- Resumen
- La
autorregulación - El caso
español - Los consejos
audiovisuales en las Comunidades
Autónomas - Los consejos
audiovisuales en otros países - EPRA, Plataforma
Europea de autoridades reguladoras del
audiovisual - Conclusión
- Anexos
- Bibliografía
Resumen
Los medios de
comunicación, pese al gran poder que
poseen hoy en día, siguen sin estar regulados. Esta labor
no puede hacerla ni el Estado ni
las leyes del
mercado. Es
por ello que deben constituirse organismos independientes que
lleven a cabo la denominada autorregulación de las
empresas
comunicativas.
Los Consejos Audiovisuales son los organismos
autorreguladores de este tipo de medios de
radiodifusión. En este trabajo se
analizará el porqué de la autorregulación y
la naturaleza de
los Consejos Audiovisuales de las comunidades autónomas
españolas y de algunos de los países que ya cuentan
con un organismo de esta índole. Asimismo, estudiaremos
las características que ha de tener el Consejo Audiovisual
de España.
Palabras clave: consejo audiovisual, EPRA,
autorregulación, deontología
periodística.
La
autorregulación
El porqué de la
autorregulación
Los medios de comunicación han alcanzado progresivamente
un poder inmenso: política, cultura,
economía…, en definitiva, todas las
esferas de la sociedad se
ven representadas, de un modo u otro, en los medios de
comunicación. Es una muestra
más de la libertad que
tienen los países occidentales actualmente. No obstante,
esa libertad debe ser administrada con una responsabilidad que, en muchos casos, se
olvida.
Hugo Aznar[1]destaca que
«resulta necesario llamar la atención sobre los riesgos que
comporta la nueva situación. Riesgos como la
degradación cultural provocada por unos medios que
difunden contenidos de escaso o nulo valor, como el
debilitamiento de una democracia
sujeta a la manipulación de la opinión
pública y la obsesión por la imagen, como la
diseminación a todas horas de contenidos violentos, como
el consumismo favorecido desde los medios, como el gigantesco
desequilibrio Norte-Sur en la producción y difusión de los
productos
culturales, etc.». Pero, además, hay otros
peligros ligados a la esencia misma de los grupos de
comunicación: el aumento del poder en todo el mundo de los
grandes magnates y la formación de los nuevos gigantes
mundiales de la
comunicación mediante fusiones y
acuerdos de empresas que ya dominaban el mercado. El problema,
concluye Aznar, es que «el verdadero riesgo en
relación a los medios está en el desfase entre
estos dos aspectos: su creciente protagonismo social, por una
parte, y la ausencia de mecanismos para promover su
responsabilidad, por otra.»
Otras actividades están reguladas por el Estado y/o por
el mercado. En el caso de los medios de comunicación, no
cabe ninguno de estos tipos de regulación.
Las regulaciones empresariales por parte del Estado se
llevan a cabo desde dos posibles vías: el derecho y la
propia prestación del servicio. En
el primer caso, el ordenamiento jurídico español, a
semejanza de otros países, contempla como derecho
fundamental la libertad de
expresión. Por lo tanto, una regulación a
través del Derecho sería imposible por las
limitaciones con las que éste cuenta: la universalidad de
la ley, el peligro
de su instrumentación política y la
cuestionabilidad de cualquier regulación jurídica
de la actividad de los medios, dado el valor preferente concedido
a la libertad de expresión en las sociedades
democráticas. En el caso de que el Estado pretendiera una
propia prestación del servicio, se incurriría en
inconstitucionalidad al existir un alto grado de peligro de
censura y manipulación informativa. El único
ámbito en el cual el Estado tiene potestad para ejercer en
materia de
comunicación es en los medios públicos, que no
pueden monopolizar el ámbito de la información.
El mercado tampoco debe regular los medios de
comunicación. Eso es lo que se puede concluir tras
analizar el comportamiento
de éstos a lo largo de las últimas décadas,
en las que se ha producido un auge del neoliberalismo
económico a nivel global. Los criterios de mercado han
sido utilizados muchas veces por las empresas comunicativas con
el fin de legitimar su falta de responsabilidad, argumentando que
"es la audiencia la que elige y, si el medio tiene éxito
es porque satisface al público". De esta manera, las leyes
del mercado se imponen en las redacciones, como si éstas
fueran un negocio cualquiera.
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