La "argentinización" de la economía mundial (página 11)

En el trasfondo del desarrollo del
proceso, uno
de los impulsos principales provenía de la inmanejable
puja distributiva presente en la sociedad.

Frente a tamaña situación, el ministro Pugliese
y su equipo sólo disponían de un puñado de
medidas de escasa eficacia. El
tiempo de las
reformas estructurales había quedado atrás. El
gasto
público aumentaba vertiginosamente, empujado por los
vencimientos cada vez más frecuentes de la deuda interna
contraída en períodos anteriores. Los bancos demandaban
cada vez más efectivo para hacer frente a las
astronómicas tasas de
interés de los depósitos a plazo fijo.

El Plan Pugliese
contemplaba un mercado
único y libre de cambios, aumentos de tarifas y
retenciones a las exportaciones
para mejorar los ingresos fiscales
y el regreso a un sistema de
precios
"administrados", que suponía autorización de
aumentos a medida que se iban produciendo los mayores costos.

Para la población, los aumentos de precios se
convirtieron rápidamente en una obsesión y el
principal y casi excluyente tema de conversación. Pero el
gobierno estaba
lejos de poder detener
una hiperinflación que avanzaba de modo
meteórico. Eso recién ocurriría de una
manera efectiva casi dos años después, con otro
gobierno y tras cinco ministros de Economía derrotados en el
intento.

Antonio Tróccoli, un viejo
dirigente radical, que había sido ministro del Interior de
Alfonsín, encontró un modo singular de caracterizar
el momento: "sólo queda rezar".

Virtualmente así era, pero tanto los dirigentes
políticos como la población esperaban algo
más y lo único a la mano eran los controles de
precios, que, aunque acumulaban una larga lista de fracasos,
acreditaban el éxito
inicial del Plan austral.

De modo que el gobierno fue pasando raudamente por listas de
precios máximos de efímera duración, un
congelamiento de precios previo a las elecciones que casi no
existió y un sistema de precios "concertados" con ajustes
semanales, con el que llegó hasta el final del mandato.
Como era obvio, ninguna de estas medidas podía ordenar
semejante caos, pero al menos permitía mantener cierto
activismo público e inducir un mínimo punto de
referencia en los mercados.

El desequilibrio en los precios pronto
comenzó a manifestarse en situaciones de
desabastecimiento, que no hacían más que agravar el
panorama, dado que la población procuraba hacerse de
"stocks" de los productos no
perecederos y, con ello, aumentaba artificialmente la demanda.

En esta etapa la carne y los productos frutihortícolas
no fueron sometidos a mecanismos de control, de modo
que -como además estos últimos son productos
perecederos- en general el desabastecimiento no los
alcanzó, lo que probablemente evitó escenas de
pánico,
como las que se vivieron en otras hiperinflaciones.

Una de las situaciones más
conflictivas se presentó en el sector de los productos
medicinales, donde el desabastecimiento alcanzó grandes
proporciones, hasta que el gobierno autorizó aumentos que
entre marzo y junio estuvieron en el orden del 300 por
ciento.

Finalmente, el día de las elecciones llegó y el
binomio Menem-Duhalde se
impuso sobre la fórmula radical de Angeloz-Casella por 52%
contra 40 por ciento.

En los días previos, el gobierno había convocado
al justicialismo para intentar algún tipo de acuerdo en el
terreno económico que permitiera administrar la
situación, pero las negociaciones avanzaron poco. Tras los
comicios, el Ministerio de Economía formalizó la
iniciativa, proponiendo una suerte de programa
económico para el período de transición, que
contemplaba esencialmente medidas de ajuste del gasto y mejora de
los ingresos.

Los equipos técnicos del gobierno y del justicialismo
mantuvieron extensas reuniones y en un momento pareció que
algún consenso podía alcanzarse. Incluso Menem y
Alfonsín se reunieron, pero finalmente no se llegó
a ningún acuerdo. El fracaso de las negociaciones
precipitó la renuncia del ministro Pugliese, que fue
sustituido por el economista y por entonces diputado nacional
Jesús Rodríguez.

El 28 de mayo el nuevo ministro lanzó un paquete de
medidas que incluía centralmente un regreso al tipo de cambio
controlado, diversas modificaciones que requerían la
aprobación del Congreso, un compromiso de no
emisión para financiar al Tesoro a partir de julio y
aumentos en las jubilaciones y pensiones. El esquema
también ratificaba el calendario de pagos de los bonos de la
deuda externa
e interna.

La situación era tan crítica
que el gobierno había decretado un feriado bancario desde
el 22 al 29 de mayo, en espera de que las medidas adoptadas
contuvieran los crecientes retiros de depósitos del
sistema
financiero.

Cuando llegó el momento de
reabrir los bancos, el equipo económico se enfrentó
a banqueros exaltados que temían la quiebra masiva
del sistema. Es que desde hacía largo tiempo la forma de
retener a los ahorristas eran no sólo elevadas tasas de
interés
-que en mayo de 1989 alcanzaron el 135% mensual- sino una amplia
gama de depósitos ajustables por indicadores
tales como el valor del
dólar, índices de precios al consumidor y la
evolución de las cotizaciones
bursátiles y de títulos.

Como consecuencia, los depósitos
crecían exponencialmente y los retiros demandaban una
fuerte asistencia del Banco Central,
que tenía a la Casa de Moneda trabajando a tres turnos y
al borde de sus existencias de papel y tinta para imprimir
semejante cantidad de dinero. Este
problema operativo era tan importante que se autorizó la
circulación de billetes de 50.000 australes, equivalentes
a uno 200 dólares, cuando tan sólo cuatro
años antes cada uno de esos billetes se hubiera podido
cambiar por 62.500 dólares.

A fines de mayo el complejo panorama se
completó con una serie de saqueos, que tuvieron como
epicentro importantes supermercados en el Gran Buenos Aires,
Rosario y Córdoba.

La situación de reservas era tan angustiante que en la
agenda del ministro de economía Rodríguez se
instaló de manera relevante la cuestión de la
venta del
edificio de la Embajada Argentina en Japón.
La Argentina lo había comprado en 1977 por siete millones
de dólares y a mediados de 1989 se logró venderlo
en nos 470 millones, de los cuales ingresaron 270 en efectivo,
con el consiguiente júbilo ministerial.

Rodríguez adoptó diversas
medidas para contener la emisión monetaria, pero el efecto
acumulativo de los aumentos de precios sobre la población
era devastador.

A fines de junio, la inflación
alcanzaba el 20% por semana. Entre abril y junio el precio de una
botella de aceite
había pasado de 69 a 282 australes, un litro de cerveza de 12 a
55, un kilo de azúcar
de 34 a 139 y un detergente de 19 a 215.

El mandato presidencial culminaba el 10 de diciembre, pero la
situación no admitía un período de
transición de semejante extensión. De algún
modo, el Presidente era víctima de su propia estrategia.
Conociendo el peligro de que la crisis se
precipitara, había adelantado todo lo posible el
calendario electoral. Si el radicalismo triunfaba, había
tiempo y condiciones para tomar medidas más estructurales
para afrontar la situación.

Pero transcurrió de un modo diferente. La crisis se
había precipitado en febrero, las elecciones se
habían perdido y ahora quedaba un extenso y solitario
tránsito hacia la transmisión del mando. Una larga
reflexión y multitud de consultas al interior de su
partido. llevaron a Alfonsín a presentar su renuncia ante
el Congreso el 30 de junio. Una semana después Carlos
Menem asumía la presidencia, luego de protagonizar la
transición más corta de la historia
argentina.

El período 1980-1990 es conocido como la "década
perdida" para América
Latina, lo que alude a una condición de estancamiento
generalizado en la región. Sin embargo, el deterioro de la
economía
argentina fue largamente superior al promedio y
acumuló sus efectos sobre el negativo desempeño y las periódicas crisis de
la década de 1970.

Entre 1983 y 1989 el producto bruto
cayó algo más del 3% y el ingreso por habitante
disminuyó alrededor del 10%. En el mejor momento -a
principios de
1986- la inversión apenas rozó el nivel
necesario para reponer el equipo de capital que se
tornaba obsoleto.

A pesar de los múltiples intentos por controlar la
situación fiscal en 1989
el déficit fue equivalente al 7% del producto bruto y a lo
largo de los cinco años y medio de gobierno la deuda
externa pública pasó de 31.076 a 58.800 millones de
dólares.

Durante un tiempo el poder adquisitivo
del salario se
remontó casi un 30% por encima del nivel de 1983, pero la
hiperinflación volvió a empujarlo un 35% por debajo
del punto de arranque del gobierno. Es que entre enero y julio de
1989 los precios al consumidor aumentaron un 2.015 por
ciento.

En esos años el desempleo
creció del 4% al 7%, lo que para la época fue un
impacto negativo importante, aunque nadie suponía que se
trataba sólo del principio de un fenómeno doloroso
y duradero…

(Gobierno de Menem) Desbordado por la situación, el
equipo económico intentó un nuevo programa de
ajuste -el BB II- consistente en una devaluación del 54%, alzas de tarifas y de
retenciones a las exportaciones, modificaciones en los salarios
públicos y privados y una reprogramación de los
vencimientos de la deuda interna.

