Seguridad ciudadana: tema central de preocupación en los últimos tiempos (página 2)

Con la democratización de nuestras sociedades y
la puesta en vigencia de las constituciones políticas,
a las tareas policiales de represión y prevención
del delito, se les
añadió y antepuso el de protección de los
derechos y de las
libertades de los ciudadanos, utilizándose en muchos de
ellas lo siguiente:

".Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo
la dependencia del Gobierno,
tendrán como misión
proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y
garantizar la seguridad
ciudadana.".

Esta formulación moderna pero a la vez tradicional,
puesto que sus antecedentes evidentes se encuentran en el
artículo 12 de la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre y del
Ciudadano:

".La garantía de los derechos del hombre y del
ciudadano, necesita de una fuerza
pública, esta fuerza es, pues, instituida en beneficio de
todo el mundo, y no para la utilidad
particular de aquellos a quien ha estado
confiada.".

2) Elementos para una definición de
seguridad:

Para adoptar un concepto de
seguridad, hace falta examinar las declaraciones internacionales
en la materia en los
últimos años. Del examen de las mismas
surgirán suficientes elementos para redactar una
definición de seguridad válida y que presente
bastantes elementos de concurrencia para tenga una
pacífica aceptación.

Por su parte el profesor
Emilio Arias Zeballos, define a la seguridad: "…Es un
estado de hondo contenido subjetivo, que nos hace sentir
adecuadamente exentos de riesgos
reales, o potenciales, dentro de un marco de lógico
equilibrio
psíquico…".

De esta definición se puede extraer la interpretación del estado de seguridad,
frente a un mismo riesgo, el cual
es individual y diferente en cada individuo. En
efecto, ante un mismo objeto, el opinar sobre las medidas de
seguridad o de protección a adoptar por distintas
personas, probablemente, viertan opiniones diferentes y si
tuvieran que expedirse sobre previsiones a adoptar sobre riesgos
a que están expuestos y las medidas de previsión
que adoptarán, las mismas serían
disímiles.

La seguridad: un
problema complejo

Pese a que son muchas las voces que se
alzan en ese sentido, innumerables responsables en la materia de
seguridad siguen aplicando ópticas de corto plazo y
políticas reactivas. El Manifiesto y las Resoluciones de
los temas abordados por las ciudades europeas sobre
Prevención y Seguridad en la conferencia de
Nápoles los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2000,
afirman:

".La inseguridad no
puede reducirse únicamente a los problemas de
criminalidad. La inseguridad es una problemática compleja:
está atada a los problemas de sanidad, de medio
ambiente, de urbanismo, de formación; es el resultado
de desigualdades crecientes en el acceso a los recursos; pone en
juego conflictos de
intereses, sobre todo con respecto a la división y al uso
del espacio y de los ritmos de la ciudad (tiempo libre
por la noche, deportes, prostitución). La inseguridad es un riesgo
urbano al que hace falta darle respuestas civiles.".

Sin embargo, por otra parte, todos los especialistas en
seguridad coinciden en este aspecto, Francisco Carrer, por
ejemplo, postula que:

".Se analice como se quiera, la inseguridad (que es hoy en
día como un fenómeno específico de las
realidades urbanas de todo el mundo) se caracteriza por la
complejidad y la variedad de los parámetros que
contribuyen a constituirla (…..)".

Por parte, Amadeu Recasens dice::

"(…) para el análisis de la seguridad, el concepto de
complejidad tiene que ser asumido en toda su integridad
(…)".

Por lo tanto, ante un problema complejo hace falta descartar
soluciones
simplistas, del estilo de la tolerancia cero
impulsada por el alcalde Guiliani para convertir a Nueva York en
una ciudad segura, solución reactiva exclusivamente de
cariz policial y penal, no social y proactiva.

Si bien es cierto que la inseguridad disminuyó en la
ciudad de Nueva York, también lo es que disminuyó
en todos los Estados Unidos de
América
y que, por ejemplo, en San Diego, la disminución
operó con un sistema de
policía comunitaria. Lo que sí aumentó en
Nueva York, fueron las denuncias por brutalidad policial en el
marco de una política que tuvo
como consecuencia la estigmatización de la miseria.

El problema radica, por otro lado, en que el ciudadano
común, razonando con los elementos a su alcance, delante
del incremento de la sensación de inseguridad,
inequívocamente requiere, en primer lugar, más
presos y más penas y, en segundo lugar, más
policías. Los responsables de las administraciones
habrán de hacer todo lo posible para no caer en esta
simplificación y poder actuar
sobre las causas de la sensación térmica de
seguridad.

Si, por el contrario, se opta por una solución del tipo
de tolerancia cero o de mano dura, se estará actuando,
solamente, sobre dos vectores del
sistema:

• En primer lugar sobre el sistema penal, pero,
  hemos de saber que se trata de una actuación, en gran
  parte, estéril, puesto que el sistema penal, de media,
  únicamente acaba sentenciando a prisión entre
  un 1 % y un 5 % de los delitos cometidos.

• En segundo lugar, el reclamo de más
  policías, tampoco es una solución, puesto
  que no hay una relación directa entre el número
  de policías y el nivel de seguridad, sencillamente
  porque cuando se comete un delito es cuando la policía
  no está presente. Es más, en determinados
  casos, la presencia visible de más policía lo
  único que hace es aumentar la sensación de
  inseguridad. Es decir, no hace falta poner a más gente
  haciendo lo mismo, sino que lo que hace falta hacer es ver
  cual es el número de policías óptimo por
  número de habitantes.

Es bueno recordar también que en el Manifiesto y las
resoluciones de los temas abordados por las ciudades europeas
sobre Prevención y Seguridad en la conferencia de
Nápoles los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2000, lo
siguiente:

".A menudo se ha recurrido a los servicios
policiales, a la justicia penal
y al encarcelamiento masivo para reducir la delincuencia,
la violencia y la
inseguridad. Es inaceptable el incremento registrado en el
número de personas encarceladas en Europa desde hace
veinte años (por ejemplo: un 43 % en Gran Bretaña y
un 39 % en Francia). Es
fundamental respetar tanto los intereses de las víctimas,
como los de las víctimas, como de las colectividades y los
infractores.".

Cariz transversal del
problema de seguridad

Al hablar de las opciones en materia de seguridad, el
Manifiesto y las Resoluciones de los temas abordados por las
ciudades europeas sobre Prevención y Seguridad en la
conferencia de Nápoles los días 7, 8 y 9 de
diciembre de 2000, afirman:

".La seguridad colectiva e individual son fundamentales
para la vida humana. La criminalidad amenaza la calidad de
vida de los habitantes, traumatiza a las víctimas y
pone en peligro la voluntad cívica.".

La inseguridad, pues, afecta a la esencia misma de la dignidad
humana y a la vida en sociedad de
suerte que, sin seguridad, no hay ejercicio posible e igualitario
de los derechos de las personas. También es un problema
complejo, que no se puede abordar simplemente, con el recurso de
penas más duras y más policías en la calle.
Entonces, la pregunta de que hace falta hacer, es la
siguiente:¿Cuáles son los elementos que hay que
tener en cuenta en el abordaje a la inseguridad?.

Un buen punto de partida es la definición de seguridad
contenida en la declaración final del "Seminario de
reflexión científica sobre el Delito y la Seguridad
de los habitantes", realizada en Costa Rica los
días 9 al 13 de octubre de 1995. El punto tercero de esta
declaración sostiene:

"(…) Un concepto verdaderamente amplio y comprensivo de
seguridad de los habitantes tiene que comprender no solamente la
tranquilidad de no ser víctima de hechos delictivos sino,
también, la de vivir en un Estado constitucional de
Derecho y la de participar de los beneficios del desarrollo en
materia de salud,
educación,
vivienda, ocio y todos los ámbitos de bienestar social. El
concepto es el del desarrollo
humano sostenible, que tiene la equidad como
principio.".

Esta definición, pues, se aparta de la tradicional que
vincula seguridad con la ausencia de delito y la amplía a
una forma concreta de Estado: el social o del bienestar; puesto
que, ¿Qué otro tipo de Estado proporciona los
bienes
públicos salud, educación, vivienda, ocio y todos
los ámbitos del bienestar social?; ¿De qué
tipo de Estado se puede predicar el desarrollo humano
sostenible?. Lo miremos por donde lo miremos, solamente hay una
respuesta: Estado del bienestar.

En muy idéntico sentido se expresa el Manifiesto y las
Resoluciones de los temas abordados por las ciudades europeas
sobre prevención y seguridad en la conferencia de
Nápoles los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2000 en
su punto 14.

