La vigente Constitución consagra un sistema de
economía mixta que, entre otras
manifestaciones, se basa en una planificación concertada, participativa y
democrática de las actividades económicas, para
compatibilizar la libre iniciativa con la regulación de
dichas actividades y la intervención del Estado en los
sectores de carácter estratégico; para promover
el desarrollo
armónico de la economía nacional, como cometido
conjunto del Estado y de la iniciativa privada; y de un modo tal
que garantice, además de la solidez, dinamismo,
sustentabilidad, permanencia y equidad del
crecimiento de la economía, la seguridad
jurídica. Esta seguridad implica, por parte del Estado, el
respeto a los
derechos
fundamentales, el cumplimiento del debido proceso y del
pago oportuno de las justas indemnizaciones en los casos de
sacrificios de los derechos particulares, la correcta interpretación de las normas vigentes,
la independencia
del Poder Judicial y
el respeto de los contratos y de
los tratados de
inversiones
suscritos por la
República.
Por la frecuencia de determinadas acciones
gubernamentales, se consideran que existe un desconocimiento del
sistema económico constitucional. En efecto, la libre
iniciativa es una excepción y no un principio en la
planificación económica gubernamental. La
prescindencia del debido proceso en los casos de
intervención anticipada de actividades económicas
privadas, con el apoyo de fuerzas militares, deja de lado las
garantías expropiatorias del derecho de
propiedad del debido proceso y de la justa y previa
indemnización. La estatización de actividades
propias de la libre iniciativa y de la libre competencia y la
planificación dirigista, contradice el carácter
mixto del sistema económico constitucional. La constante
terminación anticipada de contratos celebrados por
el Estado y la
intervención estatal en contratos entre particulares, el
empleo
discrecional de la sanción administrativa de
ocupación de bienes
privados, y el exorbitante arbitrio de la
Administración para calificar la utilidad
pública, los servicios
públicos esenciales y las faltas contra
la seguridad alimentaria, fomentan una gran inseguridad
jurídica que impide, ciertamente, lograr los objetivos de
un desarrollo armónico de la economía
nacional.
Inseguridad esta que se agrava por el desconocimiento de
la validez de los títulos de propiedad
reconocidos por el mismo Estado a través de las
autoridades notariales y registrales y afianzadas por la historia del ordenamiento
jurídico colonial y del republicano y del valor del
trabajo como
factor de legitimación de la propiedad de la tierra
mediante una prolongada posesión productiva. A lo cual se
agrega la ineficacia del poder judicial
para proteger los derechos constitucionales de la propiedad, al
acceso a la propiedad, a la protección de los bienes y de
la integridad de las personas.
En ese orden de ideas, preocupa sobremanera un conjunto
de acciones y decisiones gubernamentales que tendrán
hondas repercusiones, agravando así el panorama
económico del país. Una de ellas es el acoso
sistemático a múltiples unidades productivas
privadas, que se manifiesta a través de la
imposición de controles de precios
desproporcionados que no toman en consideración la
evolución de los costos de
producción, condenando a múltiples productores
y distribuidores a trabajar a pérdida. Otra, es la
aplicación de controles y permisos gubernamentales que
obligan a las empresas a
producir y distribuir determinados tipos de productos y en
cantidades establecidas arbitrariamente por funcionarios
gubernamentales.
También hay que mencionar la intervención
y confiscación de fundos productivos bajo el pretexto de
que las tierras no se están dedicando a la producción de rubros que, a juicio de las
autoridades, son los que allí se deben cultivar, y la
expropiación de fincas bajo el falaz argumento de que las
mismas son propiedad de la Nación,
a pesar de que se presenten pruebas
inequívocas de su legítima propiedad. Estas
acciones, además de violar derechos fundamentales, generan
desabastecimiento e inflación, limitan la capacidad de
acción
de las unidades de producción y destruyen el aparato
productivo tradicional, el cual se está pretendiendo
substituir por otro que ha probado ser inoperante y que ha
fracasado en otras economías donde se ha intentado
instaurar.
