Principios del sistema económico venezolano (página 2)

En el preámbulo de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela
(1999) quedaron sentados los motivos o propósitos que
orientaron a los constituyentes para establecer los principios
fundamentales organizativos del Estado y del
sistema
político venezolano; es decir, se establecieron
claramente las características que definen el Estado
venezolano, los valores de
la Sociedad
Política y
los fines sociales que debe perseguir el Estado en orden a
garantizar los derechos humanos
que, en el se consagran como esenciales. En el mismo se indica
que somos "un Estado de Justicia
Federal y Descentralizado" destacándose el valor de la
justicia, de manera que más que un Estado sometido al
derecho, se configura un Estado sometido a la justicia.
También se plasmaron los siguientes valores:
libertad,
independencia,
paz, solidaridad, bien
común, integridad, convivencia y el imperio de la ley. Valores
estos que deben orientar el texto
Constitucional en procura de alcanzar los derechos humanos
esenciales.

Esta descripción expresada en el
preámbulo constitucional, en el marco del enfoque
propuesto por Rawls, constituiría lo que a su modo de ver
son las estructuras
básicas de la sociedad, de manera que siguiendo al autor
mencionado, el momento de la sanción y promulgación
del texto Constitucional de 1999 sería, lo que él
denomina "la posición original", es decir, la
situación en la cual los individuos para organizarse como
sociedad eligen y ordenan los valores que en definitiva
permitirán la configuración, mediante la producción de reglas públicas, de la
estructura
básica institucional de esa sociedad.

Hechas estas consideraciones pasaremos a identificar en
el texto de la Constitución de 1999 la manera como en su
articulado se concibieron y pretendieron desarrollar las bases
fundamentales contenidas en el preámbulo de la misma o que
contribuyeran a la configuración del orden socio
económico.

El Nuevo Pacto Constitucional: La Estructura
Básica y el Orden Socio-Económico en el articulado
de la Constitución de 1999

Está claro que los valores superiores que
informaron el ordenamiento jurídico positivo venezolano
tienen su origen en el preámbulo constitucional y resultan
fortalecidos en los artículos 1º, 2º y 3º
de la Constitución. En dichas disposiciones se consagran
los valores sobre los cuales la República se fundamenta, y
se definen la configuración del Estado y sus fines
esenciales.

El artículo primero de la Constitución
Bolivariana de Venezuela (1999) establece los valores superiores
de la República que constituyen las bases éticas en
las cuales se fundamenta la misma: Libertad, igualdad,
justicia y paz internacional. El texto constitucional define al
Estado como "Democrático y Social, de Derecho y de
Justicia" (Artículo 2).

El Estado como tal, se declara Estado
democrático, de derecho y de justicia. Esto conduce a que
el Estado tenga que asumir obligaciones
sociales, que persiga como su finalidad primordial el logro de la
justicia social, y en consecuencia, se estructura al Estado como
un Estado prestacional, cuya intervención es importante en
la actividad económica y social, y que en definitiva,
asume frente a los individuos la garantía del cumplimiento
de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución.

Asimismo, el texto constitucional, declara como fines
económicos sociales del Estado, los cuales se
lograrán a través de la educación del
trabajo los
siguientes:

– La defensa y el desarrollo de
las personas.

– Garantía de cumplimiento de los principios,
derechos y deberes.

– Construcción de una sociedad justa y amante
de la paz.

– Promoción de la prosperidad y bienestar del
pueblo.

– Fomento del empleo
(Artículo 87 C.R.B.V.)

– Todos estos fines deben lograrse a través de la
educación
y del trabajo, concebidos en el texto constitucional como
derechos y deberes a la vez. Se enumeran en la
constitución los principios sustentadores del estado
federal: Integridad, territorialidad, cooperación,
solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad (Artículo 4
C.R.B.V.).

Como afirmamos anteriormente, que uno de los principales
dilemas era establecer un Estado Federal con amplio margen de
descentralización, es por ello que el
Artículo 4to. del texto constitucional establece los
principios que rigen el Estado Federal descentralizado:
cooperación, solidaridad, concurrencia y
corresponsabilidad. Es menester aclarar que el Estado venezolano
no solamente se obliga a garantizar los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución, sino que
además contempla un régimen general de los derechos
humanos que ordena que el contenido de los Tratados y
Acuerdos Internacionales suscritos por la República,
relativos a aquellos derechos mencionados, deben aplicarse y
garantizarse conforme al principio de progresividad y no discriminación, admitiéndose la
aplicación del principio de la Cláusula Abierta de
los Derechos Humanos (Artículo 22 C.R.B.V.). En efecto, no
puede dejar de hacerse referencia a los principios básicos
atinentes al régimen general de los derechos humanos. Es
menester destacarlos en todo y en cuanto ellos posibilitan,
apuntalan y en ocasiones amplían bastamente la
búsqueda o la posibilidad efectiva de concreción de
la justicia social.

El Sistema
Económico Constitucional

En cuanto al sistema
económico constitucional propiamente dicho, éste se
define formalmente como una economía social de mercado, basada
en la libertad económica y la iniciativa privada pero, que
en todo caso debe funcionar conforme a la justicia social y que,
en consecuencia, requiere de la intervención del Estado.
Esta relación constitucional entre mercado y justicia
social resulta determinante al momento de elegir los principios
básicos del sistema económico.

En este punto, siguiendo a Rawls, podríamos decir
que constitucionalmente nos encontramos ante el enunciado de los
valores que sustentan las estructuras básicas del orden
socio-económico venezolano y que surgieron del momento
original, es decir, de la Constituyente. Conviene mencionar que
el listado de estos valores arranca precisamente del punto que
nos ocupa de la justicia social y, que además de este
principio mencionado son: Democratización, eficiencia, libre
competencia,
protección del ambiente,
productividad,
seguridad
social y solidaridad.

En resumen, el sistema económico venezolano tiene
como fundamento la libertad económica, la iniciativa
privada y la libre competencia. Más, al lado de los
particulares que intervienen en el orden económico, el
texto constitucional establece una fuerte y marcada presencia del
Estado en la economía, en tres papeles o roles
fundamentales: Como promotor del desarrollo
económico, como regulador de la actividad
económica y como planificador de ésta, pero; en
este caso previendo que en este último rol cuente con la
participación civil.

Estos roles que hemos mencionado delimitan lo que puede
denominarse el régimen constitucional de la
intervención el Estado en la economía.

El Estado en su rol de promotor de la economía
debe fomentar y ordenar ésta para asegurar su desarrollo.
Esta obligación de promocionar el desarrollo
(Artículo 29 C.R.B.V.) en definitiva persigue como
finalidad última, la realización de la justa
distribución de las riquezas. Al lado de
esta finalidad tan importante, el texto constitucional a lo largo
de su contenido dispone que bajo este mismo rol de promotor, al
Estado le compete acometer otras políticas
tales como:

– Promoción de la iniciativa privada
(Artículo 112 C.R.B.V)

– Promoción de la agricultura
para la seguridad
alimentaría (Artículo 305 C.R.B.V.)

– Promoción de la industria
(Artículo 302 C.R.B.V.)

– Promoción del desarrollo rural integral
(Artículo 306 C.R.B.V.)

– Promoción de la pequeña y mediana
industria (Artículo 308 C.R.B.V.)

– Promoción de la artesanía popular
(Artículo 309 C.R.B.V.)

– Promoción del turismo (Artículo 310
C.R.B.V.)

En el rol del Estado como ente regulador, en
líneas generales, el texto constitucional contiene una
serie de dispositivos normativos, cuyos objetivos
claramente definidos se encaminan a la protección por una
parte, de los consumidores, al establecimiento de reglas del
ejercicio de las libertades económicas por los
particulares, y por la otra, a la debida tutela del
interés
público. Como ente regulador el Estado debe acometer las
siguientes iniciativas:

– Prohibición de los monopolios (Artículo
97 C.R.B.V.)

– Establecimiento de un régimen de concesiones
estatales (Artículo 113 C.R.B.V.)

– Régimen de protección a los consumidores
(Artículo 117 C.R.B.V.)

– Régimen de política comercial
(Artículo 301 C.R.B.V.)

– Régimen de los ilícitos
económicos (Artículo 114 C.R.B.V.)

– Y por último en el rol del Estado como
Planificador, en conjunción con la iniciativa privada, le
corresponde formular una planificación
estratégica, democrática y de consulta abierta
(Artículo 112 y 299 C.R.B.V.).