".La seguridad es un bien común esencial para el
desarrollo sostenible. Es a la vez signo y condición de
inclusión social, del acceso justo a otros bienes comunes
como son la educación, la
justicia, la salud y la calidad del medio
ambiente.
Promover la seguridad es desarrollar un bien común y no
consiste, sobre todo, en hacer de policía o en recurrir al
sistema pena."l.

Analizando las dos definiciones, encontraremos que se hace una
opción (muy notable, si tenemos en cuenta que nos
encontramos en plena época de globalización, liberalización y
desregulación) para relacionar seguridad ciudadana y
Estado del Bienestar.

Doctrinalmente, pues, lo que estamos diciendo es que la falta
de seguridad en los aspectos sociales, laborales o
económicos, implica ineludiblemente una carencia de
inseguridad ciudadana o lo que es lo mismo: si predicamos la
necesidad de la existencia de seguridad ciudadana para el normal
desarrollo de las personas en la sociedad, tenemos que proveer a
los ciudadanos de los bienes suficientes que los doten de
seguridad en todos los ámbitos de su vida.

En este mismo sentido, ante la retirada del Estado del
bienestar, como que al Estado no se le puede pedir hoy seguridad
social, en su defecto, se le pide penalización.

La declaración final del "Seminario de reflexión
científica sobre el Delito y la Seguridad de los
Habitantes", realizada en Costa Rica los días 9 a 13 de
octubre de 1995 se expresa en el sentido siguiente en sus puntos
séptimo y octavo:

".Se considera necesario promover políticas
más efectivas e integrales
delante del delito, y no continuar reaccionando solamente por la
vía de los sistemas de
justicia penal. Se imponen diagnósticos globales del
problema y programas que
integren la acción
de las diferentes agencias responsables en cada caso.

Las políticas tendrán que comprender una
amplia prevención primaria, con acciones en
todos los ámbitos del bienestar social, y procurar que los
beneficios del desarrollo lleguen a todos los sectores de la
población y promuevan la integración, y la no exclusión, de
los sectores pobres y marginales, al considerar que a la
problemática social la acompañan los
fenómenos de la corrupción, el paro, la
subocupación (…), violencia, así como
pérdida y sustitución de valores.".

La receta del Consejo de Europa sobre esta cuestión es
la expresada en el "Proyecto de
Manual del
Congreso de los poderes locales y regionales de Europa",
organizado por el Consejo de Europa, los días 29 a 31 de
mayo de 2001, en sus puntos 6.a), 6.b), 6.c) y 6.d) que
recomienda lo siguiente:

"(…), evitar las calles desiertas por la tarde,
garantizar dentro de la medida de lo posible en los centros de
las ciudades una combinación de funciones para
evitar la agrupación de las minorías, de las
personas socialmente desfavorecidas y de los delincuentes en un
solo sitio;

Tomar las medidas para erradicar las actividades
criminales dentro de ciertos barrios de la ciudad y evitar la
formación de grupos
desfavorecidos, en particular evitar que tengan el sentimiento de
que no tienen nada que perder;

Proveer de instrumentos legales para luchar contra la
violencia
familiar, contra la cultura de la
violencia, contra la discriminación por motivos de raza,
religión,
origen social y sexo, y hacer
apología de la noción de ciudadanía.

Formular y aplicar los programas contra las
toxicomanías y el alcoholismo,
en conjunción con los servicios sanitarios y sociales;
elaborar programas de información destinados a los jóvenes
y a las secuelas;.".

2) El sentimiento subjetivo de seguridad: el gran delito,
el delito ordinario y los comportamientos
incívicos:

En el Manifiesto y las Resoluciones de los temas abordados por
las ciudades europeas sobre Prevención y Seguridad en la
conferencia de Nápoles los días 7, 8 y 9 de
diciembre de 2000, también se postula lo siguiente:

".La inseguridad no es simplemente el temor al robo o a la
agresión. Puede nacer también del peligro provocado
por un automóvil, por un entorno nocivo precario y, sobre
todo, por el temor a no disponer del espaldarazo de una ayuda o
de un servicio que
aporte protección o reparación.".

Debemos de entender que la superación de la
vinculación cerrada entre seguridad y delincuencia, pero
por una vía diferente: la del concepto subjetivo de
inseguridad. La seguridad engloba, por lo tanto dos conceptos: de
una parte, el objetivo, que
estaría representado por el incremento del delito y, por
otro, el subjetivo que vendría determinado por la
sensación de incertidumbre, de riesgo o de miedo que tiene
el ciudadano por el desarrollo de lo que se denomina delincuencia
ordinaria. Esta delincuencia se produce en el ámbito
más próximo al ciudadano y, por lo tanto, afectan
más directamente a su sensación térmica de
seguridad.

Sin lugar a dudas la seguridad ciudadana es un tema que
concita la atención actual. Casi todas las plataformas
políticas han sentado sus bases de proyección en
función
a este tema, pero esto no es un tema que se proyecta solo en este
tiempo, este tema tiene ya sus bases fundamentales desde los
inicios de la existencia del hombre sobre la tierra. Se
consideraba la seguridad como una condición inherente a la
vida del ser humano, un privilegio como elemento fundamental para
su desarrollo físico y social.

Todos sabemos que desde los inicios de la aparición del
hombre sobre la faz de la tierra ya
buscaba el grupo, la
reunión, para poder preservarse de los elementos
naturales, de las fieras, aún en las cavernas, en los
clanes ya buscaba la seguridad como medio fundamental para su
supervivencia. De esta manera ya se fueron visualizando las
primeras bases de los liderazgos, ya empezaba a nacer el sentido
del orden, de reconocimiento y de la convivencia integral.
Empezábamos a notar como humanos en ese tiempo que la
seguridad era sinónimo de organización, de responsabilidad, de solidaridad, que
generalmente los grupos humanos fuimos desarrollando.

Conforme crecen las ciudades, conforme crecen las necesidades
de seguridad es que se empiezan a formarse las organizaciones
más complejas, con mejor infraestructura, mayor exposición
de acciones directas para mantener la tranquilidad, el orden
dentro de estas comunidades.

Es en este contexto, que se empiezan a formarse los primeros
serenos con su preocupación fundamental de alertar a las
comunidades cuando se presentaba algo que iba a interrumpir su
sueño, su descanso o su trabajo normal
y se comenzaron a formar las guardias, las milicias, las
organizaciones policiales y desde ahí se identifica la
acción policial por la acción represiva de la
actitud
delincuencial.

Desde allí empezamos ya a comenzar a actuar previniendo
la acción delincuencial porque interrumpía el
desarrollo normal de las actividades de las comunidades. Es por
eso que se empieza a perfilar las nuevas políticas que
tienen en consideración que los gobiernos deben enfrentar
a la delincuencia como una prioridad para alcanzar niveles de
tranquilidad y allí la policía empieza a
especializarse, comienza a delinear nuevas estrategias para
poder solventar esos espacios de intranquilidad.

Empezamos a darnos cuenta de que con tranquilidad y sin
delincuencia las ciudades necesariamente tienden a ser más
seguras y una ciudad más segura aumenta rápidamente
su desarrollo hacia el logro de sus objetivos
más especiales. Por eso podríamos entender que la
seguridad ciudadana es una situación de normalidad en la
que la comunidad
desarrolla sus actividades dentro de un contexto de orden, paz y
tranquilidad y en un marco de equilibrio social y legal.

Este marco especial dentro del que se desarrollan las
actividades comunitarias, obviamente, permitirá y permite
crecer y desarrollarse a las ciudades, que los ciudadanos pueden
invertir y obtener sus logros, que puedan planificar su trabajo,
puedan alcanzar metas. Este conjunto de acciones en un marco de
tranquilidad que podrá trascender en el desarrollo,
requiere de la participación de la ciudadanía en su
conjunto.

La seguridad ciudadana entonces es el conjunto de medidas
y previsiones que adopta el Estado a
través de sus instituciones
dentro del marco de la ley y los
derechos
humanos para que la comunidad pueda desarrollar sus
actividades libres de riesgo y amenazas.

Debemos entender que la seguridad es tarea de todos; pero para
cumplir con estos cometidos es necesario que se acepten los
cambios, que se estimulen las responsabilidades, romper marcos y
buscar identificarnos con el tema de la seguridad ciudadana.
Tenemos que aceptar los cambios y que todos se integren a la
comunidad y a los trabajos sobre seguridad ciudadana.

Para ello debemos de construir cada uno con su acto, su
vocación, su calidad de persona, a no
generar ambientes de intranquilidad. En este aspecto, cada
día nosotros somos concientes de que debemos respetar
normas,
respetar leyes y
también exigir se respeten nuestros derechos cumpliendo
nuestras obligaciones.

