La "argentinización" de la economía mundial (página 6)

"La mayoría de los gestores saben desde hace tiempo que la
inscripción se avecinaba", afirma David Nelson, de DC
Nelson Asset Management, un pequeño fondo de cobertura que
ya está registrado en la SEC. Los exámenes y los
trámites necesarios son costosos, especialmente para las
firmas más pequeñas sin mucho personal
administrativo, "pero esta es la realidad, e ir en su contra es
inútil", opina Nelson.

El plan
también busca imponer más restricciones sobre las
operaciones de
los fondos de inversión que invierten en los mercados
monetarios y controles más estrictos sobre el mercado de
derivados que no se transan en bolsa, abogando por el uso de una
cámara de compensación centralizada.

"Se terminaron los días de la regulación
'suave'", afirmó el representante demócrata Barney
Frank, presidente del Comité de Servicios
Financieros.

Múltiples aristas

El gobierno de Obama
espera reemplazar o reformar las reglas en casi todos los
rincones de los mercados
financieros, desde las hipotecas hasta el sistema
financiero en las sombras que opera principalmente fuera del
control de las
autoridades.

Sin mucho revuelo, Geithner ha ganado aliados clave,
incluyendo al presidente de la Fed, Ben Bernanke, en su intento
por aprobar los complejos cambios. Es probable que el presidente
del Comité de Banca del Senado,
el demócrata Christopher Dodd, haga avanzar el proceso a
través del Senado de forma mucho más lenta.

La mayoría de los gestores de los fondos de cobertura,
inversionistas, abogados y lobbistas afirmaron que la industria se
está preparando para las nuevas reglas. Más que
combatirlas, planean limitar las estipulaciones que consideran
demasiado invasivas, como la idea de hacer públicos los
registros de
corretaje.

En apenas dos meses, Geithner ha propuesto una asombrosa
cantidad de iniciativas cuyo objetivo es
ampliar el acceso al crédito, estabilizar los bancos más
débiles y apuntalar el mercado inmobiliario. La reforma
regulatoria propuesta ayer es igual de ambiciosa.

Sus dos anuncios de esta semana -sobre la regulación
financiera y la compra de los activos
tóxicos que ahogan a los bancos- fueron diseñados
en parte para allanar el camino hacia la cumbre del Grupo de los
20 que se realizará el 2 de abril en Londres. EE.UU.
discrepa de la postura de países como Francia y
Alemania, que
buscan que los fondos de cobertura sean regulados de forma
aún más estricta.

Algunos críticos no atacaron la propuesta, sino en el
momento elegido para anunciarla, dado que la crisis
financiera aún no ha amainado. "Los conceptos
básicos de la reforma regulatoria me parecen
sólidos", afirmó Frederic Mishkin, ex gobernador de
la Reserva Federal que ahora es profesor de
bancos e instituciones
financieras en la Escuela de
Negocios de la
Universidad de
Columbia. "Me preocupa, sin embargo, que lo que necesitamos hacer
de inmediato es apagar el incendio, y ahora estamos discutiendo
sobre rediseñar el sistema de
combate de incendios".

– Durante un plazo máximo de 6 meses – Gran
Bretaña propone ampliar el límite de
garantía de depósitos a 500.000 libras (Libertad
Digital – 1/4/09)

La Autoridad de
Servicios Financieros (FSA) británica propone ampliar de
50.000 a 500.000 libras la cantidad máxima que garantiza
el Estado en
caso de quiebra bancaria
para proporcionar una protección extra a los clientes con
depósitos elevados, pero durante un período
máximo de 6 meses.

(Libertad Digital) Hasta el momento, el régimen de
garantía de depósitos en caso de quiebra financiera
en Gran Bretaña establece un límite máximo
de 50.000 libras (unos 550.000 euros) por individuo y
entidad bancaria. Sin embargo, el regulador financiero
británico (FSA) es consciente de que algunos clientes
disponen de saldos que exceden en mucho esta cantidad de forma
ocasional.

Esto podría ocurrir, por ejemplo, cuando alguien vende
su casa, recibe una herencia, rescate
un plan de pensiones o cobra una indemnización. El
director de este organismo, Thomas Huertas, explica que dicha
propuesta "protegerá a la gente que tiene poca o ninguna
opción de mantener un saldo elevado (en la cuenta
corriente) durante un periodo limitado de tiempo" por una
cantidad superior al límite que fija el actual
régimen de protección (50.000 libras).

Es decir, de este modo, el FSA pretende ampliar el plazo y el
límite de garantía con el fin de que los
ahorradores dispongan de tiempo suficiente para diversificar su
dinero en
diversas entidades, en caso de que exceda la cantidad
límite que garantiza el Estado en caso
de bancarrota. Una señal clara de la desconfianza que
viven los ahorradores británicos.

La garantía de depósitos "no pretende proteger a
los clientes que mantengan altos saldos en la cuenta durante un
periodo largo de tiempo, así que la protección
extra tendrá un periodo limitado", según Huertas.
Las propuestas recomiendan un límite temporal de seis
meses para la mayoría de circunstancias y un límite
monetario de 500.000 libras.

Sin embargo, en el caso de indemnizaciones por daños
personales, el regulador propone ofrecer protección
ilimitada por encima de 18 meses. Y es que, este tipo de
indemnizaciones o cobro de seguros con
frecuencia pretenden proporcionar un ingreso vitalicio a la
persona que ha
resultado herida o lesionada y, por lo tanto, resulta más
difícil valorar cómo invertir el dinero,
informa Banking Times.

Pese a todo, no se espera que los reguladores
británicos aprueben ningún cambio en
cuanto a la garantía de depósitos hasta finales de
2010 como pronto. Además, tales modificaciones
precisarían de la aprobación de las autoridades de
la Unión
Europea (UE).

– EEUU relajará la normativa contable que valora los
activos de la banca (Cinco Días – 2/4/09)

El organismo que determina las reglas contables en EEUU, FASB,
votará hoy la relajación de la controvertida norma
mark to market, de valoración de los activos a precios reales
de mercado, algo a lo que ha sido obligado por un Congreso
aplaudido por la banca. Los cambios permitirán a las
entidades reducir las pérdidas de valor de sus
activos, pero restará eficacia al nuevo
plan del Tesoro para eliminar estos de los balances.

(Por Ana B. Nieto – Nueva York)

La nueva normativa contable que prepara EEUU tendrá un
fuerte impacto positivo en las cuentas de la
banca, nace de una intensa presión
política
en Washington. Se trata de relajar la norma que obliga a valorar
los activos financieros a precio de
mercado, denominada regla mark to market. Los políticos,
de ambos partidos, han sido muy receptivos al mensaje de una
banca que no ha hecho más que quejarse de que se les
está obligando a valorar unos activos a un precio de
mercado cuando este es ilíquido o está dislocado.
En estas circunstancias, el registro del
valor que se hace de estos activos en los libros,
obligatorio aunque no haya intención de vender, se ha
desplomado y las entidades recogen fuertes pérdidas.

De hecho, los cambios en esta norma se han producido a una
velocidad
vertiginosa. Ayer se cerró el periodo de apenas 15
días de comentario público a los retoques de la
norma mark to market, y hoy mismo, con apenas un día de
debate, se
votará en el organismo rector de la normativa contable, el
FASB, la relajación en la aplicación de
ésta.

Según la banca, la aplicación de la actual
normativa mark to market para definir el valor justo, que
empezó a implementarse en 2007, ha exacerbado la
prociclicidad y exagerado la destrucción de valor de los
balances de las entidades. Con los cambios se permitirá
estimar si los activos cotizan en un mercado dislocado y, en tal
caso, valorarlos con otros mecanismos. Las reglas se
aplicarán a las cuentas del primer trimestre.

Para la American Banker Association, "es un paso adelante
significativo en la dirección adecuada que ayuda a entender
conceptos para estimar el valor justo en mercados
ilíquidos". Pero no todo son aplausos para la FASB. Los
críticos apuntan que con estos cambios se puede retrasar
la asunción de las pérdidas de los activos
hipotecarios y otros tóxicos. Además, se elimina la
necesidad de los bancos de deshacerse de estos activos bajo el
plan diseñado por el Tesoro de Tim Geithner, ya que pueden
aparcarse en los libros hasta que se realicen las obligaciones
crediticias titulizadas. En este caso, la incertidumbre sobre su
valor real se puede ampliar.

Los analistas financieros, a través del CFA Institute
(Centro para la Integridad de Mercados Financieros), han sido
consistentemente críticos con la reforma o
matización de la normativa contable, a la que eximen de
culpabilidad
en la actual crisis. 'Los estándares de valoración
justa, críticas para la integridad de los mercados
financieros, deben mantenerse', explican desde esta
institución que desconfía de la falta de
transparencia que acarreará la nueva acción
de la FASB.

– ¡Magia! EEUU saca la varita para que desaparezcan las
pérdidas de la banca (El Economista – 2/4/09)

(Por Cristina Triana)

¿Truco o trato? Lo decide hoy la Financial Accounting
Standards Board (FASB), el organismo privado que se encarga de
establecer los estándares contables de las empresas de EEUU.
Y, tal vez, pueda ceder a la tentación de trucar el
sistema para que por arte de magia
desaparezcan las pérdidas generadas por la caída
del valor de los activos de las entidades financieras.

