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¿La tipificación del delito de traición a la patria en la nueva Constitución de Bolivia constituye una garantía constitucional? (página 2)

Enviado por yery rojas torrico



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Por lo expresado hasta ahora se colige que, el constitucionalismo contemporáneo acentúa en la voluntad política constituyente que establece preceptos que no sólo aseguran y garantizan la protección de los derechos fundamentales, sino también preceptos que obligan a los órganos del Estado y a los poderes públicos a promover los derechos fundamentales.

Así, es posible concluir que el deber de sometimiento de todos los poderes a la Constitución y por tanto a los derechos fundamentales, se deduce no sólo a la obligación del Estado y sus órganos de no lesionar la esfera individual o institucional de los derechos fundamentales, sino la obligación positiva de contribuir a la efectividad de tales derechos y de los valores que representan. Esto obliga especialmente al legislador, quien recibe de los derechos fundamentales "los impulsos y líneas directivas, obligación que adquiere especial relevancia allí donde un derecho o valor fundamental quedaría vacío de no establecerse los supuestos para su defensa"[7]

En ese entendido, debe comprenderse a los derechos fundamentales desde la perspectiva de que:

. no son sólo derechos que limitan el poder del Estado, sino que son derechos que deben impregnar cada uno y todos los aspectos de la vida jurídica de la sociedad en su conjunto, siendo el elemento más fundamental y básico de la concepción del Estado.

(.) Además, la denominación utilizada de derechos fundamentales o humanos explicita la prioridad axiológica y su esencialidad, respecto de la persona humana. Hay una sola fuente de la fundamentalidad de los derechos, su relación con la dignidad humana, ya que son expresión inmediata y positiva de la misma, constituyendo el núcleo básico irreductible e irrenunciable del status jurídico de la persona. Por otra parte, tal denominación denota el carácter fundamentador del orden jurídico y político de la convivencia en sociedad, constituyendo elementos básicos del ordenamiento jurídico.

En tal sentido, el status jurídico constitucional de la persona es un status jurídico material de contenido concreto, no disponible por la persona, los poderes públicos, los organismos nacionales e internacionales.[8]

Las garantías constitucionales

Bobbio traza de manera magistral, la superlativa importancia de garantizar los derechos fundamentales, expresando que la labor a realizar en este campo. "no es tanto la de saber cuáles y cuantos son estos derechos, cuál es su naturaleza y su fundamento, si son derechos naturales o históricos, absolutos o relativos, sino cuál es el modo más seguro para garantizarlos, para impedir que, a pesar de las declaraciones solemnes, sean continuamente violados".[9]

En ese sentido, si el sistema de derechos fundamentales no ofrece a sus titulares las posibilidades de obtener sus satisfacciones frente a los particulares o ante los órganos del poder público, no hay un verdadero derecho. En otras palabras, el ejercicio de los derechos fundamentales queda reducido a la sola proclamación formal, o sea, a la nada. Por esto, un derecho fundamental sólo es tal dentro de un ordenamiento jurídico si es resistente frente a otros poderes.

Esta característica de resistencia del derecho, adquiere sentido a través de los diferentes institutos y mecanismos de protección de los derechos. Por ello, "el aseguramiento constitucional de los derechos debe ir acompañado de las respectivas garantías, vale decir, de los medios que aseguren la observancia efectiva de los derechos asegurados por la Carta fundamental. En otras palabras, un conjunto coherente de instrumentos de defensa de los derechos".[10]

La imperiosa necesidad de incorporar mecanismos expeditos que tengan por objeto la tutela y el resguardo de los derechos, lo explicaba con suma claridad Manuel José Cepeda, en ocasión al debate del "Proyecto de Constitución Colombiana", entre otras cosas manifestaba:

