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Políticas públicas y participación ciudadana en La Rioja (página 2)

Enviado por Eduardo Haiek



Partes: 1, 2


PROCESO:

  • 1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y ESTABLECIMIENTO DE LA AGENDA. La cuestión reside aquí en cómo se identifican y especifican los problemas que pueden llegar a ser los objetivos de las políticas públicas. Por qué sólo algunos de los problemas, de todos los que existen, reciben la consideración de los decidores requiere un examen del establecimiento de la agenda.

  • 2. FORMULACIÓN. Comprende la creación, identificación o apropiación de los cursos de acción propuestos, denominados con frecuencia alternativas u opciones, para resolver o mejorar los problemas públicos.

  • 3. ADOPCIÓN. Implica el decidir qué alternativa propuesta, incluyendo el no emprender ninguna acción, se empleará para encargarse de un problema.

  • 4. IMPLEMENTACIÓN. Puede considerársela sinónimo de administración. La atención se centra aquí en lo que se hace para llevar a efecto o para aplicar las políticas adoptadas. En esta etapa suele producirse un desarrollo o reelaboración de las políticas públicas.

  • 5. EVALUACIÓN. Comprende las actividades que tratan de determinar los logros de una política pública, si está alcanzando sus objetivos, o si tiene otras consecuencias.

El proceso político-administrativo

Se distinguen varios actores que operan sobre las políticas públicas, y lo hacen siguiendo convenciones. El comportamiento de cada participante, incluidos los ciudadanos, en el proceso político-administrativo se controla en gran medida por convenciones acerca de los fines y los medios, que tienen el efecto de prescribir conductas condicional o absolutamente:

  • a) ORGANIZACIONES ADMINISTRATIVAS. Cada organismo adopta decisiones sobre las políticas públicas únicamente en un área restringida y especializada.

  • b) LEGISLADORES Y EJECUTIVOS. Cada legislador y ejecutivo posee y emplea, entre otros poderes, la autoridad concedida por los ciudadanos sobre todas o casi todas las áreas de elaboración de Políticas Públicas de ese gobierno.

  • c) CIUDADANOS. Los ciudadanos expresan sus preferencias mediante la votación, determinando así los elegidos para el legislativo y el ejecutivo.

  • d) LÍDERES DE GRUPOS DE INTERÉS. Los ciudadanos pueden escoger seguir a alguno de estos líderes durante algún tiempo y sobre determinada cuestión. El líder del grupo de interés apela al apoyo de los ciudadanos para adaptar las políticas públicas a sus preferencias específicas y a sus valoraciones.

  • e) LÍDERES DE PARTIDO. Son un subconjunto de líderes de grupos de interés. Tienen la responsabilidad de mantener y dirigir una asociación relativamente estable de legisladores y ejecutivos que deben ganar las elecciones.

  • f) AJUSTE MUTUO PARTIDISTA. Los legisladores y ejecutivos, las organizaciones administrativas, los líderes de partidos y los de grupos de interés se comprometen constantemente en ajustes mutuos partidistas unos con otros, tanto bilateral como multilateralmente, en todas las combinaciones posibles. Los participantes que operan unos con otros emplean una amplia variedad de influencias entre los que destacan cinco:

  • Persuasión; autoridad, no autoritarismo-

  • Apelaciones a las convenciones-

  • Votaciones Limpias, sin Internismo-

  • No hay una autoridad préscriptiva superior en el sistema político-administrativo y ninguna organización administrativa, legislador, ejecutivo, o colectividad de legisladores puede prescribir a todos los demás ni conceder ninguna autoridad a ningún otro, incluso si se permite la prescripción indirecta-

  • No puede encontrarse ninguna asignación de autoridad o función que elimine la interdependencia entre los participantes en el ajuste mutuo partidista.

No debemos olvidar que todo emprendimiento debe tener:

  • EFICACIA es tener la actividad, fuerza y poder para obrar con recursos escasos.

  • EFECTIVIDAD (lo real y verdadero en oposición a lo nominal) supone la consecución de fines o resultados por medio de un verdadero programa.

  • EFICIENCIA (virtud y facultad para lograr un efecto determinado, mediante la contrastación de medios) significa determinar la relación de medios para alcanzar un fin al menor coste, es decir, para medir su rendimiento.

Los ciudadanos riojanos y las políticas públicas

LEGITIMIDAD

El mundo contemporáneo ha alumbrado un nuevo tipo de legitimidad tecnocrática, como apunta García-Pelayo: "Es legítimo lo que es eficaz, y es eficaz lo que promueve y asegura el desarrollo tecnoeconómico en unas condiciones ambientales y en una coyuntura dadas, ya que ello es, en última instancia, condición para la vigencia de cualesquiera otros valores. Dicho principio tiende a ser, así, en el mundo actual la variable independiente frente a la cual todos los demás criterios de legitimidad serían variables dependientes, contingencias o ritualismos".

Las fuentes (La Sociedad Riojana) se encuentran en otras definiciones implícitas o explícitas de la legitimidad, las cuales suelen contener tres grandes aspectos que incorporan distintas explicaciones del concepto:

* En el ENFOQUE DE ACTITUD, la adhesión, la lealtad, la fidelidad y una orientación afectiva favorable al sistema político-administrativo son sinónimos de la legitimidad. Las personas que consideran los actos, las autoridades, y las instituciones como legítimas ofrecen buenas razones sobre ellas y su obediencia. El proceso de producción de legitimidad es normativo en el sentido de que las gentes interiorizan las reglas del juego. Acatan directrices adversas y apoyan voluntariamente desigualdades que les desfavorecen. La creencia en la rectitud de la justicia provoca que las personas perciban una obligación de obedecer y finalmente de actuar sobre la base de esa percepción. La obligación interiorizada para ajustar la propia conducta con las normas políticas o legales señala la legitimidad en el plano individual. La agregación del apoyo individual produce la aprobación colectiva que constituye la legitimidad del sistema político-administrativo.

* En el ENFOQUE DEL CONSENSO DE COMPORTAMIENTO, éste se indica por la conducta dentro de las instituciones en las que el consenso se da y puede implicar participación activa, aquiescencia pasiva u obediencia resentida. Aunque no es la única motivación para el consenso, la predominante es instrumental en que el consenso proporciona recursos materiales. La cooperación con los capitalistas produce contrapartidas monetarias a los trabajadores. Los programas gubernamentales redistributivos y reguladores hacen concesiones a las clases y grupos subordinados. Las normas como la igualdad jurídica deben reforzarse por los rendimientos materiales de las medidas y políticas gubernamentales.