Una de sus mayores fuentes de
pérdidas en lo que llevamos de crisis. Y el efecto de la
modificación, de producirse, será pan para hoy y
hambre para mañana.

Algunos analistas creen que parte de la fuerte subida
acumulada por la bolsa norteamericana en los últimos
días de marzo, en la que el sector financiero tuvo un
papel protagonista, está motivada justo por esa
expectativa y que permitió al Dow Jones firmar su mejor
mes desde octubre de 2002.

Y no es para menos porque en el caso de que los bancos dejen
de realizar depreciaciones sus resultados pueden variar
notablemente hacia el lado positivo porque no tendrán que
declarar una serie de pérdidas en sus inversiones.
Algo que puede ser una bomba para la bolsa a corto plazo.

Aunque en EEUU no las tienen todas consigo sobre si se
abrirá la mano en lo que se conoce como la
valoración de activos a precio de mercado (mark to
market), la realidad es que son bastantes las voces que
defienden que las circunstancias invitan a hacerlo.

Sin ir más lejos, lo ha pedido Warren Buffett, que
ostenta una participación importante en Bank of America a
través de Berkshire Hathaway. Otros explican que son las
culpables de la crisis. Su argumentación es que el valorar
a precios de mercado una serie de activos que por la crisis son
ilíquidos no es justo para las entidades. La norma actual
exige que las inversiones sean valoradas por lo que se
obtendría al venderlas y, en un mercado sin
contrapartidas, opinan que los precios no son reales.

¿Negativo a largo plazo?

En cualquier caso, el debate está muy encendido, porque
se teme que el efecto sea muy negativo a largo plazo.

La explicación es que quita mucha visibilidad sobre las
inversiones de los bancos, justo en un momento en el que se
necesita transparencia, por lo que muchos profesionales se han
posicionado en contra del cambio en la normativa contable, como
CFA Institute, institución compuesta por los profesionales
de la inversión que han logrado la calificación
CFA, una de las más importantes de la industria.

Su argumentación es que la crisis no la ha provocado la
valoración a mercado de los activos, sino las inversiones
que han realizado las entidades y que habilitar a éstas
para no tener que reconocer pérdidas es una gran
limitación a la transparencia, que es justo lo que
necesitan los inversores, los gestores y los propios bancos para
recuperar la credibilidad.

El quid de la cuestión, no obstante, es que el coste de
reconocer pérdidas crea una necesidad creciente de
inyecciones de capital y las
arcas de los estados no dan mucho más de sí.

De acuerdo con datos de BNP
Paribas, la factura para
rescates del sector financiero ya asciende a 3,94 billones de
euros entre Europa y EEUU,
sin tener en cuenta las líneas adicionales de liquidez. Y
la máquina del dinero ya no da para mucho más.

El caso europeo

De hecho, Europa ya aprobó en otoño del
año pasado un cambio contable que evita que algunas de las
depreciaciones corran en contra de la cuenta de resultados.
Habilitó a los bancos de la Unión Europea para
mover activos de la cartera de negociación (donde se mantienen las
inversiones a corto plazo que, por tanto, se deben valorar a
precios de mercado) a la cartera de inversiones a vencimiento.
En esta cartera se ubican las inversiones que la entidad
considera que mantiene a largo plazo. Como no están
disponibles para la venta, no es
necesario que reconozcan lo que obtendrían si las
vendieran en un momento determinado.

El requisito que colocaba la Unión Europa era que los
activos que las entidades europeas cambiaran de lugar eran
aquellos que tuvieran capacidad para mantener a vencimiento. Y
esto afecta, por ejemplo, a los bonos, las
titulizaciones o cualquier otra emisión con plazo. Justo
los mercados que se vieron más damnificados tras la
caída de Lehman Brothers. La explicación que se dio
para la adaptación era que con ella se evitaba que la
volatilidad que sufría este tipo de activos repercutiera
negativamente en las entidades.

Aderezo previo a los resultados

La medida que tomó la Unión Europea se hizo con
carácter retroactivo. Así, aunque se
presentó en otoño, permitió que los bancos
europeos se acogieran a ella para presentar sus resultados del
segundo trimestre de 2008. En el caso de que se aprobara en EEUU
una medida similar, esto podría repercutir en los
beneficios de las entidades que comunican cifras a lo largo de
este mes. Y son todas las principales norteamericanas.

Así, de acuerdo con el calendario previsto, el
próximo 15 de abril inaugura la temporada Wells Fargo. Dos
días después, se espera que se conozcan los
números de Bank of America y Citigroup. El 21 de este mes
los comunicará Goldman Sachs y Morgan Stanley.

– EEUU aprueba la flexibilización del "mark-to-market"
por unanimidad (El Economista – 2/4/09)

El Financial Accounting Standards Board (FASB), organismo
privado que emite los principios de
contabilidad en EEUU, ha decidido hoy flexibilizar las
normas
contables sobre el cálculo
del valor de los activos, conocidas como mark-to-market. Estas
reglas han sido las que han provocado importantes depreciaciones
de activos en las entidades financieras.

Este principio contable, conocido también como fair
value o valor razonable, obliga a la valoración de los
activos a precios reales de mercado.

En los casos de activos tóxicos, difícilmente
intercambiables, este valor es muchas veces considerado como muy
débil, causando importantes pérdidas para los
bancos.

El FASB permitirá con la normativa aprobada hoy que las
compañías valoren los activos a los precios que
recibirían en una venta "ordenada" en vez de ajustarlos a
los niveles de una venta forzada. Esta decisión
podría limitar la cantidad de amortizaciones por la
depreciación de los activos que ha causado
la crisis.

Respaldo del mercado

Algunos analistas creen que parte de la fuerte subida
acumulada por la bolsa norteamericana en los últimos
días de marzo, en la que el sector financiero tuvo un
papel protagonista, está motivada justo por esa
expectativa y que permitió al Dow Jones firmar su mejor
mes desde octubre de 2002.

Y no es para menos porque en el caso de que los bancos dejen
de realizar depreciaciones sus resultados pueden variar
notablemente hacia el lado positivo porque no tendrán que
declarar una serie de pérdidas en sus inversiones.

– Las tres teorías
sobre el cambio de la norma del "mark to market" (El Economista –
3/4/09)

(Por Ainhoa Giménez – Bolságora)

El cambio de la normativa contable respecto al famoso
mark-to-market (obligación de los bancos de valorar sus
activos al último precio cruzado en el mercado aunque
éste esté cerrado y se trate de ventas a
cualquier precio, fire sales) no fue tan grande como Wall Street
deseaba: no soluciona el problema de golpe -no elimina la norma
sino que permite un cierto grado de subjetividad en casos de
activos ilíquidos- sino que proporciona un alivio a la
banca hasta que el entorno económico y financiero
mejore.

Jim Cramer, el polémico gurú de la CNBC y de
RealMoney, piensa que su principal consecuencia es que va a
mantener vivos a unos cuantos bancos, algunos que no
deberían seguir vivos y otros que sí. Pero, a su
juicio, conseguir lo segundo justifica el "daño
colateral" de mantener algunos bancos zombies: los que
sólo sobreviven gracias al rescate estatal. Por eso, cree
que puede comenzar un círculo virtuoso en el sector que
invita a comprar bancos en bolsa. Algo que no era difícil
de adivinar siendo Cramer como es un "siemprealcista"
impenitente.

Pero lo más interesante es el análisis que hace de las tres
teorías que existen sobre la decisión de ayer. Son
las siguientes:

1. La que asegura que la reforma contable no tiene importancia
y que es mala porque da a los bancos una flexibilidad que no se
merecen. Cramer les pone verdes porque da igual que lo merezcan o
no ("estamos hablando de dinero, no de ética"), y
además, porque, si la laxitud que se concede a los bancos
no es merecida es porque es buena para ellos, luego no se puede
sostener que "no importa". "Vivo en un mundo simple: ¿Los
números van a ser más altos o más bajos en
este nuevo entorno? La respuesta es, más altos. ¿Y
qué pasa cuando los números son más altos?
Que las acciones
suben".

2. La que dice que esto es malo porque crea una
situación a la japonesa en la que los activos malos nunca
salen de los balances. También la rechaza. Primero, porque
no se trata de inmuebles comerciales con valoraciones
ridículas, sino de hipotecas residenciales que pueden no
estar tan sobrevaloradas si la vivienda se estabiliza. El
problema, recuerda Cramer, no es que los bancos tuvieran que
vender activos, sino que tenían que apuntarse unas
pérdidas enormes sin tocar esos activos -en muchos casos,
triple A- sólo por el hundimiento de su mercado y la regla
del mark-to-market. Por eso cree que la medida es sensata, ya que
quita a las agencias de rating del proceso y lo pone en el "campo
del sentido común". "Esto no es Japón",
insiste.

3. La que afirma que hay que comprar acciones de los bancos
gracias a este cambio normativo. Lógicamente, ésta
es su postura, porque la mejora de los resultados de la banca
provocará su subida en bolsa, aunque se hace necesario
distinguir entre los bancos sólidos y los zombies.
Además, piensa que la subida se retroalimentará por
el cierre de las enormes posiciones cortas que existen sobre
estos valores.
Además, los buenos bancos podrán hacer ofertas en
acciones para comprar los malos, y entonces venderán los
activos tóxicos al famoso fondo público-privado de
Geithner. Es verdad que los activos tóxicos no
desaparecerán de inmediato, pero Cramer confía en
que lo hagan cuando llegue la recuperación.