No se justifica la estatización de
múltiples empresas que estaban desarrollando sus
actividades productivas de manera eficiente, utilizándose
argumentos o razones irrelevantes y en algunos casos falaces,
generándole esto costosos compromisos al Estado por
concepto de
indemnizaciones, y complejas responsabilidades operativas y
gerenciales, dándose el caso de abruptas caídas de
productividad
y eficiencia en el
manejo de algunas empresas estatizadas. Merece especial
mención la confiscación y toma de control de
múltiples empresas, nacionales y extranjeras, que
prestaban sus servicios a
PDVSA en condición de contratistas y a quienes se les
adeudaba grandes cantidades de dinero. Esto,
además de generar inconvenientes de carácter
judicial por las múltiples acciones legales que
emprenderán las empresas afectadas, traerá severas
consecuencias a la industria
petrolera nacional, ya que le será muy difícil a
PDVSA operar eficientemente todas las unidades productivas y de
servicios que ahora absorbe. Eso implicará menor
eficiencia, obsolescencia tecnológica, interrupciones
operativas y otros inconvenientes que se reflejarán
negativamente en las operaciones de
nuestra principal industria, pudiendo darse situaciones graves,
como reducción de la capacidad de producción,
afectación de yacimientos y otras calamidades.
No puede aceptarse el flagrante desacato al mandato
popular expresado en el referéndum del 2 de diciembre de
2007, al insistirse en la implantación de una serie de
acciones contempladas en la rechazada reforma constitucional a
través de la aprobación por la Asamblea Nacional
del Plan de Desarrollo
Económico y Social 2007-2013, que no es más que
el plan de instrumentación de la reforma
constitucional rechazada, de la imposición de 26 decretos
ley en el
marco de la Ley Habilitante cuyo período de vigencia
culminó el 31 de julio de 2008, y la aprobación
ulterior de varias leyes que violan
abiertamente la Constitución vigente.
Especial mención merece la Ley de Propiedad
Social que actualmente se discute. En las primeras versiones del
anteproyecto
se establecía, al igual que en la rechazada propuesta de
reforma constitucional, que la propiedad privada sólo se
reconocerá sobre bienes de uso, consumo y
medios de
producción legítimamente adquiridos. Dado que los
bienes de uso y consumo son aquellos que se utilizan o consumen
para satisfacer las necesidades de los individuos, no pueden
incluirse en esa categoría los bienes inmuebles distintos
a la vivienda principal, tales como terrenos, viviendas para
alquilar (incluyendo las más humildes, ubicadas en los
barrios pobres de las ciudades(, o bienes muebles para ser
explotados por terceros, tales como taxis, kioscos y otros. Esa
limitación a la propiedad privada introduce fundados
temores acerca de la eventual intención de expropiar
bienes no catalogados como de uso y consumo que son propiedad no
sólo de empresas o de personas naturales con abundantes
posibilidades económicas, sino también de
individuos de escasos recursos quienes
podrían perder igualmente sus exiguas pertenencias. Con
respecto a los "medios de producción legítimamente
adquiridos" hay que decir que se podría condicionar la
referida legitimidad a que los medios de producción fueran
utilizados para la consecución del modelo
económico socialista, quedando en manos del Estado la
potestad de decidir si los mismos pasan o no a ser propiedad
social.
Igualmente, en las primeras versiones del anteproyecto
de esa ley, se establecía que el Ejecutivo Nacional
podría decretar la adquisición forzosa de bienes y
declararlos de propiedad social si considerara que su uso no
está en línea con el modelo socio productivo,
teniendo la potestad de declarar de propiedad social los bienes
de origen público o privado que determinara necesarios
para el desarrollo de la economía
socialista. Basándose en esa norma, el Ejecutivo
podría decidir que la tierra no
puede ser objeto de propiedad privada sino de propiedad social
(como de hecho lo mencionó recientemente el Presidente de
la República(, y que, en consecuencia, cualquier
edificación construida sobre un terreno ubicado en el
territorio nacional es también de propiedad social. A
nuestro juicio esas normativas violarían flagrantemente la
garantía de derecho de propiedad consagrado en el
artículo 115 de la Constitución vigente.
