La distribución de la propiedad es
en extremo ilógica. Según el catastro
rural, (IGAC, 2004) el 0,06% de los propietarios, los que tienen
más de 2.000 hectáreas, posee el 53,5% de la tierra;
entre tanto, el 83%, con predios de menos de 15 hectáreas,
tan sólo abarca el 7,2%. El coeficiente de Gini, usado
para medir la desigualdad, que es un número entre 0 y 1 en
donde 1 corresponde a la perfecta desigualdad, marca 0,91 cuando
se refiere a la distribución del área rural y 0,81
cuando se trata del valor de la
tierra agraria
(Uniandes, 2005).
En el sector financiero sucede algo asombroso. Siete
bancos y una
compañía de leasing tienen
el 65% de los activos
financieros. (Banco Mundial,
Asobancaria, 2007) De 118 empresas
inscritas en el mercado
bursátil, que en 2005 valían $87 billones, los 20
mayores accionistas controlan el 80% del capital
accionario (CID-Universidad
Nacional, 2005). El mayor banco del
país anunció que en 2007 ganó un
billón de pesos, lo que significa más de un
millón de dólares por día, el doble de 2005.
El sistema
financiero, bancos, corporaciones, fondos y
compañías de seguros,
ganó en conjunto 10,5 billones y, como el PIB
creció algo más de $21 billones, recaudaron uno de
cada dos pesos agregados.
La concentración del crédito
es muy alta. Doce mil pequeñas y medianas empresas, que
generan casi el 45% del empleo
(Universidad Tecnológica de Pereira, 2007), obtienen
difícilmente el 20% del crédito comercial y han
dicho que las restricciones para el acceso a préstamos es
el primer obstáculo para su desarrollo. En
el agro es peor. En 2007, de casi 2,5 millones de pequeños
propietarios, escasamente 138.597 accedieron a un préstamo
con un monto promedio de $4,5 millones. Mientras tanto, los
denominados "otros productores", que fueron 36.143, recibieron
cerca de 70 millones cada uno, capturando el 80% de los recursos totales
dispuestos para el sector. (Minagricultura, 2008). Así
mismo, los "apoyos para tasas de
interés subsidiadas para exportadores" se repartieron
en 2006 tan asimétricamente como todo. A una sola empresa
láctea se le favoreció con $1.310 millones y al
sector azucarero, un oligopolio, se
le subsidiaron 36 operaciones por
$5.511 millones, a razón de $153 millones cada
una.
Está probada la naturaleza
plutocrática del gobierno de
Uribe, donde "existen influencias desequilibradas en la
toma de
decisiones a favor de los que ostentan las fuentes de
riqueza", es un sistema
afín al neoliberalismo
y que está en boga hasta en Estados Unidos.
Lo ha denunciado allá el Working Group on Electoral
Democracy: "El dinero es
el mayor determinante de la influencia y del éxito
político…determina los parámetros del
debate
público: qué cuestiones se pondrán sobre el
tapete, en qué marco aparecerán, y cómo se
diseñará la legislación". El resultado
es el mismo en toda latitud: la desigualdad es cada vez
más desigual.
Frente a este panorama, en el departamento del Meta, las
aéreas dedicadas al cultivo de palma aceitera
continúan en expansión, desplazando cultivos que en
otras horas producían alimentos para
los metenses como son el arroz, la soya, el maíz y
otras especies de pancoger (plátano, cacao, yuca, papaya).
"La selvas, las pocas que quedan en pie, están siendo
abatidas, y los cultivos propiamente alimenticios arrinconados.
El objetivo final
es bajar el costo de los
combustibles pagando un precio
ambiental y social elevadísimo, porque también esa
nueva economía entrará en crisis por una
oleada de sobreoferta que hoy se prepara con tanta violencia
como irresponsabilidad" (El Espectador 11 de abril Alfredo
Molano Bravo).
Apoyándose en las políticas
nacionales, los gobiernos de turno en el Meta han desarrollado
estrategias para
dar cumplimiento a los designios imperiales, sin importar la
suerte ni la alimentación de miles
de metenses, perdiendo el departamento en el periodo 2004-2006,
45.270 hectáreas dedicadas a los granos (arroz,
maíz, y soya), para ser dedicadas en especial a la palma
aceitera (17.106 hectáreas en este periodo) y a los
pastos, continuando así la praderización del
Meta.