* El ENFOQUE DE LA ORIENTACIÓN NORMATIVA distingue entre el concepto de validez, la orientación colectiva a una norma vinculante, y el concepto de convención, la aprobación individual de la norma. La validez no supone ni un consenso normativo ni una uniformidad de creencia entre los individuos, requiere sólo que haya un orden institucionalizado conocido dentro de una colectividad, con independencia de que un individuo evalúe positivamente o no un conjunto de normas. Definen, guían e interpretan la acción, confiriendo legitimidad a los actores y a la acción realizada según las normas. (Análisis del Autor)

El papel desempeñado por las AAPP (Administraciones Publicas) resulta determinante para la legitimidad del sistema político pues éstas son quienes convierten en realidad las medidas elaboradas por los políticos y los burócratas. Pero para que la implantación de las políticas públicas surta esos efectos legitimadores las AAPP deben ser responsables ante la sociedad y los políticos y burócratas deben ser receptivos ante las demandas sociales, de no ser así se puede llegar a incurrir en mala administración o en corrupción.

Responsabilidad, mala administración y corrupción

La aplicación de los principios morales a las políticas públicas y a los funcionarios públicos es relativamente reciente.

LAS ACEPCIONES DE LA RESPONSABILIDAD

Los cuatro mecanismos de responsabilidad en el sector público son:

+ Los Dispositivos Burocráticos se caracterizan por un elevado grado de escrutinio de origen interno, típicamente un supervisor o unas normas de funcionamiento, el valor prevaleciente es la eficiencia.

+ La Responsabilidad Legal implica un alto grado de verificación de todas las prácticas de un origen externo (un tribunal o un auditor externo); el valor predominante es el imperio de la ley.

+ La Responsabilidad Profesional se caracteriza por un bajo grado de escrutinio y una fuente interna de control; el valor prevaleciente es la deferencia ante el conocimiento técnico.

+ La Responsabilidad Política implica un bajo grado de comprobación de un origen externo, típicamente un grupo clientelista, de ciudadanos o autoridades electas.

En los mecanismos burocráticos y legales, el actor tiene menos flexibilidad con relación a los comportamientos, pues las acciones están constreñidas por procedimientos operativos normalizados, normas, mandatos legislativos y decisiones judiciales. En la responsabilidad profesional y en la política, el actor o el organismo tiene la flexibilidad para elegir si responde a las expectativas y la discrecionalidad acerca de cómo hacerlo.

Desde la perspectiva de la receptividad se espera que los altos funcionarios sigan el ideal de lo que se ha denominado competencia neutral, o como ha denominado, el autor español, Garrido Falla, dice, "Eficacia Indiferente", en el sentido de "Que se debe ser eficaz tanto si se perjudica como si se favorece la política del partido que está en el poder".

LA MALA ADMINISTRACIÓN EN LA PROVINCIA

Problemas derivados de los posibles abusos del poder administrativo:

  • Desfalcos.

  • Conflicto de intereses - puede mediar la aceptación de pagos o la adopción de decisiones que favorezcan a amigos o aliados políticos.

  • Algunos funcionarios públicos, aunque sean honrados personalmente, pueden actuar sin autoridad legal o violar de otra forma la ley.

  • Algunas decisiones de los organismos administrativos pueden violar los principios de un trato equitativo.

  • Algunos funcionarios públicos o sus subordinados pueden demostrar ser enormemente incompetentes y como resultado el público sufre.

  • Algunos funcionarios públicos pueden tratar de ocultar sus equivocaciones o rehusar la cooperación con otras partes interesadas.

Se han identificado 5 tipos característicos de fallas administrativas:

  • Antieconómicos.-

  • Contraproducentes.-

  • Inercia.-

  • Falta de efectividad.-

  • Círculo vicioso.

La mala administración institucionalizada no se atribuye tanto a culturas autoritarias o a individuos inescrupulosos, sino a la confianza creciente en la forma burocrática de organización dentro de los arreglos humanos. La investigación realizada a demostrado como los elementos funcionales de la burocracia y sus virtudes, si se extreman en demasía, se vuelven disfuncionales y contraproducentes, convirtiéndose en vicios, que derivan en corrupción.

CORRUPCIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

"Corrupción es el comportamiento que se desvía de los deberes formales de un papel público debido a consideraciones privadas (personales, familia cercana, grupo privado) o ganancias pecuniarias o de status; o viola normas contrarias a ciertos tipos de influencia de las consideraciones privadas. Esto incluye comportamientos como el cohecho, nepotismo y apropiación indebida. Esta definición no incluye muchos comportamientos que podrían, sin embargo, ser considerados ofensivos para las normas morales" (Nye, 1967).

Es necesario complementar estas definiciones con el análisis sobre la Sociedad Riojana, cómo los contextos culturales y sociales en los que se ejercen los poderes político-administrativos afectan a las percepciones sobre el comportamiento corrupto y si es condenado moral y legalmente. Otro factor clave para el análisis de la corrupción político-administrativa son los partidos políticos. Un partido acentuará aquellos incentivos apropiados a las pautas de lealtad entre su clientela. Ocho tipos potenciales de corrupción político-administrativa:

  • 1. Patronazgo: consiste en la contratación de empleados públicos o la adjudicación de contratos públicos de acuerdo con la consideración partidista más que en virtud del mérito.

  • 2. Compra de votos.

  • 3. El intento de influir en el electorado, más que un individuo o individuos, con la promesa de proyectos de obras públicas como una autovía o una escuela. Se diferencia del patronazgo en que la compensación es difusa y en que todos los electores se beneficiarán, al menos teóricamente.

  • 4. Cohecho: consiste en el acto de intentar influir en un funcionario público para que adopte una decisión que de otra manera no se adoptaría, mediante el ofrecimiento de una compensación monetaria u otro incentivo.

  • 5. Soborno: representa el mismo fenómeno excepto que quien inicia la acción es el funcionario más que el ciudadano.

  • 6. Nepotismo: es paralelo al patronazgo en términos de contratación de personal y adjudicación de contratos, pero su motivación no es la ventaja partidista sino el parentesco o la amistad.

  • 7. Tráfico de influencias.

  • 8. La financiación corrupta de campañas.

El control de las administraciones públicas

LAS LEYES DEL CONTROL DE DOWNS

*Ley del Control Imperfecto: nadie puede controlar plenamente el comportamiento en una gran organización.

*Ley de Disminución de Control: cuanto mayor sea una organización, más débil será el control sobre sus acciones ejercido por quienes estén en la cima.