Si bien es cierto que en versiones más recientes
del anteproyecto de la Ley de Propiedad Social no se hace
mención a la limitación del reconocimiento de
propiedad privada a bienes de uso, consumo y medios de
producción legítimamente adquiridos, ni a la
potestad del Ejecutivo Nacional de decretar la adquisición
forzosa de bienes declarados de propiedad social cuando
éste considere que esos bienes son necesarios para el
desarrollo de la economía socialista, no deja de preocupar
la inequívoca intención que subyace en ese proyecto de ley,
que no es otro que la imposición forzosa de un esquema de
economía socialista que viola lo establecido en la
Constitución vigente y que fue inequívocamente
rechazado por la mayoría de los venezolanos en el
referéndum del 2 de diciembre de 2007.
Considero que no es correcta la forma como se
está conduciendo al país a través de la
aplicación de políticas
públicas que violan la Carta Magna, y
que en muchos casos están reñidas con principios
democráticos fundamentales, ya que su
implementación acarreará consecuencias muy
adversas. Se está minando el aparato productivo nacional
con sus consecuentes efectos negativos sobre la fuerza
laboral y
sobre la población en su conjunto, se está
poniendo en riesgo la
operatividad de nuestra principal industria y se están
violando derechos fundamentales de los ciudadanos,
pudiéndose mencionar múltiples ejemplos que lo
demuestran, tales como el desacato al mandato popular expresado
en las urnas cuando éste es contrario a los intereses del
gobierno, y las
limitaciones a la libertad de
expresión y al derecho a acceder a información veraz y oportuna a
través del acoso permanente a medios de
comunicación social independientes.
NECESIDAD DE UN NUEVO
RUMBO
Se hace imperativo un cambio de
rumbo en la conducción del país. Creo firmemente
que el camino a seguir es la implementación de un plan de
desarrollo nacional integral y sustentable que busque como
objetivo
fundamental la erradicación de la pobreza, la
inclusión social y la superación del ser humano,
para así asegurarle una vida mejor a la presente y a las
futuras generaciones. Ese proceso de desarrollo, que trasciende a
lo puramente económico, y que debe incluir lo social, lo
político, lo ambiental, lo cultural y lo
tecnológico, tiene que fundamentarse en un acuerdo social,
a través del cual se le dé un fundamento
sólido de permanencia y sustentabilidad, conforme a
los valores
superiores del ordenamiento jurídico nacional, dentro del
marco constitucional del sistema económico
armónico, que postula como principio de orientación
la convergencia del esfuerzo privado y del poder del Estado, y de
la garantía de la seguridad jurídica, que depende
primordialmente del respeto a la supremacía de la
Constitución y de la Ley y de la preeminencia de los
derechos
humanos.
En la consecución de ese acuerdo social no
sólo se tiene que contar con la participación de
los diversos sectores de la vida nacional, sino que es
fundamental la intervención activa y decidida del Estado,
porque sobre él recae la responsabilidad de implementar las reformas para
el logro de la inclusión social; de establecer reglas de
juego claras,
creíbles y permanentes y asegurar su cumplimiento; de
aplicar las reformas necesarias para crear un Estado
democrático sólido con poderes públicos
funcionales e independientes que garanticen la libertad y los
derechos de los ciudadanos en el sentido más amplio; de
asegurar la defensa de la nación
y la seguridad
ciudadana; de implementar las políticas
públicas que permitan, conjuntamente con la
participación del resto de la sociedad, el
acceso universal a la educación y a la
salud; de
promover los valores y
principios éticos que busquen la superación del ser
humano a través del esfuerzo y la autoestima; de
implementar los planes de inversión para satisfacer las necesidades
de vivienda y para el desarrollo de la infraestructura física y de su
mantenimiento;
y, finalmente, de fomentar la inversión reproductiva para
la creación de un sector productivo diverso, eficiente,
competitivo y generador de múltiples y crecientes fuentes de
empleo permanente y bien remunerado. Esto, además de ser
condición fundamental para el abatimiento de la pobreza, es el
camino para el logro de una economía diversificada, no
dependiente de una actividad única y volátil, como
es la petrolera, en la que se logre el control de la
inflación y la consecución de altas y sostenidas
tasas de crecimiento.
