La "argentinización" de la economía mundial (página 14)

Adoptando una solución a medio
camino, en abril de 1999 el FMI introdujo un
mecanismo denominado Líneas de Crédito
Contingente, que tenía el propósito de proporcionar
ayuda especial de gran magnitud a países que enfrentaban
dificultades en sus cuentas externas,
pero sólo si se trataba de un "efecto contagio", es decir,
como resultado de crisis en
otros países.

Sin embargo, el debate
seguía en pie. Nouriel Roubini, un prestigiosa economista,
por entonces asesor económico de la Casa Blanca y del
Tesoro de los Estados Unidos,
sostenía que debía ser el propio FMI el que
encabezara estas operaciones de
reducción de deuda.

Según el periodista del
"Washington Post", Paul Blustein, el FMI decidió en sigilo
encargar a un grupo de
expertos un plan para la
Argentina siguiendo esos lineamientos: el "Plan
Gamma".

A fines de octubre, en una conferencia de
prensa, un
periodista le preguntó al director de Relaciones Externas
del FMI, Thomas Dawson, si la Argentina estaba buscando obtener
una línea de crédito contingente del tipo de las
creadas en 1999. El avezado vocero del FMI no pudo evitar que sus
respuestas fueran tan contradictorias como para que los
periodistas insistieran una y otra vez sobre el punto. Al final
quedó relativamente "claro" que Argentina estaba
participando en un rediseño de ese mecanismo para hacerlo
más accesible y que los funcionarios argentinos
había expresado interés en
el mismo, aunque formalmente no lo habían pedido. Una
diferencia sutil.

Hacia noviembre el "Plan Gamma" ya
había tomado forma a través de un documento
secreto. El plan contemplaba dos escenarios. En el primero, el
gobierno
reestructuraba su deuda, no se producía una corrida
bancaria y la convertibilidad sobrevivía. En el segundo,
la corrida tenía lugar y la convertibilidad
colapsaba.

La burocracia del
FMI no estaba nada dispuesta a tomar este riesgo sobre sus
espaldas, de modo que la solución se fue encaminando hacia
un nuevo acuerdo de tipo convencional. Las condiciones exigidas
para ese acuerdo aumentaban la tensión política y social,
pero el gobierno ya estaba embarcado en un camino sin retorno. En
un breve mensaje personal, el 9 de
noviembre De la Rúa anunció nuevas medidas de
ajuste.

El apoyo del FMI llegó a la
mañana siguiente en la voz del propio director gerente, Horst
Kölher: "Los pasos anunciados por el presiente De la
Rúa anoche demuestran su fuerte liderazgo y
representan un significativo fortalecimiento de la política
económica argentina como también una evidencia
más del compromiso con el tipo de políticas
que se han seguido tan exitosamente por más de una
década".

El 24 de noviembre el gobierno
enfrentó un nuevo paro general,
mientras los mercados
contenían el aliento en espera del resultado de las
negociaciones con el FMI.

Finalmente, el 18 de diciembre el
paquete se hizo realidad bajo la forma de una ayuda sin
precedentes denominada "blindaje", que configuraba un monto
global en dólares de 39.700 millones, aportados por el FMI
(13.700 millones), el BID y el Banco Mundial
(2.500 millones cada uno), las AFJP locales (3.000 millones), el
gobierno de España
(1.000 millones), los principales bancos locales
(10.000 millones) y un mecanismo de canje de la deuda (7.000
millones).

La magnitud de la operación era
la respuesta a una realidad acuciante y fue vista por muchos
analistas -en especial en el exterior- como una "última
oportunidad" de sostener la paridad uno a uno del peso con el
dólar.

El año concluyó bastante
peor de lo que se había previsto. La economía se achicó un 0,8% y en los
sectores industrial, agropecuario y de la construcción la recesión fue incluso
bastante más fuerte. La inversión cayó casi un 7%,
acumulando en dos años un 20% de
retracción.

A lo largo del año, los
argentinos terminaron por incorporar a su lenguaje
cotidiano un concepto
extraño, el "índice de riesgo país". El
indicador proviene del corazón
del mundo financiero y, en esencia, mide la diferencia entre la
tasa de
interés que se obtiene por los bonos de la
Tesorería de Estados Unidos y los rendimientos de los
títulos de la deuda locales. Cuanto mayor la diferencia
entre estos dos rendimientos, mayor es el "riesgo país".
Cuando De la Rúa llegó al gobierno, este
índice marcaba 690 "puntos básicos", a mediados de
año el índice llegó a 858 puntos y
después del blindaje bajó a 584 puntos.

En situaciones de incertidumbre, los ahorristas son reacios a
mantener sus depósitos en los bancos. Para retenerlos,
éstos les ofrecen tasas de
interés cada vez mayores. A fines del 2000 los bancos
argentinos pagaban algo más del 9% anual por los
depósitos a plazo fijo a 30 días; el doble que a
nivel internacional.

Durante el año, los vencimientos de la deuda demandaron
una emisión de bonos de 12.359 millones de dólares,
por los que se llegó a pagar hasta 12% anual. La mitad de
esas emisiones fueron en euros o yenes que fueron a parar a las
manos de codiciosos -aunque, un tanto ingenuos- ahorristas
alemanes, italianos y japoneses, que nunca cobrarían los
jugosos dividendos prometidos, ni recuperarían
íntegramente su capital.

A lo largo de la historia, los bancos
colocadores de estos bonos han sido socios destacados en la
difusión del mito del
país rico. Sólo a partir de una visión
optimista del futuro es posible conseguir clientes
dispuestos a invertir.

Como, de todos modos, el mercado
internacional no todo el tiempo estaba
dispuesto a recibir los papeles argentinos, ese año se
emitieron en el mercado local títulos por 10.969 millones
de dólares, la tercera parte de los cuales fue comprado
por las AFJP.

(2001) El blindaje trajo un alivio temporario, se
recuperó algo la confianza y las tasas de interés
bajaron. La ilusión duró poco tiempo. En febrero la
crisis de Turquía acentuó la desconfianza
internacional sobre los países emergentes y el
estancamiento de la economía local se siguió
profundizando.

Sin más alternativas para ofrecer, el 5 de marzo
Machinea renunció y fue reemplazado por Ricardo
López Murphy, uno de los economistas de reserva que
habitaban el gabinete.

López Murphy, un destacado exponente del sector de
economistas conservadores, se encerró con su equipo doce
días a pensar qué haría y, finalmente, el
viernes 16 de marzo pronunció un discurso
exponiendo su programa de
acción.

Su presentación es un buen exponente del predominio de
la retórica ideológica por sobre las respuestas
concretas que una crisis demanda de los
gobernantes.

En uno de los párrafos introductorios en nuevo ministro
decía:

La nostalgia de la Argentina grande viene de un período
en que nuestro país era un actor importante en el
escenario internacional (.) Fue cuando estuvimos integrados al
mundo cuando mejor nos fue, y es por ello que un eje insoslayable
de una política económica ganadora debe estar en
una mayor integración a la economía
mundial.

¿De qué hablaba este hombre que el
Presidente había convocado para conjurar la crisis? El
atraso cambiario había conducido a un aluvión de
importaciones y
un enorme déficit en la balanza
comercial. No había restricción alguna a la
inversión
extranjera ni a las transferencias de utilidades al exterior.
Las empresas de
servicios
públicos habían sido privatizadas con
predominante participación de capitales internacionales.
En suma, la apertura de la economía era total.

Con un tono altisonante que ocultaba la falta de un diagnóstico adecuado de la
situación, el ministro afirmaba: "Sobre este punto quiero
ser claro, lo diré una sola vez: salir de la
convertibilidad sería un error de proporciones impensables
para la Argentina".

A cambio, el
nuevo ministro proponía un programa centrado en corregir
el déficit fiscal. Un
propósito laudable, sin duda, pero que a esas alturas no
podía ser abordado aisladamente, ni resolvía por
sí mismo los enormes desequilibrios de la
economía.

Para colmo, varias de las medidas que propuso eran sumamente
impopulares, en medio de una situación política que
se deterioraba rápidamente: despido de empleados
públicos, nuevas privatizaciones y la reducción de las
transferencias a las provincias con destino a la educación,
así como el recorte del presupuesto de
las universidades nacionales.

Los ministros de Educación e Interior
renunciaron en desacuerdo con las medidas. Los gremios docentes y
otros sectores sindicales anunciaron medidas de fuerza para
los días siguientes y luego la calle se pobló con
las manifestaciones estudiantiles de rechazo al recorte en el
presupuesto educativo.

El clima de
confusión se empinó, cuando trascendió que
se habían iniciado contactos con Domingo Cavallo, con
vistas a su incorporación al gobierno, en el marco de un
desesperado intento del Presidente por conformar un gobierno de
unidad nacional que también incluyera al FREPASO y al
justicialismo.

Finalmente, López Murphy renunció y el 20 de
marzo de 2001, Domingo Cavallo volvió al Ministerio de
Economía. Por extraña coincidencia ese día
se cumplían diez años del anuncio del envía
al Congreso del proyecto de
ley de
convertibilidad de la moneda.

