La tutela judicial efectiva en los procesos de partición de herencia (página 4)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO
CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA
METROPOLITANA DE CARACAS PARTE DEMANDANTE: JOSÉ
ALBERTO GONZÁLEZ y LUZ MARINA GONZÁLEZ, de
estado civil soltero, venezolanos, mayores de edad,
titulares de las cédulas de identidad Nº V
– 14.195.631 y V – 12.210.292. APODERADO DE LA
PARTE DEMANDANTE: MANUEL DE JESUS DOMÍNGUEZ, abogado
inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 41.605. PARTE
DEMANDADA: SANTIAGO ERNESTO GONZÁLEZ CAMEJO,
venezolano, mayor de edad, motorizado, casado, titular de
la cédula de identidad Nº V – 3.159.382,
domiciliado en el sector UD-2, bloque 3, escalera 2, Apto
32, piso 3, Parroquia Caricuao, Municipio Libertador,
Distrito Capital. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA:
ANGEL ROMAN CASTILLO BUSTAMANTE, abogado en ejercicio, de
este domicilio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº
3116. MOTIVO: PARTICIÓN DE HERENCIA EXPEDIENTE: Nro.
5878 Corresponde conocer al tribunal la demanda de
partición que interpusieron los ciudadanos
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ y LUZ MARINA
GONZÁLEZ contra el ciudadano SANTIAGO ERNESTO
GONZÁLEZ. ANTECEDENTES Comenzó la presente
causa con la introducción de la demanda por parte
de los ciudadanos JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ y LUZ
MARINA GONZÁLEZ, representados por el abogado Manuel
de Jesús Domínguez, para ejercer contra el
ciudadano SANTIAGO ERNESTO GONZÁLEZ CAMEJO,
pretensión de partición de herencia. Afirman
los demandantes: ". En fecha, 20 de enero de 1988, fallece
la señora AURA MARINA GONZÁLEZ CAMEJO, quien
era venezolana, mayor de edad, titular de la cédula
de identidad Nº V – 3.159.383, de 41 años
de edad, soltera, domiciliada en el Sector UD-2, Bloque 3,
escalera 2, Piso 3, Apto 32, Parroquia Caricuao, Municipio
Libertador, hoy distrito Capital, cuya partida de
defunción acompaño. y a sus hijos JOSÉ
ALBERTO GONZALEZ y LUZ MARINA GONZALEZ. dejando como
únicos y universales herederos a sus prenombrados
hijos. quedando bajo la guarda y custodia a los dos (2)
menores de su abuela materna ciudadana GERVACIA
GONZÁLEZ DE CAMEJO. Posteriormente, en fecha 31 de
diciembre de 1992, fallece la ciudadana GERVACIA CAMEJO DE
GONZALEZ (abuela de los dos (2) menores, quien es
venezolana, mayor de edad, de 83 años de edad,
casada, del hogar, titular de la cédula de identidad
Nº V – 621.056, domiciliada en el sector UD-2,
Bloque 3, escalera 2, piso 3, Apto 32, Parroquia Caricuao,
Municipio Libertador, hoy Distrito Capital. ".
Continúan los accionantes: ". Luego, en fecha 20 de
febrero de 1995, el ciudadano SANTIAGO ERNESTO
GONZÁLEZ CAMEJO. (tío) de los dos (2) menores
(sic) JOSÉ ALBERTO GONZALEZ y LUZ MARINA GONZALEZ,
se muda al bloque 3, escalera 2, piso 3 Apto 32, sector
UD-2, parroquia Caricuao, Municipio Libertador, Distrito
Capital, en compañía de su concubina de
nombre ZAIDA JOSEFINA MENA MARTÍNEZ, venezolana,
mayor de edad, divorciada, titular de la cédula de
identidad Nº V – 3.562.105 quien le hace la vida
imposible a dos (2) menores (sic) antes identificados,
sacándolos bajo engaños, del inmueble con la
promesa de darle su parte que le corresponde sobre el
inmueble que por derecho de COHEREDERO POR
REPRESENTACIÓN, les corresponden.". Afirman los
accionantes que existe una comunidad forzosa entre los ciudadanos
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ, LUZ MARINA GONZALEZ y
SANTIAGO ERNESTO GONZALEZ CAMEJO, respecto al bien inmueble
que identifica en su libelo, perteneciente a la fallida,
ciudadana GERVACIA CAMEJO DE GONZÁLEZ, en virtud de
venta
con hipoteca (que fue pagada en afirmación de los
demandantes), lo que los convierte en coherederos por
representación ". vale decir a veinticinco por
ciento (25%) JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ y
veinticinco por ciento (25%), LUZ MARINA GONZALEZ a cada
uno de ello (sic), sobre el acervo hereditario de la
difunta su (progenitora) (sic) en total el cincuenta por
ciento (50%), y como se dijo anteriormente, no es otro sino
el apartamento ubicado en el sector UD-2. Bloque 3,
escalera 2, Apto 32, Piso 3, Parroquia Caricuao, Municipio
Libertador, distrito Capital, con un valor
aproximado de diez y ocho millones de bolívares (Bs.
18.000.000,00).". Afirman los accionantes que no ha sido
posible arrivar a algún acuerdo para lograr la
partición amistosa de la herencia, constituida por
el bien en referencia, por lo que resulta forzoso de
conformidad con los artículos 770 y 777 del Código Civil, proceder por vía
judicial a la parición de la herencia. Invocan su
cualidad de herederos en el derecho de
representación que les corresponde de conformidad
con los artículos 814 y 815 del Código Civil.