Es mi aspiración personal que las
reflexiones aquí presentadas sirvan para la
creación de conciencia de los
graves momentos que se viven en Venezuela, y
para llevar al convencimiento de quienes hoy tienen las
responsabilidades de gobierno de las necesidades de corregir el
rumbo de las políticas públicas, para así
mitigar las consecuencias de la crisis global,
e implantar un nuevo plan de desarrollo nacional que enrumbe al
país hacia un futuro mejor.
CONCLUSIONES
Recientemente tres prestigiosos académicos
venezolanos se dieron cita en la escuela de
gobierno John F. Kennedy de la Universidad de
Harvard, Ricardo Hausmann, ex economista jefe del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), formó parte de la
junta del Banco Central de Venezuela y dirige hoy el Centro de
Desarrollo Internacional de la Escuela John F. Kennedy, Carlos
Blanco, ex ministro de Planeación, autor y profesor de la
Universidad de Boston. Y Leonardo Vivas, que dictó un
curso titulado 'Chávez', en la Universidad de Tufts de esa
ciudad y quien pronto publicará una biografía del
Presidente, coincidieron en catalogar el gobierno de HCH
como la dictadura
perfecta.
Consideran que HCH tiene una agenda totalitaria
que lleva a cabo según la resistencia que
enfrenta. Pero como la renta petrolera ha caído, se
están repartiendo activos en vez de
ingresos. Por
eso las expropiaciones de grandes haciendas de familias
emblemáticas y a las empresas de servicios petroleros.
Pero con esto ha vuelto inimaginable la idea de invitar a las
petroleras a explotar los yacimientos de gas. La
aceleración de su agenda revolucionaria está
haciendo inviables algunos fundamentos de su supuesta estrategia
económica.
En su avance hacia el totalitarismo. Se ha tomado las
Cortes, ha anulado los partidos y controla los medios y el
tiempo que
emiten las cadenas. Utilizó la democracia
para llegar al poder y usa la autocracia para mantenerse.
Chávez es un militar vociferante que dirige un gobierno
autoritario, militarista y con rasgos fascistas. Y el
petróleo, bendición y maldición de
Venezuela, le ha permitido aplicar un populismo de
izquierda.
Dentro del contexto de la crisis económica en
Venezuela no se espera nada bueno. Es un proceso de
implosión, de fallas sistémicas. Cuando en febrero
el precio del
petróleo llegó a su punto más
bajo, el gasto
público estuvo volando. Las elecciones fueron
justamente el 15, y el gobierno acabó con sus recursos. El
año pasado, cuando el precio del barril rondaba los 86
dólares, hubo déficit fiscal. La
diferencia con los 56 ó 60 dólares de hoy es, en
términos anuales, 21.000 millones de dólares de
incremento del déficit. Eso es más grave, pues se
le ha cerrado el financiamiento
internacional, si se considera el cambio del dólar y que
los costos de
producción petrolera aumentan un 30 por ciento anual.
Además, en lo que va de año el país sigue
viviendo de vender activos. Lo anterior permite concluir que el
Estado es insostenible. Este año, el crecimiento
económico será negativo, y el año que
viene la situación será aun más
difícil. Por si fuera poco, el sector del aluminio
está quebrado, al igual que el del acero. No se
consigue cemento. El
crimen está disparado. La Policía roba. Venezuela
es un coche que viaja a 150 kilómetros por hora contra una
pared.La crisis económica y la situación
internacional han llevado a HCH a reforzar su control
social. Como la política de Barack
Obama no cae en provocaciones, Chávez no puede usar a
Washington para unir a los venezolanos. Para atornillarse gasta
dinero y actúa selectivamente contra la oposición.
Ahí está el caso de la Alcaldía de Caracas.
En la que el tirano creó una vicepresidencia con funciones sobre
la ciudad y envió gente para que tomara las oficinas. El
alcalde no puede ejercer. Lo mismo hizo con la gobernación
del Táchira uno de los estados o provincias fronteriza con
la hermana República de Colombia. Por
otro lado, sus amenazas de acabar Globovisión
(único canal crítico de su gobierno) son
preocupantes. No hay más canales de televisión críticos. Como si fuera
poco, HCH quiere apropiarse de la cultura. Se ha
tomado el Ateneo de Caracas, manejado durante años por
la familia de
Miguel Otero Silva (Presidente del Diario El Nacional), y
últimamente a buscado salir retratado con personajes como
Placido Domingo para tratar de vincularse al mundo de la cultura
por la vía de la asociación.
