La "argentinización" de la economía mundial (página 4)

Los grandes banqueros, a quienes Obama ha criticado por
recibir grandes bonos al mismo
tiempo que les
instaba a promover el crédito, dijeron que no hubo acuerdo en
todos los asuntos.

Dimon comentó que Obama realizó muchas
preguntas, pero que no les solicitó una devolución
rápida de los fondos de rescate gubernamental.
Además, agregó que "sabemos que se cometieron
errores" en los bonos a los ejecutivos, un asunto que
generó una ola de rabia en todo Estados
Unidos.

Ken Lewis, de Bank of America, apuntó que todos han
entendido que la "era dorada" de las compensaciones bancarias se
acabó.

– Acusado el secretario de Estado de
Finanzas en el
Reino Unido de utilizar paraísos fiscales
(Expansión – 29/3/09) (Relacionar este titular con
el siguiente artículo)

– Con carácter voluntario – Reino Unido prepara
un código
que prohíbe a los bancos usar
paraísos fiscales (El Mundo – 30/3/09)

No se sanciona el paso por Luxemburgo, Holanda, Suiza o
Delaware (EEUU).

Londres.- El Gobierno
británico prepara un código de buenas
prácticas dirigido a los bancos que operan en el
país con el que se prohibirá que utilicen los
llamados paraísos fiscales a las entidades que suscriban
este documento.

De esta forma se ilegalizará el uso de jurisdicciones
offshore -de nula o baja tributación- como por ejemplo las
Islas Caimán, según publica el diario Financial
Times.

El borrador, cuya creación fue anunciada el pasado mes
por el ministro de Economía, Alistair Darling, no sanciona,
sin embargo, el uso de centros como Luxemburgo, Holanda, Suiza o
Delaware (EEUU).

Asimismo, podría dejar la puerta abierta a seguir
utilizando jurisdicciones como las de Jersey o la Isla de Man en
el caso de "razones comerciales exentas de impuestos".

Según el rotativo británico, algunos de los
directivos de entidades bancarias que operan en el país y
que han tenido acceso al borrador lamentaron el énfasis
que hace el documento en el pago de impuestos de acuerdo al
"espíritu y a la letra de la ley", y lo
consideran más radical de lo previsto.

La clave para que este acuerdo tenga éxito
será que las entidades bancarias -incluidos los bancos
extranjeros que operan en el Reino Unido- suscriban el documento,
una opción que será voluntaria.

El ejecutivo presidido por Gordon Brown confía en que
los bancos aceptarán la nueva norma para evitar ser
acusados de favorecer la evasión fiscal de
impuestos, algo que dañaría profundamente su
imagen ante la
opinión
pública sobre todo en un momento en que los
contribuyentes están pagando más para sostener la
economía.

– Uruguay,
Costa Rica,
Malasia y Filipinas, en la "lista negra" de paraísos
fiscales de la OCDE (El Confidencial – 3/4/09)

La Organización para la Cooperación y
el Desarrollo
Económico (OCDE) publicó en su página web
la nueva lista de paraísos fiscales, en la que se incluyen
tres categorías distintas, y en la que entran dentro de la
"lista negra" Uruguay, Costa Rica, Malasia y Filipinas.

En la lista, cuya publicación anunciaron horas antes
los líderes del G-20, reunidos en Londres, figuran los
países que, según la OCDE, no respetan las normas
internacionales. Tras la lista negra, hay dos listas grises de
países que, aunque cumplen algunos acuerdos
internacionales, no han implementado las suficientes normas
internacionales como para entrar en la "lista blanca".

En la lista "gris oscura" se encuentran 32 estados que se han
comprometido a suscribir acuerdos sobre el intercambio de
información financiera, aunque aún
no lo han hecho, incluidos Andorra, Gibraltar, Países
Bajos, Liechtenstein, Barbados, Liberia, Bahamas, Bahrein,
Belize, Bermudas, Islas Cayman y Panamá.
Por último, en la "gris clara" se situarían
Austria, Bélgica, Brunei, Chile, Guatemala,
Luxemburgo, Singapur y Suiza.

Por su parte, el secretario general del organismo, Angel
Gurría, afirmó que "los acontecimientos recientes
refuerzan la situación de la OCDE como referencia
internacional y representan importantes pasos hacia la igualdad de
condiciones". "Estoy seguro de que
podemos convertir estos nuevos compromisos en acciones
concretas para fortalecer la integridad y la transparencia del
sistema
financiero", añadió.

En cuanto a los futuros retos de la
organización, destacó la necesidad de lograr
una rápida y efectiva aplicación de las reglas.
Muchos de estos compromisos requerirá cambios legislativos
y la negociación de acuerdos bilaterales
específicos con el fin de ser eficaces, y la OCDE
está dispuesta a ayudar a las jurisdicciones en su
aplicación, indica el comunicado.

Además, indicó que los pequeños
paraísos fiscales carecen de recursos para
entablar negociaciones con un gran número de
países, por lo que recomiendan la aplicación de
opciones multilaterales más que bilaterales.

– La OCDE acaba con la "lista negra" de los paraísos
fiscales (Expansión – 7/4/09)

Poco ha durado la famosa "lista negra" de paraísos
fiscales publicada el pasado 2 de abril por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE). Ángel Gurría, secretario
general de este organismo, ha anunciado hoy que los cuatro
países que integraban ese documento se han comprometido a
aplicar los estándares de la OCDE.

Costa Rica, Uruguay, Filipinas y Malasia. Esos eran los
nombres que integraban la denominada "lista negra" publicada a
principios de
este mes. A partir de hoy estos cuatro países ya no
están en el punto de mira de la OCDE ya que todos ellos se
han comprometido a acatar y respetar los estándares
internacionales de lucha contra la evasión fiscal.

A partir de ahora, el objetivo de la
OCDE es lograr que los 42 centros financieros catalogados como
poco colaboradores cumplan en la práctica sus compromisos.
En palabras de Gurría, el compromiso de Costa Rica,
Uruguay, Filipinas y Malasia a este respecto es "un progreso muy
importante".

Durante una conferencia de
prensa en la
que el secretario general de la OCDE ha hablado sobre que la
movilización internacional contra los paraísos
fiscales, Gurría ha destacado la repercusión que ha
tenido el acuerdo alcanzado durante la cumbre del G-20 en
Londres. En esa cita los líderes mundiales acordaron
combatir conjuntamente las irregularidades respecto a los
estándares internacionales de lucha contra la
evasión fiscal.

Para Gurría, "ahora la cuestión es cómo
implementar" efectivamente esas declaraciones. Laszlo
Kovács, comisario europeo de Fiscalidad, ha coincidido con
el secretario general de la OCDE y ha celebrado que la
extinción de la "lista negra" supone que "el intercambio
de información de acuerdo con los estándares de la
OCDE será la norma", añadió que "ahora lo
que nos preocupa es cómo se aplican".

Gurría ha reconocido que su organización no
aplicará sanciones a los que no cumplan con el intercambio
de información fiscal, una hipótesis difícil de concebir cuando
podría tener que aplicarse a algunos de los Estados
miembros de la propia OCDE -Austria, Bélgica, Luxemburgo y
Suiza- o a Chile, que está en proceso de
adhesión. El secretario general ha señalado que
espera que la presión
internacional actual sirva para "incitar" a los 42 centros
financieros que están en observación a atenerse a sus compromisos
porque su objetivo es "no utilizar nunca" las sanciones.

– Cifras que escandalizan (Negocios –
8/4/09)

100.000

Son los millones de dólares que se estima pierde
Estados Unidos cada año en forma de evasión de
impuestos en paraísos fiscales. En España, el
fraude fiscal
total ronda los 90.000 millones de euros.

80

En todo el mundo existen 80 paraísos fiscales, cuando
hace diez años no llegaban a 50. En total, atesoran entre
cinco y siete billones de dólares, que representan el 13%
del PIB
mundial.

570

Las Islas Caimán son la quinta plaza financiera
mundial. En ellas están radicados más de 570 bancos
con depósitos superiores a los 500.000 millones de
dólares.

– La SEC acepta debatir de manera abierta las nuevas
restricciones para los "cortos" (El Economista –
8/4/09)

La Comisión de Valores de
Estados Unidos (SEC) ha aprobado este miércoles el inicio
de un nuevo debate abierto
para restringir las posiciones cortas en la venta de
acciones, un tipo de inversión especulativa a la que
legisladores y ejecutivos culpan de acentuar la crisis
financiera y llevar al desplome del mercado
bursátil.

En concreto, el
regulador estadounidense se plantea la posibilidad de reinstaurar
la norma uptick, que permitía las ventas cortas
sólo cuando el último precio de
venta era mayor que el precio anterior.

La venta en corto consiste en que un inversor pide prestadas
acciones y las vende esperando que el precio caiga. Si el
valor
efectivamente cae, el vendedor se beneficia al recomprar las
acciones en el precio más bajo al devolver los
títulos prestados.

Sin pistas sobre la postura oficial

La presidenta de la SEC, Mary Schapiro, inició la
reunión de hoy sin dar pistas respecto de si está a
favor de las restricciones, pero reconoció los temores de
los inversores al respecto.

