Seguridad ciudadana: tema central de preocupación en los últimos tiempos (página 3)

(b) Políticas:

((1)) Dar unicidad y organicidad a las instituciones
públicas y entidades de la sociedad civil
integrantes del Sistema Nacional
de Seguridad
Ciudadana.

((2)) Sentar las bases para una progresiva
participación multisectorial que asegure mejores niveles
de orden y seguridad
ciudadanas.

(3) Principios
rectores del Plan:

• Legalidad: Sus actividades se realizarán
  en el marco de la Constitución Política del
  Perú, las leyes de la República, con absoluto
  respeto a los derechos humanos.

• Coordinación e integración: Para
  articular y unificar esfuerzos entre los órganos del
  Sector Público y la comunidad organizada con el
  propósito de lograr el desarrollo de acciones comunes
  e integradas.

• Supervisión y control ciudadano: Para
  desarrollar mecanismos de control y vigilancia ciudadana
  respecto del quehacer de los organismos del Sector
  Público y Gobiernos Locales.

• Transparencia funcional: Para mantener una total
  transparencia en las actividades del Sistema, evitando
  ingerencias político-partidarias o de otra
  índole.

• Participación Ciudadana: Con el fin de
  motivar a la comunidad para que apoye activamente el esfuerzo
  multisectorial por mejorar la seguridad local.

• Prevención: El Sistema Nacional de
  Seguridad Ciudadana debe priorizar y desarrollar las
  políticas multisectoriales preventivas del delito,
  planificando sus programas, así como actuando de
  manera inmediata y permanente.

• Solidaridad: Las instancias y organismos que
  componen el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana deben
  actuar de manera comprometida en función a los fines y
  objetivos del SINASEC, en plena colaboración y ayuda
  mutua.

(4) Estrategias del
Plan:

• Implementar a nivel nacional Comités
  Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana
  y alentar el desarrollo de sus actividades.

• Afianzar el trabajo de la Secretaría
  Técnica del CONASEC instituyendo una Oficina de
  Investigación y Estadística; y estableciendo
  Secretarías Técnicas en los Comités
  Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad
  Ciudadana.

• Concebir acciones específicas a
  desarrollar por los órganos y sectores integrantes del
  Sistema de Seguridad Ciudadana, en el marco de un trabajo
  integral y multisectorial.

• Enfatizar la comunicación para motivar
  la participación proactiva de los integrantes del
  Sistema.

Seguridad Ciudadana en
nuestro país

1) Diagnóstico de la inseguridad
ciudadana:

La disponibilidad de datos sobre
inseguridad objetiva y subjetiva son proporcionado en la
actualidad por tres sistemas de
información relevantes: el policial (Sistema Nacional
de Información Criminal, SNIC), el judicial
(Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales, SNEJ); y el penal
(Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución
de la Pena, SNEEP).

Aun cuando no existe un sistema de monitorio u observatorio de
la violencia, los
niveles de violencia en el seno de la sociedad
argentina han aumentado y se manifiestan de diversas maneras.

Según el Sistema Nacional de Información
Criminal, durante el año 2003 hubo 1.270.725 hechos
delictivos registrados. Entre estos, los homicidios
dolosos son frecuentes y los robos son violentos.

De ello se han registraron 2.876 homicidios dolosos, con una
tasa nacional de 7,93 c/100 mil habitantes (en Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
(CABA) la tasa es de 5,72 c/100 mil habitantes). El 9% de las
víctimas eran menores de 18 años y un 22% entre 25
y 34 años. Un 85% eran hombres. El 63% de los homicidios
dolosos en el país se cometieron utilizando un arma de
fuego, con un porcentaje casi idéntico en la Ciudad de
Buenos Aires (62%). Confirmando esta realidad, datos del
Ministerio de Salud de la Nación
muestran que en el 2003 se registraron 3.752 muertes por heridas
de arma de fuego en todo el país.

El caso de los robos violentos es preocupante. Según
encuestas de
victimización en la Ciudad y Gran Buenos Aires, en el 2003
un 8,3% había sido víctima de un delito cometido
con arma de fuego. A su vez, en un 78,2% de los robos con
violencia se empleó arma de fuego. Confirmando esta
realidad, de los más de 433 mil robos denunciados a nivel
nacional, en un 36% se empleó armas (30% arma
de fuego y 6% de otro tipo), mientras que en CABA este porcentaje
se eleva a un 29% (25% arma de fuego y 4% de otro tipo). Un 2,4%
de sucesos tuvo como consecuencia muertes y lesiones.