Muchas veces las inseguridades las vamos generando nosotros
mismos con nuestras conductas y negligencias, por desatinos,
falta de consideración y aceptación mutua a la
interrelación personal por
algunas imponderaciones propias de la
personalidad del hombre. Por eso es que es imprescindible
cambiar, debemos de romper marcos para poder ingresar a este tema
tan nuevo e importante como lo es la seguridad ciudadana. Debemos
de comprender que la seguridad abarca todas las instancias en
donde el ser humano desarrolla sus iniciativas.

Por otro lado se habla de la seguridad, no como un problema
delincuencial, de delincuencia menor o de crimen
organizado. Debemos de hablar de presentar iniciativas,
participar activamente. Es necesario recordar una palabra que
desde hace mucho tiempo no se encuentra en nuestro léxico,
la solidaridad. Se ha perdido su práctica, cada uno nos
aislamos en nuestros propios problemas y evitamos inmiscuirnos en
lo que no "nos compete" y así evitando inmiscuirnos en los
problemas de los demás, estamos evitando inmiscuirnos
directa y participativamente a la solución del problema
del Estado. No se hace, porque no se quiere romper marcos,
siempre estamos atados a tradiciones, conservadurismos o a ideas
trasnochadas. Debemos cambiar.

La seguridad crea todo lo necesario para que después
todo, en la ciudadanía, resulte productivo, para que las
iniciativas puedan generarse y consolidarse y se conviertan en
productos
tangibles, conservables. La seguridad no es acción de uno
solo, la seguridad es un acto mancomunado y tácito entre
las instituciones dentro de las cuales no escapa la
Policía.

La seguridad y el desarrollo convocan la participación
de todos, no solamente de la Policía, es tarea de todos.
Sabemos que todo individuo busca seguridad y un Estado donde se
privilegia la seguridad es un Estado que esta orientado a buscar
el crecimiento de sus comunidades. Un esfuerzo para crecer sin
seguridad trae consigo grandes pérdidas.

Para el problema de seguridad, la solución es la
prevención antes que la intervención desde nuestra
condición de ciudadanos y miembros de una comunidad o de
un país. La conciencia de
seguridad debemos tenerla todos. Una conciencia de seguridad no
solamente nos debe orientar a mirar a los delincuentes, la
conciencia de seguridad nos lleva a tomar actitudes
definidas que no desentonen con el común denominador de
los ciudadanos respetuosos de los derechos de los demás y
también haciendo prevalecer lo propio.

Otro hecho fundamental a destacar es la familia, la
familia
también debe de tener seguridad. También muchas
veces la familia tiene inseguridad emocional, observan
indiferentes como sus hijos se orientan hacia acciones negativas
como la violencia, enfermedades mentales,
delincuencia, drogadicción y por no decirlo pandillaje,
barras bravas, violación, etc.

Nosotros como pueblo y familia debemos hacer cada cierto
tiempo una reflexión en pareja y analizar, si nuestras
acciones como padres de familia están orientadas
adecuadamente a educar a nuestros hijos, cómo debe de ser,
signándole los valores
esenciales, acciones de responsabilidad, de fuerza de voluntad,
de persistencia para alcanzar sus objetivos, que vean en el padre
o la madre la imagen objetiva a
seguir y a superar. Eso se está descuidando en todos los
niveles, alto, medio, bajo, porque egoístamente
también nos centramos al esfuerzo de sostener la economía del hogar y descuidamos un tanto
lo más importante, la familia, la crianza y desarrollo de
nuestros hijos.

La seguridad ciudadana también tiene que ver en el
aspecto estructural de la formación de los distritos, de
las ciudades y los barrios, para que sea una zona donde exista
seguridad. Donde existe tranquilidad, esta incidirá
económicamente que en un lugar donde no haya una buena
seguridad ciudadana, donde no existe una norma adecuada de
desarrollo ni una convivencia pacífica. Una zona donde
existen conflictos, robos sociales, se desprecia y donde existe
tranquilidad, donde existe buena convivencia, eleva su precio, su
justiprecio.

La seguridad ciudadana es un concepto que engloba a dos
fenómenos: el fenómeno de la criminalidad y el
fenómeno de la inseguridad ciudadana. Sabemos que la
criminalidad produce un conjunto de hechos de naturaleza
criminal y traiciones al ordenamiento jurídico,
infracciones de violencia familiar, de violencia
social, así como, los hechos que sin estar
comprendidos en la normativa penal constituyen violaciones a las
normas sociales de convivencia pacífica.

En cuanto al sentimiento de inseguridad ciudadana debemos de
señalar que es el producto de
una sensación, de la percepción, que tiene el ciudadano promedio
de cual es el ambiente en el que vive. Existe una
desproporción entre el sentimiento de inseguridad
ciudadana y los verdaderos índices de criminalidad, pero
esta apreciación obedece a diversos factores tales como la
desconfianza en la actuación de la policía. Eso es
cierto y no lo podemos negar, pero también la presencia de
elementos sociales que acrecientan los temores. Entonces nosotros
debemos estar interesados en generar ambientes de mejor
desarrollo y nivel de seguridad ciudadana.

En el tema de seguridad ciudadana, hay que agregarle algo
importante. Se debe de adoptar una actitud eminentemente
preventiva ya no coercitiva, constructiva. Por eso es necesario
un trabajo integral, multisectorial, de apoyo a la
prevención para evitar la represión.

Se debe permanentemente coordinar con los gobiernos locales.
Hoy surgen en la actividad municipal los comités de
seguridad ciudadana, formados, integrados por el alcalde o
gobierno local, la Policía y la comunidad organizada en
juntas vecinales.

Las instituciones representativas del Estado deben atender a
la problemática de seguridad ciudadana, en donde la voz,
la palabra, la sugerencia del alcalde, del vecino, del ciudadano,
sean permanentemente escuchadas y sea tomada en cuenta; pero es
necesario para esto hacerles una respetuosa y previa
reflexión. Una posición de participación
debe ser asumida con responsabilidad, con profundo sentido de
justicia y equidad, sin egoísmos y actitudes partidaristas
que antes de concertar van a generar una disgregación de
ideas, una interrupción de los propósitos de otros
ciudadanos para converger en determinaciones efectivas para el
desarrollo de la comunidad.

Es igualmente necesario que se fortalezca los servicios
policiales de seguridad ciudadana bajo este contexto, dentro de
los términos de procesos de
reestructuración de la Policía, surgen dos premisas
fundamentales sobre las cuales se sustenta: primero, la
importancia de los ciudadanos dentro de la seguridad ciudadana y,
segundo, la presencia de una nueva modalidad de servicio que es
la Policía Comunitaria cuya actividad ya se esta
desarrollando y genera acercamientos positivos a la comunidad,
buscando recuperar espacios de confianza y credibilidad donde los
ciudadanos deban sentirse adecuadamente atendidos en todas las
dependencias policiales hacia la cual tengan necesidad de
concurrir.

Conocemos que la seguridad ciudadana es una función
básica de la Policía, pero se requiere de una
coordinación permanente, una
cooperación permanente con los gobiernos locales, la
comunidad organizada y las instituciones públicas y
privadas.

Para poder trabajar debemos de cambiar de actitudes y proponer
acciones de policía comunitario como un trabajo esencial
de acercamiento a la comunidad; pero, participativamente, con la
ciudadanía trataremos de afianzar esos niveles de
seguridad ciudadana a través de la población por el
propio bien de la comunidad capacitando a la Policía,
orientado por sus acciones mixtas de patrullaje cívico para
tratar de mantener el orden, fortalecer nuestros medios,
nuestra convivencia y nuestras interrelaciones.

Debemos de enfatizar cinco aspectos fundamentales en el tema
de seguridad ciudadana. Primero, que la seguridad tiene que ver
con el curso de la historia, que quiere decir,
que los problemas de seguridad se multiplican como las ciudades
van creciendo, se van complejizando.

El tema de seguridad ciudadana en una comunidad campesina es
con toda seguridad mucho menos compleja que el tema de seguridad
ciudadana en otras ciudades. Y si hacemos referencia respecto a
otras ciudades, el tema es cada vez más complejo. Eso
quiere decir que a cómo van los años, crece la
demografía de las grandes ciudades, crecen
también las tareas al interior de las ciudades. El tema es
amplio y nos va a convocar cada vez más, quiere decir que
estamos ante una situación que va a esperar mucho
más el compromiso de instituciones como la Policía,
los municipios, las organizaciones sociales y también el
ciudadano común y corriente.

El segundo aspecto, es que el tema es indudablemente muy
complejo, porque tiene que ver no solamente con la violencia que
cotidianamente entendemos como agresión física y
psicológica, sino que el tema de seguridad ciudadana
comprende las garantías que da el Estado para el ejercicio
de todos los derechos fundamentales, como el derecho a la vida,
el derecho a la identidad, a
su seguridad moral,
física, al libre desarrollo, al bienestar, la salud,
empleo,
educación; estamos hablando también de una igualdad ante
la ley de todos los ciudadanos comunes y corrientes; de libertad de
conciencia, la libertad de información, de opinión,
de expresión.