En resumen, Cramer dice que los moralistas no tienen sitio en
el mundo del dinero, que los que rechazan la medida no han hecho
los deberes y que los que defienden el círculo virtuoso
son los que él apoya, aunque espera que unos bancos suban
y otros no. Eso sí, admite que puede haber una toma de
beneficios a corto plazo ya que la medida no es la
supresión total del mark-to-market que muchos estaban
esperando, empezando por él, sino sólo algo que
permite ganar tiempo al sector hasta que pase lo peor.

– Los reguladores estadounidenses se alistan a analizar las
pruebas de
resistencia (The
Wall Street Journal – 6/4/09)

(Por Damian Paletta)

Los principales reguladores federales del sector bancario
planean reunirse a comienzos de esta semana para discutir
cómo analizar los resultados de las pruebas de estrés que
están realizando los 19 mayores bancos del país,
señalaron fuentes familiarizadas con la
situación.

Los reguladores anunciaron las pruebas hace dos meses como
parte de una iniciativa para determinar cuánta ayuda
podrían requerir los bancos para seguir otorgando créditos si la crisis económica
empeora. El Gobierno está analizando cómo reforzar
a las entidades de otorgamiento de préstamos sin parecer
que está ayudando a bancos que no podrán mejorar su
situación.

En las reuniones de esta semana, también se espera que
los reguladores analicen cómo los nuevos cambios a la
normativa contable podrían afectar el desempeño de cada banco en las
pruebas.

Los reguladores diseñaron las pruebas de estrés
para asegurar que los bancos puedan sobrevivir -y continuar
otorgando créditos- aun si la tasa de desempleo
creciera sobre el 10% y los precios de las viviendas se
contrajeran en otro 25%. Las pruebas apuntan a determinar si un
banco necesitaría más capital para continuar
entregando préstamos en tales circunstancias.

– Tesoro de EEUU ajusta sus planes para los activos
tóxicos (The Wall Street Journal – 6/4/09)

(Por Maya Jackson Randall)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos
anunció el lunes algunas modificaciones a su plan para
reiniciar el mercado para activos tóxicos que pesan sobre
los balances de los bancos, incluyendo una extensión de la
fecha límite para aplicar su programa de
valores y nuevas clarificaciones sobre los criterios de
participación.

Entre la confusión expresada por algunos de los
participantes del mercado, el Tesoro también
clarificó que la parte de "valores de legado" de su
programa de activos tóxicos es independiente del programa
de préstamos a consumidores y negocios de la Reserva
Federal, la Línea de Crédito para Valores
Respaldados por Activos a Plazo o TALF por sus siglas en inglés.
Aunque trabajan en conjunto "se mantienen separadas",
clarificó el Tesoro en un comunicado.

El programa TALF, el cual está dirigido a impulsar el
mercado para valores de legado, tendrá su propio conjunto
de términos, condiciones y requerimientos. Sin embargo, la
participación en el TALF no prohíbe a un
inversionista el participar en el programa de valores de legado
del Tesoro, dijo el Tesoro, agregando que la financiación
de los activos de legado está disponible para una amplia
gama de participantes del mercado.

Los cambios y clarificaciones están dirigidos a
inversionistas potenciales y participantes del segmento de
valores de legado del nuevo programa de inversión
público-privado del Tesoro. En general, el programa de
inversión apunta a lidiar con los préstamos en los
balances de los bancos. Bajo la parte de "prestamos de legado"
del programa, el Tesoro apoyará la compra de los
préstamos tóxicos de los bancos mientras Federal
Deposit Insurance Corp. provee una garantía para la
financiación de la deuda.

El Tesoro agregó que está particularmente
interesado en la participación en el programa por parte de
negocios pequeños o en manos de minorías o
mujeres.

Para acomodar el creciente número de aplicantes, el
Tesoro también anunció que extenderá la
fecha límite para las solicitudes por email hasta el 24 de
abril. Adicionalmente, el Tesoro espera informarles a los
solicitantes sobre su cualificación preliminar en o antes
del 15 de mayo.

– Rescate automovilístico – Obama, presidente de
General Motors (Libertad Digital – 6/4/09)

(Por George Will)

¿Ha considerado nuestro planificador
automovilístico, alias presidente Obama, la posibilidad de
que los "coches del futuro" sigan siendo los de siempre?

La Constitución enumera tres requisitos que
deben cumplir los candidatos a la Presidencia: han de ser
ciudadanos estadounidenses de nacimiento, tener 35 años y
haber residido en el país por lo menos durante 14
años. Pero tras la intervención masiva del Gobierno
en la economía, deberíamos añadir
una cuarta: los presidentes deberían saber pronunciar las
mayores tonterías con cara de póker, no sea que la
población entienda lo que están
haciendo. No tendría consecuencias demasiado positivas que
la gente comprendiera que se prometió a FIAT un
préstamo de 6.000 millones de dólares si se quedaba
con Chrysler.

Barack Obama exhibía su mejor talante para negar la
realidad cuando proclamaba que "el Gobierno de Estados Unidos no
tiene ningún interés en
General Motors" para al mismo tiempo: anunciar la
destitución de su consejero delegado y nombrar a su
sustituto, promover la reelección del Consejo de Administración, anunciar la
renovación del plazo para que la compañía
presente otro plan de viabilidad y seguir inyectando miles de
millones de dólares para reflotarla.

Esencialmente, su Administración prefiere llevar a cabo todas
esas actuaciones antes de tolerar que un concurso de acreedores
enfurezca al sindicato del
sector del automóvil, quien ya había mostrado su
agradecimiento anticipado a Obama a través de numerosas
donaciones para su candidatura. De momento, el presidente ha
tenido el "coraje" de destituir a los directivos, esa
minoría tan odiada por todos. Va a necesitar, sin embargo,
más valor si, tal y como anuncian desde su Gobierno, su
paciencia se está agotando, de modo que la
compañía podría tener que enfrentarse a una
quiebra "controlada" o "quirúrgica". Vamos, que se
tratará de una bancarrota artificial que no incordie en lo
más mínimo a los sindicatos.

El pasado mes de noviembre, hace cinco meses y 17.400 millones
de dólares en rescates al automóvil, yo mismo
comentaba que:

Algunos detractores de la no intervención dicen que no
se debe permitir que GM quiebre antes de que termine de fabricar
las baterías de su Volt eléctrico, ya que
presuntamente estos modelos son la
clave para que resucite la compañía. La firma
comenzó a diseñar este vehículo para
congraciarse con los pocos ingenieros obsesionados con el
medio ambiente
que hay en el Congreso. Este grupo de congresistas ya ha aprobado
rebajas fiscales de hasta 7.500 dólares destinadas a los
compradores de estos coches (vamos, sobornos que revelan las
dudas que tienen los políticos sobre el entusiasmo que
despiertan estos coches entre los consumidores).

En diciembre, General Motors, a modo de pedigüeño
que acude al Congreso a mendigar dinero a sus amos, pagó
un anuncio en prensa a toda
página disculpándose por haber "decepcionado" a
todo el mundo y prometiendo dejar de vender tantas "camionetas y
todoterrenos" (11 de los 20 productos
más rentables de la compañía en 2008) para
pasar a ofrecer "nuevos y revolucionarios vehículos como
el Chevrolet Volt". Otro anuncio, que se lanzó a finales
de diciembre y que seguro que
todavía anda por ahí, muestra un
automóvil conectado a un enchufe eléctrico y dice
que el Volt supone "la reinvención del coche".

La semana pasada, en un soporífero resumen sobre el
plan de viabilidad de General Motors, la
Administración Obama sentenciaba que:

La compañía obtiene una gran parte de sus
beneficios por la venta de vehículos de gama alta y
todoterreno, que son vulnerables al progresivo cambio de las
preferencias de los consumidores hacia los coches más
pequeños. Sin embargo, aunque el Chevy Volt resulte
prometedor, todavía es demasiado caro como para que
resulte viable a corto plazo.

El abrupto cambio en las preferencias de los consumidores que
supuestamente volvía desaconsejables los coches de gama
alta para los nuevos expertos en automóviles de la Casa
Blanca, se ha materializado durante estos días en
titulares como: "Caen como una piedra: se desploman las ventas de
los coches híbridos". Sin precios de la gasolina a 4
dólares, el consumidor -ese
engorro con gustos insufribles- no quiere aquellos
vehículos que los políticos quieren que quiera, ni
siquiera cuando se los ofrecen con varios incentivos como
enormes descuentos.

Los dos superventas de Estados Unidos este año han sido
los vehículos pesados (la Serie F de Ford y el Chevy
Silverado). En febrero, Toyata vendió 13.600 camionetas
Tundra y Tacoma y 7.232 Prius. Vende los Prius perdiendo dinero,
pero se lo puede permitir porque gana montañas de billetes
vendiendo turismos de carga. ¿Ha considerado nuestro
planificador automovilístico, alias presidente Obama, la
posibilidad de que los "coches del futuro" sigan siendo los de
siempre?