A partir de marzo del año 2001, la nueva gestión
económica argentina impulsó un conjunto de cambios
que funcionalizaron la institucionalidad económica del
país al solo objetivo de
mantener en pie la convertibilidad, creando condiciones que -tras
el colapso del sistema–
harían mucho más compleja y costosa la salida.

El Congreso aprobó una legislación que delegaba
en el Poder
Ejecutivo importantes facultades legislativas en materia
económica. Casi de inmediato se puso en vigencia el
impuesto a los
créditos y débitos bancarios y un
sistema de incentivos a la
producción denominado "planes de competitividad" que proveía beneficios
fiscales a cambio de diversos compromisos en materia de
producción y empleo. El
complejo sistema atomizó la estructura
tributaria y rindió escasos resultados.

Hasta la sacrosanta apertura de la economía
experimentó cambios drásticos. Se aumentaron los
derechos de
importación de bienes de
consumo desde
fuera del Mercosur y se
redujeron a cero los de bienes de capital. El resultado fue una
reorientación del comercio hacia
Brasil.

En abril, el gobierno envió una nueva Ley al Congreso
incluyendo al euro dentro del cálculo de
la convertibilidad, lo que aumentó la desconfianza del
mercado en la solidez del sistema cambiario. En junio se puso en
marcha un sistema de canasta de monedas entre el peso, el
dólar y el euro, denominado factor de convergencia,
mediante el cual se gravaban importaciones y se subsidiaban
exportaciones. En
julio se sancionó una reforma tributaria que modificaba
impuestos e
imponía una regla de "déficit cero" para el manejo
del gasto
público, limitando las erogaciones al nivel de los
ingresos
efectivamente percibidos.

En agosto -presionado por los gobernadores- el Gobierno
Nacional instrumentó un programa de cancelación de
su deuda con las provincias, mediante la emisión de un
título, denominado LECOP, que también se
incorporó como una cuasi moneda y que, en la
práctica significó una ruptura del límite de
emisión para financiar el gasto público establecido
por la Ley de Convertibilidad.

Acuciado por un calendario de vencimientos de la deuda
pública que hacía poco creíble cualquier
ajuste fiscal, en junio y en noviembre el gobierno realizó
diferentes operaciones de canje de títulos de la deuda,
apelando, esencialmente, a los inversores institucionales y a los
tenedores de deuda nacionales, que muy escasamente tenían
un camino distinto que aceptar las nuevas condiciones. El mercado
de nueva deuda, en cambio, estaba virtualmente cerrado. En abril,
el gobierno tuvo que suspender una licitación de
títulos públicos por falta de demanda y en julio
pagó una tasa del 14% por la colocación de US$ 827
millones en bonos a 90 días.

En ese contexto, mantener el apoyo de
los organismos internacionales de crédito pasó a
transformarse en una cuestión crucial. En mayo de 2001,
pese a la caótica situación, el FMI aprobó
la revisión de metas del programa vigente desde enero de
ese año y en agosto concedió 8.000 millones de
dólares adicionales de financiamiento
que -junto a los desembolsos previos- se consumieron en la
imparable hoguera de la fuga de capitales.

Ninguna de estas medidas lograba contener los retiros de
depósitos, cada vez más masivos, ni la
contracción en los préstamos, que, junto a los
intentos de estabilizar la situación fiscal, habían
sumido a la economía en una profunda situación de
iliquidez.

En agosto el Congreso sancionó una ley de
intangibilidad de los depósitos que impedía adoptar
cualquier medida de restricción sobre la libre
disponibilidad de los mismos y prohibía su canje por bonos
u otros activos del
Estado
nacional. Lo que la ley no decía era cómo se
procedía frente a la corrida de depósitos que
había en curso. En realidad, cerrada cualquier alternativa
de intervención en el mercado, la opción era la
quiebra de las
entidades insolventes. El Poder
Ejecutivo se abstuvo de promulgar la ley, pero tampoco la
vetó y ésta quedó firme por el sólo
transcurso de los plazos legales. Así, una vez más,
el gobierno y la dirigencia política transmitían
mensajes equívocos a una sociedad cada
vez más sumida en la confusión.

El Banco Central,
por su parte, inundaba al sistema bancario con multitud de
disposiciones que intentaban infundir confianza en medio de un
clima de creciente incertidumbre.

El 14 de octubre se celebraron elecciones para la
renovación parcial de la Cámara de Diputados y el
Senado. El justicialismo se impuso en 17 de los 24 distritos
electorales. Era un escalón más de debilitamiento
del gobierno; para el triunfante candidato a senador Eduardo
Duhalde se trataba de un "ultimátum de las urnas".

En un último intento por contener el colapso, Cavallo
lanzó un nuevo plan con la intención de reactivar
el consumo: rebaja de los aportes previsionales,
devolución del IVA en las
compras con
tarjeta de débito y crédito y extensión del
pago de las asignaciones familiares. Además se
incluía una nueva moratoria impositiva, se habilitaba la
posibilidad de repatriar capitales y se reestructuraba parte de
la deuda pública con los bancos locales y las AFJP.

Pero ya no había margen para revertir la
situación. El diario "Jornal do Brasil" decía:

La fría realidad de los números indica que el
mantenimiento
del régimen de paridad fija entre el peso y el
dólar americano se encuentra en su momento final. La
capitulación, seguida de rendición incondicional al
régimen de libre fluctuación, es una
cuestión de días.

Finalmente, el 1º de diciembre de 2001 el gobierno impuso
un particular congelamiento de los depósitos bancarios,
conocido como el "corralito", que establecía que no se
podían realizar extracciones en efectivo superiores a los
US$ 250 semanales por cuenta, mientras que los depósitos a
plazo fijo eran convertidos en depósitos a la vista a
media que se producía su vencimiento.
El dinero
inmovilizado en los bancos podía ser utilizado mediante
emisión de cheques o a
través de tarjetas de
débito o crédito. El 30 de noviembre, día
anterior a la imposición de la medida, los depositantes
del sistema
financiero habían retirado en una sola jornada 1.500
millones de dólares.

La estructura del corralito seguía la filosofía de huida hacia delante propia de
casi todas las medidas del período. En los 16 días
posteriores a su implantación se registró la
apertura de 600.000 nuevas cuentas bancarias, con lo que -aunque
a menor ritmo- los retiros de depósitos continuaron. Miles
de nuevos titulares de cuentas se abalanzaban a retirar 250
dólares semanales. El fenómeno fue conocido como el
"goteo".

Junto a las medidas sobre la disponibilidad de los
depósitos, se impuso un severo control de
cambios que paralizó las operaciones de comercio
exterior.

En la práctica, la
convertibilidad había dejado de existir y sólo se
conservaba una ficción. Así lo entendió el
FMI, que en esos días anunció la suspensión
de sus desembolsos y opinó públicamente que
consideraba que la combinación de déficit fiscal,
deuda pública y régimen cambiario ya no era
"sostenible".

Como es conocido, el presidente De la Rúa
renunció el 20 de diciembre, en medio de graves
alteraciones del orden público y, luego de un breve
interinato, fue sucedido por Adolfo Rodríguez Saá,
cuyo principal acto de gobierno fue la declaración de
"default" de la deuda
externa.

El balance del año 2001 es propio de una
economía en situación de colapso. El PBI se
contrajo 4,4%, siguiendo un derrotero de declinación que
se agravó a medida que transcurría el año.
En los últimos meses de éste la actividad
económica retrocedía a un equivalente anual del 11
por ciento.

A lo largo del año, los depósitos en el sistema
financiero se redujeron en 20.854 millones de dólares, es
decir que se perdió aproximadamente la cuarta parte del
total. A partir de mediados de año varios importantes
bancos del sistema agotaron sus recursos propios
para atender los retiros de los ahorristas y el Banco Central
comenzó a auxiliarlos mediante crecientes préstamos
(denominados operaciones de pase y redescuento). La
contracción del sistema se tradujo en una
disminución de casi 12.000 millones de dólares en
el "stock" de préstamos al sector privado.

El déficit total del sector
público ascendió a la sideral suma de 17.000
millones de dólares, la deuda pública se
elevó a 144.000 millones de dólares y se perdieron
12.371 millones de las reservas internacionales, es decir el 46%
de las que existían al comienzo de la crisis.

El país se inundó de títulos provinciales
que circulaban como moneda corriente y que llegaron a totalizar
uno 8.000 millones de dólares: Lecop, Patacón,
Lecof, Federal, Cecacor, Bocado, Quebracho Boncafor, Petrom y
algunos más incorporaron, junto con un nuevo
léxico, una anarquía monetaria similar a la de
fines del siglo XIX.

En el plano social, el desempleo
ascendió al 18,3% y la población por debajo de la línea de
pobreza
llegó al 38% del total.

Lo ocurrido en los nueve meses finales de la gestión
del presidente De la Rúa es un compendio de la debilidad
institucional de la Argentina, la falta de liderazgo
político y la proclividad de un amplio sector de la
población a adherir a políticas engañosas
que producen positivos -aunque ilusorios- efectos en el corto
plazo.

También es un buen testimonio de
la inexistencia de un sistema financiero internacional capaz de
actuar responsablemente respecto de los cientos de miles de
pequeños inversores que cotidianamente colocan sus ahorros
siguiendo los consejos de los bancos que los asesoran. En este
contexto, el papel del FMI, el fiel de la balanza en esta
materia, es posiblemente la máxima expresión de un
fracaso profundo que cuestiona las bases del sistema montado en
Bretton Woods después de la Segunda Guerra
Mundial.