*Ley del Control Decreciente: cuanto mayor sea una organización, más pobre será la coordinación entre sus acciones.

*Ley del Control Opuesto: cuanto mayor sea el empeño del dirigente para controlar el esfuerzo de los subordinados, mayores serán los esfuerzos de estos para evadirse o contrarrestar dicho control.

*Ley de Desplazamiento del Poder: el conflicto desenfrenado desplaza el poder hacia arriba.

*Ley de Duplicación del Control: cualquier intento de controlar una gran organización tiende a generar otro.

*Ley del Control Siempre Expansible: la cantidad y el detalle de la información requerida por los departamentos de supervisión tiende a crecer continuamente en el tiempo, con independencia de la cantidad o naturaleza de la actividad supervisada.

Las AAPP son la parte central del sector público. De acuerdo con la separación de poderes en las sociedades democráticas, las AAPP pueden analizarse como un actor institucional muy agregado del cual se espera que ejecute las tareas públicas subordinado a las normas establecidas por la política.

Las AAPP son en la actualidad entidades relativamente autónomas que no sólo desempeñan tareas ejecutivas sino que también se implican en los procesos de establecimiento de estándares en varias etapas y niveles de la elaboración de las políticas públicas. De aquí se desprende que el control externo sobre las AAPP no debe dirigirse sólo a las soluciones de las tareas definidas exógenamente, sino también a la ejecución de las funciones de dirección y control por parte de la misma Administración Pública en relaciones de intercambio con otros actores en el sector público.

En las AAPP modernas hay una pluralidad de formas de control más o menos institucionalizadas que reflejan la estructura policéntrica del sector público y los problemas que se acaban de insinuar. Hay controles ejercidos exclusivamente por actores específicos, otros que se realizan por diferentes actores simultáneamente, pero respondiendo a propósitos diversos o representando intereses distintos. Los instrumentos disponibles son innumerables y difieren considerablemente en función de su aplicabilidad y complejidad. Otras formas de control pueden incluir una supervisión formal e institucional así como una negociación informal. Pueden llevarse a cabo por medio de las relaciones de autoridad y de las estructuras de responsabilidad establecidas, así como las sanciones y las recompensas estratégicas dentro de las jerarquías dadas, las protestas y quejas espontáneas o las inspecciones que dejan de lado los canales oficiales. Como es lógico, no todas las formas de control utilizables son accesibles para todos los actores relevantes por lo que la pluralidad de controles coincide con una selección de las formas singulares.

De aquí que la realización del control y en general de todo sistema de gobernación, requiera una evaluación de los procedimientos y resultados así como la movilización y la aplicación de poderes para asegurar la sumisión con el propósito de alcanzar unos resultados deseados. Pero se trata de un concepto escurridizo susceptible de numerosas aproximaciones. Es muy importante determinar la combinación específica de mecanismos de control en función de la actividad concreta de que se trate.

CONTROLES ADMINISTRATIVOS

Los controles ex ante sirven para tratar de prevenir que los sujetos hagan cosas indeseables o compelerles a hacer cosas deseables y necesariamente adoptan la forma de mandatos, normas o regulaciones autoritativas que especifiquen lo que el sujeto debe hacer, puede hacer o no debe hacer. Los sujetos de los controles ex ante se consideran responsables de obedecer a estas órdenes y los esfuerzos de los controladores de supervisar y de conseguir la aquiescencia a ellas. Los controles ex post facto se llevan a cabo después de que el sujeto actúe. Un individuo o una organización deciden seguir un curso de acción y, por consiguiente, después de que algunas de las consecuencias de las decisiones sean conocidas. Su intención es motivar la adopción de buenas decisiones porque las malas no pueden deshacerse después de haberlas adoptado. Se hace que los sujetos sean responsables de las consecuencias de sus decisiones y el controlador trata de supervisarlas y que los sujetos sean recompensados o sancionados de acuerdo con ello.

Controles posteriores serían el mercado, los precios prospectivos, el contrato con precio fijo y el presupuesto de responsabilidad. Controles previos son asignaciones de objeto de gasto, presupuesto de gastos y contratos con precio flexible.

CONTROLES INTERNOS Y EXTERNOS

En el caso de la AAPP además de la distinción precedente entre controles previos y posteriores, suele considerarse la diferencia entre controles internos, estrictamente administrativos como la intervención o auditoria a cargo de un departamento especializado, y externos como el ejercido por el poder judicial, el parlamento y el propio público especializado.

El control interno de las AAPP es el requisito previo más importante de un sector público que funcione porque estas son las instituciones que se supone que resuelven los problemas, planifican nuevos programas, administran la prestación de servicios o ejecutan el cumplimiento de la ley. Los controles externos sirven primordialmente para detectar errores, pero no seleccionan directamente mejores cursos de acción. Un control interno es más efectivo cuanto más anticipa e incluso interioriza medidas de control externo. Pero como estas medidas no incluyen necesariamente una descripción operativa de nuevas o mejores demandas sobre la acción organizativa, la orientación hacia estas normas puede conducir a resultados contraproducentes: evicción del riesgo, indecisión, rechazo de la responsabilidad, etc.

INTERVENCIÓN

Las grandes formas de control interno en las AAPP son:

  • LEGALIDAD: El Sometimiento a la Ley. Los procesos de control para asegurar la legalidad de las acciones llevadas a cabo en el sector público son, en general, los dominantes. Esto constituye, tradicionalmente, el intento de proteger al ciudadano en contra de la autoridad y la intervención del Estado: todas esas acciones están sujetas a indagación judicial. Este criterio es también importante porque no se refiere únicamente a la ley sino a los millares de normas y regulaciones que guían el proceso de adopción de decisiones en el sector público.

  • ECONOMÍA: El Ahorro de Dinero. Estos procesos son marginales en el contexto de las AAPP al menos en comparación con el precedente estándar de legalidad. Una razón importante de este hecho es que la economía y la legalidad, en el sentido amplio en que se han definido, no son plenamente compatibles: los procesos de control y/o los procedimientos de ejecución de las normas legales se llevan a cabo incluso si los costes de las acciones pudieran ser superiores a la multa recaudada del infractor.