Finalmente demandan al ciudadano: "SANTIAGO ERNESTO
FONZALEZ CAMEJO. para que en su carácter de
COHEREDERO POR REPRESENTACIÓN, manifieste su
aceptación o repudiación a la herencia dejada
por su madre GERVACIA CAMEJO DE GONZALEZ y AURA MARINA
GONZALEZ CAMEJO, y en los primeros de los casos, convenga
en la partición de la herencia, o ello sea condenado
por el tribunal.". En fecha 9 de noviembre de 2000, se
admitió la pretensión por los trámites
del procedimiento ordinario, emplazándose al
demandado, ciudadano SANTIAGO ERNESTO GONZÁLEZ
CAMEJO, quien fue efectivamente notificado. Este
último compareció en fecha 17 de enero de
2001, para consignar escrito mediante el cual propone la
cuestión previa contenida en el ordinal 6º del
artículo 346 del Código de Procedimiento
Civil, relativa al defecto de forma del libelo. Mediante
escrito presentado en fecha 23 de enero de 2001, la
representación judicial de la parte demandante
subsanó la cuestión previa propuesta.
Mediante escrito presentado por la parte demandada en fecha
30 de enero de 2000, la parte demandada contestó la
pretensión de la parte actora. En dicho escrito
señaló: "Niego rechazo y contradigo la
demanda incoada a mi representada por no ser ciertos los
hechos en los cuales pretende fundamentarse y el derecho
alegado. En efecto ciudadano Juez, niego y rechazo el
carácter de coherederos de los demandantes y en
consecuencia la pretendida comunidad con mí
representado. Comoquiera que mi representado en modo alguno
tiene la condición de "coheredero por
representación", carácter con el cual se le
demanda para que convenga en aceptación o
repudiación de herencia, dispone el artículo
814 del Código Civil: . Omissis. reiteramos que
nuestro mandante no tiene la condición de coheredero
por representación y por tanto mal puede ser
demandado para que convenga en repudiación,
aceptación o partición de herencia en la
cual, repetimos, no es coheredero por representación
de ninguna persona premuerta, y en consecuencia hago formal
oposición a la solicitud de partición del
bien a que se refiere la parte actora en su libelo de
demanda. Por lo expuesto, ciudadano Juez, en razón
de no tener mi poderdante la cualidad con la cual se le
demanda en este juicio, pido que la misma sea declarada sin
lugar con todos los pronunciamientos de Ley." Durante el
iter probatorio solo la parte accionante promovió
pruebas.
Mediante auto dictado en fecha 21 de mayo de 2002, el
tribunal, luego de hacer un breve análisis de las actuaciones
procesales llevadas a efecto reseñó: ".Que
consta de autos la determinación del objeto a partir
en cuanto a linderos y datos de
registro.
Que conforme al artículo 434, al anunciar la actora
en el escrito de fecha 23/1/01, los datos de registro del
inmueble, entiende este juzgador, hace mención al
documento del cual deriva el derecho deducido. En
consecuencia, consignado como escrito de fecha 23/1/01,
mediante el cual la parte actora subsana las cuestiones
previas opuestas, y habiendo contestado la parte demandada,
dentro de la oportunidad legal, pese a no haber un
pronunciamiento del Tribunal al respecto, considera el
tribunal haberse subsanado las cuestiones previas, tal y
como lo entendiera la parte demandada, cuando dio
contestación a la demanda. Por lo que debe seguirse
con el curso de la causa siendo inoficiosa su
reposición. Así se establece.". Tramitado el
procedimiento en forma regular, pasa el tribunal a hacer
formal pronunciamiento. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR La
pretensión hecha valer ante este tribunal
está referida a lo que parece ser la petición
de partición de herencia planteada por los
ciudadanos JOSE ALBERTO GONZÁLEZ y LUZ MARINA
GONZÁLEZ, en su carácter de herederos por
representación de la ciudadana AURA MARINA
GONZÁLEZ CAMEJO, premuerta heredera de su madre,
GERVACIA GONZÁLEZ CAMEJO, contra el presunto hijo de
esta última y tío de los demandados
identificado como SANTIAGO ERNESTO GONZALEZ CAMEJO. Plantea
pues, el demandante una pretensión de
partición de una comunidad hereditaria. Ahora bien,
por comunidad entendemos a un conjunto de personas
vinculadas por características o intereses que le
son propios a los relacionados, regulados bajo un
régimen jurídico, que tiene como el objetivo
ordenar el conjunto de relaciones internas y externas de
los interesados. Los comuneros participan en la titularidad
de derechos, bienes y obligaciones de manera conjunta. La
comunidad es regulada como una institución
jurídica autónoma que parte de normas
generales establecidas en el Código Civil. Estas
normas generales informan al conjunto de situaciones
especiales que son reguladas a su vez, y que se inscriben
en el concepto
aludido de comunidad. Tal es el caso, entre otros, de la
comunidad conyugal, la comunidad de propietarios sujetos al
régimen de propiedad horizontal, la comunidad
hereditaria, etc. Ahora, ningún comunero puede ser
obligado a permanecer eternamente en comunidad, y
así lo ha establecido nuestro legislador en el
artículo 768 del Código Civil: "A nadie puede
obligarse a permanecer en comunidad y siempre puede
cualquiera de los participes demandar la partición.
Sin embargo, es valido el pacto de que se deba permanecer
en comunidad por un tiempo
determinado, no mayor de cinco años. La autoridad
judicial, sin embargo, cuando lo exijan graves y urgentes
circunstancias, puede ordenar la división de la cosa
común, aun antes del tiempo convenido". La
partición puede ser definida como el fenómeno
jurídico mediante el cual cada comunero se hace
exclusivo propietario, por voluntad de todos o por
declaración judicial, de los bienes, derechos y
obligaciones sujetos a la comunidad, perdiendo todos los
derechos a coparticipar de los bienes, derechos y
obligaciones que se adjudican a los restantes comuneros.