Además de los tres roles antes mencionados, la
Constitución reconoce y declara a un Estado Empresario, al
admitir la creación de empresas
estatales (Artículo 300 C.R.B.V.), la reserva estatal de
la explotación de la industria petrolera (Artículo
302 C.R.B.V.) y al prever la posibilidad de que el Estado se
reserve otras actividades de interés público o de
carácter estratégico
(Artículo 302 C.R.B.V.).

En cuanto a la gestión
fiscal
propiamente dicha, la Constitución también enuncia
ciertos principios sustentadores de la misma (Artículo 311
C.R.B.V.) a saber: eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio
fiscal.

Es claro que, como se ha referido en el Artículo
299 de la Constitución nos encontramos con los principios
básicos que conforman el Sistema Económico
Constitucional. Desde este punto estamos frente a una ética y la
tributación economía social de mercado que admite
la libertad económica y la iniciativa privada, pero que al
mismo tiempo nos
plantea una presencia importante de la intervención del
Estado. Dicho sistema se fundamenta en una serie de valores,
mediante los cuales se presume, deba construirse un sistema de
economía que en definitiva permita realizar la justicia
social. Estos principios son los siguientes:
Democratización, eficiencia, libre competencia,
protección del ambiente, productividad, solidaridad y
justicia social. Es decir, que el sistema económico
resumiendo, tiene como fundamento la libertad económica,
la iniciativa privada, la libre competencia, la presencia de un
Estado que debe actuar como promotor del desarrollo
económico, como regulador de la actividad económica
y como planificador con la participación de la Sociedad Civil,
además de tener un importante papel como
empresario.

El Régimen Fiscal y los principios de la
Gestión Fiscal en la Constitución de 1999. El
artículo 316 de la Constitución de 1999. Un
conflicto
permanente

La disposición constitucional citada,
forzosamente nos obliga a ponderar dos principios del sistema
tributario de gran importancia pero muy difícilmente
conciliables: La justicia tributaria y la eficiencia del sistema
tributario. En efecto la misma expresa: "El sistema tributario
procurará la justa distribución de las cargas
públicas según la capacidad económica del o
la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad,
así como la protección de la economía
nacional y la elevación del nivel de vida de la población, y se sustentará para ello
en un sistema eficiente para la recaudación de los
tributos"
(Artículo 316 C.R.B.V).

Buchanan (1999), en un interesante artículo sobre
los límites
éticos de la tributación, hace aplicación
del esquema construido por Rawls, y llega a la conclusión
de que los Estados deben tener principios, normas e instituciones
que establezcan "techos" al ejercicio de la potestad tributaria,
como hemos referido con anterioridad, ya que de lo contrario
pueden ejercer su libertad igual de separarse, ya que quienes
integran ese Estado, desde el punto de vista
político-territorial pudieran ejercer la libertad de
separarse. La colectividad no puede justificar éticamente
una alícuota sobre el valor del producto
"… por encima del nivel de tributación que
animaría a cualquier subconjunto de miembros de la
comunidad a
concebir sus propias políticas
interdependientes".

Indudablemente, no puede desconocerse la existencia de
un sistema que procure al Estado los recursos
suficientes para atender el gasto
público. Resulta, así mismo incuestionable, que
la realidad (social, cultural-política, económica)
tenga un enorme peso sobre las decisiones que deban tomarse en el
plano de la tributación.

Más aún, no podemos desconocer el impacto
que dichas decisiones tienen sobre la vida cotidiana de los
ciudadanos. El efecto político de las decisiones que el
Estado toma en esta materia,
necesariamente debe plantear una discusión profunda sobre
el contenido ético de las decisiones que se
toman.

Es interesante llamar a la reflexión sobre el
hecho de que en la última década en Venezuela han
habido cambios en las leyes
tributarias, básicamente determinadas por la necesidad
inminente del Estado de proveerse de recursos para financiar la
gestión fiscal, quebrantar la dependencia de sus presupuestos
del ingreso petrolero y superar la tendencia, creciente y
sostenida, al déficit fiscal. Pero en estas reformas no se
ha entrado a considerar las cuestiones éticas que se han
tenido en consideración en el presente trabajo, sin
embargo comienzan a darse algunos atisbos que pretenden o
proponen el establecimiento de un proceso
crítico en relación al tema que se ha tratado en
este documento.

Jurisprudencia

En fecha 19-05-2003, el Tribunal Supremo de Justicia ha
declarado la inaplicación del Impuesto al Valor
Agregado a los Servicios
médicos-asistenciales, odontológicos, de
cirugía y hospitalización, prestados por entes
privados establecidos en la Ley de Reforma Parcial de la Ley que
establece el Impuesto al Valor
Agregado publicada en la Gaceta Oficial Nº 506
Extraordinaria, del 26-08-2002 y reimpresa por error material en
la Gaceta Oficial Nº 5061 Extraordinaria del 30-08-2002.
Dicha inaplicación se hará efectiva a partir del
primero de enero del 2003, esta decisión fue el resultado
de una acción
de amparo
interpuesta por el Colegio de Médicos del Distrito
Metropolitano de Caracas, en tanto que señaló el
Presidente de la Sala, que "el acto normativo accionado al gravar
los servicios médicos-asistenciales, odontológicos,
de cirugía y hospitalización de carácter
privado con un impuesto al valor agregado, afecta a un
considerable sector de la población que acude a los mismos
por no existir un servicio
público que los preste de forma eficiente, y su
concreción a través de la norma, constituye una
amenaza inminente de daño
real al derecho y garantía a la salud, estableciendo al
propio tiempo una evidente desigualdad entre las personas que
acuden a requerir tales servicios a entidades públicas y
los que se ven constreñidos, por ineficiencia de aquellos,
a acudir a servicios privados, debido a la carencia u
omisión por parte del Estado de cumplir las obligaciones
contenidas en los artículos 83, 84, 85, 86 y 117
constitucionales". El Presidente de la Sala agregó que la
situación planteada supone una amenaza inminente de
lesión al derecho a la igualdad y a la no discriminación ante la ley, "la cual se
hace mas patente, cuando en virtud de lo cuantioso de la
contraprestación que originan los servicios
medico-asistenciales, odontológicos, de cirugía y
hospitalización provistos por el prestador privado, dada
la inexistencia práctica del sistema de seguridad social
en nuestro país, adicionalmente pudieran generarse
situaciones en la que los particulares no puedan acceder al
sistema privado de prestación de salud por la
imposibilidad de cancelar un tributo, cuestión que esta
Sala juzga inaceptable dentro de un modelo
constitucional que enmarca el texto fundamental" (Sentencia de la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Ponencia
del Magistrado Antonio García García).

Además de esto otros órganos del poder
público nacional, concretamente la Asamblea Nacional
están considerando o discutiendo la posibilidad de excluir
de la aplicación de dicho impuesto mencionado a los
productos
cárnicos y otros artículos que integran la cesta de
consumo
básico de la población.

Ello demuestra, de alguna manera el reconocimiento por
parte de órganos significativos del Estado de los
principios doctrinarios constitucionales a los que hemos hecho
alusión en el presente trabajo, los cuales de alguna
manera y de acuerdo como se vayan explicitando en el proceso
legislativo y jurisprudencial contribuirán a sustentar
nuestra reflexión.

Ciertamente, es imposible desconocer la necesidad de los
Estados, Municipios, y la República de procurarse por
medio del ejercicio de su potestad tributaria los recursos
necesarios y suficientes para financiar su gestión
presupuestaria.

No obstante, tampoco puede desconocerse el hecho de que
el desempeño de dicha facultad o cualidad debe
estar sujeta a determinadas limitaciones constitucionales,
legales y como se ha reflexionado en el presente documento
éticos, indudablemente vinculadas con el ejercicio de la
justicia tributaria, ya reconocidas a través del ejercicio
jurisprudencial como se ha indicado en el texto del presente
trabajo, las cuales no han dejado de ser motivo de
discusión en el plano teórico académico y
jurisprudencial.

La Constitución de un país declara, la
estructura de valores que lo informan, establece desde su
preámbulo, las bases del Sistema Hacendístico y
Tributario, que en parte expresa las bases sobre las cuales se
sustenta y contribuyen al momento original de la
construcción de la estructura básica de la
Sociedad. En todo caso, en el marco de nuestro análisis, significa que establecen los
principios que orientan el orden socioeconómico en un
momento y país determinado. El equilibrio entre el orden
socio-económico constitucional y los principios que
soportan el sistema tributario, devienen determinados de la
voluntad que constituye el momento básico fundamental de
configuración que determina el esquema de sociedad que se
pretende realizar en un momento determinado.