Cuando Eduardo Duhalde asumió la presidencia, la
Argentina tenía un régimen cambiario y monetario
indefinido. La convertibilidad no existía, pero nada lo
había sustituido.

Jorge Remes Lenicov, el nuevo ministro de Economía, era
el economista de confianza del nuevo presidente, había
ocupado esas mismas funciones cuando
Duhalde gobernaba la provincia de Buenos Aires y
desde 1997 era diputado nacional. También había
sido el jefe de equipo de economistas del justicialismo durante
la campaña electoral de 1999 y desde entonces
mantenía unido a un núcleo de profesionales que
seguían la coyuntura económica.

Desde mediados del 2001 empezó a estar cada vez
más claro en el ambiente
político argentino que era muy probable que el gobierno de
Fernando de la Rúa perdiera el control de la
situación.

Remes también tomó nota de esta circunstancia,
así que, de un modo sutil, fue orientando a su equipo a
transitar desde el cómodo rol de analistas al de
"hacedores de política". No era fácil encarar
formalmente la tarea de formular un plan alternativo. Cualquier
trascendido podía encender la mecha que provocara el
estallido final.

Con sigilo, fue encargando por separado a sus colaboradores y
a algunos otros economistas que analizaran el impacto de diversas
medidas. Se fue armando, de este modo, una suerte de agenda en la
que estaban las distintas alternativas de sistema cambiario que
podían sustituir a la convertibilidad, el posible efecto
de la devaluación sobre los precios, los
impactos sobre el sistema financiero y la hipótesis -por entonces extrema- de la
pesificación de los contratos en
dólares.

La llegada de Rodríguez Saá a la Presidencia fue
recibida con alivio en el entorno de Remes. Cuanto más se
habían profundizado en el equipo las medidas que
deberían adoptarse frente al colapso, más se
había advertido el peligro de que la situación se
tornara inmanejable. En los análisis, la posibilidad de una hiperinflación pasó a tornarse el
fantasma más temido. En las condiciones políticas y
sociales de la Argentina no era difícil imaginar que, si
eso ocurría, el país se precipitaría a una
situación próxima a una guerra
civil.

El panorama era sombrío hasta en sus detalles menos
imaginados. El "default" de la deuda había sido declarado
a través del discurso presidencial de toma de
posesión de Rodríguez Saá, pero no
existía ningún decreto o ley que lo instrumentara.
Como era natural, la deuda externa del gobierno argentino no era
sólo con tenedores privados de bonos. Había
también, por ejemplo, deuda bilateral con diferentes
países agrupados en el Club de París, que
recién comenzaría a renegociarse cuatro años
más tarde. Como, por ese entonces, nadie sabía a
quién alcanzaba el "default", los representantes de esas
naciones acudían al Ministerio de Economía en
demanda de información. Era una suerte de "cacerolazo"
paralelo al que poblaba las calles de las principales ciudades
del país. Los viejos funcionarios de carrera del
Ministerio pedían instrucciones. Quienes acababan de
asumir sus cargos agregaban temas a una agenda que tendía
a alargarse hasta el infinito.

Los bancos estaban cerrados, sin capacidad de devolver los
depósitos que habían tomado del público ni
de cobrar sus préstamos. Además, una buena parte de
esos depósitos habían sido destinados a financiar
al Estado mediante la compra de títulos públicos
cuyo valor
después del "default" se había desplomado.

Desde que, junto con el corralito, se habían impuesto
restricciones al comercio exterior no se habían expedido
autorizaciones para importar, de modo que numerosos embarques que
habían llegado al país esperaban ser despachados al
mercado y otros se amontonaban en los puertos de origen. La
situación era compleja, porque, avizorando la
devaluación, los importadores habían acelerado sus
compras. El resultado es que estaban detenidos unos 5.000
millones de dólares en mercaderías, entre las
cuales estaban productos
indispensables como drogas o
medicamentos.

Confiando en la convertibilidad, muchas empresas privadas, en
especial las grandes, habían contraído una
importante deuda externa. Es que, para las que tenían
acceso al mercado internacional, las tasas de interés eran
notablemente más bajas que en el mercado interno. Tras el
colapso de la convertibilidad, estas empresas hacían cola,
demandando un tipo de cambio
especial para afrontar sus compromisos; un seguro de cambio,
como los que tantas veces habían existido en la historia
argentina.

Los depositantes atrapados por el corralito estaban pendientes
del compromiso que Duhalde había establecido de
devolverles los ahorros en la moneda de origen. Las familias que
tenían sus casas hipotecadas se preguntaban cómo
pagarían sus créditos si el dólar se
descontrolaba. En las empresas endeudadas localmente, en gran
parte, pequeñas y medianas que había sobrevivido a
la apertura externa con tipo de cambio barato, surgían
sentimientos encontrados. Por un lado, la devaluación les
hacía percibir un escenario de mayor competitividad para
exportar sus productos o competir con las importaciones, pero si
la carga de su deuda se multiplicaba, la amenaza de una quiebra
era inminente. ¿Era el principio de una nueva etapa, o era
definitivamente el abismo?

El Estado estaba auténticamente en quiebra y las
monedas provinciales, bajo la forma de bonos, representaban casi
dos tercios del dinero en
circulación. Para encontrar una anarquía
económica de semejante magnitud había que
remontarse a los años previos a la sanción de la
Constitución de 1853.

Los bancos tenían depósitos privados por 44.350
millones de dólares y 15.500 millones de pesos y
sólo 3.901 millones de pesos de depósitos del
Gobierno Nacional y las provincias. En cuanto a los
créditos, entre títulos de la deuda pública
y préstamos al Gobierno Nacional y a las provincias se
acumulaban acreencias por 26.150 millones de dólares, que,
desde luego, eran en ese momento irrecuperables. Los
préstamos a las empresas y familias ascendían a
14.500 millones de pesos y 36.000 millones de dólares.

Los retiros de depósitos habían llevado al Banco
Central a prestarle a los bancos 10.000 millones de
dólares y en la caja de todas las entidades bancarias
sólo quedaban 1.586 millones de pesos y 792 millones de
dólares.

Una devaluación es una respuesta a un desequilibrio de
la economía de un país con el resto del mundo. Si
el desequilibrio es profundo, la devaluación tiende a ser
grande y, por lo tanto, traumática. Si los gobiernos no
toman decisiones a tiempo, las personas terminan
abalanzándose sobre los bancos y el mercado de cambios de
un modo desordenado. Fue eso lo que ocurrió en la
Argentina.

En general estos fenómenos se gestan lentamente. Si el
país tiene un sistema de cambio libre sin mayor
intervención del Estado, el valor de la moneda se va
adaptando progresivamente a la nueva situación.

Cuando el sistema de tipo de cambio es regulado y en especial
cuando es fijo -como en el régimen de la convertibilidad-
para eliminar el desequilibrio los países acuden con
frecuencia a correcciones en su tipo de cambio mediante
devaluaciones que hacen más baratos los bienes y servicios
producidos localmente y más caros los importados. Las
exportaciones crecen, las importaciones disminuyen y el
desequilibrio desaparece o se torna manejable.

Otra respuesta al déficit en la balanza comercial es
promover el ingreso de capitales del exterior, manteniendo altas
tasas de interés locales que hagan atractivo invertir en
el país.

Entre 1992 y 1999 la Argentina acumuló un desequilibrio
comercial de 22.324 millones de dólares, que fue
compensado con ingreso de capitales con destino a las
privatizaciones de empresas públicas, financiamiento del
déficit del Estado, inversiones
privadas y especulación financiera.

El alto endeudamiento del país, un cambio en las
condiciones internacionales y la desconfianza interna en el
sostenimiento de la situación fueron haciendo cada vez
más difícil sobrellevar ese desequilibrio externo.
En 2001 el flujo de capitales directamente se invirtió,
transformándose en "fuga", a punto tal que las reservas
internacionales del país se redujeron a casi la mitad. En
esas condiciones era imposible que el valor del peso frente al
resto de las monedas -simbolizado por el dólar- no
experimentara fuertes presiones.

En los amenazantes días finales
del 2001, Remes y su equipo examinaron varias alternativas para
salir del atolladero si eran convocados a tomar el timón
de la economía. La dolarización nunca había estado en
sus planes, menos aún con las escasas reservas
internacionales que quedaban, y la propuesta de una
devaluación seguida de una dolarización
también era un salto en el vacio porque, si después
de la devaluación, los precios se descontrolaban, se
volvía inmediatamente a una situación de atraso
cambiario con más rigidez aún que bajo el sistema
de la convertibilidad. Algunos economistas proponían una
devaluación seguida de una nueva convertibilidad. En
definitiva, nadie tenía una receta sólida para
evitar una devaluación convencional. Tampoco el FMI, que
apenas asumido el gobierno salió a pedir un plan, con el
fin de encubrir su propio fracaso y ausencia de nuevas
ideas.