Para hacer efectiva en vía judicial el Código
de Procedimiento Civil estableció un procedimiento
especial contencioso en el Título V, del Libro
Cuarto, que tiene como finalidad esencial servir de
instrumento para hacer efectivo el enunciado normativo, en
referencia. Procedimiento este que aplica para la
parición de cualquier tipo de comunidad. En el caso
de especie se presenta particularmente una demanda de
partición de comunidad hereditaria, y en este
sentido establece el artículo 1.066 del
Código Civil: "Se puede pedir la partición de
una herencia, no obstante cualquiera prohibición del
testador. Sin embargo, cuando todos los herederos
instituidos o algunos de ellos sean menores, el testador
puede prohibir la partición de la herencia hasta un
año después que hayan llegado mayor edad los
menores. La Autoridad Judicial podrá, no obstante,
permitir la partición cuando así lo exijan
circunstancias graves y urgentes". Asimismo, el
artículo 777 del Código de Procedimiento
Civil, establece: "La demanda de partición o
división de bienes comunes se promoverá por
los trámites del procedimiento ordinario y en ella
se expresará especialmente el título que
origina la comunidad, los nombres de los condóminos
y la proporción en que deben dividirse los bienes.
Si de los recaudos presentados el juez deduce la existencia
de otro u otros condóminos, ordenará de
oficio su citación". Ahora bien, como presupuesto para hacer valer judicialmente
una pretensión de partición de comunidad
hereditaria, es necesario, en primer lugar que exista una
comunidad sucesoral. La comunidad hereditaria no surge del
simple hecho de la
muerte del de cujus, pues son necesarias determinadas
circunstancias especiales. A saber, es necesario que se
presenten los tres momentos de la sucesión por causa
de muerte,
que son la apertura de la sucesión, la
delación de la herencia y la adquisición.
Según el artículo 993 del Código
Civil: "La sucesión se abre en el momento de muerte
y en el lugar del último domicilio del de cujus". La
delación es el llamado que se hace a raíz de
la apertura de la sucesión a aquellos que tengan
vocación hereditaria, para que la hagan suya.
Finalmente, la adquisición de la herencia, es la que
ocurre cuando el sucesor acepta el llamado que se le ha
hecho, transformándose en nuevo titular y
propietario del patrimonio hereditario. Al presentarse estos
tres momentos, de manera efectiva, en cada uno de los
coherederos, nace entre ellos la comunidad. De manera pues,
que para hablar de partición de comunidad
hereditaria resulta impretermitible que los sujetos
llamados a participar en el procedimiento sean comuneros en
el sentido expuesto, pues la partición no es un
procedimiento declarativo de cualidad de coherederos y
así se declara. Las consideraciones anteriores las
efectúa en tribunal en virtud de la forma en que la
parte actora incardinó su pretensión. En
efecto, afirma al individualizarla: ". en consecuencia, por
todo lo anteriormente expuesto, ocurro ciudadano Juez (0),
ante su competente autoridad para demandar, como en efecto
demando formalmente e este acto, en nombre de mis
representados antes identificados, al ciudadano SANTIAGO
ERNESTO GONZÁLEZ CAMEJO. para que en su
carácter de COHEREDERO POR REPRESENTACIÓN,
manifieste su aceptación o repudiación a la
Herencia dejada por su madre GERVACIA CAMEJO
DEGONZÁLEZ y AURA MARINA GONZÁLEZ CAMEJO, y
en el primero de los casos, convenga en la Partición
de la Herencia, o ello sea condenado por el tribunal.".
Como se observa, la parte demandante subordina la
existencia del procedimiento de partición a la
previa declaración de aceptación o
repudiación de la herencia por parte del demandado.
Este tribunal considera que no es viable atender la
pretensión en referencia. En efecto, según el
artículo 1.019 del Código Civil: "Todo el que
tenga acción contra la herencia, o derecho de
suceder a falta del llamado actualmente, tiene derecho de
pedir al Tribunal que compela al heredero, sea ab-intestato
o testamentario, a que declare si acepta o repudia la
herencia. El Juez, procediendo sumariamente, fijará
un plazo para esta declaración, el cual no
excederá de seis meses. Vencido este plazo sin
haberla hecho, se tendrá por repudiada la herencia".
La pretensión de alguno de los herederos dirigida a
algún otro con vocación hereditaria para que
acepte o repudie la herencia, se denomina en doctrina
acción (rectius: pretensión) interrogatoria,
que dispone de un procedimiento especial diferente al de
partición según la norma anotada con
anterioridad. Con esta norma se pretende completar el
tercer momento de la sucesión (adquisición),
excluyendo o incorporando, según el caso, a aquellos
herederos que no han aceptado aun la herencia. Pues bien,
la partición como procedimiento especial contencioso
se enfrenta al antes enunciado (acción
interrogatoria); en primer lugar, y como hecho fundamental,
ambos son procedimientos incompatibles; en segundo
lugar, son incompatibles, pues es necesario para acceder a
la vía judicial de la partición tener
establecido quienes de los llamados a heredar participan en
la comunidad hereditaria. Establece el artículo 78
del Código de Procedimiento Civil: "No podrán
acumularse en el mismo libelo pretensiones que se excluyan
mutuamente o que sean contrarias entre sí, ni las
que por razón de la materia no correspondan a
conocimiento del mismo tribunal; ni aquellas cuyos
procedimientos sean incompatibles entre sí. Sin
embargo, podrán acumularse en un mismo libelo dos o
más pretensiones incompatibles para que sean
resueltas una como subsidiaria de otra, siempre que sus
respectivos procedimientos no sean incompatibles entre
sí". La Sala Político Administrativa del
Tribunal Supremo de Justicia ha señalado respeto
de esta norma: ". El supuesto inicial de esta norma (Art.
78 C.P.C.), está referido a que ambas pretensiones
se excluyan entre si. Entiende la Sala, que dos
pretensiones se excluyen, cuando los efectos
jurídicos de ambas se oponen entre sí, vale
decir, se excluyen por que ellas son contradictorias."
