Mercado agrícola Incluyente, equitativo y sustentable (página 2)

La ANEC surge en el contexto de los cambios estructurales en
el mercado de granos
básicos registrados en ele país desde 1982 a la
fecha y profundizados en el sexenio 1994-2000, como respuesta a
la crisis
agrícola internacional. Esta situación se
caracterizó por la caída en el valor de los
activos
agrícolas; una disminución de las aportaciones; un
estancamiento de la demanda; un
desplome de los precios; el
aumento en las tendencias proteccionistas en los países
desarrollados; la fuerte intervención estatal para
mantener los ingresos de los
agricultores y sostener los precios; una sobreproducción y
un aumento en las reservas mundiales de granos; y hambrunas en
algunas regiones el mundo con altos índices de desnutrición en la mayoría de los
países subdesarrollados (Oliva, 2003).

La liberalización de los mercados
agrícolas está estrechamente vinculada con la
crisis de la agricultura
internacional causada, esencialmente, por la crisis de la
agricultura estadounidense. Debido al estancamiento de la demanda
mundial y la disminución en la participación
estadounidense en las exportaciones
totales, este país –la mayor economía agro exportadora del mundo-
entró en crisis.[1]

Para enfrentar la pérdida de competitividad
en el mercado internacional y la crisis agrícola interna,
las corporaciones agroexportadoras y agroprocesadoras
estadounidenses intentaron impulsar reformas en las políticas
agrícolas nacionales, contenidas principalmente en las
leyes de
fomento y protección agrícolas vigentes desde el
New Deal de Rossevelt y que se actualizaban
quincenalmente en las famosas Form Bills. Para la nueva
Ley
Agrícola Quinquenal 1986-1990, el lobby
agroexportador intentó fallidamente influir en el congreso
para que suprimiera los sistemas de
administración de la oferta y de
subsidios agrícolas vinculados con precios-objetivo
(Oliva, 2003).

Ante la imposibilidad a mediano plazo (1986-1990) de impulsar
su propuesta en el plano interno, las corporaciones
agroalimentarias estadounidenses optaron por avanzar en el plano
internacional y desde ahí influir posteriormente en las
reformas agrícolas y comerciales internas. En este
sentido, en la ronda de negociación del GATT realizada en 1986, en
Punta del Este, Uruguay, los
estadounidenses plantearon la liberalización del comercio
agrícola internacional como uno de los temas centrales de
la agenda de dicha ronda. [2]si bien esta
propuesta no fue del todo aceptada en la Ronda de Uruguay, se
tomaron algunos acuerdos relacionados a la apertura de los
mercados y a la reducción de subsidios como paso inicial
para la liberalización del mercado agrícola
internacional (Oliva, 2003).

En el marco de estos acuerdos y de los compromisos bilaterales
establecidos en materia de de
apertura comercial entre Estados Unidos,
Canadá y México, se
firmo el Tratado de libre
Comercio de América
del Norte (TLCAN) en
1993. Para México y su agricultura, integrarse al mercado
mundial requería de un proceso de
modernización que incrementara la oferta de exportaciones
agrícolas, por lo que las políticas en esta materia
se orientaron ala sustitución de cultivos no redituables,
entre ellos los granos básicos, por otros que si
respondieran alas nuevas exigencias del mercado.
[3]

A partir de entonces se instrumentó una serie de
cambios estructurales que contribuyeran al proceso de
modernización del campo y de los mercados
agroalimentarios. Entre los más importantes destacan las
reformas al artículo 27 constitucional y su ley
reglamentaria, que permitió la renta y venta de terrenos
ejidales; el proceso de ventas y
transferencias de empresas
estatales vinculadas al campo; la desgravación arancelaria
para productos del
campo, la cancelación de los precios de garantía
con excepción del maíz y del
fríjol; el retiro de los principales subsidios.

En el marco de la política
económica y agrícola de integración puesta en marcha en marzo de
1982, la privatización de los mercados agropecuarios
se aceleró a partir de 1994 debido a los siguientes
factores vinculados:

• Entrada en vigor del TLCAN;

• Los acuerdos de la Ronda de Uruguay del GATT en materia de
  agricultura (Acuerdo de Marrakech);

• La incorporación de México a la
  Organización para la Cooperación y el
  Desarrollo Económico (OCDE), y

• La crisis financiera y económica de diciembre de
  1994.

Por un lado, la entrada en vigor del TLCAN el 1º de enero
de 1994 obligó a acelerar el proceso de
liberalización del comercio agroalimentario, se profundizo
la desgravación arancelaria y se establecieron plazos
definidos (5, 10 y 15 años) para la eliminación
total de gravámenes a las importaciones
agropecuarias. En realidad, los plazos se incumplieron a partir
del año uno, sobre todo en el acaso del maíz,
fríjol y cebada con lo que se anticipó la apertura
comercial total. Esta situación favoreció un
incremento sostenido de las importaciones de granos y oleaginosas
provenientes de Estados Unidos y Canadá, con la
consiguiente presión
hacia el sistema nacional
de precios y de garantía y de concertación y, por
tanto, hacia los organismos gubernamentales de regulación
y comercialización agropecuaria.

Adicionalmente para México, la conclusión de los
acuerdos de la Ronda de Uruguay en materia agropecuaria y su
vigencia a partir del 1ro de enero de 1995 (Acuerdo de Marrakech)
imprimieron mayor velocidad a
las medidas de apertura comercial, de privatización de los
mercados de diminuir los subsidios indirectos, de adopción
de esquemas directos al ingreso y privatización de las
instituciones
públicas relacionadas con la regulación, administración y operación de
mercados agropecuarios. Asimismo, estas condiciones
también fueron obligatorias para México a partir de
su adhesión a la OCDE el 18 de mayo de 1994. Finalmente,
la crisis financiera y económica desatada en el
país a partir de diciembre de 1994 y sus efectos recesivos
en 1995 implicaron mayor presión sobre el gasto
público, obligando a profundizar los procesos de
privatización de las entidades públicas y las
medidas de reducción de los subsidios relacionados con la
agricultura.

En esta etapa, estados Unidos y la Unión
Europea, principalmente, y Canadá, Argentina y
Australia, secundariamente, buscaron mantener y acrecentar su
participación en el mercado mundial, creando el
"supermercado global de alimentos", y
dando salida a la crisis que desde los ochenta enfrentaban estos
países en materia de exportación de alimentos. La apertura del
mercado mexicano, garantizado a través del TLCAN,
ofreció la salida de mayor importancia para los granos
básicos provenientes de los países norteamericanos
(Oliva, 2003).

La respuesta del
gobierno mexicano

Durante los sexenios de la integración
económica (Miguel de la Madrid
1982-1988, Carlos Salinas de Gortari 1988-1994, Ernesto Zedillo
1994-2000 y Vicente Fox 2000-2006), el gobierno mexicano
emprendió un proceso acelerado de apertura en el sector de
granos básicos. Además de la desgravación
arriba mencionada, el eje fundamental de este proceso fue el
abrupto retiro del Estado en la
producción y comercialización de
granos básicos.