Lejos de contener la situación, las nuevas medidas
acentuaron la desconfianza, los ahorristas retiraron masivamente
los depósitos de los bancos, las tasas de interés
llegaron al 50% mensual y el dólar comenzó a trepar
a un ritmo de más del 10% diario.

Inevitablemente la situación condujo a la renuncia del
ministro Rapanelli en medio de fuertes discusiones sobre el rumbo
de la economía al interior del gobierno y del Partido
Justicialista. Sin muchos recursos a la
mano y con el consabido período de feriados bancarios y
cambiarios, el Presidente apeló a Erman González,
un contador público muy cercano, que había sido
ministro de Economía de La Rioja cuando Menem gobernaba
esa provincia.

En un improvisado paquete de medidas, el nuevo ministro
liberó el mercado de cambios, dejando flotar libremente el
dólar, volvió atrás con el aumento de las
retenciones, para incentivar la liquidación de divisas por parte
de los exportadores agropecuarios y mantuvo el aumento de tarifas
dispuesto por su antecesor.

Diciembre cerró con una
inflación del 40%, acumulando casi un 5.000% en el
año, una caída del poder de compra del salario del
33% y una contracción de la economía del 4,8%. Ese
mes, el valor del dólar, que había sido fijado en
650 australes por unidad al inicio del gobierno, alcanzó
un promedio de 1.137 australes. La hiperinflación se
había instalado nuevamente.

Las elecciones presidenciales del 24 de octubre de 1999
consagraron al binomio Fernando de la Rúa-Carlos
Álvarez como claro triunfador con un 48,4% de los
votos.

El primer gabinete de la gestión
de la gestión Fernando de la Rúa tenía una
singularidad: cuatro de sus integrantes eran economistas.
José L. Machinea, designado ministro de Economía;
Ricardo López Murphy, ministro de Defensa; Adalberto
Rodríguez Giavarini, ministro de Relaciones Exteriores, y
Juan Llach, ministro de Educación.

El discurso
inaugural del Presidente fue breve y eminentemente
retórico. Su preocupación fundamental era el
equilibrio del
presupuesto. Todo
era conceptos vagos y generales. Uno de los párrafos de su
discurso era premonitorio: "(.) para este presidente lo
importante no es el aplauso, que naturalmente se recibe en el
momento de llegar y asumir, sino el que pueda recibir en el
momento de dejar la función y
entregar el mando a otro presidente elegido por el pueblo".

Su despedida no pudo estar más distante de los
aplausos.

Al haber rechazado la dolarización y la devaluación, el
gobierno sólo tenía una opción de política
económica: lograr una reestructuración
voluntaria ordenada de la deuda que, en teoría,
podría restituir el equilibrio, al menos durante
algún tiempo. Si eso se lograba, ya habría
ocasión después de ensayar alguna otra salida.
Hacia allí se encaminaron los esfuerzos de Machinea.

El prerrequisito indispensable para recorrer ese camino era un
ajuste fiscal que demostrara que la Argentina tenía
voluntad política para ordenar
sus cuentas y una
capacidad de pago razonable hacia futuro. De lo demás se
encargarían los bancos de inversión.

De la Rúa pidió a la dirigencia política
tres herramientas
para reordenar la economía: un pacto fiscal con los
gobernadores provinciales, la aprobación del presupuesto
para el año siguiente y una reforma tributaria. Con
rapidez inusitada, todas las leyes necesarias
estuvieron aprobadas a fines de diciembre.

(2000) La reforma tributaria -conocida como el
impuestazo- fue un duro golpe, en especial para la clase media,
ya que estableció que el impuesto a las
ganancias alcanzaría a niveles salariales hasta entonces
exentos. Además, se extendió el impuesto al valor
agregado a rubros como el transporte y
la medicina
prepaga y se aumentaron los impuestos
internos sobre los cigarrillos, el agua
mineral y bebidas gaseosas y alcohólicas. Fue un comienzo
duro.

Después de una breve tregua inicial, los industriales
volvieron a ponerse en primera fila de los reclamos por la falta
de competitividad
frente a Brasil.
Todavía en el sector productivo se evitaba hablar
abiertamente de devaluación. La Unión Industrial
Argentina elaboró un documento en el que afirmaba que a lo
largo de 1999 unas cien empresas
habían emigrado a Brasil. Los gobernadores de Santa Fe,
Córdoba, Buenos Aires y otros distritos con presencia
industrial se reunieron con el Presidente para tratar la
situación. El gobernador de la Provincia de Buenos Aires,
Carlos Ruckauff, dio un paso más y propuso que se fijara
un dólar especial para exportar a Brasil. Con su calma
habitual, el primer mandatario les aseguró que "ni una
fábrica más abandonará el país".

A principios de febrero el gobierno recibió una
bocanada de oxígeno
bajo la forma de un nuevo acuerdo con el FMI por 7.200
millones de dólares, que el organismo calificó como
de carácter "precautorio". Este tipo de
préstamos tiene la característica de que no son
efectivamente desembolsados, sino que se mantienen a
disposición del país como una suerte de seguro frente a
una emergencia.

Pero la economía seguía estancada y a los pocos
meses -en mayo- tuvo lugar otro ajuste fiscal que incluía
una reducción entre 12% y 15% en los sueldos del sector
público mayores a 1.000 pesos y un nuevo impulso al
proceso de desregulación de las obras sociales.

Tras cuatro meses de debate, el
Congreso también aprobó una ley de reforma
laboral que,
entre otras cuestiones, introducía cambios en la negociación salarial y extendía la
duración del período de prueba.

Como reacción al nuevo ajuste, el 9 de junio tuvo lugar
un paro general
que alcanzó gran adhesión en todos los sectores.
Todavía el gobierno conservaba un grado importante de
apoyo política, a la vez que era crecientemente
cuestionado por la falta de reacción de la economía
frente a las medidas que ponía en marcha.

En el exterior, especialmente en el FMI, la situación
era seguida con atención. En su discurso público los
funcionarios del FMI aparentaban calma. En el mundo financiero
internacional, sin embargo, desde hacía algún
tiempo se desarrollaba una intensa discusión sobre las
operaciones de
salvataje encabezadas por el FMI. Varios destacados economistas
planteaban que los acreedores externos no debían ser
eximidos de sus pérdidas en caso de crisis.

En febrero de 1998, Charles Calomiris, un conocido
académico de la Universidad de
Columbia, realizó una larga exposición
sobre el tema ante el Comité Económico Conjunto del
Congreso de los Estados Unidos.
Decía Calomiris:

En primer lugar los que toman las decisiones deberían
conocer que los salvatajes ("bailouts") del FMI, como los de
México y
Asia son
contraproducentes. El FMI puede contribuir mejor a la estabilidad
financiera internacional comprometiéndose a no aislar de
las pérdidas a los acreedores internos y externos. Cuanto
más se fuerce a los países en desarrollo a hacerse
cargo de sus propias insolvencias fiscales, y cuanto más
se obligue a los inversores extranjeros a cargar con los costos
de sus decisiones de inversión, más se
sentirán atraídos los países en desarrollo
por los beneficios de una economía libre.

Adoptando una solución a medio camino, en abril de 1999
el FMI introdujo un mecanismo denominado Líneas de
Crédito
Contingente, que tenía el propósito de proporcionar
ayuda especial de gran magnitud a países que enfrentaban
dificultades en sus cuentas externas, pero sólo si se
trataba de un "efecto contagio", es decir, como resultado de
crisis en otros países.

Sin embargo, el debate seguía en pie. Nouriel Roubini,
un prestigiosa economista, por entonces asesor económico
de la Casa Blanca y del Tesoro de los Estados Unidos,
sostenía que debía ser el propio FMI el que
encabezara estas operaciones de reducción de deuda.

Según el periodista del "Washington Post", Paul
Blustein, el FMI decidió en sigilo encargar a un grupo de
expertos un plan para la Argentina siguiendo esos lineamientos:
el "Plan Gamma".

A fines de octubre, en una conferencia de
prensa, un
periodista le preguntó al director de Relaciones Externas
del FMI, Thomas Dawson, si la Argentina estaba buscando obtener
una línea de crédito contingente del tipo de las
creadas en 1999. El avezado vocero del FMI no pudo evitar que sus
respuestas fueran tan contradictorias como para que los
periodistas insistieran una y otra vez sobre el punto. Al final
quedó relativamente "claro" que Argentina estaba
participando en un rediseño de ese mecanismo para hacerlo
más accesible y que los funcionarios argentinos
había expresado interés en el mismo, aunque
formalmente no lo habían pedido. Una diferencia sutil.

Hacia noviembre el "Plan Gamma" ya había tomado forma a
través de un documento secreto. El plan contemplaba dos
escenarios. En el primero, el gobierno reestructuraba su deuda,
no se producía una corrida bancaria y la convertibilidad sobrevivía. En el segundo,
la corrida tenía lugar y la convertibilidad colapsaba.