Otras formas de violencia se han acentuado, en particular en
la Provincia de Buenos Aires y CABA: el incremento de la
"industria" del
secuestro, el
crecimiento importante de la violencia juvenil, la
consolidación a escala diaria de
la protesta social, que acompañan un comportamiento
relativamente errático de la política de
seguridad, tanto en el nivel nacional como provincial.

Argentina es el tercer país latinoamericano,
después de Colombia y
México,
con mayor frecuencia de secuestros. En un 90% esta
práctica se concentra en Capital
Federal y Gran Buenos Aires. En casi el 82% corresponden a
"secuestro express". De los 77 casos denunciados en el territorio
bonaerense en el 2001, se pasó a 259 en el 2002, 206 en
2003 y 113 en el 2004.

En cuanto a la violencia doméstica, ésta ha
cobrado mayor visibilidad, en particular desde que en 1994 se
promulgó una Ley de Violencia
Familiar. Según una evaluación
reciente dicha ley contribuyó a una mayor visibilidad del
problema y se iniciaron procesos
adecuatorios de las leyes en cada
provincia. No obstante, hay pocos datos sobre violencia
doméstica y violencia contra las mujeres. No existe un
registro
nacional unificado de hechos de violencia doméstica. En 20
de las 24 jurisdicciones existen organismos públicos
responsables de políticas pertinentes. Falta, sin embargo,
más información y una mayor articulación
entre agencias, mayor énfasis en la condena social y una
mayor garantía de acceso a la justicia para
las víctimas de la violencia doméstica.

Las cifras son parciales. En las Comisarías de la
Mujer de la
Provincia de Buenos Aires, en el 2002 registraron, por ejemplo,
más de 30.000 denuncias de violencia familiar. En la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la tasa de denuncias
creció un 43,5% entre el 2000 y el 2003, llegando a 43,5
c/100 mil habitantes; casi 4.000 mujeres golpeadas fueron
atendidas por la Dirección General de la Mujer; hubo 53.869
llamadas a la Línea Violencia
Familiar. Sin duda, su tipificación como delito
contribuye a un creciente rechazo, lo que en parte explica el
aumento de las causas.

La relación entre violencia, alcohol y
drogas es
alta. Un reciente estudio en hospitales y comisarías en
Buenos Aires demostró que el 8% del total de las
emergencias generales atendidas en hospitales están
vinculadas al consumo de
drogas o alcohol. Los varones y los habitantes del conurbano
bonaerense son las principales víctimas de los episodios
fatales vinculados al consumo de drogas y alcohol. En nuestro
país mueren 11 personas de entre 16 y 24 años por
causas violentas cada día. Los jóvenes son las
víctimas más frecuentes de accidentes,
crímenes y suicidios.

La causa de muerte
más común asociada al consumo de drogas y alcohol
son los accidentes viales. En efecto, en el 2004 los homicidios
culposos en accidentes del tránsito tienen una tasa de
9,67 c/100 mil habitantes a nivel nacional, mientras que en la
CABA llegan a la mitad, con una tasa de 4,36 c/100 mil habitantes
por su parte, la tasa de lesiones en accidentes del
tránsito llega a 178,45 c/100 mil habitantes y en la CABA
casi se duplican, llegando a 320,7 c/100 mil habitantes. En
resumen, la tasa de victimización, independiente de las
consecuencias, ha tenido un repunte desde el 2001, bordeando la
tasa de 300 c/100 mil habitantes.

Nuestro país registra uno de los índices mayores
del mundo en muertes y lesionados en accidentes de
tránsito, pues -más a allá de la causa- se
estima entre 27 y 33 muertes por día, con un promedio de
28 de muertes por día (cerca de 10.350 por año),
manteniéndose constante el número de fallecidos
desde el 2001. El 75% de las víctimas mortales son varones
y el grupo
más afectado son jóvenes entre 15 y 24
años.

Sin embargo, el que la tasa de mortalidad en accidentes de
tránsito sea más superior a la tasa de homicidio dolosos
no sea un componente de la agenda pública, proporcional a
su magnitud, es indicador de la necesidad de reformular las
prioridades y urgencias. ¿Por qué sucede esto? No
hay una única explicación. Lo concreto es
que "las muertes por accidentes" no son percibidos como una
amenaza para la seguridad de las personas.