En México el Estado ha
jugado un papel clave en el desarrollo de
la producción de granos básicos a través de
la aplicación de precios de garantía y la construcción de infraestructura de almacenamiento.
El sistema de los precios de garantía perseguía dos
objetivos
fundamentales: el fomento a la producción y asegurar un
ingreso mínimo a los productores rurales. Los precios de
garantía permitieron una mejor distribución del producto
nacional lo cual aumentó la capacidad de compra del
campesinado. Esto resultó, a su vez, en una
ampliación del mercado interno, medio indispensable para
fortalecer la industrialización del país (Oliva,
2003).

También se estableció una nueva y visionaria
estructura
institucional que más tarde se convirtió en la
Compañía Nacional de Subsistencias Populares
(Conasupo). Esta importante empresa estatal
de acopio y almacenamiento permitió al gobierno tener la
capacidad operativa real de intervenir y regular los mercados a
través de compras
ilimitadas a través de precios de garantía, de
cosechas desde las zonas de producción hasta las zonas de
consumo, de
realizar importaciones y de distribuir los alimentos y materias
primas a los miles de molinos nixtamaleros y a la mayoría
de las localidades urbanas y a una aparte importante de las
población rural. Simultáneamente, la
red operativa de
esta empresa proporciono una de las mayores plataformas de
presencia, servicio y
operación de múltiples e importantes instituciones
y programas de
fomento productivo y bienestar social.

Como consecuencia de la suscripción del TLCAN y las
tendencias en las negociaciones agrícolas de la RU del
GATT, se abandonaron los apoyos a los productores vía
precios, cambiando a un esquema de pagos directos. Las compras
nacionales llegaron a representar en 1993 la cifra record de
8´3000,000 toneladas, representando el 68.9% del volumen
comerciable en dicho año. El año 1998 marcó el
fin de una política de
regulación y de garantía de abasto a la
población, y en diciembre de dicho año se
decretó formalmente la liquidación de Conasupo, al
quedarse esta sin ninguna empresa filial y al desaparecer los
subsidios generalizados a la cadena maíz
tortilla.[4]

El Tratado de
Libre Comercio de América del Norte y sus efectos en el
mercado de granos básicos

La incorporación de los granos básicos
(maíz, fríjol, arroz, trigo sorgo, soya y cebada)
fue uno de los temas más controvertidos en la agenda de
negociación del TLCAN, pues el subsector de granos
básicos ha tenido siempre una enorme importancia
estratégica en México, desde muchas ópticas,
algunas de las cuales anotamos a continuación por ser
factores clave para la estabilidad social del país.

Soberanía alimentaria: de ahí
provienen los alimentos elementales de los mexicanos.

Diversidad biológica y cultural: es la base de
culturas milenarias mesoamericanas, la base material de sustento
e identidad de
los 56 pueblos indígenas del país; el sector
guardián, productor y reproductor de la riqueza genética
de las semillas y la agrodiversidad.

Economía y empleo: es fuente de
ocupación e ingreso para 4 millones de campesinos y sus
familias y constituye el aporte mayoritario al PIB sectorial
(65%); es la principal fuente de empleo en la
economía nacional (20%) y conforma una parte importante de
los flujos campo-ciudad. El maíz proporciona el 70% de las
calorías en las familias rurales.

Medio ambiente: Involucra el manejo de suelo y agua de 16
millones de hectáreas.

Otra fuente de controversia fue la profunda e insalvable a
simetría entre la agricultura mexicana de granos y la de
Estados Unidos y Canadá. Por eso, muchos expertos
indicaban y aconsejaban la necesidad de excluir y proteger dicho
subsector de los acuerdos de liberalización comercial, al
menos, al maíz y al fríjol, alimentos
básicos de los mexicanos.

La mayor parte de las organizaciones
campesinas independientes, franjas muy importantes de la sociedad civil,
así como numerosas universidades y centros de investigación, se opusieron a la
intención del gobierno mexicano y sus contrapartes de
incorporar los granos básicos en la negociación y
mucho menos de acordar la "eliminación" de los ARANCELES. Sin
embargo, en el contexto de un sistema
político que excluía sistemáticamente a
los ciudadanos y al interés
público en la determinación de las políticas
públicas, el ejecutivo federal aceptó sacrificar al
subsector de granos básicos, es decir, a la agricultura
campesina y a la seguridad
alimentaria nacional, en aras de una liberalización
comercial fundamentalista, guiada por el supuesto de las ventajas
comparativas, y con la promesa de obtener a cambio mayores
beneficios para el sector agropecuario y la economía
nacional en su conjunto (Oliva, 2003).

El balance
negativo

Para el 2004, los pronósticos más pesimistas
realizados por los optimistas más críticos a la
inclusión de los granos básicos en las
negociaciones de liberalización comercial, palidecen
frente a los resultados obtenidos:

• a) De acuerdo con datos del gobierno mexicano, entre
  1994 y 2000 se importaron de Estados Unidos y Canadá
  10´000,000 toneladas de maíz por arriba de la
  cuota de importación sin pagar un solo centavo del
  arancel acordado. Esto significó dejar de cobrar
  aranceles por 2,385 millones de dólares. En cuatro
  años del TLCAN (1996-2000), no se respetó la
  cuota de importación libre de arancel, mismos
  años en que se importó maíz por encima
  incluso de la cuota prevista para el año 2007. En los
  hechos, a partir del año 3 del TLCAN (1996), y no del
  año 15 (2008), se completó la
  liberalización total del comercio del maíz.

• b) De acuerdo con los datos del gobierno de Estados
  Unidos (USDA-ERS), desde el primer año del TLCAN
  (1994) las exportaciones Norteamericanas de maíz a
  México (3´054,000 toneladas) sobrepasaron la
  cuota de importación de maíz (2.5 millones de
  toneladas) sin pagar un sólo centavo del arancel
  acordado en dicho tratado comercial.

• c) De igual forma se han comportado las importaciones
  de fríjol y cebada. En el caso del fríjol,
  entre 1994 y 2000 de TLCAN se han importado de estados Unidos
  y Canadá más de 700,000 toneladas, de las
  cuales, el 50% se importó fuera de cuota sin pagar
  arancel. A partir del año 3 del TLCAN, y no del
  año 15, se tiene una liberalización total en el
  comercio con Estados Unidos y Canadá de esta
  leguminosa tan estratégica y sensible. En casi todos
  los años del TLCAN, se han incumplido los acuerdos de
  protección a los productores nacionales de
  fríjol. En el caso de la cebada, entre 1994 y 2000 del
  TLCAN se han importado de Estados Unidos y Canadá
  481,953 toneladas fuera de cuota sin pagar arancel. En todos
  los años del TLCAN, con excepción del
  año 2000, se ha incumplido el acuerdo de
  protección a los productores nacionales de cebada.