Recientemente El Parlamento Europeo
dictó una resolución crítica
contra HCH. Pero Hasta ahora, el ambiente
externo lo ha hecho ver como un vengador de los pobres. ha
representado el antineoliberalismo en América
Latina y así lo ha considerado la izquierda mundial.
Dos elementos lo han legitimidado. Uno, Fidel Castro,
que lo llamó su heredero. El otro, George W. Bush, pues
los que lo odiaban veían a Chávez con
simpatía. Pero todo cambia. En Cuba,
Chávez ya no tiene a Fidel, sino a Raúl, y en
Washington no tiene a Bush, sino a Obama. En cuanto a las
relaciones con la vecina Colombia se pudiera decir que las
relaciones de Chávez con Álvaro Uribe, han sido
tensas… es como un matrimonio mal
avenido. HCH preferiría que a Colombia lo
gobernaran las Farc. Pero
para Venezuela sería costoso romper los nexos. Venezuela
tendría problemas de
desabastecimiento, y más en la frontera. No
es casual que en Táchira y Zulia (Estados Fronterizos)
haya ganado la oposición. Venezuela importa bienes
colombianos por 5.000 millones de dólares al
año.Colombia es el obstáculo de su proyecto
continental. Mucha gente lo ha interpretado como un accidente.
Pero es un proyecto de larga maduración en el
ejército. Su cercanía con las Farc se debe no
sólo a que son enemigas de la institucionalidad
colombiana, sino a que son un movimiento
bolivariano. Cuando Chávez estaba mejor posicionado en el
continente, apostó fuerte por las Farc y perdió.
Ahora Introducir un bisturí para diseccionar a Colombia y
Venezuela es como separar unos siameses. Pero HCH, con la
visión antiimperialista que proclama, ha afirmado que
Estados Unidos
podría invadir Venezuela y por eso ha estado
preparándose para una confrontación militar con
Colombia, aliada de Washington. Lo cual es una fantasía.
Por desgracia Chávez aun es popular y el 53 % que lo apoya
acaba de darle en las urnas la posibilidad de ser reelegido
eternamente, lo consiguió porque controla la sociedad.
Venezolana a su antojo, Maneja el Parlamento y los tribunales. Si
necesita una ley, la hace dictar. Si quiere una sentencia, la
hace expedir. Es la dictadura perfecta de un monarca
republicano.
Para finalizar concluiré diciendo que Si nunca
vuelven las oportunidades Perdidas, no tendrá Venezuela
lágrimas para verter por las que perdió en estos
años en los que HCH despilfarró la mayor
bonanza petrolera de su historia, y acaso la última para
esta generación.
Nunca ha sido tan pobre nuestra nación como
ahora, cuando debió ser más rica. Cuando pudo
convertirse en una potencia en los
biocombustibles, para abrirle alternativas a una riqueza
petrolera, inmensa pero que fatalmente se agotará; cuando
pudo crear un polo de desarrollo industrial gigantesco, para
penetrar en su provecho el cercano mercado de los
Estados Unidos; cuando pudo ser el centro del desarrollo
energético, tecnológico y ambiental de América
Latina; cuando pudo situarse a la cabeza del enriquecimiento
humano de este continente, Venezuela ha malgastado cuanto le dio
la Providencia en todas las torpezas, los excesos y las
corruptelas de este dictador de opereta.
Los viejos dictadores, con todas sus equivocaciones y
violencias, eran cuando menos eficaces. Como para aplacar su
conciencia y justificar su triste paso por la vida de los
pueblos, dejaban puentes y caminos y puertos y canales. Pues ni
eso le quedará a Venezuela cuando haga el balance de estos
tiempos calamitosos.
Chávez es un personaje extraño.