Una situación similar está ocurriendo con la
violencia
escolar. Un estudio de 2003, efectuado entre 600 adolescentes
que asistían a escuelas porteñas, mostró que
un 45% declaró que hubo agresiones dentro de la escuela en forma
frecuente; un 17% admitió haber participado en peleas; un
12% alguna vez fue víctima de un hurto en la escuela; un
22,6% oyó de armas y un 13,5% vio armas en su escuela.

También desde la perspectiva del costo humano, hay
señales
de un mayor nivel de violencia. En la provincia de Buenos Aires,
la violencia en los "enfrentamientos policiales" crece en los
últimos años. Por ejemplo, entre 1999 y el 2004
murieron 341 miembros de la Policía Federal y de la
policía bonaerense, siendo el 2002 el año
más violento con 90 policías muertos. Pero, la
violencia también se asocia a la actividad policial en
perjuicio de los ciudadanos, como se describe más
adelante.

Para destacar, junto a los accidentes de tránsito y una
actividad criminal más violenta, que tienen un impacto
importante en muertes y lesiones, existen otras formas de
violencia, como la doméstica, la escolar y la policial,
entre otras, que son más o menos visibles dependiendo de
la importancia que se le asigne en los medios y los
propios actores. En nuestro país no hay un enfoque
dirigido a la violencia en sí. Esta suele abordarse desde
la perspectiva del delito. No hay un estrategia
nacional, ni suficiente a nivel provincial, que de cuenta de sus
manifestaciones y envergadura. Ella no se circunscribe a los
límites
urbanos, pero allí se manifiesta con mayores niveles.

Dos hechos adicionales merecen ser destacados: la ausencia de
un monitoreo de la violencia y sus distintas manifestaciones, y
su ausencia en una agenda de seguridad ciudadana no
explícita.

Un estudios de victimización aplicados a comienzos de
la década destacaban que otras ciudades del país
tenían mayores tasas que Buenos Aires. Siguiendo un orden
de prevalencia de victimización individual, en el 2000
Mendoza, Rosario (46,1%), Córdoba (37,5%), Gran Buenos
Aires (39,9%) y Ciudad de Buenos Aires (39,3%) muestran tasas
altas y distintas. Esto ya confirma la necesidad de estrategias
de prevención y control
diferenciadas, focalizadas y descentralizadas.

2) El perfil de las víctimas:

El perfil de las víctimas es un componente importante
del debate sobre
la inseguridad. La victimización se reduce según el
"nivel económico social" (NES), desde grupos de nivel
"alto" (promedio 47,3%) a grupos con menores ingresos o "bajo"
(promedio 30%). Pero, también se observa que entre el 2000
y el 2003 aumenta progresivamente en los hogares con niveles de
ingreso más bajos, desde un 28% a un 33,3%, mientras que
en el Nivel Económico Social Alto, se reduce desde un
47,8% a un 40,4%.

La victimización se concentra en segmentos
específicos. Según el delito, las tasa de
victimización como promedio anual del quinquenio
señala a los varones más que a las mujeres (42% y
37%, respectivamente). Esta se reduce, por ejemplo, en la medida
que aumenta la edad. Los menores y jóvenes (16 y 29
años (22,4% de la población residente) muestran una
prevalencia promedio anual en torno al 46%.
Entre los adultos de 30 a 49 años (23,6% de la
población) el promedio es de un 42%; entre los adultos de
50 y 65 años (16,3% de la población) es de un 36% y
entre los mayores de 65 años alcanza un 24% (17,0% de la
población residente).

Estas cifras confirman tres apreciaciones:

• (1) La reducción en la tasa de denuncia del
  2004 no se explicaría por una menor actividad
  criminal, sino por una menor disposición a denunciar
  ante los organismos responsables.

• (2) El despliegue de recursos policiales y la oferta
  pública está sujeto a las estadísticas
  policiales, en consecuencia, expuesta a una notable
  inconsistencia entre la demanda de servicios y la respuesta
  de los organismos responsables.

• (3) Es necesario una oferta pública y red
  asistencial para las víctimas, donde son claves el
  trato, la información, la orientación,
  así como el apoyo a través de terapias
  médicas o psicológicas para las víctimas
  de delito.

Marco jurídico e
institucional de la seguridad ciudadana

Desde un punto de vista jurídico, no existe una ley
relativa a la "seguridad ciudadana" que estructure, defina
facultades, funciones y
obligaciones
de las instituciones del sector. Los conceptos dominantes son
"seguridad interior" y "seguridad pública", cristalizado
en la Ley de Seguridad Interior N° 24.059 de 1992.
Allí se establecen las bases jurídicas,
orgánicas y funcionales, para determinar las
políticas, así como planificar, coordinar, dirigir,
controlar y apoyar el "esfuerzo nacional de policía".