(Sentencia dictada por la Sala Político
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 3
de agosto de 2000, con ponencia del Magistrado Levis
Ignacio Zerpa, Expediente Nº 15.222, sentencia Nº
1812); asimismo la Sala de Casación Civil del
Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido: ".
habiéndose acumulado acciones
distintas que son incompatibles por tener procedimientos
distintos, se está en presencia de lo que la
doctrina ha llamado "inepta acumulación de
acciones", y siendo esta materia de orden público es
imperativo casar de oficio el fallo recurrido." (Sentencia
dictada por la Sala de Casación del Tribunal Supremo
de Justicia en fecha 27 de abril de 2001, con ponencia del
Magistrado Carlos Oberto Vélez, expediente Nº
00-0178, sentencia Nº 0099). Pues bien en el caso de
especie, no solo se somete el tribunal pretensiones
incompatibles, sino también procedimientos no
acumulables y así se declara. En consecuencia, a
pesar que la causa se encuentra en estado de sentencia,
esto ".no obsta para que el Juez, que conoce el derecho y
dirige el proceso, verifique en cualquier estado de la
causa, incluso en alzada, el cumplimiento de los presupuestos procesales, auque el momento en
que fue admitida la demanda por el juez de la causa, no se
hubiera advertido vicio alguno para la instauración
del proceso…" (Sentencia de Nº 779 de fecha 10 de
abril de 2002, emanada de la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia, con Ponencia del Magistrado
Antonio J. García García), por lo cual
resulta forzoso declarar inadmisible la pretensión,
por acumularse indebidamente la pretensión de
partición de herencia con la acción
interrogatoria, y así se decide. DECISIÓN En
fuerza
de las consideraciones antes expuestas, este Juzgado Sexto
de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del
Tránsito de la Circunscripción Judicial del
Área Metropolitana, administrando Justicia en nombre
de la República Bolivariana de Venezuela y por
autoridad de la Ley, declara: INADMISBLE la
pretensión de partición de herencia planteada
por los ciudadanos JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ y
LUZ MARINA GONZÁLEZ contra el ciudadano SANTIAGO
ERNESTO GONZÁLEZ. No hay condenatoria en costas.
Publíquese, regístrese, NOTIFÍQUESE y
déjese copia. Dada, firmada y sellada en la Sala de
Despacho del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo
Civil, Mercantil y del Tránsito de la
Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas, a los veintiocho (28) días
del mes de mayo de dos mil siete (2007). Años:
146º de la Independencia y 197º de la
Federación EL JUEZ HUMBERTO J. ANGRISANO SILVA LA
SECRETARIA, LISETTE GARCÍA GANDICA En la misma fecha
se publicó y registró la anterior sentencia,
siendo las _____ LA SECRETARIA HJAS/LGG/jigc. EXP. Nº
5878

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo
Civil, Mercantil y del Tránsito de la
Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, Treinta de Marzo de dos mil nueve 198º y
150º ASUNTO: KP02-F-2007-000110 PARTE DEMANDANTE:
MARIA UDETE MARTINS ARENAS, venezolana, mayor de edad, de
este domicilio, titular de la cédula de identidad
N° 4.382.875. APODERADO JUDICIAL DE LA DEMANDANTE:
Rodolfo E. Delfs A, inscrito en el I.P.S.A. bajo el N°
48.914. PARTE DEMANDADA: MARIA HELENA DIAS MARTINS DA ROSA
PIRES, Portuguesa, mayor de edad, de este domicilio,
titular de la cédula de identidad N° 55974.
DEFENSOR AD-LITEM DESIGNADO A LA PARTE DEMANDADA:
Víctor Amaro Piña, inscrita en el I.P.S.A.
bajo el Nº 7.204. MOTIVO: PARTICION DE HERENCIA
SENTENCIA DEFINITIVA Se inicia el presente proceso a
través de libelo de demanda, con ocasión a la
pretensión de Partición de Herencia,
interpuesto por el Apoderado Judicial de la ciudadana
María Udete Martins Arenas, ya identificada, en el
que manifiesta como fundamento de su pretensión, que
es hija de Abel Martins Ferreira, quien falleció
ab-intestato en Barquisimeto, el 05 de Marzo de 2004, y que
en su acta de defunción se declaró que no
dejó descendencia alguna, pero que en realidad son
dos hijas que dejó su padre, su persona y su hermana
María Helena Dias Martins Da Rosa Pires. Que
igualmente se declaró en dicha acta de
defunción que no deja bienes de fortuna pero que si
los hay, según copia certificada de
Declaración Sucesoral Nº 00665, de fecha 09 de
Agosto de 2004, presentada por ante el SENIAT. Que como
resultado de esa declaración se procedió a
cancelar al Fisco Nacional el monto de 10.398.456, oo Bs. y
que el SENIAT emitió el Certificado de Solvencia
H-98-0057240. Que en virtud del contenido del Edicto Asunto
KP02-S-2005-001648 de 21 de Marzo de 2005, del Juzgado
Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del
Tránsito de la Circunscripción Judicial del
Estado Lara en el que se solicitó la
Declaración de únicos y Universales Herederos
a su persona y a María Helena Dias Martins Da Rosa
Pires. Que ante la negativa de reiterada de su hermana
María Helena Dias Martins Da Rosa Pires en realizar
una partición amigable, la demanda en su
carácter de coheredera para que convenga o a ello
sea condenada por el Tribunal en la Partición de los
bienes que constituyen el acervo hereditario respectivo,
integrado por los siguientes bienes: 1) el CIEN PORCIENTO
(100%) de una cuenta bancaria, del Banco
Occidental de Descuento, B.U., registrada en sus libros
bajo el Nº 1132001525 con un saldo para la fecha de la
Planilla de Declaración Sucesoral, de SETECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ BOLÚVARES CON