. Cuando hablamos de derecho y de participación ciudadana, estamos hablando también de poder. Hay quienes sostienen que la principal razón para adoptar una Carta de Derechos es que no hay mejor manera de fortalecer los poderes del ciudadano frente al Estado. Las atribuciones estatales en la era moderna sean vuelto más grandes y penetran en todos los rincones de la vida cotidiana. Por consiguiente, los individuos de sienten desamparados a la buena merced de la buena voluntad y del justo criterio de las autoridades. Eso no es conveniente ni para la estabilidad de las instituciones ni para el desarrollo autónomo y digno de las personas. (.) Ha quedado claro que la separación de los poderes públicos no es garantía suficiente frente a los abusos. Tampoco lo es la enumeración detallada de las facultades de quien detenta autoridad. Lo que falta es atribuir poder a los ciudadanos y crear mecanismos para que estos lo ejerzan pacífica y ordenadamente de manera directa por vías institucionales en cualquier momento y lugar. Eso precisamente es lo que hace una Carta de Derechos y Deberes (.): trasladar poder al ciudadano común para que cuando sea tratado arbitrariamente, tenga una salida diferente a la agresión, la protesta incendiaria o la resignación sumisa y alienante.[11]

Con todos estos antecedentes, es posible trazar ciertas definiciones con relación a las garantías constitucionales.

En tal cometido, Cabanellas, define a las garantías constitucionales como. "el conjunto de declaraciones, medios y recursos con los que los textos constitucionales aseguran a todos lo individuos o ciudadanos el disfrute de los derechos públicos y privados fundamentales que se le reconocen".[12]

Por otra parte, Hernández del Valle, expresa que. "las modernas legislaciones utilizan el término garantías constitucionales para referirse al conjunto de remedios procesales que tutelan y aseguran la vigencia de los derechos fundamentales de un ordenamiento jurídico, configurando lo que un jurista italiano denomina "La jurisdicción constitucional de la libertad", en consideración a que el concepto de garantías constitucionales tiene un significado jurídico, técnico y preciso".[13]

Desde nuestra perspectiva, las garantías constitucionales son los institutos jurídico – constitucionales que tienen la finalidad de asegurar el ejercicio efectivo y goce pleno de los derechos fundamentales, así como también proteger los derechos fundamentales contra las restricciones ilegales o indebidas, sea por parte del poder público y de sus instituciones o por los particulares.

En ese entendido, las garantías constitucionales deben ser comprendidas como aquellas tendientes a materializar y hacer efectivo el ejercicio y goce real de los derechos fundamentales. La importancia de esta institución constitucional, radica en el hecho de que si no se establecen mecanismos que sean capaces de limitar el poder del Estado (garantías normativas) y proteger los derechos cuando exista una amenaza, restricción o supresión de los mismos, por medio de un órgano jurisdiccional (garantías jurisdiccionales), los derechos quedarían reducidos a la mínima expresión y la persona ya no sería un ser humano sino una cosa.

En tal sentido, las garantías constitucionales se las puede clasificar[14]en dos tipos: las garantías normativas y las garantías jurisdiccionales.

Las garantías constitucionales normativas, hacen referencia al principio de legalidad en sentido amplio, concentrando su significado en los derechos fundamentales, regulando su desarrollo y aplicación, como su reforma.[15] En realidad, son dispositivos de carácter normativo que ha fijado el constituyente como primer mecanismo de protección de los derechos. Este tipo de garantías son de dos clases: las garantías normativas que imponen al Estado y a los particulares obligaciones negativas para no invadir la esfera de autodeterminación personal, que se constituye en la base de los derechos civiles y políticos; y las garantías que imponen al Estado obligaciones positivas para adoptar políticas de orden legislativo, administrativo y jurisdiccional a objeto de crear las condiciones necesarias para la realización, el ejercicio efectivo y el goce pleno de los derechos económicos, sociales, culturales y derechos colectivos o de los pueblos.

De otra parte, las garantías constitucionales jurisdiccionales, constituyen la piedra angular de la defensa de los derechos esenciales, puesto que cuando han fracasado las garantías normativas como medio de prevención y protección de estos derechos, indefectiblemente ingresan estas garantías o remedios jurisdiccionales con el objeto de reparar o tutelar los derechos ante las amenazas, restricciones o vulneraciones a los mismos.