No podemos acusar a su Administración de no hacer
correctamente aquello que, de por sí, no puede hacerse
correctamente. Y es que la clase
política, con una nula experiencia en el mundo
empresarial, tiende a fracasar de manera estrepitosa en este
ámbito. Ahora bien, la Administración sí
puede ser criticada por intentarlo. El pasteleo del actual
Gobierno (y también de su predecesor) merece el juicio que
hace un entrenador de hockey sobre su equipo: "Cada día
estáis más mantas. Y hoy habéis jugado como
mañana".

(© Washington Post Writers Group)

– Nuevo paquete de medidas contra la crisis de la vivienda –
EEUU lanza un plan para combatir el fraude
inmobiliario en las segundas hipotecas (El Mundo –
6/4/09)

El Departamento de Justicia
estadounidense, el Departamento del Tesoro y otras oficinas
gubernamentales han anunciado un nuevo esfuerzo conjunto para
combatir el fraude inmobiliario, especialmente, a las empresas
que comenzaron a ofrecer refinanciamiento de deudas y ayuda
contra ejecuciones hipotecarias, los llamados créditos
"pay day" y otro tipo de productos de reunificación de
deudas surgidos tras el estallido de la crisis "subprime" en
agosto de 2007.

Más de 3 millones de personas se vieron afectadas por
estas ejecuciones en 2008, un récord que contribuyó
a hacer bajar los precios de las viviendas estadounidenses y
espolear la crisis financiera que llevó a la
recesión global.

Muchas de las ejecuciones afectaron a titulares de
préstamos hipotecarios "subprime" -con tasas iniciales
bajas- que después de un tiempo se incrementaban
estrepitosamente. Los abogados han criticado a los prestamistas
por haber desorientado a los beneficiarios sobre las reales
condiciones de los préstamos.

El secretario del Tesoro Timothy Geithner dijo que las nuevas
medidas tienen por finalidad evitar que criminales se aprovechen
de la situación de golpeados propietarios, mientras la
Administración toma los pasos necesarios para ayudar a esa
gente a conservar sus propiedades.

"Justo cuando esta Administración intensifica sus
esfuerzos para ayudar a los propietarios estadounidenses,
aquellos que buscan aprovecharse de los más vulnerables
están intensificando sus tácticas también",
dijo Geithner.

"Para cuatro millones de estadounidenses, el sueño de
una casa propia se ha vuelto una pesadilla por las acciones
inescrupulosas de individuos o empresas que explotan el
infortunio de otros", dijo el fiscal
general, Eric Holder.

Prestamistas estafadores

Las nuevas medidas están diseñadas para detectar
a tiempo las posibles estafas y contemplan un trabajo
conjunto con el sector financiero para ayudarlo a identificar a
las empresas fraudulentas.

Los estafadores normalmente cobran a los atribulados deudores
un honorario previo para ayudarlos a tener alivio en los pagos
hipotecarios, pero luego no entregan ninguna ayuda.

La Comisión de Comercio
Federal (FTC, por sus siglas en inglés), una agencia de
protección de consumidores, ha visto a muchas empresas
fraudulentas con nombres que suenan como si estuvieran afiliadas
al Gobierno. Una compañía llamada "Centro Legal de
Modificación de Créditos Federal", por ejemplo, ha
sido acusada por la Comisión por abusar de deudores con
problemas.

Según la FTC, el centro les cobraba a los consumidores
hasta 3.000 dólares en efectivo, pero hacía muy
poco en tratar de asegurar nuevas condiciones crediticias de
parte del acreedor.

La investigación sobre fraudes de la unidad de
investigación del Tesoro dijo que encontró casi
180.000 supuestos casos de fraude hipotecario entre julio de 2002
y julio del 2008.

Segundas hipotecas

Una de las medidas urgentes que prepara el Ejecutivo
estadounidense es la eliminación o la mejora de las
condiciones de las llamadas "segundas hipotecas" sobre un mismo
bien.

Las segundas hipotecas -préstamos sobre vivienda que
generalmente se contrataban junto a la hipoteca primaria del bien
durante los años de auge inmobiliario- han sido un
obstáculo para refinanciar y modificar los
préstamos para que resulten más asequibles.

Según las autoridades norteamericanas, las medidas
irán
desde eliminar estas hipotecas hasta mantenerlas y cambiarlas,
siempre dentro del programa de 75.000 millones de dólares
que el Gobierno está implementando para hacer que los
créditos hipotecarios sean más asequibles para los
propietarios.

– Para mantenerlos bajo control – Obama no quiere que los
bancos rescatados devuelvan el dinero público (Libertad
Digital – 7/4/09)

El presidente de EEUU no quiere que los bancos rescatados a
cuenta del erario público devuelvan el dinero prestado.
Obama prefiere controlar a las entidades y rechaza las peticiones
de los directivos financieros, que reclaman al Estado que salga
de su accionariado.

LD (L. Ramírez / M. Llamas) El sector financiero es un
oligopolio
controlado y amparado por los bancos centrales. Es decir, que su
sistema no responde a criterios estrictos de mercado y es el
sector con más influencia de los estados, que son los que,
al fin al cabo, solicitan préstamos para realizar sus
políticas. Pero ahora, tras el estallido de
la crisis internacional, no es necesario que se pongan una
careta: las entidades financieras dependen completamente del
departamento del Tesoro y de la Casa Blanca.

Según explica en un artículo Stuart Varney,
editorialista del Wall Street Journal, el presidente de EEUU,
Barack Obama, "quiere controlar los bancos". La intención
del inquilino de la Casa Blanca ha quedado confirmada tras
desvelarse que está negando a algunas entidades
financieras rescatadas con dinero público la
devolución de los fondos prestados a través del
Plan Paulson o TARP (en sus siglas en inglés).

El periodista explica que se trata sólo de un primer
paso en la lucha de Obama para controlar también la
principal industria norteamericana (la del motor) y la
sanitaria. En teoría,
el presidente pretendería con ello diseñar una
recuperación económica en la que el Estado
sería el principal impulsor.

Como ejemplo cita el caso de un "importante banco"
norteamericano que fue recapitalizado cuando el presidente del
Gobierno era George W. Bush para paliar la depreciación de
activos de su balance. Posteriormente, esta entidad ha querido
devolver el dinero prestado para evitar que el Estado tome
decisiones sobre su gestión.

Pero Varney afirma que "el equipo de Obama dice que no e,
incluso, amenaza al presidente del banco con consecuencias
adversas si sigue en sus trece: se trata de una decisión
política no económica". Esta historia fue publicada por
Andrew Napolitano (ex juez y analista) en el informativo de la
cadena de televisión Fox News.

Detrás de este aumento del control estatal se
encuentra, entre otras cuestiones, la intención de la Casa
Blanca de controlar el crédito que dan las entidades
financieras a las pymes. El
Gobierno federal piensa dedicar 15.000 millones de dólares
para reactivar el flujo crediticio, reducir comisiones y aumentar
garantías de préstamo. Además, los 21 bancos
más grandes de Estados Unidos que reciban dinero
público tendrán la obligación de informar
sobre sus préstamos a las pequeñas y medianas
empresas.

Los directivos, atrapados en la tenaza de la Casa Blanca

Los directivos de los bancos ayudados por el Tesoro se
están dando cuenta de que el rescate no ha resultado ser
tan beneficioso para ellos. Con el Congreso mirando con lupa el
caso de la aseguradora American International Group (AIG) y sus
primas multimillonarias, las entidades se han percatado de que se
encuentran bajo el control gubernamental.

El pasado mes de octubre los nueve mayores bancos del
país no dudaron en recibir más de 100.000 millones
de dólares (suma que ha ido aumentando con los sucesivos
planes de rescate), pero no sabían la que se les
avecinaba. Si hubieran sabido que el futuro Gobierno de Barack
Obama iba a poner en marcha una serie de leyes con
carácter retroactivo como está haciendo -el
límite a los primas a directivos o un impuesto del 90%
sobre éstos- quizá se hubieran negado.

Ahora, los bancos temen que, al igual que los legisladores han
limitado los sueldos de los altos directivos, puedan hacerlo
también en otros asuntos. La solución pasa por
devolver los fondos del TARP antes de que sea tarde.

El coste de tener capital público es muy alto

Según la cadena norteamericana CNNMoney, las entidades
IberiaBank, TCF Financial y el Singature Bank ya han anunciado
formalmente a la Administración sus intenciones de
devolver el dinero recibido hasta la fecha, que entre los tres
suma un total de 571 millones de euros. Y no son los
únicos. Varias entidades medianas siguen sus pasos y entre
los grandes, PNC, US Bancorp, JPMorgan, Northern Trust y Goldman
Sachs han transmitido su propósito de reembolsar hasta el
último centavo lo más rápido que les sea
posible.

Además del temor al control del Gobierno, a los
directivos de las entidades les preocupa que el coste de contar
con capital federal en sus balances sea muy elevado, cuando los
bancos en general han cerrado el grifo del crédito. No
desean reactivar los préstamos ante la evidencia de que
muchas entidades son insolventes, tal y como afirma ahora el
inversor George Soros y avanzó LD el pasado diciembre.
Asimismo, algunas instituciones consideran que las restricciones
a los sueldos de sus ejecutivos consideradas en el último
plan de estímulo aprobado por el Gobierno dañan la
imagen de las
firmas.