Por su parte , la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
cuenta con el Comité Técnico de Seguridad
Ciudadana, creado en enero de 2004 a través del
Convenio N° 01/04 entre el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación,
integrado por el Secretario de Seguridad Interior de la
Nación, el Secretario de Seguridad del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, el Superintendente de Seguridad
Metropolitana de la Policía Federal Argentina, tiene la
función
de conocer, analizar, coordinar e instrumentar los programas de
protección comunitaria en materia
contravencional, tránsito, seguridad en parques y plazas,
espacios verdes y en todo otro sitio donde se entienda necesario
contar con una mayor presencia policial. Asimismo, coordina el
apoyo de servicios o
prestaciones
que se requieran a otras áreas del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.

Es necesario destacar que en nuestro país
interactúan distintos actores e instituciones en torno a
un propósito común como es la seguridad ciudadana,
pueden señalarse dos elementos que caracterizan esta
situación:

• (a) Tanto los gobiernos central, provinciales y
  locales como en la esfera ejecutiva, legislativa y judicial
  hay instituciones responsables de manera directa e indirecta
  del provisionamiento de servicios ante la demanda de
  seguridad ciudadana, pero éstas no funcionan como un
  sistema integrado ni actúan de manera coordinada.

• (b)  Las instituciones del Poder Ejecutivo vinculadas
  a la seguridad tienen un marcado énfasis en el control
  de las Fuerzas Policiales y, sobre todo, en la
  disuasión y represión del delito.

Existen diversas instituciones públicas y privadas con
competencia en el
sector (actuación directa) o vinculadas (actuación
indirecta) a la seguridad ciudadana. Estas pueden clasificarse
según niveles (nacional, provincial o local), carácter, rol, función primaria y
ámbito de incidencia.

En el nivel nacional, las instituciones públicas
permanentes del Poder
Ejecutivo que actúan en el sector son:

• Secretaría de Seguridad Interior.

• Policía Federal Argentina.

• Subsecretaría de Política Criminal.

• Secretaría de Asuntos Penitenciarios.

• Servicio Penitenciario Federal Argentino.

• Secretaría de Programación para la
  Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra
  el Narcotráfico

En el nivel de la Provincia de Buenos Aires, las instituciones
públicas permanentes del Poder
Ejecutivo que actúan en el sector son:

• Secretaría de Seguridad.

• Subsecretaría de Información para la
  Prevención del Delito.

• Policía Buenos Aires 2 y las policías
  departamentales que actúan a nivel comunal y
  distrital.

• Policía de la Provincia de Buenos Aires.

• Subsecretaría de Justicia.

• Subsecretaría de Política Penitenciaria y
  Readaptación Social.

• Subsecretaría de Relaciones Institucionales y
  Coordinación.

• Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos
  Aires.

• Subsecretaría de Atención a las Adicciones
  (Min. de Salud del Gob. de la Prov. de Buenos Aires).

A nivel del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, las instituciones públicas permanentes que
actúan en el sector son:

• Secretaría de Seguridad.

• Consejo de Derechos de Niñas, Niños y
  Adolescentes.

En el nivel nacional, existen otras instituciones
públicas permanentes del Poder Ejecutivo vinculadas al
sector. Estas trabajan en una problemática del desarrollo social
o cumpliendo misiones propias del Estado, en
cuanto propician el bien común y el bienestar de la
población, de tal manera que su vinculación con la
inseguridad objetiva y subjetiva no es explicita. En ellas
destacan:

• Consejo Nacional de la Mujer.

• Dirección Nacional de la Juventud.

• Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y
  Familia.

• Ministerio de Educación, Ciencia y
  Tecnología.

En cuanto a las instituciones privadas, en la mayoría
de los casos se ocupan del contralor civil y de promover el
respeto de los
derechos en
relación a la acción
estatal. Sin embargo, no hay interlocución permanente, no
están integradas ni participan en el diseño,
ejecución y evaluación de las actividades de las
instituciones del sector. No hay una estrategia que involucre a
la sociedad civil en este nivel. Las instituciones de la Sociedad
Civil vinculadas al sector seguridad ciudadana son:

• Centro de Estudios Legales y Sociales

• Fundación Fundar, Justicia y Seguridad

• Fundación Crecer y Crecer

• Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y
  Sociales

• Grupo Sophia

• Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia

• Centro de Estudios Nueva Mayoría

A las anteriores se agregan también las instituciones
públicas permanentes del Poder Legislativo y del Poder Judicial,
entre las cuales destacan: las Comisiones de las Cámaras
de Diputados y de Senadores; el Poder Judicial de la
Nación; el Ministerio Público Fiscal de la
Nación; el Ministerio Público de la Defensa de la
Nación y el Defensor del Pueblo de la Nación.