La importancia de este tipo de garantías, ha sido puesta de relieve por el Prof. Fix -Zamudio, quien las ha denominado "derecho procesal de la libertad", fundamentando que:

. los citados derechos requieren de un procedimiento en el cual impere la celeridad, la economía procesal; amplias facultades para el juzgador, incluyendo las de no suplir los errores y las deficiencias de los demandantes, así como en la aportación de elementos de convicción, un sistema flexible de medidas cautelares, y especialmente puesto que los anteriores elementos podemos encontrarlos con más o menos fuerza en el enjuiciamiento, que los efectos del fallo protector sean esencialmente preventivos y reparadores; es decir, se requiere un sistema protector, en el cual se evite la violación actual e inminente de los derechos fundamentales y, en todo caso, la restitución en el goce de tales derechos al afectado, ya que con exclusión de algunos de carácter patrimonial, aquellos de refieren a la libertad y dignidad del hombre no pueden sustituirse por equivalentes, y finalmente, medidas enérgicas y rápidas de ejecución del fallo judicial que otorgue la tutela.[16]

Por lo tanto, las garantías jurisdiccionales son los mecanismos o remedios jurídicos que ofrece el ordenamiento constitucional e internacional, con el objeto de restituir o restablecer los derechos fundamentales vulnerados, restringidos o suprimidos de manera ilegal o indebida, reparación que se realiza a través de los tribunales ordinarios, tribunal constitucional, defensor del pueblo o comisiones y tribunales internacionales.

De todo lo afirmado, podemos inferir sin temor a equivocarnos, que la esencia de las garantías constitucionales reside en la misión de materialización, efectivización y protección de los derechos fundamentales. De ahí que, cualquier contenido normativo que figure en el texto constitucional, en el capítulo relativo a las garantías constitucionales no puede ser considerado como una garantía, sino tiene por objeto la limitación del poder del Estado (garantía normativa) o la protección efectiva para el goce y ejercicio de los derechos mediante los remedios procesales de carácter jurídico (garantías jurisdiccionales).

Derechos fundamentales, garantías constitucionales y el delito de traición a la patria

Una vez que hemos procedido a precisar lo que se entiende por derechos fundamentales y garantías constitucionales, más la clasificación de estas últimas; resulta de rigor ingresar a analizar si existe una relación de protección a los derechos fundamentales y garantías constitucionales con el establecimiento del delito de traición a la patria en el texto constitucional.

En ese sentido, la Nueva Constitución instituye las garantías constitucionales en su Título IV bajo el nomen iuris de Garantías Jurisdiccionales y Acciones de Defensa, prosiguiendo en el Capítulo Primero de referida norma, a instaurar y desarrollar las Garantías Jurisdiccionales.

En este punto, conviene realizar algunas precisiones de orden estricto, antes de adentrarnos al objeto principal de este apartado. Como hemos señalado en el acápite precedente relativo a las garantías constitucionales, estas por lo general se clasifican en dos: las garantías normativas, que pueden ser garantías normativas positivas y garantías normativas negativas; y las garantías jurisdiccionales.

En ese orden de cosas, al parecer, el constituyente boliviano incurrió en errores conceptuales y de denominación, dado que las garantías constitucionales las ha reducido a las jurisdiccionales, ello se infiere de la lectura del título y capítulo precitado. Además. "se consigna disposiciones constitucionales que consagran garantías normativas para garantizar el goce pleno de los derechos del ámbito de autodeterminación de la persona, es decir los derechos individuales, imponiendo obligaciones negativas; omitiendo imponer obligaciones positivas para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, así como lo derechos colectivos de los pueblos".[17]

Sumado a ello, las garantías jurisdiccionales, que son los medios jurídicos expeditos para la protección efectiva y el goce pleno de los derechos fundamentales ante las amenazas o restricciones ilegales o indebidas por parte del Estado, terceros o particulares, han sido confundidas con el nombre de Acciones de Defensa; toda vez que la doctrina constitucional enseña que son garantías jurisdiccionales, el amparo constitucional, habeas corpus, habeas data, etc. De esto se concluye que, las garantías constitucionales normativas, son denominadas por la Constitución garantías jurisdiccionales y las garantías jurisdiccionales son llamadas acciones de defensa. Esto demuestra el tremendo error y el poco conocimiento que tuvieron respecto a este instituto jurídico-constitucional quienes se encargaron de la elaboración de la Constitución.