• d) Para el caso del trigo, arroz y soya, en los
  primeros 5 años del TLCAN, se completó el 50%
  del proceso de desgravación
  arancelaria.[5] En el caso del sorgo, las
  importaciones fueron totalmente desgravadas desde el primer
  año del TLCAN.

Se ha argumentado que las exportaciones fuera de cuota sin
arancel eran necesarias para evitar el desabasto nacional dada la
insuficiente producción interna así como para
impedir el encarecimiento de los alimentos. Sin embargo, eliminar
la protección y favorecer importaciones masivas a precios
dimping es justamente una de las causas principales, y
no la consecuencia, del estancamiento o disminución de la
producción nacional de granos básicos.

La liberalización abrupta y total en el TLCAN para el
subsector de granos básicos ha significado una competencia
desleal e ilegal para los productores mexicanos.
Principalmente para los temporaleros. Por esta razón, la
producción nacional se ha desincentivado y las
importaciones han aumentado a niveles sin precedente. En 1990, la
producción de granos básicos per cápita era
de 326.7 kilogramos, mientras que para 1998 se había
reducido a 297.6 kilogramos; es decir, una disminución de
8.9% en dicho periodo (Oliva, 2003).

Al mismo tiempo, se han
incentivado las importaciones la pasar a 9.15 millones de
toneladas de granos básicos en 2000. Por lo que se refiere
al "valor" total de las importaciones de granos, éste
ascendió en siete años de TLCAN a 16,058 millones
de dólares. En otras palabras, tan sólo en los
primeros cinco años de TLCAN, el valor de las
importaciones de granos básicos fue casi el doble que el
valor de las importaciones realizadas en los nueve años
previos.

Los precios de los granos básicos han descendido en
términos reales como consecuencia de las importaciones
masivas sin protección y a las reformas en el sistema de
precios, subsidios e intervención gubernamental en las
compras y en el abasto. Tan sólo por citar un ejemplo, el
precio del
maíz descendió 27% en 7 años del TLCAN. Esta
disminución en los precios reales sumada a la
desaparición de los subsidios a los precios y a un aumento
en los precios de producción imputables no a los
productores sino a las asimetrías entre nuestra
economía y la de Estados Unidos –costos
financieros, de combustibles, de transporte, de
alimento; de semillas, maquinaria, refacciones y
agroquímicos- han provocado una crisis de rentabilidad
sin precedentes en todos los productores de granos básicos
de todas las regiones agrícolas del país.

El hecho de que la producción nacional no se haya
colapsado aún más se debe a las estrategias
múltiples de subsidio y sobrevivencia de la
economía campesina, una producción que tiene por
estrategia
disminuir sus niveles de consumo y de vida –alimentación,
vestido, vivienda, educación, salud– reponiendo sus
medios de
producción y la fertilidad de los suelos. Lo
anterior sumado a la transferencia de recursos de
ingresos provenientes de la venta de la fuerza de
trabajo
familiar en otras actividades, de las divisas enviadas
por los migrantes e incluso, por los ingresos derivados del
cultivo y tráfico de estupefacientes.

Actualmente, los productores de granos básicos
enfrentan condiciones de producción y
comercialización que ningún otro país
miembro de la OCDE enfrenta: la desprotección, la
incertidumbre, la indefensión, la desinformación.
Los productores nacionales no solamente no saben a qué
precios van a vender sus productos antes de la siembra sino que
ni siquiera en el momento mismo de las cosechas saben si
podrán venderlas y a qué precios. Cada ciclo de
comercialización, los productores tienen que movilizarse,
protestar, gestionar, presionar durante semanas y meses, a efecto
de lograr condiciones menos desastrosas para comercializar las
cosechas (Oliva, 2003).

Mientras en México los subsidios agrícolas se ha
reducido significativamente en los años que van del TLCAN,
en Estados Unidos han aumentado. Mientras el presupuesto
sectorial mexicano se ha reducido de 6.4% del gasto programable
en 1994 a 4.3% en 2000 (24,849 millones de pesos), en Estados
Unidos, el presupuesto para pagos gubernamentales a los
productores ha aumentado concientemente de 1994 a 2002. En 1994
se calcularon 7,900 millones de dólares a los productores
agropecuarios de Estados Unidos; para 2000 se calcularon
alrededor de 28,000 millones de dólares; es decir
más de 20,000 millones de dólares adicionales, que
representaron un incremento del 350% con respecto a 1994. La Ley
Agrícola del 2002 autorizó 248.6 mil millones de
dólares en apoyo a la agricultura estadounidense (Oliva,
2003).

En este contexto, quienes salen ganando son los intermediarios
locales, las grandes compañías agroprocesadoras y
las grandes corporaciones multinacionales. En México las
empresas de semilla y alimentos se asociaron en tres grupos grandes
para cerrar el círculo de control de la
cadena
producción-transformación-comercialización
de granos básicos. Monsanto (Semillas, biotecnología y agroquímicos)
está asociado con Gargil y Continental, que se dedican a
la parte de comercialización, distribución,
transporte y agricultura por contrato. La
segunda cadena es Novartis-ArcherDanielsMidland-Maseca y la
tercera abarca, comercialización y distribución y
hasta la producción de etanol y edulcolorantes y
está conformada por Minsa-Arancia-Corn products. Maseca
–trasnacional con sede en México- controla el 70%
del mercado de harina de maíz, y ADM controla el mercado
del trigo.

La concentración cuasimonopólica de la industria
agroalimentaria y las cadenas de autoservicio, la ineficiencia
del sistema de distribución y abasto y una inadecuada
política de regulación y protección
al consumidor, han provocado un encarecimiento excesivo en el
costos de la canasta básica. De 1994 a 1998, el costo de la
canasta básica se incrementó a casi 240%. Por lo
que se refiere a los productos de maíz, el precio de la
tortilla aumento en 350% de enero de 1994 a diciembre de 1998.
Además, abría que agregar que la calidad de las
importaciones se ha concentrado en maíz amarillo en lugar
de maíz blanco; granos trasgénicos sin separarse y
etiquetarse como tales de los no trasgénicos; granos con
aflotoxinas y hongos; granos
con almacenamientos prolongados (Oliva, 2003).

No obstante que el comercio agroalimentario de México
haya crecido en 44.3% en el periodo del TLCAN, los resultados en
términos de Balanza
comercial y crecimiento del PIB sectorial son negativos. El
saldo deficitario acumulado en ésta en el periodo
1994-1999 es de 4,938.94 millones de dólares.