Por su parte, en el nivel provincial, las instituciones
públicas permanentes del Poder Legislativo y del Poder
Judicial vinculadas al sector son: el Poder Judicial de la
Provincia; el Ministerio Público Fiscal de la Provincia y
el Ministerio Público de la Defensa de la Provincia

Más allá de las intervenciones ligadas a las
Fuerzas Policiales, el panorama descripto muestra:

• Hay poca incidencia y relevancia de las áreas e
  instituciones vinculadas a la seguridad para las personas en
  el conjunto de las políticas y estrategias que impulsa
  el gobierno nacional. El problema radica tanto en la vigencia
  de un enfoque poco elaborado, como en la falta de
  orientaciones y de una institucionalidad necesaria.

• La respuesta institucional para prevenir la violencia y la
  inseguridad es inexistente. La articulación entre
  políticas de seguridad y políticas sociales en
  el nivel central no es eficaz. Pero, en la práctica,
  el nivel provincial y local tampoco hay un enfoque
  intersectorial suficientemente desarrollado y
  explícito.

• En la práctica, las intervenciones se sustentan en
  estructuras de prevención y coordinación
  necesarias para el ejercicio de una gestión y
  política pública en el sector se ubican en la
  Provincia de Buenos Aires y de la CABA.

• Se sabe poco sobre las iniciativas y el desempeño
  real de los organismos, más allá de los
  objetivos declarados en sus etapas de diseño. Hay una
  limitada capacidad técnica en el nivel nacional y
  provincial para diseñar estrategias y
  políticas, integrales, de amplia cobertura y
  sostenibles en el tiempo.

• Hay un mayor desarrollo en el nivel provincial y local en
  prevención social general y participación
  comunitaria. Sin embargo, la opinión generalizada es
  que no hay suficientes intervenciones y dedicación a
  la prevención del delito.

4) El gasto
público:

El análisis del gasto público por
sectores de actividad (justicia, protección social y
policía) ayuda a identificar tendencias y prioridades en
la gestión
del Estado y de los gobiernos en el ámbito de la seguridad
ciudadana.

En nuestro país, el análisis del gasto en
seguridad ciudadana es difícil, dadas las limitaciones de
enfoque y la escasa información que permita una
diferenciación explícita de los recursos en
materia de función y desagregación por programas,
en particular a nivel nacional y provincial.

Principales
obstáculos para los servicios de Seguridad
Ciudadana

a) Marco Regulatorio:

Hay diversos entes públicos y privados ligados a la
seguridad ciudadana. El problema no reside, sin embargo, en el
número sino en su definición de tareas, recursos y
coordinación.

Existen seis situaciones centrales que merecen ser
observadas:

• Ausencia de un marco jurídico suficiente, que
  dificulta un sistema institucional de gobierno para la
  seguridad ciudadana, la participación comunitaria en
  asuntos de seguridad ciudadana y el control parlamentario del
  sistema de seguridad ciudadana. Desde este punto de vista,
  puede señalarse que no hay consistencia entre el
  sistema vigente, el fortalecimiento de la democracia y las
  demandas.

• Las tareas de seguridad ciudadana a nivel nacional se
  hallan divididas entre distintas Secretarías y
  Ministerios, lo que agrega otro problema adicional. Aun
  cuando el ente rector es el Ministerio del Interior falta un
  ente de coordinación inter-agencial, entre los
  distintos poderes y con carácter federal. Si bien
  existe un Consejo de Seguridad Interior, éste no tiene
  el alcance de un ente rector de la seguridad ciudadana a
  nivel nacional, ni posee las facultades para aquello.

• No hay un enfoque dominante y liderazgo institucional que
  vincule seguridad y prevención, política
  pública, política social y gestión
  intersectorial en el nivel federal con el provincial y
  municipal. A nivel provincial y de la CABA la
  situación es más favorable.