Es decir, que el tema de seguridad ciudadana es amplio que va
indiscutiblemente mucho más allá de la sola tarea
de la policía. Esta es la complejidad de lo que se ha
denominado como seguridad ciudadana una tarea de todos y si
nosotros complejizamos más el asunto, estamos hablando del
ser humano de manera integral, con necesidades, pero
también con potencialidades de saber ser, hacer, tener y
poder. Aspectos que recorren el conjunto de necesidades humanas,
articuladas hoy a posibilidades de ejercicio pleno de la libertad
para optar entre alternativas y oportunidades que permitan el
disfrute pleno de su desarrollo
personal y social.

Un tercer aspecto, es la seguridad ciudadana como un
compromiso de todos, sabiendo que dentro de todos hay quienes
tienen papeles más importantes que otros, como el
educador, el policía que tienen un papel fundamental en
este conjunto de cosas que se señalan, pero también
con responsabilidades más delicadas y tal vez más
grandes: la familia, los padres respecto a los hijos, los padres
como ciudadanos miembros de la sociedad.

Cuando hablamos de seguridad ciudadana estamos hablando de
niños,
jóvenes, adultos, ancianos, mujeres, de absolutamente
todos. Este es un aspecto que debe de invitarnos a reflexionar en
estos tiempos, sobretodo cuando la familia se resquebraja y hay
una crisis de
valores a todo nivel. Es una gran responsabilidad que tenemos
hoy; algunos participando ya de manera directa en el tema de la
seguridad ciudadana, como los comités de autodefensa, las
juntas vecinales, la policía y muchos otros
ciudadanos.

Un cuarto aspecto es el tema de la policía.
¿Qué es la Policía? La policía
está ligada a los fines y deberes del Estado, la
policía como policía nace con el Estado y si uno ve
la Constitución Política de los
Estados, el fin supremo de ese Estado es la persona humana. La
situación de esa policía como institución es
de múltiples carencias, con recursos cada vez insuficiente
y menos estimulada. Pero dentro de esas limitaciones consideramos
que se desarrollan esfuerzos de un mayor acercamiento a la
sociedad, entonces tenemos la Policía Comunitaria, este
modelo genera
confianza y credibilidad que la Policía tiene que
observar.

Un quinto aspecto, que debemos de reflexionar es respecto a la
seguridad ciudadana no solamente como la falta de
garantías para el libre ejercicio de la persona humana,
sino también de reacciones distintas, generalmente
negativas, de consecuencias en cada una de las personas que
sufrimos la inseguridad o sus consecuencias: Dos componentes:
uno, la falta de garantías y, la otra, la persona que
sufre esas consecuencias.

Seguridad Ciudadana
comunitaria: Cuestiones terminológicas. Orden
Público, seguridad ciudadana o seguridad de los
habitantes

El concepto de orden público ha ido
modificándose a lo largo del tiempo. Originariamente, este
es el concepto liberal que emana del artículo 9 que regula
esta cuestión en la "Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano" de 1789 que dice:

".Nadie puede ser inquietado por sus opiniones, incluso
las religiosas, siempre y cuando su manifestación no
altere el orden público establecido por la ley.".

Este artículo, tiene que ser interpretado
sistemáticamente y puesto en relación con el
artículo 4 de la misma Declaración:

".La libertad consiste en poder hacer todo lo que no sea
perjudicial al otro. Así, el ejercicio de los derechos
naturales de cada hombre no tienen otro límite que
aquellos que aseguren a los otros miembros de la sociedad el
disfrute de estos mismos derechos; estos límites
sólo pueden estar determinados por la ley.".

Por lo tanto si mudamos el concepto de orden público
del ámbito estricto de la libertad ideológica del
artículo noveno a uno más genérico del
artículo cuarto, formularemos la siguiente
definición de orden público:

".El orden público se establece como
garantía y límite de la libertad y, como
ésta, consiste en que nadie puede hacer nada que sea
perjudicial a los demás.".

Desde esta perspectiva, que no hemos de perder nunca de vista,
libertad y seguridad son dos caras de la misma moneda: Sin
seguridad no hay libertad (ya que la falta de ésta,
inquieta el libre ejercicio de los derechos y libertades del
ciudadano) y sin libertad no puede haber una autentica seguridad
(ya que la seguridad sin libertad comporta un régimen
autoritario).

Con el tiempo, este concepto de orden público,
evolucionará hacia el de seguridad ciudadana (originado en
la doctrina de la nouvelle prevención), mucho más
amplio, y que incorpora los valores del Estado social y
democrático de Derecho.

Ahora bien, en general, no se ha producido un cambio de
denominación, sino de contenido del concepto. En efecto
hoy por hoy la expresión de orden público sigue
utilizándose como garantía de la seguridad
pública, lo que ha cambiado es el contenido del concepto
que paulatinamente ha ido pasando desde el forzar a los
ciudadanos a la obediencia de la norma, lo más primario, a
la garantía de la calidad de la vida de los mismos.

En el Reino de España,
esta evolución ha tenido, no obstante, a
diferencia del resto de los países del continente, un
cambio de denominación impulsado necesariamente por el
cambio de régimen autoritario al Estado social y
democrático de derecho. Por ello el texto
constitucional español
recogió la expresión seguridad ciudadana y no el de
orden público al hablar de la función de los
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Resulta difícil definir claramente los conceptos de
seguridad pública, seguridad ciudadana y orden
público. Por ello nos remitimos a una concepción
que, de una parte, se relaciona directamente con los
orígenes del Estado de Derecho
(tenemos que recordar que, en la época de la Revolución
Francesa, las personas se denominaban ciudadanos entre ellas
por superar el término súbditos y como equivalente
de persona que tiene unos derechos inalienables, reconocidos,
ahora bien, por la ley) y también por su proyección
de futuro (se calcula que en el año 2020, el 70 % de la
población mundial vivirá en las ciudades, por lo
tanto, la seguridad será, principal y fundamentalmente,
ciudadana).

Por estas razones, el término seguridad ciudadana
también lo preferimos al de seguridad pública. En
si el término de seguridad ciudadana no tiene buenos
antecedentes en los países de Latinoamérica, puesto que empezó
siendo utilizado por las Fuerzas Armadas a finales de los
años setenta como un renovado vocablo de similar contenido
a la "Doctrina de Seguridad Nacional" impartida por los Estado
Unidos de América desde la conocida como Escuela de las
Américas que graduó a centenares de represores, en
busca del enemigo interior de Argentina, Chile, Uruguay y de
tantos otros Estados. En estos países, el término
preferido es el de seguridad de los habitantes, que estiman
omnicomprensivo y no exclusivo.

En todo caso, cuestión terminológica aparte, lo
que es evidente es que el concepto de orden público ha de
rellenarse en función de la realidad en la que ha de
operar. Así podríamos distinguir entre el concepto
liberal de orden público del siglo XIX y el concepto
social y democrático de orden público que se impone
en las democracias occidentales a partir de la
finalización de la segunda guerra
mundial, al que también podemos denominar seguridad
ciudadana.

Seguridad
Comunitaria

Cuando hablamos de seguridad comunitaria, nos estamos
refiriendo a un modelo concreto de
seguridad, lo que tiene en cuenta al ciudadano en la
formulación y verificación de las políticas
de seguridad. Los orígenes del término seguridad
comunitaria los tenemos que encontrar en la idea de
oposición entre el modelo inglés
de policía (o policía comunitaria) y el modelo
francés o continental (o policía del princeps).
Para el primero, la actividad de la policía sería
una consecuencia de las demandas sociales, de forma que
habría una clase de self
– policing, de la comunidad con un mínimo uso de la
fuerza. Por el contrario, la policía continental,
estaría mucho más ligada al proceso de
construcción de un Estado
contemporáneo y, por lo tanto, de defensa del mismo ante
los procesos involucionistas o revolucionarios que ha
padecido.

Policía de
Proximidad

Este modelo aparece y se extiende rápidamente en
Estados Unidos de América, Canadá y Europa a partir
de la década de los ochenta, e irrumpe en América
Latina en los años noventa, acompañando algunos
de los procesos de reforma policial de la región. En
realidad, podríamos afirmar que no se trata de un nuevo
concepto, sino más bien de la recuperación del
modelo elaborado hace más de 150 años por Sir
Robert Peel y aplicado a la policía metropolitana de
Londres, inspirándose también en el modelo de
policía de Japón,
conocida como el "koban".

En primer término, la policía de proximidad no
solamente se preocupa por actuar sobre variables
tradicionalmente asociadas a su quehacer como lo son la
delincuencia y el orden público, sino que incorpora otras
como la sensación de inseguridad, la calidad de vida de la
población y la cohesión y solidaridad social.