"Los inversores confían menos en poner su dinero en los
mercados sin las
restricciones adicionales a las posiciones cortas",
manifestó. Agregó que el tema había generado
más cartas y
comentarios en su corto tiempo como presidenta que ningún
otro.

La SEC había concluido previamente que los avances en
el mercado harían inútil la norma uptick, por lo
que la abolió en el verano de 2007.

Kathleen Casey, una de los cinco integrantes de la SEC que
votaron por abolir la norma hace dos años, comentó
que aún no estaba segura si su revocación
tenía algo que ver con las condiciones del mercado y de la
economía en los últimos 18 meses. En todo caso,
Casey dijo que apoyaría la moción de dar a conocer
las propuestas para ser debatidas públicamente.

Los miembros del consejo de la SEC también
considerarán la denominada prueba de oferta, que
sólo permitiría las ventas cortas si el mejor
precio disponible fuera más alto que el de la
última oferta, según personal de la
SEC.

Otra posible medida sería la utilización de un
corte automático o cortocircuito, que aplicaría una
suspensión temporal de las ventas cortas sobre una
acción
particular o una aplicación temporal del uptick o de la
prueba de oferta sobre un valor.

Un debate abierto

Ahora se espera la publicación de las propuestas en un
período de 60 días. También habrá una
discusión pública de los temas el 5 de mayo.
Cualquier decisión final probablemente se adopte en varios
meses.

Según una propuesta, si un título cae más
de un 10%, entraría a funcionar el cortocircuito que
aplicaría la prueba de oferta. Esta propuesta tiene el
apoyo de las mayores bolsas estadounidenses: la Bolsa de Valores
de Nueva York, el Nasdaq y el mercado BATS.

Otra propuesta de cortocircuito prohibiría las ventas
cortas de un título en particular durante el resto de la
jornada una vez aplicado. Una tercera generaría la
aplicación del uptick por el resto de la
sesión.

Menor presión bajista

La regla uptick, adoptada inicialmente después del
derrumbe del mercado de 1929, es vista por algunos como una
manera de restarle presión bajista a una acción que
ha caído estrepitosamente.

Con la bajada de casi un 45% del índice Standard &
Poor's 500 desde inicios del 2008 y de más del 40% del
promedio industrial Dow Jones, miembros del Congreso han
demandado la reincorporación de la norma.

El magnate George Soros indicó el lunes que apoyaba la
reintroducción de algún tipo de norma que restrinja
las ventas cortas. "Se necesita algo de protección contra
las olas bajistas, efectivamente", argumentó.

– Desvelará nuevos agujeros – EEUU retrasa el resultado
del test bancario
para evitar el pánico
(Libertad
Digital – 8/4/09)

El Tesoro de EEUU retrasará la publicación del
test de solvencia aplicado a los 19 bancos más importantes
del país para cuantificar sus necesidades de capital
(agujeros financieros). El objetivo es evitar un nuevo desplome
bursátil y el pánico entre los inversores.

LD (M. Llamas) El Gobierno de EEUU tiene previsto retrasar la
publicación de los resultados que se obtengan de las
pruebas de
solvencia (stress test) que
se viene aplicando sobre las grandes instituciones
financieras de EEUU. El Tesoro prefiere esperar a que salgan a la
luz los
resultados de la banca
correspondientes al primer trimestre para evitar un nuevo
desplome bursátil, según fuentes del
Departamento.

El Tesoro sigue discutiendo cómo revelar los resultados
del citado test, cuyo objetivo consiste en cuantificar los
agujeros (necesidad de capital) que acumulan en sus balances los
19 bancos más importantes de EEUU. Una señal de que
las pruebas no son favorables a las grandes instituciones
financieras. Y es que, los grandes bancos de EEUU son
insolventes, tal y como avanzó LD y recientemente ha
reiterado el famoso inversor George Soros.

Las fuentes del Departamento consultadas por la cadena CNBC
señalan que el Tesoro todavía no ha adoptado una
decisión al respecto sobre cuándo y qué
revelar al público, aunque no se ofrecerá
ningún dato antes de la publicación de los
resultados bancarios correspondientes al primer trimestre, que se
prevé para el próximo 24 de abril. Los
últimos datos
financieros, que reflejan beneficios por parte de algunas
entidades, han levantado el ánimo de los inversores y, en
general, de la bolsa de Nueva York.

Sin embargo, el temor que manifiesta el Tesoro apunta a que
tales resultados no se ajustan a la situación real de la
banca de EEUU. En este sentido, la prestigiosa analista Meredith
Whitney calificaba de mera "ilusión" los supuestos
beneficios de la banca. Por su parte, los analistas de
SeekingAlpha advertían de que tales resultados
procedían directamente de los pagos realizados por la
aseguradora AIG a los productos
garantizados que posee la gran banca del país. Cabe
recordar que AIG ha evitado la quiebra gracias
al rescate público del Gobierno.

Una vez que se completen los test de solvencia, identificando
así sus necesidades de capital, los grandes bancos
dispondrán de un plazo próximo a los 6 meses para
tratar de tapar sus agujeros mediante la captación de
nuevos fondos. En caso contrario, las entidades deberán
aceptar las inyecciones públicas del Gobierno, que
pasaría así a nacionalizar parcialmente el sistema
financiero de EEUU.

El Tesoro teme el pánico

Sin embargo, los funcionarios del Tesoro no ocultan su
preocupación y temen que el cuadro asuste a los
inversores. Y es que, si la necesidad de capital revela grandes
agujeros -lo que se traduce en insolvencia bancaria y, por lo
tanto, quiebras- el mercado podría provocar un nuevo
desplome bursátil, y lo último que desea en estos
momentos el Tesoro es alimentar el pánico, según la
fuente.

El martes, el Fondo Monetario
Internacional duplicaba la cuantía de los activos
tóxicos que acumula la banca internacional, hasta los
cerca de 4 billones de dólares. Pero, más
allá de los denominados activos tóxicos, la banca
de EEUU en concreto está sufriendo con dureza la avalancha
de impagos crediticios.

Así, la morosidad hipotecaria casi se ha duplicado en
EEUU durante el último año, según los
últimos datos de la compañía especializada
en crédito Equifax. El pasado febrero, los impagos se
dispararon hasta el 7% (retraso superior a 30 días), un
aumento del 50% interanual. En el caso de las hipotecas subprime,
el volumen de
impagos subió hasta el 39,8% frente al 23,7% del pasado
año. Es decir, cuatro de cada diez hipotecas de este tipo
sufren retrasos en el pago. De ahí que Dann Adams,
directivo de Equifax en EEUU, advierta de nuevas bajadas de
precios en el
mercado inmobiliario pese a las recientes señales
de recuperación que presentaba el sector.

Avalancha de impagos

Por otro lado, también se está disparando la
morosidad en el crédito al consumo,
debido a la subida del desempleo.
Así, en febrero se cancelaron 8 millones de tarjetas de
crédito y los bancos optan por reducir los límites de
endeudamiento de sus clientes. No
obstante, la morosidad en las tarjetas ha alcanzando su
máximo nivel en los últimos 5 años (4,5% en
febrero), un 32,7% más que hace un año,
según el informe de dicha
compañía.

En definitiva, los impagos se extienden por otros productos
crediticios y no sólo afectan a las conocidas subprime,
tal y como avanzó el pasado año LD. Este tsunami
amenaza con provocar nuevas pérdidas bancarias e, incluso,
importantes quiebras. Ante tal perspectiva, el Tesoro de EEUU
pretende inyectar al Fondo de Garantía de Depósitos
de EEUU (FDIC) 500.000 millones de dólares, a
través de un proyecto de ley
presentado en el Senado por los demócratas.

Hace escasa fechas, el FDIC advertía que podría
ser insolvente este mismo año en caso de tener que
afrontar nuevas caídas bancarias, tal y como
adelantó LD. El FDIC apenas dispone de entre 20.000 y
30.000 millones de dólares en fondos propios para
garantizar los depósitos de los ahorradores en caso de
quiebras de entidades financieras.

– Aunque el BCE infló la burbuja – Trichet elude su
responsabilidad en la crisis y carga contra los
gobiernos (Libertad Digital – 9/4/09)

El presidente del Banco Central
Europeo (BCE), Jean Claude Trichet, culpa a los gobiernos de no
haber actuado a tiempo contra la crisis, a pesar de que él
es uno de los principales culpables de la recesión, al
haber mantenido los tipos de interés
artificialmente bajos.

LD (L. Ramírez) El presidente del BCE continúa
echando balones fuera, eludiendo su enorme responsabilidad en la
génesis de la crisis financiera. Aunque Trichet no ha sido
tan culpable como sus "colegas" de la Reserva Federal, Alan
Greenspan y Ben Bernanke, todos ellos manipularon los tipos de
interés, reduciéndolos de forma artificial y
manteniéndolos por debajo de la inflación.