(2002) El 6 de enero de 2002 se sancionó una Ley
de Emergencia Económica que puso fin formalmente al
período de la convertibilidad y "pesificó" las
tarifas de los servicios públicos y los préstamos
hasta 100.000 pesos a una tasa de uno a uno. Esa noche el
ministro de Economía anunció que habría un
mercado oficial de cambios con una equivalencia de un
dólar a 1,40 pesos y otro mercado libre

Era sólo un primer paso que fue recibido con cautela
por la población. Faltaban definiciones importantes, entre
ellas qué ocurriría con los depósitos
atrapados en el "corralito", aunque la promesa presidencial de
devolverlos en su moneda de origen había llevado cierta
transitoria tranquilidad a los ahorristas. Para quienes
tenían préstamos en dólares el panorama
lucía sombrío. El gobierno había previsto un
sistema de extensión de los plazos y rebaja de las tasas
de interés mediante el cual las cuotas quedaban sin
modificación; pero, naturalmente, eso dependía de
que el dólar no se disparase. Algo en lo que casi nadie
confiaba.

Las crisis bancarias son episodios muy conocidos en el mundo y
los congelamientos y reprogramaciones de depósitos han
sido mecanismos utilizados con mucha frecuencia para afrontarlos.
Pero el corralito tenía algunos rasgos singulares.

El sistema consistía en que a medida que los plazos
fijos vencían eran depositados en las cajas de ahorro o
cuentas corrientes de sus titulares y podían ser
transferidos a otras cuentas dentro del sistema. Como la mayor
parte de los depósitos a plazo fijo estaban en
colocaciones a treinta días, al cabo de poco más de
un mes de vigencia de este mecanismo, una gran masa de dinero se
encontraba en condiciones de ser transferido a otras cuentas.

Pronto los ahorristas descubrieron que si multiplicaban sus
cuentas a través de sus hijos, hermanos, tías,
abuelos o amigos podían acumular los retiros y huir del
corralito. Una multitud se agolpó entonces en los bancos
haciendo cola varis horas para acceder a una cuenta de caja de
ahorros y retirar los 250 pesos o dólares semanales
permitidos, convertidos en una suerte de salvoconducto para la
crisis. La ingeniosa reacción hacía que se siguiera
produciendo una salida de depósitos nuevamente creciente e
insostenible. Nadie había advertido previamente que esto
podía pasar. Por añadidura, una gran cantidad de
ahorristas lograba medidas judiciales de amparo que le
permitían retirar la totalidad o gran parte de sus
depósitos en dólares.

El resultado era un proceso
circular, en que el Banco Central emitía dinero para
asistir a con redescuentos a los bancos en dificultades. El
dinero que salía de los bancos iba directamente a la
compra de dólares, con lo que, en la práctica,
podría decirse que el gobierno emitía pesos para
que los particulares compraran dólares.

Intentando contener esta situación, el congelamiento de
depósitos fue profundizado a través de una
reprogramación completa de los mismos que dio en llamarse
el "corralón". Si bien, simultáneamente, se
amplió la cantidad de dinero que podía retirarse
mensualmente, el camino para el retiro hormiga de sus
depósitos que habían imaginado los ahorristas
parecía cerrarse.

Era sólo una ilusión, en los cuatro primeros
meses del año se dictaron una 34.000 medidas de amparo,
que sumadas a las aperturas parciales del corralón y los
retiros hormiga hicieron que en ese periodo los depósitos
cayeran 13.000 millones de pesos.

Cada día desde la llegada de Duhalde, las noticias que
la población recibía eran peores. El 10 de enero a
la noche en la Ciudad de Buenos Aires columnas provenientes de
todos los barrios convergieron a la Plaza de Mayo en una enorme
manifestación de protesta, un gran "cacerolazo", como ya
se había dado en llamar a esos repetidos eventos. En el
interior del país ocurrían episodios similares.

En el gobierno nadie sabía hasta dónde
podía llegar la turbulencia social. Los informes de
los organismos de inteligencia
eran inquietantes a la vez que extremadamente poco
confiables.

Frente a los reclamos, en los días subsiguientes el
gobierno anunció que introduciría una mayor
flexibilización en el corralito. La realidad
política vencía los intentos de adoptar un sendero
estable de decisiones. Remes, convertido en el fiel de la
balanza, buscaba un equilibrio. Si
el corralito se mantenía rígido, la turbulencia
social podía desalojar al gobierno; si se abría
abruptamente el Banco Central, debería emitir tal cantidad
de dinero para asistir a los bancos que la hiperinflación
sobrevendía inmediatamente.

En febrero, el gobierno ideó un sistema mediante el
cual los certificados de depósitos a plazo fijo
podían utilizarse para la compra de inmuebles,
vehículos y algunos otros bienes. El resultado fue
inesperadamente positivo. Era una señal premonitoria del
potencial de los dos sectores que más adelante
liderarían el proceso de recuperación de la
economía.

Claro que las marchas y contramarchas no eran gratuitas. En
cada una de ellas el gobierno y su equipo económico se
debilitaban y los economistas del "establishment" y hasta los ex
funcionarios que habían generado la catástrofe se
daban el gusto de alzar sus voces
críticas con total desparpajo.

Parte de las vacilaciones provenían de la
indefinición sobre el mantenimiento de los
depósitos en dólares en su moneda de origen.
Hacía bastante tiempo que la pesificación completa
formaba parte de la agenda pendiente.

El Grupo Productivo, un sostén vital para el
Presidente, venía defendiendo enfáticamente esta
postura, con la mira puesta en los préstamos en
dólares. Las razones eran simples: en la medida que el
dólar se disparara, las empresas endeudadas no
podrían hacer frente a sus compromisos. Como era evidente,
tampoco las familias estarían en condiciones de pagar sus
créditos.

La otra realidad era que, aun entregándoles a los
bancos todas las reservas internacionales, que ascendían a
14.000 millones de dólares, sería imposible
devolverles a los ahorristas sus depósitos en esa moneda.
Era una ecuación que no cerraba y un pasaporte seguro al
caos.

En los meses previos a la crisis habían circulado
diversos enfoques de cómo abordar este momento. Uno de
ellos era que cada banco se hiciera cargo de sus clientes;
entregándoles un bono a cambio, que cada quien
podría negociar en el mercado, hasta que la crisis fuera
superada. Después de todo, los depositantes no
habían llevado su dinero a la Tesorería de la
Nación,
sino a las ventanillas bancarias.

El análisis de esta alternativa llegó hasta el
mismo despacho del presidente en la Casa Rosada y fue descartada.
El peligro era que los bonos emitidos por los bancos en
situación más crítica
y los de bancos de menor tamaño tuvieran una
cotización vil en el mercado y se cayera en una
situación mayor de agitación social.

Finalmente, el 19 de enero Duhalde se dirigió al
país anunciando que la pesificación sería
completa. De allí en adelante se abrió un inmenso
debate que tuvo a los bancos y al sector productivo como
principales protagonistas. Al principio, los bancos se
oponían a cualquier modalidad de pesificación, pero
su posición fue virando en sentido positivo con la
condición de que los depósitos y los
préstamos se pesificaran a la misma tasa. Era
lógico, porque de lo contrario tendrían que
afrontar enormes pérdidas patrimoniales. Respecto a los
depositantes, era necesario, como mínimo, cumplir con la
segunda promesa de Duhalde de respetar el valor adquisitivo de
sus ahorros. Esta promesa fue tomando la forma de una
pesificación a un tipo de cambio de 1,40 pesos por
dólar -que era el que todavía regía
oficialmente- más una actualización por
inflación, dado que los depósitos seguirían
reprogramados.

Al FMI la idea de la pesificación
le resultaba aceptable siempre que no entrañara costo fiscal, es
decir que no hubiera diferencia en los coeficientes que se
aplicaran para préstamos y depósitos, de manera que
el Estado no
tuviera que pagar compensaciones. Proponían que la
pesificación de los préstamos fuera a 1,40 y que se
habilitara un "hospital de empresas" para asistir a aquellas que
enfrentaran una crisis de pagos. El ministro Remes
rápidamente desestimó esta última idea, cuya
aplicación había dado pésimos resultados en
México,
donde se convirtió en una importante fuente de corrupción que no había razón
para que no fuera imitada localmente.

El FMI y el Banco Mundial enviaron una
misión
de expertos para estudiar el asunto. Concluyeron que si no
pesificaban los préstamos, el grado de incobrabilidad
podía llegar al 70%. Este dictamen inclinó la
opinión de los bancos de una manera definitiva hacia la
pesificación. Finalmente, la amplia mayoría de los
representantes de los sectores de la producción y de la
banca se
inclinaron por la "pesificación asimétrica", a
condición de que el Estado estableciera un sistema de
compensaciones.

A estas alturas, la opinión
pública estaba saturada por la incertidumbre, mientras
se hacía evidente que el tipo de cambio de 1,40 por
dólar no se sostendría y el equipo económico
se resistía a realizar grandes ventas de
reservas para atenuar el alza, por temor a que las reservas se
agotaran rápidamente y se cayera en un proceso
hiperinflacionario.

Para Remes era imprescindible estructurar y poder comunicar un
programa que ordenara la multitud de medidas aisladas e
infundiera la perspectiva de algún horizonte.

