El español como lengua de poder en el fallido proceso de paz colombiano (página 6)

La persona creada en
el texto
retórico aparece desde la primera frase del discurso "Los
suscritos comisionados". Esto posibilita que su presencia se vaya
configurando con un tono impersonal que aparece con la ausencia
de de referencias personales significadas por el uso de verbos en
plural como designados, hemos tenido, nos permitimos formular
que, y que sirven para dar forma a un discurso emitido por un
hablante-escritor colectivo. Esta persona retórica se
refuerza con la frase proposicional de "plenamente conscientes"
que no solo le da fuerza al
mensaje sino que le posibilita una enorme credibilidad, ya que el
discurso la muestra como
sabedora de la historia de un país
que trata de dirimir un conflicto en
medio de los horrores de la guerra.

Este discurso no cuenta con un orador personal, pero la
elección de las personas que formaron la Comisión
de Notables significó desde un comienzo un acierto para
los dominadores, quienes en contraste con los grupos oprimidos
cuyos oradores tienen que negociar una persona retórica
aceptable a la opinión a fin de que sus expresiones sean
reconocidas como legitimas, no necesitaron de este tipo de
negociación de la persona retórica,
ya que esta no solo contaba con el acceso al discurso
público sino que lo determinó en la medida en que
la Comisión de Notables obtuvo con antelación
cierto grado de autoridad para
que su discurso fuera leído y escuchado por todo el
país.

5.4.2.2 El auditorio implícito

Este auditorio implícito es ficticio porque se crea a
partir del texto y solo existe dentro del mundo ficticio que este
propone. Es así como se puede considerar que las personas
a las que se dirigió el discurso de la Comisión de
Notables son perceptivas, pacientes, poderosas y ansiosas por
conocer unas consideraciones que servirían para determinar
qué hacer con un conflicto que crecía cada vez
más y con los grupos paramilitares que se hacían
cada vez más violentos y numerosos.

5.4.2.3 La ausencia

Como ya se dijo antes, la ausencia se refiere a aquello que
está ausente o ha sido silenciado en el texto. Al
utilizarse un lenguaje que
privilegia a un determinado aspecto del conocimiento,
los otros aspectos quedan excluidos. El discurso de la
Comisión de Notables se limita a trabajar los dos temas
definidos desde un comienzo por el Acuerdo de Los Pozos: la
intensidad del conflicto y los paramilitares. Por eso, no se
refieren a otros problemas como
la pobreza,
los préstamos con el Fondo Monetario
Internacional, el problema agrario, el reparto de tierras en
pocas manos, etc., ya que están ausentes porque no
responden al propósito por el cual fue creada la
Comisión.

Anexos

6.1 Discurso completo del Doctor Andrés
Pastrana,expresidente de Colombia

Saludo del Presidente de la
República, Andrés Pastrana Arango, al Cuerpo
Diplomático acreditado en Colombia

(Bogotá, D. C., 6 de febrero de
2001)

"Soy feliz en mis amigos', decía Shakespeare, y
eso mismo puedo decir hoy, cuando tengo el placer de darles la
bienvenida a esta Casa de Nariño, -que es también
la casa de todos ustedes-, a los distinguidos representantes de
las naciones y de los organismos internacionales que han hecho de
nuestras relaciones, mucho más que una simple rutina
diplomática, un intercambio enriquecedor y promisorio.

En este ya tradicional saludo de comienzos de año al
Cuerpo Diplomático quiero aprovechar para extender a todos
ustedes y a sus respectivos pueblos los más sinceros y
afectuosos deseos por su bienestar y felicidad en esta nueva era
que comienza. Que el destino nos depare a todos un porvenir de
armonía, justicia
social y prosperidad, en el que podamos seguir afianzando e
incrementando los lazos del afecto y la amistad.

Son tiempos de esperanza, retos y realizaciones,
que exigen lo mejor de nosotros. Por eso, Colombia valora y
agradece especialmente el papel respetuoso, constructivo y
cooperador que ha tenido la Comunidad
Internacional en su conjunto frente a las particulares y
complejas circunstancias que se presentan en el país.

Estamos afrontando con decisión y con
audacia la búsqueda de la paz a través del diálogo y
la negociación política. Estamos
fortaleciendo nuestras instituciones
e incrementando la presencia del Estado en todo
el territorio. Estamos ejecutando ambiciosos proyectos de
inversión social para mejorar las condiciones de vida
de los más necesitados a través de la
creación de oportunidades de trabajo. Y en
todos estos desafíos hemos encontrado, como nunca antes en
la historia, el unánime respaldo de la comunidad
internacional, y la firme decisión de cooperar en este
empeño de hacer de Colombia un país que progresa en
un entorno de paz.

En los últimos doce meses ha existido una
constante que marca el devenir
histórico del proceso en paz
en Colombia: el acompañamiento firme de los países
amigos y de los organismos internacionales, impulsando, todos a
una, nuestras legítimas aspiraciones. Las naciones del
mundo y los principales organismos internacionales se han hecho
presentes, con verdadera vocación de cooperación,
en el Grupo de Apoyo
al Proceso de Paz en Colombia, que tuvo el año pasado una
reunión preliminar en Londres, una reunión formal
en Madrid y otra
en Bogotá, y que continuará su trabajo durante este
primer semestre en Bruselas. De este Grupo de Apoyo hemos
obtenido importantes aportes para programas
sociales, de desarrollo
alternativo, de derechos humanos,
de asistencia humanitaria, de fortalecimiento institucional y de
protección al medio
ambiente, que se verán enriquecidos con las decisiones
que tomen las naciones participantes una vez estudiados y
analizados en detalle los diferentes programas de inversión. En este sentido destaco la
visita que actualmente realiza una Misión
Técnica de la Unión
Europea para la identificación de los proyectos
sociales en que mejor pueden colaborar, así como la
reciente resolución del Parlamento Europeo apoyando los
programas de desarrollo social
e institucional en nuestro país. La importante
cooperación directa de los Estados Unidos de
América, por otra parte, es también
motivo de gratitud para el pueblo colombiano, que reconoce su
decisión responsable, no sólo por la necesaria
colaboración en la lucha antinarcóticos, sino
también porque incluye el mayor aporte para
inversión social en la historia de nuestras relaciones
bilaterales.