La apertura comercial indiscriminada y el retiro del Estado de
la vida económica del campo mexicano a dejado
desprotegidos a millones de campesinos que dependían de
los apoyos gubernamentales para desarrollar su actividad. Como
consecuencia de estas transformaciones, los productores mexicanos
no sólo se enfrentan a la incertidumbre del clima, de las
políticas gubernamentales y del tipo de
cambio, sino a la incertidumbre de los merados
internacionales. De esta manera, los productores de granos
básicos se ubican frente a ciclos de
comercialización inciertos en los que la
movilización, la protesta, la gestión
y la presión se presentaban como las herramientas
inmediatas para lograr condiciones menos desastrosas en la venta
de sus cosechas (Oliva, 2003).

Sin embargo, la crisis agroalimentaria que se
profundizó en este contexto no trascendió en
abandono rural o descampenización, sino que el panorama
adverso ofreció la perspectiva única de generar
alternativas económicas y organizativas para enfrentar las
consecuencias de la integración económica.

Los protagonistas
y sus respuestas: Antecedentes y nacimiento de la
ANEC

"No aceptamos y no acepamos que se siga pensando que
sobramos, que somos improductivos, que no somos competitivos, que
somos una carga para el país (.) Tampoco aceptamos que
solamente los grandes agricultores empresariales y las grandes
empresas extranjeras son los únicos que tiene y deben
tener un lugar en el campo, como se ha estado pensando en los
últimos 18 años en el gobierno federal. Tampoco
aceptamos que se nos niegue potencial y capacidad de desarrollo
productivo y que únicamente se nos quiera ver como objetos
de ayuda contra la pobreza,
objetos de la caridad pública y privada. Hemos sido
productivos en el pasado, la nación
se ha construido a partir de nuestro trabajo, somos productivos
ahora a pesar de la competencia
desleal de las importaciones y podemos ser más productivos
en el futuro si tan sólo se abandonaran las
políticas que sólo favorecen a unos cuantos, si tan
sólo se revalorara el papel de la agricultura campesina,
de los pequeños y medianos productores, si tan sólo
se adoptaran políticas hacia el campo para todos, sin
exclusiones ni privilegios."[6] (Oliva,
2003).

Hacia nuevas
formas de organización campesina

Las transformaciones al marco económico en el que
tradicionalmente se había desarrollado la economía
campesina obligan a pensar en procesos organizativos que no
sólo resuelvan los objetivos sociales, sino que
además logren ser económicamente viables.

Por lo anterior, para generar un proyecto de
desarrollo rural integral alternativo se requiere de estrategias
organizativas que vinculen proyectos
económicos exitosos, de la mano de una nueva
definición de políticas públicas. Las nuevas
políticas públicas deben colocar en el centro del
desarrollo rural a la
organización campesina y contribuir a incrementar el
capital
social, es decir, fortalecer la capacidad de los productores para
trabajar entre sí, asociarse y cooperar en grupos.

En México existen dos elementos organizativos que
contribuyeron a retrasar la posibilidad del aumento en la
competitividad: por un lado la existencia de una
intervención estatal, que si bien otorgó grandes
beneficios a los productores, se caracterizó por su
paternalismo, su cooperativismo
político y la utilización de políticas de
manera impositiva y sin la participación activa de los
sujetos; por otra parte, la existencia de organizaciones
campesinas de corte tradicional-cooperativo, sujetas más a
los caprichos de caciques que a las necesidades de sus
agremiados. Así, la posibilidad de establecer organismos
realmente efectivos para el mejoramiento de las condiciones de
las distintas etapas del proceso productivo se veía como
un sueño lejano.

Las condiciones en las que se planteó la apertura
comercial y el retiro abrupto de las entidades del Estado que
apoyaban al campo, empujaron a los productores a definir nuevas
formas de organización campesina que respondieran
económica y socialmente a un modelo de
desarrollo rural cuyo actor central fueran los campesinos. En
este sentido, desde los ochenta, diversas organizaciones empiezan
a trabajar en la idea de apropiarse del proceso productivo, pero
serían las reformas económicas ubicadas en el marco
de la
globalización, la definición de nuevos mercados
agroalimentarios y la crisis de 1994 las que consolidaran la
necesidad de desarrollar estrategias de promoción de empresas de servicios de
abasto, de apoyo a la producción y comercialización
para que las pequeñas explotaciones pudiesen disminuir sus
costos de
producción, elevar su capacidad de negociación,
aumentar su productividad y
mejorar la toma de
decisiones mediante el manejo más eficiente de las
explotaciones agropecuarias (Oliva, 2003).

En este marco, en los últimos años, diversas
organizaciones campesinas productoras de granos básicos
deciden evolucionar hacia la comercialización directa y
organizada de sus cosechas a través de la
compactación de la oferta en sus áreas de
influencia para tener mayor capacidad de negociación
frente al mercado y a las instituciones, así como
favorecer escalas de operación que les permitan abatir
costos, mejorar eficiencia,
asegurar calidad y lograr mayor competitividad.

Uno de los nuevos modelos de
organización económica especializada es el modelo
de la empresa
comercializadora campesina (ECC). El aspecto más relevante
de las ECC es que integran y conjugan objetivos aparentemente
antagónicos y excluyentes para la sobrevivencia y
desarrollo de la organización campesina en una
economía abierta: los objetivos sociales, los
económicos y los ambientales. Los objetivos sociales
entrañan la sobrevivencia colectiva y, ayuda mutua, la
participación y control democrático y la
apropiación social de los procesos y beneficios de la
autogestión y el desarrollo integral; los objetivos
económicos implican la búsqueda de la rentabilidad
medida a precios y tasas de mercado, eficiencia, competitividad y
administración gerencial profesional; los objetivos
ambientales, por su parte, están referidos a la
recuperación y mantenimiento
de los recursos
naturales (Oliva, 2003).

Construir un
mercado agrícola incluyente, equitativo y sustentable: el
nacimiento de la ANEC

Los acontecimientos que marcan el impulso de la ANEC y la
iniciativa de construir un nuevo mercado agrícola se ubica
hacia 1995, cuando ocurrió un repunte de las estrategias
de organizaciones campesinas autónomas y plurales para
abordar la problemática de producción y
comercialización de granos básicos.

Estas iniciativas surgieron de las diferentes manifestaciones
de inconformidad realizadas entre 1990 y 1995, que si bien
representaron importantes precedentes en la conformación
de una nueva política agrícola, sólo se
orientaron a propuestas y acciones
aisladas, regionales y locales, que en algunos de los caso no
obtuvieron respuestas, y en otros fueron reprimidos con violencia.

Esta situación obligaba a la necesidad de acciones
coordinadas, mismas que en abril de 1995 abrieron una primera
oportunidad al realizar en la ciudad de México una
reunión, con la asistencia de organizaciones regionales y
nacionales en las que se elaboraron propuestas de política
que se entregaron a los gobernadores de los estados, a los
secretarios de gobierno y al presidente.