Pero un suceso inesperado le cerró el camino a los
anuncios que pensaba realizar. El viernes 1º de febrero de
2002 la Corte Suprema de Justicia
falló a favor de un depositante cuyos ahorros,
provenientes de una indemnización laboral
habían quedado atrapados en el corralito en su
versión original. La decisión de la Corte era una
amenaza concreta al sistema de reprogramación de los
depósitos y, en caso de que se generalizara, significaba
una profundización de la crisis de proporciones
incalculables.

A pesar de este traspié, finalmente el gobierno pudo
exhibir un conjunto de medidas discutible pero coherente:
pesificación de las deudas uno por uno -con
excepción de los préstamos para operaciones de
comercio exterior- con un coeficiente de actualización del
capital (el CER) y de los depósitos a 1,40 más el
CER para su devolución y también se pesificaban los
contratos privados. Además se liberaba el tipo de cambio,
que flotaría libremente y se flexibilizaba el corralito,
permitiendo la extracción completa de los sueldos,
jubilaciones, indemnizaciones y otros conceptos. También
quedó pesificada la deuda pública en moneda
extranjera que no estuviera sujeta a la jurisdicción de
tribunales del exterior, lo que produjo una reducción de
la misma de casi 9.000 millones de dólares.

Los bancos necesitaron varios días para adaptar sus
sistemas, de
manera que permanecieron cerrados nuevamente hasta el 11 de
febrero. Cuando la operatoria cambiaria se restableció, el
dólar ya cotizaba a 2,10 pesos.

El nuevo esquema dejó contentos a muy pocos. Los 36.000
millones de dólares en préstamos se
distribuían entre poco más de tres millones de
deudores de préstamos personales y en tarjeas de
crédito, casi ochocientos mil deudores hipotecarios y
prendarios y medio millón de deudores comerciales.

Supuestamente los deudores era el sector más
beneficiado, pero la sensación térmica era otra. A
pesar de la pesificación uno a uno, las familias
endeudadas temían que con la actualización por el
CER, sus deudas se hicieran impagables, de modo que se
inició un movimiento que
finalmente logró reemplazar ese indicador por otro
vinculado a los aumentos de salarios, para
las deudas hipotecarias, prendarias y personales. Así, en
mayo de 2002 nació el "coeficiente de variación
salarial" (CVS), cuya vida fue relativamente corta, porque al
año siguiente, cuando los salarios ya habían
comenzado a incrementarse, surgió la demanda de que estos
ajustes no eran iguales en todos los sectores, mientras que las
cuotas aumentaban de modo similar para todos los deudores.

El prolongado y zigzagueante camino recorrido para resolver el
endeudamiento de las familias es bastante revelador de la
imposibilidad de haber mantenido tales deudas en los
dólares originales en que fueron pactadas y, a pesar de
las marchas y contramarchas, la solución fue bastante
más saludable que el remate de un millón y medio de
viviendas que tuvo lugar en Estados Unidos en la Gran Depresión
de 1930.

Al mismo tiempo, como parte del siempre contradictorio
escenario de salida de una crisis, muchos deudores hipotecarios
que habían puesto oportunamente a salvo sus ahorros en
dólares o tenían dinero en el corralito se
apresuraron a cancelar sus deudas. Temían que los reclamos
de los depositantes en contra de la pesificación
eventualmente también pudieran hacer volver a su moneda
original los préstamos. Este singular proceso hizo que los
préstamos hipotecarios cayeran un 30% entre 2002 y
2003.

Como era lógico y a la vez inevitable, la mayor
reacción contra la pesificación se produjo del lado
de los depositantes, cuyo núcleo duro eran los 822.684
tenedores de certificados de plazos fijos. Sus acreencias sumaban
15.710 millones de dólares, algo más que las
reservas internacionales del país. Sólo unos 16.000
tenían certificados mayores a 100.000. El atractivo de las
tasas altas, aquella engañosa ley de intangibilidad de los
depósitos y las seguridades que día a día
les reiteraban el presidente De la Rúa y su ministro
Cavallo los habían llevado a dejar sus ahorros en
dólares en los bancos mientras todo se desplomaba y los
inversores de mayor tamaño ponían a resguardo sus
fondos.

Por añadidura, el sistema de garantía de los
depósitos, que en teoría
cubría los montos hasta 30.000 pesos o dólares,
también era un engaño. En ese fondo sólo
había unos cientos de millones de dólares,
insuficientes por completo para afrontar semejante crisis.

Una vez más, el país quedó dividido entre
los que habían quedado atrapados por la crisis y los que
"zafaron".

El colapso de la convertibilidad trajo consigo una crisis
profunda en los ingresos fiscales, a la vez que acentuó la
necesidad de fortalecer los programas
sociales. Al mismo tiempo, la magnitud de la devaluación
había generado una corriente de ingresos extraordinarios
hacia los sectores exportadores y amenazaba con tener gran
impacto en los precios de los alimentos, dado
que, como es sabido, son los principales productos de exportación del país.

Rápidamente ganaron lugar en la agenda económica
los impuestos a la exportación, conocidos más
usualmente como "retenciones", que tienen una larga y
traumática historia en la Argentina, en especial con
relación al sector agropecuario.

Como en la década de 1990 las retenciones habían
sido totalmente eliminadas, su reimplantación
generó un gran debate. El Presidente no quería
fisuras en el apoyo de los sectores productivos y sólo se
convenció de su aplicación cuando pudo vincular
claramente los ingresos fiscales que se obtendrían con el
lanzamiento de un extenso programa social denominado Plan Jefes y
Jefas del Hogar.

El nuevo esquema de retenciones comenzó con los
combustibles e hidrocarburos,
a los cuales se les fijó un impuesto de exportación
del 20% en febrero de 2002; un mes después se
extendió el sistema a los productos agropecuarios e
industriales. El sistema se fue ajustando a lo largo del tiempo
según los movimientos del tipo de cambio y la dinámica de precios de la economía
y, a lo largo de los años, se incorporó de un modo
cada vez más amplio en la política
económica.

El que los ingresos por impuestos a la exportación
equivalieran casi cuatro años después -en 2005- a
un 62% del superávit fiscal, es un llamado de atención sobre la necesidad de una reforma
fiscal que a medida que la crisis va quedando atrás logre
reemplazar este tipo de tributos por
otros de carácter más estable y menos
conflictivo.

La tesis inicial
del equipo de Remes era que, si el tipo de cambio se
mantenía dentro de límites
razonables, la pesificación a $ 1,40 más la
actualización por inflación que aseguraba el CER
sería un esquema aceptable para los ahorristas frente a la
magnitud de la crisis.

Pero el ascenso imparable del dólar y la cuantiosa
salida de depósitos que se seguía produciendo a
través de los amparos dio por tierra en
corto plazo con esta idea. Además, la pesificación
asimétrica generó la necesidad de compensar a los
bancos por las pérdidas que se producían al cobrar
sus préstamos en dólares a una tasa de uno por uno
y pagar los depósitos a 1,40.

La compensación se convirtió, por otra parte, en
un elemento clave para la aceptación legal de la
pesificación. La Corte Suprema de Justicia le había
hecho saber al gobierno que la pesificación sólo
era viable si los ahorristas eran compensados por sus
pérdidas con un bono establecido de manera obligatoria,
como había ocurrido con el Plan Bonex en la crisis de
1989-1990. Pero el sector político del gobierno no
tenía la voluntad política de recorrer ese camino,
de modo que se diseñó un canje voluntario de
depósitos por bonos que comprendía un menú
de opciones en dólares y pesos a distintos plazos que tuvo
escasa aceptación.

A pesar de todas las medidas adoptadas, la sangría de
depósitos continuaba y con ella la asistencia del Banco
Central a los bancos para evitar el colapso; tal asistencia
sumó en abril 2.000 millones de pesos adicionales que iban
a parar directamente al mercado cambiario, donde el dólar
casi había llegado a los tres pesos por unidad, al tiempo
que la inflación alcanzaba el 10% en el mes.

Las dificultades para poner bajo control la situación
se hacían mayores por el cada vez menor apoyo
político que recibía el equipo económico.
Como es sabido, los políticos son reacios a asumir
costos.

El Presidente también
recibía cotidianamente un torbellino de opiniones sobre
cuál era el mejor rumbo a seguir, que le acrecentaban todo
tipo de dudas, entre ellas la conveniencia o no de llegar a un
acuerdo con el FMI y la alternativa de intentar volver a un tipo
de cambio fijo.

Hacia fin de abril, el ministro de
Economía realizó un viaje a Washington con la
esperanza de avanzar en las empantanadas negociaciones con el
FMI. Como ya se había convertido en un hecho usual, en
cada reunión la lista de reclamos del organismo aumentaba
y cualquier tipo de asistencia se distanciaba en el
tiempo.

Aunque el diálogo
entre las autoridades argentinas, el FMI y los funcionarios del
gobierno estadounidense fue cordial, el viaje no arrojó
ningún resultado concreto. Por
ese entonces, además, parecía evidente que para
detener el aluvión de retiro de depósitos se
requería un instrumento más contundente que los
empleados hasta ese momento, de modo que el ministro Remes
presentó al Presidente un proyecto de ley que
establecía un bono de restitución a los ahorristas
de carácter obligatorio, que la Corte Suprema de Justicia
se había comprometido a reconocer como legítimo y
que, por lo tanto, frenaría los amparos.