En el caso del arroz la perdida en hectáreas
cosechadas, según reportes de Fedearroz y la Secretaria de
agricultura y
desarrollo rural del Meta, se aprecia a continuación y
llega a las 35.112 hectáreas entre el 2004 y el 2006;
mientras la expansión en palma entre el 2001 y el 2006 es
de 32.032 hectáreas especialmente en municipios de
vocación ganadera.
"El curso de las aguas fue cambiado para desecar
tierras bajas, y así, pudieran ser apropiados y agregados
a los gigantescos globos de tierra debidamente cuadriculados por
filas de palma. Los vecinos pequeños de las palmeras
vendían o vendían; los grandes, se asociaban. O
también vendían. De la noche a la mañana
—es decir, a partir de 2000— la palma se tomó
las mejores tierras en las zonas calientes y comenzó a
derrotar a las vacas y a casarse con los ganaderos" (El
Espectador, 11 de abril Alfredo Molano Bravo).
Municipios como San Martin, Castilla la Nueva y San
Carlos de Guaroa vieron desaparecer de su entorno los cultivos de
maíz y soya para dar paso a una agricultura en palma
aceitera de alta precisión, productores ausentistas y gran
inversión en capital, al tiempo que
aumenta la pobreza y el
desplazamiento en alguno de ellos.
Los dirigentes
gremiales del Meta opinan
Jaime Casasfranco, consultor internacional, cree que
"el país no se verá afectado por escasez de
alimentos porque la producción nacional es suficiente, sin
embargo, los elevados volúmenes de importación de comida durante el año
2007, señalan lo contrario.
Agrega que "es necesario aclarar que la
producción de biocombustibles en Colombia no
afecta la producción de alimentos pues se articula con la
política
de seguridad
alimentaria y las nuevas aéreas de siembra de materias
primas para biodiesel y alcohol
carburante previstas en la meta del
año 2020, representan apenas el 2.6% de la tierra
utilizable en agricultura" (Llanos siete días, mayo 2
de 2008).
En cuanto a la posible crisis por desabastecimiento de
alimentos debido a la destinación de tierras para producir
materia prima
para los combustibles, el Secretario de Agricultura del Meta,
Javier Aníbal Rojas dijo que "esas tierras son nuevas
y que las variedades utilizadas en maíz, caña y
yuca no son utilizadas para la alimentación
humana".
Y aunque el Secretario de Agricultura del Meta
reconoció que el área del arroz ha venido
disminuyendo para darle paso a la palma de aceite
(utilizada para producir biodiesel), no precisó el
número de hectáreas que han pasado del arroz a la
palma.
"Colombia en estos momentos está blindada frente a
la crisis alimentaria porque somos de vocación campesina,
la gran mayoría son agricultores y producen todo tipo de
alimentos debido a la variedad térmica y de pisos que hay
en la región", dijo el Secretario de Agricultura del
Meta, Javier Aníbal Rojas.
En cuanto a la destinación de tierras para sembrar
materia prima
que sirva en la producción de agro combustibles, Rafael
Mejía López, presidente de la Sociedad de
Agricultores de Colombia (SAC), dijo "que esas tierras en el
Meta estaban destinadas para la ganadería
y no para la producción de alimentos.
"En términos generales los cultivos nuevos para
producir alcohol carburante o biodiesel, no han tumbado selva ni
han quitado área para producción de arroz u otro
alimento", dijo el dirigente gremial.
"Eso es lo que se llama el reacomodamiento del sector
agropecuario", dijo Mejía López. "Nosotros
tenemos unos Llanos en los que se han dejado de hacer muchas
obras. La infraestructura ferroviaria no existe, los aeropuertos
en general no existen, la red fluvial y los puertos de
carga y descarga no existen. Mientras eso no se mejore para abrir
un mercado hacia el interior y el exterior, será muy lento
el desarrollo de los Llanos", dijo el presidente de la
SAC.
Para los representantes de Fedepalma, Fedearroz, la SAC,
y Agameta, el departamento tiene suficiente tierra para
diversificar la siembra de productos
alimenticios.
"Las grandes extensiones de tierra con las que
cuenta el Meta y los Llanos Orientales son hoy por hoy la mejor
carta de
presentación que tiene esta región del país
para garantizar la seguridad alimentaria.
Así lo explicó el líder
agrario Álvaro Orjuela Villalobos, miembro de la
Asociación de Agricultores y Ganaderos del Meta (Agameta),
señaló "que la coyuntura actual es una gran
oportunidad para cultivar porque hay tierras para ello sin tener
que tumbar un metro de bosque".