• La seguridad ciudadana no es una prioridad manifiesta en
  la agenda de la autoridad. Tampoco se encuentra
  suficientemente regulada, como objetivo y actividad del
  Estado. El enfoque dominante en el gobierno nacional es de
  seguridad interior y seguridad pública. En tal
  sentido, no hay evidencia sustantiva para sostener que las
  tareas de prevención resulten centrales. Esto se
  observa en el escaso peso relativo del ente más ligado
  a la prevención, la Subsecretaría de
  Política Criminal frente al mayor peso de la
  Secretaría de Seguridad Interior, más ligado a
  tareas delictuales y post-delictuales. El concepto dominante
  tampoco es lo suficientemente amplio como para impulsar
  problemas de violencia no delictual y la inseguridad en
  sí (temor). Esta es una de los principales factores
  que justifican la afirmación de que la gestión
  pública en seguridad ciudadana no es equitativa y es
  incapaz de satisfacer las necesidades derivadas de la
  inseguridad.

• No existe en el nivel nacional un enfoque de seguridad
  ciudadana. En la Provincia de Buenos Aires hay un mayor
  desarrollo, pero aún parcial, por cuanto los esfuerzos
  de orientan a la prevención y control de la
  delincuencia, hay pocas acciones en materia de
  contención de la violencia y ningún esfuerzo
  sistemático en materia de inseguridad. En la CABA el
  concepto es más desarrollado aún, testimonio de
  aquello es la evolución presupuestaria 2004-2006 y los
  programas en aplicación, que van desde
  prevención escolar, apoyo y prevención de la
  revictimización, prevención del delito y
  participación ciudadana. No obstante, en ninguno de
  los tres niveles se han llevado a cabo evaluaciones
  públicas sobre estas acciones.

• El carácter federal del Estado argentino
  contribuyen a un panorama más complejo. Cada ley
  aprobada a nivel nacional debe lograr su adecuación en
  el nivel provincial para tener validez efectiva. Dado que la
  seguridad está delegada en las provincias, todo cambio
  en el marco regulatorio debe ser acompañado por una
  adecuación de todas las provincias. A nivel de
  coordinación, esto hace la dificultad de implementar
  programas de alcance nacional, puesto que cada uno de ellos
  debe ser eventualmente materia de convenio y
  "negociación" con las respectivas provincias,
  departamentos y distritos, siguiendo un criterio de
  descentralización y fortalecimiento del poder
  local.

b) Sobre la política de seguridad
ciudadana:

En efecto, hasta el presente no se ha logrado avanzar en el
diseño de una política de seguridad ciudadana
consistente y permanente, basada en un enfoque sistémico
que aborde el problema de inseguridad y violencia de manera
coherente, integral, y sostenida en el tiempo.

El gobierno nacional no ha desarrollado un enfoque de
prevención sobre los problemas de
inseguridad objetiva y subjetiva. No hay estructuras de
la Nación que, de manera explícita y consistente,
trabajen con un enfoque integral. En este contexto, tampoco
existen directrices en el marco de una política nacional y
no se promueven alianzas estratégicas entre las
partes.

La inexistencia de una política nacional se traduce en
la ausencia de un plan consensuado y consistente de
actuación para los organismos públicos. Esto no
significa que no se hayan hecho esfuerzos en este sentido. En
Abril del 2004 el Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos de la época presentó el Plan
Estratégico de Justicia y Seguridad 2004-2007.

Sus principales objetivos
eran:

• Constituir una Agencia Federal de Investigaciones y
  Seguridad Interior.

• La lucha contra el crimen organizado, realizando reformas
  legales complementarias.

• Nuevas ley de abigeato.

• Lucha contra el vaciamiento de empresas.

• Unificación de criterios de control
  anticorrupción e integridad en todas las fuerzas de
  seguridad del país.

• Modificaciones en las carreras y administración de
  las Fuerzas de Seguridad.

• Mapa nacional del delito.

El Plan identificaba seis áreas de
intervención:

• Área de seguridad ciudadana.

• Justicia.

• Servicio penitenciario.

• Administrativa económica.

• Prevención social y menores en riesgo.

• Reformas institucionales.

En líneas generales, el Plan se centraba en las fases
delictuales y post-delictuales, con poca presencia relativa de
acciones
pre-delictuales, en particular de corte preventivo y articulado
con políticas sociales. Los documentos que
analizan el Plan son escasos. En uno de ellos, el CELS analiza
los ejes del Plan y señala ciertos problemas, en
particular un espíritu en el que aparecería una
dicotomía entre eficiencias y garantías. Sin
embargo, hoy se reconoce que dicha propuesta nunca llegó a
implementarse y no tuvo consecuencia alguna.