En la aplicación del concepto de
responsabilidad compartida en la lucha contra el
problema mundial de las drogas,
estamos pasando definitivamente de la retórica de las
palabras y las buenas intenciones a la acción
concreta y efectiva. Hemos transitado, por fortuna, de un
acompañamiento declarativo por parte de la comunidad
internacional a uno concreto y
efectivo, que se traduce en programas sociales y en apoyo al
proceso de paz. Colombia no puede sola en esta lucha, que tanto
nos ha costado. Ustedes, que nos acompañan día a
día, lo saben, señores Embajadores, y por eso
podemos decir que lo que pedimos al mundo, más que ayuda,
es responsabilidad. Si bien en nuestro camino hacia la construcción de la paz hemos tenido un
año difícil, no hay duda de que la
vinculación de la comunidad internacional a la
reconciliación entre los colombianos quedó
definitivamente consolidada: Suecia, Noruega, Italia, El
Vaticano, Suiza, España y
Francia fueron
hace un año los amables anfitriones de una gira
histórica y sin precedentes de los negociadores del
Gobierno y de las
FARC por sus
países, donde tuvieron oportunidad de conocer de primera
mano sus modelos
políticos y económicos, así como de
intercambiar opiniones sobre diversos tópicos.
También Alemania,
Costa Rica,
Cuba y
Venezuela han
sido escenarios de diálogo en diversas etapas de las
negociaciones del gobierno y de la sociedad civil
con los insurgentes. Además, veintiún naciones
asistieron a la Audiencia Pública sobre Cultivos
Ilícitos y Medio Ambiente en
San Vicente del Caguán, y cinco Estados Francia,
España, Noruega, Suiza y Cuba- nos están
acompañando, con ejemplar prudencia y compromiso, como
países amigos en el proceso de conversaciones con el ELN.
¡Cómo no valorar y agradecer todo este esfuerzo
internacional por cooperar con la paz de Colombia! Nuestro
conflicto interno, la sangre derramada,
son fenómenos que le quitan la esperanza y la
alegría a un país enamorado de la vida. Por eso
valoro tanto los gestos de apoyo que continuamente recibimos de
ustedes, de sus naciones y de las entidades que representan,
tales como los que recientemente se produjeron de parte de los
embajadores europeos; de los Secretarios Generales de las
Naciones
Unidas y de la
Organización de Estados Americanos, y de otras
naciones del planeta. Nos sentimos acompañados, queridos
amigos. Los sabemos cercanos más que nunca. Y en esa
cercanía entendemos que su papel, que el papel de la
comunidad internacional, en la humanización de este
doloroso conflicto es fundamental. Como ustedes saben, mi
gobierno se ha comprometido con énfasis en la defensa y
protección de los Derechos Humanos y en la
aplicación del Derecho
Internacional Humanitario, temas que se hacen aún
más complejos en medio de la degradación del
conflicto causada por la acción intolerante e
indiscriminada de todos los grupos al margen de la ley. Yo estoy
seguro de que
el clamor internacional para que cesen estos actos es de gran
ayuda para que estos grupos acepten al fin humanizar el
conflicto, salvaguardar a la población civil y a los niños,
y detener la confrontación para que no sigamos obligados a
negociar en medio de la guerra. Posiciones como la asumida por la
Unión Europea frente a representantes de las FARC en
París, o la de la Iglesia
católica, o la de tantas otras naciones y organismos
internacionales que denuncian las atrocidades y hacen un llamado
por la humanización del conflicto, son un gran aporte del
mundo hacia la paz de Colombia. Pero para cooperar mejor hay que
conocer mejor, y por eso es tan importante la labor que ustedes,
señores Embajadores, hacen, al enterarse de primera mano
de la situación de nuestro país, procurando
comprenderla en su difícil complejidad. Por ejemplo, en el
caso de la lucha continua que libra el Estado
contra los grupos ilegales de autodefensa, que asolan con
masacres y actos de crueldad el territorio nacional, nos llenan
de satisfacción declaraciones como la que hicieron la
semana pasada los embajadores europeos, al afirmar que "la
Unión Europea es consciente de los esfuerzos que realiza
el Gobierno para reducir las actividades de los paramilitares".
Como hemos expuesto ante la comunidad nacional e internacional,
estamos atacando con todos los medios
logísticos y legales a nuestro alcance todos los factores
de violencia,
incluyendo, por supuesto, los grupos de autodefensa. En la lucha
contra estos delincuentes, en particular, estamos llevando a cabo
un Plan de
Acción que incluye seis puntos principales: en primer
lugar, la creación de un Centro Nacional de Coordinación de la lucha contra las
Autodefensas, donde participan el Gobierno, la Fuerza
Pública, la Procuraduría, la Fiscalía y la
Defensoría del Pueblo; en segundo lugar, la puesta en
marcha de una Brigada Financiera para combatir sus finanzas y la
de aquellos que los patrocinan; en tercer término, el
incremento de operaciones
militares, las cuales aumentaron el año pasado frente a
1999 en un 123%, dando como resultado más de 400 miembros
de estos grupos detenidos o dados de baja de hecho:
prácticamente el 10% de los miembros de grupos de
autodefensa se encuentran presos en las cárceles del
país-; en cuarto lugar, estamos obrando con acciones
penales y administrativas contra los integrantes de estos grupos
o contra cualquier funcionario o uniformado que los patrocine o
tolere es más: contra los autodefensas hay tres veces
más acciones penales en la Fiscalía que contra
miembros de la subversión-; en quinto término,
concedimos facultades discrecionales al comandante de las Fuerzas
Militares para desvincular discrecionalmente y sin juicio previo
a cualquier militar de quien se tengan indicios de violaciones a
los derechos humanos o vinculación con grupos de
autodefensa, y, en sexto lugar, estamos adelantando acciones de
fumigación de cultivos ilícitos y de
destrucción de laboratorios de droga en zonas
de mayor presencia de autodefensas, desvertebrando así su
apoyo financiero.

Nadie puede dudar en el mundo de la voluntad del
Gobierno de combatir este flagelo, así como cualquier otra
forma de violencia que atente contra los colombianos.
Infortunadamente, hay quienes, en el concierto internacional,
pretenden que Colombia luche contra el narcotráfico y controle a los grupos de
autodefensas y otras manifestaciones delincuenciales, pero, al
mismo tiempo,
critican cualquier acción destinada a fortalecer nuestro
ejército y nuestra policía. El absurdo de este
postulado no puede ser mayor. Si Colombia quiere salir adelante,
lo primero que tiene que hacer es fortalecer sus instituciones
legítimas, incluyendo por supuesto a la Fuerza
Pública, para combatir las actividades ilícitas y
llevar mayor bienestar y seguridad a la
población. Nada haría crecer más a las
autodefensas y a la funesta actividad del narcotráfico que
unas Fuerzas Armadas débiles, condenadas al fracaso y
presas de la corrupción. Por el contrario, unas Fuerzas
Armadas modernas, profesionales, bien dotadas, capacitadas y
entrenadas, son la mejor garantía en Colombia y en
cualquier país del mundo- del imperio de la ley y de los
derechos humanos, y del marchitamiento de las fuerzas marginales
que crecen, justamente, donde hay menor presencia del Estado.
También es muy importante que la prensa
internacional, genuinamente preocupada por el caso de Colombia,
nos observe con una mirada serena, objetiva y abarcante, libre de
prejuicios y estereotipos. Especialmente en momentos como
éste, es necesario respetar la enorme complejidad del
proceso de paz y de la situación colombiana, cuando se
informa acerca de estos temas, como ustedes bien lo hacen en su
labor diplomática. Es necesario que seamos precisos con la
información, y aún más con
las cifras que difundimos. La violencia trae consigo la
distorsión de la verdad. Esto es lo que debemos evitar.
Quiero resaltar, eso sí, que cada día se supera
más esta etapa de aproximación superficial, y se
profundiza con mayor seriedad en los distintos matices de nuestra
realidad. Las oportunidades que hemos tenido de visitar durante
los últimos doce meses naciones y escenarios de
América y de Europa han sido
una forma ideal para mostrar al mundo, con nuestra presencia
directa, en foros y diálogos con los medios de
comunicación, el rostro verdadero de un país
que ha sido muchas veces incomprendido y que hoy mira con
dignidad a la
comunidad internacional.

A todos nuestros amables anfitriones,
¡muchas gracias! Apreciados amigos: Colombia ha regresado
al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por sexta
ocasión, y estamos ejerciendo esta gran responsabilidad
desde el pasado 1o. De enero. Trabajaremos de la mano con los
demás países miembros, en la certeza de que la
inquebrantable vocación de paz que anima a mi Gobierno
será la misma voluntad que guiará nuestra
participación en ese importante órgano. En
él promoveremos de manera constante el diálogo, las
soluciones
negociadas, las salidas políticas
y diplomáticas, como único camino para darle a la
paz y la seguridad internacional bases verdaderamente estables y
perdurables. Tenemos una firme confianza en el papel que pueden
jugar las Naciones Unidas para prevenir las confrontaciones. Para
controlar y evitar el tráfico de armas
pequeñas y ligeras que tantas tragedias causan en nuestros
pueblos; para promover la plena vigencia y observancia del
Derecho Internacional Humanitario; para aliviar el sufrimiento de
los grupos más vulnerables que resultan víctimas de
los conflictos;
para promover el desarrollo
económico y social, la justicia y la democracia,
como condiciones esenciales para el afianzamiento de la paz y la
estabilidad internacional. No ahorraremos esfuerzos para
contribuir al logro de esos objetivos.