Lo mismo piensa el presidente de Fedepalma, Jens Mesa
Dishington, quien afirmó que si algo sobra en esta
región de los Llanos Orientales es tierra disponible para
sembrar, al tiempo que advirtió que hay que evaluar es
cómo se está haciendo el aprovechamiento de las
distintas áreas.
"Los Llanos Orientales tienen que
trabajar en mejorar su logística, bien a través de
alternativas carreteables o bien a través de la
navegabilidad del río Meta para llegar de una forma
más económica al mar", dijo el dirigente
gremial.Según Rafael Hernández Lozano, gerente de
Fedearroz, Colombia y el Llano tienen que prepararse para la
mayor demanda que va
a haber de alimentos. "La manera que tiene Colombia para
hacerle frente a ese problema de la escasez de alimentos de una
manera eficiente y competitiva es adecuando suelos con riego
para una mayor productividad
bien sea en arroz, maíz, soya o cualquier cultivo que sea
fuente de alimentos para la población".Rafael
Mejía López, presidente de la SAC, coincidió
en afirmar que" el Meta y los Llanos Orientales tienen
suficiente tierra para cultivar alimentos, pero dijo que el
futuro del agro en la región depende de la infraestructura
de transporte
que, a su juicio, es muy mala".
Agrocombustibles y
TLC
El único producto en el
que Colombia podía barrer a los gringos en la negociación del TLC se llama
azúcar.
Los podríamos barrer, y Colombia podría venderles
más azúcar en medio millón de toneladas o en
más. Pues bien: ¿cuál es el único
producto de toda la industria y
todo el agro nacional que nunca tendrá aranceles de
cero por ciento en el Tratado de Libre
Comercio? Se llama azúcar. En lo único que
podíamos ganarles, los genios del gobierno nacional de
Colombia se les sometieron a los gringos y no habrá nunca
desgravación arancelaria en azúcar. También
la negociación de soya es malísima. Con el TLC va a
desaparecer la poca soya que queda en Colombia y va a haber
pérdidas graves en aceite y en palma africana. Las
pérdidas grandes en aceites están documentadas por
estudios cuidadosamente realizados y con cifras precisas. Van a
ser sustituidos por importaciones de
soya y de canola y de otros productos traídos de Estados
Unidos. Y entonces nos dicen que sí, que se van a perder,
pero que la solución es el agrodiesel.
Miremos entonces la otra cara de la noticia. ¿Va
a haber exportación de agrocombustibles? Porque
aquí todo el tiempo esto se ha movido con la
insinuación de que va a haber grandes exportaciones de
agrocombustibles. Miremos los precios, a ver
si es verdad que va a haber exportaciones de agrocombustibles.
Los únicos agrocombustibles que se pueden producir en
Colombia son los que van al mercado interno sobre la base de
inmensos subsidios del Estado
colombiano. ¿Va a haber exportaciones de agrocombustibles?
Ojalá. No tengo nada en contra de que se exporten
agrocombustibles, pero lo que pasa es que no puedo creer en esas
maravillas porque las cifras no cuadran.
Les voy a dar unas cifras: del documento Conpes, de este
gobierno. Miren lo que dice: los costos para
Colombia del etanol son 92% superiores a los de Brasil. Son
palabras mayores. Lo dice el Conpes. ¿Cómo se va a
superar esa desigualdad? Dice también el Conpes que en
costos en aceite de palma, no de agrodiesel, de aceite, los de
Colombia son superiores en 37% frente a los de Malasia y en 110%
frente a los de Indonesia. El Ministerio de Agricultura da
unas cifras que voy a citar: Colombia, etanol, datos del
Ministerio, de 1,78 a 2,09 dólares/galón; Brasil
1,26; Estados Unidos 1,77, pero ya, están negociando a
1,50 dólares/galón. Agrodiesel: Colombia entre 1,97
y 2,03 dólares/galón; Brasil 1,36
dólares/galón. Pero además hay otros
elementos. El presidente Bush vino a América
Latina a buscar negocios de
alcohol carburante y agrodiesel y no pasó por Colombia.