La manera como esa sociedad logre que ese pacto social,
dibujado en su Constitución se exprese y se haga efectivo
en el plano real, depende en primer lugar de el diseño
de políticas adecuadas, de instituciones claramente
definidas, de instrumentos normativos que expresen las
políticas diseñadas y adecuadas al pacto
constitucional constituyente (momento original) y que permitan,
posibiliten y fomenten por una parte la participación ciudadana de manera que en
última instancia es muy importante el ejercicio ciudadano
que reclame, mediante los mecanismos e instancias constitucional
y legalmente establecidos, el cumplimiento de los valores
pautados en el momento original y por la otra la
concretización e implementación de un esquema claro
y eficiente de las finanzas
públicas en sus dos planos, tanto en cómo el
Estado se procura los recursos para financiar, así como la
forma en que los utiliza para realizar en la práctica el
gasto público, y que procure en definitiva cada vez
más la igualdad en la participación de las
oportunidades y decisiones en la gestión pública a
los ciudadanos que en definitiva permitan fundamentalmente el
ejercicio democrático y por tanto, la construcción
del modelo establecido en la Constitución.

¿Qué es
la democracia?

Democracia es una forma de organización de grupos de
personas, cuya característica predominante es que la
titularidad del poder reside en la totalidad de sus miembros,
haciendo que la toma de
decisiones responda a la voluntad colectiva de los miembros
del grupo.

En sentido estricto la democracia es
una forma de gobierno, de
organización del Estado, en la cual las decisiones
colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de
participación directa o indirecta que le confieren
legitimidad a los representantes. En sentido amplio, democracia
es una forma de convivencia social en la que los miembros son
libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de
acuerdo a mecanismos contractuales.

La democracia se define también a partir de la
clásica clasificación de las formas de
gobierno realizada por Platón
primero y Aristóteles después, en tres tipos
básicos: monarquía (gobierno de uno), aristocracia
(gobierno "de los pocos" para Platón), democracia (gobierno de la
multitud para Platón y "de los más", para
Aristóteles).

Hay democracia directa cuando la decisión es adoptada
directamente por los miembros del pueblo. Hay democracia
indirecta o representativa cuando la decisión es adoptada
por personas reconocidas por el pueblo como sus representantes.
Por último, hay democracia participativa cuando se aplica
un modelo político que facilita a los ciudadanos su
capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan
ejercer una influencia directa en las decisiones públicas
o cuando se facilita a la ciudadanía amplios mecanismos
plebiscitarios. Estas tres formas no son excluyentes y suelen
integrarse como mecanismos complementarios.

El modelo del ejercicio político implícito
en la construcción del SSXXI es la democracia
revolucionaria. Esto es el modo de ejercer los derechos
ciudadanos, consagrados en la Constitución Bolivariana,
para dirigir la sociedad con base en el cambio de
estructura que lo sustentan sus tres postulados fundamentales:
(I) el bien común (cambio en las relaciones sociales),
(II) la participación directa (cambio en las relaciones de
poder) y (III) la producción social (cambio en las
relaciones de producción). La democracia revolucionaria es
diametralmente opuesta a la democracia representativa, pero es
sinónimo de democracia directa. Busca la democracia
revolucionaria establecer el poder popular que es en
última instancia la razón de ser del proceso
revolucionario. El poder popular se basa en la transferencia de
la toma de decisiones al pueblo organizado.

Cuando el pueblo de manera consciente, estructurado en
unidades socialistas planificadas y siguiendo las metas que
trazan los proyectos para la
emancipación soberana del colectivo, se asciende a un
nuevo estadio en la evolución de la sociedad. Esta
acción se traduce en participación directa lo que
significa que la dirección del gobierno, las líneas
maestras (tácticas y estratégicas) que definen el
rumbo de la República y la concepción
filosófica del ser para el ejercicio político, lo
determina el mismo pueblo sin la intermediación de entes
colaterales o de intermediación. Esencia, pues, de la
democracia directa. Nada fácil de alcanzar, pero es la
lucha que libra hoy el Proceso Revolucionario.

La democracia directa o democracia revolucionaria, que
para mi es lo mismo, requiere de consciencia, capacidad de
asimilación, voluntad y constancia del colectivo
revolucionario para poder sustituir la cultura
representativa arraigada en nuestro pueblo. Lo representativo se
traduce en clientelismo, pragmatismo y
consumismo atado al ejercicio del poder de las cúpulas. Es
por lo tanto exclusión, sectarismo, cogollismo y
pragmatismo corruptor. Por ser usufructuaria, la
representación niega la participación de la gran
mayoría, generando su alienación, lo que se traduce
en la pérdida de la consciencia crítica. Es, en última instancia, la
contrarrevolución, ya que no busca el cambio de estructura
de la sociedad, sino por el contrario aferrarse a la
manutención estructural. Su práctica es la
sustitución de los hombres o mujeres que administran o
dirigen el aparato del Estado y de las instancias de mando de la
sociedad, pero sin cambiar la estructura
social.

El Proceso Revolucionario, cuya meta es la
consolidación de la revolución, sí tiene que buscar el
cambio de estructura. Si no lo busca y, por lo tanto, no lo
alcanza entonces no es revolución. Es sencillamente
continuar con la representación y el sostenimiento de la
cúpula como ente de dirección. De allí que
la democracia revolucionaria como sinónimo de democracia
directa y medio para la práctica del Socialismo, tiene
por fin el establecimiento del poder popular. Debemos saber que
el poder popular, concepto usado
como muletilla propagandística y el cual no es lema ni
debemos abusar de su empleo emulando a quienes lo minimizan;
decía, el poder popular es el ejercicio directo del pueblo
organizado que se deriva de la acción colectiva,
consciente y planificada, para dirigir la República sin
operadores políticos.

Entonces, dada la importancia de digerir estos conceptos
y actuar, tenemos como responsabilidad primaria estudiarlos y
asimilarlos para hacerlos parte de nuestra cotidianidad
cognitiva. Debemos adquirir el hábito de la lectura,
del análisis minucioso sostenido por medio de la
relación de datos y hechos
observables. Debemos cosechar un pensamiento
sólido producto de nuestra capacidad de discernimiento y
de la suma de juicios propios. Es una obligación del
líder
de grupos y comunidades, así como un compromiso con
nosotros mismos, asimilar la nueva conceptualización que
nos trae la búsqueda revolucionaria para cambiar la
estructura social. Los Círculos de Estudio y Trabajo
recientemente lanzados a la luz
pública como esencia del motor Moral y luces
tienen que alcanzar esta meta. Si el esfuerzo que hace el
Ejecutivo no se asume con disciplina y
por lo tanto no se crean estos Círculos no podrá
establecerse la democracia revolucionaria. Sin esperar más
instrucciones ni convocatoria de líder alguno, hay que
materializar lo que indica el Presidente: los Círculos de
Estudio. Esta es la vía para sembrar la democracia
revolucionaria.

Poder
Popular

El poder popular es una propuesta para la
construcción del socialismo marxista o del socialismo
democrático mediante un modelo de democracia participativa
y protagónica en la que se sustentaría la
organización del Estado socialista.

Se basa en la voluntad general (soberanía popular) y consiste en dos
ejercicios, el directo y el indirecto:

• El primero es la transferencia de competencias desde
  el gobierno a la comunidad organizada en consejos locales
  electos en asambleas populares.

• El segundo es a través del sufragio, tanto
  para la elección de representantes a las distintas
  instancias del poder popular, como para la toma de decisiones
  trascendentales en los diversos tipos de referéndum
  disponibles en cada legislación nacional.

Las instancias del Poder
Popular

Las asambleas de ciudadanos se multiplican en todo el
país y van especializándose en función de
la agenda política que estructuran, que tocan elementos
locales, pero además sectoriales, regionales, nacionales y
de política de Estado, se analiza el aspecto global de la
lucha que nos une y nos funde con un proceso mundial que se gesta
como respuesta y propuesta contra el neoliberalismo
globalizador y se realizan amagos de concretar mayores niveles
que transformen esta experiencia política en un verdadero
Poder Popular. Este nuevo Estado, pasa por definir las funciones del
Poder Popular para el ejercicio del poder emergente: funciones de
control social
sobre la gestión formal de los poderes constituidos,
funciones de planificación que obliguen a los actores
formales del proceso a estimar áreas de acción
social, política y económica vista desde la
perspectiva popular. Funciones en el orden de la iniciativa
legislativa que actualice el marco normativo en función de
profundizar el proceso e impida a la reacción retrotraer
los avances alcanzados en materia de leyes.