La burocracia del
FMI no estaba nada dispuesta a tomar este riesgo sobre sus
espaldas, de modo que la solución se fue encaminando hacia
un nuevo acuerdo de tipo convencional. Las condiciones exigidas
para ese acuerdo aumentaban la tensión política y
social, pero el gobierno ya estaba embarcado en un camino sin
retorno. En un breve mensaje personal, el 9 de
noviembre De la Rúa anunció nuevas medidas de
ajuste.

El apoyo del FMI llegó a la mañana siguiente en
la voz del propio director gerente, Horst
Kölher: "Los pasos anunciados por el presiente De la
Rúa anoche demuestran su fuerte liderazgo y
representan un significativo fortalecimiento de la
política económica argentina como también
una evidencia más del compromiso con el tipo de políticas
que se han seguido tan exitosamente por más de una
década".

El 24 de noviembre el gobierno enfrentó un nuevo paro
general, mientras los mercados contenían el aliento en
espera del resultado de las negociaciones con el FMI.

Finalmente, el 18 de diciembre el paquete se hizo realidad
bajo la forma de una ayuda sin precedentes denominada "blindaje",
que configuraba un monto global en dólares de 39.700
millones, aportados por el FMI (13.700 millones), el BID y el
Banco Mundial
(2.500 millones cada uno), las AFJP locales (3.000 millones), el
gobierno de España
(1.000 millones), los principales bancos locales (10.000
millones) y un mecanismo de canje de la deuda (7.000
millones).

La magnitud de la operación era la respuesta a una
realidad acuciante y fue vista por muchos analistas -en especial
en el exterior- como una "última oportunidad" de sostener
la paridad uno a uno del peso con el dólar.

El año concluyó bastante peor de lo que se
había previsto. La economía se achicó un
0,8% y en los sectores industrial, agropecuario y de la construcción la recesión fue incluso
bastante más fuerte. La inversión cayó casi
un 7%, acumulando en dos años un 20% de
retracción.

A lo largo del año, los argentinos terminaron por
incorporar a su lenguaje
cotidiano un concepto
extraño, el "índice de riesgo país". El
indicador proviene del corazón
del mundo financiero y, en esencia, mide la diferencia entre la
tasa de
interés que se obtiene por los bonos de la
Tesorería de Estados Unidos y los rendimientos de los
títulos de la deuda locales. Cuanto mayor la diferencia
entre estos dos rendimientos, mayor es el "riesgo país".
Cuando De la Rúa llegó al gobierno, este
índice marcaba 690 "puntos básicos", a mediados de
año el índice llegó a 858 puntos y
después del blindaje bajó a 584 puntos.

En situaciones de incertidumbre, los ahorristas son reacios a
mantener sus depósitos en los bancos. Para retenerlos,
éstos les ofrecen tasas de interés cada vez
mayores. A fines del 2000 los bancos argentinos pagaban algo
más del 9% anual por los depósitos a plazo fijo a
30 días; el doble que a nivel internacional.

Durante el año, los vencimientos de la deuda demandaron
una emisión de bonos de 12.359 millones de dólares,
por los que se llegó a pagar hasta 12% anual. La mitad de
esas emisiones fueron en euros o yenes que fueron a parar a las
manos de codiciosos -aunque, un tanto ingenuos- ahorristas
alemanes, italianos y japoneses, que nunca cobrarían los
jugosos dividendos prometidos, ni recuperarían
íntegramente su capital.

A lo largo de la historia, los bancos
colocadores de estos bonos han sido socios destacados en la
difusión del mito del
país rico. Sólo a partir de una visión
optimista del futuro es posible conseguir clientes
dispuestos a invertir.

Como, de todos modos, el mercado internacional no todo el
tiempo estaba dispuesto a recibir los papeles argentinos, ese
año se emitieron en el mercado local títulos por
10.969 millones de dólares, la tercera parte de los cuales
fue comprado por las AFJP.

(2001) El blindaje trajo un alivio temporario, se
recuperó algo la confianza y las tasas de interés
bajaron. La ilusión duró poco tiempo. En febrero la
crisis de Turquía acentuó la desconfianza
internacional sobre los países emergentes y el
estancamiento de la economía local se siguió
profundizando.

Sin más alternativas para ofrecer, el 5 de marzo
Machinea renunció y fue reemplazado por Ricardo
López Murphy, uno de los economistas de reserva que
habitaban el gabinete.

López Murphy, un destacado exponente del sector de
economistas conservadores, se encerró con su equipo doce
días a pensar qué haría y, finalmente, el
viernes 16 de marzo pronunció un discurso exponiendo su
programa de acción.

Su presentación es un buen exponente del predominio de
la retórica ideológica por sobre las respuestas
concretas que una crisis demanda de los gobernantes.

En uno de los párrafos introductorios en nuevo ministro
decía:

La nostalgia de la Argentina grande viene de un período
en que nuestro país era un actor importante en el
escenario internacional (.) Fue cuando estuvimos integrados al
mundo cuando mejor nos fue, y es por ello que un eje insoslayable
de una política económica ganadora debe estar en
una mayor integración a la economía
mundial.

¿De qué hablaba este hombre que el
Presidente había convocado para conjurar la crisis? El
atraso cambiario había conducido a un aluvión de
importaciones y
un enorme déficit en la balanza
comercial. No había restricción alguna a la
inversión
extranjera ni a las transferencias de utilidades al exterior.
Las empresas de servicios
públicos habían sido privatizadas con
predominante participación de capitales internacionales.
En suma, la apertura de la economía era total.

Con un tono altisonante que ocultaba la falta de un diagnóstico adecuado de la
situación, el ministro afirmaba: "Sobre este punto quiero
ser claro, lo diré una sola vez: salir de la
convertibilidad sería un error de proporciones impensables
para la Argentina".

A cambio, el
nuevo ministro proponía un programa centrado en corregir
el déficit fiscal. Un propósito laudable, sin duda,
pero que a esas alturas no podía ser abordado
aisladamente, ni resolvía por sí mismo los enormes
desequilibrios de la economía.

Para colmo, varias de las medidas que propuso eran sumamente
impopulares, en medio de una situación política que
se deterioraba rápidamente: despido de empleados
públicos, nuevas privatizaciones y la reducción de las
transferencias a las provincias con destino a la educación,
así como el recorte del presupuesto de las universidades
nacionales.

Los ministros de Educación e Interior renunciaron en
desacuerdo con las medidas. Los gremios docentes y
otros sectores sindicales anunciaron medidas de fuerza para
los días siguientes y luego la calle se pobló con
las manifestaciones estudiantiles de rechazo al recorte en el
presupuesto educativo.

El clima de
confusión se empinó, cuando trascendió que
se habían iniciado contactos con Domingo Cavallo, con
vistas a su incorporación al gobierno, en el marco de un
desesperado intento del Presidente por conformar un gobierno de
unidad nacional que también incluyera al FREPASO y al
justicialismo.

Finalmente, López Murphy renunció y el 20 de
marzo de 2001, Domingo Cavallo volvió al Ministerio de
Economía. Por extraña coincidencia ese día
se cumplían diez años del anuncio del envía
al Congreso del proyecto de ley
de convertibilidad de la moneda.

A partir de marzo del año 2001, la nueva gestión
económica argentina impulsó un conjunto de cambios
que funcionalizaron la institucionalidad económica del
país al solo objetivo de
mantener en pie la convertibilidad, creando condiciones que -tras
el colapso del sistema- harían mucho más compleja y
costosa la salida.

El Congreso aprobó una legislación que delegaba
en el Poder
Ejecutivo importantes facultades legislativas en materia
económica. Casi de inmediato se puso en vigencia el
impuesto a los créditos y débitos bancarios y un
sistema de incentivos a la
producción denominado "planes de
competitividad" que proveía beneficios fiscales a cambio
de diversos compromisos en materia de producción y
empleo. El
complejo sistema atomizó la estructura
tributaria y rindió escasos resultados.

Hasta la sacrosanta apertura de la economía
experimentó cambios drásticos. Se aumentaron los
derechos de
importación de bienes de
consumo desde
fuera del Mercosur y se
redujeron a cero los de bienes de capital. El resultado fue una
reorientación del comercio hacia
Brasil.

En abril, el gobierno envió una nueva Ley al Congreso
incluyendo al euro dentro del cálculo de
la convertibilidad, lo que aumentó la desconfianza del
mercado en la solidez del sistema cambiario. En junio se puso en
marcha un sistema de canasta de monedas entre el peso, el
dólar y el euro, denominado factor de convergencia,
mediante el cual se gravaban importaciones y se subsidiaban
exportaciones. En julio se sancionó una reforma tributaria
que modificaba impuestos e imponía una regla de
"déficit cero" para el manejo del gasto público,
limitando las erogaciones al nivel de los ingresos efectivamente
percibidos.

En agosto -presionado por los
gobernadores- el Gobierno Nacional instrumentó un programa
de cancelación de su deuda con las provincias, mediante la
emisión de un título, denominado LECOP, que
también se incorporó como una cuasi moneda y que,
en la práctica significó una ruptura del
límite de emisión para financiar el gasto
público establecido por la Ley de
Convertibilidad.