También quiero destacar en este recuento la
realización el año pasado en nuestro suelo de dos
eventos de
primordial importancia: la Cumbre Ministerial del Movimiento de
Países No Alineados y la Cumbre Presidencial del Grupo de
Río. En la primera, pudimos concertar con los 115
países miembros del NOAL una posición común
frente a muchos puntos de la agenda global, como un mensaje claro
de los países en desarrollo al resto del mundo.
Igualmente, en la Cumbre del Grupo de Río, que fue la
primera en incluir a los países centroamericanos como
miembros individuales y de pleno derecho del Grupo, logramos la
suscripción de la trascendental "Declaración de
Cartagena", en la cual se plasmó una posición
común de los países de América
Latina y el Caribe para presentar en los más
destacados foros internacionales. Como resultado de esta
reunión, tuve el honor y la responsabilidad de exponer
ante la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, en mi calidad de
Secretario Pro Tempore del Grupo de Río, la visión
latinoamericana y caribeña sobre los desafíos de la
humanidad en el Siglo XXI. Queridos embajadores: Inicié
este saludo afirmando, con las palabras del gran bardo inglés,
que "soy feliz en mis amigos". Permítanme decirles ahora,
en nombre de 40 millones de corazones que agradecen el respaldo
de las naciones del mundo y de las entidades internacionales en
la búsqueda de la paz y la justicia social en nuestro
país, que Colombia también es feliz en sus amigos.
Y que ustedes, señoras y señores, son los mejores
amigos que un país puede desear.

Muchas gracias.

(Departamento de comunicaciones. Oficina del Alto
Comisionado de Paz. Webpaz[arroba]presidnecia.gov.co © 2001.
Santafé de Bogotá, Colombia)

6.2 Discurso completo del las FARC-EP

Al reiterarles el saludo cálido de todos los
guerrilleros y Mandos de las FARC-EP y expresarles
agradecimientos por su presencia en Los Pozos, también les
queremos compartir algunas de nuestras reflexiones sobre la
situación actual.

Es especialmente importante reafirmar hoy y aquí, ante
todos ustedes representantes de la comunidad internacional,
nuestro compromiso con el éxito
de este proceso inédito, que busca solucionar por las
vías políticas el conflicto social y armado que
desangra a Colombia y afecta la estabilidad de la región.
Se trata de reconstruir democráticamente una patria
soberana, respetuosa de la opinión ajena y con justicia
social.

Pero, crear las bases de esta tarea luego de 53 años de
violencia oficial ininterrumpida es difícil, porque los
obstáculos erigidos son serios y muy poderosos los
enemigos de la reconciliación ya que están en
juego
intereses geoestratégicos, importantes negocia-dos
alrededor de las armas, del narcotráfico, del petróleo, de las privatizaciones, de la tenencia de la tierra, de
la biodiversidad
y macroproyectos interoceánicos que hacen del proceso algo
especialmente sensible.

Sin embargo, en estos dos últimos años hemos
logrado cimentar caminos a través de la Mesa, abrir
espacios y crear nuevas posibilidades en una verdadera labor de
orfebrería, de la cual este encuentro con todos ustedes,
es otra feliz evidencia y un estímulo para continuar
adelante.

Pero los enemigos de la paz no cesan en su accionar: sin
escatimar medios ni escrúpulos han mantenido su ofensiva
contra la zona del despeje, contra la Mesa, contra el ritmo de
las conversaciones, etc. No fue casual entonces, que a partir del
inicio de estos diálogos entre el gobierno y las FARC, se
incrementara la criminal estrategia
paramilitar de guerra sucia, que intenta a través del
terror acallar las alternativas políticas
democráticas o revolucionarias, así como amedrentar
a la nación
entera y sabotear cualquier posibilidad de acuerdos hacia la paz
duradera.

Recordemos que para ese entonces no existía la
guerrilla revolucionaria, que se formó y consolidó
tan solo muchos años después, primero como
respuesta a esa criminal estrategia del Estado y posteriormente
con el objetivo de
alcanzar el poder
político en procura del cambio
estructural de la sociedad.

Sirva esta fugaz digresión histórica, para
adicionar elementos a las reflexiones de hoy, para refrendar un
aserto que a veces tiende a escamotearse: el paramilitarismo es
una estrategia nacida de la doctrina de la Seguridad Nacional,
enseñada y transmitida en las escuelas de formación
militar continentales, que en Colombia pretende erigirse como
tabla de salvación de unas instituciones incapaces de
prospectar un futuro digno para nuestra nación.

Las diversas lecturas que sobre el paramilitarismo gravitan
alrededor de la mesa de Diálogos, han generado
dificultades adicionales al proceso, porque los hilos
entrecruzados de la Fuerza Pública con los ejecutores de
las masacres, de las expropiaciones de fincas, de los asesinatos
selectivos de líderes populares y del terror generalizado,
son cada vez más evidentes sin que parezca existir la
fortaleza institucional que lo pueda derrotar internamente.

Tras la mampara de enfrentar a la guerrilla revolucionaria con
la guerra sucia, se esconden grandes negociados del
narcotráfico, turbias aspiraciones politiqueras,
corruptelas de los gamonales de siempre y la maleable moral de la
diplomacia estadounidense, que como todos sabemos no tiene amigos
sino intereses.

El paramilitarismo es hijo ilegítimo y vergonzante del
Estado Colombiano. Su negativa a reconocerlo como tal ha
resquebraja-do aún más su capacidad y por momentos
lo ha colocado cerca del colapso.

De no adelantarse una ofensiva seria contra la estrategia
paramilitar para enfrentarla y derrotarla como se concluyó
tanto en El Acuerdo de los Pozos como en el encuentro con la
dirigencia política nacional el pasado 28 de febrero,
será bastante difícil avanzar hacia los acuerdos
duraderos.

Pero si bien es cierto que el paramilitarismo representa un
peligro para el proceso de reconciliación, también
debemos señalar que la solución a los retos
planteados por la siembra de coca, amapola y marihuana se
torna cada día más crítica
por su incidencia en la economía y la política
mundiales.

En ese gran reto de la humanidad por borrar el
narcotráfico de la faz de la tierra,
atacando todos y cada uno de los eslabones que conforman la
cadena, ningún país, por poderoso que sea, puede
arrogarse el derecho exclusivo de combatirlo o la posesión
monopólica de las estrategias para
derrotarlo. Mucho menos puede pretender pasar por sobre la
soberanía de ninguno otro país so
pretexto de su prestancia moral o su grado de
afectación.

Colombia, atribulada por las dificultades, necesita resolver
su tarea de erradicación de cultivos ilegales por la
vía de la persuasión y los acuerdos con las
comunidades. Los planes unilaterales de fumigación y de
violencia tanto química como
biológica, lesionan el suelo patrio, nuestra dignidad
nacional y solo logran desplazar el problema.

Son una agresión contra más de 350 mil familias
pobres, que no tienen alternativa; contra el equilibrio
ecológico en tanto afectan irreversiblemente la vida
humana, animal y vegetal vale decir la biodiversidad, pilar de
nuestro futuro; y porque impele al campesino a
profundizarse y a ejecutar nuevas tumbas de montaña,
acelera el proceso de recalentamiento de la tierra por la
disminución en la producción de oxígeno
en la cuenca amazónica.

Mucho menos funcionarán esos diseños, si
están sustentados en la guerra para ponerlos en marcha. La
legítima resistencia
interna que ello crea, se añade al desequilibrio militar
que empieza a darse en la región y a los interrogantes
lógicos que surgen en nuestras fronteras.

Si nos atenemos a las dramáticas cifras proporcionadas
por la Oficina de Naciones Unidas para el Control de
Drogas y la
Prevención del Crimen (Unodccp) -Global Ilicit Drug Trends
2000- la guerra contra las drogas declarada hace 30 años
por el presidente Nixon ha sido un completo fracaso: más
drogadictos, más volumen de
sustancias sicotrópicas consumidas, más
hectáreas cultivadas, más corrupción, más dinero del
narcotráfico en el torrente del sistema
financiero internacional, aumento de las fábricas de
insumos químicos, más guerras y
crecientes tensiones en las fronteras.