La construcción del Poder
Popular

Es importante aceptar la condición revolucionaria
del gobierno, o de los conductores fundamentales del gobierno
(aún con los errores que se hayan cometido), porque caso
contrario podríamos derivar en posiciones como las de
Bandera Rosa u otras parecidas, de esos extremos que se tocan.
Este es un presupuesto
básico a considerar en un análisis que apunte a
buscar salidas a la insuficiencia del desarrollo y reconocimiento
del poder popular.

Las fórmulas que se han intentado para optimizar
la participación popular han sido de corte ejecutivo,
direccionadas de arriba hacia abajo, apuntan a favorecer (aunque
no sea esa su intención) estructuras de partidos,
llámense MVR, PPT, PCV, MBR-200, Comando Político
de la Revolución, Polo Patriótico, Partido
Único y así por el estilo. La única
experiencia distinta, y por eso la más exitosa, la
constituyen los Círculos Bolivarianos, sobre los cuales no
existe un control de mediación, aunque todavía no
han pasado a un estadio mayor de coordinación y generación de
políticas de orden macro.

Por otro lado, las organizaciones
populares debaten mucho sobre cómo resolver la
coordinación de acciones sin
perder autonomía y sin caer en los vicios que se le
critican a los partidos, la burocratización de sus
cuadros, el secuestro de los
poderes y el uso utilitarista de sus proyectos y esfuerzos
comunitarios. La organización popular busca formas de
eliminar las mediaciones y generar respuestas políticas
democráticas, de la nueva democracia. Las asambleas
populares discuten situaciones locales, pero poco a poco han
derivado el debate a
cuestiones de poder, cuestiones de Estado. En este ejercicio
reconocen sus a aliados y a sus enemigos y se validan los
liderazgos que sirven mejor a esta política, a la socialización de la
política.

De esta experiencia asamblearia han nacido propuestas de
gobierno popular, de las cuales recogemos algunas, tratando de
hacer una síntesis
que nos permita elaborar un plan, una agenda
y las acciones correspondientes al desarrollo de estas
propuestas.

El papel del Estado
venezolano en la economía

La idea de un Estado no interventor en la
economía se ha establecido como principio neoliberal, pues
bajo éste enfoque sólo debe centrarse en servir de
regulador para que el mercado actúe "según el libre
juego de la
oferta y la
demanda". Sin
embargo, ha sido comprobado empíricamente que algunos
mercados
especialmente los de países menos desarrollados, no
funcionan eficientemente (esquema demanda-oferta), por lo que
necesitan de la intervención estadal para poder corregir
los desequilibrios producto de las imperfecciones del
mercado.

Muchas de esas imperfecciones del mercado se centran en
los monopolios tanto de producción como de comercialización entre otros, originando en
gran medida perjuicios para la sociedad en general. Incluso la
doctrina neoliberal imperante sostiene que para que una
economía progrese necesita de una pujante
liberalización y nula intervención del Estado,
así lo revelan las pautas para la intervención en
las diferentes organizaciones multilaterales (OMC, FMI, TLCAN,
ALCA en
negociación).

Paradójicamente, existen muestras latentes de
países que han conseguido ciertos niveles de desarrollo
mediante la activa injerencia estadal. Por ejemplo, durante el
siglo XIX algunos Estados tomaron un gran papel en el
desenvolvimiento económico, tal es el caso de los EEUU,
cuando el gobierno federal interpretó una
disposición constitucional que le permitía regular
el comercio entre
los estados; además fijó sueldos mínimos;
reguló el sistema
financiero; promovió algunas industrias como
la del telégrafo e incentivó otras como la
agricultura, cosa que perdura de cierta forma en la actualidad, a
través de algunos subsidios que rondan los 100 mil
millones de dólares anuales.

Recientemente el llamado milagro asiático
reveló que el papel del Estado era esencial, lejos de lo
que en términos neoliberales se expresa. La experiencia
asiática, no guiada completamente por normativas
multilaterales, fue impulsada por la forma en que el Estado
guió y perfiló al mercado. En el este
asiático se combinaron las altas tasas de ahorro, las
inversiones en
educación y la política industrial (medidas
orientadas a contribuir con determinados sectores productivos de
la economía, principalmente el industrial, tomadas por el
gobierno) dirigidas por el Estado. El desarrollo promovido por
los Estados del Este Asiático fue resultado de una fuerte
conciencia de la
necesidad de la estabilidad económica y de la importancia
del comercio. Las liberalizaciones comerciales se hicieron
gradualmente después de haber generado todo un tejido
socioeconómico que permitiera una apertura sin mayores
consecuencias.

En la actualidad, en Venezuela se difunde por algunos
medios masivos
que el Estado "desea convertirse en empresario para desplazar y
destruir al sector privado del país en sus funciones
dentro del aparato productivo nacional", y esto es, según
algunos "expertos", la razón de las medidas de control
cambiario y de precios
adoptadas por el Gobierno Bolivariano. Sin embargo, no se hace
ninguna observancia al efecto dinamizador promovido por el Estado
venezolano representado en el Ejecutivo nacional al sector de las
pequeñas y medianas industrias (Pymis) a través de
las compras
gubernamentales; de la inserción de las comunidades
organizadas en las actividades productivas mediante las cooperativas;
de los convenios binacionales pautados con Colombia y
Brasil; de la
reactivación de la construcción; del desarrollo de
varias vías ferroviarias (únicas en Latinoamérica); entre otras.

El Estado venezolano de hoy, signado por valores
bolivarianos de integración, solidaridad e igualdad, no
pretende destruir el aparato productivo nacional privado, por el
contrario fomenta la capacidad productiva desde perspectivas
integrales y
sociales, tales como la del desarrollo establecida en la
Constitución.

El Gobierno Bolivariano respetuoso de la libertad
económica, persigue disminuir los desequilibrios y
desigualdades existentes dentro de su población, para
arribar a mejores niveles de bienestar social general. Por ello,
Venezuela, bajo la concepción bolivariana, pretende
sustentarse en un desarrollo endógeno, que potencie cada
una de las capacidades del país, generando soluciones
para mejorar la calidad de
vida de su población, sin desprenderse del entorno
internacional y así constituir unidades internas de
producción generadoras de empleo, bienes y
servicios en función de la sociedad. Por ejemplo,
recientemente Venalum y CVG iniciaron varios proyectos de
desarrollo endógeno contando con la participación
activa de la comunidad.

El Estado venezolano cumple un rol esencial al
contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida de
todos los venezolanos (as), además de regular el
funcionamiento de un mercado que no corresponde a la
transparencia en su funcionamiento, puesto que todos los agentes
económicos no tienen el mismo peso dentro de la estructura
productiva, lo cual se hace claro ante la influencia de las
grandes comercializadoras que son intermediarias entre los
productores primarios y los consumidores finales.

Lo que busca el Estado venezolano es, al igual que otros
a nivel mundial, procurar las condiciones idóneas para que
en su debido momento la economía y la sociedad en general
estén preparadas para determinados cambios, principalmente
los que imperan a escala planetaria
(competitividad, liberalización amplia de
mercados de capitales, bienes y servicios). De otra forma
aumentaría la desigualdad y por ende de la
pobreza.

Sustentabilidad de la
economía venezolana en la actualidad

Venezuela, de acuerdo a las políticas
económicas y sociales implementadas por el gobierno, se
encamina hacia la sustentación de un modelo
económico que perdure por "los siglos de los siglos". Un
sistema donde prevalezca el beneficio colectivo, con el
rompimiento paulatino de la división social del trabajo,
asegurando la planificación y las decisiones de
producción por parte de los trabajadores en un ambiente
dominado por la mayor igualdad entre todos, lo cual echará
por tierra la
lógica
de la acumulación que es reproducida por el capitalismo en
sus diferentes variantes.