VEINTIDÓS CÉNTIMOS (794.510,22 Bs.) y un
certificado de Partición a plazo signado con el
Nº 000068004540 de fecha 06 de Enero de 2004, por la
cantidad de SESENTA MILLONES DEBOLÍVARES
(60.000.000, oo Bs.) y 2) el CIEN PORCIENTO (100%) de un
vehículo Marca
Chevrolet, Modelo
Malibú, Tipo Sedan, Uso Particular, Color
Marrón, Serial de Carrocería 13669BC111435,
Serial del Motor
VJ272800, Año 1972, Placas BAW 13J, que
perteneció a su padre según documento
autenticado por ante la Notaría Pública
Quinta de Barquisimeto, en fecha 10 de Octubre de 2003,
Nº 43, Tomo 142. Fundamentó su
pretensión en los artículos 768 y 1.067 del
Código Civil y los artículos 777 y siguientes
del Código de Procedimiento Civil. Que la ciudadana
María Helena Dias Martins Da Rosa Pires se ha negado
a realizar la partición de la comunidad y así
dividir en un CINCUENTA PORCIENTO (50%) los bienes
hereditarios descritos, demandándola por
partición de bienes comunes en la partición
de la comunidad hereditaria y por en de en la
liquidación de la comunidad de bienes y la
adjudicación del CINCUENTA PORCIENTO (50%) que les
pertenece a cada una y pagar las costas y costos
procesales. Estimó la pretensión en la
cantidad de CIEN MILLONES DE BOLÍVARES (100.000, oo
Bs.) En fecha 18 de Junio de 2007, se admitió la
anterior demanda. En fecha 17 de Enero de 2008, agotadas
las gestiones para la citación de la parte demandada
y a solicitud de parte, se designó como Defensor
Ad-Litem de la parte demandada al Abogado Víctor
Amaro Piña, quien aceptó el cargo y
prestó juramento de Ley correspondiente, en fecha 16
de Junio de 2008. En fecha 16 de Julio de 2008, el defensor
ad-litem designado a la parte demandada, presentó
escrito de contestación a la demanda, negando,
rechazando y contradiciendo la demanda, tanto en los hechos
narrados como en el derecho invocado, por considerar que
los mismos no son ciertos. En fecha 02 de Octubre de 2008,
el apoderado actor presentó escrito de promoción de pruebas, siendo
admitidas las mismas en fecha 22 de Octubre de 2008. En
fecha 26 de Enero de 2009, la representación
judicial de la parte actora, presentó escrito de
informes. Siendo la oportunidad procesal para dictar
sentencia definitiva, este Tribunal observa: Tal como ha
quedado expuesto, la pretensión de la parte actora
tiene por objeto lograr la partición o
división de los bienes comunes, de la cual,
según su propio decir, forma parte. En la
oportunidad de contestación a la demanda, el
defensor ad-litem designado a la parte demandada,
negó, rechazó y contradijo la demanda, tanto
en los hechos narrados como en el derecho invocado, por
considerar que los mismos no son ciertos. De los
términos en que ha se ha planteado la controversia,
se deduce que la pretensión de la parte demandante
procura la partición de bienes comunes, debido a que
la parte demandada, se ha negado a realizar la
partición de la comunidad y así dividir en un
CINCUENTA PORCIENTO (50%) los bienes descritos en el
escrito libelar. La parte actora, trajo a los autos, como
elementos probatorios, copia fotostática de las
partidas de nacimiento de su persona y de la parte
demandada, a los efectos de demostrar su condición
de hijas del causante Abel Martins Ferrerira, las cuales
son valoradas por este Juzgador en virtud de no haber sido
desconocidas ni impugnadas por la parte desmandada Asimismo
trajo a los autos, copia certificada de Planilla de
Declaración Sucesoral emitida por el Servicio
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tribuntaria
(SENIAT), la cual es valorada como documento público
administrativo, de la que se evidencia que eran propiedad
del causante, el CIEN PORCIENTO (100%) de una cuenta
bancaria, del Banco Occidental de Descuento, B.U.,
registrada en sus libros bajo el Nº 1132001525 con un
saldo para la fecha de la Planilla de Declaración
Sucesoral, de SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
DIEZ BOLIVARES CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS
(794.510,22 Bs.) y un certificado de Participación a
plazo signado con el Nº 000068004540 de fecha 06 de
Enero de 2004, por la cantidad de SESENTA MILLONES
DEBOLÍVARES (60.000.000, oo Bs.); y el CIEN POR
CIENTO (100%) de un vehículo Marca Chevrolet, Modelo
Malibú, Tipo Sedan, Uso Particular, Color
Marrón, Serial de Carrocería 13669BC111435,
Serial del Motor VJ272800, Año 1972, Placas BAW 13J,
que perteneció a su padre según documento
autenticado por ante la Notaría Pública
Quinta de Barquisimeto, en fecha 10 de Octubre de 2003,
Nº 43, Tomo 142. De la misma manera, aportó
como medios de prueba, copia fotostática del
Certificado de Participación a Plazo, descrito y
copia certificada de documento de propiedad de vehiculo,
igualmente descrito, medios probatorios estos a los cuales
se le concede valor probatorio en virtud de no haber sido
desconocidos ni impugnados por parte de la demandada de
autos. Así como prueba de informes que no fue
evacuada. La parte demandada, no trajo a los autos
elementos probatorios que demostraran que no se encuentra
en la negativa de realizar la partición pretendida.
Consecuencia de lo anterior, es que al haber sido
demostrada por la parte actora, la existencia de la
comunidad, sin que haya sido controvertida o desvirtuada
por la parte demandada, resulta plenamente aplicable la
solicitud de partición de la comunidad hereditaria,
y debe ser estimada como fundada en derecho la
pretensión de la actora. Así se decide.