Según informa Bloomberg.com, Goldman Sachs se encuentra
en conversaciones con los reguladores de EEUU para liquidar con
la Administración a mediados de abril los 10.000 millones
que ha recibido del TARP. También Wells Fargo quiere
quitarse de encima el dinero público. Una de las formas de
poder hacerlo
pasa por recortar su dividendo, lo que le ahorraría a la
entidad 5.000 millones de dólares al año.

Otro que comparte este enfoque es Bank of America.
Según su consejero delegado, Kenneth Lewis, el banco
podría devolver los 45.000 millones recibidos a finales de
2009 y lo haría hoy mismo si no fuera por los requisitos
de capitalización. Además reconoce que aceptaron
demasiado dinero del TARP que no les hacía falta.

"Lo hicimos por un exceso de prudencia, porque no puedes saber
cómo de mal pueden ponerse las cosas, pero fue un error y
provocó que se nos considerara de una forma que no
merecíamos" explica. El dinero del rescate no se devuelve
de forma automática. Las entidades tienen que pasar el
famoso test de solvencia
(stress test) del
secretario del Tesoro, Tim Geithner. Los fondos se
devolverán cuando Obama lo desee, sólo entonces se
permitirá a las entidades operar de forma
autónoma.

– Alemania abre el proceso para nacionalizar Hypo Real Estate
(ABC – 10/4/09)

(Por R. Villapadierna / Berlín)

El Estado alemán ha ofrecido formalmente comprar el
hipotecario Hypo Real Estate (HRE) a fin de estabilizar el
mercado financiero en medio de la peor crisis que se recuerda. De
llevarse a término, ésta sería la primera
nacionalización bancaria en Alemania en 60
años.

Berlín ofrece un total de 290 millones de euros por un
91,3% de las acciones del HRE, uno de los mayores bancos del
país, convertido en símbolo de la crisis financiera
en Alemania. El Estado ya poseía el otro 8,7% desde hace
semanas.

El banco ha presentado pérdidas por valor de 5.460
millones de euros en 2008, cuando un año antes
todavía obtenía beneficios. La oferta, de
1,39 euros por acción, ha sido un 10% superior al
mínimo legal para la oferta de compra, según los
analistas.

El HRE ha recibido ya ayudas públicas por valor de
102.000 millones de euros, entre inyecciones de capital y avales
estatales. El ejecutivo había puesto como condición
para proseguir las ayudas asumir el control completo de la
institución. Berlín ha reiterado la necesidad de
salvar el HRE pues, una eventual quiebra, podría
desencadenar una catástrofe financiera internacional
comparable a la de Lehman Brothers.

Según el fondo federal de ayuda al sector bancario
(Soffin) ésta sería "la oportunidad para que los
accionistas del HRE se deshagan de sus inversiones a un precio
atractivo".

El Soffin indicó que desea lanzar la oferta "muy
rápidamente" y que anunciaría la duración de
la misma en los próximos días. Si la oferta recaba
un respaldo del 100%, el estado pagará 290 millones de
euros por la parte del banco aún en manos de accionistas
privados.

El director del Soffin subraya la intención de
"estabilizar el mercado financiero utilizando un acercamiento
orientado hacia el mercado si es posible y adhiriéndose a
prácticas de mercado existentes".

Flowers quiere quedarse

La nacionalización incluye la posibilidad de expropiar
a aquellos accionistas no dispuestos a vender al precio ofrecido,
como sucede con el fondo estadounidense J. C. Flowers (24%) pues
ha perdido en un año casi 1.000 de los 1.100 millones
invertidos. Portavoces de Flowers dicen que prefieren mantenerse
como accionistas y funcionarios alemanes indican que la
expropiación sólo sería un último
recurso.

El presidente de HRE, Axel Wieandt, se congratuló por
la decisión del gobierno de la canciller Angela Merkel, al
asegurar que se trataba de "una buena noticia" para el rescate de
su banco. "La estabilización y el rescate de HRE deben de
ser exitosos por el interés de todos".

– Trichet: "La nacionalización de algunas entidades es
necesaria e inevitable" (El Economista – 10/4/09)

(Por Beda Romano. Il Sole 24 Ore)

Dos años después de que se desencadenara la peor
crisis desde la Gran Depresión,
el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, a
sus 66 años, está en primera línea de
batalla y tiene varios frentes abiertos. "¿Está
fatigado?", pregunta Il Sole 24 Ore. "No", responde. A pesar de
que son tiempos difíciles, Trichet se siente vital para
afrontar una situación que cree que aún
tardará en resolverse y que puede reservar sorpresas.

En muchos países se discute sobre la posibilidad de
nacionalizar bancos. ¿Cuál es su postura al
respecto?

Cuando se habla de nacionalización, hay dos opciones.
En la primera, el Estado toma el control del banco, pero sin
modificar su planteamiento legal. La sociedad sigue
siendo una entidad de derecho privado y el Gobierno es un simple
accionista. En la segunda opción, el Estado cambia la
naturaleza de
la institución crediticia, que se convierte en una entidad
de derecho
público. Desde mi punto de vista, si el control
estatal tuviera que revelarse necesario, sería preferible,
con diferencia, que se hiciera sobre la base de la primera
opción.

Por tanto, ¿se trataría de que la presencia del
Estado en la sociedad sea temporal, dando al Gobierno la
posibilidad de salir?

Exactamente. La credibilidad de las decisiones también
depende de una estrategia de
retorno a la vida normal (sin crisis). En el mismo modo en el que
nosotros, como Banco Central Europeo, tenemos que encontrar una
salida a nuestra política
monetaria después de que se hayan superado estos
tiempos excepcionales, los gobiernos tienen que pensar en hacer
lo mismo con su política
económica.

¿Cree que el control público de los bancos es
inevitable para salir de esta crisis?

En estas circunstancias, es muy importante ser humildes. Mirar
a los números y a los hechos caso por caso. Lo cierto es
que no existe una sola solución para todos, sin embargo,
en algunos casos el control de la entidad crediticia por parte
del Estado podría revelarse necesario e inevitable.

Tras la reunión del G-20, ¿considera que se han
adoptado acuerdos de calado en relación a la
cooperación internacional?

Esta reunión representa un punto de inflexión
muy importante en la cooperación internacional. El G-20 se
ha convertido en un foro indispensable en la
gestión de esta crisis. Cabe recordar que el G-20 no es
una institución informal completamente nueva. Ha nacido a
finales de los años 90, en una realidad como la crisis de
los mercados asiáticos y entonces se reveló muy
útil. Hoy, sin embargo, ha dado un evidente salto de
calidad,
convirtiéndose en un foro complementario al G-7 o al G-8.
En resumen, la reunión de Londres ha sido una
ocasión histórica muy importante.

Se han tomado muchas decisiones. ¿Cuáles son las
más importantes?

No escogería una medida concreta. Son todas importantes
y hay que considerarlas en su conjunto. Me parece que cubren
todos los aspectos más significativos de esta crisis.
Ahora lo más relevante es que se introduzcan en el modo
más rápido, veloz y con la mayor profesionalidad
posible. A estas alturas, será necesario introducir
progresivamente medidas anticíclicas, en particular en el
campo de la regulación.

¿Acaso quiere decir que han sido lentos al introducir
medidas para aliviar las consecuencias de la crisis?

No diría que los gobiernos han sido lentos.
Diría, en cambio, que a nivel mundial, y por tanto
también en la eurozona, no han sido lo bastante
rápidos como para convencer totalmente a los operadores
económicos. Las medidas de apoyo decididas son muy
significativas -representan un 23 por ciento del PIB-, pero no
siempre han sido introducidas de modo eficaz.

Desde hace algunas semanas las bolsas están al alza.
¿Es la luz al final del
túnel o es mejor ser cautos?

Desde hace 18 meses se me hace esta pregunta con una cierta
regularidad, antes y después del 15 de septiembre de 2008,
cuando la crisis empeoró a causa de la imprevista quiebra
de Lehmann Brothers. Nos estamos enfrentando a una
corrección del mercado muy importante, difícil y
turbulenta. Es un proceso que todavía se está
desarrollando. Tenemos que ser responsables tanto en el sector
público como en el sector privado y debemos estar
listos para enfrentarnos a eventos
inesperados, que son una característica típica de
esta crisis, como hemos podido constatar. En fin, tenemos que
permanecer continuamente alerta.

La impresión generalizada es que la crisis financiera
se haya trasvasado a la economía real para volver ahora a
pesar sobre las finanzas, a
causa de las quiebras de empresas.

Hasta mitad de septiembre del año pasado, la crisis era
sobre todo de índole financiera. Le recuerdo que hasta la
quiebra de una institución sistémica norteamericana
los países emergentes casi no habían sido tocados
por la ralentización económica. Con la bancarrota
de Lehmann Brothers la crisis ha empeorado de repente, se ha
generalizado al planeta entero, golpeando la economía
real. Se ha creado un círculo vicioso, que ha
caracterizado los últimos dos trimestres. Se lo repito:
estamos en un periodo de corrección de los mercados que
sigue en marcha y tiene una enorme magnitud.