No. Se fue a Brasil. Todo el mundo sabe la potencia
agrícola que es Brasil, entre otras cosas porque tiene
tierras de sobra, salarios
paupérrimos e inmensos subsidios de todos los
órdenes del Estado. La competitividad
de los indonesios y los malayos en estos negocios de la palma es
toda. Están apareciendo competitividades nuevas, por
ejemplo, asociaciones de grandes inversionistas del mundo entero
y brasileños para sembrar este tipo de bienes en
África.
Mejor dicho, si la mano de obra no vale nada en Malasia, en
África lo que suben o bajan no son los salarios, sino los
latigazos que les dan a los trabajadores. Sumado a todo
están las tierras absolutamente nuevas.
Que no resulte entonces que terminemos importando a
Colombia etanol y agrodiesel, porque las leyes que
aprobó la mayoría del Congreso dejaron abiertas las
puertas para que se den estos subsidios a combustibles
importados. Inaudito. En Codazzi estuvieron produciendo alcohol
con maíz importado, pero ocurrió que con la
disparada de los precios del maíz tuvieron que salirse del
negocio y están en otra cosa. Con maíz importado o
de contrabando,
lo que sea, pero maíz extranjero, porque aquí lo
que finalmente importa es si es nacional o importado. Aquí
parte del discurso del
gobierno es que estas cosas las vamos a hacer para reactivar el
agro nacional y el maíz importado o contrabandeado no
estimula el agro nacional.
El 14 de marzo pasado la Federación Nacional de
Biocombustibles le envió una carta a la directora de
Planeación Nacional sobre el borrador del
documento Conpes del que estamos hablando. Miren lo que dicen:
"El documento Conpes desfasa el pivote de política que
actualmente se centra en el consumo
interno a otro que pretende orientar el negocio hacia las
exportaciones". Y la carta es de
protesta por el documento Conpes. La Federación le pide al
gobierno que no vaya a aprobar ese documento porque se tira el
negocio. Y se lo tira porque, dice la Federación, quieren
pasarlos de producir para el mercado interno a producir para la
exportación. Es obvio que si se pasan a producir para la
exportación, si las condiciones los empujan en ese
sentido, terminan arruinados, porque no pueden competir. Dicen en
la misma carta que no les cambien las reglas del juego a los
inversionistas que confiaron en que su negocio era el crecimiento
del consumo interno de los biocombustibles. Eso están
diciendo los que están en el negocio, o sea, están
reconociendo que no son competitivos. Dicen que de pronto
más adelante sí, pero que por ahora no (Los
agrocombustibles aumentarán el hambre de la humanidad.
Jorge Enrique Robledo 1º de abril de 2008).
Analizar con rigor el
negocio de los agrocombustibles
Si se analiza sobre los agrocombustibles, llama la
atención el silencio o el escaso
énfasis sobre partes de un negocio –para solo
referirnos a este aspecto– que se dice podría
ampliarse de 129 mil hectáreas a entre tres y siete
millones de hectáreas en materia prima para producir
biodiesel y etanol.
Primero: las enormes diferencias de costos entre
Colombia y países como Brasil, Malasia e Indonesia,
realidad que hoy impone, y así lo reconocen los propios
productores colombianos, que el país carezca de cualquier
posibilidad de exportar y solo se tenga como opción el
mercado interno colombiano.
Segundo: el consumo interno de agrocombustibles implica
enormes transferencias del Estado, del orden de 220 millones de
dólares anuales para el etanol con la actual mezcla a la
gasolina del 10%, a lo que habría que agregarle una suma
igual o mayor para el agrodiesel que se le mezclará al
ACPM al 5 por ciento, para un total de 400 millones de
dólares al año, sin duda una suma
enorme.
Tercero: ¿A qué porcentajes hay que llevar
las mezclas de
agrocombustibles con la gasolina y el ACPM para poder absorber
el incremento de las hectáreas de que se está
hablando, que multiplican entre 2.300 y 5.400 por ciento el
área sembrada? ¿Cuánto le costarán al
fisco esos mayores porcentajes? ¿Si es eso conveniente o
siquiera posible? ¿Si debe aceptarse que el gobierno
utilice las cifras que se le antoje, sin analizarlas?
Cuarto: ¿Si debe cifrarse el "futuro" del agro
nacional en un negocio en el que el país no es competitivo
internacionalmente, con sus ventas en el
mercado interno atadas a grandes subsidios del Estado, cuyo
futuro depende de lo que pase con los precios internacionales del
petróleo y de los cambios
tecnológicos en su fase industrial y en el que,
además, Colombia podría terminar de importadora?