  • EFECTIVIDAD: la razón de productos conseguidos en comparación con los objetivos establecidos políticamente. El criterio abstracto de los cursos de acción económicos significa minimizar el coste de esas acciones, y el control puede encaminarse formalmente al despilfarro en el gasto público, al excedente de recursos en los presupuestos de las instituciones públicas. Sin embargo, es mucho más difícil, si no imposible, la formulación de unos principios abstractos comparables en referencia a la efectividad. Resulta necesaria una definición precisa de las tareas, pero los objetivos políticos son, a menudo, un vago producto de los compromisos, y, además, deben cambiarse con bastante rapidez, incluso si los objetivos son claros y definidos, no hay certeza sobre la manera efectiva, operativa, de alcanzarlos.

  • RECEPTIVIDAD: el grado de consideración o de inclusión de sustanciales necesidades, problemas, y demandas de una clientela diversa. Se trata de un estándar novedoso, aparecido a mediados de la década de los años setenta. La receptividad es un complemento necesario de las medidas de efectividad porque tiene que considerar la sustancia, y no sólo las circunstancias financieras o formales, de las demandas de los diversos contextos de las AAPP. Este aspecto es tanto más importante si no sólo se busca una adaptación al entorno sino que se ve necesaria una coproducción entre la organización y el contexto.

CONTROL JUDICIAL

La creciente conciencia de la intervención judicial en las políticas administrativas ha originado un debate intenso sobre el papel propio y las funciones de control de los tribunales y sobre la necesidad de reformarlos. El aumento de una ya excesiva cantidad de las disputas y la litigación administrativa ha planteado la cuestión de la proliferación legislativa, de las incapacidades de los tribunales de proporcionar alivio efectivo y de resolver eficazmente los litigios.

El control judicial de las AAPP se ha desarrollado de manera diferente en los distintos países lo que provoca diferencias constitucionales e institucionales en su personificación en las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales. La función judicial clásica con respecto a las AAPP es la protección de los derechos individuales de los ciudadanos contra las intervenciones administrativas. Las diferencias institucionales entre los países europeos continentales con tradición de derecho romano, en los cuales hay una forma distintiva de control judicial de las AAPP, y aquellos con la del Derecho Consuetudinario (Common Law) originan disparidades en la organización del control judicial de la administración así como de las concepciones subyacentes del Derecho y del ámbito público.

CONTROL LEGISLATIVO

Suele hablarse de crisis Legislativa en el sentido de su incapacidad de control del poder ejecutivo. Las causas de la transformación de las funciones desarrolladas por los legisladores son:

  • La transición desde los partidos políticos de cuadros, en los que el protagonismo político correspondía a los legisladores, a los partidos de masas con la preeminencia de la dirección sobre el grupo parlamentario, sustrayendo decisiones políticas al legislativo.

  • El efecto interventor y centralizador derivado, mediante la que el ejecutivo ha llegado a absorber una parcela de la función legislativa mediante la legislación delegada.

  • La complejidad y tecnificación crecientes de la intervención político-administrativa redundan en la incapacidad legislativa para afrontar la inflación de la producción normativa y la carencia de medios personales y materiales precisos para responder a las necesidades de su tarea.

Esta incapacidad se manifiesta en distintos aspectos: la complejidad de los asuntos suele impedir a los legisladores analizar con conocimiento de causa las actividades político-administrativas; la vinculación entre el gobierno y la mayoría legislativa que lo sostiene inmuniza a éste frente a todo tipo de controles; la disciplina partidaria resta sentido a los debates y votaciones legislativas, pues los resultados son conocidos de antemano.

La relación inversa entre la ascensión del poder del interventor sistema político-administrativo contemporáneo y la decadencia percibida en la capacidad de los parlamentos de ejercer su control sobre el poder ejecutivo y de implantar sus objetivos legislativos ha dado lugar a una amplia variedad en esfuerzos de reforma constitucional y parlamentaria durante las tres últimas décadas. Este movimiento ha tenido un éxito desigual pero refleja la necesidad de mantener vivo el complicado tejido de comprobaciones y equilibrios para asegurar que los gobiernos y sus burocracias pueden mantenerse responsables, receptivos y productivos. La institucionalización de nuevas técnicas de supervisión o la consecución de recursos y poderes adicionales no ha conseguido muchos progresos.

EL OMBUDSMAN (EL DEFENSOR DEL PUEBLO)

La figura del Ombudsman es una creación de la tradición administrativa escandinava con el objetivo de proteger a los ciudadanos de las actividades administrativas arbitrarias, desconsideradas o incorrectas. Se trata de una figura que investiga las quejas de los ciudadanos acerca de un trato injusto o incorrecto por los departamentos gubernamentales, que si encuentra justificada la demanda busca su remedio. En muchos casos las quejas son injustificadas, lo que sirve de apoyo a los funcionarios públicos conscientes y reduce la carga de trabajo de las oficinas administrativas al investigar las reclamaciones en su nombre. Con la distribución masiva de sus informes llama la atención sobre los errores de algunos departamentos que pueden evitarse en otros, y aunque pueden crear resquemores, su función es aceptada dentro de la burocracia. Con todo, buena parte de los errores corregidos pueden considerarse relativamente menores, pero son asuntos que perturban y alejan al público de las distintas Administraciones y podrían continuar a no ser por la mediación del Ombudsman. Persuade a los funcionarios de que cambien sus decisiones y su comportamiento en una relación que conduce hacia el objetivo común de un mejor servicio al público.

CONTROL POR LOS AFECTADOS

Aunque generalmente se considera desde la perspectiva habitual que los ciudadanos carecen de poder y son sujetos pasivos en la relación, lo cierto es que las AAPP afrontan, de acuerdo con el nivel de agregación analítico y la naturaleza, generalidad y alcance público de sus realizaciones, a públicos variados de distinta naturaleza y que representan diferentes intereses de control. En consecuencia pueden distinguirse tres niveles de control:

  • Como miembro de la ciudadanía, con respecto a la responsabilidad y receptividad de las AAPP en la provisión de bienes públicos en general, en el nivel constitucional.-

  • Como miembros de grupos señalados para programas específicos en procesos colectivos de adopción de decisiones y procesos de planificación administrativa relevantes, en el nivel de las políticas públicas.-

  • Como miembros de la clientela de un organismo particular; con relación a la producción operativa y al suministro de bienes y servicios concretos en reuniones burocráticas, en el nivel burocrático a pie de calle de la realidad administrativa.

El principio esencial de la democracia es que las decisiones y las acciones de las AAPP deben ser consideradas responsables ante su soberano, el pueblo. La responsabilidad administrativa frente a la ciudadanía exige que las realizaciones burocráticas se configuren según el interés público y se basen en principios como la libertad, la justicia y el bienestar general. Así, el interés público y el bienestar individual son las guías operativas para la prestación de estos servicios. Pocos asuntos como la participación directa de los ciudadanos afectados han suscitado más interés teórico y práctico en la ciencia de la administración en los dos últimos decenios, para influir directamente en los procesos de planificación, implantación, regulación y asignación en el plano de las políticas públicas.