Acuciado por un calendario de
vencimientos de la deuda
pública que hacía poco creíble cualquier
ajuste fiscal, en junio y en noviembre el gobierno realizó
diferentes operaciones de canje de títulos de la deuda,
apelando, esencialmente, a los inversores institucionales y a los
tenedores de deuda nacionales, que muy escasamente tenían
un camino distinto que aceptar las nuevas condiciones. El mercado
de nueva deuda, en cambio, estaba virtualmente cerrado. En abril,
el gobierno tuvo que suspender una licitación de
títulos públicos por falta de demanda y en julio
pagó una tasa del 14% por la colocación de US$ 827
millones en bonos a 90 días.

En ese contexto, mantener el apoyo de los organismos
internacionales de crédito pasó a transformarse en
una cuestión crucial. En mayo de 2001, pese a la
caótica situación, el FMI aprobó la
revisión de metas del programa vigente desde enero de ese
año y en agosto concedió 8.000 millones de
dólares adicionales de financiamiento
que -junto a los desembolsos previos- se consumieron en la
imparable hoguera de la fuga de capitales.

Ninguna de estas medidas lograba
contener los retiros de depósitos, cada vez más
masivos, ni la contracción en los préstamos, que,
junto a los intentos de estabilizar la situación fiscal,
habían sumido a la economía en una profunda
situación de iliquidez.

En agosto el Congreso sancionó una ley de
intangibilidad de los depósitos que impedía adoptar
cualquier medida de restricción sobre la libre
disponibilidad de los mismos y prohibía su canje por bonos
u otros activos del
Estado
nacional. Lo que la ley no decía era cómo se
procedía frente a la corrida de depósitos que
había en curso. En realidad, cerrada cualquier alternativa
de intervención en el mercado, la opción era la
quiebra de las entidades insolventes. El Poder Ejecutivo se
abstuvo de promulgar la ley, pero tampoco la vetó y
ésta quedó firme por el sólo transcurso de
los plazos legales. Así, una vez más, el gobierno y
la dirigencia política transmitían mensajes
equívocos a una sociedad cada vez más sumida en la
confusión.

El Banco Central, por su parte, inundaba al sistema bancario
con multitud de disposiciones que intentaban infundir confianza
en medio de un clima de creciente incertidumbre.

El 14 de octubre se celebraron elecciones para la
renovación parcial de la Cámara de Diputados y el
Senado. El justicialismo se impuso en 17 de los 24 distritos
electorales. Era un escalón más de debilitamiento
del gobierno; para el triunfante candidato a senador Eduardo
Duhalde se trataba de un "ultimátum de las urnas".

En un último intento por contener
el colapso, Cavallo lanzó un nuevo plan con la
intención de reactivar el consumo: rebaja de los aportes
previsionales, devolución del IVA en las
compras con
tarjeta de débito y crédito y extensión del
pago de las asignaciones familiares. Además se
incluía una nueva moratoria impositiva, se habilitaba la
posibilidad de repatriar capitales y se reestructuraba parte de
la deuda pública con los bancos locales y las
AFJP.

Pero ya no había margen para
revertir la situación. El diario "Jornal do Brasil"
decía:

La fría realidad de los
números indica que el mantenimiento
del régimen de paridad fija entre el peso y el
dólar americano se encuentra en su momento final. La
capitulación, seguida de rendición incondicional al
régimen de libre fluctuación, es una
cuestión de días.

Finalmente, el 1º de diciembre de
2001 el gobierno impuso un particular congelamiento de los
depósitos bancarios, conocido como el "corralito", que
establecía que no se podían realizar extracciones
en efectivo superiores a los US$ 250 semanales por cuenta,
mientras que los depósitos a plazo fijo eran convertidos
en depósitos a la vista a media que se producía su
vencimiento.
El dinero
inmovilizado en los bancos podía ser utilizado mediante
emisión de cheques o a
través de tarjetas de
débito o crédito. El 30 de noviembre, día
anterior a la imposición de la medida, los depositantes
del sistema financiero habían retirado en una sola jornada
1.500 millones de dólares.

La estructura del corralito seguía la filosofía de huida hacia delante propia de
casi todas las medidas del período. En los 16 días
posteriores a su implantación se registró la
apertura de 600.000 nuevas cuentas bancarias, con lo que -aunque
a menor ritmo- los retiros de depósitos continuaron. Miles
de nuevos titulares de cuentas se abalanzaban a retirar 250
dólares semanales. El fenómeno fue conocido como el
"goteo".

Junto a las medidas sobre la disponibilidad de los
depósitos, se impuso un severo control de cambios que
paralizó las operaciones de comercio
exterior.

En la práctica, la convertibilidad había dejado
de existir y sólo se conservaba una ficción.
Así lo entendió el FMI, que en esos días
anunció la suspensión de sus desembolsos y
opinó públicamente que consideraba que la
combinación de déficit fiscal, deuda pública
y régimen cambiario ya no era "sostenible".

Como es conocido, el presidente De la Rúa
renunció el 20 de diciembre, en medio de graves
alteraciones del orden público y, luego de un breve
interinato, fue sucedido por Adolfo Rodríguez Saá,
cuyo principal acto de gobierno fue la declaración de
"default" de la deuda externa.

El balance del año 2001 es propio
de una economía en situación de colapso. El PBI se
contrajo 4,4%, siguiendo un derrotero de declinación que
se agravó a medida que transcurría el año.
En los últimos meses de éste la actividad
económica retrocedía a un equivalente anual del 11
por ciento.

A lo largo del año, los
depósitos en el sistema financiero se redujeron en 20.854
millones de dólares, es decir que se perdió
aproximadamente la cuarta parte del total. A partir de mediados
de año varios importantes bancos del sistema agotaron sus
recursos propios para atender los retiros de los ahorristas y el
Banco Central comenzó a auxiliarlos mediante crecientes
préstamos (denominados operaciones de pase y redescuento).
La contracción del sistema se tradujo en una
disminución de casi 12.000 millones de dólares en
el "stock" de préstamos al sector privado.

El déficit total del sector
público ascendió a la sideral suma de 17.000
millones de dólares, la deuda pública se
elevó a 144.000 millones de dólares y se perdieron
12.371 millones de las reservas internacionales, es decir el 46%
de las que existían al comienzo de la crisis.

El país se inundó de
títulos provinciales que circulaban como moneda corriente
y que llegaron a totalizar uno 8.000 millones de dólares:
Lecop, Patacón, Lecof, Federal, Cecacor, Bocado, Quebracho
Boncafor, Petrom y algunos más incorporaron, junto con un
nuevo léxico, una anarquía monetaria similar a la
de fines del siglo XIX.

En el plano social, el desempleo
ascendió al 18,3% y la población por debajo de la
línea de pobreza
llegó al 38% del total.

Lo ocurrido en los nueve meses finales de la gestión
del presidente De la Rúa es un compendio de la debilidad
institucional de la Argentina, la falta de liderazgo
político y la proclividad de un amplio sector de la
población a adherir a políticas engañosas
que producen positivos -aunque ilusorios- efectos en el corto
plazo.

También es un buen testimonio de la inexistencia de un
sistema financiero internacional capaz de actuar responsablemente
respecto de los cientos de miles de pequeños inversores
que cotidianamente colocan sus ahorros siguiendo los consejos de
los bancos que los asesoran. En este contexto, el papel del FMI,
el fiel de la balanza en esta materia, es posiblemente la
máxima expresión de un fracaso profundo que
cuestiona las bases del sistema montado en Bretton Woods
después de la Segunda Guerra
Mundial.

Efectos colaterales: And the winner is. (Todas las
"esperanzas" (?) puestas en el Fondo Monetario
Internacional)

– Rumanía negocia con el FMI y la UE un préstamo
de 19.000 millones (El Economista – 18/3/09)

El Gobierno rumano está negociando con el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y la Unión
Europea (UE) la concesión de un crédito de
emergencia por 19.000 millones de euros para evitar un colapso
financiero del país balcánico, asegura la prensa
local hoy.

Según la agencia Mediafax, el primer ministro rumano
Emil Boc informó a los miembros de su gabinete ayer que
12.000 millones provendrán del FMI y el resto del Banco
Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD), la
UE y el Banco Mundial. El acuerdo para el crédito
será firmado por un período de dos años,
agregaron las fuentes
citadas por la agencia.

El presidente del país, Traian Basescu, aseguró
anoche en una entrevista en
televisión que la cantidad del
préstamo podría ser de cerca de 20.000 millones de
euros.

– El pinchazo de las burbujas de Europa del Este
(Libertad
Digital – 18/3/09)

(Por Richard M. Ebeling)

Los antiguos países soviéticos tienen una deuda
total de entre 1,5 y 2 billones de dólares
contraída con sus acreedores occidentales. De este total,
alrededor de 400.000 millones de dólares tienen que
repagarse o refinanciarse en 2009.