Nació dotado de una mecánica verbal apenas comparable con la de
Fidel Castro, con una cierta habilidad para mimetizarse entre el
follaje de los resentimientos y los odios colectivos, de modo que
parezca, a primera vista, el reparador de antiguas injusticias.
Tiene la excelente memoria de los
resentidos y el histrionismo de unos cuantos de los payasos que
extrañas circunstancias hicieron poderosos. Talento
medianísimo, ilustración inferior, inexistentes los
frenos morales, ambición que lo desborda, carece
también de cualquier rigor para la autocrítica. En
suma, que es un sujeto de alta peligrosidad.
Cualquiera podría suponer lo que ocurriera el
día que vinieran a disposición de una persona
así cuarenta mil millones de dólares por
año. Giovanni Papini dedicó una de sus obras
inmortales -El Libro de Gog-
a una hipótesis semejante. Pero las
extravagancias fabulosas de este rico sin fronteras, terminaban
por ser inofensivas. Chávez es como Gog, pero en perverso
y en torpe. El otro era ingenioso y en el fondo
bonachón.
La peligrosidad de Chávez no es
hipotética. Ecuador la
está pagando, pues que con el dinero del
petróleo
venezolano se instauró allá otra dictadura de
pésimo pronóstico, la de Correa, cuyos costos a
nadie escapan; está acabando con Bolivia,
apoyando a Evo Morales, cuyo menor defecto es el de cocalero
actuante y confeso; a Nicaragua le instaló por segunda vez
un matón corrompido; demoró la transición en
Cuba, mediante la transfusión de cinco mil millones de
dólares por año, que los venezolanos pagamos,
adoloridos y pacientes; le ha tendido la mano a los
'pingüinos' argentinos, con la friolera de más de
diez mil millones de dólares en bonos que el
mercado mundial aborrece; y Perú y México
tienen la amarga experiencia de haberse sentido al borde de
sendos abismos chavistas.
Pero ahora, más desesperado que nunca, vuelve a
poner sus ojos en Colombia. Porque su situación interna es
catastrófica. Cuando no hay comida en los mercados, cuando
ya la oposición se sabe mayoría y el pueblo
está dispuesto a batirse por Globovisión,
sólo le queda un conflicto
internacional. Que no será con los Estados Unidos, pero
que sí puede ser con Colombia.
A un sujeto como Chávez no le queda lejos nada.
Hitler, al que se
parece tanto, invadió Polonia y después se
metió en Rusia.
Chávez no tiene con qué invadir Colombia, pero se
muere de ganas de ensayar sus aviones rusos y de precipitar la
más infame e irracional de las guerras. Este
Chávez, no es un valiente. Lo demostró cierto 4 de
febrero. Pero sí es un loco, como lo demuestra todos los
días. Y un loco megalómano, con dinero en la
chequera y juguetes
letales, demasiado para lo que nos merecemos, nosotros y nuestros
querido hermanos latinoamericanos.
BIBLIOGRAFÍA
Carranza Rojas, C.F.:(2009) Volatilidad
cambiaria: efectos en la economía y los
negocios
España Luis Pedro (2007).
Detrás de la pobresa
Granato Leonardo (2006) Aportes para la
protección y defensa del inversor extranjero en el
MERCOSUR
Guerra, José. (2007) Venezuela
endeudada: de Carlos Andrés Pérez a Hugo
Chávez
Maza Zavala, Domingo Felipe (2009) La
Década Crítica de la Economía
Venezolana
Oliveros Luis (2006) Haciendo negocios en
Venezuela y otros artículos
Oddone, Carlos Nahuel (2004): Mercados
Emergentes y Crisis Financiera Internacional.
Ramírez Cruz, Z.D (2008) Empresas
transnacionales e integración en América Latina y el
Caribe: la Grannacional, una alternativa necesaria y
viable,
Steinberg Federico La nueva teoría
del comercio
internacional y la política comercial
estratégica
http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php
http://www.talcualdigital.com/index.html
Autor:
Lic. Régulo Segundo
Ramírez Yendys
Curso 2008 – 2009
Máster en Globalización, Comercio
Internacional
Y Mercados Emergentes
Centro de Estudios Internacionales
(CEI)
Universitat de Barcelona
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