Las políticas públicas en la práctica

TIPOS DE POLÍTICAS, CICLOS, ESTILOS, AGENDAS Y COMPARACIONES

LAS ARENAS DEL PODER

El núcleo de la aportación de LOWI (1964) se centra en estos tres puntos:

  • Los tipos de relaciones que se dan entre las personas están determinados por sus expectativas (por lo que esperan lograr o conseguir del relacionarse con otros).

  • En la política, las expectativas están determinadas por los productos político-administrativos, por las políticas públicas.

  • En consecuencia, una relación política está determinada por el tipo de política pública en juego, así que por cada tipo de política pública es probable que haya un tipo distintivo de relación política. Si el poder se define como la participación en la elaboración de las políticas públicas, o las asignaciones autoritarias, entonces la relación política en cuestión es una relación de poder o, a lo largo del tiempo, una estructura de poder.

Lowi define las políticas públicas en términos de su impacto o de su efecto esperado sobre la sociedad y distingue tres tipos funcionales. Estas tres áreas de las políticas públicas o de actividad político-administrativa constituyen arenas de poder reales. Cada arena tiende a desarrollar su estructura política característica, su proceso político, sus elites y sus relaciones de grupo:

  • POLÍTICAS PÚBLICAS DISTRIBUTIVAS. Se refieren a aquellas clases de decisiones gubernamentales que pueden adoptarse sin tener en cuenta que los recursos son limitados. Se caracterizan por la facilidad con la que pueden desagregarse y dispensarse en pequeñas cantidades, cada unidad aislada de otras y de cualquier norma general. En este caso puede tomarse el término patronazgo en el pleno sentido de la palabra como sinónimo de distributivo, pues se trata de decisiones altamente individualizadas que sólo por acumulación pueden denominarse política pública. Son políticas públicas en las que el satisfecho y el privado, el perdedor y el receptor, no necesitan nunca llegar a la confrontación directa.

  • POLÍTICAS PÚBLICAS REGULADORAS. Son también específicas e individuales en su impacto pero no son susceptibles de una desagregación casi infinita típica del caso anterior. El impacto de las decisiones reguladoras consiste claramente en elevar directamente los costes y/o reducir o aumentar las expectativas de los individuos privados. Las políticas reguladoras se distinguen de las distributivas en que a corto plazo implican una elección directa sobre quien será satisfecho y quien desposeído (concesiones de televisión, de rutas aéreas, etc.). Las decisiones se llevarán a cabo siguiendo una norma general del ordenamiento jurídico. Las decisiones se acumulan sobre todos los individuos afectados por la ley de una misma manera aproximadamente.

  • POLÍTICAS PÚBLICAS REDISTRIBUTIVAS. Se asemejan a las reguladoras en que están implicadas relaciones entre amplias categorías de individuos privados y de aquí que las decisiones individuales deban estar interrelacionadas. Sin embargo el impacto es más amplio, aproximándose a las clases sociales. La intención implicada es la misma propiedad, la igual posesión, la redistribución de la riqueza.

Las políticas públicas determinan la Política, pero trata de identificar y derivar lógicamente los tipos de coerción disponibles para los sistemas político-administrativos. De acuerdo con la dimensión vertical, la coerción puede ser remota (sanciones ausentes o indirectas) o inmediata.

Las políticas públicas redistributivas estarían asociadas con la política fundamentada ideológicamente en la que los partidos políticos desempeñan papeles prominentes; las políticas públicas distributivas lo estarían con la pauta de subsidios y asignaciones con beneficios para determinadas regiones y sus representantes políticos; el tipo de política reguladora de interés privado con las clásicas luchas pluralistas; el tipo de política reguladora de interés público con la política ambiental y de consumidores.

EL CICLO DE ATENCIÓN A LAS CUESTIONES

La atención pública rara vez permanece concentrada agudamente sobre alguna cuestión política durante mucho tiempo, incluso si implica un problema continuo de importancia crucial para la sociedad. En su lugar un CICLO DE ATENCIÓN A LAS CUESTIONES sistemático parece influir intensamente sobre las actitudes y comportamientos públicos concernientes a la mayoría de los problemas políticos clave. Cada uno de estos problemas adquiere prominencia repentinamente, generando la suficiente presión política para provocar un cambio efectivo, permanece allí por un corto lapso de tiempo, y luego, aunque todavía irresueltos en gran medida, se desvanece gradualmente del centro de la atención pública.

El ciclo tiene 5 etapas de duración variable dependiendo de la cuestión particular:

  • Etapa previa del problema. Existe alguna condición social altamente indeseable existe pero no ha captado mucha atención pública.

  • Descubrimiento alarmado y entusiasmo eufórico. El público se conciencia sobre un problema. Este descubrimiento se acompaña invariablemente por un entusiasmo optimista sobre la capacidad de la sociedad para solucionarlo.

  • Comprensión del coste del progreso significativo. El coste de "Solucionar" la cuestión es muy elevado en dinero y en sacrificios para muchos grupos sociales.

  • Decadencia gradual del interés público intenso. Al darse cuenta de las dificultades y costes, se dan tres reacciones que inhiben el interés público: desánimo, amenaza y aburrimiento.

  • Etapa posterior del problema. La cuestión se desplaza a un limbo prolongado, una esfera crepuscular de atención. Tras la fase de atención, se crearon instituciones, programas y políticas públicas para afrontarlo. Estas entidades persisten.

No todos los problemas sociales atraviesan este "Ciclo de atención a las cuestiones". Aquellos que lo hacen suelen poseer tres características: la mayoría de la sociedad no sufre el problema, los sufrimientos se generan por arreglos sociales que benefician a una parte de la sociedad y la cuestión no tiene cualidades intrínsecas estimulantes o las ha perdido.

LOS ESTILOS PROVINCIALES DE ELABORACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

El concepto de estilo alude tanto a la elaboración de políticas públicas como a su implantación, a una suerte de procedimiento normalizado de funcionamiento en este ámbito. Las políticas públicas no son tan distintivas como para impedir su acomodo en una sencilla tipología. Se produce una participación creciente, en todos los niveles de gobierno, pero NO de miembros de grupos de interés, y tampoco de ciudadanos comunes, lo que conduce a una dificultad mayor para acordar decisiones en cada sector de las políticas públicas.