Mientras la economía americana continúa
sufriendo la debacle del pinchazo de las burbujas de la vivienda,
la inversión y la deuda al consumo, las economías
europeas también están atravesando su propia
recesión post-burbuja. Pero el declive de sus
economías puede empeorar pronto debido a una grave crisis
de deuda en la Europa del Este.

Desde el colapso del comunismo en
Europa del Este en los primeros años de los 90, todas las
economías cautivas que habían estado bloqueadas
dentro del Telón de Acero, han
caminado hacia reformas de mercado de sus economías.
Algunas de ellas, especialmente Polonia, República Checa,
Hungría y las repúblicas bálticas de
Estonia, Letonia y Lituania, dieron pasos importantes para
superar décadas del fracaso socialista de la planificación centralizada.

La inversión directa extranjera y la formación
de capital doméstico respiraron nueva vida, en
economías estancadas durante mucho tiempo. La industria y
agricultura
florecieron, siguiendo la restauración de los derechos de
propiedad
privada y un relativamente amplio grado de competencia en el
mercado. También experimentaron grandes incrementos en el
turismo, a medida
que las grandes y encantadoras ciudades del viejo mundo como
Praga y Budapest, atraían cada año a decenas de
miles de visitantes de todo el mundo.

Pero una buena parte de esta vitalidad económica fue
financiada con capital prestado, siendo una proporción
importante proveniente de bancos e instituciones
financieras de la Europa occidental. Estos antiguos países
soviéticos tienen una deuda total de entre 1.5 y 2
billones de dólares contraída con sus acreedores
occidentales. De este total, alrededor de 400.000 millones de
dólares tienen que repagarse o refinanciarse en 2009.

La tabla de abajo muestra que
muchos de estos países se enfrentan a una significativa
carga en la financiación de la deuda como porcentaje de su
Producto Interior Bruto (PIB), y que
son muy dependientes de sus ventas
exportadoras para pagar lo que deben.

Fuente: Economist.com

Letonia y Hungría están enfrentándose a
una de las peores de las crisis domésticas debido a la
carga de sus deudas. Los inversores y consumidores letones y
húngaros vieron más atractivo pedir prestado dinero
a los bancos y fuentes de financiación de la Europa
occidental que pedir prestado de sus mercados
financieros nacionales, debido a los tipos de interés
más bajos de los primeros.

El problema es que estos préstamos estaban denominados
y eran pagaderos en euros, no en sus monedas locales. Si las
exportaciones se reducían o el valor de las monedas
locales caía en relación con el euro, los costes de
financiar estas deudas serían más gravosos. Eso es
exactamente lo que ha estado sucediendo.

Durante el último medio año, la economía
letona empeoró drásticamente. Es probable que la
economía se contraiga un 12% en 2009, según el
Fondo Monetario Internacional (FMI). La economía
húngara se estima que lo haga en un 6% este año. La
mayor parte de esta contracción se está debiendo a
la reducción de las exportaciones.

En Letonia se sucedieron violentas manifestaciones el
último mes, cuando el gobierno propuso implementar las
demandas del FMI para la austeridad fiscal, con el fin de recibir
asistencia financiera. Eso llevó al derrocamiento del
gobierno de Riga. El FMI ya había prestado alrededor de
4.000 millones de dólares a Letonia, pero ha retrasado
cualquier ayuda financiera hasta que no se produzcan recortes en
el sistema de bienestar u otros programas
gubernamentales.

Al mismo tiempo, muchas de las monedas de los países de
Europa del Este que no se han unido todavía al euro, han
estado experimentando notables caídas en los mercados de
divisas. En los últimos seis meses, por ejemplo, el Zloty
polaco ha caído cerca de un 30% contra el euro. El
Florín húngaro se ha reducido en un 22%, y la
Corona checa más del 12%. La Hryvnia ucraniana ha perdido
alrededor de un 40% de su valor en relación con el euro.
Esto ha tenido su impacto en los gobiernos, los inversores
privados y los consumidores.

En Hungría, muchos propietarios de casas pidieron
prestado dinero del exterior y tienen sus pagos hipotecarios
denominados en euros. Como ha caído el valor del
florín, eso ha aumentado dramáticamente el coste de
los pagos mensuales de la hipoteca, con lo que los impagos y las
confiscaciones de casas están creciendo. El FMI ha
prestado al gobierno húngaro, hasta ahora, algo más
de 8.000 millones de dólares para ayudar al gobierno a
cubrir los gastos de su
deuda.

El grado en que esta crisis de la deuda está afectando
a la Europa del este no es uniforme. Las economías checa y
polaca permanecen relativamente fuertes en comparación con
algunos de sus vecinos más tocados. Ambas naciones pueden
incluso acabar 2009 con tasas de crecimiento moderadas si la
recesión global no empeora demasiado.

El impacto sobre los bancos en la Europa occidental tampoco es
uniforme. Las instituciones financieras que pueden ser más
fuertemente afectadas están en Italia y Austria,
que son las que tienen una mayor exposición. Los bancos
austriacos, por ejemplo, han prestado a Europa del este sumas que
están cerca del 70% de su PIB, y los bancos italianos no
están muy por detrás.

A principios de marzo, los analistas de JP Morgan estimaron
que los bancos europeos necesitarían al menos 50.000
millones de dólares antes de 2010 para compensar los
peores "préstamos tóxicos" que están en sus
balances, concedidos a la emergente Europa del este. Muchos de
estos bancos han criticado las estimaciones de Morgan como
exageradas. Pero cualesquiera que estos números lleguen a
ser este año o el siguiente, los prestatarios de Europa
del este y sus prestamistas occidentales están en
apuros.

(Artículo elaborado por Richard M. Ebeling, publicado
originalmente en American Institute for Economic Research)

– El FMI modifica una línea de crédito para
atraer interesados (The Wall Street Journal – 20/3/09)

Los países en desarrollo han evitado el préstamo
"flexible" por temor a que parezcan débiles

(Por Bob Davis)

Con la intención de ayudar a países en
desarrollo a hacerle frente a la crisis global, el Fondo
Monetario Internacional planea incrementar un programa de
préstamos de US$ 100.000 millones anunciado en octubre que
no atrajo siquiera a un solo prestatario.

Altos funcionarios del FMI dijeron que el programa revisado,
conocido como la línea de crédito flexible,
actuaría como una línea de crédito para
países con políticas económicas que el FMI
considera saludables, pero que enfrentan marcados declives en su
crecimiento.

Aunque esos países han evitado hasta ahora lo peor de
la crisis, están siendo golpeados por una caída
precipitada en los préstamos bancarios y el comercio.
Funcionarios del FMI dicen que su intención es evitar que
los problemas se
agraven en dichos países, algo que podría debilitar
aún más a los bancos de EEUU y Europa, así
como a los exportadores.

Para el FMI, la revisión constituye un nuevo esfuerzo
para labrarse un rol principal en el manejo de la crisis global
antes de que los líderes del G-20, el grupo de 20
países industrializados y en desarrollo, se reúnan
en Londres para una cumbre el 2 de abril. Los líderes
probablemente aprobarán al menos duplicar las reservas de
préstamos del FMI a US$ 500.000 millones y gran parte de
esos fondos se destinarían a la línea de
crédito flexible.

Un estudio del FMI publicado el jueves, que previó que
la recesión global está empeorando,
propulsará el trabajo del
FMI al corazón de la agenda del G-20. El informe
estimó que el PIB global se reducirá de 0,5% a 1%
en 2009, la primera contracción desde la Segunda Guerra
Mundial, y se recuperaría algo en 2010, a un
crecimiento de entre 1,5% y 2,5%. El FMI considera un crecimiento
global de menos de 2,5% una recesión.

En el cuarto trimestre de 2008, según el informe del
FMI, el crecimiento cayó 5% en una base anualizada. Un
funcionario del FMI dijo que la economía mundial se
está contrayendo a "una tasa similar" en el trimestre
actual.

A fines de 2008, el FMI empezó una campaña para
combatir décadas de desconfianza, especialmente en
América
Latina y Asia, donde el organismo tiende a ser asociado con la
imposición de duras demandas a países en
crisis.

Bajo el programa de préstamos flexibles, el FMI
anunció que "preaprobaría" a los países
cuyas políticas consideraba acertadas. El Fondo
también aseguró que no exigirá cambios
significativos de política económica a los
países que pidan préstamos.

La mayoría de países no cumplía los
requisitos para recibir este tipo de préstamo.
Turquía, por ejemplo, que está negociando un
acuerdo de préstamo con el FMI, ha postergado su
aprobación hasta después de las elecciones
municipales del 29 de marzo. El país no quiere aceptar
restricciones sobre gastos del FMI potencialmente impopulares,
aunque el FMI ha relajado sus demandas a medida que la
economía turca empeoraba.

El FMI dice que ni un solo país solicitó este
tipo de préstamo. La principal razón es el temor de
repercusiones negativas en los mercados local e internacional,
que podrían interpretar el préstamo como una
señal de debilidad.