La reunión propuso que la solicitud para transformar y
continuar apoyos del Estado tenía que ir acompañada
de la organización y participación directa en el
control y comercialización de las cosechas a través
de empresas comercializadoras a nivel regional, estatal y
nacional. Los participantes coincidieron en que la fuerza para
negociar frente al mercado y a las instituciones se encontraba
precisamente en controlar la oferta de las cosechas y que esto
sólo sería posible por medio de la creación
y consolidación de empresas comercializadoras (Oliva,
2003).

En agosto del mismo año, tras la realización de
un taller nacional sobre experiencias y alternativas campesinas
en comercialización de granos básicos, se
reconoció la formación y operación de casi
200 empresas comercializadoras de campesinos de 20 estados del
país tan sólo en el periodo 1990-1995, así
como la organización de 10 empresas comercializadoras o
integradoras regionales. Si bien se reconocía que se
había logrado un gran avance en el aprendizaje y
acumulación de experiencias, así como en la
formación de dirigentes, gerentes y asesores
especializados en el terreno de la comercialización, era
necesario fortalecer una estrategia de vinculación,
servicio y participación entre los productores asociados y
los no asociados; era necesario también consolidarse como
procesos eficientes y competitivos sin llegar a convertirse en
una empresa
privada: la idea, en cambio, era establecer oportunidades acordes
a las condiciones y necesidades de cada organización y
región.

Bajo este escenario, una de las demandas de las organizaciones
fue conformar una instancia nacional de coordinación, representación y
gestión. De esta manera, se resolvió crear la
Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de
Productos del Campo (ANEC), constituida formalmente en septiembre
de 1995, como una estrategia para enfrentar los desafíos
de la apertura comercial, la privatización de la
economía y el retiro de la intervención
gubernamental en los mercados agrícolas (Oliva, 2003).

La ANEC es una asociación autónoma y plural, no
está vinculada con ningún partido, central
campesina o institución pública o privada. Sus
objetivos centrales son: la revaloración y
modernización de la agricultura campesina, la defensa y
promoción de la soberanía alimentaria y la
construcción de un mercado agroalimentario incluyente,
equitativo y socialmente responsable.

A través de servicios de capacitación, asesoría, información de mercados y enlaces
comerciales, impulsa la formación y consolidación
de empresas comercializadoras campesinas a nivel local,
así como las redes regionales, estatales
e interestatales de empresas comercializadoras campesinas
(empresas integradoras de servicios comerciales y
agropecuarios).

Para el 2002, la ANEC, tenía una membresía de
180,000 pequeños y medianos productores de granos
básicos, y 220 empresas comercializadoras campesinas
asociadas en 20 estados de la
república (Chiapas,
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca,
Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, San Luis
Potosí y Zacatecas) (Oliva, 2003).

Las empresas comercializadoras campesinas asociadas en la ANEC
administran y operan autogestivamente 135 centros de acopio y
unidades de
almacenamiento con una capacidad cercana a 1 millón de
toneladas de capacidad bajo techo (2002).Dichas comercializadoras
campesinas compactan y comercializan organizadamente 600,000
toneladas de maíz, 300,000 toneladas de sorgo, 100,000
toneladas de trigo, 50,000 toneladas de fríjol, y 15,000
toneladas de garbanzo, lo cual representa al rededor de 10% de la
producción del país (Oliva, 2003).

Los objetivos principales de la ANEC se centran en revalorar
la agricultura campesina. Ésta juega un papel fundamental
en el desarrollo
económico del país porque propone un desarrollo
viable económico, social y sustentablemente; la
recuperación de la soberanía alimentaria; y la
protección de la biodiversidad
y agrodiversidad.[7] Esta propuesta se opone
totalmente a la lógica
de la globalización desde arriba, que dicta que
la soberanía alimentaría es un mito arcaico,
que el monocultivo de semillas mejoradas es el futuro del campo,
y que el único desarrollo es el macroeconómico, sin
la
contaminación de temas sociales y ambientales. Dentro
de su esquema, los pequeños productores de granos
básicos son dispensables en aras de la competitividad
mundial. Para la ANEC, ellos son los protagonistas del
único verdadero desarrollo que puede existir –el
desarrollo equitativo, humano e incluyente.-

Todo ello implica la construcción de un mercado de
granos básicos alternativo que, por un lado, permita la
sobrevivencia de los productores que resguardan los valores
sociales arriba mencionados, y por otro asegure el consumo
nacional en condiciones de soberanía alimentaria. Conforme
un mercado agrícola incluyente y equitativo ha sido
posible en primera instancia gracias a la construcción de
relaciones fraternales con otras organizaciones, sobresaliendo
los esfuerzos que campesinos de Chiapas, Oaxaca, Chihuahua,
Durango y Estado de México han tenido para impulsar un
"mercado solidario", es decir, de intercambio entre productores
de maíz de zonas excedentarias y organizaciones
consumidoras del estado de Oaxaca (Oliva, 2003).

Establecer nuevas relaciones comerciales en el mercado
agroalimentario requiere también de un mínimo de
infraestructura con la cual las organizaciones tengan capacidad
de almacenamiento para operar grandes volúmenes y con ello
negociar mejores precios. Anteriormente, el gobierno concentraba
la mayor parte de la infraestructura. Con el proceso de
desincorporación se abrió la posibilidad de
adquirir instalaciones, y la ANEC ha adquirido y autoadministrado
por múltiples vías (licitación,
transferencia, compra directa, construcción con inversión propia y crédito, etcétera) alrededor de 110
centros de acopio con una capacidad de almacenamiento bajo techo
de 800,000 toneladas.

En este proceso, y con la finalidad de establecer alianzas
viables con la iniciativa privada para la apropiación de
infraestructura la ANEC creó Servicios Integrales de
Almacenamiento y Comercialización de México S. A.
de S. V. (Siacomex) como brazo de apoyo a la
comercialización a nivel nacional de la ECC de ANEC. La
creación de Siacomex permitió la asociación
ANEC-MINSA (Empresa productora de harina de maíz, segunda
en México) en el proceso de licitación de Almacenes de
Centro Occidente (ACO). De las tres almacenadoras nacionales
cuyos activos fueron transferidos por el gobierno en 1996, ACO es
la única empresa que fue adquirida por una empresa
vinculada con el sector agroalimentario, en asociación con
organizaciones de productores y con un plan de
negocios de cara a las necesidades de la modernización
de los mercados agrícolas internos y no de importación. La operación por parte
de la ANEC significó recursos por 3´600,000 pesos,
entre aportaciones de la ECC, un pequeño crédito de
6 meses y el capital de riesgo que se
representó en el 10% del valor total de la
operación y fue otorgada por el gobierno a 7 años
(Oliva, 2003).

A través de 5 años por compactar la oferta en
mercados de granos básicos, en el año 2000 se
logró la comercialización organizada de 600, 000
toneladas de maíz, 250,000 toneladas de sorgo, 80,000
toneladas de trigo, 20,000 toneladas de fríjol y la
exportación de 7,500 toneladas de garbanzo. El conjunto de
estas acciones ha resultado en un sobreprecio de entre 10 y 15%
para los campesinos socios de las empresas comercializadoras
(Oliva, 2003).