Se carece de una definición compartida de seguridad
ciudadana, de planificación estratégica, de
continuidad entre los planes anteriores y acciones presentes
concretas, la falta de objetivos claros y precisos. La
asignación de recursos ha cambiado en el período,
pero tampoco parece que las políticas preventivas tengan
un lugar real en la agenda pública.

El sistema de seguridad ciudadana presenta falencias
básicas, tanto en sus definiciones fundamentales, formas
de implementación y coordinación entre entes
participantes. En nuestro país existen restricciones para
el desarrollo de
la seguridad ciudadana. Más allá de los recursos,
hay problemas básicos relativos a aspectos político
ideológicos, de gestión-institucional y de
carácter técnico-informativo.

El siguiente cuadro sintetiza los principales hallazgos, en
términos de debilidades y fortalezas, así como
amenazas presentes o latentes y otras emergentes, las cuales
progresivamente se volverán claves si no se realizan
gestiones e intervenciones para modificar el escenario que se
describe.

Matriz de principales hallazgos en torno a las capacidades del
sistema de seguridad ciudadana en Argentina

El diagnóstico acerca de las debilidades y fortalezas
de las respuestas del Estado argentino ante las demandas de
seguridad ciudadana revela problemas tanto a nivel de la enfoque,
estructura y procesos organizacionales, como también en el
manejo o gestión y de sus relaciones con el entorno (ante
los medios de
comunicación y la propia opinión
pública).

Conclusiones

• a. Que la Seguridad Ciudadana es un problema
  complejo, al que no se le pueden dar respuestas
  únicamente policiales.

• b. Que la Seguridad Ciudadana, actualmente es un
  problema de los Estados y en consecuencia es necesario
  definir políticas desde ese nivel para atacar dicho
  problema.

• c. Que la Seguridad Ciudadana es un fenómeno
  transversal, puesto que en su generación (o en la
  carencia de la misma) pueden intervenir diferentes
  políticas públicas de diferentes disciplinas y
  administraciones.

• d. Que, para el ciudadano, la inseguridad es,
  fundamentalmente, una cuestión de percepción
  subjetiva (lo que se denomina sensación térmica
  de seguridad). Y, que esta percepción depende en poca
  medida del gran delito, que por el contrario, afecta a la
  sensación de seguridad el delito ordinario, que son
  los que el ciudadano vive más cerca.

• e. Que no existe una estrategia y política
  integral de seguridad ciudadana. Si consideramos que la
  seguridad es un deber del Estado, destinado fundamentalmente
  a lograr el bienestar, la protección y la vida digna
  de la población que deposita en él la autoridad
  para su cuidado y preservación.

• f. Que pese a las importantes reformas de la
  policía que se han emprendido en muchos de los
  países de la región, predomina una estructura
  organizacional altamente centralizada y jerarquizada. Esta
  situación obstaculiza la incorporación de las
  instancias de gobierno local a la gestión policial e
  inhibe el trabajo de los policías destacados en las
  comunidades. Como respuesta a esta situación, se
  debate en varios países la creación de nuevas
  policías con adscripción a nivel local que
  asuman las tareas asignadas a los cuerpos nacionales de
  policía.

• g. Que la débil cultura democrática que
  caracteriza la organización social y política
  en América Latina, en donde los procesos de
  participación y movilización ciudadana han
  estado dirigidos a enfrentar las estructuras de poder,
  más que a generar espacios de colaboración con
  las autoridades. El modelo resulta igualmente riesgoso frente
  a la tendencia de una clase política que pueda caer en
  la tentación de utilizar la experiencia para fines de
  cooptación política más que para generar
  un impacto real en la calidad de vida de la
  población.

BUENOS AIRES, de junio de 2009

Bibliografía

• Alegría, Ciro.-La Seguridad como derecho
  humano.- El Pensamiento Constitucional. Lima.

• Amadeu Recasens. Doctor en Derecho Penal con
  especialidad en Criminología, imparte cátedra
  en la Universidad de Barcelona y fue director de la Escuela
  de Policía de Cataluña. NECESARIO IMPLEMENTAR
  POLÍTICAS GLOBALES EN SEGURIDAD. Disertación. .
  21 de febrero de 2005. España.

• Baratta, Alesandro.- El concepto actual de
  seguridad en Europa.- Revista Catalana de Seguridad
  Pública, Nº 8, Barcelona – España.
  2001.