Para el diseño de una tipología de estilos de políticas públicas, se concentran en dos características fundamentales:

  • La aproximación del gobierno a la resolución de los problemas en términos de su actitud anticipante/activa hacia los problemas sociales o de la adopción de un enfoque esencialmente reactivo.

  • La relación del gobierno con otros actores en el proceso de elaboración e implantación de las políticas públicas, esto es, si se trata de un gobierno muy acomodado y preocupado por lograr un consenso con los grupos organizados, o más inclinado a la imposición de las decisiones pese a la oposición de estos grupos.

Se definen 4 grandes estilos de elaboración de políticas públicas: Activo-Consensual (Concertación), Reactivo-Consensual (Preservación del Status Quo); Activo-Impositivo (Activismo) Y Reactivo-Impositivo (Regulación).

OLSEN, RONESS y SÄTREN (1982) ofrecen una tipología más desarrollada de los estilos de políticas públicas, vinculándolos teóricamente con las fracturas sociales, la organización política de los grupos sociales y los recursos que movilizan, y de las instituciones para la elaboración de las políticas públicas, pues la estructura y los procedimientos normalizados de funcionamiento vienen a reflejar los resultados de luchas políticas previas.

La tipología contiene 5 grandes tipos de estilos de Políticas Públicas: Resolución de problemas (empresarial), Negociación, Autogobierno, Movilización y Confrontación. Las diferencias se centran en las estructuras de decisión (participantes), el nivel de conflicto (cambios en los equilibrios del poder) y los resultados sustantivos de las políticas públicas (incrementales, legitimidad, efectividad).

Un desarrollo complementario del estilo nacional de elaboración de políticas públicas es su análisis comparativo, el cual se suele definir como el estudio de cómo, por qué y con qué efectos los distintos niveles de gobierno de los sistemas político-administrativos siguen particulares cursos de acción o inacción. Se trata de centrar la atención sobre lo que sucede dentro y en los márgenes del Estado, conociendo las estructuras y los procesos mediante los que las decisiones gubernamentales se alcanzan. El por qué de los comportamientos diferentes suele depender de desarrollos históricos no conscientes, de la cultura política subyacente de una nación y las subculturas de distintos sectores de su población.

Agendas y oportunidades

KINGDON (1984) ha desarrollado un enfoque muy interesante sobre el establecimiento de la agenda y la formulación de las políticas públicas, aplicable al proceso de las políticas públicas en su conjunto. Parte de la existencia de tres corrientes de procesos que fluyen a través del sistema político-administrativo --corrientes de problemas, de políticas públicas y de la Política en general--. Son ampliamente independientes entre sí y cada una se desenvuelve de acuerdo con su propia dinámica y normas, pero en ciertas coyunturas críticas las tres corrientes confluyen y surgen los grandes cambios de políticas públicas del emparejamiento de los problemas, las propuestas de políticas públicas y la Política.

Kingdon entiende por AGENDA las listas de materias o problemas a los que los cargos políticos, altos funcionarios y las personas, fuera de las Adm. Públicas pero estrechamente relacionadas, prestan una atención reposada en un momento determinado.

Se puede distinguir dentro de los participantes entre el interior y el exterior del sistema político-administrativo: El Gobierno, los altos funcionarios, el Parlamento, los grupos de interés, los académicos, investigadores y consultores, los medios de comunicación, los partidos políticos y la opinión pública.

Revisando el modelo del cubo de la basura, para KINGDON se producen tres grandes corrientes de procesos:

  • El RECONOCIMIENTO DE LOS PROBLEMAS. Varios problemas llegan a captar la atención de las personas en y alrededor del gobierno por lo que resulta importante comprender cómo y por qué un conjunto de problemas adquiere visibilidad en vez de otro.

  • La FORMACIÓN Y REFINAMIENTO DE LAS PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS. Especialistas en una política pública (asesores, burócratas, grupos de interés, etc.) generan propuestas que atraviesan un proceso de selección, tomándose en serio unas y descartándose otras.

  • LA POLÍTICA se compone de cosas como las oscilaciones del "Ánimo" provincial, los caprichos de la opinión pública, los resultados electorales, cambios de gobierno o campañas de grupos de interés.

Estas tres corrientes de procesos se desenvuelven y operan con una amplia autonomía unas de otras. La clave para comprender el cambio en la agenda y en las políticas públicas es su emparejamiento pues estas corrientes separadas se reúnen en momentos críticos: se reconoce un problema, una solución está disponible, el clima político hace que sea un momento apropiado para el cambio y las constricciones no impiden la acción. Se abre una "Ventana" durante un corto lapso de tiempo, una oportunidad para impulsar nuevas propuestas, cuando las condiciones para impulsar una materia dada en la agenda de políticas públicas son apropiadas. Pero la ventana se abre un instante y luego se cierra.

El ciclo de las políticas públicas

El proceso tiene 4 grandes etapas:

  • Definición del problema.

  • Implantación de las políticas públicas.

  • Evaluación.

  • Finalización.

LA DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y LA FORMACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

La DEFINICIÓN DE PROBLEMAS determina lo que se va a resolver y por eso es un estadio crucial para la formación de las políticas públicas.

Los problemas que intentan solucionar las políticas públicas son preferencias moderadas por las posibilidades, y que el análisis de éstas consiste en crear problemas que merece la pena resolver. Los problemas presuponen la existencia de soluciones tentativas que tienen el carácter de programas que vinculan recursos político-administrativos con objetivos sociales. Toda política pública está moldeada por la tensión entre los recursos y los objetivos, entre la planificación y la política, entre el escepticismo y el dogma. La resolución de problemas implica solventar temporalmente estas tensiones. Así, el análisis de las políticas públicas puede ayudar a descubrir lo que podemos preferir mediante la sugerencia de problemas que requieren nuevas soluciones. Al expandir el rango de lo aceptable puede hacerse retroceder a constricciones (financiación, normas sociales, poder político, limitación temporal), consideradas inquebrantables. Las constricciones se convierten así en parte de los objetivos implícitos según los cuales las políticas se deben conformar. Se buscan soluciones dentro de los problemas existentes y la búsqueda es incremental, remediadora y serial (WILDAVSKY (1993).

La preocupación por los aspectos conceptuales de la definición de problemas y la construcción de alternativas ha originado un énfasis en el denominado diseño de políticas. Dentro de esta perspectiva es interesante la aportación que parte de la conceptuación del contexto político y de sus implicaciones de los diferentes contextos para su diseño e implantación. En un extremo se encuentran las políticas públicas con público y en el opuesto sin público, entendiendo por éste las agrupaciones identificables que tienen algo más que un interés pasajero en una cuestión de debate dada o están implicadas activamente en dicha deliberación (Ej. asociaciones profesionales).