DECISIÓN Por las razones antes expuestas este
Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil
y del Tránsito de la Circunscripción Judicial
del Estado Lara, administrando justicia, en nombre de la
República Bolivariana de Venezuela y por autoridad
de la ley declara CON LUGAR la pretensión de
PARTICION DE HERENCIA, intentada por la ciudadana MARIA
UDETE MARTINS ARENAS, contra la ciudadana MARIA ELENA DIAS
MARTINS DA ROSA PIRES, previamente identificadas. En
consecuencia se advierte a las partes que al DÉCIMO
(10mo) día de despacho siguiente, contado a partir
de que quede definitivamente firme la presente
decisión, tendrá lugar el acto para el
nombramiento de Partidor. Se condena en Costas a la parte
demandada, en virtud de haber resultado totalmente vencida.
Déjese copia certificada de la presente
decisión, de conformidad con lo establecido en el
artículo 248 del Código de Procedimiento
Civil. Publíquese y Regístrese. Dada, Firmada
y Sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de
Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito
del Estado Lara, en la ciudad de Barquisimeto, a los
TREINTA (30) días del mes de Marzo del año
dos mil nueve (2009). Años 198º y 150º. EL
JUEZ Abg. Oscar Eduardo Rivero López El
Secretario,

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE: JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO
CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
EXPEDIENTE: 45.841 PARTE DEMANDANTE: ERNESTO JOSÉ
BARRIOS MORALES, venezolano, mayor de edad, identificado
con cédula personal Nº 9.767.242 y domiciliado
en el Municipio Autónomo Maracaibo del estado Zulia.
APODERADOS JUDICIALES: CESAR AUGUSTO HERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el
Nº 127.113, domiciliado en esta ciudad y Municipio
Autónomo Maracaibo del estado Zulia. PARTE
DEMANDADA: ANTONIO JOSÉ BARRIOS MEDINA, MAIGUALIDA
ROSA BARRIOS MORALES y MARIELA DEL CARMEN BARRIOS MORALES,
venezolanos, mayores de edad, identificados con
cédula personal Nos. 1.691.814, 6.834.699 y
9.767.244 respectivamente, domiciliados en Santa Cruz de
Mara del estado Zulia. APODERADOS JUDICIALES: NAHIR
PEREIRA, DAVID CASA GONZÁLEZ, NAHIR BOSCÁN
PEREIRA, GRELYS RINCÓN, EUDO TROCONIS RINCÓN
y EUDO TROCONIS MACHADO, inscritos en el Inpreabogado bajo
los Nos. 21.513, 57.660, 115.234, 25.339, 126.874 y 19.484
respectivamente, y de este domicilio. MOTIVO:
PARTICIÓN DE COMUNIDAD HEREDITARIA DECISIÓN:
REPOSICIÓN DE LA CAUSA FECHA: 26-03-2009. Ocurre por
ante este órgano jurisdiccional el profesional del
derecho CESAR HERNÁNDEZ, inscrito en el Inpreabogado
bajo el Nº 127.113, en representación del
ciudadano ERNESTO JOSÉ BARRIOS MORALES, venezolano,
mayor de edad, identificado con cédula personal
Nº 9.767.242 y domiciliado en el Municipio
Autónomo Maracaibo del estado Zulia, para demandar
por PARTICIÓN DE COMUNIDAD HEREDITARIA a los
ciudadanos ANTONIO JOSÉ BARRIOS MEDINA, MAIGUALIDA
ROSA BARRIOS MORALES y MARIELA DEL CARMEN BARRIOS MORALES,
venezolanos, mayores de edad, identificados con
cédula personal Nos. 1.691.814, 6.834.699 y
9.767.244 respectivamente, domiciliados en Santa Cruz de
Mara del estado Zulia. Por auto de fecha 19 de noviembre de
2007, este Juzgado admitió en cuanto ha lugar en
derecho la demanda objeto de la presente controversia. Por
escrito presentado en fecha 11 de marzo de 2008, la
representación judicial de la parte demandada
procedió a contestar la demanda. Por diligencia
presentada en fecha 24 de abril de 2008, la parte demandada
asistida en ese acto por el abogado en ejercicio EUDO
TROCONIS MACHADO, manifestó a este tribunal que eran
propietarios de un 87, 5% del bien objeto de la
partición, y a su vez convenían que el
demandante le corresponde un 12, 5% de los derechos de la
sucesión, solicitándole al tribunal
además nombrara partidor en la presente causa. A su
vez expresaron que no convenían en los montos
demandados, ni en el pago de las costas y costos
procesales. Por resolución de fecha 29 de abril de
2008, este juzgado emplazó a las partes
intervinientes en el presente proceso, a fin de que
comparecieran en el décimo (10º) día de
despacho siguiente, para llevar a cabo el nombramiento de
expertos. Por escrito presentado en fecha 15 de marzo de
2008, el apoderado judicial de la parte demandada
solicitó la reposición de la causa por
subversión procedimental. En fecha 16 de mayo de
2008, se nombraron expertos en el presente juicio. Por auto
de fecha 23 de mayo de 2008, este tribunal se abstuvo de
emitir pronunciamiento sobre las actuaciones realizadas por
la parte demandada, en virtud de encontrarse el proceso en
fase ejecutiva. Por escrito presentado en fecha 19 de
febrero de 2009, por el profesional del derecho y de este
domicilio abogado DAVID CASAS GONZÁLEZ, inscrito en
el Inpreabogado bajo el Nº 57.660, en su
carácter de apoderado judicial de los ciudadanos
ANTONIO JOSÉ BARRIOS MEDINA, MAIGUALIDA ROSA BARRIOS
MORALES y MARIELA DEL CARMEN BARRIOS MORALES
respectivamente, solicitó a este oficio
jurisdiccional se sirviera declarar la nulidad del presente
procedimiento por haberse subvertido el mismo. En este
orden de ideas, este despacho jurisdiccional a fin de
resolver lo conducente, considera necesario hacer una breve
reseña del procedimiento de partición de
comunidad hereditaria en nuestra legislación,
así como la opinión de autores patrios, y a
tales fines, se tiene que: El artículo 777 del
Código de Procedimiento Civil, dispone: "La demanda
de partición o división de bienes comunes se
promoverá por los trámites del procedimiento
ordinario y en ella se expresará especialmente el
título que origina la comunidad, los nombres de los
condóminos y la proporción en que deben
dividirse los bienes. Si de los recaudos presentados el
Juez deduce la existencia de otro u otros
condóminos, ordenará de oficio su
citación". Por otra parte, el artículo 778
ejusdem, expresa: "En el acto de la contestación, si
no hubiere oposición a la partición, ni
discusión sobre el carácter o cuota de los
interesados y la demanda estuviere apoyada en instrumento
fehaciente que acredite la existencia de la comunidad, el
Juez emplazará a las partes para el nombramiento del
partidor en el décimo día siguiente. El
partidor será nombrado por mayoría absoluta
de personas y de haberes. Caso de no obtenerse esa
mayoría, el Juez convocará nuevamente a los
interesados para uno de los cinco días siguientes y
en esta ocasión el partidor será nombrado por
los asistentes al acto, cualquiera que sea el número
de ellos y de haberes, y si ninguno compareciere, el Juez
hará el nombramiento". El autor ABDON SÁNCHEZ
NOHUERA (2001), en su Obra "Manual de
Procedimientos Especiales Contenciosos", pág.