Los ministros de Finanzas
dijeron al FMI que algunos detalles de los préstamos eran
poco atractivos. El FMI ofrecía préstamos de tres
meses de hasta cinco veces su contribución financiera al
Fondo. El nuevo programa, que se espera sea aprobado por la junta
ejecutiva del FMI la próxima semana, busca eliminar los
puntos criticados por ministros de finanzas y economistas. El
Fondo planea ofrecer estos préstamos como líneas de
crédito, para que los países sólo los
utilicen si los necesitan, y no paguen intereses a menos que usen
el dinero.

Los detalles finales están siendo concretados. Pero el
FMI espera eliminar los límites a
las sumas que pueden tomar prestadas los países, aunque en
la práctica probablemente limitará esa cantidad a
10 veces su cuota de contribución. También
reducirá tarifas y alargará el plazo del
préstamo a entre seis meses y un año.

El FMI espera persuadir a algunos países en desarrollo
con economías más sanas a que utilicen la
línea de crédito y así darle credibilidad al
programa. Un blanco es México, cuyo secretario de
Hacienda, Agustín Carstens, es un ex vicedirector del
Fondo, dicen dos funcionarios del FMI.

El Fondo no tiene la promesa de ningún país de
que tomará prestado bajo la nueva línea de
crédito, en parte, porque los miembros quieren examinar
los detalles del acuerdo de préstamo. La secretaría
de Hacienda de México no ha respondido los pedidos de
comentarios.

– Europa tranquiliza a sus socios más necesitados
(Negocios –
20/3/09)

La UE ha querido dejar clara su voluntad de ayudar a los
países más golpeados por la crisis. Para
demostrarlo, doblará hasta 50.000 millones de euros los
fondos para apoyar a los socios con desequilibrio en la balanza de pagos
y dará un crédito de 75.000 millones al Fondo
Monetario Internacional.

Los líderes de los Veintisiete, reunidos ayer y hoy en
Bruselas, han descartado adoptar nuevas medidas de
estímulo fiscal para reactivar la economía, como
reclama Estados Unidos, y han reiterado que la prioridad ahora es
la reforma del sistema financiero internacional. Pero
también han tratado de dejar patente la solidaridad
europea y su compromiso tanto con los Estados miembros más
débiles como con los de otras áreas
económicas.

Por eso, y aunque consideran que todavía hay dinero
suficiente (15.400 millones de euros) en la línea de
crédito para asistir a los Estados miembros fuera del euro
cuya estabilidad financiera se vea amenazada, anunciaron un
aumento de su límite hasta 50.000 millones. Los
Veintisiete ya incrementaron en diciembre el citado umbral de
12.000 a 25.000 millones de euros y hoy volvieron a hacerlo, para
confirmar que, si hace falta, "cuenta con margen", explicó
el primer ministro checo, Mirek Topolanek, al término del
encuentro.

Asimismo, los europeos han anunciado que están
dispuestos a facilitar un préstamo al FMI por un importe
total de 75.000 millones de euros (algo más de 100.000
millones de dólares) para mejorar su respuesta a la crisis
y garantizar que puede asistir a las economías más
acuciadas.

El FMI dispone de 250.000 millones de dólares para ese
objetivo -de los que ya ha utilizado 50.000 millones-, pero
calcula que va a necesitar el doble de esa cantidad.

En el marco de los preparativos de la cumbre del G20 el 2 de
abril en Londres, la UE decidió unirse a Japón, que
ya se había ofrecido a facilitar a la institución
con sede en Washington un préstamo de 100.000 millones de
dólares.

Además, tras varios meses de negociación, los
líderes de los Veintisiete dieron también su visto
bueno a la utilización de 5.000 millones de euros del
presupuesto comunitario para proyectos
energéticos y medioambientales y para extender la banda ancha en
zonas rurales.

Los países han batallado duramente sobre el reparto de
los fondos, de los que España obtendrá en total
337,5 millones de euros para interconexiones de electricidad y
gas y para un
proyecto de captura de carbono.

Para satisfacer las exigencias de Alemania, se
han comprometido a que la ejecución de los proyectos
beneficiarios comience antes del fin de 2010, aunque esto parece
difícil en el caso del gasoducto Nabucco (al que se
destinarán 200 millones de euros), cuya conclusión
no está prevista hasta 2013.

La reforma del sistema financiero, prioridad

Desde la presidencia de turno de la UE, Topolanek,
volvió a resaltar el cuantioso esfuerzo que está
haciendo Europa para combatir la crisis -que cifró en el
3,3 por ciento del PIB de la UE, cerca de 400.000 millones de
euros, entre 2009 y 2010- y vaticinó que las medidas
irán
teniendo efecto gradualmente.

Antes de decidir si son necesarias nuevas inyecciones de
dinero a la economía, los europeos prefieren esperar a ver
el efecto de las iniciativas ya puestas en marcha, como
explicó al término de la reunión el
presidente español,
José Luis Rodríguez Zapatero, que consideró
que gran parte de las medidas están empezando a tener
reflejo en la economía real.

Aunque en el Consejo Europeo ha quedado claro que la UE no va
a responder en la cumbre de Londres a la petición
estadounidense de aprobar nuevos paquetes fiscales, el presidente
de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso,
ha tratado de minimizar las diferencias de estrategia entre los
dos bloques del Atlántico.

Los socios europeos del G20 consideran que éste es el
momento de concentrarse en la reforma del sistema financiero y
acudirán a la cita de la capital británica con un
amplio catálogo de propuestas en ese sentido, que van
desde reforzar el FMI a endurecer la regulación de los
bancos y las agencias de calificación de riesgos y
aumentar la presión
sobre los llamados "paraísos fiscales".

"Tenemos que trabajar en todos los frentes", recalcó
Durao Barroso, que insistió en que, a nivel global, hace
falta tanto un estímulo fiscal coordinado como la reforma
del funcionamiento de los mercados internacionales.

"Sin estímulo no tendremos recuperación, pero
sin reforma financiera la recuperación no será
sostenible", señaló el mandatario
portugués.

– Polvorín en la Europa emergente (Expansión –
22/3/09)

(Por S. Pérez / A. Redondo)

La gran promesa europea se desvanece. Las perspectivas
económicas de los países del Centro y el Este de
Europa se han deteriorado significativamente, en especial en
Hungría, Rumanía y Bulgaria.

La gran promesa económica europea se desvanece.
Después de unos años de crecimiento efervescente,
los países del centro y el este del viejo continente
atraviesan por dificultades sin precedentes y amenazan la
frágil estabilidad de sus vecinos.

La delicada situación de la región ha disparado
las alarmas de los líderes de la Unión Europa y de
los organismos multilaterales, que se están mostrando
prestos a brindar ayudas multimillonarias a unos estados que, en
medio de la recesión económica mundial, se
enfrentan a una crisis en sus balanzas de pagos y a un grave
riesgo de colapso financiero.

No pocos expertos sostienen que Europa emergente se vislumbra
como un polvorín para la economía global, y
particularmente para los bancos de determinados países de
Europa Occidental, como Austria, Italia y Alemania, ya que sus
entidades financieras tienen una significativa exposición
a la región.

Desplome de la divisas

De momento, la cotización de las divisas de varios
países del este y centro de Europa se han visto
fuertemente castigadas durante los dos primeros meses de 2009.
Pese a que en las últimas semanas la agitación se
ha moderado, el zloty polaco se ha depreciado un 10,37% respecto
al euro en lo que va de año; el florín
húngaro se ha dejado un 12,24%, y el leu rumano, un
6,36%.

Esta depreciación generalizada de las monedas
está impactando en los gobiernos, los inversores y los
consumidores, que se han visto obligados a despertar de golpe del
sueño de abundancia que trajo el proceso de reformas
puesto en marcha para la incorporación de muchos de los
países de la región a la UEM.

¿Qué ha fallado? "Los bancos de Europa
Occidental empezaron a prestar dinero a la región,
atraídos por los altos intereses de los márgenes y
la fuerte demanda de créditos. Los inversores financieros
también vieron la oportunidad que se les presentaba con la
convergencia europea y durante años los ingresos de su
cartera aumentaron con el rally de las divisas de la zona,
así como de los bonos y las bolsas. Ahora las perspectivas
en Europa del Este se han deteriorado significativamente por
causa de la inflación, la sobrevaloración de los
mercados de renta variable, una mayor y más dura
competencia y unas monedas más fuertes", explica Alastair
Reynolds, director de inversión en renta variable de
mercados emergentes mundiales de Scottish Widows Investment
Partnership (SWIP).

Según José Carlos Díez, economista jefe
de Intermoney, el problema surgió porque la fuerte
creación de empleo derivada de la inversión
extrajera activó un boom de demanda interna y la
apreciación de sus divisas coincidió con la Edad de
Oro del
crédito mundial, lo cual incrementó los incentivos
para endeudarse en moneda extranjera. Los tipos de
financiación en euros o francos suizos eran inferiores a
los domésticos y la apreciación de sus divisas
reducía el servicio de la
deuda.

La UE está dispuesta a aumentar el fondo de emergencia
para los socios del Este

"Esta estrategia es lo que se denomina estructura de
financiación invertida, ya que cuando la economía
se encuentra en su fase expansiva reduce el coste de servicio de
la deuda, pero cuando entra en recesión lo aumenta. El
efecto es procíclico, intensificando los desequilibrios en
la expansión y el ajuste en la recesión", explica
Díez.