Es así como sus objetivos también se
amplían. Aparte de ocuparse del control de la
criminalidad y del orden público, la policía
incorporará a su quehacer objetivos tales como:

• Identificar problemas en la comunidad y propiciar
  soluciones sostenibles, particularmente sobre aquel tipo de
  problemas que se estime pueden incidir sobre la
  proliferación de hechos delictivos o de problemas de
  orden público.
• Mejorar la sensación de inseguridad en la
  población.
• Incrementar el nivel de satisfacción de la comunidad
  con respecto a la intervención policial.
• Incorporar a los ciudadanos en la producción de
  seguridad, mediante su participación en diversas
  iniciativas que permitan prevenir más efectivamente la
  comisión de delitos.
• Mejorar el control social sobre la actuación
  policial.

Vistos los objetivos del nuevo modelo y las variables sobre
las que pretende actuar, la policía de proximidad supone
un conjunto de características particulares que pasamos a
detallar.

En primer término se observa una ampliación del
mandato policial tradicional, que no se limita al mantenimiento
del orden y a la prevención y represión de la
criminalidad, sino que abarca la resolución de los
problemas de la comunidad dentro de un más amplio concepto
de calidad de vida de la población.

En segundo término, la actitud institucional exige un
comportamiento
proactivo más que reactivo, centrando sus esfuerzos en la
resolución temprana de los problemas que puedan degenerar
en conflicto
social.

En tercer lugar, se privilegia el diseño
de estrategias a nivel local. La unidad geográfica
más pequeña -barrio, vecindario, etc.- pasan a
constituir el espacio en donde se analiza el problema de la
inseguridad y se planifican las estrategias para enfrentarlo.

En cuarto lugar, se promueve el establecimiento de mecanismos
de asociación y cooperación con las autoridades
políticas, los servicios
públicos y privados, los medios de
comunicación y la comunidad en general. La
policía deja de ser un ente aislado, trabajando en "un
mundo secreto" contra la delincuencia, y se convierte en un ente
dinamizador de iniciativas ciudadanas que procuran prevenir la
comisión de delitos y
mejorar el entorno inmediato.

Los aspectos descritos con anterioridad condicionan cambios a
nivel organizacional, operativo y de recursos
humanos. A nivel de la estructura
organizativa, el modelo comunitario exige importantes grados de
descentralización a efectos de procurar un
mayor acercamiento de la institución a la
ciudadanía. Paralelamente, la tradicional estructura de
mando vertical da paso a una organización más
horizontal, con un importante traslado de poder en la toma de
decisiones hacia las unidades de base.

En materia operacional, se producen cambios que procuran una
presencia más visible de la policía en las calles y
un contacto más directo de ésta con la
ciudadanía. La unidad policial grande y diseñada
"hacia adentro" abre paso a unidades pequeñas,
estratégicamente ubicadas; el patrullaje motorizado se
complementa con el patrullaje a pie o en bicicleta, y se
acrecienta el contacto con la ciudadanía mediante visitas
a sectores de la comunidad, reuniones periódicas con
representantes de la misma, etc.

Adicionalmente, el mayor acercamiento a la comunidad y la
incorporación de la misma al quehacer de las unidades,
acrecienta la obligación de rendir cuentas a los
ciudadanos y a los responsables políticos del nivel
territorial correspondiente; situación ésta que
presiona hacia una mayor transparencia institucional y hacia un
fortalecimiento de los mecanismos de control externos sobre la
actuación policial. Finalmente, en materia de reclutamiento
y formación de personal, se privilegia a un policía
que se perfile más como un generalista que como un
especialista; más como un comunicador que como un
"informante", más como un gestor social que como un agente
del orden.

Las estrategias previstas para la aplicación del modelo
de policía de proximidad son numerosas y variadas,
según las características específicas del
contexto en el que se inserta. Sin embargo, es posible establecer
un esquema general consistente esencialmente en lo siguiente:

• Diseño y ejecución de experiencias-piloto
  conjuntas (policía-comunidad) en algunas zonas o
  barrios seleccionados, que permitan probar el modelo y
  obtener efectos demostrativos.

• Levantamiento de información relevante y de
  estudios en las zonas en donde se ejecutarán las
  experiencias piloto que contengan datos sobre la criminalidad
  y el sentimiento de inseguridad, los medios utilizados por
  los ciudadanos para protegerse de la delincuencia, el nivel
  de deterioro del entorno físico, los grupos
  comunitarios existentes y sus recursos (humanos, materiales y
  financieros).

• Establecimiento de alianzas con las autoridades
  políticas locales -municipio, alcaldía, etc.-,
  los organismos sociales existentes en la zona o en el barrio,
  la empresa privada, los grupos comunitarios, etc., para que
  de manera conjunta se identifiquen los problemas, se
  establezcan las prioridades y se propongan acciones
  debidamente consensuadas. Preferiblemente se aconseja el
  establecimiento de uno o varios comités que garanticen
  un proceso sostenido de coordinación y
  colaboración.

• Diseño de esquemas de patrullaje alternativo y de
  programas preventivos, tales como visitas a diversas
  instituciones (escuelas, colegios, comercios, residencias)
  con la finalidad de determinar su grado de seguridad,
  reuniones periódicas con los ciudadanos para
  intercambiar información y buscar soluciones,
  patrullas de vecinos en el barrio, identificación de
  objetos de valor, minipuestos policiales, campañas
  publicitarias, elaboración y distribución de
  folletos, talleres y conferencias, exposiciones itinerantes
  de la policía, saneamiento ambiental, modificaciones
  en el alumbrado, buzones "correo policial", actividades
  culturales, deportivas y recreativas, etc.

• Intervención selectiva en materia delictiva, dando
  prioridad a ciertos delitos seleccionados por su gravedad y
  frecuencia, y a partir de un minucioso levantamiento de
  información de la situación criminal en la zona
  respectiva.

• Evaluación periódicamente de las
  experiencias, teniendo en cuenta los objetivos previstos.

• Amplia divulgación y publicidad a los resultados
  del proceso para efectos demostrativos y mejoramiento de la
  sensación de inseguridad.

• Ampliación de las estrategias a otras zonas.

Paralelamente a la ejecución de experiencias piloto, la
policía debe ir introduciendo a nivel de su
organización, de su estrategia
operativa y de su personal, los cambios correspondientes a
efectos de garantizar la sostenibilidad del modelo.

Comenzaremos reconociendo los diferentes factores que
conforman y condicionan la realidad policial. Para arribar a este
objetivo, imprescindible para formular las consideraciones
necesarias y válidas para un cambio futuro; realizamos una
lectura en la
actualidad y como de su devenir histórico en cuanto a su
pertenencia Estatal, a sus relaciones con la Comunidad y las
actividades realizadas en contra de la delincuencia.
Consecuentemente, identificamos y citamos a continuación,
una serie de presupuestos
que en más o en menos, subdivididos o agrupados
diferentemente, básicamente representan los más
importantes y que necesariamente deben ser analizados en su
conjunto.

• Conflictos con la comunidad. Distanciamiento.

• Desempeño exclusivo de tareas operativas.
  Eliminación de oportunidades y otras supletorias.

• Descontrol del accionar de la delincuencia.
  Desprotección.

• Casos de violaciones a los derechos humanos y de
  corrupción.

• Inadecuada estructura institucional.
  Disfuncionamiento.

• Precaria e inadecuada capacitación profesional.

• Pérdida de identidad.

• Influencia política.

• Falta de recursos financieros que atiendan debidamente a
  los funcionarios policiales en sus necesidades y decoro
  personales.

• Falta de sistemas y medios logísticos para cumplir
  acabadamente su misión específica.

La Policía tiene conflictos con su comunidad, desde el
preciso instante de su creación, lo cual tiene mucho que
ver con los aspectos y características de la misión
a cumplir como de la metodología tradicionalmente empleada para
llevarla a cabo, Estos conflictos, se traducen preponderantemente
en actos de violencia, corrupción, violaciones sistemáticas
a los derechos humanos, descontrol del accionar de la
delincuencia y aún su aislamiento institucional; todo lo
cual converge, en la desprotección ciudadana, en su
distanciamiento y alto grado de cuestionamiento social.

En la generalidad, todas las formaciones policiales, se
dedican por imperio de la Ley, al mantenimiento del Orden
Público y la Seguridad Pública a la vez que la
protección de su comunidad contra el accionar de la
delincuencia, de manera tal, que si bien ningún habitante
reprocharía a priori, todos o alguno de estos
máximos preceptos, en cambio sí lo haría,
sobre la forma o manera que tiene la Policía de
cumplirlos. Y a este aspecto, hay que agregar y dejar bien en
claro, que la policía no hace lo que quiere, sino aquello
que le es ordenado.