Para mayo han anunciado algunas novedades, como una nueva
rebaja de los tipos y otras medidas no convencionales.

En lo que se refiere al tipo de referencia he dicho, a
través del Consejo Directivo, que no podemos excluir
posteriores reducciones de los tipos de interés de modo
muy moderado. Con respecto al tipo sobre los depósitos, he
dicho que el nivel actual del 0,25 por ciento ya es
extremadamente bajo y no me espero cambios en el futuro
más próximo. Sobre las nuevas medidas no
convencionales, he explicado que el Consejo Directivo del Banco
Central Europeo no tomará decisiones en la reunión
de mayo. Como es habitual, el Consejo no quiere anticipar de
ninguna manera las decisiones que se tomarán.

– Y 200.000 millones en avales – Alemania aislará sus
activos financieros "tóxicos" en un "banco malo" (Libertad
Digital – 10/4/09)

El ministro alemán de Finanzas, Peer Steinbrück,
está dispuesto a ayudar a los bancos alemanes castigados
por la crisis económica internacional a librarse de sus
fondos contaminados a través de bad banks (entidades que
compren los activos con fondos públicos)

LD (EFE) El semanario "Der Spiegel" revela en su
próxima edición
que el fondo para la estabilización de los mercados
financieros SoFFin creará para ello una partida de 200.000
millones de euros para un programa de avales bancarios.

Añade que el plan del titular germano de Finanzas
contempla que cada banco afectado desvíe sus fondos
contaminados y altamente depreciados a un "bad bank" propio.

De ese modo, los bancos podrían volver a la normalidad
con el resto de su capital sano y reanudar la concesión de
créditos.

"Der Spiegel" subraya que, como esos "bad Banks" no
funcionarán como institutos bancarios, tendrán
reglas distintas a la hora de hacer sus balances y podrán
gestionar sus títulos "tóxicos" hasta su caducidad
al valor nominal, lo que les libera de contabilizarlos al bajo
precio actual.

En el caso de que a su vencimiento tuviesen un valor inferior
al de su emisión, el SoFFin asumiría las
pérdidas.

Finalmente, destaca que los expertos del ministerio
alemán de Finanzas calculan que solamente tres o cuatro
bancos privados alemanes se acogerán a esta
solución, que Steinbrück ya ha presentado a la
canciller federal, Angela Merkel.

– Según Roubini – El "escenario más adverso" del
test bancario en EEUU se queda corto (Libertad Digital –
14/4/09)

El Tesoro de EEUU evalúa las necesidades de capital de
los grandes bancos. El resultado del stress test, que
se ha retrasado, incluye diversos escenarios para calcular las
supuestas pérdidas bancarias. Según Nouriel
Roubini, la recesión en EEUU ya supera al peor de estos
escenarios oficiales.

LD (M. Llamas) Las bolsas de medio mundo se están
viendo impulsadas por los inesperados beneficios que ha
registrado Goldman Sachs en el primer trimestre de 2009. Sin
embargo, es pronto para lanzar las campanas al vuelo. El Gobierno
de EEUU está estudiando los balances de los 19 bancos
más importantes del país con el fin de estimar los
agujeros financieros que aún acumulan y así poder
inyectar el capital necesario, ya sea público o privado,
para evitar nuevas quiebras bancarias.

Se prevé que la publicación de los resultados
del citado test se retrase hasta finales de abril para no detener
la euforia que últimamente vive la banca. Y es que, dichas
subidas bursátiles chocan con las previsiones de algunos
destacados inversores, tales como George Soros, Jim Rogers o el
profesor de la Universidad de Nueva York Nouriel Roubini. Todos
ellos coinciden en que los grandes bancos del país son
insolventes.

En este sentido, Roubini considera en su último
análisis que la grave crisis económica que sufre la
primera potencia mundial
supera al peor escenario que contempla el stress test del Tesoro
y la Agencia de Garantía de Depósitos (FDIC) a la
banca del país. Así, los datos macro
correspondientes al primer trimestre de 2009 superan las
previsiones de referencia contempladas por el FDIC en para 2009
e, incluso, las más pesimistas.

El test bancario se centra en la posible evolución de tres variables
básicas -crecimiento, desempleo y depreciación de
activos
inmobiliarios- para estimar las posibles necesidades de
capital que precisará la gran banca de EEUU. Tal y como
refleja Roubini, el escenario base que emplea el Gobierno ya no
sirve como referencia. Es el "escenario más adverso" el
que debe servir de base para evaluar la insolvencia real de las
entidades a la vista del creciente deterioro económico que
sufre el país.

La siguiente tabla muestra los datos trimestrales que se
están empleando para estimar las necesidades de capital de
la banca de EEUU:

Desempleo

La tasa de paro en EEUU
ascendió al 8,1% en el primer trimestre de 2009 y, por
tanto, supera al escenario base (7,8%) y al más adverso
del test bancario (7,9%). El problema es que la mayoría de
analistas coinciden en que el desempleo seguirá creciendo
a lo largo del año, y se prevé que supere el 10% e,
incluso, el 11% a finales de 2009. De hecho, este dato
superaría el paro que contempla el peor escenario del FDIC
para 2010 (10,5%).

Así, por ejemplo, en una reciente nota Standard &
Poor´s prevé que la recuperación
económica no se produzca hasta finales de 2010 con tasas
de desempleo superiores al 10%. Un escenario mucho más
realista que los contemplados por el Gobierno de EEUU para
estimar la debilidad de la banca. Además, un desempleo
superior al 12% pondría en aprietos aún más
serios a la mayoría de entidades debido al creciente
volumen de
impagos crediticios.

Recesión económica

Algo similar ocurre con la evolución del PIB en EEUU.
La realidad supera al "escenario más adverso" del FDIC. El
consenso económico prevé una contracción del
PIB próxima al 5% anual en el primer trimestre de 2009, en
línea con el escenario base. Aunque otras estimaciones de
organismos privados, como el de Goldman Sachs y el de Paul
Kasriel, analista de Northern Trust, se aproximan al peor
escenario del FDIC.

Precios inmobiliarios

Por último, el desplome que ha experimentado el precio
de la vivienda en EEUU también supera al "escenario base",
tras registrar caídas superiores al 14% interanual. En
realidad, el precio de los activos inmobiliarios registra
descensos próximos al 20%, y descensos acumulados
superiores al 26% interanual, tal y como avanzó LD. Es
decir, la depreciación de activos está ya en
línea con el "escenario más adverso" del test
bancario (-22%).

El siguiente gráfico compara la evolución real
de precios con las previsiones del Tesoro en su escenario de
referencia y en el más pesimista -la caída de
precios en enero se situó en línea con el
"escenario más adverso" del test oficial. 

De este modo, Roubini advierte de que los "actuales datos
macroeconómicos para 2009 son ya peores que el peor
escenario que contempla el stress test". Por ello, es éste
último y no el escenario base el que servirá de
referencia para evaluar las necesidades de capital de la banca
estadounidense. De ahí que los analistas e inversores no
confíen demasiado en los buenos resultados que presentan
algunas entidades en el primer trimestre del año, informa
Bloomberg. No se descarta una tercera ronda de inyección
pública a la banca e, incluso, la nacionalización
parcial de entidades, tal y como alertó recientemente
Roubini.

Correlación histórica con el "caso" argentino
(Alarmantes coincidencias)

"Argentina, levántate y anda".
Con esta mística invocación inició Carlos
Saúl Menem su discurso
inaugural ante la Asamblea Legislativa el 8 de julio de
1989.

En la campaña presidencial, Menem se presentó
con una imagen que recordaba a Facundo Quiroga, el mítico
caudillo de las luchas entre unitarios y federales en el siglo
XIX. A su proyección nacionalista no le faltó la
liturgia "antiyanqui" cuando pidió la ruptura de
relaciones diplomáticas con los Estados Unidos frente al
bombardeo de la residencia privada del presidente de Libia,
Muhamar Khadafi. En su recorrido electoral también
prometió recuperar las Islas Malvinas
"por el medio que sea". a la vez que prometía el
"salariazo" a una clase obrera empobrecida y la "revolución
productiva" al conjunto de la sociedad.

Su larga cabellera y sus pobladas patillas, más un
infaltable poncho completaban una presencia que infundía
desconfianza en el "establishment" local y en más de una
Embajada, convencidas de que de su mano la Argentina se
encaminaba hacia otro ensayo
populista.

Sin embargo, su breve discurso al asumir la presidencia
pareció ir en otra dirección. Después de
describir con crudeza la situación económica
imperante prometía terminar con la corrupción y la cultura de la
especulación y volver a poner en marcha la
economía, pero advertía que "los resultados no
serán todo lo urgente y rápido que nosotros
deseamos".

También planteaba un proyecto de
gestión que integrara al país a la comunidad
internacional y el respeto a los
compromisos contraídos en materia de
deuda
externa.