Con estas puntualizaciones de carácter general en cuanto a la denominación de las garantías constitucionales, es ineludible ingresar a analizar la temática planteada en líneas anteriores.

En efecto, la Nueva Constitución Política del Estado en el artículo 124 tipifica el delito de traición a la patria, bajo los siguientes términos:

Artículo 124. I. Comete delito de traición a la patria la boliviana o el boliviano que incurra en los siguientes hechos:

1. Que tome armas contra su país, se ponga al servicio de estados extranjeros participantes, o entre en complicidad con el enemigo, en caso de guerra internacional contra Bolivia.

2. Que viole el régimen constitucional de recursos naturales.

3. Que atente contra la unidad del país.

II. Este delito merecerá la máxima sanción penal.

Ahora bien, es menester dejar sentado, que este tipo de delito se encuentra incorporado en Título IV relativo a las Garantías Jurisdiccionales y Acciones de defensa, en particular, corresponde al Capítulo Primero de referido título, denominado Garantías Jurisdiccionales.

En ese sentido, lo que corresponde aquí desarrollar y saber es: ¿Si el delito el delito de traición a la patria constituye una garantía constitucional en estricto sentido? y si lo es, ¿Qué garantiza?.

Para responder a nuestras preguntas, debemos partir de las definiciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales que han sido expresadas en el desarrollo de los epígrafes correspondientes.

En primera instancia, manifestamos, que los derechos fundamentales son aquellos que se encuentran consagrados expresa o implícitamente en la Constitución como las facultades, potestades, o capacidades que tienen las personas para hacer o dejar de hacer algo inherente a su personalidad, pedir la atención y satisfacción de las necesidades o representar e impugnar las decisiones estatales que afecten sus intereses.

Por otra parte, también señalamos que tales derechos son inherentes al ser humano, y que no basta su sola proclamación formal, que es necesario dotar a estos derechos de mecanismos y remedios procesales con el objeto de tutelar y asegurar el ejercicio y goce pleno de los derechos fundamentales, así como también, proteger los mismos de las restricciones indebidas o ilegales por parte del poder público o particulares.

Por todo lo vertido hasta este momento, podemos colegir, que los rasgos que caracterizan a las garantías constitucionales son:

  • Disposiciones normativas que generalmente figuran en un texto constitucional.

  • Tienen por objeto el aseguramiento del ejercicio, goce y vigencia plena de los derechos fundamentales.

  • Son mecanismos o remedios procesales de carácter jurídico, de protección y en su caso de reparación de los derechos fundamentales.

  • Buscan que los derechos fundamentales no queden en la sola enunciación formal, sino que se materialicen.

Como se habrá podido observar, la extracción de los rasgos esenciales que configuran a las garantías constitucionales son de suma importancia para abordar y resolver esta problemática, dado que se constituyen en una especie de filtros y obligan a someter a este delito a los presupuestos ya citados, para poder determinar si es o no una garantía constitucional.

En primer lugar, conviene manifestar que la creación de un delito, debe responder a una necesidad social de protección de determinados bienes jurídicos con relevancia constitucional. Por lo que solo la dañosidad social ha de justificar en último término la intervención del derecho penal. Intervención que está sujeta y obligada a respetar los principios constitucionales descritos anteriormente. Consecuentemente, una vez establecido el delito mediante una tipificación penal y siguiendo estrictamente los principios penales, se procede a señalar una determinada sanción, que en el lenguaje penal es conocida como pena. La misma que debe guardar proporcionalidad entre el bien jurídico tutelado y el daño cometido, no pudiendo exceder de los límites y convertirse en inhumanas, abusivas, desproporcionadas y degradantes.

En ese sentido, toda tipificación y establecimiento de un delito conlleva una pena o medida de seguridad; la aplicación de cualquier sanción penal de esta naturaleza, implica un menoscabo en alguno de mis bienes, fundamentalmente en el derecho a la libertad. Éste, es un derecho humano y constitucional que se encuentra reconocido y protegido por la Constitución y los tratados y convenios internacionales a través de garantías nacionales e internacionales de carácter normativo y jurisdiccional.