En general, el poder político demuestra una influencia
perjudicial, avanzando sobre la institución policial con
designios ideológicos, partidistas y coyunturales como en
términos electoralistas, que nada tiene que ver con su
misión, o teniéndola, la obligan a cumplir
estrictamente sus órdenes, sin posibilidad de
revisión e inspección, pero en cambio sí, a
hacerse cargo de las responsabilidades emergentes de los futuros
fracasos. Esto produce un condicionamiento que vulnera muy
fuertemente su normal desempeño, pues el pretendido, es que el
poder político, debe ser consecuente con las relaciones
interinstitucionales y referidas estrictamente a la dependencia
estructural, fijando los lineamientos gubernamentales para la
Seguridad Ciudadana como de los sistemas de verificación o
control. Evitará extralimitarse en sus atribuciones e
incidir negativamente en la labor cotidiana de los cuerpos
policiales, comprobándose que en muchas ocasiones, su
perjudicial influencia ha llegado hasta niveles mínimos y
primarios de neto corte policial, tales como ordenar traslados y
designaciones de personal, servicios policiales, ubicación
de patrulleros, formas de llevar a cabo procedimientos,
custodias o paradas policiales, etc., desestimando la autoridad y
disciplina
internas, sin el pleno y necesario conocimiento
profesional para ello.

El público quiere seguridad, estar y sentirse seguro, como
elementos fundamentales para su calidad de vida, y el Estado debe
procurarlo, pero integralmente y no en exclusiva con la agencia
policial, que representa aunque muy relevantemente, una de las
muchas profesiones que han de interactuar, solamente una parte de
ese todo que es la Seguridad. Una pregunta emergente y desde lo
práctico, es: ¿Cuál sería la formula
polinómica que nos permita conocer, por ejemplo, la
cantidad de personal policial o vehículos patrulleros
necesarios para una ciudad y que responda a los cambios de la
Sociedad que la habita?; cuya respuesta correcta es que no existe
tal formula.

El tema policial, es tan suficientemente delicado e importante
por su incidencia en la calidad de vida de los habitantes, que
amerita sin duda promover un gran debate
legislativo y aún llamar a la consulta popular vinculante;
contemplándose además, las conclusiones de las
encuestas,
jornadas, seminarios y reuniones de expertos como consultas con
todos los actores sociopolíticos per se o a través
de sus organizaciones. Toda normativa, sentará las bases
doctrinarias para una nueva cultura policial que se
manifestará en su labor cotidiana y en virtud a una
metodología orientada hacia la prevención del
delito con promoción y respeto de los
derechos humanos.

Seguridad Ciudadana en
otros países de América

1) En la Republica de Chile:

Si bien la preocupación y la demanda social
por mayor seguridad ciudadana son relativamente nuevas en este
país, la misma esta correlacionada con altos
índices de delincuencia. Esta delincuencia se explica por
múltiples causas, tales como las brechas de inequidad, la
inestabilidad social, la concentración urbana y los
niveles de control social.

Este país entendió que el control de la
delincuencia es un problema de Estado, ya que para enfrentarla se
requirió de políticas de seguridad pública
bien definidas, que contaron con una adecuada inversión y financiamiento. La lucha contra la delincuencia
demando tecnologías y equipamiento modernos, así
como una adecuada infraestructura y capacitación de las personas con ingerencia
en esta problemática.

a) Estadística delictual:

Políticas
públicas para enfrentar la delincuencia

La política de los sucesivos gobiernos de la
Concertación, y su decisión de enfrentar la
delincuencia, se enmarcan dentro de una concepción
democrática que debió compatibilizar el control
social con el Estado de Derecho. El gobierno de Aylwin
debió asumir la seguridad ciudadana en condiciones nada
favorables, ya que tuvo que cambiar el estilo represivo del
gobierno militar hacia uno democrático, en circunstancias
en que la delincuencia registraba sus niveles más
altos.

Por ello, el Estado dedicó sus mayores recursos a
optimizar la eficiencia de los
órganos policiales y generó iniciativas en busca de
consensos sociales y políticos para enfrentar el problema,
promulgando la ley que creó la "Dirección de Seguridad Pública e
Informaciones". Esta Dirección ha sido el soporte
técnico del gobierno en materia de seguridad ciudadana, y
en él concurren las autoridades ministeriales, los
órganos policiales, instituciones diversas y la
ciudadanía. Durante ese gobierno se tomaron además
otras medidas, tales como el aumento de la dotación y los
recursos de Carabineros, el aumento de recursos para Investigaciones y
para Gendarmería, la coordinación del trabajo de
las policías civil y uniformada, el diseño de un
política de seguridad ciudadana, basada en el trabajo con
la comunidad y no en la represión, la
desarticulación de los grupos terroristas, y la
expulsión de miembros de Investigaciones que tenían
un comportamiento reñido con las normas y reglamentos de
la institución.

Por su parte, el gobierno del Presidente Frei
profundizó el compromiso gubernamental con la seguridad
ciudadana, y en las bases programáticas de su gobierno
reconoció la responsabilidad del Estado en el
enfrentamiento, con decisión y éxito,
de los problemas que planteó la seguridad ciudadana;
señalando que se debía comprometer al conjunto de
la sociedad nacional en la política del Estado;
estableciendo como objetivos enfrentar el terrorismo, la
delincuencia común y la delincuencia
juvenil, así como, la luchar contra las drogas;
reconoció que el vandalismo también afectaba la
seguridad ciudadana; y se propuso mejorar el sistema
penitenciario, reformar el sistema procesal penal y fortalecer a
las Fuerzas de Carabineros e Investigaciones.

(1) Políticas de Estado y participación ciudadana para enfrentar el
delito:

La política de seguridad asumida por los gobiernos de
la Concertación no sólo contemplaba la
acción de las Fuerzas de Orden, sino que involucraba al
conjunto de la sociedad. En este sentido han impulsado diferentes
iniciativas con vistas a incorporar a la comunidad.

A comienzos del año 1993, el gobierno de turno
inició el Subprograma de Seguridad Vecinal, con fondos
pertenecientes al Programa de
Mejoramiento Urbano. Este Programa permitió que los
Consejos Regionales distribuyeran recursos aportados por el
gobierno central para financiar proyectos
referidos a la seguridad ciudadana y que serían prestados
por los municipios. Durante el primer año de vigencia del
Subprograma, las organizaciones presentaron proyectos al
municipio. Con posterioridad, el municipio realizó
directamente la selección
de proyectos. Esta iniciativa presentó deficiencias debido
a la inexistencia de conceptos claros de participación
ciudadana: el Subprograma no fue suficientemente conocido por los
dirigentes vecinales; algunos de los proyectos presentados no
fueron financiados ni obedecieron a un plan preciso de
seguridad, y los fondos eran limitados. No obstante, las acciones
en el ámbito municipal, sobre todo en comunas populares,
contribuyó a que los vecinos ejercieran un mayor control
social informal y se crearán organizaciones comunitarias y
vecinales que permitieron enfrentar los delitos con mayor
eficacia. La
organización vecinal coadyuva a una mayor
coordinación con Carabineros para enfrentar la
delincuencia, lo que constituyó un gran avance puesto que
facilitó su acción en lugares donde les resultaba
difícil actuar cuando no existían buenas relaciones
con la comunidad.

Algunos municipios han creado Comisiones Municipales de
Seguridad Ciudadana que intercambiaron información
respecto de la situación de la delincuencia en la zona,
incentivaron la colaboración ciudadana con la
policía y adoptaron medidas de competencia
municipal, que tuvieron efectos positivos sobre la tasa
delictual.

En los municipios donde habitan personas de mayores ingresos, como
Las Condes, Providencia y Vitacura, también se han
diseñaron acciones para contribuir a la seguridad
ciudadana: proporcionando recursos a Carabineros; crearon un
cuerpo de vigilantes municipales; instalaron sistemas colectivos
de alarmas; cerraron accesos a pasajes; formaron patrullas mixtas
entre funcionarios municipales y carabineros e instalaron
líneas telefónicas de emergencia. El modelo de Las
Condes se caracterizó por coordinar la acción de
Carabineros, el municipio y la comunidad que enfrentó y
redujo la delincuencia. Los habitantes de estos municipios
también utilizaron servicios de seguridad privados, que
fueron empleados para evitar la comisión de delitos. Como
consecuencia de la implementación de estas medidas, los
índices de delincuencia disminuyeron
significativamente.

