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¿Es la universidad una empresa? (página 2)




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El carácter de empresa se niega inclusive para la educación pública no estatal, o sea, aquella que prestan los particulares, en ese sentido se ha pronunciado en varias ocasiones la Corte Constitucional, al expresar que aún la educación de origen privado, esta supeditada a la función social y a las finalidades del Estado Social de Derecho, y debe por lo mismo estar al alcance de todas las personas, lo cual aniquila cualquier manejo de la universidad como empresa. Manejar las universidades con criterios empresariales y de orientación a una función social es desnaturalizar lo que la ley define como esencia de las universidades, es decir, constituye este manejo una oposición a la norma jurídica que define las universidades como instituciones educativas con una misión claramente delimitada y conceptualizada, la formación de personas.

La universidad-empresa, ve al estudiante como cliente, no como persona. Si tiene con que pagar, tiene acceso a ella, de esta manera se viola y en otros casos, se amenaza un derecho fundamental. La compra-venta de la educación se rige por relaciones contractuales, a la manera de empresas comerciales, ejemplo de ello son los créditos de estudio, plan padrino, IVA para las matriculas; por esta y otras razones, se ha venido reclamando desde hace tiempo la necesidad de cumplir el mandato constitucional que reconoce la educación como derecho, no como mercancía. Si el acceso a la educación depende del pago, no existe como derecho humano, lo cual acentúa la estratificación social, y se rige por las leyes del mercado, no del derecho. No es razonable que los más pobres tengan que soportar una doble carga: la pobreza, que no le permite en la mayoría de los casos, llevar una vida digna, pero además, tiene que cargar con una horrible exclusión, no poder disfrutar del derecho a la educación porque no tiene dinero con que pagar el acceso a este servicio; es decir, un joven tiene un excelente resultado en las pruebas ICFES, presenta la documentación exigida por las instituciones educativas, pero al momento de matricularse la universidad le dice, si no tienes con que pagar no puedes gozar de este servicio, es la lógica del mercado, si no tengo dinero para pagar la camisa, los zapatos, el computador no puedo acceder al dominio de estos bienes.

Por otro lado, existe un derecho público subjetivo frente al Estado, relacionado con la permanencia del estudiante en el sistema educativo, es decir, el acceso y la permanencia deben garantizarse, salvo casos de incumplimiento académico, o faltas disciplinarias del estudiante, Corte Constitucional –Sentencia T-450-92-, no puede entonces ponerse en riesgo la permanencia del estudiante en el sistema educativo, por la falta de pago de un crédito académico.

En este punto cabe recordar que, aunque la Constitución Política del 91, establece la gratuidad de la educación sólo para el nivel de la básica, excluyendo la educación media y superior (Art. 67 C.P; Sentencia T-323-94), existen tratados internacionales en este campo que reconocen la educación gratuita, como un derecho a todos los hombres y mujeres sin limites de edad, o niveles de educación, y la misma Carta reconoce que en caso de conflicto entre la Constitución y los tratados internacionales, en materia de derechos humanos, prevalecen estos últimos, art. 93 C. P (monismo internacional).

El derecho a la educación tiene un núcleo, inicialmente señalado por la ONU, y actualmente aceptado por la Corte Constitucional, sentencia T-787 de 2006, cuando expresa que ese núcleo esta formado por la disponibilidad, acceso, aceptable y permanencia, frente a estos componentes existen cuatro obligaciones del Estado, la sociedad y la familia, la asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad; como indicadores pueden manejarse entre otros, % del PIB invertido en educación, oferta oficial de cupos educativos, total de municipios que no disponen de docentes oficiales por zona, inversión anual del Estado por nivel educativo, por estudiante y por zona, tasa de asistencia escolar por sector, zona, nivel educativo.

Mal podría entonces predicarse de la universidad un carácter empresarial o patrimonialista, como algunos han pretendido, escondiendo razones que no desean que se conozcan. El informe de la Relatora Especial de la ONU, Katarina Tomasevski, sobre el derecho a la educación 2003, y que investigó in situ, el estado del derecho a la educación en Colombia, dice que "El marco normativo del país, basado en los principios del estado social de derecho, se encuentra muy desarrollado, y la Corte Constitucional hace una labor impresionante. Pese a lo normativo, sigue habiendo una enorme distancia entre las garantías estipuladas y la realidad. La brecha existente entre el discurso axiológico y el cumplimiento fáctico del mismo fue expresada por el Presidente Uribe al describir a Colombia como legalista pero sin legalidad vigente (legalistic but lawless)"[2]. El discurso de la universidad-empresa se hace desconociendo un marco jurídico que exige un reconocimiento de la educación como derecho y con un carácter de función social como elementos prevalentes al mercantil.

Es preocupante la contrarreforma a los fundamentos de derecho que protegen a la educación como derecho y con una función social, adelantada ante la necesidad que tienen los mercaderes de la educación, de adecuar las leyes a las nuevas exigencias del mercado, tal como se desprende de las reuniones de la OMC, por lo tanto, es posible que el movimiento que han venido impulsando el desmonte de la actual Constitución, mediante actos legislativos en un Congreso con poca vocación social, termine modificando el núcleo básico constitucional que consagra la educación como derecho - ante lo cual quedaría el bloque de constitucionalidad-.