Según Henry Stipp, gestor del fondo de mercados
emergentes de Threadneedle, lo que está ocurriendo en la
región es muy complicado porque gran parte de la deuda no
es pública, sino privada. Por ejemplo, en el caso de
Ucrania, esta última representa el 80% del total". Se
calcula que los países del centro y este de Europa tienen
una deuda total de entre 1,5 billones y 2 billones de
dólares contraída con sus acreedores occidentales,
400.000 millones de los cuales deben pagarse o refinanciarse
durante 2009.

Vacas flacas

Han llegado las vacas flacas, entre otras cosas por las
exportaciones de estos países, "concentradas
básicamente en Europa Occidental han caído
dramáticamente por la desaceleración
económica, al tiempo que han perdido valor por la
depreciación de las divisas", explica Stipp.

Así las cosas, los expertos coinciden en señalar
que las perspectivas para el área son bastante negativas,
aunque, como argumenta Stipp, también hay que contar con
la vigilancia y respaldo de los responsables económicos de
la UE y de los organismos multilaterales, como el Fondo Monetario
Internacional (FMI), "que tienen recursos para ayudar, como
hicieron en su momento con otros países –Brasil,
México o Turquía– y lo harán".
Según Díez, los estados menos afectados
serán Polonia y, sobre todo, República Checa, pero
Bulgaria, Rumanía y Hungría son firmes candidatos a
sufrir una depresión
económica este año, con caídas del PIB de
dos dígitos.

Con todo, el momento es delicado. "Los inversores tienen
buenas razones para estar asustados. La convergencia
permitió a los países de Europa del Este crecer
rápido y, además, a endeudarse fuertemente. El
desapalancamiento que actualmente está en marcha en el
sistema financiero mundial hace improbable que los países
del este europeo sean capaces de colocar emisiones cerca de los
niveles anteriores y es probable que lleve a una
desaceleración acentuada de la actividad
económica", concluye Reynolds.

Auxilio para los bancos

Una razón de peso por la que preocupa tanto el
debilitamiento de Europa emergente es el riesgo que el
frágil sector bancario europeo tiene contraído en
la región. Según los analistas de Citi, este riesgo
está valorado en más de 250.000 millones de
dólares, mientras que los expertos de JPMorgan calculaban
hace unas semanas que los bancos europeos necesitarían al
menos 50.000 dólares antes de 2010 para compensar los
peores préstamos tóxicos que están en sus
balances, concedidos en los países del centro y este de
Europa. ¿Cómo se ha conformado este problema?

Según explicaba José Carlos Díez,
economista jefe de Intermoney, recientemente en EXPANSIÓN,
"la banca local
había comercializado en la red minorista hipotecas en
divisas y había obtenido la financiación de bancos
de la Eurozona". (Las entidades austriacas son las que
están más afectadas, ya que han prestado a Europa
del este cantidades próximas al 70% de su PIB, de acuerdo
con los cálculos de varias firmas.

Y es escenarios sería "particularmente
problemático para Raffeissen, UniCredit, Erste y Swedbank,
entidades donde las pérdidas podrían acceder el 70%
de su valor tangible", de acuerdo con un informe publicado esta
semana por Deutsche Bank).

"El problema para los bancos locales es que sus pasivos en
moneda local se incrementan en la misma proporción que la
depreciación de la divisa, en el momento en el que la
economía entra en recesión y comienza a destruir
empleo, por lo que la morosidad impedirá hacer frente a la
deuda contraída", añadía Díez.

Ante la gravedad de la situación, tres bancos
internacionales -el Banco Europeo de Inversiones
(BEI), el Banco Europeo para la Reconstrucción y el
Desarrollo (BERD) y el Banco Mundial-, lanzaron a finales de
febrero un programa común, dotado con 25.000 millones de
euros, para reflotar las entidades del Este de Europa y evitar
las quiebras.

– FMI reforma política de préstamos (BBCMundo –
25/3/09)

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que
reformará el proceso mediante el cual presta dinero a los
países miembros de la institución.

En un comunicado, el FMI indicó que las modificaciones
harán más eficientes las condiciones del
préstamo, simplificará costos y ampliará el
acceso a los recursos financieros.

"Estas reformas representan un cambio significativo en la
manera en que el Fondo puede ayudar a los países miembros
y que se necesita especialmente en este momento de crisis
global", expresó el director gerente, Dominique
Strauss-Kahn.

Entre los cambios figura un mayor período de tiempo
para cancelar el préstamo (que aún así no
podrá superar los cinco años), los países
podrán recibir sumas superiores de dinero y, una vez que
califiquen para recibir la ayuda, no se les aplicará la
serie de polémicas condiciones que la institución
suele exigir a los deudores.

El FMI expresó su confianza de que el nuevo sistema sea
visto por los países miembros, como más
conveniente.

Para unos y para otros

El corresponsal de asuntos económicos de la BBC, Andrew
Walker, informó que una de las reformas clave es una nueva
línea flexible de crédito dirigida a naciones con
sólidas políticas económicas que
todavía están potencialmente vulnerables a la
crisis financiera.

Sin embargo, agregó nuestro corresponsal, pocas
naciones de bajos recursos podrán calificar para este tipo
de préstamos.

La mayoría de los que cumplen los requisitos de
elegibilidad son países ricos o con altos niveles de
desarrollo.

Para las naciones más pobres el Fondo Monetario
Internacional dice estar trabajando en fortalecer su capacidad
para brindar asistencia de emergencia.

– Rumanía acuerda un crédito de 20.000 millones
de euros con el FMI, la UE y el Banco Mundial (Cinco Días
– 25/3/09)

Rumanía recibirá un paquete de ayuda de unos
20.000 millones de euros del Fondo Monetario Internacional (FMI),
la Unión Europea (UE) y el Banco Mundial (BM) para
afrontar la crisis económica y evitar el hundimiento de su
economía.

Así lo anunció hoy en Bucarest
Jeffrey Franks, representante de la delegación del FMI que
ha negociado estos días con las autoridades rumanas el
acuerdo.

– México quiere evitar otro "tequilazo" (BBCMundo –
1/4/09)

El jefe del Banco de México, Guillermo Ortiz,
confirmó este miércoles que el gobierno
solicitará al Fondo Monetario Internacional (FMI) una
línea de financiamiento contingente que asciende a US$
47.000 millones.

Horas antes el presidente Felipe Calderón había
adelantado en Londres detalles de esta línea de
crédito que tendrá vigencia de un año.

Según Ortiz, la solicitud de dinero fresco forma parte
de las llamadas políticas contracíclicas para hacer
frente a la crisis financiera mundial.

En un comunicado conjunto entre la Secretaría de
Hacienda y el Banco de México se detalla que la
"línea constituirá una muestra de confianza
respecto del marco actual de la política económica
de nuestro país".

Buscando confianza

Ortiz también aseveró que lo que se busca es
recuperar de manera más rápida la confianza de los
consumidores, de las empresas y además reactivar la
inversión y la generación de empleos.

Según fuentes del FMI la línea de crédito
no tendría condiciones una vez sea aprobada, por lo que
podría ser usada por el gobierno mexicano a
discreción.

Analistas del mundo financiero mexicano destacan que es la
primera vez que el gobierno de ese país solicita una
línea de crédito al FMI desde 1995, cuando
México experimentó el llamado "tequilazo".

Tal como indica el periodista de BBC Mundo, Alfredo Ochoa, "el
tequilazo" fue provocado por la falta de reservas
internacionales, lo que originó una repentina
devaluación del peso mexicano, algo que justamente se
está tratando de evitar en estos momentos de
contracción económica global.

Ochoa destaca que la actual caída abrupta de las
exportaciones mexicanas a su principal mercado, EEUU, unida al
descenso de los precios del petróleo, han encendido la luz roja en las
instituciones que elaboran la política económica de
México.

Durante "el tequilazo" México recibió de Estados
Unidos unos US$ 20.000 millones. Luego, al país le fueron
otorgados otros US$ 30.000 millones, de los cuales US$ 17.000
millones provinieron del FMI.

El jefe del Banco Central de México aseguró este
miércoles que los fondos servirán justamente para
apoyar las reservas internacionales debido a que el órgano
emisor ha estado utilizando las reservas para contener el
debilitamiento del peso.

– La depresión llega al este – Ucrania, tocada y
hundida: El PIB se desploma un 30% interanual a inicios de 2009
(Libertad Digital – 1/4/09)

Ucrania se enfrenta a su particular colapso, tal y como
avanzó LD. El PIB del país se ha hundido entre un
25% y un 30% interanual en enero y febrero de 2009. Una
contracción récord. El Gobierno de Yushchenko
reclama un rescate urgente al FMI.

LD (M. Llamas) Depresión en Ucrania. No hay otro
término para poder calificar la contracción
récord que ha experimentado la
república ex soviética en los primeros meses de
2009. El colapso monetario y financiero que azota a las
economías emergentes del Este de Europa, tal y como
adelantó LD, se está materializando en un desplome
económico sin precedentes. El PIB del país se ha
derrumbado entre un 25% y un 30% en enero y febrero de 2009 con
respecto al mismo período del pasado año.