De esta forma se creaba dinero de la nada muy barato y se
fomentaban las inversiones no
rentables. Es decir, se penalizaba el ahorro y se
fomentaba el crédito, lo que sentó las bases para
el incremento masivo del endeudamiento, alimentando las burbujas
de precios de los activos (fundamentalmente los inmobiliarios y
financieros) y generando en último término la
crisis.

Pues bien, este jueves, el máximo responsable del BCE
decidió culpar a los gobiernos de la crisis. Aunque es
cierto que los presidentes y jefes de Estado de la Unión
asistieron impasibles a la gestación de la tormenta
financiera, Trichet utiliza estas acusaciones para que las
críticas no se centren en su figura.

En concreto, el presidente del BCE considera que, a nivel
global, los gobiernos no han sido lo suficientemente
rápidos en su reacción ante la crisis como para
convencer a los agentes económicos.

Trichet dice que los gobiernos "no han sido
rápidos"

"No diría que hayan sido lentos, sino que a un nivel
global, que incluye también a la zona euro, no han sido lo
suficientemente rápidos como para convencer enteramente a
los agentes económicos. Se ha acordado una gran ayuda,
pero no siempre se ha puesto en práctica de manera
efectiva", señala el banquero francés en una
entrevista
concedida al diario italiano Il Sole 24 Ore, recogida por
Europa
Press.

Por este motivo, Trichet subraya la necesidad de que las
medidas acordadas en la última cumbre del G-20, que a su
juicio representó un "punto de inflexión muy
importante en el ámbito de la cooperación
internacional", sean introducidas "rápidamente y de la
manera más profesional posible".

Asimismo, el máximo responsable de política
monetaria de la eurozona precisa que es necesaria
también la introducción "progresiva" de medidas de
carácter anticíclico, especialmente en el
área regulatoria.

Por otro lado, Trichet marca distancias
con los comentarios realizados por el consejero del BCE, Juergen
Stark, quien recientemente afirmó que las medidas
acordadas en Londres, especialmente las referidas a la
ampliación de los derechos especiales de giro
del FMI, representan
una "mera creación de dinero" que no tiene en cuenta los
potenciales riesgos
inflacionistas, y señala que estos comentarios fueron
realizados a "título personal" por Stark.

Nacionalizar bancos es "inevitable" y recesión hasta
2010

El presidente del BCE reconoce que en ciertos casos
"excepcionales" puede resultar "necesario e inevitable" que los
Estados asuman el control de
entidades crediticias.

"Desde mi punto de vista, si fuera necesario que el Estado
asuma el control, sería preferible que se efectuara bajo
la opción que permite tomar el control del banco sin
cambiar el marco legal", lo que mantendría a la entidad
dentro del ámbito privado y el Gobierno sería un
accionista más.

El Banco Central Europeo (BCE) constata que la tanto la
economía
mundial como la de la zona euro experimentan una
"desaceleración severa" de la que no se producirá
una recuperación "gradual" hasta 2010.

La última edición
del boletín mensual de la institución presidida por
Jean Claude Trichet afirma que la demanda a
nivel global, tanto en la economía mundial como en la de
la eurozona, se mantendrá muy débil en 2009.

El consejo de gobierno del BCE decidió por consenso en
su reunión de política monetaria
del pasado 2 de abril recortar los tipos de interés en un
cuarto de punto porcentual, hasta el 1,25%, su nivel más
bajo en la historia de la
institución.

En este sentido, el presidente de la institución
señaló en la rueda de prensa posterior que el BCE
no excluye acometer nuevas reducciones de los tipos en las
próximas reuniones y anunció que en el
próximo encuentro se darán a conocer nuevas medidas
"no convencionales" para afrontar la crisis económica.

– Obama encargará el TARP al jefe de Fannie Mae,
según la prensa (El Confidencial – 14/4/09)

El Gobierno de Estados Unidos tiene previsto nombrar al
consejero delegado de Fannie Mae, Herb Allison, para que dirija
el programa de
rescate financiero de 700.000 millones de dólares (unos
530.000 millones de euros), según una fuente familiarizada
con el asunto.

Según la fuente, citada por el Wall Street Journal, el
anuncio tendrá lugar "en los próximos días"
y avanzó también que Michael Williams, el director
de operaciones de
Fannie Mae, sería nombrado sucesor de Allison.

La noticia se conoció tras publicar el diario en su
web que el
presidente de EEUU, Barack Obama, podría anunciar esta
semana su intención de nominar a Allison como secretario
adjunto de la Oficina de
Estabilidad Financiera. Allison figuraba desde el principio en la
lista de favoritos para situarse al frente del Programa de Alivio
para Activos con Problemas
(TARP, en sus siglas en inglés), según el diario, que cita
gente familiarizada con la materia.

Sin embargo, varios factores complicaron su
designación, entre ellos la necesidad de buscarle un
reemplazante en Fannie Mae, indicó el
periódico. Allison, un veterano banquero y ex
presidente de Merrill Lynch, dirigió el fondo de pensiones
TIAA-Cref antes de ser nombrado responsable de Fannie Mae en
septiembre.

Reuters señala que los representantes de Fannie Mae no
quisieron hacer comentarios sobre esta información.

Correlación histórica con el "caso" argentino
(Alarmantes coincidencias)

(1976) A poco de iniciado 1976, los empresarios de la
APEGE impulsaron con agresividad nunca vista, el "lock out" con
el que venían amenazando. El 2 de febrero la CGE no se
quedó atrás y sus adherentes decidieron la resistencia al
pago de los impuestos y planearon apagones y cierre de
negocios.

El 3 de febrero de 1976, Antonio Cafiero se alejó del
gobierno. A su partida también contribuyó una
campaña de hostigamiento del entorno de Isabel Perón.

Veinticuatro horas después, el
sillón ministerial fue ocupado por Emilio Mondelli, quien
lideraba el Directorio del Banco Central desde la gestión
de Bonanni. Al llegar, se encontró con que los ingresos eran muy
inferiores a las erogaciones y declaró: "Sin que yo diga
que los argentinos somos los que tenemos la culpa de lo que pasa,
sin buscar culpas ni hacer imputaciones, reconozcamos que no
viene todo de una actitud del
exterior. Estos hechos argentinos han destruido el
crédito".

Mondelli procuró poner en marcha un "Programa de
Emergencia" que incluía un menú clásico:
aumento de salarios,
devaluación, aumento de tarifas. Nadie lo
tomó seriamente.

La inflación se realimentaba y
convalidaba con una emisión monetaria imparable,
única manera de hacer frente a las obligaciones
internas de un Estado impotente, vacío de poder e
incapaz de aplicar una política
económica que tuviera mínima coherencia y cuya
deuda externa
seguía creciendo.

El golpe se venía planeando desde
comienzos de 1975. Martínez de Hoz en persona
reconocería más tarde que su programa de
económico fue elaborado por miembros de la APEGE desde ese
momento.

Seguramente Isabel Perón no se asombró cuando en
la noche de marzo de 1976, le informaron que había dejado
de ser presidenta. Para la sociedad
éste era un final previsto, que nuevamente fue recibido
con extraordinaria indiferencia.

Una gran parte de los argentinos
aceptó y saludó el golpe militar de 1976. Esta vez
sus actores no se habían apresurado, por el contrario,
esperaron hasta que la situación de desgobierno, violencia y
crisis económica fuera de tal magnitud que su llegada se
recibiera casi con alivio.

Para comandar esta etapa los líderes militares
eligieron al general Jorge Rafael Videla, ex Comandante en Jefe
del Ejército, que gozaba de gran predicamento entre sus
pares. Lo acompañaban en la Junta Militar el almirante
Emilio Massera y el brigadier Orlando Agosti.

Con la dinámica acostumbrada, el gobierno
disolvió el Congreso Nacional e intervino las empresas del
Estado, provincias, universidades, gremios y organizaciones
empresariales. Numerosos dirigentes políticos y sindicales
fueron encarcelados y sus bienes
confiscados.

En 1976 la represión se cobró 4.000 vidas y un
número hasta entonces desconocido de "desaparecidos". Una
gran cantidad de argentinos marchó también al
exilio.

Sobre ese escenario de disciplinamiento
de la sociedad, el ministro de Economía, José
Alfredo Martínez de Hoz, abogado especializado en Derecho Agrario,
desarrolló el Programa de Recuperación, Saneamiento
y Expansión de la Economía.

Las Fuerzas Armadas se habían identificado
tradicionalmente con una orientación económica
nacionalista y estatista. Pero esta vez las cosas serían
diferentes, el programa que se ponía en marcha se asentaba
sobre dos ejes rectores: la acción subsidiaria del Estado
y la apertura de la economía.

Varios de los integrantes del equipo de
Martínez de Hoz adherían a una corriente
económica conocida como Escuela de
Chicago, por tener su base en la universidad del
mismo nombre. Esta escuela data de la década de 1930 y
-sintéticamente- se basa en tres pilares: confía en
la teoría
neoclásica de los precios para explicar las conductas
económicas; cree en la eficacia del
mercado libre para asignar recursos y distribuir el ingreso, y
propugna minimizar el rol del Estado en la actividad
económica.

En su profundo antiperonismo, los sectores hegemónicos
de las Fuerzas Armadas echaban por la borda viejas convicciones y
las sustituían por un nuevo credo de destino
incierto.