En los días previos al cambio de gobierno, el futuro
plan económico se había tornado en un bullicioso
campo de batalla. Distintos sectores del justicialismo se
disputaban el liderazgo, de
modo que el presidente electo decidió adelantar los
nombramientos en el equipo económico, como forma de
dirimir la disputa. El recurso no sirvió de mucho, pues el
locuaz futuro secretario de Coordinación Económica Guido Di
Tella, preanunciaba una política de dólar
"recontraalto" que aceleraba aún más el proceso
hiperinflacionario, mientras que, por otro lado, se hablaba de un
acuerdo voluntario de precios y la derogación de la
mítica Ley 20.680, que
había sido la base legal de los controles de precios de la
década de 1980. Miguel Roig, el ministro de
Economía designado, guardaba silencio frente a un estilo
que le resultaba bastante ajeno a la reserva que rodeaba las
decisiones en los legendarios despachos de Bunge & Born
(principal grupo empresarial argentino, con diversificados
intereses en sectores agropecuarios e industriales a nivel
nacional e internacional, del que provenía el ministro
Roig).

En medio de ese clima fue
abriéndose paso el denominado Plan B&B (por Bunge
& Born). El Presidente había advertido que las
primeras medidas serían duras y así ocurrió.
El paquete inicial consistió en un meteórico ajuste
del tipo de
cambio, que pasó de 210 a 650 australes por
dólar, y de aumentos entre 200% y 600% en los combustibles
líquidos, el gas, la electricidad,
el agua y los
teléfonos, con el compromiso de mantener fijos los nuevos
valores. De este modo se procuraba estabilizar las finanzas
públicas y moderar la incontrolada emisión de
moneda. El esquema incluía también como piezas
centrales un acuerdo de precios y pautas para futuros aumentos de
salarios.

Sólo un gobierno con alta legitimidad podía
adoptar decisiones tan inquietantes para la vida cotidiana de los
ciudadanos. En ese clima, el país, que oscilaba entre la
parálisis, el temor y la esperanza, recibió
desconcertado la noticia del repentino fallecimiento del ministro
de Economía a pocos días de iniciada la
gestión. El timón de la economía pasó
entonces a manos de Néstor Rapanelli, también alto
ejecutivo del grupo Bunge & Born.

Las medidas coyunturales de ajuste, aunque profundas, no
denotaban ningún cambio de rumbo definido; más bien
parecían más de lo mismo. Pero pronto en algunos
medios esta
sensación comenzó a modificarse. Con la paciencia
de un pastor, el Presidente recorrió los más
importantes ámbitos empresariales, llevando un mensaje que
parecía hecho a la medida de cada sector.

Más allá de las palabras,
el Congreso aprobó en tiempo récord dos leyes
fundamentales para el rumbo del gobierno: la Ley de Emergencia
Económica, que suspendió multitud de subsidios al
sector privado que drenaban las arcas fiscales y la de Reforma
del Estado, que habilitó los mecanismos para la privatización de las empresas
públicas. Al gobierno le costó un poco más
ponerse de acuerdo internamente en materia tributaria, pero
finalmente impulsó y obtuvo legislación que, entre
otras cuestiones, le permitió extender el impuesto al valor
agregado a diversos bienes y
servicios hasta entonces exceptuados.

Con este arsenal en la mano, en noviembre de 1989 se
logró un nuevo acuerdo con el FMI por 1.500
millones de dólares. Los requisitos para los desembolsos
terminaban de dar forma a un verdadero plan de gobierno: apertura
comercial, libre movimiento de
capitales, liberalización del sistema bancario, privatizaciones, desregulación de la
economía, reducción del déficit fiscal,
desregulación del mercado petrolero y compromiso de
recortar la operatoria del Banco
Hipotecario Nacional y del Banco Nacional de Desarrollo
(BANADE) eran los puntos principales de la nueva agenda
económica de la Argentina.

En sólo seis meses el gobierno
había introducido un cambio copernicano en la
orientación del país, sumiendo en la
confusión a todo el espectro político. El Partido
Justicialista no lograba asociar el rumbo del gobierno con los
ejes más profundos de su doctrina y marchaba detrás
de los acontecimientos, arrastrado por un fenómeno nuevo,
el "menemismo". La conmoción interna se hizo sentir con
fuerza en el
sector sindical, culminando con la fractura de la CGT.

En el radicalismo las opiniones también estaban
divididas; finalmente buena parte de las reformas parecían
extraídas del programa de gobierno de su derrotado
candidato, Eduardo Angeloz. Los liberales, por su parte,
vacilaban en darle un apoyo definido al gobierno, con
excepción de Álvaro Alsogaray, que desde un primer
momento tuvo claro el horizonte.

En el corto plazo, sin embargo, las
medidas adoptadas no lograban estabilizar la economía.
Existía un abismo entre el programa de reformas
estratégicas y la administración cotidiana. No se
habían logrado ordenar las finanzas públicas, las
demandas salariales iban en ascenso y la inflación
comenzó a acelerarse. Pronto resultó evidente que
el tipo de cambio no podría sostenerse y la compra de
dólares aumentó, elevándose abruptamente su
cotización en el mercado paralelo, mientras el gobierno
intentaba retener a los tenedores de pesos tentándolos con
astronómicas tasas de
interés en los bancos.

Desbordado por la situación, el
equipo económico intentó un nuevo programa de
ajuste -el BB II- consistente en una devaluación del 54%, alzas de tarifas y de
retenciones a las exportaciones,
modificaciones en los salarios públicos y privados y una
reprogramación de los vencimientos de la deuda
interna.

Lejos de contener la situación,
las nuevas medidas acentuaron la desconfianza, los ahorristas
retiraron masivamente los depósitos de los bancos, las
tasas de interés llegaron al 50% mensual y el dólar
comenzó a trepar a un ritmo de más del 10%
diario.

Inevitablemente la situación condujo a la renuncia del
ministro Rapanelli en medio de fuertes discusiones sobre el rumbo
de la economía al interior del gobierno y del Partido
Justicialista. Sin muchos recursos a la
mano y con el consabido período de feriados bancarios y
cambiarios, el Presidente apeló a Erman González,
un contador público muy cercano, que había sido
ministro de Economía de La Rioja cuando Menem gobernaba
esa provincia.

En un improvisado paquete de medidas, el
nuevo ministro liberó el mercado de cambios, dejando
flotar libremente el dólar, volvió atrás con
el aumento de las retenciones, para incentivar la
liquidación de divisas por parte
de los exportadores agropecuarios y mantuvo el aumento de tarifas
dispuesto por su antecesor.

Diciembre cerró con una inflación del 40%,
acumulando casi un 5.000% en el año, una caída del
poder de compra del salario del 33% y
una contracción de la economía del 4,8%. Ese mes,
el valor del dólar, que había sido fijado en 650
australes por unidad al inicio del gobierno, alcanzó un
promedio de 1.137 australes. La hiperinflación se había instalado
nuevamente.

El plan de reformas también
tambaleaba. Pasado el impacto inicial, la resistencia a las
privatizaciones estaba en ascenso, en especial por parte del
sector sindical.

El acuerdo con el FMI, aprobado tan sólo algunos
días atrás, parecía una delirante
abstracción de la realidad. Sólo llegó a
desembolsarse un primer pago, antes de quedar en suspenso.

(1990) La corrida sobre los bancos no se
detenía, así que el 3 de enero de 1990 el gobierno
decidió la conversión forzosa de los
depósitos a plazo fijo por títulos en
dólares a 10 años de plazo, los desde entonces
célebres Bonex 1989. Quedaron exceptuados de esta medida
todos los depósitos menores al equivalente a unos mil
dólares y también los destinados al pago de
salarios. Con el correr de los días las excepciones se
ampliaron, excluyendo a entidades de bien público y a los
fondos requeridos por particulares para pagar impuestos.

El clamor por la seguridad
jurídica se alzó nuevamente entre los ahorristas
atrapados por el Plan Bonex, aunque frente a las
astronómicas tasas de interés que se pagaban y tras
la enorme corrida bancaria, a muchos les resultaba difícil
argumentar que no habían percibido el riesgo que
corrían.

El Presidente apoyó a su ministro
y defendió personalmente la medida. En un encuentro con
representantes de la industria automotriz lo planteó en
estos términos:

Vivimos hasta hace 45 días del
plazo fijo. Era muy fácil hacer dinero en la
República Argentina sin trabajar. Mientras el obrero
quebraba su lomo todos los días (.) había otros que
con esa cultura de la especulación (.) colocaban sus
recursos a siete días y luego los volvían a colocar
ya con los intereses agregados al
capital (.)

El efecto inmediato de la
transformación en bonos del 60% de la masa monetaria fue
un enorme grado de iliquidez que acentuó el clima de
recesión. Pero el efecto duró poco tiempo, tan
sólo en enero de 1990 la emisión creció un
35%, alimentada por el déficit fiscal que seguía
fuera de control. Los precios, por su parte, continuaban su
ascendente carrera, 79% de inflación en enero, 62% en
febrero y 95% en marzo.

Mientras la credibilidad del gobierno comenzaba a erosionarse,
se discutían distintas alternativas para superar la
situación. Los sectores más tradicionales de
justicialismo proponían volver a los controles de cambios
y precios, mientras que por otro lado cobraba fuerza la idea de
establecer un régimen de convertibilidad de la moneda con el dólar.
Pero el Presidente todavía se inclinaba por una salida
más tradicional. Temía un salto al vacío que
precipitara a su gobierno en una crisis sin retorno.

Su amigo, el ministro Erman González, tuvo entonces una
tercera oportunidad y puso en marcha un nuevo paquete de ajuste
que incluía más aumentos de tarifas e impuestos y
un importante programa de reducción del gasto
público.