Para la consecución de este objetivo se
han tomado decisiones trascendentales que inciden en el
desarrollo integral del país, tal es el caso de mudar la
sede donde descansan parte de las reservas venezolanas en
diferentes monedas de bancos
estadounidenses a la banca Suiza, con
el propósito de romper con las relaciones de dependencia
que se establecieron con los Estados Unidos
desde los años 40, con la aparición de las primeras
refinerías de petróleo en el país. Igualmente
importante es el hecho de desarrollar tanto la industria como la
agroindustria, para asegurar la soberanía alimentaria de
todos los ciudadanos venezolanos, al mismo tiempo que se promueve
el desarrollo de las potencialidades de cada región, a lo
que se ha llamado desarrollo endógeno, lo cual trae como
beneficio que las personas generen actividad productiva y tengan
en el trabajo un
elemento integral en beneficio de sus condiciones
socioeconómicas, en contra de la idea enajenante del
trabajo asalariado con fines reproductores del consumismo y el
capital.

El petróleo
en la economía venezolana

Desde el estallido del pozo Zumaque en el Estado Zulia
en 1914, el
petróleo pasó a ser el principal generador de
recursos para el país. Sin embargo, éste no era
utilizado para satisfacer las necesidades más elementales
del pueblo, lo cual benefició a un sector de la
población que a cuestas de estos grandes recursos se
constituyó en una nueva clase social:
la burguesía; quienes controlaron más del 90 % de
la economía. Todo este entramado perverso de
enriquecimiento ilícito cambió con las nuevas
políticas insertadas por el gobierno, dando preponderancia
a la creación de programas
sociales de diferente índole y propósito, llamados
"misiones sociales". En todo caso, los recursos obtenidos
producto de la extracción y refinación
del petróleo pasaron a ser invertidos en mejorar las
condiciones de vida del pueblo, en proveer de educación a
todos los ciudadanos incrementando la cantidad de escuelas y la
creación de nuevas universidades (Universidad
Bolivariana de Venezuela).

Importante es también el apoyo que se le brinda
con estos recursos al sector agrícola y al campesinado en
general, en aras de la autosustentación alimentaria
produciendo para satisfacer las necesidades y la demanda de
alimentos del
país.

Política fiscal e
inflación

La política
fiscal está dentro del esquema de recaudación
de impuestos al
sector empresarial privado y público, donde PDVSA como
principal industria venezolana hace aportes necesarios en materia
fiscal, en un esfuerzo por adecentar la contribución en
materia de impuestos que otrora estuvo marcada por la
permisividad con el sector privado, provocando que muchas de
estas empresas evadieran impuestos de manera complaciente y
grosera. Igualmente, se ha bajado de forma moderada y
sistemática la alícuota del IVA (impuesto
al valor agregado), estando en la actualidad en 9 %, con una
serie de productos de la cesta básica exonerados del mismo
para no limitar al ciudadano común del acceso a ellos. Sin
embargo, este tipo de políticas tiene y debe estar dentro
del marco transitorio que rige el paso de una economía
capitalista con intervención del Estado hacia una de
carácter socialista, donde la participación del
pueblo en todos sus niveles sea el factor dominante de la misma,
rompiendo con el orden capitalista establecido y garantizando la
autodeterminación política, social y
económica de Venezuela

En materia inflacionaria, ha quedado demostrado que
parte de ella se presenta debido a factores estructurales de la
economía, en vista de la dependencia aún del sector
privado en materia alimentaria, ocasionando en oportunidades
desabastecimiento "ficticio" con fines políticos. Por otra
parte, se encuentra el hecho de que con el aumento del PIB y por
ende, de la capacidad de consumo del venezolano, la demanda de
productos y servicios se dispara, trayendo como consecuencia que
al no tener la capacidad productiva suficiente se recurra a las
importaciones
para poder suplir las deficiencias.

Finalmente, hay que reconocer que el país en
materia económica está orientado hacia una nueva
forma de generar economía, para lo cual los consejos
comunales serán parte imprescindible para ello, no
obstante, el esquema capitalista en donde se mueve la
economía se mantiene, lo que obliga a convivir entre la
oferta y la demanda o el "libre juego del mercado"; la tarea
consiste en consolidar los espacios de participación que
se tienen, traducido en consejos comunales, los cuales
formarán parte de la nueva estructura económica en
la medida en que estos logren generar su propia economía o
áreas productivas. El país debe desarrollar
diferentes áreas en materia productiva, entre ellas la
tecnológica y la agroindustria, lo que ayudaría a
reducir los niveles de dependencia del capitalismo
mundial.

Las políticas económicas, con sus errores
implícitos, se enfila hacia estadios superiores de
bienestar, consolidarla y diversificarla es la principal tarea a
cumplir.

¿Qué es
el desarrollo endógeno?

Desarrollo endógeno es un modelo de desarrollo
que busca potenciar las capacidades internas de una región
o comunidad local; de modo que puedan ser utilizadas para
fortalecer la sociedad y su economía de adentro hacia
afuera, para que sea sustentable y sostenible en el tiempo. Es
importante señalar que en el desarrollo endógeno el
aspecto económico es importante, pero no lo es más
que el desarrollo integral del colectivo y del individuo: en
el ámbito moral, cultural, social, político, y
tecnológico. Esto permite convertir los recursos
naturales en productos que se puedan consumir, distribuir y
exportar al mundo entero.

En una organización de este tipo existen
individuos o recursos
humanos idóneos en alguna rama del conocimiento y
están dispuestos a poner ese conocimiento al alcance de
los otros miembros de la organización, con el
propósito de la transferencia tecnológica
voluntaria para el crecimiento de todos. Esto redunda en el
fortalecimiento, amplitud, integración y desarrollo de las
capacidades individuales y en consecuencia la formación
natural de equipos multidisciplinarios de trabajo que cooperan
para el desarrollo armónico de la organización en
un ambiente sistémico, simbiótico y
sinérgico.

Hay otra visión sobre el desarrollo
endógeno que lo presenta como una pregunta sobre los modos
en que una comunidad puede desplegarse (des-arrollarse) en
armonía con su entorno, entendiendo que este despliegue
pasa por garantizar el despliegue de todos los seres humanos que
forman parte de esa comunidad. En este sentido, el ser humano
pasa de ser objeto de desarrollo a ser sujeto de
desarrollo

Características del desarrollo
endógeno

El desarrollo endógeno en primer
lugar es una alternativa ante el modo de vida integral implantado
en la mayor parte del mundo basado en el dominio del
mercado mundial representado en las grandes transnacionales
petroleras tecnológicas y alimenticias, es una
opción ecológica ante este modo de vida aniquilador
y depravante donde se puedan integrar todos los elementos de una
sociedad en torno a si misma.
El desarrollo endógeno busca reconvertir la
cosmovisión artificial creada por el neocolonialismo y el
consumo irracional y cambiarlo una visión centrada en
valores comunitarios que hagan mirar a las personas a su entorno
local.

Uno de los objetivos principales de la aplicación
del modelo de desarrollo endógeno es fomentar y establecer
una sociedad capaz de contener en si misma los modos y medios de
producción necesarios para cubrir la necesidades
básicas y ampliadas de las personas que la integran,
mediante la implementación de una serie de estrategias
endogenizadoras que influyan lo cultural, lo económico, lo
educacional y el uso e invención de tecnología.

A través del desarrollo endógeno se le
otorga poder a las comunidades organizadas para que desarrollen
sus potenciales agrícolas, industriales y
turísticos de sus regiones; se reintegran todas aquellas
personas que fueron excluidas del sistema
educativo, económico y social por los gobiernos
precedentes; se construyen redes productivas donde los
ciudadanos participen activamente en igualdad de condiciones y
disfruten un fácil acceso a la tecnología y
el
conocimiento; se le ofrece a las comunidades y a la gente
común la infraestructura del Estado que había sido
abandonada tales como los campos industriales, maquinarias y
tierras inactivas, con el objeto de generar bienes y servicios
por y para los mismos ciudadanos.

Sustentado en las capacidades y potencialidades locales,
el desarrollo endógeno posibilita el control local, la
toma local de decisiones y la retención local de
beneficios (culturales, económicos, educativos,
sociales…). De esta forma, es una ventana de oportunidad para
la generación de capacidades en las comunidades que van
mucho más allá de las económicas.

Objetivos

* Promover, garantizar y fomentar el desarrollo
armónico y coherente de las políticas, planes y
proyectos del Ejecutivo Nacional, para el desarrollo
endógeno, la economía comunal, colectivos y
solidarios.