484, al referirse a la partición expresa que: ".
constituye por ello el instrumento a través del
cual, de mutuo acuerdo o mediante juicio, se hace posible
la división de las cosas comunes para adjudicar a
cada comunero la porción de los bienes comunes,
conforme a la cuota que a cada uno corresponda en las
mismas.". En este mismo sentido, el autor OVELIO
PIÑA (2006), en su obra titulada "Derecho
Sucesoral", pág. 208, define la partición de
la herencia como: "el acto mediante el cual los herederos
deciden, voluntaria o coactivamente, extinguir la comunidad
en la cual se encuentran, dándole a cada quien en
bienes, dinero o
especies, lo equivalente a la parte alícuota que por
ley le corresponde.". Bajo estos lineamientos, es
pertinente destacar que la partición de los bienes
puede verificarse de diversas formas, lo que ha dado lugar
para formular una clasificación de la misma,
atendiendo al modo como intervienen los comuneros en su
realización. Analizando el presente procedimiento,
se observa que en el caso sub examine, nos encontramos con
una partición judicial, la cual se verifica a
través del procedimiento establecido en el
Código de Procedimiento Civil, dependiendo de la
actuación de uno o varios comuneros
partícipes de la herencia. En este sentido, la Sala
de Casación Civil de nuestro máximo Tribunal
de Derecho, en sentencia Nº 00442, de fecha
veintinueve (29) de junio de 2006, con ponencia de la
magistrado ISBELIA PÉREZ DE VELAZQUEZ, expediente
Nº 06098, con relación a las etapas que pueden
devenir en el juicio de partición judicial,
expresó lo siguiente: ".Así, en el
procedimiento de partición, disciplinado en los
artículos 777 y siguientes del Código de
Procedimiento Civil, se distinguen dos etapas. La primera,
contradictoria, en la que se disipa el derecho de
partición y la contradicción relativa al
dominio
común o cuota de los bienes a partir, cuyo tramite
se sigue por el procedimiento ordinario, siempre y cuando
en la oportunidad de contestar la demanda hubiere
oposición a dicha partición; la segunda etapa
del proceso comienza con la sentencia que ponga fin a la
primera fase del proceso de partición y es la
partición propiamente dicha, en ella se designa un
partidor quien realiza la distribución de los bienes. Ahora
bien, cabe acotar, que el proceso de partición
judicial puede ser de forma contenciosa o graciosa, ello se
deriva del contenido de la norma rectora de dicho proceso,
el artículo 778 del Código de Procedimiento
Civil, cuando se prevé a las partes la oportunidad
para discutir los términos de la partición
haciendo oposición, sin la cual o si se presenta
extemporánea, no hay controversia ni
discusión y el juez debe considerar procedente la
partición. Así, si no se hace uso de ese
medio de defensa o se ejerce extemporáneamente, no
hay controversia y el juez debe considerar ha lugar la
partición.". En base al anterior criterio
jurisprudencial, es menester señalar que en el
procedimiento de partición se aprecian dos (02)
fases o etapas: la primera etapa del proceso (la
contradictoria) en la que se resuelve el derecho de
partición y la contradicción relativa al
dominio común o cuota del bien o los bienes a
partir, cuyo trámite se sigue por el procedimiento
ordinario siempre y cuando en la oportunidad de contestar
la demanda hubiere oposición a dicha
partición; y la segunda etapa del proceso comienza
con la sentencia que pone fin a la primera fase del proceso
de partición (es la partición propiamente
dicha), en ella se designa un partidor quien realiza la
distribución de los bienes. Si en el acto de
contestación a la demanda el demandado no se opone a
la partición o lo hace en forma extemporánea,
es decir, al no haber discusión respecto a los
términos de la partición, el juez debe
emplazar a las partes a los fines del nombramiento del
partidor; por el contrario, si el demandado, en el referido
acto de contestación, formula su oposición,
se inicia la tramitación del procedimiento ordinario
tal como lo dispone el artículo 780 del
Código de Procedimiento Civil. En el caso de autos,
se observa que al momento de realizarse la
contestación a la demanda se negaron, rechazaron y
contradijeron los términos de la demanda planteada,
entre ellos la cuota o alícuota reclamada por el
demandante, de lo cual se infiere que hubo oposición
a los términos en los cuales se planteó la
partición, operando de esta forma ipso facto el
inicio del procedimiento ordinario en el juicio sub litis.