¿Carece de importancia que el Presidente de Fedepalma pida
"cautela"? (Portafolio, Abril 0 de 2008).
Creemos que no es demasiado pedir que en este tema se
analicen con rigor las cuentas del
gobierno y se promueva un serio debate sobre lo que más le
conviene a Colombia.
¿Y cuál
es el futuro?
La avaricia con los necesitados y la generosidad con los
poderosos, incluidos consorcios, financieros y rentistas, bien
nacionales o foráneos, así como con quienes, al
amparo del
Estatuto, puedan legalizar muchísimas hectáreas
venidas del despojo, introduce no sólo un ordenamiento del
uso del suelo,
según "las potencialidades" que el gobierno neoliberal del
Presidente Uribe defina como derivación del TLC y del
mandato imperial, sino que con él se genera un nuevo
"arreglo" social en el campo colombiano. ¿Cuál es
el futuro de los casi 25 millones de jornales anuales,
involucrados en la producción de algodón, cereales y fríjol dejados a
su suerte? ¿Cómo se modificará en el nuevo
marco el inicuo régimen de propiedad rural imperante donde
el 0,4% de los propietarios tienen cerca del 65% de la tierra?
¿Cómo se mantendrá la producción
campesina y empresarial de alimentos que están excluidos
de los beneficios de la política y que brinda más
de la mitad de las subsistencias a los colombianos y que como
secuela de esta política regresiva se vendrá
menos?
Es evidente que la política agraria lesiona la
soberanía alimentaria. Pero con la entrega
de baldíos a empresas, inclusive extranjeras, puede
configurarse menoscabo de la soberanía territorial, se
vuelve realidad lo que el Presidente Uribe catalogó en un
momento dado como entelequia de los opositores al TLC. A
contramano, se trama la expulsión de nuevas capas de
productores, de campesinos y de obreros rurales, se expanden las
siembras de géneros de tardío rendimiento mientras
se empeora la provisión nacional de alimentos por
habitante y se incrementa la dependencia alimentaria del
país; entre tanto, crece la dramática
situación de miseria y ruina de las comunidades rurales,
incluyendo a las afrocolombianas y a las indígenas, a
quienes el ministro Arias, califica como "los más grandes
terratenientes del país".
El viraje gubernamental no es neutro. Está al
servicio de
determinadas clases e intereses: "La visión del
desarrollo rural y de la política de tierras en que se
fundamenta esta propuesta se enmarca en las nuevas realidades de
la economía nacional, caracterizadas por los procesos
acelerados de liberalización comercial, de
internacionalización de la economía de Colombia y
del mundo, que requieren de un renovado impulso al desarrollo
empresarial y al papel central de la iniciativa privada…
la economía campesina, más que cualquier otra,
requiere de un ajuste radical en las políticas estatales
diseñadas"( Exposición de Motivos, Proyecto de
Ley Estatuto
de Desarrollo Rural). Para sobrevivir dentro del nuevo
ordenamiento institucional, territorial, productivo y social que
se está estructurando, los empresarios, campesinos,
comunidades afro-colombianas, indígenas y jornaleros, que
no sean expulsados, estarán forzados a una nueva
servidumbre hacia quienes captarán las mayores rentas
derivadas de la
reafirmación del modelo
agro-exportador, de la más inicua distribución de
la tierra y de su "aprovechamiento", empezando por quienes
controlan los eslabones mercantiles y se lucrarán del vil
comercio de
los bienes tropicales básicos, de la producción y
transformación de ellos con base en la mano de obra barata
y en los bajos precios de compra a los productores agropecuarios,
y de la posesión de los recursos genéticos, de la
biodiversidad,
del agua y del
territorio, satisfaciendo así una enorme necesidad
imperial : el acceso fácil y rebajado a los recursos
naturales.
En los últimos 16 meses los precios
internacionales del arroz subieron 135 por ciento, los del trigo
116 por ciento, los de la soya 93 por ciento y los del
maíz 41 por ciento, aumentos que también afectan a
Colombia, como lo prueban la mayor inflación y el
desaparecimiento del pan de doscientos pesos. La debilidad del
país ante esta asechanza se origina en que las
importaciones agrarias superan los ocho millones de toneladas
–con un incremento de dos millones en el gobierno del
presidente Álvaro Uribe– y en que, según la
FAO, ya para 2002 el 51 por ciento de las proteínas
y las calorías y el 33 por ciento de las grasas de
origen vegetal que consumían los colombianos venían
del extranjero.