Frente al descalabro económico
del gobierno de Isabel Martínez de Perón, no era
difícil elaborar un diagnóstico económico con consenso.
La ocasión fue aprovechada para introducir un discurso
teñido de un profundo ideologismo que, con gran
simplicidad, propugnaba que si el Estado dejaba de interferir con
la actividad privada y la economía era sometida a una
"sana" competencia
externa, la Argentina tenía por delante un destino de
grandeza. Debían mediar, además, naturalmente,
criterios elementales de equilibrada administración fiscal que -dicho sea de
paso- jamás habrían de imponerse.

Una vez más, se trataba
sencillamente de descorrer el velo que impedía disfrutar
de un país rico.

El plan que puso en
marcha Martínez de Hoz había sido elaborado por la
APEGE y fue expuesto a la población a través de un extenso
discurso de dos horas y media de duración, que
atravesó la medianoche del 2 de abril de 1976.

Las medidas inmediatas incluían
básicamente: liberación de precios, aumento de
tarifas de servicios
públicos y combustibles, reforma impositiva y la
anulación de las negociaciones salariales,
reemplazándolas por un sistema de fijación de
remuneraciones
por decisión del gobierno. También se
disponía una importante devaluación -que
llevó al doble el tipo de
cambio– y un proceso de unificación del mercado
cambiario.

En el corto plazo, la principal preocupación
seguía siendo la inflación; que en el mes de marzo
había llegado al 38% y su principal causa era el enorme
déficit fiscal, financiado básicamente con
emisión monetaria. El alza de precios resultante
inducía aumentos salariales, generando una incontrolable
espiral ascendente.

La elevada inflación impulsaba también una
fuente adicional de desequilibrio fiscal, dado que los ingresos
percibidos por el Estado no se actualizaban
instantáneamente, en su totalidad, debido a la tasa de
inflación y, en cambio, se
debía hacer frente a gastos que eran
mucho más sensibles a los ajustes de precios y salarios.
Además, los contribuyentes tendían a atrasarse en
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, dado que el
régimen de castigos era débil y encontraban
aplicaciones financieras sumamente rentables a corto plazo para
tales recursos.

Frente a esta situación, el gobierno puso en marcha de
manera inmediata una reforma tributaria que gravó la
transferencia de activos financieros (acciones, etc.), los
créditos bancarios, el patrimonio y
la propiedad
inmobiliaria. También se aumentó del 13% al 16% la
tasa del impuesto al valor
agregado y se establecieron ajustes periódicos de las
tarifas de los servicios
públicos.

Unos meses después, en agosto de
1976, se sancionó una nueva Ley de Inversiones
Extranjeras, de dirección opuesta a la establecida en 1973,
que facilitaba y promovía el ingreso de capital externo.
Una vez más, en el corto plazo de tres años, el
país daba un giro completo en un tema crucial.

Paulatinamente, las medidas impulsaron un descenso de la
inflación. En abril los precios se incrementaron un 33% y
en los meses siguientes hasta fin de año el promedio de
aumento fue del 8% mensual. Pero el año cerró con
un 444% de inflación, un nivel hasta entonces nunca
registrado en la historia
argentina. La variable de ajuste de este proceso fue el
salario, que en
sólo doce meses perdió el 40% de su capacidad
adquisitiva. Es difícil encontrar asidero teórico a
un esquema de política económica que propugnaba la
libertad de mercado y liberaba los precios, pero mantenía
congelados los salarios. No sería la única
inconsistencia.

No obstante, en junio de 1976 los esfuerzos de ordenamiento
recibieron el apoyo del FMI, que otorgó un financiamiento
de 300 millones de dólares, la mayor suma asignada hasta
ese momento a un país latinoamericano. A eso se sumaron
1.000 millones adicionales aportados por bancos privados.

A pesar de los logros iniciales, la
inflación seguía mostrándose
indómita. El gobierno tenía la tesis de que
una amplia conexión comercial y financiera de la Argentina
con el mundo daría como resultado una "convergencia" de la
inflación interna con la internacional y progresivamente
fue dando pasos en esa dirección.

Así, a fines de 1976 se
anunció una primera regla de devaluación, que
consistía en que la misma tendía un ritmo igual a
la tasa de inflación interna menos la tasa de
inflación internacional.

Más allá de que se basaba en supuestos
incorrectos, como habría de quedar demostrado por la
realidad, el mecanismo, de carácter gradualista, no
perecía muy propio de un gobierno autoritario. Sin
embargo, el tremendo ajuste inflacionario de medidos de 1975
había dejado una lección de prudencia en este
terreno. Además, concentradas en la represión, las
autoridades pretendían el acompañamiento de un
frente económico calmo.

Simultáneamente, el gobierno se
decidió a poner en práctica lo que sería
luego la primera etapa de apertura de la economía: una
rebaja generalizada de los aranceles de
importación del 94% al 53%. La medida fue
acompañada también de la liberación de otras
restricciones cambiarias y financieras sobre las compras en el
exterior.

Muy sutilmente se produjo un cambio
conceptual de importancia en el uso de los aranceles del comercio
exterior, que son naturalmente una herramienta para el
desarrollo económico. Esto es lo más
relevante.

Como se recordará, hasta bien entrado el siglo XX, las
tarifas aduaneras tenían como propósito principal
proveer de ingresos al gobierno y poco atendían a la
cuestión de la protección a la producción nacional. Ése fue el tema
primordial en los alegatos de Carlos Pellegrini a favor de la
industria.

Ahora, nuevamente, el nivel de los aranceles pasaba a estar
vinculado a consideraciones ajenas al desarrollo productivo y se
definía exclusivamente por el objetivo de abatir la
inflación.

Al terminar 1976, algunas de las variables de
la economía mostraban una inflexión positiva
respecto de los resultados de 1975. El producto bruto
interno cayó un 0,4% -menos que el año
anterior- en lo que influyó el deterioro de la industria,
mientras que el sector agropecuario protagonizaba una
recuperación. La caída de la industria era producto de la
contracción del 12% en el consumo privado que el
congelamiento de salarios había producido, pero, a cambio,
la inversión privada comenzaba a recuperarse de la mano de
la confianza que el programa económico inspiraba en el
sector empresarial.

La reducción del consumo también influyó
en la caída del 23% en las importaciones.
Las exportaciones, en
cambio aumentaron un 44%. Buenas condiciones climáticas y
un mejor ánimo de los productores agropecuarios
habían generado en 1976-1977 una cosecha de cereales 40%
superior al promedio de los siete años anteriores. El
"milagro argentino" había vuelto a producirse y el saldo
de la balanza
comercial fue positivo en 883 millones de dólares. Con
ese impulso y los préstamos externos recibidos, las
reservas internacionales del país se fortalecieron
sustantivamente. En materia fiscal, en cambio, el déficit
fue de casi el 14% del PBI.

Desde un primer momento, el gobierno recibió un
creciente cuestionamiento internacional por sus prácticas
represivas. Se diseñó así una estrategia en dos
tiempos, que consistía en acelerar lo más posible
la "lucha antisubversiva" para luego entonces proceder a una
profundización del programa económico.

La reciente aparición de documentos
reservados del Departamento de Estado de los Estados Unidos
refleja bien ese proceso. A principios de octubre de 1976 el
canciller Guzzetti se entrevistó con el secretario de
Estado Henry Kissinger que literalmente le dijo:

Nuestra actitud básica es que queremos que tengan
éxito (.) Lo que no se entiende en los Estados Unidos es
que Uds. tienen una guerra civil.
Leemos acerca de los problemas de derechos humanos,
pero no sobre el contexto. Cuanto más rápido Uds.
triunfen será mejor (.) El problema de los derechos
humanos está creciendo. Si pueden terminar antes que el
Congreso regrese de vacaciones, mejor. Si pueden restablecer
algunas libertades eso también ayudaría.

(1977) A pesar del clima represivo,
el brutal deterioro en el poder adquisitivo de los salarios iba
generando un caldo de cultivo para que creciera el descontento
social. Para evitar éste, en marzo de 1977 el gobierno
decidió conceder un aumento salarial del 30%, seguido de
una suerte de congelamiento de precios -una "tregua" en el
bélico lenguaje
oficial- por 120 días, medida que incluyó a las 700
empresas más importantes del país. Naturalmente,
ésta fue recibida con asombro y no poca crítica
por los sectores más ortodoxos del pensamiento
económico, en especial cuando el ministro de
Economía pidió a los empresarios que "absorbieran"
el aumento sin trasladarlo a los precios.

Casi simultáneamente se
sancionó una de las piezas clave del programa
económico, una nueva Ley de Entidades Financieras, en cuyo
trámite participó la Comisión de
Asesoramiento Legislativo (CAL), un organismo integrado por
civiles, creado para dar legitimidad jurídico-legal a las
normas dictadas por el gobierno. La reforma comenzó a
aplicarse a mediados de 1977.