Como herramienta básica para fortalecer una estrategia
alternativa frente al mercado, la ANEC desarrolló
también un servicio de información de mercados,
capacitación y asistencia técnica especializada,
adaptado a las necesidades de diversas organizaciones de
productores. En este sentido, la ANEC, cuenta con un
boletín semanal informativo, distribuido vía
Internet. Entre
sus contenidos está la información de mercados,
precios y noticias
vinculadas al campo mexicano. El boletín informativo, que
es distribuido desde diciembre de 1995, fue concebido como una
alternativa a los servicios de información públicos
(ASERCA, SMIN, SAGAR) y privados (Reuters, Mercader) que
además de poco accesibles y costosos para las
organizaciones, en muchas ocasiones son incomprensibles y poco
confiables.

En materia de capacitación y desarrollo comercial
frente al vacío institucional, lo abrupto de los cambios
en los mercados y la urgente necesidad de disponer de un servicio
especializado, de calidad y comprometido con los productores, fue
necesario establecer un centro de información campesina
para la capacitación, asesoría y
acompañamiento empresarial (organizativo, comercial y
operativo). Los principales temas desarrollados en el programa de
capacitación de la ANEC son: planeación
y estrategias comerciales, almacenamiento y conservación
de granos, operación de centros de acopio,
formulación y evaluación
de proyectos, formación y actualización de
gerentes de empresas comercializadoras campesinas, coberturas
agrícolas, figuras jurídicas, etcétera. Este
programa incluye la formación de dirigentes, productores,
gerentes y técnicos de las organizaciones
comercializadoras en el marco de una nueva cultura de
participación y organización.

Para lograr eficacia en sus
acciones, la ANEC ha constituido amplias redes de
colaboración con otras redes nacionales de
organización económicas de productores rurales,
como la CNOC, la AMUGS y la Red Mocaf.
[8]También se han tejido relaciones con
organizaciones de productores de otros países, como la
Nacional Farmers Union de Canadá, la Asociación
Americana de Productores de Maíz Y la Coalición de
Agricultores Familiares de los Estados Unidos y la CONTAG de
Brasil, entre
otras (Oliva, 2003).

Por lo que se refiere a las redes de acción
internacionales, la ANEC pertenece al Movimiento
Internacional Vía Campesina, a la Red Interamericana de
Agricultura y Democracia,
Así como a la Red Mundial de Agricultura Campesina y
Globalización.

Con la combinación de estas acciones y el desarrollo de
herramientas propias, la ANEC ha logrado que el sector social de
productores de granos básicos sobreviva el embate de las
empresas trasnacionales, en un contexto en el que grandes
bancos y
empresas privadas han quebrado, igual que muchas organizaciones
campesinas que no lograron avanzar en el terreno económico
y organizativo. Cabe señalar que la sobrevivencia no es el
objetivo en sí mismo. Lo es que las organizaciones
existentes contribuyan efectivamente a transformar la vida de los
campesinos que las integran. Si bien es complicado cuantificar el
impacto que la ANEC ha tenido en la vida de las comunidades
rurales de su influencia, se puede afirmar que el hecho de
ofrecer oportunidades reales de resistencia y
sobrevivencia en este nuevo mercado se convierte en la
posibilidad de seguir siendo campesinos, pero transformando a su
vez las relaciones comerciales impuestas desde arriba para lograr
un mejor nivel de vida para los socios. De esta manera, no basta
seguir produciendo, se trata de que los cultivos puedan colocarse
en el mercado en condiciones más equitativas.

Incidencia de la
deficiencia de políticas públicas

Uno de los propósitos centrales de la ANEC es influir
en la decisión, evaluación
y operación de las políticas públicas que
afectan las condiciones de existencia y desarrollo de los
pequeños y medianos productores de granos básicos
en general, y de la participación de los mismos en el
mercado agropecuario, en particular. Este proceso se dirige no
sólo a contrarrestar políticas equivocadas hacia el
sector, sino también a desarrollar la capacidad
propositiva de la organización. No obstante el desacuerdo
con una serie de políticas de gobierno correspondientes
con la integración económica. Es necesario generar
alternativas orientadas a la construcción de un nuevo
modelo de desarrollo rural. La vialidad de los campesinos
requiere una nueva relación comercial, una nueva
política interna y de nuevos mercados, y esto, a su vez,
requiere nuevas políticas de gobierno.

La actividad orientada a influir en las políticas
públicas se ha desarrollado a través de la
formulación de propuestas, su presentación y
negociación con los responsables gubernamentales, su
manejo en prensa y radio, la
participación en reuniones con otras fuerzas sociales, con
miembros de la Cámara de Diputados, y en algunos casos, a
través de movilizaciones.

La ANEC se ha ganado un espacio en algunos medios de
información,[9] lo cual ha permitido
–mediante entrevistas,
notas periodísticas y desplegados-, informar a la opinión
pública sobre la problemática particular y
ejercer presión, en el contexto de diversas negociaciones,
para impulsar políticas públicas en las
áreas de desarrollo rural, seguridad alimentaria, comercio
justo, agricultura sustentable, política presupuestal,
subsidios y apoyos agrícolas y organización
económica de productores (Oliva, 2003).

En los últimos años, la ANEC ha participado e
impulsado las siguientes propuestas de política
pública:

• Por una política de comercialización
  incluyente, concertada y de largo plazo.

• Programa emergente de producción de granos
  básicos.

• Transferencia de infraestructura de gobierno a
  productores.

• Impulso a una Ley agrícola multianual.

• Política de precios justa, concertada y previsible
  para maíz, trigo, sorgo y fríjol.

• Nueva cadena de subsidios selectivos a la cadena
  maíz-tortilla.

• Política de seguridad alimentaria.

• Por una nueva política para el campo 2000-2006,
  2006-2012.

• Entre otras.

Aunque aún no cuenta con la fuerza necesaria para
transformar la política general hacia el campo, la ANEC ha
tenido logros no despreciables en la política
agropecuaria. La participación de la ANEC fue decisiva en
el anuncio presidencial de abril de 1996 para que los productores
maiceros obtuvieran anticipadamente recursos del principal
programa de apoyos directos (Procampo) para la adquisición
de insumos y recursos crediticios.

Gracias a la ANEC fue posible incorporar al principal programa
de gobierno instrumentado para el campo (Alianza para el Campo)
algunas de las propuestas que finalmente lograron concretarse en
políticas de apoyo con una visión más
participativa de los productores, sobresaliendo entre ellas los
convenios de transferencia para infraestructura de almacenamiento
cuyos lineamientos centrales reconocieran la necesidad de la
participación de las organizaciones de productores del
sector social en privatización de una infraestructura
estratégica para su existencia y desemvolvimeinto en un
mercado privado; segmentar la empresa para que la venta de sus
activos evitara la conformación de un monopolio
privado. Como resultado de esta iniciativa, hacia finales de 1996
se asignaron 61 de las 71 unidades de acopio a favor de
organizaciones locales, con montos de venta ubicados entre 10 y
15% del valor comercial de los activos (Oliva, 2003).

