas se
sometió a una ligadura de trompas, luego de lo cual
falleció, debido a la falta de atención médica por parte de
personal de
Establecimientos de Salud de Cajamarca.
A fin de sancionar a los responsables de este luctuoso
acontecimiento, los familiares de Mestanza Chávez
denunciaron el hecho ante el Poder Judicial,
el cual, archivó el caso, sin sancionar a los
responsables, ni disponer el pago de una
indemnización.
Ante la impunidad en
el ámbito interno, los familiares de Mamérita,
ayudados por ONGs, acudieron al ámbito supranacional,
específicamente a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, organismo integrante del sistema americano
de protección de derechos.
En esta instancia, los representantes de Mestanza y del
Estado peruano
celebraron un acuerdo de solución amistosa, por lo que la
denuncia no fue sometida a conocimiento
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Perú
reconoció su responsabilidad, se comprometió a sancionar
penal y administrativamente a los responsables del deceso de
Mamérita, indemnizar a sus familiares, asegurar su salud y
educación,
así como adoptar cambios legislativos en materia de
salud reproductiva y planificación
familiar.
Por otro lado, debido a la comisión de graves delitos,
como el de violación
sexual de menores de edad, diversas personalidades se han
pronunciado por la necesidad de restablecer la pena de muerte en
nuestro país. Incluso, el Presidente de la
República Alan García Pérez, ha
realizado esta propuesta, y ante la prohibición de su
ampliación en mérito a la Convención
Americana de Derechos Humanos, no son pocos quienes han
manifestado que se debe denunciar este tratado internacional.
Aspectos
jurídicos relevantes
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