Sin embargo, este Tribunal por resolución de fecha
29 de abril de 2008, emplazó a las partes
intervinientes en el proceso, para que comparecieran ante
este tribunal en el décimo (10º) día de
despacho siguiente, a los fines de llevar a cabo el
nombramiento de partidor; y por resolución de fecha
23 de mayo de 2008, se abstuvo de emitir un pronunciamiento
en relación a lo solicitado por la
representación judicial de la parte demandada, en
virtud de hallarse el procedimiento en la fase ejecutiva,
conforme lo estipulado en el artículo 778 del
Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, esta
juzgadora haciendo un análisis exhaustivo de las
actas que componen el presente expediente concluye que la
parte demandada por intermedio del escrito de
contestación a la demanda presentado en fecha 11 de
marzo de 2008, se opuso a la partición demandada, al
negar, rechazar y contradecir lo afirmado por el demandante
de autos, operando como se apuntó antes, el inicio
del procedimiento ordinario. Así las cosas, es
menester señalar que el artículo 334 de la
Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, no sólo supone la potestad del juez para
proceder a dejar sin efecto cualquier actuación que
lesione normas constitucionales, sino porque además
dicha norma expresa la obligación en que se
encuentra el juez de asegurar la integridad de la
Constitución, y por cuanto del artículo 206
del Código de Procedimiento Civil Venezolano, dimana
la obligación que tienen los jueces de corregir las
faltas que vicien de manera absoluta e incorregible los
actos procesales, la cual debe proceder cuando así
lo permita la ley, o cuando el acto no haya cumplido una
formalidad esencial para su validez. De manera que, no
obstante la prohibición que puede deducirse del
anterior razonamiento, del estudio planteado en la presente
situación se observa, que si bien éste
Tribunal ha emitido pronunciamientos de trámites en
el presente procedimiento, que aún cuando no
prejuzgó sobre el mérito, lo hizo
indebidamente, al haber ordenado se nombrara un partidor,
obviándose la oposición realizada, y la
continuación por el procedimiento ordinario, lo cual
lesiona de nulidad absoluta todo el procedimiento
desarrollado por violación de la garantía al
debido proceso establecida en el artículo 49
Constitucional. Así se Decide. Es pertinente
destacar que la reposición de la causa no es un fin,
sino un medio para corregir un vicio procesal y no subsana
desacierto de las partes sino vicios procesales que son de
orden público, en el presente caso se vulneró
el procedimiento a seguir, ya que se continuó la
partición de herencia planteada con el nombramiento
de un partidor, sin tomar en cuenta la oposición
formulada, y por cuanto es de obligación de todos
los Jueces de la República otorgarle a las partes el
derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales
para que hagan valer sus derechos e intereses y a la tutela
jurídica efectiva de los mismos, igualmente se le
debe garantizar a las partes el derecho a la defensa
contenido en el debido proceso, ya que el proceso
constituye un instrumento fundamental para la
realización de la justicia. En consecuencia, se
ordena reponer la causa al estado de que el presente
proceso se sustancie por los trámites del
procedimiento ordinario, en vista de la oposición a
la partición realizada, todo de conformidad con lo
establecido en el artículo 206 del Código de
Procedimiento Civil. Se anulan todos los actos procesales
subsiguientes a la fecha en la cual se ejerció la
oposición, es decir, 11 de marzo de 2008. Así
se declara. Por otra parte, es menester destacar que la
parte demandada debidamente asistida por el profesional del
derecho EUDO TROCONIS MACHADO, por diligencia de fecha 22
de febrero de 2008, conviene en la alícuota de la
herencia correspondiente a la parte demandante, pero no
así de los montos demandados y de las costas y
costos procesales, y siendo que únicamente el
convenimiento total de la demanda es el acto que puede
terminar el proceso de forma anormal, mal puede esta
sentenciadora considerar tal proceder como un modo de
terminación del proceso, y mucho menos darlo por
consumado. Así se declara. En tal sentido, y por
haberse obviado la continuación de la
partición solicitada por los trámites de
procedimiento ordinario, se hace forzoso para esta
operadora de justicia reponer la presente causa al estado
de que el presente proceso se sustancie por los
trámites del procedimiento ordinario, en vista de la
oposición a la partición realizada.
Así se declara. DESICIÓN: Por los fundamentos
antes expuestos, este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICAL DEL ESTADO ZULIA,
administrando justicia en nombre de la República
Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, en base
a la jurisprudencia antes transcrita, así
como la doctrina citada, y a fin de garantizar el debido
proceso y el derecho a la defensa consagrados en el
artículo 49 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela y el orden
público procesal, REPONE LA CAUSA al estado de que
el presente proceso se sustancie por los trámites
del procedimiento ordinario, en vista de la
oposición a la partición realizada, y en
virtud de que se quebrantaron normas procesales de orden
público al tramitarse la presente causa por un
procedimiento inadecuado Así se decide. No hay
condenatoria en costas, en virtud de la naturaleza de la
presente decisión. REGÍSTRESE,
PUBLÍQUESE y NOTIFÍQUESE. Déjese copia
certificada de este fallo por secretaría conforme a
lo dispuesto en el artículo 248 del Código de
Procedimiento Civil. Dada firmada y sellada en la Sala de
este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL y DEL TRÁNSITO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA a los
veintiséis (26) días del mes de marzo de
2009. Año 198° de la Independencia y 150° de
la Federación. LA JUEZ: Abog. HELEN NAVA de URDANETA
MSc. EL SECRETARIO ACCIDENTAL: Abog. MANUEL OCANDO FINOL En
la misma fecha siendo las diez y treinta (10:30) minutos de
la mañana se publicó la anterior
resolución, quedando anotada bajo el Nº 731. EL
SECRETARIO ACCIDENTAL: Abog. MANUEL OCANDO FINOL
HNdU/jaf.