Para enfrentar esta problemática de la seguridad
ciudadana existen en este país una diversidad de enfoques.
Por un lado, se propusieron desregularizar la seguridad ciudadana
para permitir el funcionamiento de un servicio integrado de
seguridad pública y privada. Por otro lado, existió
propuesta de transformar la seguridad ciudadana en una actividad
privada, regulada por el mercado, y que no
sea una responsabilidad exclusiva de Carabineros, tal como lo
establece la ley. Ambas posiciones, según sus adversarios,
contradicen el principio de que la seguridad pública que
es un bien público y una gestión
del Estado.

(2) Políticas de Estado y participación
ciudadana para prevenir el delito:

En la actualidad en este país pareciera existir un
amplio consenso de que prevenir el delito es mejor que
reprimirlo, y que la represión es una función del
Estado, que dispone del Cuerpo de Carabineros para hacerlo con
mayor eficiencia y menor costo.

Es necesario mencionar que la prevención es una forma
de intervenir ex-ante y requiere acciones específicas
para:

• Identificar las condiciones físicas y sociales que
  facilitan la comisión de delitos y adoptar las medidas
  de seguridad para reducir las oportunidades de
  cometerlos.

• Identificar grupos de riesgo y desarrollar acciones que
  impidan su conversión en delincuentes:
  educación, trabajo, recreación y salud.

• Reforzar la convivencia y resolver los problemas que
  inciden en la delincuencia.

• Controlar a los delincuentes han cometido delitos para
  evitar la reincidencia.

El Estado debe contribuir a la prevención a
través de:

• Reforzar la acción policial preventiva y su
  presencia física en los lugares de riesgo. El servicio
  a pie (patrullaje) tendrá un importante efecto
  preventivo.

• Determinar el rol complementario de ambas policías.
  En la actualidad no están bien definidas y se
  confunden. El rol preventivo es una función de
  Carabineros y rol de investigación corresponde la
  Policía de Investigaciones, pero en la practica las
  funciones se duplican. Carabineros e Investigaciones
  podrían aumentar su efectividad para prevenir el
  delito, actuando coordinadamente en la
  prevención-investigación;

• Fortalecer las relaciones entre carabineros y la
  comunidad.

• Mejorar la infraestructura: iluminación de sitios
  oscuros, habilitación de construcciones abandonadas,
  creación de lugares de recreación y espacios
  colectivos que faciliten la convivencia comunitaria, y el
  control informal de las conductas individuales.

Estas medidas, para tener un efecto preventivo eficaz,
deberán contar con el apoyo y la participación
activa de la comunidad.

La actual Ley Nº 18.965, Orgánica Constitucional
de Municipalidades, otorga atribuciones que pueden utilizarse
para prevenir la delincuencia. Algunos municipios han establecido
programas de seguridad ciudadana: organización de fiscalías, cierre de pasajes y apoyo
material a Carabineros e Investigaciones. Pero en materia de
prevención de la delincuencia aún se pueden adoptar
otras iniciativas, como:

• Perfeccionar el Sub Programa de Seguridad Vecinal, con
  miras a que los programas de las organizaciones vecinales no
  sólo enfrenten la delincuencia, sino que contribuyan a
  prevenirla con medidas específicas y soluciones
  innovadoras, susceptibles de ser evaluadas para conocer su
  impacto.

• Planificar una política preventiva vecinal
  coordinada con Carabineros, que cuente con apoyo
  gubernamental permanente a través del Ministerio del
  Interior.

• Crear Comisiones Municipales de Seguridad Ciudadana que
  elaboren medidas de competencia municipal para prevenir la
  delincuencia.

• Utilizar los medios de comunicación para difundir
  las experiencias exitosas en materia de prevención de
  la delincuencia.

• Definir las grupos y zonas de riesgo para diseñar
  políticas de prevención social efectivas,
  basadas no sólo en datos estadísticos sino
  también en investigaciones y estudios de la
  realidad.

Debe señalarse, por último, que en este
país la delincuencia es un fenómeno social, sobre
todo urbano, donde factores como la desigualdad
social, la marginalidad,
la pobreza, el
entorno familiar y comunitario, tienen una gran incidencia en sus
índices. La prevención, por lo tanto, debió
apuntar a erradicar las causas sociales, con programas
públicos de educación, vivienda, salud y recreación, entre otros.

Todos los sectores sociales y políticos están de
acuerdo y coinciden en señalar que la seguridad ciudadana
es una tarea del Estado y de toda la sociedad, aunque existen
discrepancias acerca de las formas de participación que se
pueden implementar. La mejor perspectiva pareciera ser la que
propone la participación ciudadana en la prevención
del delito y la colaboración de toda la comunidad con las
Fuerzas del Orden y de Seguridad.

2) En la Republica de Perú:

En este país según las conclusiones del
"Informe de la
Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana" en septiembre
del 2.001, no existía una política de Estado ni un
sistema de seguridad ciudadana que implementará
vínculos intersectoriales entre el Poder Ejecutivo, el
Poder Judicial, las Regiones, las Municipalidades y la sociedad
organizada para hacer frente a la criminalidad y violencia
delictiva.

En este informe se afirma que la solución a esta
problemática no es exclusivamente policial o judicial; y,
por tanto, sugiere la necesidad de desarrollar políticas
preventivas y de control que cuenten con la participación
activa de la comunidad.

Ante tal problemática y con la finalidad de erradicar
la violencia y el fortalecimiento del civismo y la seguridad
ciudadana, el Gobierno de turno en febrero del 2003
promulgó la Ley Nº 27933 "Ley del Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana", para institucionalizar las relaciones
fluidas y permanentes entre organismos del Estado y la comunidad
organizada, para contribuir a garantizar la paz, la tranquilidad
ciudadana, y a reducir la criminalidad y delincuencia
común, mediante una adecuada política
multisectorial de prevención y control de la violencia que
permita a las personas puedan desarrollar sus actividades libres
de riesgos y amenazas.

La materialización de la presente norma legal se
implementó a través de un Plan Nacional de
Seguridad Ciudadana, el cual constituyó un instrumento
base que diseñó objetivos, políticas y
estrategias a corto plazo, a nivel regional, provincial y
distrital, para mejorar los niveles de orden y seguridad mediante
un trabajo integral y sostenido de los órganos que
conforman el Sistema.

Antecedentes

(1). Marco legal:

(a) Constitución política:

((1)) Art. 166. "La Policía Nacional tiene por
finalidad fundamental de garantizar, mantener y restablecer el
orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y
a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la
seguridad del patrimonio
público y del privado. Previene, investiga y combate la
delincuencia…"

((2)) Art.195." Los gobiernos locales tienen competencia
para…"organizar, reglamentar y administrar los servicios
públicos locales de su responsabilidad".

((3)) Art. 197. "Las municipalidades
brindan servicios de seguridad ciudadana, con la
cooperación de la Policía Nacional del Perú,
conforme a ley".

(b) Leyes:

((1)) Ley 27972. Ley Orgánica de municipalidades.
Art.85: Las municipalidades brindan servicios de seguridad
ciudadana.

((2)) Ley 27238. Ley Orgánica de la Policía
Nacional. Art.70: La Policía Nacional garantiza la
seguridad ciudadana. Capacita a la comunidad en esta materia. DS
008-IN que instituye su Reglamento. Art.9: La Policía
Nacional organiza y capacita a la comunidad en seguridad
ciudadana.

((3)) Ley 27933. Ley del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana.

(c) Decretos y Resoluciones Supremas:

((1)) DS. 105-2,002-PCM, del 17 OCT 2002, que institucionaliza
al Foro del Acuerdo
Nacional.

((2)) RS 0965, de OOCT 2001, que crea la Comisión
Especial de Reestructuración de la Policía
Nacional.

((3)) RS. No. 0120-2002-IN 17 Marzo 2003 que designa a los
miembros del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.

Marco
conceptual

La Seguridad Ciudadana en sentido amplio es una
situación social en la que no existe riesgos o peligros
para los ciudadanos; es decir, que éstos pueden ejercitar
libremente sus derechos y libertades sin que exista
obstáculo para ello.

La Seguridad Ciudadana, para los efectos de la Ley 27933, Ley
del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, es la
acción integrada que desarrolla el Estado, con la
colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar
su convivencia pacífica, la erradicación de la
violencia y la utilización pacífica de las
vías y espacio público. Del mismo modo, contribuir
a la prevención de la comisión de delitos y
faltas.

En otros
términos, la Seguridad Ciudadana, es el conjunto de
medidas y previsiones que adoptada el Estado, a través de
sus instituciones y de la comunidad organizada, dentro del marco
de la Ley y los derechos humanos, con la finalidad que las
personas puedan desarrollar sus actividades libres de riesgos y
amenazas que genera la criminalidad y delincuencia.

Caracterización
de la problemática

La criminalidad y violencia en este país constituyen un
problema político social de primer orden, que
exigió la necesidad de implementar medidas concretas para
disminuir la violencia urbana en la ciudad de Lima y en otras
ciudades, en particular contra la delincuencia común,
cuyos efectos los padecen la totalidad de la
población.