Un verdadero desastre, manejado con la doble moral de la gran
potencia.

Nos sentimos identificados con las voces que
desde la comunidad europea señalan que la
erradicación de cultivos ilegales no es un problema
continental, sino un gran problema hemisférico y mundial,
que requiere de políticas sociales, por eso su
éxito depende de una planificación colectiva, de un compromiso
común y del apoyo de los más solventes a las
comunidades sumidas en la obligatoriedad de tales cultivos para
su sobrevivencia.

Las FARC-EP reiteran su propuesta de implementar un plan
piloto de sustitución de cultivos en Cartagena del
Chairá, también en el criterio de soluciones
acordadas con las comunidades, en planes que propendan por la
preservación de la biodiversidad y la reforestación
y, por supuesto, en la legalización del consumo de
sicotrópicos en el mundo entero.

Señores delegados: Colombia está
ahogándose en las miserias ocasionadas por sus compromisos
financieros con la banca
internacional. La tercera parte del presupuesto
nacional, debe ser entregada cada año, puntualmente, como
pago por los servicios de
la deuda, a pesar de lo cual ésta continúa
creciendo transformándose en amenaza para nuestro futuro
como nación soberana.

Con la deuda externa nos
está sucediendo lo mismo que con la vivienda financiada
por el sistema UPAC: se
recurre a los préstamos por necesidad, la banca impone sus
condiciones y a pesar de cumplírsele con los compromisos
adquiridos y de cancelarse varias veces el valor del
préstamo inicial con sus intereses, al final todo queda en
manos de ese capital
usurero. Lo absurdo de esta comparación es que aludimos no
a una casa de habitación sino a todo el patrimonio
económico de una nación.

Y más grave aún, que cada préstamo
implique onerosos condicionamientos por parte del Fondo Monetario
Internacional, sometiendo a nuestros necesitados países a
políticas definidas desde los centros mundiales del poder
elaboradas no precisa-mente para favorecer a los
débiles.

Será imposible construir un proyecto de
nación viable, de no hacerse un replanteamiento serio
sobre la deuda, sus intereses, sus amortizaciones y su destino
final.

Planteamos a la comunidad internacional la necesidad de una
moratoria de 5 años del pago de los servicios de la deuda,
de forma tal, que podamos durante un lustro disponer para la
INVERSIÓN de esa TERCERA PARTE DEL PRESUPUESTO NACIONAL,
dándole a Colombia el oxígeno requerido para
avanzar en la reconstrucción de su tejido social.
Sería un aporte concreto al proceso. La disponibilidad y
control de esos recursos deben
quedar a disposición de la Mesa, dados los
altísimos grados de corrupción de la llamada
clase
política colombiana.

Para finalizar, queremos reclamar su atención sobre nuestra problemática
agraria ubicada en el centro del conflicto. La tenencia de la
tierra en Colombia, es una monstruosa criatura semifeudal que
retrasó y trancó el desarrollo económico de
todo nuestro sistema productivo y generó una
república señorial, asentada en el gamonalismo como
forma esencial de las relaciones políticas.

La acrecentada tendencia de concentración de las
tierras fértiles con las mejores vías de comunicación en unas pocas manos y la
expulsión de más de 2 millones de campesinos de sus
parcelas en los últimos 5 años, grafican la
tragedia que invade a nuestros campos.

Los megaproyectos que suponen los canales
interoceánicos en marcha, las fuentes de
agua dulce, la
amazonía con su riqueza genética,
biológica y de recursos
naturales no renovables han sumado nuevos elementos a una
problemática de por sí compleja y sensibilizada
aún más por el ejercicio del narcotráfico en
procura de legalizar sus sucios capitales con la compra de
tierras.

Si a esto agregamos el desastre que para nuestra
economía agraria significó la neoliberal e infame
Apertura Económica del gobierno de César Gaviria,
tendremos una visión más completa de la
situación que atraviesan nuestros campos. La verdad, es
que anualmente estamos importando 8 millones de toneladas de
alimentos que
producíamos acá, antes del desastroso gobierno del
señor Gaviria.

Esta situación, reclama actitudes
positivas de la comunidad internacional, particularmente de
aquellas naciones de economías poderosas, que pueden abrir
fronteras a muchos productos
nuestros y eliminar aranceles
aduaneros para facilitar la realización de las
mercancías colombianas. Es evidente que necesitamos unos
pactos internacionales de comercio
más generosos con nuestros marginados países.

Proponemos a este encuentro, la programación y realización de TRES
EVENTOS especializados, para abocar en cada uno de ellos los
temas enunciados anteriormente, a saber: Sustitución de
Cultivos Ilegales, Deuda Externa y Política Agraria. La
comunidad internacional, el gobierno nacional, las FARC-EP y las
organizaciones
sociales colombianas nos encontraríamos acá, en Los
Pozos, para aportar salidas concretas y avanzar en la
consecución de la paz.

Agradecemos a todos los asistentes a esta reunión una
vez más, por su presencia. Creemos que esta modalidad de
encuentros para informar sobre el estado de los diálogos y
recibir sus apreciaciones sobre ellos, son una modalidad de
acompaña-miento político positiva, que debe
realizarse cada vez que las circunstancias nos lo faciliten.

Estado Mayor Central de las FARC-EPMarzo 8 del
2001, Los Pozos, San Vicente del Caguán

6.3 Discurso completo de la Comisión de Notables

RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE
PERSONALIDADES A LA MESA DE DIÁLOGO Y
NEGOCIACIÓN

Los suscritos comisionados, designados por la Mesa Nacional de
Diálogo y Negociación para el proceso de paz en
virtud del numeral 3o del Acuerdo de Los Pozos suscrito entre el
señor Presidente de la República, Andrés
Pastrana Arango, y el comandante de las FARC-EP, Manuel Marulanda
Vélez, después de una intensa y concienzuda labor
durante la cual hemos tenido oportunidad de analizar y evaluar
los distintos factores que han conducido a la situación de
conflicto armado que, desde hace ya varias décadas, vive
la nación y cuyas implicaciones sociales son
insoslayables, la incidencia que este conflicto ha tenido y sigue
teniendo en la sociedad colombiana, la gravedad que reviste el
fenómeno del paramilitarismo surgido dentro del marco del
enfrentamiento, y plenamente conscientes del hecho notorio de que
el esquema de negociación bajo la guerra que se ha venido
utilizando desde la iniciación del presente proceso de paz
se encuentra agotado, en cumplimiento de nuestro cometido nos
permitimos, formular:

La experiencia histórica, tanto en Colombia como en el
mundo, demuestra que el esquema de la negociación bajo el
fuego no produce resultados satisfactorios, al menos en el corto
y mediano plazo, en el objetivo de lograr la paz. Porque, entre
otras cosas, supone mantener la aspiración de cada una de
las partes en conflicto de imponerse por la fuerza de las armas a
la parte contraria, hasta derrotarla militarmente, con todo lo
que ello implica en pérdida de vidas humanas, en
destrucción material, en gasto económico y en ruina
física y
moral para millones de personas. Y creemos firmemente que en el
caso colombiano, por diversas circunstancias que no es del caso
entrar a detallar pero que no escapan a ningún observador
desprevenido, no es dable contemplar tal posibilidad, a riesgo de
agudizar aún más el conflicto y generalizarlo, con
posibles graves implicaciones de carácter internacional en el orden
económico, político o militar, situación
ésta que ningún colombiano verdaderamente patriota
y a

Por el contrario, lo que constatamos, con viva
preocupación, es que en estos tres anos que lleva de
iniciado el proceso, bajo el esquema de la negociación
bajo la guerra, el conflicto lejos de amainarse se ha
intensificado, y el paramilitarismo no ha cesado de aumentar su
accionar ilegal. Como consecuencia de ello, cada día
aumentan el número de masacres y de víctimas
inocentes y las violaciones más aberrantes al Derecho
Internacional Humanitario (DIH).