* Coordinar acciones con los demás organismos del
Poder Público, directa o indirectamente vinculados a los
objetivos del Fondo, en especial con aquellos cuyas competencias sean
necesarias para garantizar la profundización y
consolidación del desarrollo endógeno.

* Promover la formación y asistencia necesaria a
las organizaciones de la economía comunal y solidaria,
para afianzar su desarrollo y consolidación como base
fundamental y primaria del sistema económico
nacional.

* Promover el uso eficiente y responsable de los
recursos que se otorguen para el financiamiento
de planes y proyectos para el desarrollo
endógeno.

* Promover y contribuir con la capacitación y formación de las
organizaciones de la comunidad y de la economía solidaria,
impulsando su participación corresponsable en los planes y
proyectos de desarrollo endógeno, así como en la
contraloría social responsable.

* Financiar planes y proyectos destinados a fortalecer
la estructura y la capacidad productiva nacional, a través
de organizaciones de la comunidad y de la economía comunal
y solidaria, en concordancia con las políticas y planes
que dicte el Ejecutivo Nacional sobre la materia.

El desarrollo endógeno es una opción
estratégica que representa una aproximación que
pretende avanzar en la fórmula de un enfoque distinto del
neoliberalismo. Se da en este enfoque especial importancia a los
recursos productivos como el trabajo, la tierra, los
recursos naturales y la tecnología; partiendo de las
potencialidades propias se postula que cada región puede y
debe buscar nuevas maneras de inserción en un contexto
nacional difícil pero no impenetrable.

La característica principal del paradigma
neoliberal es su concentración en los equilibrios micro y
macroeconómicos de corto plazo de los principales agentes
económicos en los diversos mercados, suponiendo constantes
la tecnología, la población, los recursos naturales
y el medio
ambiente; los valores y patrones de comportamiento
culturales, las estructuras de poder, las relaciones
internacionales, las instituciones y las relaciones sociales.
Pero estas son justamente las principales variables de
mediano y largo plazos del desarrollo económico y
social.

El modelo endógeno busca la implementación
de una estrategia
autóctona de desarrollo que impulse una economía
solidaria orientada a las necesidades del colectivo y a los
mercados nacionales, por ende, que impulse la defensa y
valorización del capital natural, cultural y patrimonial;
la defensa del capital social y democrático; es decir, la
importancia del fortalecimiento de las instituciones
públicas, el fomento de la participación ciudadana
en el espacio municipal, regional y nacional, la defensa del
capital humano
mediante la mejora del acceso a la educación, a la
nutrición
y a la salud. Por ello, el capital económico debe
generarse desde dentro en función a las necesidades
internas de empleo y crecimiento, programas territoriales que
atiendan a ventajas comparativas, servicios de apoyo a la
producción, acceso a los mercados de los pequeños y
medianos productores, fomento a la innovación productiva de calidad, a la
gestión eficaz y acceso al crédito.

Las estrategias del desarrollo endógeno (desde
dentro), permitiría entonces colocar los fenómenos
nacionales en su justa perspectiva histórica e
internacional, y aumentaría en general la capacidad para
superar los ideologismos, los enfoques tecnocráticos
estrechos y el economicismo.

Políticas
públicas y coordinación
macroeconómica

Las políticas públicas son la disciplina
de la ciencia
política que tiene por estudio la acción de las
autoridades públicas en el seno de la sociedad, aunque en
su diseño e implementación técnica confluyen
otras disciplinas como el derecho, la economía, la
sociología e incluso la ingeniería y psicología. La
pregunta central de las políticas públicas es:
¿qué producen quienes nos gobiernan, para lograr
qué resultados, a través de qué
medios?

En un estado de
derecho, las políticas públicas deben ser la
traducción de las leyes de una determinada
materia regulación, educación, desarrollo
social, salud, seguridad pública, infraestructura,
comunicaciones, energía, agricultura, etc.
Éstas deben buscar el logro de los objetivos planteados en
el documento de política pública.

Las principales áreas de análisis de las
políticas públicas son:

• El desarrollo social

• La economía, la infraestructura y
  expansión de las vías generales de
  comunicación, de las telecomunicaciones, del
  desarrollo social, de la salud y de la seguridad
  pública, entre otras.

• Los planes de desarrollos anuales, quinquenales,
  etc.

• Los presupuestos anuales de los estados y las
  administraciones autonómicas y municipales

• La administración pública o sistema
  burocrático y sus planificaciones

• Los tratados internacionales y las declaraciones de
  principios de los estados individuales o unidos en
  agrupaciones regionales: Naciones Unidas, América
  Latina, Unión Europea, etc., con énfasis en la
  cohesión social y la gobernabilidad para desarrollos
  integrales o totales.

Revolución bolivariana: "La
nueva etapa" EL NUEVO MAPA
ESTRATÉGICO 

El presente documento contiene los objetivos
estratégicos definidos por el Señor Presidente de
la República en el marco de la Nueva Etapa de la Revolución
Bolivariana, así como el listado de objetivos
específicos y herramientas
presentados por las mesas de trabajo en el taller de alto nivel
del pasado 12 y 13 de noviembre de 2004.

LOS DIEZ GRANDES OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS 

• Avanzar en la conformación de la
  nueva estructura social

• Articular y optimizar la nueva
  estrategia comunicacional

• Avanzar aceleradamente en la
  construcción del nuevo modelo democrático de
  participación popular

• Acelerar la creación de la 
  nueva institucionalidad del aparato del Estado

• Activar una nueva estrategia integral y
  eficaz contra la corrupción

• Desarrollar la nueva estrategia
  electoral

• Acelerar la construcción del
  nuevo modelo productivo, rumbo a la creación del nuevo
  sistema económico

• Continuar instalando la nueva
  estructura territorial

• Profundizar y acelerar la
  conformación de la nueva estrategia militar
  nacional

• Seguir impulsando el nuevo sistema
  multipolar internacional

ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MODELO
PRODUCTIVO, RUMBO A LA CREACIÓN DEL NUEVO SISTEMA
ECONÓMICO

En cuanto a la coordinación por parte del Estado
en lo que se refiere a la políticas publicas
macroeconómicas se puede hacer un breve resumen de lo que
en este año (2009) se obtuvo como resultado de la
implementación del los pasos señalados
anteriormente.

Las expectativas en relación al comportamiento de
la economía nacional siempre ha concentrado la atención de la opinión
pública, pues de ello depende en buena medida la
posibilidad de generar bienestar a la población,
así como la estabilidad política del país,
por solo citar dos factores. A la luz de la enmienda
constitucional y la gravísima crisis
económica mundial este tema adquiere una especial
importancia. Es tarea nuestra ubicarlo en su justa
dimensión.

El contexto internacional

La economía
mundial se encuentra en la peor crisis económica de
los últimos 80 años. El dramático derrumbe
de los mercados bursátiles, las agudas perturbaciones
financieras y cambiarias, la quiebra de
emblemáticas entidades del capital financiero imperialista
expresan la incapacidad del capitalismo para solucionar los
principales problemas de
la humanidad.

La economía estadounidense, el epicentro de la
crisis, se encuentra en recesión desde el año 2007
y ha contagiado al resto de la economía global. La
producción desciende en esta primera fase,
fundamentalmente, en los centros imperialistas, el desempleo aumenta
aceleradamente (en 25 millones de personas tan solo en el mundo
desarrollado), se incrementa la inestabilidad financiera, se
multiplican las quiebras de empresas, las expectativas son
crecientemente negativas en el mundo de los negocios…

Como resultado de esto, se han derrumbado los precios de
las materias primas, lo que junto al cierre del financiamiento
externo y la fuga de capitales, conforma el mecanismo de
transmisión de la crisis a la periferia. En lo social, la
consecuencia será el aumento de la pobreza y las
desigualdades.

El precio del
petróleo y las finanzas
públicas

Esto plantea la interrogante acerca del impacto real de
la crisis global en nuestro país. En nuestra
condición de economía petrolera no será
posible eludir sus efectos. La reducción de la demanda de
crudo ha golpeado los precios petroleros, descendiendo de US$ 147
el barril a menos de US$ 40 el barril, obligando a la OPEP a recortar
su producción en más de US$ 4 millones
diarios.