Los bancos nuevamente estaban cerrados para evitar los retiros
de depósitos; en ese marco, fue presentada la propuesta al
Congreso. Pero los miembros del equipo económico
rápidamente advirtieron que el proyecto carecía de
aval político suficiente. Algo sobre lo que habían
recibido seguridades en privado una pocas horas antes.

Fue una deslealtad innecesaria, pero también una
señal definitoria de la falta de apoyo a la gestión
de Remes al interior del gobierno. En síntesis,
era una típica situación de falta de sustento
político en medio de una crisis, de modo que Remes
presentó su renuncia.

Sin embargo, pese a lo crítico de la situación,
en marzo la producción industrial mostraba una leve
mejoría. Era difícil de percibir que se trataba del
inicio de un cambio de tendencia, pero en los meses posteriores
se confirmó que era exactamente eso.

¿Por qué habría de iniciarse tan
rápidamente el proceso de recuperación?… La
denostada pesificación había evitado esa crisis
financiera de los deudores privados y estaba empezando a
convertir en expansión la hasta entonces imparable
caída de la economía. Como señala el
economista Ricardo Hausmann, de la Universidad de
Harvard: "Los desagradables efectos colaterales de una
devaluación, en un contexto de una gran deuda en
dólares, obliga a adoptar la pesificación de todas
las deudas, internas y externas, junto con la flotación de
la moneda".

El "default" de la deuda externa, aunque declarado de un modo
tumultuoso, también empezaba a hacer sentir sus efectos
positivos sobre las finanzas
públicas, que de otro modo se hubieran hecho
inmanejables.

Más aún, cuando a fines de 2003 el gobierno
argentino presentó la primera propuesta de
reestructuración de la deuda externa, de algún modo
siguió el mismo criterio de la pesificación. La
propuesta inicial de una quita del 75% del capital
equivalía a reconocer el restante 25%, es decir algo
así como la pesificación a una tasa de 2,50 pesos
por dólar.

En cuanto a las empresas privadas, altamente endeudadas en el
exterior y que por lo tanto no estaban alcanzadas por la
pesificación, con el tiempo todas ellas reestructuraron
sus deudas utilizando en algunos casos quitas parecidas.

La renuncia de Remes puso sobre la mesa,
de una manera pública, la definición del rumbo
económico. Duhalde apeló nuevamente a los
gobernadores, que, reunidos en un insólito estado de
asamblea, tras dos días de deliberaciones, llegaron a un
Acuerdo de 14 puntos, en el que básicamente ratificaban la
voluntad de integrar a la Argentina al resto del mundo, dar
cumplimiento al pacto fiscal con la Nación
y acceder a diversas demandas del FMI. El documento sólo
se refería de una manera vaga a la salida del corralito y
eludía toda mención directa a la
pesificación.

Atrás habían quedado las insinuaciones de una
ruptura con el mundo financiero internacional, que casi
cotidianamente interferían con la gestión
económica.

El acuerdo le agregaba una dosis de legitimidad a un
Presidente extraordinariamente debilitado, que tras algunas
desgastantes idas y venidas logró postular a Roberto
Lavagna como nuevo ministro de Economía.

¿Regreso a un patrón oro? (Al fin,
nada es cierto: se busca reemplazante)

– Divisas:
¿Necesitamos sustituir al dólar por una moneda de
reserva global? (Expansión – 6/3/09)

La respuesta la encontramos en el país que ha formulado
esta cuestión, en la situación actual tanto del
escenario macroeconómico como la posición en el
mercado de divisas de China.

En primer lugar examinemos la política de tipos de
cambio en China. Desde 1994 este país optó por un
sistema unificado para el tipo de cambio, basado en el control
estatal y la nula flotación de la moneda. Desde entonces
la paridad entre el renminbi (RMB) y el dólar
estadounidense apenas ha sufrido cambios ya que el dólar
se ha mantenido en torno a 8,28 RMB
con un margen máximo de variación cercano al 1%.
Esta política ha sido fuertemente criticada ya que desde
las diferentes teorías
económicas para la valoración de tipos de cambio,
esta moneda se encuentra fuertemente infravalorada.

Una de las consecuencias de un mantenimiento artificial del
cambio de la divisa es la fuerte y constante acumulación
de reservas mientras la moneda se encuentre infravalorada. Esta
acumulación ha provocado que, según datos de la
Agencia Central de Inteligencia americana, este país
asiático se haya colocado como el primer "atesorador" de
reservas en divisas extranjeras del mundo, llegando a alcanzar a
finales del año pasado la escalofriante cifra de 2,033
billones de dólares.

Encontramos pues, el principal financiero de la deuda
americana, y una de las preguntas en el aire es
¿hasta cuándo durará este fuente de
financiación que permite endeudamientos
astronómicos de la economía americana?, si bien lo
que nos interesa es poner de relieve
la
motivación de la reivindicación en estos
momentos de una moneda desligada de cualquier país y
siguiendo el hilo de la argumentación, es lógico
pensar que los cuantiosos planes de rescate estadounidenses para
tratar de esquivar un escenario de depresión
económica, al igual que las medidas excepcionales como la
impresión de importantes cantidades de dólares como
medio de financiación de las mismas, provocan un
importante aumento de la preocupación sobre la
pérdida de valor del billete verde en el futuro, al tiempo
que se cuestiona la viabilidad de esta moneda como refugio, sin
olvidar un factor fundamental como es el importante
déficit de la balanza de pagos
en EEUU.

Por otro lado, la característica del dólar como
principal moneda refugio y de reserva en el mundo entero es
considerada inherentemente injusta, ya que permite que EEUU
acumule inmensos déficits pudiendo financiarse más
fácilmente y con menor coste aún en circunstancias
económicas adversas como las actuales.

Todo esto nos lleva a la creciente inquietud de las
autoridades Chinas, que se encuentran con una moneda
tremendamente volátil, por la actual situación
económica y cuyas expectativas cada vez apuntan más
hacia una caída de su capacidad adquisitiva pero…

¿Cuál sería la alternativa?

Se especula sobre la posibilidad de utilizar los Derechos
Especiales de Giro (DEG), este es un activo de reserva
internacional creado en 1969 por el FMI para apoyar el sistema de
paridades fijas de Bretton Woods. Los países que
participaban en este sistema necesitaban reservas oficiales
"tenencias del gobierno o el banco central en oro y monedas
extranjeras de amplia aceptación" que pudiesen ser
utilizadas para adquirir la moneda nacional en los mercados
cambiarios mundiales, de ser necesario, a fin de mantener su
paridad cambiaria.

Los DEG son asignados a los países miembros en
proporción a sus cuotas en el FMI. El DEG también
sirve como unidad de cuenta del FMI y otros organismos
internacionales y su valor está basado en una cesta
formada por USD (44%), EUR (34%), JPY (11%) y GBP (11%), y se
publica diariamente por el FMI, se calcula sumando determinados
montos de las cuatro monedas valorados en dólares de EEUU,
sobre la base de los tipos de cambio cotizados a mediodía
en el mercado de Londres.

¿Podríamos esperar por lo tanto, un importante
cambio?

La fuerte inestabilidad y los temores de las autoridades
monetarias chinas hacen que sea una reacción lógica
pero que, en cierto modo, viene provocada por una política
cambiaría que como hemos apuntado, es fuertemente
criticada por las principales economías, la nueva administración estadounidense ya se ha
preocupado de poner de manifiesto su repulsa hacia un
mantenimiento artificial de los tipos de cambio. Por otro lado,
no es la primera vez que se efectúa una propuesta
semejante y probablemente no vaya a ser la última ya que,
sin duda tendría un efecto estabilizador importante, pero
también lo tuvo el patrón oro y finalmente se
abandonó.

La denominación en dólares de los principales
bienes comerciales, el hecho de que la mayoría de las
transacciones mundiales se desarrollen en esta moneda, la
estabilidad política en EEUU y la solidez inherente de ser
la moneda de la economía más potente y
dinámica del mundo, que probablemente hagan que sea la
primera en recuperarse de la crisis, hacen que sea muy poco
probable un cambio en el orden monetario internacional en el
corto plazo.

– La batalla de las divisas sacude el mundo: los países
buscan en su moneda un aliado frente a la crisis (El Economista –
20/3/09)

(Por Pedro Calvo)

No es un juego. Pero
reúne todas las condiciones para serlo. Más
aún en estos tiempos de crisis, en los que parece que todo
vale con tal de salir del atolladero. A la hora de buscar
alternativas, una de las más socorridas, por aquello de
que los países la tienen más a mano, pasa por
manejar el valor de sus respectivas monedas.

Una especie de risk de las divisas en el que cada país
o región intenta mover las piezas en beneficio de sus
economías… al más puro estilo propuesto por Sun
Tzu. "La invencibilidad es defensa. La fragilidad es ataque.
Defiéndete y tendrás superávit. Ataca y
tendrás deficiencias", aconsejaba en El arte de la
guerra.