Esta violencia obedeció a muchos factores
causales de índole socioeconómico y cultural, donde
la familia, la escuela, la comunidad y los medios de
comunicación constituyeron espacios de socialización muy importantes.

La información estadística sobre
denuncias por delitos registrada por el Departamento de
Estadística de la Policía Nacional en el periodo
1994-2002, reveló una tendencia decreciente de 1,994 a
1,995, mostrando luego un progresivo incremento hasta 1998, para
luego descender hasta el 2001 y retomar nuevamente el ascenso a
partir del 2,002. Esta tendencia señaló un
decrecimiento promedio anual del –2.11% de las denuncias de
delitos mayores registradas en las dependencias policiales a
nivel nacional.

En cuanto a tipo de delitos, las estadísticas revelaron que del total de
delitos registrados por la Policía Nacional entre 1994 al
2,002, el 59.3% se encuentran tipificados como delitos Contra el
Patrimonio; los más frecuentes son aquellos que atentan
contra la propiedad de
las personas, entre los que se distinguen en primer lugar, el
robo (39.7%), luego el hurto (39.0%), seguido de lejos por las
estafas (7.2%) y la apropiación ilícita (7.1%).

Es necesario destacar que la comercialización y el consumo de
drogas entre la población urbana de 12 a 50 años va
en aumento. En el caso de la pasta básica de cocaína
(PBC) entre 1.997/2.000 subió el consumo en un 4.7%.

Los denominados " delincuencia común" y que se
sintetiza en robos a domicilios, robos y asaltos en la vía
pública, "pandillaje", venta y consumo
de drogas, secuestros al paso, violencia familiar, entre otros,
se han masificado, por su cantidad cada día y por las
connotaciones sociales que la originan, es mucho mas preocupante
que otro tipo de delitos, y porque su control ha escapado a la
capacidad de la policía para hacerle frente. Las
estadísticas policiales al respecto no reflejaron en toda
su dimensión la gravedad del problema porque la mayor
parte de los agraviados no acuden a las comisarías a
registrar su denuncia por una serie de factores, como la poca
confianza que la ciudadanía tiene de la policía
para solucionar su problema.

En la actualidad, la delincuencia en la ciudad de Lima
presenta las siguientes características:

• Afecta a todos los niveles socioeconómicos, pero la
  incidencia de cierto tipo de delitos, como los robos a
  viviendas, por ejemplo, es mayor en los sectores medios o
  bajos.

• Los robos y asaltos tienen como principal objetivo la
  apropiación de los bienes de

• las víctimas más que dañar su
  integridad física (poco uso de armas y bajo registro
  de agresiones graves).

• En la mayor parte de casos, los atacantes son varones
  jóvenes.

• Los integrantes de pandillas derivan en actos antisociales
  que según estudios parecen obedecer a falta de
  alternativas recreativas y laborales.

La evolución de los recursos humanos en la
Policía Nacional revela un progresivo decrecimiento, al
pasar de 120.000 efectivos que existían en 1985 durante la
unificación de las Fuerzas Policiales, a 92.000
policías que tiene en la actualidad (2004); es decir, en
18 años la institución policial ha sufrido una
disminución del 24%, mientras que la población se a
incrementado en 59.7% ; lo que permite inferir que la demanda de
la población por protección y seguridad es cada vez
mayor en comparación a la oferta de
servicios policiales.

Concepción
estratégica para la lucha contra la Criminalidad y
delincuencia

(1) El acuerdo nacional:

El Acuerdo Nacional firmado el 22 de Julio del 2.002 por las
principales organizaciones políticas, religiosas, de la
sociedad civil y del Gobierno, se institucionalizó el Foro
del Acuerdo Nacional como instancia de promoción del
cumplimiento y del seguimiento del Acuerdo Nacional, en cuyo
contexto se aprobaron 29 políticas de Estado,
correspondiendo a la séptima la "Erradicación de la
violencia y fortalecimiento del Civismo y la Seguridad
Ciudadana".

Con este objetivo el Estado:

• (a) Consolidará políticas orientadas a
  prevenir, disuadir, sancionar y eliminar aquellas conductas y
  prácticas sociales que pongan en peligro la
  tranquilidad, integridad o libertad de las personas
  así como la propiedad pública y privada.

• (b) Propiciará una cultura cívica de
  respeto a la ley y a las normas de convivencia,
  sensibilizando a la ciudadanía contra la violencia y
  generando un marco de estabilidad social que afiance los
  derechos y deberes de los peruanos.

• (c) Pondrá especial énfasis en extender
  los mecanismos legales para combatir prácticas
  violentas arraigadas, como son el maltrato familiar y la
  violación contra la integridad física y mental
  de niños, ancianos y mujeres.

• (d)  Garantizará su presencia efectiva en las
  zonas vulnerables a la violencia.

• (e)  Fomentará la cultura de paz a
  través de una educación y una ética
  públicas que incidan en el respeto irrestricto de los
  derechos humanos, en una recta administración de
  justicia y en la reconciliación.

• (f)  Desarrollará una política de
  especialización en los organismos públicos
  responsables de garantizar la seguridad ciudadana.

• (g)  Promoverá los valores éticos y
  cívicos de los integrantes de la Policía
  Nacional, así como su adecuada capacitación y
  retribución.

• (h) Promoverá un sistema nacional de seguridad
  ciudadana en la totalidad de provincias y distritos del
  país, presidido por los alcaldes y conformado por
  representantes de los sectores públicos y de la
  ciudadanía.

(2) La política general del gobierno:

El Gobierno, por intermedio del Ministerio del Interior,
impulsó la reorganización y modernización de
la Policía Nacional, con la finalidad de mejorar
sustantivamente los servicios policiales, acercar más la
policía a la comunidad y dignificar la función
policial mejorando los niveles de vida del personal; proceso que
ha sido retomado en la actualidad.

En Septiembre de 2002 se constituyó la Comisión
de Seguridad Ciudadana, presidida por el Primer Vicepresidente de
la República, con la finalidad de elaborar en el lapso de
un mes un Informe de Seguridad Ciudadana. Cumplido el plazo, la
Comisión puso a disposición del Jefe de Estado el
documento correspondiente, en una de cuyas conclusiones
señala la ausencia de una política integral del
Estado para tratar el problema, cuya solución no es
exclusivamente policial o judicial; y, por tanto, sugiere la
necesidad de desarrollar con mucha decisión
políticas preventivas y de control, metas en las que la
participación ciudadana es fundamental.

De las propuestas remitidas por el Ejecutivo al Congreso de
la
República siete se convirtieron en leyes:

• Ley 27933, del Sistema Nacional de Seguridad
  Ciudadana.

• Ley 27936, de condiciones del ejercicio de la
  legítima defensa

• Ley 27939, que establece el procedimiento e n casos de
  faltas.

• Ley 27935, de ejecución de las penas de
  prestación de servicios a la comunidad y de
  limitación de días libres.

• Ley 27937, sobre violencia contra la autoridad para
  impedir el ejercicio de sus funciones.

• Ley 27934, que regula la intervención de la
  Policía y el Ministerio Público en la
  investigación preliminar del delito.

• Ley 27938, que autoriza la asignación en uso de los
  bienes incautados en casos de delitos de secuestro o contra
  el patrimonio, cometidos en banda.

Por su parte, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana, prevé la conformación de las siguientes
instancias integrantes del sistema:

• Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.

• Comités Regionales de Seguridad
  Ciudadana.

• Comités Provinciales de Seguridad
  Ciudadana.

• Comités Distritales de Seguridad
  Ciudadana.

El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, es el conjunto
interrelacionado de organismos del Sector
Público y de la sociedad civil,
que se constituyen con la finalidad de contribuir a garantizar la
paz, tranquilidad y a reducir o neutralizar la criminalidad y
delincuencia común a nivel nacional, mediante una adecuada
política de prevención multisectorial y control de
la violencia, que permitan que las personas puedan desarrollar
sus actividades libres de riesgos y amenazas.

Este esfuerzo multisectorial no solo debe sustentarse en la
Ley y su respectivo reglamento, sino, sobre todo, en un Plan que
articule el accionar de los órganos componentes del
Sistema, con la finalidad de neutralizar o reducir la
criminalidad y violencia, mediante un trabajo integral y
sostenido.

(a) Objetivo y políticas:

((1)) Objetivo:

"Articular los esfuerzos de los diferentes órganos
componentes del sistema nacional de seguridad ciudadana, con el
fin de contribuir a garantizar la tranquilidad social y reducir
la criminalidad y delincuencia común en todas sus
modalidades, mediante un trabajo integral y sostenido del estado
y sociedad civil".