Para nosotros es claro que el carácter de esta
negociación debe ser eminentemente político y no
militar. Por ello nos parece un contrasentido que los
diálogos se desarrollen bajo el fuego de las armas. Y que
mientras en Villa Nueva Colombia se prolongan las conversaciones
entre las partes, animadas, sin duda, de la mejor buena voluntad
y patriotismo, a lo largo y ancho del resto del territorio
nacional se adelantan, a diario, acciones militares de todos
lados, con su inevitable secuela de muertos y heridos, no
sólo de las partes en conflicto sino de la
población civil -principalmente rural-, ajena a
éste, así como de destrucción material y por
ende de pérdidas incalculables para la economía
nacional. Y a ello se agrega el alarmante fenómeno del
desplazamiento humano, que reviste hoy dimensiones
gravísimas, hasta el punto de figurar Colombia como uno de
los países del mundo con mayor número de
desplazados.

Ese carácter político de los diálogos y
la negociación, que por cierto ha sido reconocido
explícitamente por las dos partes, conduce Ese
carácter político de los diálogos y la
negociación, que por cierto ha sido reconocido
explícitamente por las dos partes, conduce obviamente a
que sea en un clima
político y no militar -es decir de enfrentamiento armado-,
como se adelanten dichas negociaciones de paz. No tenemos duda de
que es aquél el marco propicio para que las negociaciones
avancen y para que se obtengan resultados concretos,
prácticos y efectivos, en un plazo razonable, como lo
esperan todo el pueblo colombiano y la comunidad
internacional.

Creemos firmemente que mantener la negociación bajo el
marco de la guerra, no sólo dilatará
indefinidamente el proceso, sino que hará cada vez
más difícil llegar a los acuerdos con tanto anhelo
esperados.

Por las anteriores razones, los comisionados, en forma
unánime, en cumplimiento de la misión a nosotros
encomendada por la Mesa de Diálogo y Negociación
con el objeto de proponer fórmulas para disminuir la
intensidad del conflicto y acabar con el fenómeno del
paramilitarismo, animados del más sincero sentimiento
patriótico y como una contribución positiva al
logro de la paz para Colombia, nos permitimos formular a la Mesa
las siguientes recomendaciones:

1. Que se pacte una tregua bilateral entre el Gobierno
Nacional y las FARC-EP, en principio de seis (6) meses, en las
acciones armadas, término que puede ser prorrogado por
acuerdo entre las partes. Dicha tregua implica que las partes, es
decir el Gobierno Nacional y las FARC-EP, adquieran, por lo
menos, durante este lapso, los siguientes COMPROMISOS:

A) No habrá acciones militares por parte de las Fuerzas
Armadas y de Policía contra las FARC-EP en ningún
lugar del territorio nacional.

B) No habrá acciones militares por parte de las FARC-EP
contra las Fuerzas Armadas y de Policía en ningún
lugar del territorio nacional.

C) Lo anterior no impide que las Fuerzas Armadas y de
Policía continúen sus acciones, conforme a los
mandatos de la Constitución y la ley, en contra de otras
agrupaciones o individuos que sigan actuando de manera
ilegal.

D) El Estado reitera su compromiso de respetar todas las
normas
universales que regulan los conflictos armados no
internacionales, recopiladas en el Derecho Internacional
Humanitario (Convención de Ginebra y protocolos
adicionales) y las FARC-EP se comprometen igualmente a respetar
dichas normas. Ambas partes se abstendrán, en particular,
de la utilización de armas no convencionales, como las
minas antipersonales, los cilindros de gas y bombas de
aspersión, del reclutamiento
y mantenimiento
en filas de menores de edad, así como del asalto y toma de
poblaciones.

E) Las FARC-EP no efectuarán actos de hostilidad contra
particulares, tales como retención de personas, secuestro, cobro
forzado de contribuciones pecuniarias o de cualquier otra
especie, atentados contra la infraestructura energética y
petrolera del país o contra la infraestructura vial.

F) El Gobierno Nacional, de común acuerdo con las
FARC-EP, estudiará mecanismos de financiación que
permitan atender a las necesidades de subsistencia de los
combatientes de la insurgencia durante el período de
tregua.

G) Que, conforme al punto 10 del Acuerdo de los Pozos, el
Estado se comprometa a la sustitución de cultivos
ilícitos en las pequeñas parcelas mediante el
procedimiento
de erradicación manual, y ambas
partes a la protección y recuperación del medio
ambiente y la ecología.

2. Que durante el período de la tregua bilateral de
paz, la Mesa Nacional de diálogo y negociación
estudie, con base en la Agenda Común de doce puntos
acordada por las partes en La Machaca, y llegue a acuerdos sobre
las materias específicas que conformen un temario definido
de proyectos de reforma constitucional, así como aquellas
que deban ser posteriormente objeto de desarrollo legislativo por
parte del Congreso, o de implementación por parte del
Ejecutivo. Lo anterior, sin perjuicio de llegar, durante ese
lapso, a acuerdos parciales de ejecución inmediata.

3. Que durante este período se intensifiquen las
reuniones de la Mesa, al menos a tres días completos por
semana, y que se invite a sus deliberaciones, además de
las autoridades públicas, civiles o militares,
pertinentes, a voceros o representantes de los diferentes
estamentos o sectores de la sociedad colombiana que puedan
contribuir con sus opiniones y experiencia a la
determinación de los temas concretos a incluir en el
temario, a fin de que se obtengan los avances esperados por la
sociedad colombiana.

4. Que, con base en los acuerdos logrados por la Mesa
referidos en el punto 3, se defina el temario de propuestas
concretas de reforma constitucional, a ser discutido y decidido,
en principio, por una Asamblea Constituyente, cuya convocatoria
el Gobierno Nacional se compromete a impulsar. Esta Asamblea
deberá quedar integrada por representantes de los
distintos partidos y movimientos políticos y sindicales,
de los sectores de la producción, de los sectores
independientes de la sociedad civil y de las FARC-EP y
demás grupos de la insurgencia que decidan comprometerse
con este proceso. La forma de integración de esta Asamblea Constituyente,
su conformación, así como su lugar de
reunión, agenda, término de duración y
demás aspectos relacionados con su funcionamiento y
logística, serán acordados por las
partes durante el período de la tregua bilateral que
proponemos.

5. Que, sin perjuicio de lo anterior, la Mesa estudie la
posibilidad de optar por la alternativa de convocar la Asamblea
Constituyente o la de convocar, en su defecto, un referendo
popular. Recomendamos que el Gobierno, de común acuerdo
con la Mesa, analice, a la luz de la
Constitución, de la ley y de las circunstancias
políticas del país, cual de estas dos alternativas
resulta más conveniente y expedita para el trámite
de los proyectos de reforma constitucional que hayan sido
definidos en los términos del punto 3 de este
documento.

6. Que las partes se comprometan, de manera formal y solemne,
a respetar y acatar las decisiones que se adopten por la Asamblea
Constituyente y/o por la vía del referendo, y, en general,
todas aquellas que emanen de las diferentes instancias que
constitucionalmente tengan que ver en el trámite de las
reformas previsto en estas recomendaciones.

7. Que una vez acordado el temario de proyectos de reforma
constitucional, éstos sean sometidos a un proceso intenso
de difusión y de pedagogía ante el pueblo colombiano, a fin
de que éste tenga la suficiente información sobre
ellos, como parte del proceso de discusión de los mismos,
y, llegado el caso, antes de su refrendación en la
instancia correspondiente.

8. Que, en caso de convocarla, el término de
duración de la Asamblea Constituyente sea máximo de
seis (6) meses, y que entre la convocatoria y la reunión
de la misma no transcurran más de tres (3) meses.