La nueva ley preveía la
liberalización progresiva del mercado de
capitales y facilitaba la instalación de nuevas
entidades financieras. Asimismo. En este campo estaba presente la
idea de la "convergencia", Se suponía que, liberado el
sistema de ataduras, con el tiempo las tasas de
interés, interna e internacional sólo se
distanciarían en la magnitud de una prima de riesgo, por la
diferencia de seguridad que
ofrecía un país como la Argentina frente al resto
del mundo.

Pero el centro de gravedad del nuevo
régimen era que, aunque se liberaran las tasas de
interés, se mantenía la garantía estatal de
los depósitos. Entonces comenzó a generarse una
fantástica crisis financiera que tuvo como base el simple
mecanismo de una competencia de tasas en el mercado por parte de
un amplio número de entidades. Para pagar estas elevadas
tasas, los bancos y empresas financieras que entraban en la
"bicicleta" debían prestar estos fondos a un igualmente
elevado nivel de tasas, de modo que abundaron entre los
candidatos a tomar crédito las empresas y proyectos de alto
riesgo o escasa solvencia, las cuales, finalmente, no pudieron
afrontar sus compromisos.

De esta manera, como los
depósitos estaban garantizados, cualquier quebranto
privado sería afrontado por el Estado. La única
forma de evitar o limitar este riesgo hubiera sido un fuerte
sistema de control de la actividad por parte del Banco Central.
Pero esto no ocurrió.

Como consecuencia inmediata del nuevo
régimen, las tasas de interés pasaron de ser
negativas (es decir, menores a la inflación) a fuertemente
positivas, con los consiguientes efectos adversos sobre la
actividad productiva genuina, cuyas ganancias no permitían
afrontar los astronómicos intereses que el mercado
exigía.

Martínez de Hoz sustenta la
decisión de mantener la garantía irrestricta de los
depósitos con tasa libres en que ". la banca nacional
tenía la competencia de la banca oficial que por sus
propios estatutos contaba con el respaldo del Estado, así
como las sucursales de bancos extranjeros que gozaban del
respaldo de sus casa matrices".

Y reflexionando más ampliamente
sobre el controvertido tema, el ex ministro dice también.
"Eran muchos los sectores y las personas que consideraban el
mantenimiento
de la garantía como un requisito indispensable para la
entrada en vigencia del nuevo sistema financiero".

Ésta es, sin dudas, una sutil
descripción del "lobby"
sectorial o lo que más tarde sería conocido como la
"patria financiera".

Como había ocurrido y
seguiría ocurriendo, un sector de la economía se
convertía en centro hegemónico de las decisiones en
desmedro de los intereses del resto y del conjunto de la
sociedad.

(1978) Bajo estas condiciones, el sistema financiero
argentino alcanzó una dimensión hipertrófica
con relación al resto de la economía. Entre 1978 y
1979 se autorizó la apertura de 1.197 sucursales
financieras y la Argentina se convirtió en el reino de la
especulación. Algunos empresarios vendieron sus
instalaciones y fábricas para hacerse del dinero y subirse
a la "bicicleta financiera", de la que se salía airoso si
uno se bajaba antes de que colapsara.

A su vez, la combinación entre el
ritmo de la devaluación y las ganancias financieras que se
podían obtener con la tasa de
interés local impulsó un fuerte ingreso de
capitales del exterior en busca de ganancias rápidas en
moneda extranjera. Con el correr del tiempo, este proceso se
profundizaría merced al ingenioso mecanismo que la
mitología popular denominó "la
tablita".

Como parte del esquema de reformas "estructurales",
también a mediados de 1977 se promulgaron nuevas leyes de Promoción Industrial y de Transferencia de
Tecnología. A partir de ese momento la
promoción alcanzó por igual a empresas nacionales y
extranjeras, utilizándose los tradicionales instrumentos
de exención, suspensión, reducción o
diferimiento de impuestos. Como parte de las medidas
promocionales, la legislación introducía un grado
importante de discrecionalidad en el manejo de los aranceles de
importación.

Aunque al final del camino el programa de Martínez de
Hoz ni siquiera satisfizo al sector agropecuario, el ministro
cifraba allí sus mayores expectativas. En sus
palabras:

Desde 1930 a 1975 ese sector casi constantemente, salvo
algunos períodos de excepción, había sido
obligado a subsidiar el consumo y a otros sectores de la
industria (.) Todo esto llevó a un crecimiento
inarmónico (.) la variante fundamental introducida por el
programa de 1976 fue la decisión de que si había un
sector de la economía que necesitaba o requería
para su crecimiento de un subsidio o de una protección, y
esto era aceptado y decidido por la comunidad, no
era otro el que debía pagar sino la comunidad entera.

Siguiendo estos principios, se produjo la eliminación
progresiva de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y
la desregulación estatal de la venta de granos. Los
grandes propietarios se vieron favorecidos por una nueva ley de
arrendamientos que liberaba los precios y plazos y -al cabo del
tiempo- por una disminución especial de aranceles para los
insumos agrícolas, incluyendo los tractores, cuya
importación hasta entonces estaba prohibida.

La actividad ganadera también recibió apoyo a
través de la puesta en marcha de un plan de control y
erradicación de la fiebre aftosa que
buscaba correr hacia el norte la frontera de la
zona libre de este mal.

Pero, más allá de las
preferencias y fidelidades sectoriales, la cuestión
central de la inflación se mantenía
indómita. El gobierno apeló entonces a un mecanismo
especial para restringir la cantidad de dinero, que en realidad
crecía desmesuradamente a causa del déficit fiscal
y del ingreso de capitales del exterior, que se cambiaban por
moneda nacional para aprovechar la enorme renta
financiera.

A fines de 1977 se estableció lo
que dio en llamarse la Cuenta de Regulación Monetaria. Se
impuso entonces un efectivo mínimo sumamente elevado (45%)
sobre todos los depósitos en los bancos, sobre el cual el
Banco Central pagaba una tasa de interés, erogación
que se suponía sería compensada mediante el cobro
de intereses sobre algunos de los depósitos en los bancos.
Como tal compensación no ocurrió, la Cuenta
acumuló un déficit enorme, que fue sufragado con
fondos públicos. Schvarzer estima que en 1978 este
artificio insumió el equivalente a una vez y media, el
déficit del sector
público y entre 1977 y 1982 acumuló pagos por
un 5% del producto bruto interno.

Pero en lo inmediato, esos desajustes no se notaban. Al
culminar 1977 la economía había crecido un 7%. De
este crecimiento participaron todos los sectores productivos y la
industria y la construcción lideraron la expansión,
ubicándose incluso por encima del sector agropecuario. Los
grandes motores de la
economía fueron el aumento extraordinario de la
inversión y las exportaciones. El aumento de la
inversión -principalmente la industrial- reflejaba la
confianza del sector privado en el gobierno y también la
necesidad de crear nueva capacidad productiva después de
varios años de bajo dinamismo. Las exportaciones -con un
crecimiento del 44%- mostraban también los resultados de
las buenas cosechas, mientras que en el aumento de las
importaciones descollaban las de bienes de capital, signo
inequívoco del proceso de inversión.

El consumo interno permanecía casi estancado merced a
la contención salarial, aunque el empleo privado
había crecido y -por primera vez desde 1963- la cantidad
de empleados públicos se había reducido. Los
nubarrones rebeldes seguían siendo un déficit
fiscal del 8% del PBI y, muy vinculado al mismo, una
inflación del 176 por ciento.

El gobierno se mostraba satisfecho, no sólo en este
campo. La guerrilla estaba virtualmente exterminada y en
septiembre Videla pudo darse el gusto de viajar a Estados Unidos
y entrevistarse con el presidente Carter.

En los días posteriores el gobierno anunció que
los detenidos políticos eran alrededor de 4.000 y
comenzó a emitir listas de los mismos.

La Argentina era, entonces, "vestida de novia" para
presentarse ante el mundo con ocasión del Campeonato
Mundial de Fútbol.

El mito del
país rico estaba restaurado. Quedaban "algunos problemas"
por resolver, pero nada que impidiera invertir los 700 millones
de dólares -o más- que la preparación del
Mundial demandó, para asombro y protesta del
mismísimo Martínez de Hoz.

El campeonato mundial de fútbol acaparó casi
excluyentemente la atención de la opinión
pública. Se generó, al mismo tiempo, un "barniz" de
unidad nacional, debajo del cual existía una profunda
división alrededor del eje de los derechos humanos.

El buen desempeño económico del año
anterior se deterioraba en 1978. La inflación continuaba
su ritmo ascendente, cierto escepticismo ganaba a los
empresarios, el ritmo de inversión caía, las
exportaciones ya no crecían tan vertiginosamente y el
déficit fiscal se mantenía elevado.

Para colmo, la presión internacional por derechos
humanos no cedía y amenazaba a la indispensable asistencia
crediticia.

Finalmente, al concluir 1978,
Martínez de Hoz se decidió a impulsar las tres
medidas clave que terminarían precipitando la
economía hacia un colapso: la liberación de la
entrada y salida de capitales, un nuevo programa de reducciones
arancelarias y la instrumentación de la "tablita".