En lo fiscal, se puede apreciar que actualmente existe
una brecha importante entre el precio petrolero fijado para el
diseño del presupuesto del 2009 (US$ 60 el barril) y el
precio actual que ronda los US$ 35. Esta situación, sin
embrago, no se mantendrá invariable a los largo del
año 2009. Frustrando los deseos de la oposición, el
precio petrolero se recuperará, confirmando la tesis
ampliamente reconocida de que los tiempos del petróleo
barato son parte del pasado. Se estima que superadas las
turbulencias iniciales y limpiado el efecto especulativo que
llevó el precio del crudo a niveles históricos,
este se estabilice rondando los US$ 70 el barril.

En el peor de los casos se podrán presentar
problemas de flujo de caja
los primeros meses del año, que perfectamente se
podrán confrontar con los ahorros acumulados en diversos
Fondos Financieros (Fonden, etc.) que superan los US$ 25
millardos. Incluso, en caso de extrema emergencia se pudieran
adoptar medidas tributarias como el Impuesto a las Transacciones
Financieras, que genera recursos inmediatos y no afecta a los
sectores de menores ingresos. La
afirmación de que se está gestando una crisis
fiscal se confirma como parte de una campaña
mediática desestabilizadora.

El precio del petróleo y el sector
externo

Por otra parte, la caída de los precios
petroleros se traducirá en una disminución de los
ingresos de divisas de
alrededor de un 30%. No obstante, estas entradas serán
suficientes para adquirir las importaciones esenciales y atender
las obligaciones financieras del país.

Es preciso puntualizar, por un lado, que tendremos que
hacer un esfuerzo significativo para reducir los niveles de
importaciones, que actualmente rondan los US$ 48 millardos. Se
están asignando muchas divisas para el consumo suntuario y
un monto significativo que desplaza nuestra producción. Se
tendrán que privilegiar las importaciones de alimentos,
medicinas, insumos y bienes de capital que no se producen
internamente. No solo se trata de una respuesta a la reducida
capacidad importadora. Más que eso, el problema radica en
la necesidad de sustituir importaciones.

En relación a las obligaciones financieras, parte
de la deuda externa se
ha reprogramado, evitando elevados vencimientos el año
2009. Con 9,1% del gasto público, el servicio de la deuda
externa se ubicó en el nivel más bajo de los
últimos en 35 años. Asimismo, el peso de la deuda
externa en la economía venezolana se ha reducido
sustancialmente, colocándose en menos del 15% del PIB,
como resultado de una estrategia que persigue reducir nuestra
vulnerabilidad externa.

Ante el peor de los escenarios, el país se
encuentra protegido por un elevado nivel de reservas
internacionales (US$ 38 millardos, sin incluir los más de
US$ 25 millardos en diversos Fondos), de las mayores de la
región, producto de los elevados precios petroleros de los
últimos dos años, así como del control de
cambios que frenó la fuga de capitales. Este cuadro refuta
las matrices
mediáticas y evidencian la solidez de nuestras cuentas externas,
que se consolidarán en el segundo semestre del año,
cuando se estabilicen los precios del crudo.

¿Ajuste o crecimiento
económico para el 2009?

La adecuación de las políticas
económicas al entorno externo es algo absolutamente
natural en la conducción de un país, tanto en
épocas de crisis como de otro signo. Ante el cuadro
mundial de crisis es obvio que tendremos que instrumentar
correctivos. Este escenario ha animado a la oposición a
anunciar inminentes y severos ajustes económicos, como los
del FMI, con el claro propósito de crear un clima de zozobra
y, con ello, minar el amplio apoyo popular de la enmienda. Ante
esto, tenemos que ratificar categóricamente que la
aplicación de los programas de ajuste fondomonetaristas
queda totalmente descartada. No nos plegaremos a la agenda de las
transnacionales ni instrumentaremos medidas que castigan a los
sectores populares. Si llegásemos a caer en una crisis
económica, situación muy alejada de nuestra
realidad, serán los más poderosos los que
aportarán los recursos para salir a flote. Esta
sería la reacción elemental de cualquier gobierno
comprometido con las masas populares.

Recientemente, la oposición ha recomendado
recortar el gasto público, como lo imponen las recetas
neoliberales. El resultado inevitable sería la
contracción productiva y el empobrecimiento masivo. En
contraste, el gobierno realiza un esfuerzo extraordinario para
expandir su gasto, a los fines de estimular crecimiento
económico.

Como resultado de ello, el año 2009
reportará un crecimiento de aproximadamente 4%, moderado
en relación al quinquenio anterior (más del 10%
interanual), pero muy significativo si lo contrastamos con la
recesión mundial.

Asimismo, se continuará revelando el saldo social
altamente positivo de un modelo de crecimiento económico
al servicio de las mayorías. A raíz de ello
seguirán consolidándose los avances alcanzados en
materia de empleo (bajó de 16,6% a 6,7% entre 1998 y al
2008), salarial (con US$ 372, el salario
mínimo más elevado de América
Latina), educación, salud, en la lucha contra la
pobreza (la pobreza general se redujo de 50,4% a 26% entre 1998 y
el 2008, en tanto que la extrema cayó de 20,3% a 6,1% en
el mismo período), etc.

Pese a los avances, una exigente evaluación
revela espacios para mejorar en las políticas
públicas. Debemos aprovechar estos tiempos de
restricciones para imprimirle mayor eficiencia en la
ejecución del gasto, elevar el impacto de los recursos
públicos empleados con propósitos productivos y
sociales. Para nosotros, el debate no debe girar en torno a si se
reduce o no el gasto, sino en torno a la necesidad de hacerlo
más eficiente. Esto implica una lucha frontal en contra
del burocratismo, la indolencia y la corrupción, que ha sido una bandera de
nuestra revolución.

La Inflación

En la esfera macroeconómica es indispensable
reducir la inflación (31% en el año 2008), que se
encuentra muy lejos de ser satisfactoria. Si bien sus causas son
fundamentalmente de carácter estructural, es
imprescindible diseñar una estrategia antiinflacionaria de
mayor impacto en el corto plazo. Conjuntamente con eficiente
control de precios, con mayor participación popular, que
debe aplicarse con mayor flexibilidad -no permisividad-, debemos
elevar la eficiencia en el gasto y ejercer mayor control sobre
los niveles de liquidez.

Estas medidas tienen que ser complementadas con un mayor
abastecimiento de los mercados domésticos -principalmente
con alimentos producidos internamente- y la
desconcentración productiva que permita quebrar los
monopolios que operan en el país.

La lucha antiinflacionaria es vital para mejorar los
indicadores
sociales, pero también para garantizar la estabilidad
cambiaria. La elevada inflación abarata las compras fuera
del país, generando presiones especulativas. De mantenerse
las tensiones inflacionarias, la devaluación de la moneda se hará
inevitable.

La Industrialización Socialista

En el ámbito estructural destaca la necesidad de
industrializar al país. Sin ello no podremos superar la
dominación imperialista, el subdesarrollo,
el rentismo, condiciones necesarias para transitar al
socialismo.

En ese sentido, se percibe aun la ausencia de una
estrategia integral que plantee objetivos concretos de
diversificación productiva, sustitución de
importaciones, incremento de la productividad en la industria con
impacto en el sector agrícola, fomento de exportaciones,
replanteamiento de los parques industriales, conformación
de cadenas productivas y tecnológicas, redefinición
de las industrias básicas de Guayana, pésimamente
gerenciadas, por solo nombrar algunos aspectos.

Existen planes específicos y objetivos generales
para el desarrollo, pero esto es insuficiente. Se requiere de una
línea de acción integral y coherente, ampliamente
discutida, especialmente por los trabajadores, que se convierta
realmente en política de Estado y concentre todos los
esfuerzos de la sociedad.

Por último, nada de esto tendría
algún significado histórico, si no lo vinculamos
con el desarrollo de nuevas relaciones de producción. En
una revolución, lo nuevo sepulta a lo viejo, que en este
caso se fundamenta en la lógica del capital.

Esta tarea debe concentrar el aspecto medular de nuestro
esfuerzo. Se deben construir unidades productivas de contenido
socialista. En el marco de la industrialización se debe
perfilar claramente una política socialista.

Esto significa, crear empresas de propiedad
socialista, donde la sociedad organizada ejerza la
dirección, los excedentes sean apropiados socialmente, los
métodos de
gestión sean ampliamente democráticos, la
planificación socialista abarque crecientes sectores de la
economía, etc. Esta es una tarea titánica que
requiere de mucha organización y conciencia de los
trabajadores, así como de profundísimas
transformaciones institucionales.