9. Que se entienda el acto de convocatoria de la Asamblea
Constituyente o, si es del caso, el del referendo, como la
culminación del actual proceso de diálogo y
negociación.

10. Que, en caso de convocarla, la mayoría de la
Asamblea Constituyente sea conformada mediante la libre y
democrática elección de sus miembros, sin perjuicio
de que se adopten otros procedimientos
especiales para la escogencia de quienes han de representar en
ella a la insurgencia.

11. Que durante el período de tregua bilateral y, en
general, durante el lapso de este proceso democrático de
reforma constitucional, se mantenga la zona de
distensión.

12. Que, en el entendido de que la convocatoria a la Asamblea
Constituyente, o al referendo si se opta por esta vía,
significan -como se señala en el punto 9 de este
documento- la culminación del proceso de diálogo y
negociación, una vez acordada aquella e iniciado el
proceso para su conformación, las FARC-EP depongan las
armas.

13. Que, en este mismo sentido, una vez se pacte la paz, la
Fuerza Pública se ajustará a los parámetros
acordados en el ordenamiento constitucional que se establezca en
orden al cumplimiento de su finalidad primordial, cual es, en
términos del artículo 217 de la Carta
Política vigente, "la defensa de la soberanía, la
independencia,
la integridad del territorio y del orden constitucional".

14. Que, de común acuerdo, la Mesa determine el
mecanismo que permita garantizar el cabal cumplimiento de los
compromisos adquiridos por las partes para el período de
tregua y, en general, para todo el proceso de solución
política al conflicto que se propone en estas
recomendaciones, y para que aquellos sean verificables.
Sugerimos, por ejemplo, que se designe entre los países
amigos del proceso a representantes de alta investidura que, en
calidad de observadores, sirvan como garantes, ante la comunidad
nacional e internacional, del cumplimiento de estos compromisos;
entre tales observadores podría figurar, por ejemplo, un
representante de las Naciones Unidas. Lo anterior no excluye que
la Mesa acuerde que los garantes, o algunos de ellos, sean
también personalidades nacionales dignas de toda
credibilidad.

15. Que si al vencimiento
del período de seis meses de tregua no se han logrado
concretar los acuerdos de que tratan los numerales anteriores,
las partes lo prorroguen por el término que consideren
prudente para tal efecto.

16. Que se invite al Ejército de Liberación
Nacional ELN a hacer parte de este proceso y a aceptar la tregua
de paz que estamos proponiendo a la Mesa de Negociación y
Diálogo, con las mismas garantías y compromisos
aquí señalados.

17. Que el movimiento político que formalicen las
FARC-EP como consecuencia lógica
de este proceso, goce de todas las garantías y derechos y
asuma todas las responsabilidades que ello implica.

18. Que en caso de peligro de romperse la tregua por
incumplimiento de los compromisos señalados en el punto 1o
de esta propuesta por cualquiera de las partes, de inmediato se
reúna la Mesa de Diálogo y Negociación, en
presencia de los garantes nacionales y/o internacionales y de los
altos funcionarios del Estado que se considere pertinente
invitar, a fin de buscarle una pronta solución al
asunto.

19. Respecto del fenómeno del paramilitarismo nos
permitimos formular las siguientes recomendaciones:

A) Que durante todo este proceso el Gobierno nacional, a
través de la Fuerza Pública y los organismos de
seguridad, continúe adelantando las acciones encaminadas a
combatir el paramilitarismo en sus diversas modalidades.

B) Que sin perjuicio de ello, con arreglo a las leyes
pertinentes, el Gobierno adelante gestiones tendientes al
sometimiento a la justicia de quienes se hayan implicado en
actividades paramilitares.

C) Que se implementen por las partes las recomendaciones que
sobre el conflicto colombiano y sobre este tema en particular han
formulado las Naciones Unidas -presentadas en la 57
Comisión de DD.HH.- y la Organización de Estados Americanos
(OEA).

D) Que se designe una instancia gubernamental que se encargue
de coordinar las acciones contra el paramilitarismo, sin
perjuicio de las que correspondan a otras entidades
públicas.

E) Que, de conformidad con la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, se someta a la justicia ordinaria a
cualquier persona, civil o militar, que resulte implicada en
actos de colaboración, complicidad y, si es del caso,
omisión frente a los crímenes del
paramilitarismo.

F) Que se continúe, al interior de las Fuerzas Armadas
y de Policía el proceso de desvinculación de todos
aquellos individuos que hayan resultado comprometidos en
actividades de tipo paramilitar o sobre los cuales haya serios
indicios de estarlo, sin perjuicio de que contra ellos se
adelanten los procesos
judiciales y disciplinarios correspondientes, con el
propósito de evitar que tales conductas queden en la
impunidad.

G) Que se apoye desde todas las instancias del Estado la
acción de la Unidad de Derechos Humanos de la
Fiscalía General de la Nación para que capture y
judicialice a los promotores y partícipes de grupos
paramilitares y demás grupos de justicia privada.

H) Que se recopilen en un solo cuerpo todas las leyes y
demás normas jurídicas vigentes que tengan
relación con el tema del paramilitarismo.

I) Que se fortalezcan los programas de protección y
seguridad de los activistas de derechos humanos, dirigentes de
partidos y movimientos políticos, jueces, organizaciones
sindicales, agrarias, juveniles y populares, periodistas y
demás potenciales objetivos del accionar del
paramilitarismo y de otros grupos de justicia privada.

J) Que, con la cooperación internacional, se
fortalezcan los controles tendientes a impedir, por todos los
medios, el ingreso a Colombia de cualquier tipo de agentes
extranjeros que, a cualquier título, actúen como
promotores, asesores, adiestradores o entrenadores de grupos
paramilitares o de cualquiera otra clase de grupos de justicia
privada.

K) Que se organice un gran encuentro nacional en el cual se
debata a la luz pública el fenómeno del
paramilitarismo, con amplia participación de voceros de
los distintos partidos y movimientos políticos, gremios de
la producción, sectores sociales y populares, la Iglesia,
las ONG y
ciudadanos que de una manera u otra se hayan visto afectados por
ese fenómeno.

L) Creemos, por lo demás, que si son consecuentes con
su reiterada afirmación de que su accionar ilícito
es una respuesta al de los grupos insurgentes, en particular al
de las FARC-EP, ante la tregua pactada los grupos paramilitares
habrán de abstenerse de perpetrar actos criminales, al
menos mientras ella se mantenga. Y que si, como lo esperamos
todos los colombianos de buena voluntad, se logra la tan anhelada
paz, por la vía del entendimiento y la negociación
política y por mecanismos como los que estamos
recomendando, el fenómeno del paramilitarismo
tendrá necesariamente que desaparecer en forma definitiva
de nuestra patria.

20. Que el Estado, como política de largo alcance y con
la decidida cooperación de la comunidad internacional,
redoble sus esfuerzos en la lucha contra el flagelo del
narcotráfico, que, aparte del inconmensurable daño
que ha venido ocasionando a Colombia y, en general, a la
humanidad, del grave deterioro causado al tejido social y el
daño irreparable infligido al medio ambiente y a nuestro
ecosistema, en
lo que bien puede calificarse como un verdadero ecocidio, ha
contribuido de manera insoslayable a agudizar la violencia, la
corrupción, la delincuencia
común y también nuestro conflicto interno. En este
orden de ideas, es necesario que la comunidad internacional,
particularmente los países más desarrollados,
asuman frente a Colombia y demás países productores
y exportadores de drogas sicotrópicas, el compromiso de
combatir y sancionar, a su turno, a quienes incentivan esa
producción, a través del suministro de insumos
químicos y otros elementos, al igual que a los
importadores y distribuido

21. Que, de acuerdo con el numeral anterior, se solicite a la
comunidad internacional, particularmente los países
más desarrollados, se comprometan a apoyar los programas o
proyectos integrales de
sustitución de cultivos ilícitos y de
erradicación de los mismos, a través de medios o
sistemas que no
conlleven daño ecológico ni peligro letal para la
salud humana.