OPINIÓN PÚBLICA Y POLÍTICAS PÚBLICAS( La mayoría de las personas no tienen opiniones sobre la mayoría de las cuestiones de las políticas públicas. Las encuestas de opinión crean opiniones con frecuencia planteando preguntas sobre las cuales los entrevistados nunca pensaron hasta que fueron cuestionados. Pocos respondedores querrán admitir que no tienen opinión, creen que deben proporcionar algún tipo de respuesta, incluso si su opinión no es firme o era inexistente antes de formularse la pregunta.

Asimismo, la opinión es inestable o poco firme, y preguntados por la misma pregunta en una fecha posterior, algunos no recuerdan sus respuestas precedentes y dan al encuestador la respuesta opuesta, y aunque no son cambios reales de opinión, son registrados como tales. Además las opiniones también varían de acuerdo con el enunciado de las preguntas. Es relativamente sencillo plantear casi cualquier pregunta relativa a las políticas públicas de manera que se evoque la aprobación o la desaprobación de las masas.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS( El poder de los medios de comunicación en el juego político deriva de su doble condición de árbitro y jugador al tiempo, pues no sólo informan sobre las luchas por el poder sino que ellos mismos participan. Son un grupo de élite junto con otras agrupaciones como empresarios, sindicatos, gobiernos territoriales, partidos políticos y otros. La publicación de noticias implica decisiones importantes acerca de qué es noticia y quien. Los directivos, redactores y productores de los medios deciden qué personas, organizaciones y acontecimientos merecen atención. Sin esa cobertura, las personas no sabrían "Nada" de determinados temas, no habría debate político ni se generarían debates públicos acerca de cuestiones sociales. La atención de los medios crea cuestiones y personalidades, proporcionando sugerencias a las audiencias masivas sobre la importancia de las cuestiones, sucesos o personalidades.

IYENGAR y KINDER (1987) han demostrado experimentalmente que "Como regla general, el poder de los noticiarios de televisión, y del resto de medios, parece descansar no en la persuasión sino en la dirección de la atención del público (establecimiento de la agenda) y en la definición de los criterios subyacentes a los juicios del público (impresión)".

La implantación

Este método de las políticas públicas puede concebirse, según LANE (1993), como el eslabón perdido, como la unión de la preocupación tradicional de la Administración Pública con la ejecución y del más reciente interés en la evaluación, o si se prefiere, siguiendo a PRESSMAN Y WILDAVSKY (1973) la "Implantación y evaluación son las caras opuestas de la moneda, la implantación proporciona la experiencia a la que interroga la evaluación y ésta facilita la inteligencia para dar sentido a lo que está sucediendo", pues el valor de una política debe medirse no sólo en términos de su atractivo, sino a la luz de su aplicabilidad, la calidad de su implantación depende de la diferencia entre las consecuencias intencionales y las reales, esto es, por la evaluación.

PRESSMAN y WILDAVSKY inauguraron en 1973 el campo de los estudios sobre la implantación de las políticas públicas con la definición siguiente. "El grado en que las consecuencias predichas tiene lugar se denominará implantación. La implantación puede verse como un proceso de interacción entre el establecimiento de objetivo y las acciones ajustadas para lograrlos... El estudio del proceso de implantación incluye el establecimiento de objetivos hacia la que se dirige la implantación". Este planteamiento es un enfoque desde arriba hacia abajo (top-down) que sería influyente en su momento pero que recibiría matizaciones, críticas y nuevas aportaciones que se señalan a continuación:

  • IMPLANTACIÓN COMO EVOLUCIÓN( Si los objetivos no están determinados unívocamente tampoco lo están los modos de implantarlos. Tampoco pueden entenderse desde el inicio todas las constricciones relevantes sobre los recursos debido a las limitaciones cognitivas y a la cualidad dinámica de nuestro entorno, por lo que sólo se puede descubrirlas e incorporarlas a nuestros planes con el propio despliegue del proceso de implantación.

  • IMPLANTACIÓN COMO EXPLORACIÓN( La resistencia a la comprensión de la implantación está vinculada a la influencia generalizada de la noción de control, que la mayoría de la literatura teórica sobre la materia identifica como un determinante crucial del proceso y del resultado. MAJONE demuestra que el modo de control que prevalece está estrechamente relacionado con la estructura y el ambiente de tareas de la organización.

  • OTRAS CONTRIBUCIONES( HOOD (1976) identifica 5 condiciones ideales como modo de medir los casos concretos y compararlos, y de obtener una noción sobre sus limitaciones. Las condiciones, que ningún sistema político-administrativo real puede cumplir ni juntas ni por separado, son útiles para comprender la dificultad de la implantación de las políticas públicas:

  • El sistema político-administrativo debe ser unitario con una sola línea de autoridad.

  • Las normas puestas en vigor por el sistema deberían ser uniformes.

  • No debe haber resistencia a las órdenes en ningún punto del sistema.

  • La coordinación entre unidades administrativas y la información disponible sobre la situación deberían ser perfectas.

  • Ausencia de presión temporal.

Así, existen tres grandes tipos de limitaciones: Externas o extra-administrativas (burocráticas, políticas); Internas (conflicto y coordinación imperfecta entre diferentes unidades administrativas y/o territoriales, multiplicidad de objetivos) y Cuasi-administrativas (recursos escasos, objetivos ambiguos).

BARDACH (1980) señala 4 tipos de efectos adversos:

  • Desviación de recursos (dinero) que deberían emplearse para obtener o crear elementos del programa.

  • Desviación de los objetivos de la política pública estipulados en el mandato original.

  • Resistencia a los esfuerzos explícitos para controlar administrativamente el comportamiento.

  • Disipación de las energías personales y políticas en el juego que de otra manera podrían canalizarse hacia una acción constructiva y programática.

LANE (1993) dice que "El primer aspecto de la implantación es la relación entre objetivos y resultado, el lado de la responsabilidad. La implantación de las políticas públicas tiene lugar bajo una norma de responsabilidad que restringe la puesta en práctica de los programas públicos. La responsabilidad política y administrativa, así como la profesional, son imposibles sin la noción de implantación. Si no es posible evaluar el grado en que los objetivos y resultados son equivalentes, entonces la responsabilidad pública carece de significado. El hecho de que los objetivos no tengan resultado o que ciertos resultados no tengan objetivos no implica que la responsabilidad sea imposible. La implantación en este aspecto es sencillamente la comparación entre objetivos y resultados, siendo perfecta cuando sean equivalentes". Pero la confianza también es fundamental en este proceso ya que la autonomía de los implantadores es vital porque serán considerados responsables de las políticas.