Otro logro derivado de su influencia en la conformación
de nuevas políticas hacia el campo fue la
negociación y concertación de la Secretaria de
Agricultura y Secretaria de Hacienda para crear en 1999 un nuevo
programa de Alianza para el Campo para fomentar a empresas
comercializadoras agropecuarias (Profeca). A través de
este programa se canalizaron cerca de 90 millones de pesos en
1999 para proyectos de fortalecimiento organizativo y comercial
de 220 empresas comercializadoras de 20 entidades federativas. El
éxito
del programa a obligado al Ejecutivo a darle continuidad para el
2001, ampliándose desde el 2000 a pequeños
productores de café y
para el 2003 a pequeños productores de fríjol
(Oliva, 2003).

Una de las luchas más fuertes de la ANEC ha sido su
impulso para la cancelación de cupos de importación
de maíz fuera de cuota para el último trimestre de
1996 y la no asignación para el primer cuatrimestre de
1997, favoreciendo con ello la comercialización de las
cosechas de maíz y sorgo en dicho periodo. También
se logró la inserción de un artículo
transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación
2000-2006 en el que se estableció la obligación del
cobro de los aranceles fuera de cuota de maíz,
fríjol, sorgo y otros productos sensibles a la apertura en
el mercado del TLCAN. Como producto de cinco años de
lucha, finalmente en marzo del año 2001 fue posible la
integración de la ANEC al Comité de la
Asignación de Cupos de Importación de Maíz y
Fríjol de la Secretaría de Economía y la
Secretaría de Agricultura. Este comité es el
órgano fundamental en el que se deciden los
volúmenes de importación de maíz y
fríjol.

Durante cuatro años continuos, la ANEC ha participado
en las negociaciones del presupuesto rural de la Cámara de
Diputados, obteniendo para el presupuesto 2001 un incremento de
más de 4,000 millones de pesos para el campo y 13,100
millones para el presupuesto 2002, en contraste con la iniciativa
del Ejecutivo que contemplaba el presupuesto más bajo en
los últimos 6 años para el campo. Derivado de esto,
fue posible la asignación de 630 millones de pesos para la
comercialización de fríjol para compensar la
eliminación de los precios de garantía, la
desaparición de la Conasupo y la apertura indiscriminada
de la importación de fríjol proveniente de Estados
Unidos (Oliva, 2003).

Un logro sobresaliente fue la aprobación por parte de
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa) de la solicitud de nulidad que diversas organizaciones
no gubernamentales, asociaciones civiles (entre ellas la ANEC),
académicos e investigadores, empujaron en contra del
convenio UNAM-Diversa
para la bioprospección. La participación de la ANEC
en esta campaña responde a su interés en conservar
la biodiversidad y mantener su manejo en manos de los campesinos
que han sido los custodios de la riqueza biológica. De
igual manera, participa en la campaña por la moratoria
sobre proyectos de bioprospección en el país y
contra la importación de maíz
trasgénico.

El movimiento "El
campo no aguanta más"

La apertura comercial de prácticamente todos los
productos agropecuarios con excepción del maíz,
fríjol, azúcar
y leche en
polvo, a partir de enero de 2003, fue la premisa para la
reactivación del movimiento campesino en
México. Las últimas semanas de 2002 y los primeros
meses de 2003 fueron el escenario de diversas movilizaciones
encabezadas por el movimiento "El campo no aguanta
más".

Este movimiento conformado por 12 organizaciones rurales
autónomas y plurales, entre las que destaca la ANEC,
planteó al gobierno 6 propuestas para la salvación
y revaloración del campo mexicano: moratoria al apartado
agropecuario del TLCAN, programas emergentes 2003 y de largo
plazo, por una verdadera reforma financiera rural,
asignación de 1.5% con respecto al PIB para el desarrollo social
y ambiental del sector rural 2003, inocuidad y calidad
agroalimentaria par los consumidores mexicanos y reconocimiento a
los derechos y
culturas de pueblos indios.

A partir de estas propuestas, se logró establecer una
nueva agenda rural entre el Ejecutivo Federal, el Congreso y los
campesinos que tendría como espacio principal de
discusión, análisis y propuestas la realización
de la convención Nacional Agropecuaria en febrero de 2003
(Oliva, 2003).

El difícil
camino: limitaciones y retos

En el proceso de construcción de la ANEC, la
organización ha enfrentado ciertas limitaciones que se
suscriben básicamente en dos ámbitos: aquellas
derivadas del
desarrollo de la propia asociación y las que se ubican
como parte del proceso de integración económica
(Oliva, 2003).

Entre las primeras, resalta la insuficiente capacidad de la
ANEC en la formación de nuevos dirigentes campesinos, pues
hasta ahora, la actividad y dirección están centralizadas en
unos cuantos dirigentes y en el director ejecutivo de la ANEC.
Este hecho, aunado a la necesidad de atender demandas inmediatas,
a derivado en la insuficiente atención al desarrollo del trabajo de
construcción, formación, participación y
control de base en las empresas comercializadoras campesinas, en
el desarrollo de relaciones horizontales de cooperación y
complementación entre organizaciones asociadas a nivel de
cooperación y complementación entre organizaciones
asociadas a nivel estatal e interestatal, así como en el
establecimiento de la capacidad técnica para atender las
demandas más complejas.

Por los que se refiere a las limitaciones de la
integración económica, si bien las limitaciones de
las organizaciones para enfrentar la crisis en la
producción y comercialización de granos
básicos representan el punto de partida para generar
mercados alternativos, estas líneas de acción
serán insuficientes sin una serie de cambios vinculados
con las políticas de gobierno y las transformaciones
estructurales. La ANEC ha desarrollado una estrategia de
desarrollo rural que incluye su participación en el
diseño
y desarrollo de políticas públicas que trasciendan
el ámbito de las denuncias y materialicen la lucha,
vía la gestión y la negociación.

El Principal reto de la ANEC se centra en la
renegociación del TLCAN, particularmente el subsector de
granos básicos. Por un lado, enfrentar la
importación masiva de granos de Estados Unidos que
compiten en condiciones desiguales y asimétricas con
productores nacionales; por otro, el incumplimiento de acuerdos
establecidos en materia de granos. En su Quinta Asamblea (2001),
los pequeños y medianos productores de la ANEC emitieron
un resolutivo de mesa para renegociar el sector agropecuario del
TLCAN debido a la "desigualdad de condiciones en el trabajo, ya
que sólo benefician a los industriales" y que "Las cuotas
de importación deberán de estar acordes a la
producción nacional para atender las necesidades del
país" (ANEC, 2001)

Se abogó por impulsar una declaratoria de emergencia
del sector agropecuario mexicano y suspender por 3 años la
aplicación de los procesos de desgravación del
TLCAN. Según los resolutivos de la organización
nacional, los volúmenes de importación fuera de
cuota deberán pagar como mínimo un arancel de 30% y
deberán pagar un sobreprecio por calidad nacional (Oliva,
2003).