22. Que el cumplimiento de las etapas previstas en estas
recomendaciones, a saber la tregua de paz de seis meses y su
eventual prórroga, la reunión de la Asamblea
Nacional Constituyente y la eventual refrendación popular
de las reformas constitucionales, no implique interrupción
o suspensión del proceso electoral a celebrarse, en los
términos de la actual Constitución, el
próximo ano, y que las FARC-EP se comprometan a no
interferirlo con acciones de fuerza de ningún tipo.

23. Que, como se puede constatar con alarma, este conflicto se
ha degradado hasta llevarlo por debajo de los límites
mínimos de humanidad, incurriendo en insospechados actos
de crueldad, el Estado se comprometa a seguir respetando y las
FARC-EP lo hagan de igual manera ante la Nación y ante la
comunidad internacional, los Principios
mínimos humanitarios, y a que éstos no se queden en
mera retórica. Este compromiso implica, entre otras cosas,
redoblar esfuerzos para que no haya en adelante, ni dentro ni
fuera del período de tregua, más desapariciones
forzosas ni privaciones ilegales de la libertad de
personas, sean ellas civiles, combatientes o militares, ni se
causen más desplazamientos de población civil de
sus lugares de residencia y trabajo por causa de la
intimidación y la violencia.

24. Que el Gobierno Nacional, con el apoyo financiero de la
comunidad internacional y con el concurso de todos los estamentos
académicos y educativos, inicie desde ahora mismo una
intensiva campana pedagógica para que los colombianos de
todos los estratos y condición aprendan a convivir en paz,
tolerancia y
respeto por los
derechos de todos, y se rescaten las virtudes que, como la
honestidad,
el amor al
trabajo y al estudio, se han venido perdiendo a lo largo de los
últimos tiempos, en vastos sectores de nuestra
población y en los diferentes estratos sociales.

25. Que, en desarrollo de lo establecido en el artículo
22 de la Constitución Nacional, la paz se considere en
adelante como una política de Estado, tendiente a darle
continuidad y solidez a la estabilidad que aspiramos a lograr con
este proceso, entendiendo la paz no simplemente como el silencio
de los fusiles, sino como la solución no armada de los
conflictos internos y la búsqueda e implementación
de la justicia social y la tolerancia entre los colombianos.

26. Que a fin de aclimatar la tregua y el proceso de paz, el
Estado se comprometa a considerar las demandas de los sindicatos y
sectores populares tendientes a la solución de sus
inquietudes sobre sus difíciles condiciones de existencia,
agravadas por el desempleo, la
informalidad, las alzas en los servicios
públicos y, en general, la miseria en que se debaten
amplios sectores de la población colombiana.

27. Que las recomendaciones que aquí se formulan se
consideren por la Mesa en un sentido integral, ya que sus
diferentes partes están concatenadas, tienen un mismo hilo
conductor, y representan, por tanto, una unidad de propuesta.

28. Que la Mesa haga públicas estas recomendaciones, a
fin de auscultar también el sentir de la opinión
nacional sobre las mismas, teniendo en cuenta que este proceso
debe involucrar a la totalidad de la nación colombiana.
Con ello se evitaría que la opinión caiga en el
terreno de las distorsiones y las especulaciones, que sólo
generan confusión e incertidumbre.

En la esperanza patriótica de que las anteriores
recomendaciones sean acogidas por la Mesa en su propósito
de conseguir una paz integral y duradera, nos suscribimos de los
señores integrantes de la Mesa de Diálogo y
Negociación,

Muy atentamente, Compatriotas y amigos,

CARLOS LOZANO GUILLÉN, VLADIMIRO NARANJO MESA, ALBERTO
PINZÓN SÁNCHEZ.

Bogotá D. C., 19 de septiembre de 2001

(Departamento de comunicaciones. Oficina del Alto Comisionado
de Paz. Webpaz[arroba]presidnecia.gov.co © 2001.
Santafé de Bogotá, Colombia

Conclusiones

El discurso, al igual que otras prácticas sociales, ha
permitido la existencia de asimetrías de poder en la
sociedad colombiana. Dichas asimetrías le han
proporcionado a las elites los recursos necesarios para
manipular, controlar y dominar a la gente por medio de un
discurso que utiliza los canales orales y los escritos que
están a su servicio. De
esta forma, la interacción social se ha vuelto compleja
porque los excluidos necesitan hacerse escuchar, así sea
por medio de la violencia.

Esta investigación se sustenta en los principios
que rigen tanto el análisis del discurso (A. del D.) como el
análisis crítico del discurso (A.C.D.) que tienen
por objeto el estudio del lenguaje, y ambas disciplinas estudian
las formas lingüísticas y las estrategias discursivas
en situación o contextualización mediante una
metodología básicamente cualitativa.
Lo que las diferencia es el claro interés
del A.C.D. por las problemáticas sociales desde una
óptica
crítica, especialmente las problemáticas
relacionadas con la discriminación (Martín –
Whittaker, 1998:23).

Así mismo, ha retomado algunos principios del
Análisis del Discurso Ideológico – A.D.I – y
la ha entendido como un tipo específico del
análisis del discurso sociopolítico que intenta
relacionar las estructuras
del discurso con las estructuras sociales, en cuanto a que "las
relaciones entre sociedad en interacción, y por tanto
entre sociedad y discurso, son necesariamente indirectas y
están mediadas por representaciones mentales compartidas
de los actores sociales en tanto miembros de grupos" (Van Dijk,
1996 (a): 18).

Teniendo como base estos principios, se ha tratado de dar
respuesta a la siguientes preguntas:

• ¿Cuáles fueron, desde el discurso, las
  asimetrías de poder que intervinieron para que cesaran
  los diálogos de paz en Colombia?

• ¿Estamos preparados los colombianos para escuchar,
  entender y aceptar los diferentes discursos que intervienen
  en un proceso de paz?

• ¿Existe una verdadera intencionalidad de paz en
  ambos bandos del conflicto?

• ¿A quién le interesa la paz en Colombia?

Las respuestas se pueden encontrar en el manejo de las
estrategias discursivas de los tres discursos
analizados. Sobre todo, se debe mirar que en el proceso de paz,
el modelo
contextual colectivo quedó plasmado en el comunicado No 6,
titulado para la ocasión como que "La paz es de todos".
Pero, cuando se analiza el sujeto de la enunciación, se
puede observar que en los tres discursos hay una total ausencia
del sujeto empírico, es decir de aquel que se
designa como el productor del texto. Esto se debe, en parte, a
que durante el tiempo que duró el proceso de paz, los
receptores de los discursos daban por hecho que el discurso era
producido por el locutor. Así mismo, el carácter
colectivo de dicho proceso impidió que los discursos
más trascendentales tomaran un carácter individual.
De ahí, la total ausencia del pronombre yo y de otras
marcas de
primera persona, sobre todo en el discurso de las FARC-EP y en el
de la Comisión de Notables.

En el discurso del presidente Andrés Pastrana se puede
identificar al locutor, pues él se
presentó ante los Embajadores como la persona responsable
del enunciado y a él se le remite toda la responsabilidad
cuando utiliza el pronombre yo y las otras marcas de
primera persona. En cambio, en el discurso de Las FARC- EP es
más clara la figura del enunciador, pues como
dice Ducrot, en este discurso la enunciación expresa su
punto de vista, su posición, su actitud, pero
no en el sentido material del término, sus manifestaciones
concretas. Igual sucede en el discurso de la comisión de
notables en el que hay una total ausencia del sujeto
empírico así como del locutor, más funciona
con la figura del enunciador, ya que el objetivo del discurso de
la Comisión de Notables era precisamente expresar su punto
de vista, su posición y su actitud sobre el proceso de paz
y el problema de los paramilitares que, para la fecha,
acrecentaron sus actos violentos por todo el territorio nacional
con el propósito de impedir la reconciliación entre
las partes.