La contribución de HASENFELD Y BROCK (1991) consiste en un modelo de economía política de la implantación que tiene 6 elementos: Producto, Elaboración, Instrumentos, Actores, Fuerzas impulsoras y Sistema de prestación de servicios.

Evaluación

En primer lugar se pasa revista a un conjunto de criterios formales de evaluación política para insistir después en la importancia de los factores organizativos también en este aspecto. Después se examinan los propósitos y enfoques de la evaluación, para acabar con el cambio y la terminación de las políticas públicas:

  • ALGUNOS CRITERIOS FORMALES( La EVALUACIÓN política consiste en primera instancia en la asignación de valor a las políticas públicas, las leyes o las decisiones alternativas vinculantes para una colectividad. Cualquier método de efectuar evaluaciones políticas, debe cumplir 3 requisitos generales y 4 específicos (BARRY y RAE (1975):

  • Coherencia interna.-

  • Condición interpretable de los criterios.-

  • Habilidad para producir una respuesta cuando se invoque más de un criterio.-

  • Conocimiento de la elección forzada.-

  • Reconocimiento del riesgo y de la incertidumbre.-

  • Relevancia del tiempo.-

  • Relevancia de los criterios de evaluación.-

  • LOS FACTORES ORGANIZATIVOS Y CULTURALES( WILDAVSKY (1993) señala que "La buena organización evalúa sus propias actividades, corrige errores mientras prosigue, y reconoce las equivocaciones como una manera de mejorar sus realizaciones. Sin embargo, a causa de que la auto evaluación va en contra de la naturaleza organizativa, debe ser reforzada por estudios externos, múltiples, independientes y continuos. La evaluación debe ser independiente y externa para evitar comportamientos complacientes. La evaluación debe ser múltiple, porque está implicada más de una perspectiva política. La multiplicidad también facilita la generación de alternativas. La evaluación debe ser continua de forma que los acuerdos comunes, no las meras afirmaciones, puedan crecer, porque no hay una sola verdad y corregir los errores debe ser la norma a seguir. La evaluación se concibe, por tanto, como un procedimiento social resultado acumulativo de muchos esfuerzos. Las condiciones culturales en las que el análisis tiene lugar (valores a conseguir, estructura social deseable) guían y configuran lo que se hace. Sin acuerdo sobre un punto de partida, no hay fin para el debate. Las teorías se endurecen como dogmas y las aserciones sustituyen a las pruebas. Las políticas públicas son juzgadas entonces no por sus méritos sino por los motivos de sus proponentes".

  • PROPÓSITOS, FUNCIONES Y ENFOQUES DE LA EVALUACIÓN( las evaluaciones de programas públicos sirven tanto a las audiencias generales (público, medios de comunicación) como a las decisiones individuales. Las necesidades informativas pueden ordenarse en tres grandes tipos de propósitos:

  • Para la formulación de Políticas Públicas. Para valorar o justificar la necesidad de un nuevo programa y para diseñarlo óptimamente sobre la base de la experiencia pasada.

  • Para la ejecución de Políticas Públicas. Para asegurar que un programa se implanta de la manera más competente en términos técnicos y de coste-efectividad.

  • Para la responsabilidad en la adopción de decisiones públicas. Para determinar la efectividad del funcionamiento de un programa y la necesidad de su continuación, modificación o terminación.

Se han identificado los siguientes enfoques para la evaluación (CHELIMSKY-1989):

  • 1. Análisis de apariencia-fin. Implica un trabajo evaluador que suele realizarse antes de la decisión para impulsar un programa nuevo.

  • 2. Valoración evaluadora. Puede utilizarse para responder preguntas acerca de la formulación de Políticas Públicas.

  • 3. Evaluación de proceso. Se trata de un enfoque retrospectivo que se emplea en solitario o en combinación con otro tipo.

  • 4. Evaluación de efectividad o de impacto. Trata de averiguar lo bien que ha estado funcionando un programa y para hacerlo debe mostrar que los cambios observados son de hecho resultado de éste, más que de otros factores o fuerzas.

  • 5. Supervisión de programa y problema. Este enfoque se diferencia de los anteriores en que es continuo, su función es informar sobre las características de un problema o seguir el progreso de un programa o de un conflicto.

  • 6. Meta evaluación o evaluación sintética. Vuelve a analizar los hallazgos de una o varias evaluaciones previas para determinar qué se ha aprendido sobre una política pública o programa.

¿Cambio o Culminación?( Rara vez se mantienen las políticas en la misma forma exacta a lo largo del tiempo, están evolucionando constantemente. Este cambio puede ser el resultado de una evaluación, pero con mayor frecuencia es producto de las transformaciones del entorno socioeconómico o político, aprendizaje del personal que administra el programa, o sencillamente un cambio en el poder político.-

Epílogo

Como ciudadano, solo me llevo de ejemplos y los años vividos me demostraron que la codicia y falta de moral, parecen prevalecer en quienes deben gobernar a través de la decisión del soberano, por sus malas administraciones y mal uso del erario publico, parece que olvidan que son meros administradores y no propietarios de esos bienes y debería prevalecer como fin ultimo el bien común para la sociedad que representan.

Fuentes

  • Moore Mark H. – "Gestion Estratégica y Creación de Valores en el Sector Publico" – Paidos 1992.-

  • Eduardo Viscardi G. – "Análisis de Políticas Publicas" – Impreso en La Rioja.-

  • Oscar Oszlak – "Políticas Publicas" y "Regímenes Políticos", Ediciones Paidos – Oct.1991.-

  • García-Pelayo – "Las Tecnocracias Hoy" - Ediciones Welt - 1990.-

  • Downs – "Estado y Sociedad" – Editorial Los Prados - Chile.-

  • Juan Noriega – El Ser de la Economía" – Ediciones Alta Córdoba.-

  • Saenz Valiente – "Las Políticas Publicas en Argentina" – Editorial Estrada.-

  • Jaime Maristany – Administración y Políticas Publicas" – Pearson Educación.-

  • Rolando Franco – "Significado y Contenidos del Desarrollo Social y de las Políticas Sociales" ILPES – Chile – 1986.-

 

 

 

 

Autor:

Eduardo Haiek


Partes: 1, 2


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