Al examinar algunas normas legales, el hallazgo en esta materia es aún más desconcertante para quienes pretenden impulsar la idea universidad-empresa. Al revisar el Código de Comercio, en su artículo 25, se señala de manera clara y precisa qué es empresa, "Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará de uno más establecimientos de comercio"[3]. En esencia la universidad no constituye en absoluto una actividad económica, si tenemos en cuenta lo que el diccionario de la Real Academia define como actividad económica: conjunto de acciones que se llevan a cabo para ganar dinero en un país, de obtener ingresos y gastarlos o ahorrarlos para obtener riqueza. Las acciones que llevan acabo las universidades están dirigidas hacia otro lado, el logro de los principios constitucionales.

El artículo 20 y SS, del Código de Comercio, definen los actos y operaciones de las empresas: bienes a titulo oneroso, enajenación, bienes muebles; mutuo a interés; sociedades comerciales, títulos-valores, compra-venta, permuta, corretaje, las agencias de negocio; depósito de mercaderías, provisiones y suministros, son entre otros, los conceptos que caracterizan los actos y operaciones de una empresa sin que exista concordancia alguna entre estas con el objeto de las Universidades, sus principios y objetivos. Los actos y operaciones que desarrollan las universidades no son preferentemente estas que se acaban de señalar, por lo tanto, con fundamento en el Código de Comercio, la universidad-empresa no cabe en el tipo empresa.

Ahora, veamos que dice la ley 30 de 1992, acerca de los principios y objetivos de las universidades. En el artículo 1º de la Ley 30/92, se definen como principios: la educación superior como un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral, que se realiza con posterioridad a la educación media y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica profesional; la educación superior es un servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado. El artículo 6º establece como objetivos de las universidades: capacitar para el cumplimiento de funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiera el país; trabajar por la creación, desarrollo y transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones; prestar a la comunidad un servicio con calidad; ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel nacional y regional. De lo anterior se puede señalar que la Ley 30/92, de manera expresa asigna un objeto a las universidades, el pleno desarrollo y la formación académica profesional de los alumnos; las actividades que se llevan a cabo para el cumplimiento de su objeto son la enseñanza, la investigación y la extensión, todas ellas amparadas en un fundamento pedagógico, de formación, no económico.

El articulo 19 de la ley 30/92, define a las universidades como instituciones que acreditan su desempeño con criterio de universalidad en actividades como la investigación científica o tecnológica; la formación académica en profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y la cultura. El artículo 98 de la ley en comento es contundente en negar la universidad-empresa cuando expresa "Las instituciones privadas de Educación Superior deben ser personas jurídicas de utilidad común, sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones, fundaciones, o instituciones de economía solidaria"[4].

Qué se esconde entonces con el discurso de la universidad-empresa; para comprender mejor este fenómeno, veamos los siguientes aspectos: la OMC, Organización Mundial del Comercio, es la suma de tres acuerdos, el GATT; el TRIP y el GATS. El objetivo principal del GATS, es la liberalización total de servicios como salud, telecomunicaciones, energía, pensiones, agua, energía, educación, con esta liberalización se esta superando al concepto de soberanía nacional, sin embargo, se ha dicho que esta renuncia es el de una soberanía en sentido positivo y no en sentido negativo.

Para la liberalización del mercado, se hace necesario adelantar reformas jurídicas que permitan adecuar el mercado a las nuevas necesidades de la globalización, por esto Colombia colocó una medida disconforme al articulo 98 de la Ley 30/92, el cual expresa: "Las instituciones privadas de educación superior deben ser personas jurídicas de utilidad común, sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones, fundaciones o instituciones de economía solidaria"[5]. El GATS (Acuerdo General de Aranceles aduaneros y comercio), dice: "Las partes no podrán adoptar o mantener medidas que restrinjan o prescriban los tipos de personas jurídica o empresa conjunta por medio de los cuales un proveedor de servicios puede suministrar un servicio". Hasta cuándo se mantendrá en vigencia el inciso 4 del artículo 67 superior, y SS.

El mercado mundial de la educación es supremamente grande según datos citados por el profesor Jorge Aristizabal O, el valor de este mercado es de 41.0000 millones de dólares; 97 millones de estudiantes universitarios, 50 millones de empleados, 7.2 millones de estudiantes extranjeros, la mayoría de ellos están en los Estados Unidos. Según este mismo profesor, los países que más venden educación superior, son: Australia, Nueva Zelanda y EE.UU. le siguen los países Europeos y Japón.