Se acordó a demás impulsar en el año 2002
una demanda antidumping contra las importaciones
provenientes de Estados Unidos y exigir el pago de daños y
prejuicios. También exige la igualdad de
subsidios en el TLCAN y OMC. Para recoger
demandas concretas de la base, la asociación propone
realizar una propuesta a los productores agropecuarios en
torno a las
propuestas de renegociación del TLCAN, y que ANEC sea el
medio de difusión de las organizaciones de productores
sobre las negociaciones del TLCAN y OMC (Oliva, 2003).

En el plano nacional, los retos inmediatos de la ANEC son:
tener una participación más oportuna y efectiva en
las negociaciones del presupuesto rural en la Cámara del
Diputados; contribuir a la conformación de bloques,
alianzas y coaliciones de organizaciones económicas
campesinas a fines de incidir en la conformación de la
plataforma rural 2000-2006; y frenar las importaciones de granos
y otros alimentos trasgénicos, así como su
producción, procesamiento y comercialización en el
país. La Quinta Asamblea llamó a crear un fondo
revolvente del gobierno para la comercialización de los
productos agropecuarios y, para asegurar la soberanía
alimentaria, adoptar políticas que "promuevan y estimulen
la producción agropecuaria nacional con la finalidad de
satisfacer la demanda nacional y no depender del exterior (ANEC,
2001). Estos programas deberán reconocer el papel de las
organizaciones de productores aterrizando los apoyos
gubernamentales a través de estas.

En defensa del
campesino (a forma de conclusión)

Desde 1992, los diseñadores de las nuevas
políticas agrícolas neoliberales sentenciaron a
muerte a los
pequeños productores de granos básicos en
México. Dejando sin apoyos gubernamentales, capacidad
técnica, financiamiento, infraestructura y economías
de escala, e
inundados por las importaciones, parecía lógico
pensar que estos productores pasarían a la historia suplantados por los
grandes productores vinculados con las grandes empresas
trasnacionales.

Sin embargo, a casi 16 años de distancia no han
desaparecido. Siguen produciendo, alimentando a sus familias, sus
comunidades y al país, y luchando para competir mejor
–en sus propios términos y según sus propios
criterios-. Han aprendido a combinar objetivos sociales y
económicos, y adaptarse a las vicisitudes del mercado global
en condiciones muy adversas.

Al colectivizar sus luchas y sus alternativas, han
potencializado no sólo una capacidad económica sino
también su capacidad social. Han insistido en "valorar la
capacidad nacional que tenemos como país de producir los
alimentos suficientes y sanos para todas las personas que viven
en el país, y esto habla de la revaloración de las
agriculturas campesinas indígenas, y de la
producción sustentable y orgánica de otras
alternativas" (Suárez, 2001). La resistencia de los
pequeños y medianos productores, cultural y de
sobrevivencia, los ha llevado de los campos a las calles, y de
las calles a los escrtitorios, donde se diseñan las
políticas que más los afectan; en fin, han pasado
de las protestas a las propuestas, en una dinámica que busca defender la
economía campesina y la producción de granos
básicos en el país.

Bibliografía

• ACUÑA Olivia. 2003, Por la construcción
  de un mercado agrícola incluyente, equitativo y
  sustentable: la experiencia de la ANEC, en CARLSEN Laura,
  WISE Tim y SALAZAR Hilda. 2003. Enfrentando la
  globalización, Miguel Ángel Porrúa,
  México, 2003.

• FRITSCHER Magda. 1998. La reforma agrícola
  multilateral frente al TLCAN, en Tarrio María y
  Concheiro Luciano, La sociedad frente al mercado.
  México D. F: UAM-Xochimilco, la Jornada Ediciones,
  México1998.

• SUÁREZ Víctor. 2001. Intervención en
  el seminario En defensa del maíz. Ciudad de
  México, octubre de 2001.

• USDA-FAS, "Grain: World markets and trade", febrero de
  1997.

• Memoria de la Quinta Asamblea de la ANEC. 2001, Noviembre,
  Tuxtla Gutiérrez. WWW.laneta.apc.org/anec.

Autor:

José Luis Villagrana Zúñiga

Maestrante de la Unidad Académica de Economía,
Universidad
Autónoma de Zacatecas. Zacatecas, México.

Fecha de elaboración: 28 de julio de 2009.

[1] Tan sólo por lo que respecta a la
participación de Estados Unidos en las exportaciones
totales de granos, estas pasaron de 71% en 1979 – su
máximo nivel histórico- a 38% (su mínimo
nivel) en 1985-1986. La Unión Europea, por su parte, fue
la principal ganadora en el periodo, ya que dejó de ser
una importadora neta de 26´600,000 toneladas de granos en
1976-1977, a una exportación neta de 28´600,000
toneladas en 1991-1992.

[2] La propuesta estadounidense
consistió esencialmente en la eliminación de las
barreras no arancelarias de la importación,
transformándolas en aranceles ("tarifación") en
un periodo máximo de 10 años; eliminación
de los subsidios a la exportación en un plazo de 5
años; disminución al mínimo de los apoyos
a la producción, y establecimiento de reglas claras para
la aplicación de medidas sanitarias y
fitosanitarias.

[3] En particular, se empezó la
promoción de la producción de hortalizas para el
mercado de exportación. Véase Magda Fritscher,
1998, p. 162.

[4] En 1994, Conasupo participo en las
compras nacionales con el 54.8% de la producción maicera
comerciable. Sin embargo, a partir de 1995 las compras empiezan
a declinar al adquirir únicamente el 43.6%, el 21.6%
para 1996, recuperándose en 1997 con el 42% y para 1998
sólo participo con 22.9 %.

[5] Trigo: arancel 1994: 15%; arancel 1999:
6%. Arroz; arancel 1994:20%; arancel 1999: 8%. Soya, arancel
1994: 10%; arancel 1999: 4%.

[6] Fragmento de bienvenida a la Cuarta
Asamblea General de la ANEC, celebrada en la ciudad de
México los días 8 y 9 de 2000.

[7] Los pequeños productores de granos
básicos en México manejan más de 300
variedades de maíz que han sido desarrolladas de la
variedad "madre", el teocintle, nativo de México.

[8] La CNOC es una red de organizaciones
cafetaleras de pequeños productores, la AMUGS es una
asociación dedicada a promover y asesorar estrategias de
financiamiento rural para campesinos pobres y la Red Mocaf es
una organización dedicada al desarrollo de proyectos
forestales en comunidades campesinas.

[9] La Jornada, El Financiero y, en menor
medida, El Reforma.