Las razones de esta carestía son conocidas: aumentos
del consumo en algunas partes, estímulos a los
agrocombustibles, que ponen a competir la comida de las naciones
pobres con las gasolina de las ricas, concentración de la
producción agrícola en unos países y su
reducción o eliminación en otros, mayor poder de
las transnacionales del comercio de los alimentos,
revaluación del peso, encarecimiento del petróleo y
los agroquímicos y que convirtieran en commodities los
bienes
agrícolas, es decir, en objeto de especulación
de los tiburones de las finanzas, todo
lo cual puede llamarse globalización neoliberal, "libre comercio",
capitalismo
salvaje.
También es de notoria importancia saber que
países como Brasil, Tailandia, Argentina, Vietnam,
India y
Egipto
limitaron sus exportaciones de alimentos para asegurarse su
abastecimiento interno, decisión apenas obvia y que
nuevamente pone en ridículo a quienes hablan de un mundo
con mercados con
intercambios perfectos, que solo existen en los libros de
texto y que
aquí usan los panegiristas del "libre comercio" para
presentar como teorías
suyas las imposiciones de Washington de importar la dieta
básica de los colombianos. Y es indudable que el concepto de
seguridad alimentaria, que establece el valor estratégico
que tiene para una nación
producir la comida en su territorio, so pena de hambrear a su
pueblo y perder la soberanía, lejos de haber caducado,
está siendo confirmado por los hechos.
En medio de los debates del TLC, cuando se explicaba que
Estados Unidos mantendría los enormes subsidios
agropecuarios porque así se lo exigía su seguridad
alimentaria y que Colombia debía utilizar el mismo
concepto para negarse a desproteger a su agro, Jorge Humberto
Botero, el ministro que encabezaba la "negociación",
explicó que no acogería ese punto de vista porque
le era indiferente que se importara la comida de los colombianos
(La
República, Abril 21 de 2004) y fue capaz de agregar:
"Mil y mil gracias por los subsidios (agrícolas
extranjeros) porque nos permiten, por ejemplo, comprar trigo
barato" (La Patria, Mayo 16 de 2004). Por su parte,
cómo olvidar a Andrés Felipe Arias explicando, la
conveniencia de comprar en el exterior los cereales para
reemplazar su producción por hipotéticas
exportaciones de uchuvas.
A pesar de que el encarecimiento de la comida ratifica la
desastrosa concepción agraria del gobierno colombiano, la
cual no ha generado peores efectos porque el TLC no ha entrado en
vigencia, ahora salió el ministro de Agricultura a decir
Colombia está "blindada" frente a la crisis
alimentaria global, como si las cifras no mostraran lo
contrario. ¿No es una burla obligar a los colombianos a
consumir comida extranjera y luego afirmar que están
"blindados" contra sus costos? ¿No constituye un fraude
analítico meter en el mismo saco carnes, huevos, granos,
cereales y oleaginosas con tubérculos, frutas y
hortalizas, cuyo valor nutricional es inferior –en
calorías, carbohidratos
y proteínas–, para "probar", contra toda evidencia,
que aquí no pasa nada?
La astucia de Andrés Felipe Arias de
que los colombianos pobres pueden reemplazar los alimentos
encarecidos por otros más baratos recuerda a María
Antonieta, reina de Francia,
quien, ante las protestas del pueblo por la falta de pan,
preguntó: "¿Y por qué no comen
tortas?". Solo que en este caso es al revés, porque
la sustitución se haría hacia alimentos de inferior
calidad.
¿Cambiarán el ministro y los suyos el pan por la
arracacha y el arroz por la ahuyama? (Jorge Enrique Robledo
Castillo, Hambruna y "libre comercio").
La astucia de Andrés Felipe Arias de
que los colombianos pobres pueden reemplazar los alimentos
encarecidos por otros más baratos recuerda a María
Antonieta, reina de Francia, quien, ante las protestas del pueblo
por la falta de pan, preguntó: "¿Y por
qué no comen tortas?". Solo que en este caso es al
revés, porque la sustitución se haría hacia
alimentos de inferior calidad. ¿Cambiarán el
ministro y los suyos el pan por la arracacha y el arroz por la
ahuyama?
Jorge Enrique Robledo Castillo, "Hambruna y
libre comercio"
Autor:
Emilio García
Gutiérrez
Villavicencio, mayo de 2008
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