A nivel nacional la educación superior también es un atractivo para quienes impulsan la total liberalización de los mercados. Según Cedetrabajo, en Colombia hay 860.000 estudiantes en la educación superior, distribuidos así: 280.000 en instituciones estatales y 580.000 en instituciones privadas. Según el Dane, hasta el 2003 había una cobertura del 12% para los jóvenes entre 16 y 25 años, y según el Viceministro de Educación, la cobertura ya llega al 22% en el 2004. Son muchos los que aún quedan por fuera del sistema educativo, convirtiendo a Colombia en un potencial mercado para los empresarios de la educación de otros países. Sólo se necesita de un marco jurídico que le permita su llegada y garantice la seguridad de sus inversiones.

Las personas jurídicas encargadas de ofrecer el servicio educativo en el contexto que hemos venido analizando, pueden prestarlo sin necesidad de su desplazamiento físico o del consumidor. Con el uso de las nuevas tecnologías, se busca ampliar la cobertura sin recurrir a las aulas tradicionales, y aumentar el número de estudiantes atendidos con pocos profesores, lo cual ha traído como consecuencia un incremento en la oferta de la educación a distancia y la educación virtual. Todo esto ha ido creando las condiciones para el manejo de la educación como una mercancía más, algunas normas han comenzado a recorrer este camino, el Decreto 2566/02 ya derogado, expresaba que la educación es "un servicio público de naturaleza cultural", se abandonaba el carácter de derecho que le otorga la Constitución del 91.

Las consecuencias del TLC, la Ley 715/01, Decreto 1278/02, Decreto 1279/02, son muchas y múltiples: privatización de la educación, crisis de la pedagogía, desmonte de las Facultades de Educación, pragmatización de la educación, prevalencia de un enfoque administrativo sobre lo pedagógico en el manejo y dirección de las instituciones educativas, reducción en la duración de las carreras profesionales, fomento a la educación virtual y a distancia, estandarización de la educación, pregrados de baja calidad, aumento de la asignación académica a los docentes, a largo plazo aumento de profesores ocasionales y cátedra.

Finalmente, el Consejo de Estado en Sentencia 02-11-08, confirma el artículo 19 de la Ley 30 de 1992, que define "Son universidades las instituciones que acrediten su desempeño con criterio de universalidad en las siguientes actividades: La investigación científica o tecnológica; la formación académica en formaciones o disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional..."[6]. Por lo tanto las universidades no son, ni se parecen en su composición, objeto, actividades, operaciones a las empresas, además, el derecho que las rige es diferente, para unas el derecho público y para otras el derecho privado. Un programa puede resultar oneroso para los recursos de la institución, pero altamente conveniente para el desarrollo regional, en las universidades no puede estar lo económico por encima de aspectos axiológicos, ontológicos o finalisticos, propios del ser de toda universidad.

Conclusiones

Se puede colegir después de haber revisado normas constitucionales, legales y la jurisprudencia que la educación cumple una función importante en cualquier Estado, es a través de ella como la sociedad forma a sus ciudadanos, como el hombre llega a ser mejor, algo tan esencial no se le puede dar el tratamiento de mercancía, contradice el Estado social de derecho, su función de garantizar a la comunidad el bienestar general. Las universidades pueden vender servicios, preocuparse por conseguir recursos, pero como actividad accesoria a la principal que es formar. La universidad-empresa se rige por otros principios; la eficacia y los resultados no pueden prevalecer sobre procesos para la formación, el desarrollo humano, la convivencia los cuales son más largos y lentos que los procesos para el aprendizaje, que son medibles, cuantificables y posibles de alcanzar en un tiempo corto. La universidad-empresa debe dar resultados, se le debe medir, establecer indicadores de gestión para ver su eficacia e inclusive su viabilidad, para ello se debe trabajar el aprendizaje no la formación. Sin embargo este discurso choca con el modelo de sociedad que define para los colombianos la Constitución Política, con la función, naturaleza, operaciones y procesos que la norma superior y la ley le asignan a la educación. Es muy posible que pronto todas estas disposiciones desaparezcan por la vía de la reforma constitucional, pero mientras eso ocurre debe aceptase el imperio de la ley, que dice que las universidades son instituciones de formación.

Bibliografía

Constitución Política de 1991

Código de Comercio

Ley 30/92; Ley 715/01

Decreto 2566/03; Decreto 1278 y 1279 de 2002; Decreto 230/02

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-02 de 1992.

_________________________. Sentencia T-220 de 1992

_________________________. Sentencia T-429 de 1992

_________________________. Sentencia T-341 de 1993

_________________________. Sentencia T-450 de 1992

________________________. Sentencia T- 298 de 1994

________________________. Sentencia T-323 de 1994

CONSEJO DE ESTADO, Sentencia 02-11-08.

RODRIGUEZ, Abel. (2002). La Educación después de la Constitución del 91. De la reforma a la contrarreforma. Magisterio. Bogotá. DC.

 

 

 

 

 

Autor:

Oscar Arismendy Martínez

Docente del Departamento de Psicopedagogía de la Universidad de Córdoba.

[1] Constitución Política del 91. Art 67

[2] Tomasevski Katarina, informe relatora especial ONU, 2003

[3] Código del Comercio, art. 25

[4] Ley 30 de 1992, atr. 98.

[5] Ibíd.

[6] Ley 30 de 1992, art. 19.


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