Para Menem la nueva situación era
clara: "hasta la Unión Soviética y los
países socialistas se están alineando en este mundo
moderno y capitalista, por más que a muchos no les guste".
En su visión (palabras pronunciadas en su visita a la CGT
en marzo de 1990):

No es liberalismo lo
que estoy pregonando, es capitalismo
social dentro de lo que es justicialismo, como bien lo
quería el General Perón (.)
Lo que estamos haciendo es peronismo, y
peronismo de alta escuela, actualizando la doctrina Nacional
Justicialista -no la ideología, porque los ideologismos ya no
tienen vigencia en el mundo- para ponerla al servicio del
país y del pueblo argentino.

Para ese momento, el debate tanto dentro como fuera del
justicialismo era intenso. Todo el andamiaje ideológico
edificado en los meses previos estaba amenazado y muy
especialmente el proceso de privatizaciones. Además varios
escándalos de corrupción
en el manejo de los recursos públicos involucraban a altos
funcionarios del gobierno.

Viendo peligrar el proceso de cambio, en
abril de 1990 los sectores más liberales organizaron una
marcha hacia la Plaza de Mayo por el "sí a las
privatizaciones y el proceso de reforma del Estado". Menem
optó por un cauteloso discurso frente a los manifestantes
y desgranó un pensamiento
que recorrió el país: "estamos mal, pero vamos
bien".

La tensión sobre estos temas era
fuerte, pero la voluntad estaba firme y, a pesar de los tropiezos
en la administración cotidiana de la economía,
logró avances sustantivos en el proceso de reforma del
Estado, con la privatización de Aerolíneas
Argentinas, la compañía de teléfonos,
canales de televisión
y radios, parte de las empresas petroquímicas y la
concesión del 40% de la red caminera sujeta a
peaje.

Después de las medidas económicas de marzo, la
inflación volvió a ceder por unos meses y en mayo
el gobierno logró restablecer el acuerdo con el FMI. Pero
en agosto los precios se empinaron nuevamente y, una vez
más, las consabidas medidas de ajuste fiscal pusieron
paños fríos en una economía que
seguía sin encontrar un rumbo.

Tras dieciocho meses de gestión no eran muchos los
logros que podían mostrarse. En 1990 la economía
había crecido un magro 0,4%, impulsada fundamentalmente
por las exportaciones, mientras la inversión y el consumo
seguían en descenso. La inflación había
alcanzado el 1.344% y el poder adquisitivo del salario apenas si
había recuperado los niveles de principios de
1989.

En cambio, el ajuste había permitido equilibrar las
cuentas externas. Las exportaciones habían superado en
casi 8.000 millones de dólares a las importaciones, lo
que junto al retorno del financiamiento
externo generó 2.700 millones de dólares de
reservas. También comenzó a sentirse el efecto
fiscal de las privatizaciones: los bienes transferidos produjeron
791 millones de dólares de ingresos en
efectivo y 6.741 millones en títulos de la deuda
pública. A pesar de estos resultados, en su
meteórica carrera, el dólar había pasado de
valer 1.316 australes por unidad en diciembre de 1989 a 5.130
australes un año después.

El último trimestre de 1990 estuvo altamente
teñido por tres resonantes acontecimientos
políticos. En septiembre el gobierno anunció que la
Argentina participaría junto con Estados Unidos en la
Guerra del
Golfo. En noviembre la empresa
Swift-Armour, perteneciente al grupo Campbell Soup, puso en
conocimiento
del embajador estadounidense que se le había exigido el
pago de comisiones para agilizar trámites de
radicación de una planta en Rosario. Como broche de
oro,
inesperadamente, el 3 de diciembre, se produjo un nuevo
alzamiento militar encabezado por el coronel Mohamed
Seineldín. Pero el Presidente actuó con rapidez y
el ejército le respondió aplastando la
rebelión. Poco tiempo después, Menem indultó
a los ex jefes de las Juntas Militares y a los principales
dirigentes de la
Organización Montoneros.

(1991) Con un dólar imparable y la amenaza de un
nuevo ascenso de la inflación, a fines de enero de 1991 el
Presidente finalmente se decidió a nombrar a Domingo
Cavallo como ministro de Economía en reemplazo de Erman
González. El recambio ministerial también
llevó a Guido Di Tella al Ministerio de Relaciones
Exteriores.

Hacía tiempo que el hasta
entonces Canciller venía proponiendo un nuevo rumbo de
política económica, así que a poco
días de asumir, el 19 de febrero de 1991, el gobierno
envió al Congreso un proyecto de ley que establecía
la convertibilidad fija del austral con el dólar
estadounidense a una relación de 10.000 australes por
dólar.

El esquema de la convertibilidad era
sencillo. El Banco Central vendería al tipo de cambio
establecido todas las divisas que le fueran demandadas y
debería retirar de la circulación todos los
australes recibidos en pago. A su vez, podía comprar a
precios de mercado todas las divisas que se le ofrecieran,
haciendo uso de la emisión si fuera necesario.

Simultáneamente, se
establecía que las reservas internacionales en oro y
divisas extranjeras debían ser por lo menos iguales a la
base monetaria, que es la suma de la moneda en circulación
más los depósitos de los bancos en el Banco Central
como reservas de liquidez.

Llevó un poco de tiempo explicar a la opinión
pública por qué un mecanismo en apariencia tan
simple iba a resolver una tendencia recurrente a la
hiperinflación que parecía sin solución.
Tampoco los legisladores se mostraban al principio muy
convencidos.

La clave era que el gobierno se
comprometía a emitir moneda sólo en la medida que
comprara divisas y debía retirar de la circulación
todo el circulante que recibiera cuando las vendía. La
piedra angular era que cesaba toda emisión monetaria con
destino a financiar el gasto público y el Banco Central
quedaba transformado en una simple Caja de
Conversión.

En otros términos, se trataba de
un mecanismo forzoso para que el Estado abandonara la
emisión espuria de moneda. Algo que la abrumadora
mayoría de los países del mundo había
logrado sin llegar a situaciones ni decisiones tan
extremas.

Completando el diseño
y para evitar que la inercia de la inflación destruyera el
nuevo modelo, la ley
preveía el cese de todos los mecanismos de
indexación existentes en la economía.

La sanción de la ley recién se logró al
cabo de un mes y medio de trámite parlamentario y
rigió desde el 1º de abril de 1991. A través
del breve recorrido de 14 artículos se habían
puesto las bases de una nueva etapa en la vida económica
nacional.

Era la quinta vez que se ponía en marcha un mecanismo
de este tipo en la Argentina y en el mundo se encontraba
definitivamente en desuso. Los estudios e historia
económica muestran que en su origen fue "un invento del
Imperio Británico". La primera Caja de Conversión
se puso en funcionamiento en 1849 en Mauricio -un
minúsculo territorio de 2.000 kilómetros cuadrados
ubicado en el Océano Índico- y rápidamente
se extendió a alrededor de 70 colonias británicas
en Asia, África, el
Caribe y Medio Oriente. La idea subyacente era que estos estados
eran demasiado pequeños para tener una moneda propia
fuerte y necesitaban la referencia de la libra esterlina.

Algunos otros países -muy pocos-
también adoptaron el sistema en diversas ocasiones, entre
ellos la Argentina. El período más notable de
vigencia en nuestro país fue entre 1902 y 1914. La
Primera Guerra
Mundial arrasó con el experimento, pero quedó
viva una estela de nostalgia en los sectores que se enriquecieron
durante esos años y, con frecuencia, se destacaron
más los aspectos positivos de aquella "belle
époque" que el descalabro financiero en que
concluyó.

Para el momento en que Argentina puso en
vigencia el sistema de la convertibilidad, en 1991, sólo
siete gobiernos en el mundo aplicaban reglas similares: Bermuda,
Islas
Malvinas, Brunei, Islas Caimán, Islas Feroe, Gibraltar
y Hong Kong. En los años posteriores, a pesar del éxito
inicial de su aplicación en Argentina, el experimento
tampoco incorporó muchos adeptos.

Con el tiempo las debilidades de la
convertibilidad fueron imponiéndose sobre sus fortalezas,
conduciendo al país a la mayor crisis de su historia
contemporánea.

Pero en aquellos días
fundacionales, la natural inclinación de gran parte de la
sociedad argentina por toda fantasía económica que
vuelva al país al lugar que "merece" en el mundo, velaba
eficazmente cualquier reflexión sobre los peligros del
camino que se iniciaba. Naturalmente el gobierno alentaba esta
propensión.

A lo largo de 1991 multitud de normas terminaron de
diseñar cómo operaría la economía
bajo las nuevas reglas.

La apertura del comercio exterior
volvió a ocupar un lugar destacado en la agenda mediante
la simplificación de las escalas de los aranceles de
importación y la rebaja de los mismos. La
tesis era, una
vez más, que para que la Argentina fuera competitiva
había que profundizar la competencia
externa.

En noviembre el gobierno emitió
una suerte de "Biblia de la desregulación" que desmontaba
virtualmente todo el enmarañado andamiaje de regulaciones,
edificado a lo largo de los años por un Estado con alta
vocación intervencionista y baja eficacia de
gestión.