El presidente de Ucrania, Viktor Yushchenko, abogó el
martes por aprobar cuanto antes urgentes medidas
económicas y políticas en un intento desesperado
por afrontar la caída de la producción nacional. El
objetivo del Gobierno es abrir el camino al Fondo Monetario
Internacional (FMI) para poder recibir ayuda financiera cuanto
antes. Mientras, la primera ministra, Yulia Tymoshenko, puso de
relieve la
profundidad de la crisis económica que sufre Ucrania, el
país europeo más afectado por la contracción
del crédito, informa la agencia Reuters.

El Gobierno trata de adaptarse a las exigencias del FMI,
centrado en reducir el déficit público, para poder
descongelar la concesión de un crédito por valor de
16.400 millones de dólares. En un primer avance, Ucrania
recibió 4.500 millones el pasado otoño para tratar
de estabilizar su frágil sistema financiero y monetario
(su moneda se ha depreciado un 40% en un año). Ante este
panorama Yushchenko instó al Gobierno a reducir el
déficit a menos del 3% del PIB, pero Tymoshenko se
negó a recortar el gasto o a subir las tarifas de los
servicios
públicos, insistiendo en que sería una carga
demasiado pesada para los ciudadanos. Una pugna que evidencia la
lucha política que vive el país.

El corte de suministro de gas por parte de Rusia al que
se tuvo que enfrentar Ucrania en pleno invierno, sumado a la
elevada dependencia del crédito exterior y el hundimiento
del precio de sus exportaciones, sobre todo del acero, ha
duplicado la tasa de paro del país desde el pasado
otoño y ha disparado las protestas sociales en contra del
Gobierno por todo el territorio. Además, la debilidad
financiera ha provocado la retirada de casi un tercio de los
depósitos bancarios, obligando a instaurar límites
a la retirada de dinero (corralito financiero).

A ello, se suma que la exposición de la banca del
centro de Europa a Ucrania asciende al 20% de sus activos, al
igual que sucede con el resto de economías del Este, tal y
como avanzó este periódico.
La situación es extrema y crecen las dudas sobre la
capacidad del Estado para salvar de la quiebra a las 180
entidades que operan en el país mediante la
nacionalización bancaria. Islandia optó por
nacionalizar su banca, cuyo tamaño multiplicaba por
más de 10 el PIB nacional. Poco después
quebró el propio país, y tuvo que solicitar ayuda
urgente a los organismos internacionales.

"La reanudación de la cooperación con el FMI es
crucial para apuntalar la confianza", según Alexander
Valchyshen, analista jefe en un fondo de inversión de
Kiev (capital
de Ucrania), informa Financial Times. Tymoshenko ha solicitado un
préstamo de hasta 5.000 millones de dólares a los
países más ricos del planeta (ahora reunidos en
Londres en la cumbre del G-20) para cubrir el déficit
presupuestario.

La deuda pública de Hungría es basura

Pero Ucrania no es el único país en problemas.
Letonia (14,4%) y Lituania (13,7%) lideran, junto a
España, el paro de la UE, según los últimos
datos de
Eurostat. Asimismo, la agencia de calificación de riesgo
Standard & Poor's anunció el pasado lunes que ha
reducido el "rating" a largo plazo de Hungría de 'BBB' a
'BBB-', mientras que evaluó las perspectivas para el
futuro como "negativas". Es decir, que la calidad de su
deuda pública es prácticamente basura (subprime)
debido al elevado riesgo de impago. En octubre del año
pasado, el país ex comunista recibió un
crédito de emergencia del FMI y de la Unión Europea
(UE) de 20.000 millones de euros para evitar el colapso de su
sistema financiero, informa Efe.

Debido a la crisis y otras tensiones de política
interna, el primer ministro, el socialista Ferenc
Gyurcsány, presentó la semana pasada su
dimisión y será sustituido por el economista
independiente Gordon Bajnai. "La reducción de las
calificaciones reflejan el deterioro continuado de los
indicadores económicos y fiscales clave de
Hungría", aseguró en un comunicado el analista
crediticio de Standard & Poor's Kai Stukenbrock.

La agencia internacional estima que la economía de
Hungría se contraerá este año un 6% y que en
el año 2010 lo hará en otro 1%. Eso
dificultará cumplir con los objetivos de
déficit del 2,9% del Producto Interior Bruto (PIB) para el
año 2009, especialmente después de la renuncia de
Gyurcsány. "El programa del FMI y de la UE ofrece
significante aunque no infinita asistencia para las finanzas del
Gobierno", señala el informe de Standard & Poor's.

Rumanía también está en la UVI

Por último, Rumanía recibirá ayudas por
unos 20.000 millones de euros del Fondo Monetario Internacional
(FMI) y la Unión Europea (UE) y otros organismos
internacionales para evitar una posible bancarrota por la crisis
financiera y económica mundial. Así lo
anunció la pasada semana en rueda de prensa en Bucarest
Jeffrey Franks, representante de la delegación del FMI que
ha negociado con las autoridades locales este acuerdo.

Según lo pactado, el país balcánico,
miembro de la UE desde 2007, deberá reformar sus
políticas fiscales y limitar su déficit
presupuestario este año a un 4,5 por ciento del Producto
Interior Bruto (PIB), tras un déficit del 5 por ciento en
2008. La UE, por su parte, aportará al paquete unos 5.000
millones de euros en virtud de un acuerdo por cinco años,
mientras que el Banco Mundial (BM) concederá otros 1.500
millones de euros. El paquete lo completarán otras
instituciones internacionales, como el Banco Europeo de
Reconstrucción y Desarrollo (BERD).

"Rumanía importa mucho más de lo que exporta.
Esto no es un problema para un país, en general, mientras
exista un flujo de capital suficiente para financiar el
déficit. Pero a causa de las nuevas condiciones, no es tan
fácil obtener liquidez", dijo Franks.

En todo caso, Hunya destacó que el déficit
comercial y por cuenta corriente es "una gran
preocupación" para ese país, que está
previsto que se estanque este año después de crecer
casi un 8% el año pasado. La depresión se adentra,
pues, en Europa del Este.

– El FMI insta a la Eurozona a suavizar las normas de ingreso
para dar paso a los países del Este (El Economista –
6/4/09)

Los países de la Europa central y del Este que forman
ya parte de la Unión Europea y han sido golpeados por la
crisis deberían adoptar el euro incluso antes de entrar
como miembros de pleno derecho de la Eurozona, según
afirma el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un informe
filtrado al diario británico Financial Times. Por su
parte, la zona euro debería relajar sus normas de ingreso,
tal y como han venido solicitando algunos de estos países
candidatos.

El FMI explica que, de esta forma, los países que lo
deseen puedan unirse a ella en calidad de "casi miembros", aunque
sin ocupar ningún puesto en el consejo del Banco Central
Europeo. "Para los países miembros de la Unión
Europa, la adopción
del euro ofrece los mayores beneficios a la hora de resolver el
problema de la deuda acumulada en divisas, eliminando la
incertidumbre y restableciendo la confianza", indica el FMI.

Intento infructuoso

Sin una medida de ese tipo, algunos de esos países
tendrían que acometer políticas de ahorro interno
de muy difícil aplicación debido a las resistencias
de los ciudadanos, señala esa institución
multilateral.

Este informe del FMI, redactado hace un mes, formaba parte de
una campaña conjunta con Banco Mundial y del Banco Europeo
para la Reconstrucción y el Desarrollo, para persuadir a
la Unión Europa y los países del Este de que apoyen
una estrategia anticrisis que abarcase toda la región. Sin
embargo, este proyecto fracasó debido a la
oposición que encontraron tanto por parte de los
países del Este como los de la Europa occidental.

Los miembros de la zona del euro, al igual que el Banco
Central Europeo, se oponen a cualquier flexibilización de
las normas de ingreso en la misma.

Según ha calculado el Fondo Monetario Internacional,
los países "emergentes" de Europa, incluida
Turquía, han acumulado deudas del orden de 413.000
millones de dólares que vencen en principio en 2009
mientras que sus déficits por cuenta corriente llegan a
84.000 millones.

Según el informe filtrado al diario británico,
para cubrir sus necesidades de financiación, esos
países requerirán este año el equivalente de
123.000 millones de dólares y 63.000 millones el
año próximo, de las instituciones financieras
internacionales, la Unión Europea y los gobiernos. Parte
de ese dinero podría salir del propio FMI, pero el resto
tendría que salir de otras fuentes, según el
informe, incluida la propia Unión Europea.

– La crisis reescribe el papel del FMI (Cinco Días –
8/4/09)

(Por Ana B. Nieto)

El mes que viene iba a ser el último para algunos de
los 380 empleados del FMI que aceptaron la indemnización
por despido ofrecida hace un año. Eran los coletazos de
una crisis financiera, de relevancia y legitimidad en una
institución que ahora, parece conjurada.