El sujeto de la enunciación se distingue en una
colectivo que se ha denominado como de una sola persona moral
(Ducrot, 1986) que se puede distinguir fácilmente en la
medida en que el emisor se designa dentro del discurso escrito,
tal y como ocurre en la Mesa Nacional de Diálogo y
Negociación que recoge, entre otros asuntos, el sentir de
las partes implicadas en el proceso de paz. Así mismo,
cuando es la sociedad civil la que emite el discurso, se puede
distinguir esa sola persona moral que habla por medio de la
Comisión de Notables o Comisión de
Personalidades.

En cuanto a las voces que representan al presidente de la
república se hace evidente al comienzo del discurso la
aparición de la primera persona del singular, para luego
diluirse en una sola persona moral que habla desde un nosotros
colectivizado por el término "Colombia".

El emisor político de las FARC- EP es complejo de por
sí, ya que posee una naturaleza
polifónica. Esto se debe a que en el enunciado
producido por un único emisor –un individuo
– un partido- una institución política,
existen otros sujetos u otras voces atribuibles a otros
enunciadores – de ahí su carácter
polifónico -, que se filtran a través de diversos
recursos lingüísticos como son las distintas formas
del discurso reproducido, y retóricas como las
metáforas, juegos de
palabras, etc., y que constituyen marcas de subjetividad que
revelan la presencia del sujeto de la enunciación
política.

Durante el proceso de paz no sólo hubo interrupciones y
procesos largos que fueron utilizados por las partes para dilatar
las negociaciones, durante una de las cuales se nombró la
Comisión de Personalidades para que analizara y diera por
escrito su opinión sobre los avances e impedimentos de la
negociación y que luego fue utilizada para continuar con
el proceso, sino que dicho proceso generó una serie de
discursos que sirvieron para poner de manifiesto las diversas
ideologías circunscritas dentro de las políticas de
estado y de los grupos al margen de la ley. Por eso, hay que
partir de la idea de que más que un único discurso
que representara una sola ideología, este proceso produjo una
secuencia de discursos diferentes que generaron debates de todo
tipo como declaraciones de políticos, debates en el
Congreso, la Cámara de representantes, las Asambleas
departamentales, los Consejos Municipales. Así mismo,
dieron origen a discursos parlamentarios tanto en el
ámbito nacional como internacional, y en los cuales se
vieron reflejadas las más diversas posiciones
ideológicas. Es tanto así que se podría
hablar de la existencia de un complejo discursivo
que dio cuenta del proceso de paz colombiano en todos los
medios de
comunicación, orales y escritos, el mismo que
sirvió para generar una serie de debates a escala nacional e
internacional.

En cuanto al análisis sobre las posibles
ideologías que mueven estos discursos, cabría decir
que las conclusiones inferidas dependen de la sintonía del
receptor con lo dicho, o mejor, del topos que maneja y en el que
se halla inmerso el lector, Así, en la inferencia, al no
estar dicho, puede haber interpretaciones que dependen de las
características del receptor y del marco argumentativo en
que se sitúa (Fuentes y Alcaide:38). Estos dos aspectos
del discurso permiten, entre otras cosas, determinar las marcas
ideológicas correspondientes porque si el receptor es de
"derechas" puede rechazar el marco argumentativo aduciendo que
todo lo que se dice ahí son calumnias, o justificarlo
arguyendo que el proceso de paz se hará efectivo en la
medida en que la guerrilla cumpla con sus exigencias. En cambio,
un receptor de "izquierdas" le daría la razón a la
tesis de
Marulanda Vélez y de las FARC-EP y aceptaría que
"solo es posible salvar los Diálogos y la
Negociación sí la clase política
bipartidista y el Congreso tienen en cuenta las exigencias de las
FARC-EP". Así mismo, las conclusiones afirmadas por el
hablante –escritor tienen no solo la forma de expresiones
de certeza sino de propuestas que recogen los temas trabajados en
el discurso: sustitución de cultivos ilegales,
paramilitarismo, deuda externa y política agraria. Los
enunciados conclusivos se inician con un verbo conjugado en
primera persona del plural "proponemos", con lo cual se deja
claro que los enunciados siguientes son las tesis aprobadas por
el hablante – escritor y por la comunidad "para aportar
salidas concretas y avanzar en la consecución de la
paz".

Este análisis ha servido para mostrar como el
léxico en el discurso de las FARC-EP se eligió
teniendo en cuenta los principios marcados por el cuadrado
valórico/ideológico propuesto por Van Dijk:

-Resaltar lo bueno del nosotros.

Resaltar todo lo malo de ellos.

Mitigar todo lo bueno de ellos.

Mitigar todo lo malo del nosotros.

El léxico se expresa por parte del hablante
–escritor colectivo para resaltar, en orden de importancia,
las malas propiedades de ellos, así como sus malas
acciones y necesidades básicas. También ha servido
para resaltar las buenas acciones y necesidades del nosotros. En
caso contrario, el léxico marca la disminución de
las buenas acciones y necesidades de ellos, mientras opaca las
malas propiedades y acciones del nosotros. Así mismo, La
elección y uso del léxico posibilitó no solo
la justificación de creencias valorativas, opiniones e
ideologías que el hablante – escritor comparte con
su grupo social, sino que justifica los resultados
históricos en virtud de conflictos ideológicos de
culturas asimétricas, como es el caso de Colombia. Dichas
asimetrías se encargan de justificar por medio del
discurso las relaciones de rebelión, oposición y no
sometimiento por parte del nosotros, así como las causas
de dominación y sometimiento ejercido por ellos.

En este análisis se han ofrecido varios ejemplos de
léxico polémico utilizado por el hablante –
escritor. Pero, hay que destacar la utilización de la
palabra "guerrilleros" que tiene un valor semántico en si
misma, es decir que hace referencia a un determinado grupo que al
ser designado por el otro grupo, sufre variaciones
semánticas: no es lo mismo que las FARC-EP se designen
así mismas como guerrilleros porque la palabra se reviste
con un significado positivo, de resistencia y lucha frente a un
Estado arbitrario, mientras que cuando es pronunciada por el
"ellos", la palabra se recarga de una connotación negativa
que lleva irremediablemente a pensar en la violencia. La
designación misma plantea una controversia
valórica, pues en la palabra "guerrilleros" está
presupuesto un valor semántico que el hablante escritor
pretende compartir con el lector. En este sentido podemos
considerar cada palabra polémica como una marca
lingüístico –ideológica que presupone en
si misma distintas valoraciones.

No es de extrañar que el discurso de las FARC-EP se
cierre con la palabra paz que está casi ausente en el
transcurso del mismo. Esto se debe a que en el lenguaje
político actual, palabras como paz se hallan
dotadas de un valor excelso. Estas palabras aunque no denotan
conceptos políticos estrictos, poseen en la lengua
común una connotación positiva indiscutible que es
explotada en el discurso. La singularidad de estos
términos en el discurso
político es el resultado de una fuerte carga afectiva
que, dado su grado máximo, los llena completamente en
cuanto al significado, y de la presencia de una serie de rasgos
léxico sintácticos (su condición de
sustantivos abstractos y su empleo
frecuente en contextos sintácticos definidos) que
presuponen un referente conocido por todos.

Para concluir, en Colombia, el valor político de la
palabra "paz" se ha convertido en los últimos años
en la palabra clave de todo discurso político porque su
valor semántico especial se hace más evidente en la
medida en que se opone positivamente al otro término que
se ha vuelto atávico para la sociedad colombiana y que es
el de "violencia". Estos dos términos hacen referencia a
una misma realidad que se pretendió cambiar con el fallido
proceso de paz, pero que para desgracia de un conglomerado de
cuarenta y dos millones de colombianos, las asimetrías de
poder se hicieron cada vez más profundas en la medida en
que fueron avanzando las conversaciones e hicieron imposible
cualquier intento de reconciliación entre las partes en
conflicto.

Bibliografía

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