Y precisamente eso, superávit, sobre todo comercial, es
lo que pretenden los países más activos a la hora
de trucar su divisa. De ahí que pretendan defenderse.
¿Cómo? Depreciándola o devaluándola.
O lo que es lo mismo, rebajando su valor. De este modo, persiguen
que sus productos resulten más baratos en el exterior, un
medio con el que intentan llegar a un fin mayor: que el sector
exportador actúe como soporte de la economía a la
espera de que vuelvan los buenos tiempos. "La forma más
fácil, de siempre, para afrontar este tipo de problemas y
mejorar la competitividad han sido las devaluaciones", confirma
Javier Ruiz-Peinado, experto en divisas de Saxo Bank.

Actuaciones directas

De lo que no cabe duda es que la batalla ya está en
marcha. Hasta la fecha, los países se agrupan en tres
bloques, que resultan de las distintas estrategias
adoptadas. Por un lado, figuran los que han emprendido
devaluaciones competitivas, es decir, aquellos que han activado
medidas para abaratar su moneda.

Para lograrlo, las autoridades tienen a su alcance distintos
caminos. La más directa consiste en fijar un nuevo cambio,
más bajo que el anterior, para su divisa. Esta
artimaña, usada por España hasta en cuatro
ocasiones entre 1992 y 1995, no ha sido empleada por el momento.
Los países han optado por otra igualmente directa, pero
menos traumática y, sobre todo, menos molesta -por no ser
tan llamativa- para otros países. Ha consistido en la
venta de su
propia divisa -o la interrupción de las compras previas- o
en la ampliación de las bandas de fluctuación de la
moneda.

China está mezclando ambas alternativas, ya que ha
decidido frenar la subida que venía registrando el yuan
mediante un mayor control del margen de movimiento de la moneda.
En contraste con los dos últimos ejercicios, en los que el
yuan se apreció un 6% anual frente al dólar
estadounidense, en 2009 se deprecia un 0,2%. Lo tienen atado, y
bien atado.

Rusia, por su parte, optó por una devaluación
controlada a través de la ampliación del margen de
fluctuación del rublo a finales de 2008. Sin embargo, las
autoridades se vieron obligadas a recular y defender el valor de
su divisa porque esa decisión desencadenó una
presión
bajista mayor de la prevista. "Podemos ver de nuevo medidas de
este tipo los próximos meses para tratar de obtener
mejoras. Se pueden ver tentados sobre todo los países del
antiguo bloque del este de Europa", valora
Javier Ruiz-Peinado.

Mirar hacia otro lado

Junto a los países que han adoptado medidas directas ha
figurado un segundo bloque, integrado por aquellas naciones que
han acogido con alivio la pérdida de valor de su moneda.
Ésta se ha producido de forma natural, es decir, como
reflejo del impacto suscitado por el debilitamiento progresivo de
la economía a causa de la crisis y por la adopción
de medidas drásticas, sobre todo en lo que respecta a los
tipos de interés. Las autoridades no han buscado la
caída, pero ésta tampoco les ha molestado en
absoluto.

En este bando se encuentran países como Reino Unido,
Nueva Zelanda o Australia. "La caída de la libra, aunque
sea impopular, puede resultar que ha sido una buena cosa",
aseguró en su blog el último Premio Nobel de
Economía, Paul Krugman, en referencia al efecto secundario
positivo que puede tener dicho descenso. A esa terna se suman
EEUU, que pese a que proclama su preferencia por un dólar
fuerte tampoco reniega de su caída, e incluso la eurozona,
ya que Bruselas no dudó en reconocer a comienzos de marzo
que veía con buenos ojos que el euro se moviera entre los
1,2 y los 1,3 dólares.

En cuanto al tercer bando, lo conforman Suiza y Japón.
Cansados de que sus divisas fueran las paganas de la crisis, ya
que han actuado como refugios cuando la tensión ha
repuntado, no han ocultado que actuarán para devaluar sus
respectivas monedas. Así lo hizo Suiza la semana pasada,
que anunció oficialmente que intervendrá para
frenar y debilitar el franco suizo.

Próxima estación: Londres

Los contendientes de este combate se verán las caras el
2 de abril en Londres. Y las estrategias cambiarias que
están diseñando los países deberían
incluirse en el orden del día. En la anterior
reunión, el 15 de noviembre en Washington, los miembros
del G-20 mostraron su voluntad de luchar contra al
proteccionismo. Y pocas cosas lo son más que devaluar la
divisa. En su mano está que la batalla no se
recrudezca.

– Ocaso a ritmo de tictac suizo (El Confidencial –
20/3/09)

(Por Fernando Suárez)

La consciencia, en la mayoría de los espíritus,
es como un soberano inglés,
reina pero no gobierna. La asunción de lo que acontece es
el ineludible primer paso para afrontarlo. Percepción
ajustada de la realidad circundante, capacidad de
reacción, facilidad de adaptación y templanza de
juicio. Y quizá, confortarse al saber que no se camina
solo.

Parece que la impresión generalizada respecto a la
innombrable es, además de hartazgo mediático, la de
un accidente de origen difuso, con efectos perversos pero
pasajeros, cuyas aparentes soluciones;
que en realidad premian temeridad y fracaso, castigando esfuerzo
y prudencia; devolverán prosperidad y bienestar al estado
previo. Sin embargo, la desmemoria o negación de la
necesaria perspectiva histórica conduce a tropezar, una y
otra vez, en la misma piedra. Los superciclos se abren y cierran,
el largo plazo se construye día a día. El auge y
declive de las sociedades, la
ascendencia y decadencia de civilizaciones e imperios, es un
proceso dinámico, inexorable, multifactorial, tanto
más dilatado en el tiempo cuanto mayores artificios
desdibujen la realidad e impidan la abstracción de lo que
acontece y sus futuras consecuencias. Metamorfosis global ya
imparable.

Cualquier sistema social está condenado al fracaso
cuando los actos humanos indispensables para su normal
funcionamiento son rechazados por la moral,
declarados ilegales por las leyes y
procesados criminalmente por la magistratura. El Imperio Romano
sucumbió porque se perdió el espíritu
liberal y la libre empresa. El
intervencionismo y su corolario político, el gobierno
dictatorial, descompusieron el poderoso imperio, como
inexorablemente desintegrarán y destruirán
cualquier otro régimen social. Hoy día, el
principal instrumento del intervencionismo confiscatorio son los
impuestos.

El envilecimiento monetario, la ruptura del libre mercado y la
creciente extorsión tributaria han sido las causas
esenciales y comunes a la mayoría de hundimientos
sociales. Leyes y normas siempre
trataron de apuntalar estos procesos
autodestructivos, con una privilegiada clase
dirigente velando por sus propios intereses, y la inmensa
mayoría de sus conciudadanos sufriendo las perversas
consecuencias, generalmente desinformados y sumidos en la
inconsciencia, sin percatarse de lo que ocurría hasta que
ya era demasiado tarde. La decadente tendencia, una vez iniciada,
no se detiene, sigue su curso más o menos acelerado, pero
seguro. Los desesperados intentos por aumentar el control de la
situación terminan volviéndose ineficientes,
contraproducentes, y el sistema se colapsa. El resto es y
será Historia.

Los teóricos del esta vez es diferente pretenden hacer
creer que la civilización fiduciaria es de hoja perenne,
olvidando que la eterna cuestión de disponibilidad de
recursos y crecimiento de la población, tarde o temprano,
pasa su factura al
cobro. Roto el mecanismo de eficiencia en la
asignación de recursos escasos en sus mejores usos
alternativos, los desequilibrios se acumulan y se globalizan. Las
supuestas soluciones sólo agravan el problema, por lo que
se impone un progresivo control de la conflictividad social y
subversión jerárquica. Totalitarismo
democrático o democracia
totalitaria, como gusten. Los alquimistas hacen que la
concentración de racionalidad descienda a medida que
aforan el matraz con más solvente irracional:
solución formal, solución normal. Aprendices de
brujo, ya saben.

Insisto en dos derivadas
parciales. De un lado, cartelización fiscal para que el
expolio impositivo siga llenando la andorga de los señores
feudocapitalistas a costa del esfuerzo de sus súbditos,
meros rellenamundos. De otro, arquitectura
social exprés, un combinado on the rocks de
neomaltusianismo desarrollado e importación del exceso de
población procedente del mix pobreza & laissez faire
demográfico. A largo plazo, saldo vegetativo menguante,
mayor envejecimiento y menor fecundidad. Insuficiente reemplazo
generacional conlleva insuficiencia fiscal, ésta aboca a
una mayor extorsión tributaria y confiscación de
riqueza, derivando finalmente en derrumbe social fruto del
desequilibrio entre moral,
equidad y
solidaridad.
Básico.

La bomba sociodemográfica está cebada y, con
ella, la inestabilidad geopolítica derivada del aumento de nichos
de exclusión
social y pobreza extrema: más de 50 millones de
personas han perdido su empleo y otros tantos han sido condenados
a sobrevivir con menos de 1 dólar al día, con casi
la mitad de la población mundial malviviendo con apenas el
doble. Mientras crece la percepción de perversidad entre
corrupción
y ley, de un sistema inviable, insolidario e insostenible por
más tiempo, la desobediencia fiscal deviene cada vez
más plausible y diáfana, como lo fuera
antaño. El G-20 lo sabe, lo teme, e intenta blindar su
poder tributario al tiempo que promete reanudar los flujos de
capital hacia las economías emergentes, socialmente
más frágiles. Enmudecidas las tentaciones
proteccionistas, se refuerza la decadencia fiduciaria con
sucesivas devaluaciones competitivas, en aparente estrategia
cooperativa de
mutua autodestrucción. Envilecimiento monetario global en
paralelo a la descomposición del modelo social.
La última en inscribirse, Suiza, otrora bastión de
resistencia
imperial. Cosas veredes.