• Kris Bonner is a senior environmental scientist and
  applied information technology (AIT) marketing leader at ICF
  Jones & Stokes who has over 27 years of experience
  designing, developing, and managing large, complex computer
  mapping projects, including geographic information systems
  (GIS), computer-aided drafting (CAD), and remote-sensing
  applications. His project experience includes being
  responsible for designing and establishing a riparian
  vegetation monitoring program for Owens Lake using
  large-scale color infrared aerial photographs for the Los
  Angeles Department of Water and Power (LADWP). Kris has
  designed and managed the development of an integrated
  municipal engineering information system for the City of
  Ontario, including scanning of over 15,000 construction and
  as-built drawings, entry of as-built meditate, linking of
  as-built drawings to GIS databases, development of a
  MapObjects-based GIS query and viewing system linking GIS
  data with non-GIS scanned documents and meditate, and
  database update procedures and documents. Additionally, he
  designed and managed the development of an integrated
  GIS-based water, sewer, and storm drain information system
  for the cities of San Juan Capistrano and Glendale. Kris
  received an M.S. in range management from the University of
  California, Berkeley, in1976; and a B.S. in range science
  from the University of California, Davis, in 1974.

• Chinchilla, Laura.- La Seguridad Comunitaria:
  Proyecto alternativo a la seguridad y participación
  ciudadana.- Revista Diálogo Centroamericano,
  Nº 37.- San José de Costa Rica. 1999

• Comisión Andina de Juristas.- El enfoque
  de los derechos humanos en las políticas
  públicas.- Lima, Perú. 2003.

• Dario Padovan is graduated in Political Sciences
  and Ph. D. in Sociology. Actually he teaches Sociology at the
  University of Turin and works at the Department of Social
  Sciences of the University of Turin. Dario Padovan published
  articles on sociology of ethnic relations, racism, history of
  sociology, environmental sociology. Now is doing researches
  on urban ecology, urban unsafety and racist thought. He
  managed International Conferences on eco-sustainable
  development and ecological crises. He is member of editorial
  board of 'Democracy & Nature', 'Theomai Journal' and
  'Razzismo & Modernit?' magazines. He recently published
  the following articles: Social Morals and Ethics of Nature:
  from Pietr Kropotkin to Murray Bookchin, in 'Democracy and
  Nature', n. 3, 1999; Comments on Sociology in Italy, in
  'Yearbook of Sociology', n. 1, 1999; Complessit? sistemica e
  sviluppo sostenibile, Sapere Edizioni, Padova, 2001; Urban
  Renewal, Sustainability and Participation: the Case of
  Italian Neighbourhood Agreements (with A. Alietti),
  Proceedings of International Conference on 'Habitus 2000: A
  Sense of Place', September 5th-9th 2000, Perth, Australia;
  The concept of social metabolism in classical sociology,
  'Theomai Journa', n. 2, 2003; Bio-politics and the Social
  Control of the Multitude, in Democracy & Nature, vol. 9,
  n. 3, 2003; Social capital, insecurity and fear of crime (con
  G. Mosconi), in H.-J. Halbrecht, T. Serassis and H. Kania
  (edited by), Images of crime 2, Edition Iuscrim, Freiburg,
  2004. Address: Department of Social Sciences, via S. Ottavio
  50,

• Diego García, Joan.- Presente y futuro
  de la policía.- Barcelona –
  España.

• ILPES (Instituto Latinoamericano y del Caribe de
  Planificación Económica y Social) (1997):
  Guía para la identificación,
  preparación y evaluación de proyectos de
  seguridad pública, LC/IP/L. 149 – Santiago
  de Chile.

• Tudela Patricio (2006) "Informe
  "Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana
  – ARGENTINA". Guía para la Evaluación del
  Sector de Seguridad Ciudadana BID-RE1/SO1 Estudio
  Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana. Los
  casos de Argentina, Chile y Uruguay, Santiago
  Chile, 80 paginas

• Seminario de Reflexión Científica sobre
  el delito y la seguridad de los habitantes.-
  Declaración Final, San José de Costa
  Rica. 1995.

• Declaración Universal de los Derechos del Hombre
  y del Ciudadano.

• Manifiesto y Resoluciones Conferencia sobre
  Prevención y Seguridad. Nápoles (Italia) 7,
  8 y 9 de diciembre de 2000.

• "Proyecto de manual del Congreso de los poderes locales
  y regionales de Europa", organizado por el Consejo de
  Europa, 29 a 31 de mayo de 2001.

Autor:

Lic Santiago Eugenio González