En materia arancelaria, una
reducción inmediata llevaba el promedio de aranceles desde
el 53% en que habían quedado en 1976 hasta un 29% en
diciembre de 1978. El programa continuaba hasta 1984, año
en que el arancel debía quedar en una media del 15 por
ciento.

Por si esto no alcanzara, unos
días después la Secretaría de Comercio
estableció un sistema automático de
disminución especial de aranceles para el caso de aumentos
de precios no justificados.

Simultáneamente con estas
medidas, se puso en funcionamiento lo que en términos
técnicos se conoce como el enfoque monetario del balance
de pagos. Para la gente, la expresión práctica fue
una tablita que preanunciaba, para un horizonte de ocho meses, un
cierto ritmo descendente de devaluación, el cual estaba
calculado en alrededor de la mitad de la inflación. En la
medida que esta última -como ocurrió- fuera mayor
de lo previsto, el tipo de cambio se atrasaba (es decir, los
precios en dólares subían).

Por su propia naturaleza, el
atraso cambiario tiende a dificultar las exportaciones e impulsar
las importaciones y el endeudamiento externo. Si a ello se suma
una rebaja importante de los aranceles de importación, se
induce a un desequilibrio en el balance comercial. Éste
fue el proceso que se desató en poco tiempo.

Todas estas medidas también impactaron en la
composición del equipo ministerial, que experimentó
el alejamiento de varios funcionarios vinculados a las
áreas comercial, agropecuaria e industrial. Junto con
ellos, aunque no de forma abierta, el empresariado nacional de
los sectores productivos comenzó a tomar distancia de un
programa que se tornaba amenazante.

(1979) En cuanto el gobierno logró estabilizar
la situación internacional (el conflicto con
Chile por el tema del Beagle), avanzó aún
más en la apertura comercial externa con reducciones
adicionales de los aranceles de los bienes de capital para
"facilitar la modernización del sistema productivo".
También el sector automotriz -hasta entonces excluido de
la apertura- tuvo un régimen nuevo que habilitó la
importación de vehículos y un mayor contenido de
piezas importadas en los producidos localmente.

A lo largo de 1979 las medidas tomadas a
fines del año anterior volvieron a poner fugazmente a la
economía en un sendero de crecimiento. La tablita
impulsó el ingreso de caso 5.000 millones de
dólares de capitales predominantemente especulativos que
se incorporaban al circuito financiero. El gobierno
flexibilizó su política salarial y el consumo se
expandió más de un 10%. Esta mayor capacidad de
compra, el atraso cambiario y la rebaja de aranceles hicieron que
las importaciones aumentaran un sideral 75%. La inflación
y del déficit elevados pasaron a un segundo plano y lo
mismo ocurrió con el extraordinario aumento de la deuda
externa tanto pública como privada.

Era una ilusión, pero fue
exhibida como un éxito y una porción creciente de
la población se incorporó a la fiesta de la llamada
"plata dulce".

Sin embargo, hacia fin de ese año
la situación del sistema financiero y en particular de los
bancos nacionales, era inestable. La tablita había
exacerbado la especulación, impulsando también la
proliferación de empresas o grupos que
abrieron sus propios bancos o financieras con los que se
hacían "autopréstamos".

(1980) En marzo de 1980 el Banco de Intercambio
Regional -que había llegado a ser la primera entidad
bancaria privada del país- fue intervenido por el Banco
Central, tras una auditoría que comprobó lo que en la
"city" era un secreto a voces: muchos
de sus grandes tomadores de crédito ya se habían
fundido y el banco estaba técnicamente quebrado. Pocas
horas después de la presencia de los funcionarios del
BCRA, todo el archivo del BIR
se consumió en un incendio que borró muchas
pruebas.

La medida de intervenir el banco, que en
lo inmediato afectó a 350.000 ahorristas,
desencadenó un pánico generalizado sobre los
depositantes de otras entidades. Así comenzó un
efecto dominó, que el Banco Central, como prestamista de
última instancia, tuvo que afrontar en virtud de la
garantía virtualmente irrestricta de los
depósitos.

Por esa época el BCRA
dictó una célebre norma, la Resolución
1.050, que permitía a los bancos acordar préstamos
con una cláusula de actualización del valor del
capital basada en un Índice de Ajuste Financiero. Con el
tiempo, la potenciación de las deudas que este sistema
originó llevó a la crisis a miles de deudores, en
especial en el caso de los préstamos
hipotecarios.

Al colapso del BIR se sumaron el Banco
Oddone, el Banco de los Andes y el Banco Internacional, con lo
que quedaron afectados el 20% de los depósitos privados en
todo el sistema financiero. Para fines de 1980, el Banco Central
había liquidado una treintena de instituciones
financieras.

La crisis que se inició en ese
momento se prolongó hasta 1982 y generó un costo fiscal
estimado en el 55% del valor del producto interno
bruto de un año de la Argentina.

Para contener la crisis, el Banco
Central redujo los requisitos de reserva o efectivos
mínimos de los bancos al 10%, a fin de liberarles la mayor
cantidad de liquidez para atender los retiros de los ahorristas y
los asistió con abundantes redescuentos, ratificando en
todo momento la garantía hacia los depositantes con la
esperanza, un tanto vana, de enderezar una situación de
derrumbe generalizado.

Con la misma intención, en julio
de 1980, Martínez de Hoz se embarcó en una nueva
profundización de la apertura, mediante la
eliminación de lo que se denominaban los gravámenes
paraarancelarios, es decir aquellos cargos que se suman por otros
conceptos al arancel de importación (tasa de estadística, derechos consulares, etc.) y
nuevas rebajas de aranceles y cambios impositivos en productos
seleccionados.

Esta vez al ministro le demandó
seis meses obtener la sanción de la legislación
respectiva. El nivel de confianza en su gestión se
había deteriorado severamente. Por ese entonces los bancos
cobraban a sus deudores una tasa real (es decir, deducida la
inflación) del 4,2% mensual y le pagaban a los
depositantes entre 2 % y 3% por mes.

En octubre de 1980 fue designado para suceder a Videla el
general Roberto Viola a partir de marzo del año siguiente
y por el período 1984-1987. Esta decisión
corporizó la idea de que el poder político pronto
cambiaría de manos.

Un síntoma de que el programa económico del
Proceso estaba agotado fue el discurso crítico que
pronunció el presidente de la Unión Industrial,
Eduardo Oxenford, el 2 de noviembre de 1980. Videla salió
al cruce de sus dichos declarando que su ministro llevaba
adelante "el programa de las Fuerzas Armadas".

En diciembre de 1980 nadie creía
en la permanencia del régimen cambiario y el gobierno
decidió acelerar la pauta de devaluación. Dos meses
después volvió a hacer lo mismo y agregó un
escalón de devaluación del 10 por
ciento.

(1981) Eran sólo parches para una estrategia que
había fracasado y que también enfrentaba las
inquietudes propias del cambio político derivado del
vencimiento
del mandato de Videla, en marzo de 1981.

Pero la plata dulce todavía
estaba en funcionamiento. El gobierno trató de sostener el
consumo mediante aumentos de salarios, que transitoriamente
permitieron una importante recuperación. De esta manera,
la demanda interna se sostuvo y eso permitió que la
actividad económica creciera ligeramente. La
sobrevaluación del peso alcanzó un 30% respecto de
los niveles de un par de años atrás y las
importaciones crecieron 57%. Ahora, el saldo de la balanza
comercial había pasado a ser fuertemente negativo,
mientras el ingreso de capitales primero se detenía y
luego comenzaba a transformarse en fuga, empujando las reservas
internacionales hacia abajo, en el marco de un aumento incesante
de la deuda
pública y privada.

Quizás avizorando que la fiesta
no duraría mucho más, en la temporada de verano
1980-1981 miles de argentinos ocuparon todas las plazas
disponibles en las líneas aéreas, ratificando que
Miami era la meca del consumo de la clase media
argentina, milagrosamente enriquecida, momentáneamente
feliz y eufórica de su poder de compra.

Finalmente, tal como estaba previsto, asumió la
presidencia el general Viola, aunque sin el apoyo unánime
de la Fuerzas Armadas, que recelaban de su carácter
aperturista en lo político y nacionalista en lo
económico.

Sus nueve meses de mandato estarían signados por las
críticas al modelo de
Martínez de Hoz y un intento fallido d enderezar una
situación económica caótica.

Viola desplazó a Martínez
de Hoz y colocó a Lorenzo Sigaut, quien tendría la
misión
de abandonar formalmente la difunta tablita y sincerar la
realidad, afrontando el fuerte desequilibrio externo mediante un
proceso devaluatorio que puso fin al denominado "cepo
cambiario".

Precisamente ése fue el mensaje que el nuevo presidente
intentó transmitir al designar como ministro de Industria
y Minería a
Eduardo Oxenford, el dirigente industrial que había
confrontado con Martínez de Hoz y Videla tan sólo
unos meses atrás y quien también impulsó el
abandono del programa de reducción de aranceles.

En un primer momento, la nueva
devaluación alcanzó un 30% y se retornó a
las retenciones al sector agroexportador para abastecer las arcas
fiscales y amortiguar el impacto en los precios internos de los
alimentos.
Sigaut llevó adelante una reforma financiara inspirada por
Domingo F. Cavallo, que establecía una tasa de
interés de referencia y limitaba la cantidad de
dólares que se podían comprar en casa de
cambio.