Como podemos observar, tanto las condiciones imperantes
como los objetivos establecidos dibujan un cuadro
económico altamente complejo para el 2009, pero que, sin
embargo, no deja de ser positivo. Y en lo sucesivo, como
resultado de las transformaciones, unas en marcha y la
mayoría en ciernes, será inevitable la
exacerbación de las contradicciones de todo tipo, las
cuales podremos superar sólo profundizando la
revolución. No podemos vacilar, preparémonos para
ello.

Ingreso
público

El ingreso público es toda cantidad de dinero
percibida por el Estado y demás entes públicos,
cuyo objetivo general es financiar los gastos
públicos; se tiene que los ingresos del Estado, e
igualmente los del Municipio, pueden ser ingresos tributarios o
ingresos no tributarios.

Estudio sobre la Ley Orgánica de La Hacienda
Pública Estadal (2004)

Antes de proceder al análisis pormenorizado de
dicha norma, estimo oportuno adelantar que hay tres aspectos de
ella que merecen particular y ponderada
consideración.

En primer lugar, dicho texto legal intenta
inconstitucionalmente habilitar un procedimiento
para que bienes inalienables del dominio público de la
Nación
sean considerados como bienes del dominio público de los
Estados y a su vez puedan ser convertidos en dominio privado de
éstos. De tal manera, y enteramente de acuerdo con lo
previsto en los acuerdos el Área de Libre Comercio
para las Américas (ALCA) podrían ser privatizados
lagos, lagunas y ríos.

En segundo lugar, el texto examinado intenta arrebatar a
los Estados sus potestades tributarias, atribuyéndole a
algunos particulares la posibilidad de pactar mediante contrato la
estabilidad de sus regímenes tributarios con las Asambleas
Legislativas estadales, en el espíritu de los hoy
desechados Acuerdos Multilaterales de Inversión (AMI). Así, en abierto
desafío al principio de igualdad ante la ley, ciertos
ciudadanos quedarían inmunes a las reformas tributarias, y
otros sujetos a ellas.

En tercer lugar, el texto examinado abre la posibilidad
de una multiplicación casi ilimitada de la carga
tributaria sobre los residentes de los Estados, al tiempo que
limita en forma drástica los ingresos del Fisco Nacional y
por consiguiente sus posibilidades de redistribuir
equitativamente el ingreso público a favor de los entes
menos favorecidos y de realizar planes de alcance nacional en el
ejercicio de sus competencias.

Pasamos al análisis pormenorizado del texto legal
con la urgencia que el caso amerita, por lo cual sólo
comentaremos aquellos artículos que merecen
objeciones.

Bienes
estatales

Privatización de ríos, lagos y
lagunas

El artículo 6 en su numeral 2 de la Ley
Orgánica de Hacienda Pública Estadal incluye entre
los bienes de dominio público de los Estados "Las
vías terrestres estadales y los espacios acuáticos
correspondientes a ríos, lagos y lagunas ubicados en su
territorio, sin perjuicio de la autoridad y
competencia nacional ejercida conforme a lo dispuesto en la
legislación nacional sobre espacios acuáticos e
insulares".

La Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela no establece en ningún
artículo que los ríos, lagos y lagunas, que forman
parte del territorio, estén comprendidos entre los bienes
de dominio público de los Estados. Por el contrario, el
numeral 16 del artículo 156 de la Constitución
atribuye al Poder Nacional "el régimen y administración de las minas e hidrocarburos;
el régimen de las tierras baldías; y la
conservación, fomento y aprovechamiento de los bosques,
suelos, aguas y
riquezas naturales del país". Mal podrían
considerarse bienes de los Estados aquellos cuya
conservación, fomento y aprovechamiento se asigna en forma
explícita y expresa al Poder Nacional por la
Constitución.

Asimismo, el numeral 26 atribuye al Poder Nacional "el
régimen de la navegación y del transporte
aéreo, terrestre, marítimo, fluvial y lacustre de
carácter nacional; de los puertos, aeropuertos y su
infraestructura". Resulta contradictorio que se atribuya por ley
a los Estados la propiedad de bienes del dominio público
–que estos podrían pasar al dominio privado- sobre
los cuales el Poder Nacional tiene competencias constitucionales
para establecer regímenes de navegación y de
transporte fluvial y lacustre.

Además, el artículo 304 de la citada
Constitución Bolivariana de la República de
Venezuela dispone categóricamente que "todas las aguas son
bienes de dominio público de la Nación,
insustituibles para la vida y el desarrollo. La ley
establecerá las disposiciones necesarias a fin de
garantizar su protección, aprovechamiento y
recuperación, respetando las fases del ciclo
hidrológico y los criterios de ordenación del
territorio".

Ante estas disposiciones claras y terminantes, el
artículo 6 de la Ley Orgánica de la Hacienda
Pública Estadal debe ser considerado como un intento
inaceptable de suplantar a la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela.

Cabe añadir que debido a la extraordinaria
importancia estratégica de ríos, lagos y lagunas,
la cual crece a medida que las fuentes de
agua potable y
de energía hidroeléctrica se hacen
proporcionalmente insuficientes en relación con el
incremento demográfico, es preferible por razones de
seguridad y defensa el régimen constitucional que asigna
estos recursos al Poder Nacional. Recordemos la inmensa
importancia que para la totalidad del país tienen espacios
geográficos como el Lago de Maracaibo, el río
Orinoco, el Caroní o el Delta, en gran parte constituido
por territorios anegados. En todas las negociaciones del ALCA se
tiende a imponer el principio de que ríos, lagos y
cualquier otra fuente hídrica, como las aguas
subterráneas, son perfecta e ilimitadamente
enajenables.

Reviste todavía mayor importancia esta observación si se considera que el
último párrafo
del artículo 6 de la Ley que se examina establece que "los
bienes de esta categoría pueden adquirir la
condición de bienes enajenables mediante desafectación sancionada, a solicitud del
Gobernador, por acuerdo del Consejo Legislativo con el voto
favorable de las dos terceras partes de sus integrantes".
Además de este requisito, apenas se exige la
opinión no vinculante del Procurador y el Contralor del
Estado.

Por tal vía, Venezuela podría concluir
enajenando sus fuentes hídricas e hidroeléctricas o
zonas de vital importancia estratégica, económica y
social tales como el Lago de Maracaibo, el Orinoco o los cauces
de Guayana sin más requisito que la solicitud de un
gobernador y un voto favorable de las dos terceras partes de una
Asamblea Legislativa.

La disposición comentada parece un procedimiento
especialmente diseñado para la aplicación
anticipada del ALCA en Venezuela y la enajenación de los recursos hídricos
y las vías fluviales y lacustres de nuestro país
por las administraciones regionales. Ojalá que Venezuela
no termine siendo un país inviable como resultado de la
aplicación de dicha norma.

Ingresos
estadales

En este capítulo resalta como positiva la
disposición del primer párrafo del artículo
12 de la LOHPE de acuerdo con la cual "Ni los estados ni los
entes creados por ellos no (sic) podrán realizar operaciones de
crédito público externo ni en moneda extranjera, ni
garantizar obligaciones de terceros".

Resulta igualmente positivo el segundo párrafo de
dicho artículo, según el cual "los estados y los
entes creados por ellos sólo podrán realizar
operaciones de crédito público interno con la
autorización de la Asamblea Nacional mediante ley
especial".

Éste y otros requisitos contenidos en el
capítulo tienden a evitar situaciones de caos en la
contratación de crédito público como la que
originó la crisis del 18 de febrero de 1983.

También son positivas normas como la del
artículo 13 y el 15, que someten respectivamente el
régimen de causación y cálculo de
intereses moratorios, y el régimen de prescripción,
a lo dispuesto en el Código
Tributario. Disposiciones de esta índole, al imponer
normas uniformes en todo el ámbito nacional, evitan el
desorden, la contradicción y la incoherencia en las
haciendas públicas locales. Sería deseable que la
Ley incluyera otras disposiciones de dicha índole en
materias en donde, por el contrario, propicia la
dispersión y la proliferación de regímenes
diferentes e inconciliables.

Relaciones
intergubernamentales

El articulo 20 de la LOHPE pauta que "no podrá
verificarse la transferencia de competencias del Poder Nacional a
los estados sin la adecuada previsión de recursos fiscales
para su ejercicio, ya sea que los mismos provengan de fuentes de
ingresos preexistentes de los estados, o de nuevas asignaciones
de recursos concatenados a la transferencia misma".