El SNB se ha tirado al pozo sin fondo de las devaluaciones
competitivas, abonándose a la moda de tipos
cero, intervenciones cambiarias y adictivo Quantitative Easing,
monetizando deuda corporativa y, a más ver,
pública. El franco ha reaccionado con la mayor depreciación de la década frente al
euro. Más de la mitad del PIB suizo se
exporta, teniendo a la UE como destino principal. Los acuerdos
pendientes sobre comercio, agricultura y
transporte,
que podrían adicionar un punto porcentual al
alicaído crecimiento alpino, han terminado por imponer la
rendición helvética ante el chantaje comunitario.
Su tradicional tríada de ventajas competitivas,
neutralidad, privacidad y solvencia monetaria, definitivamente
quebrada. Aunque se guarden las apariencias
para seguir viviendo de la inercia.

La solidez del franco suizo, férreamente ligado al oro
desde los tiempos de la Unión Monetaria Latina,
finiquitada oficialmente en 1927, residía en su respaldo
constitucional mediante encaje metálico mínimo del
40%. Una envidiable estabilidad que precisaría, no
obstante, modificaciones tras su ingreso en el FMI en 1992.
Así, un lustro después, y bajo el pretexto de dotar
de independencia
formal al SNB actualizando y dinamizando su balance, se redujo
legalmente y de manera temporal dicho requerimiento hasta el 25%,
con el fin de que la desmonetización del oro aplicase el
exceso de reservas y el producto de la
revaluación a un Fondo de Solidaridad con el que apuntalar
su Estado del Bienestar. Finalmente aprobadas las reformas
constitucionales y legales en 2000, su ingreso en el selecto club
de divisas encanalladas quedó expedito.

El refugio para capitales en desbandada, especialmente USA,
patas arriba. La sucesión de rescates bancarios,
escándalos fiscales, pérdida de competitividad
cambiaria y debilitamiento económico han obligado a
desmantelar el chiringuito y rendir tributo al Imperio.
Inmejorable paradigma del
decadente rumbo del sistema fiduciario internacional, en derrota
de colisión. Y como unos van y otros vienen, el reverso
tenebroso presenta un particular anverso monetario, aún en
gestación y protegido de coacciones externas: la
petrodivisa del Consejo de Cooperación del Golfo, esperada
para 2010 y respaldada por oro. Casi la mitad de las reservas de
petróleo mundiales, fondos soberanos
estimados en billón y medio de dólares y mimada
opacidad para resistir injerencias y presiones. Poder y
contrapoder. Ocaso y amanecer de un nuevo orden mundial
¿bajo divisa única…?

– China pide una moneda de reserva que sustituya al
dólar (The Wall Street Journal – 24/3/09)

(Por Andrew Batson)

China pidió la creación de una nueva moneda de
reserva internacional que, a la larga, reemplace al dólar
y propuso una amplia reestructuración de las finanzas
globales que refleje el creciente descontento de los
países en vías de desarrollo con
el rol de Estados Unidos en la economía global.

La inusual propuesta pública, hecha por el gobernador
del banco central Zhou Xiaochuan en un ensayo
difundido el lunes en Beijing, es parte de la actitud cada
vez más enérgica por parte de China para delinear
la respuesta global a la crisis financiera.

La propuesta china de crear una moneda de reserva
internacional se produce después de que Rusia lanzara
una iniciativa similar a principios de mes
durante los preparativos para la próxima cumbre del Grupo
de los 20 (G-20). Al igual que China, Rusia recomendó que
el Fondo Monetario
Internacional (FMI) emitiera la moneda y destacó que
la propuesta provenía de una necesidad de actualizar "el
obsoleto orden económico mundial unipolar".

Los líderes de China y otras economías
emergentes como Rusia e India
están dejando en claro que pretenden un orden
económico menos dominado por EEUU y otras naciones ricas.
Beijing no ha ocultado su frustración por su dependencia
financiera de EEUU. Este mes, el premier chino Wen Jiabao
expresó públicamente sus "temores" respecto de la
gran cantidad de bonos del gobierno estadounidense en manos de
Beijing.

La propuesta de Zhou llega en medio de los preparativos para
una cumbre del G-20, que reúne a los mayores países
industrializados y en vías de desarrollo del mundo, que
tendrá lugar en Londres la próxima semana. Durante
reuniones anteriores, los países desarrollados a menudo
han criticado las políticas económicas y monetarias
chinas. Esta vez, China ha pasado al ataque.

En su ensayo,
publicado en chino e inglés en el sitio Web del banco
central chino, Zhou se mostró partidario de reducir el
dominio de
unas pocas monedas, como el dólar, el euro y el yen, en el
comercio y las finanzas
internacionales. La mayoría de los países
concentra sus activos en esas monedas de reserva, lo cual exagera
el tamaño de los flujos y exacerba la volatilidad de los
sistemas financieros, afirmó. La adopción de una
moneda de reserva que no pertenezca a ningún país
facilitaría el manejo de todas las economías,
indicó. También podría constituir la base de
una forma más equitativa de financiar el FMI, sostuvo.
China está entre los países que han soportado
presión para que aporten más dinero para ayudar al
FMI.

"Nadie considera que esta sea la solución perfecta,
pero al poner el tema sobre la mesa, los chinos han redefinido el
debate", afirmó Eswar Prasad, profesor de
política comercial de la Universidad de Cornell y ex
funcionario del FMI. "Representa una reacción muy
enérgica de China sobre una cantidad de frentes donde
ellos mismos se sienten presionados por los países
avanzados".

Los obstáculos técnicos y políticos para
implementar la propuesta china son enormes, de modo que, incluso
si obtuviera el respaldo de otros países, es improbable
que la iniciativa cambie el rol del dólar a corto plazo.
"El reestablecimiento de una moneda de reserva nueva y aceptada
ampliamente con un valor de referencia estable llevará un
largo tiempo", reconoció Zhou.

Una portavoz del Departamento del Tesoro de EEUU
prefirió no hacer comentarios sobre las opiniones de Zhou.
En las últimas semanas, altos funcionarios del gobierno de
Barack Obama han intentado tranquilizar a Beijing al asegurarle
que el actual frenesí de gastos de
Washington es un esfuerzo a corto plazo para revitalizar la
economía, no una tendencia de largo plazo.

Los comentarios de Zhou -que llegan tras las declaraciones de
Wen sobre la seguridad de los
activos de China en dólares- parecen constituir una
advertencia a EEUU de que no puede esperar que China financie su
gasto de forma indefinida.

La propuesta del titular del banco central refleja tanto el
deseo de China de tener sus US$ 1,95 billones (millones de
millones) de reservas en una denominación distinta al
dólar estadounidense y las escasas alternativas de las que
Beijing dispone en la actualidad.

Zhou sostuvo -sin nombrar la divisa estadounidense- que la
pérdida de facto del estatus de moneda de reserva
también beneficiaría a EEUU al evitar crisis
futuras. Debido a que otros países continuaron invirtiendo
su dinero en dólares estadounidenses, argumenta el
gobernador, la Reserva Federal pudo llevar adelante una
política irresponsable en los últimos años
manteniendo las tasas de interés demasiado bajas por
demasiado tiempo y, de esta forma, contribuyendo a inflar la
burbuja inmobiliaria.

"La aparición de la crisis y su contagio a todo el
mundo reflejan las vulnerabilidades inherentes y los riesgos
sistémicos del sistema monetario internacional",
señaló Zhou. La cantidad e intensidad de crisis
financieras sugiere que "los costos de este sistema para el mundo
podrían haber superado a sus beneficios".

Zhou no es el primero en plantear ese argumento. "El sistema
de reservas en dólares es parte del problema",
señaló el economista de la Universidad de Columbia
Joseph
Stiglitz en un discurso en Beijing la semana pasada, debido a
que hace que gran parte del efectivo del mundo llegue a EEUU.
"Necesitamos un sistema global de reserva".

– Desplazar al dólar sería una tarea
titánica (The Wall Street Journal – 24/3/09)

(Por Joanna Slater)

El llamado de China para que se cree una nueva moneda de
reserva global que no pertenezca a ningún país en
particular marca el
último intento por acabar con la dependencia del sistema
financiero internacional del dólar estadounidense.

Sin embargo, existe una buena razón por la que dicho
esfuerzo no ha funcionado en otras ocasiones: los
obstáculos económicos y políticos para una
transición de este tipo son enormes.

Desde el punto de vista político, el país con la
moneda dominante, es decir, Estados Unidos, puede ser renuente a
ceder parte de las ventajas asociadas a ese estatus, dicen
economistas.

Las barreras económicas son igual de significativas. El
único cambio previo de una moneda internacional a otra en
la era moderna (de la libra esterlina al dólar
estadounidense) se produjo a lo largo de varias décadas.
El salto requirió dos guerras
mundiales y cambios significativos en la forma de hacer negocios en el
ámbito internacional, así como la
participación del sector privado.