A mediados de junio tuvo lugar otra
devaluación del 30% y pocos días después se
desdobló el mercado de cambios, creándose un
mercado comercial con precio oficial para las transacciones del
comercio exterior y otro financiero con cotización
libre.

Inevitablemente, el panorama no era de
conformidad para ningún sector. Los asalariados
protestaban por el deterioro del poder adquisitivo de los
ingresos y los empresarios, endeudados en dólares, por la
incapacidad de cumplir con sus acreedores.

Para enfrentar la situación de las empresas endeudadas,
Sigaut ofreció una serie de subsidios que serán el
comienzo de la transformación en deuda pública de
la deuda privada. Domingo Cavallo recordaría: "Entre los
empresarios que más deambulaban por los pasillos oficiales
se destacan paradojalmente, aquellos que más hablaron y
hablan de liberalismo
económico y eliminación de privilegios".

El deterior económico era -sin dudas- una gran fuente
de tensión y se convirtió en una excelente excusa
para que el ambicioso general Galtieri, interrumpiera el propio
orden establecido por las Fuerzas Armadas y sustituyera al
debilitado Viola. Bajo el argumento de que el presidente se
encontraba enfermo, el 22 de diciembre de 1981, Leopoldo
Fortunato Galtieri asumió la presidencia.

La "herencia" de
Martínez de Hoz -cual una maldición- se
cobró como víctima al segundo presidente del
Proceso.

Ese año la economía se contrajo un 6%, el
déficit fiscal trepó a un astronómico 16%
del PBI y el salario real también declinó, en el
marco de una inflación del 105%. El aumento de las tasas
de interés internacionales se montó sobre el
abultado endeudamiento público y privado, generando
servicios financieros al exterior por 3.700 millones de
dólares, que se sumaban a la fuga de capitales, lo que
impulsó un "tobogán" devaluatorio. A lo largo del
año el precio del dólar estadounidense se
multiplicó por cinco, de $ 2 por unidad en enero a $ 10
por unidad en diciembre. En ese contexto, las reservas
internacionales se redujeron a la mitad.

En medio de tantos males, las exportaciones subieron 14%,
impulsadas fundamentalmente por las ventas externas de nueve
millones de toneladas de maíz, el
triple que el año anterior. Este nuevo y oportuno
"milagro" agropecuario tenía una explicación: la
cosecha récord del año anterior permanecía
en gran parte en los silos, de donde ahora salía, alentada
por el sinceramiento del tipo de cambio. Esa misma
situación y la contracción de la economía,
produjeron una caída considerable de las importaciones,
con lo que el déficit comercial se redujo a casi la
décima parte del año anterior.

(1982) Galtieri designó como ministro de
economía a Roberto T. Alemann, quien procuró
concentrar su política en el restablecimiento del equilibrio
fiscal, algo de lo que casi no se hablaba desde hacía
largos años.

En esa línea impuso un recorte del 10% en los enormes
gastos de las Fuerzas Armadas, que en 1980 habían
ascendido a los 4.000 millones de dólares. También
se congelaron los salarios de la administración
pública y las tarifas de las empresas públicas
y se adoptaron diversas medidas para fortalecer los ingresos
públicos.

A esas alturas, lo que dominaba la
escena era la crisis de pagos externos, infinitamente agravada
por el peso de una deuda difícil, si no imposible, de
refinanciar desde un país inestable y con un mercado
mundial de capitales cuyas condiciones habían cambiado
drásticamente.

Es que la crisis del petróleo de la década anterior
había traído como consecuencia la generación
de los llamados "petrodólares", es decir los excedentes de
capitales originados en los altos precios del petróleo
que percibían los países productores. Esta
abundancia de capitales -reciclados en los mercados europeos-
había favorecido las políticas
de endeudamiento fácil, no sólo en la Argentina,
sino en todo el continente. Pero ese fenómeno había
terminado y ahora esos mismos capitales se refugiaban en mercados
donde la renta y la seguridad ofrecieran una combinación
más atractiva.

Cuando estalló la Guerra de las
Malvinas (2 de
abril de 1982), Roberto Alemann se encontraba negociando la
refinanciación de parte de la deuda externa y el equipo
económico apenas si llegó a tiempo para trasladar
las reservas internacionales del país al Banco de Pagos
Internacionales, en Suiza.

En los dos meses que duró la
guerra, Alemann, al igual que le ocurriría a uno de sus
sucesores unos años más tarde, descubrió la
diferencia que los argentinos establecen entre el corazón y
el bolsillo. A pesar del apoyo público a la contienda, los
depósitos en los bancos disminuían sin cesar y el
dólar pasaba de $ 10 a $ 24 por unidad entre enero y
junio.

En esos días, en un discurso, el
ministro hizo una interesante radiografía del sistema
financiero "modelo" ideado cinco años
atrás:

El sistema de garantía oficial
induce operaciones bancarias de signo inverso al normal (.) La
experiencia recogida durante las últimas semanas ha sido
aleccionadora. El Banco Central repuso la liquidez que faltaba
por extracciones de depósitos inducidas por el terror y
las tasas de interés no bajaron sustancialmente porque
siempre hubo entidades financieras dispuestas a pagar altas tasas
con la garantía oficial (.) La garantía oficial
facilita negocios espurios, porque ciertos financistas sin
escrúpulos pueden distraer los fondos de los depositantes
para negocios particulares o incluso estafar a la entidad y fugar
(.) El Banco Central ha sufrido por este concepto
pérdidas billonarias por cuenta de la Tesorería
Nacional y el país ha pagado esas pérdidas con
inflación y empobrecimiento general (.) La salud económica y
moral de la
Nación
reclama que este sistema cese hasta extinguirse.

La derrota en la guerra implicó
una descomposición inmediata del Proceso, que
también hizo eclosión por las cuentas
pendientes del propio desempeño de las tres fuerzas en las
Malvinas. La Marina y la Fuerza
Aérea, con fuertes reproches, abandonaron el gobierno y el
Ejército, en soledad, designó al general Reynaldo
Bignone como presidente encargado de negociar la
transición hacia la democracia.

Con Bignone volvió al Ministerio de Economía
José María Dagnino Pastore, que había
ocupado el cargo con la "Revolución
Argentina". En el Banco Central asumió Domingo
Cavallo.

El nuevo equipo económico ensayó un giro en
medio de la tempestad y preparó un plan económico
propio, con cierto corte nacionalista que hallaba eco en sectores
militares afines, pero que finalmente no podría imponer en
los escasos 52 días en la función.

Dagnino Pastores enfrentó un importante recrudecimiento
de la inflación al que no pudo dominar. Al mismo tiempo,
en el plano externo, además de los atrasos que se
acumulaban en los pagos, existía la particularidad de que
una parte importante de la deuda externa estaba contraída
con la banca británica, lo que daba a la
negociación un notable tinte político.

En el Banco Central, fiel a su estilo,
Cavallo trabajó febrilmente y adoptó multitud de
disposiciones, entre ellas un seguro de cambio para la deuda de
las empresas privadas a un valor de $ 15,75 por dólar y,
nuevamente, el desdoblamiento del mercado cambiario.

Este seguro de cambio fue ampliado por
su sucesor -Lucio González del Solar- a través de
una norma que permitió la licuación definitiva de
los pasivos de las empresas endeudadas, sistema que operó
hasta 1985.

A fines de agosto de 1982 Jorge Wehbe reemplazó a
Pastore y llegó, por tercera vez, al Ministerio de
Economía.

Las medidas se tornaron eminentemente
coyunturales, en un contexto en que la crisis financiera regional
se agravaba. Pocos días antes de asumir Wehbe, el 20 de
agosto de 1982, México
había anunciado la moratoria de su deuda externa desatando
un efecto contagio a escala
mundial.

Los países del Tercer Mundo y de
Europa Oriental estaban comprometidos con deudas externas por
626.000 millones de dólares, cifra más de tres
veces superior a la de seis años atrás. En los
meses que siguieron, quince países -entre ellos el
nuestro- procuraron renegociar vencimientos por más de
90.000 millones de dólares con la banca
comercial.

Debido al estallido de la crisis de la
deuda, el crédito internacional desapareció y los
mayores acreedores -la banca internacional- formaron un "club"
para hacer frente al problema. El FMI socorrió a los
países endeudados para salvar, a su vez, el sistema
financiero internacional. Esta decisión, adoptada durante
la asamblea del FMI y el Banco Mundial
en Toronto, en septiembre de 1982, implicó la posibilidad
de que los países en crisis accedieran al salvataje bajo
condiciones que determinarían el curso de futuras
políticas económicas.

Como siempre, la Argentina requería un nuevo acuerdo
con el FMI, pero el organismo ponía como requisito (al
igual que veinte años más tarde) que antes la
Argentina llegara a un arreglo con el resto de sus acreedores
externos. Conforme al funcionamiento del sistema financiero
internacional en esos años, las deudas habían sido
contraídas fundamentalmente con bancos privados, que como
actuaban de manera sindicada, formaban una gran red de alrededor de 600
entidades.

En medio de gran tensión, la negociación con los
acreedores se cerró sobre fin del año y ello
abrió las puertas para que en enero de 1983 se
restableciera un acuerdo "stand-by" con el FMI.

Durante 1982 el desempeño de la economía fue
catastrófico. El PBI se contrajo casi un 6%, la
inflación alcanzó el 165% y el poder adquisitivo
del salario cayó 20%. Las importaciones disminuyeron
bruscamente, lo que facilitó un fuerte saldo comercial
positivo, que junto a un endeudamiento externo adicional de 6.000
millones de dólares y la virtual cesación de pagos,
permitieron mantener relativamente estables las reservas. Pero a
lo largo del año el dólar pasó de $ 10 a $
68 por unidad y en junio de 1983 nació el peso argentino,
con cuatro ceros menos que su anterior y dos años de vida
por delante. La aventura había costado cara.

Cuando concluyó la etapa del Proceso la economía
había crecido un 0,8% sobre los niveles de 1975. La
expansión inicial duró hasta 1980, con un acumulado
del 10% que se perdió en los dos años posteriores.
En el mismo lapso, la población creció casi 14%, de
modo que el ingreso por habitante disminuyó en la misma
proporción y, como la distribución del ingreso empeoró
notablemente, para una gran parte de la población el
descenso fue mucho mayor. Mientras el 1974 el 5% de la
población más rica percibía el 17,2% del
ingreso total, en 1982 concentraba el 22,2 por ciento.

Durante esos años el poder adquisitivo del salario
estuvo -en promedio- 25% por debajo del trienio 1973-1975 y, como
consecuencia, la participación de los asalariados en el
PBI cayó desde un 47% en 1974-1975 hasta 36% en 1982.

Ese último año, el desempleo alcanzó un
6%, una cifra elevada para la época, aunque
paradisíaca para la Argentina de comienzos del siglo XXI.
Sin embargo, un fenómeno nuevo estaba en ascenso: el trabajo por
cuenta propia. A mediados de 1970 en esa categoría
ocupacional se registraba alrededor del 16% de los ocupados, en
1982 las cifras llegaban al 29% en el interior de la provincia de
Buenos Aires,
el 20% en el suburbano y el 18% en la ciudad de Buenos Aires.
Junto con la pérdida en los empleos clásicos con
relación de dependencia, se inició también
una precarización importante de las condiciones
laborales.

En buena medida eso obedeció al deterioro del sector
industrial, cuya producción osciló en esos
años alrededor de los mismos valores de 1975, para
desplomarse luego un 20% al fin del período.

Un estudioso de estos temas, Bernardo Kosacoff, señala
que "entre 1976 y 1982, la producción de textiles, ropa y
calzado disminuyó 35%, la de madera y
muebles 40% y la de productos metálicos, maquinarias
eléctricas y material de transporte
30%.

Una observación del mismo autor es la ausencia de
ingreso al mercado de nuevas firmas extranjeras y la reducida
significación de las inversiones de las ya radicadas.
Más aún, se registra la salida de un conjunto de
importantes filiales, entre ellas cuatro pertenecientes al sector
automotriz.

Nuevamente, estos resultados traen al
análisis el abismo que suele mediar entre
las formulaciones de política teñidas de
ideologismo y la realidad del mundo de los negocios.

Paradójicamente, la propia
apertura, finalmente abrupta, desordenada y agravada por el
atraso cambiario, desalentaba la permanencia en el país de
quienes tenían al mercado mundial como referencia. Para
qué producir en un pequeño mercado de elevados
costos si era
posible enviarle productos de cualquier parte del mundo con bajos
aranceles.

Reseñando su gestión es
este campo, Martínez de Hoz expone un análisis
sumamente interesante, que testimonia bien su pensamiento
económico y cuán lejos se ubicaba de la realidad
internacional:

La política de apertura en
materia de comercio y de industria se llevó a cabo en una
época durante la cual apareció en escena lo que se
ha dado en llamar el neoproteccionismo internacional. Las
naciones industriales, que en el pasado protegían a sus
producciones agropecuarias (.) adoptaban la postura que las
exportaciones de manufacturas de países en desarrollo
tendrían acceso a su mercado, con lo cual se
compensaría gradualmente la reducción de la
importación de productos agropecuarios. Pero cuando tales
exportaciones alcanzaron un determinado nivel de eficiencia y
competitividad, se encontraron con limitaciones,
prohibiciones, cuotas obligatorias o supuestamente voluntarias,
impuestas por las naciones industrializadas (.)

En el curso de nuestra gestión
luchamos permanentemente contra estas prácticas, en todos
los ámbitos y foros internacionales, donde tuvimos una
activa presencia. Proclamamos allí que estas restricciones
eran absolutamente nocivas para la economía mundial (.)
Consideramos que hubiera sido un grave error que por el hecho de
que algunos países adoptaran prácticas
inconvenientes, los imitásemos poniendo en vigencia
políticas igualmente equivocadas (.) La apertura
económica (.) es un instrumento de modernización
interna, independientemente de lo que hagan otras
naciones.

Como es conocido, una de las herencias
más negativas del Proceso fue el crecimiento de la deuda
externa. En 1975 el endeudamiento total del país
(público y privado) era de 7.875 millones de
dólares, en 1983 llegaba a los 44.781 millones de
dólares. En el caso de la deuda pública, en ese
lapso se pasó de 4.021 a 32.196 millones de
dólares. En los años posteriores, merced a los
seguros de
cambio y las propias reestructuraciones empresarias, la deuda
privada se contrajo sustantivamente. Pero no ocurrió lo
mismo con el sector público.

La cuestión del endeudamiento
público tuvo, algunos rasgos peculiares. Entre 1976 y 1981
las empresas del Estado incrementaron su deuda en 21.548 millones
de dólares. Las "naves insignia" de ese fenómeno
fueron YPF, que tomó impagables 7.763 millones de
dólares de nueva deuda, y Agua y
Energía con 3.814 millones de dólares.

En el dispendio sin límites,
entre 1976 y 1983 el Estado emitió 306 avales o
garantías para operaciones de crédito por 6.670
millones de dólares. El 43% de este monto, unos 119
avales, tuvieron como destinatario al sector privado. Seguramente
se trató de un olvido del principio de subsidiariedad del
Estado.

Es difícil pensar en otro
país en el mundo donde la voluntad de un grupo de
personas profundamente equivocadas sea capaz de imponerse
mesiánicamente por sobre las evidencias de
la realidad, transformarse en acción de gobierno y
producir un proceso de destrucción económica tan
grave.

Hoja de balance: ¿"Marx"-to-market?
– De los activos de "legado" (?) a la relajación
cuantitativa (quantitative easing) (?)

(Nacionalizaciones de deuda y contabilidad
creativa)

– Llamémoslo simplemente "N" (El País –
7/3/09)

Los gobiernos nacionalizan bancos, pero la palabra es
tabú – Este intervencionismo desata el miedo
atávico a los totalitarismos

(Por Ariadna Trillas)

Hay palabras que significan cosas. Y luego existen las
palabras con aura, que significan cosas y, además,
sugieren otras. Las meras palabras se emplean y no ocurre nada.
En cuanto a las otras, las del aura, a menudo sale caro
mentarlas. El verbo "nacionalizar", por ejemplo. El diccionario de
la Real Academia Española lo define así: "Hacer que
pasen a depender del Gobierno de la nación
propiedades industriales o servicios explotados por los
particulares". Pero políticos con mando en plaza han
recurrido a la palabra en las últimas semanas y, acto
seguido, han visto cómo se hundían Wall Street y
las contagiosas bolsas mundiales.

En el subconsciente de las principales economías
occidentales, y especialmente en mecas del capitalismo
como Estados Unidos y Reino Unido, hablar de "nacionalizar
bancos" es recuperar algunos ecos de la ya enterrada Guerra
Fría y de modelos
políticos no democráticos como el comunismo o el
fascismo. Y
esa aura de la palabra explica el esmero de la nueva Administración Obama en evitar el
término, que algunos comentaristas de la prensa
económica internacional denominan ya con ironía la
"palabra n".

"Es mejor no usar la palabra para evitar debates
ideológicos: nacionalizar bancos suena a comunismo",
resume Charles Wyplosz, economista del Graduate Institute of
International Studies de Ginebra.

El experto en finanzas
públicas y privadas del Brookings Institute de EEUU
Douglas J. Elliott puntualiza que "en este país se duda en
emplear la palabra nacionalización porque implica una fe
en el Gobierno sobre los mercados que aquí es francamente
impopular". Elliott acaba de publicar un estudio sobre pros y
contras de nacionalizar bancos en el que concluye que la "plena
nacionalización" puede revelarse necesaria sólo
como último recurso para un par de gigantes bancarios. Ve,
sin embargo, improbable una toma de control generalizada de
bancos a menos que la economía empeore mucho más. Y
sí ve venir más tomas de participaciones parciales
de acciones. Ya se constata en Citigroup y Bank of America.