Sobre este análisis, es menester tomar en cuenta que, la tipificación del delito de traición a la patria en el texto constitucional se configura sobre la base de elementos genéricos e indeterminados,[18] donde se establece además de otras cosas, la máxima sanción penal, incorporándose supuestos de hecho, que en la mayor parte de las legislaciones penales del mundo no constituyen este tipo de delitos.[19]

De otro lado, si la esencia de las garantías constitucionales radica en que estas son normas que, en primera instancia limitan el poder del Estado, y se instituyen a través de mecanismos o institutos jurídico-constitucionales para tutelar, proteger y hacer efectivo el goce y ejercicio pleno de los derechos fundamentales, resulta incompatible con las garantías, el que se tipifique el delito de traición a la patria bajo caracteres indeterminados y con una maximización penal; puesto que por una parte, no se estaría protegiendo ni garantizando a la persona el ejercicio de sus derechos, y por otra, se le estaría limitando los mismos con el establecimiento de elementos indeterminados y también, con el acuñamiento de una pena desproporcional al bien jurídico tutelado.

Estos fundamentos, no se consumen ahí. Obsérvese, que el delito de traición a la patria no resulta un contenido normativo que limite el poder del Estado, es más, el carácter genérico en el que está constituido le imprime una fuerte carga autoritaria y discrecional, o sea, en estricto sentido no constituye una garantía constitucional de carácter normativo; de otro lado, tampoco es un medio o mecanismo capaz de tutelar, proteger o en caso de existir una restricción a los derechos fundamentales, reparar éste, es decir, no es una garantía jurisdiccional. Si no es una garantía normativa, ni jurisdiccional, entonces no es una garantía constitucional, porque su contenido sobre el cual se sustenta diverge absolutamente de la naturaleza jurídica de las garantías constitucionales.

De ser escéptico con este planteamiento, y seguir insistiendo que el delito de traición a la patria tipificado en el texto constitucional, es un garantía constitucional que protege a los derechos fundamentales de las personas; con el argumento de que al ser este uno de los delitos más gravosos y peligrosos para las mismas y fundamentalmente para el Estado, resultaba imperioso y de suma urgencia que el constituyente boliviano establezca el contenido del delito y lo haga instituyéndolo mediante una tipificación penal, es decir, mediante un tipo penal incrustado en la Constitución.

Para estos escépticos, el argumento citado puede resultar cabal y para otros incluso convincente, sin embargo, resulta obligatorio refutar a los mismos. Porque si esa fue la intención del constituyente, en primer lugar, debió respetar los cánones de racionalidad, esto es, construir un concepto de la significación propia del delito de traición a la patria, o en el mejor de los casos, dejar incólume el contenido normativo sobre este particular que proclamaba la Constitución de 1967 en su artículo 17, vale decir que: "se entiende por traición la complicidad del enemigo durante el estado de guerra extranjera". En ese entendido, el constituyente boliviano no debió cambiar el sentido ni introducir supuestos de hecho y elementos indeterminados distintos a los que tradicionalmente conoce la doctrina penal en lo inherente al delito de traición a la patria, dado que desnaturalizó por completo la esencia del delito y las garantías constitucionales. En suma, no se debió establecer en el delito de traición, el precepto ni la sanción, si esa fue la verdadera intención, - como lo advertimos antes-, bastaba con un concepto.

Por otra parte, y como se manifestó precedentemente, resultaba impertinente instituir como delito de traición a la patria el violar el régimen constitucional de recursos naturales y el atentar contra la unidad del país, porque al margen de no ser esta la esencia o el objeto de tutela del delito, otorgan una fuerte carga de discrecionalidad al ostentador del poder político.

Estos fundamentos, hacen que el contenido normativo del artículo 124 no pueda ser considerado como una garantía constitucional, porque además no constituye parte de la materia constitucional, y no limita, protege o repara absolutamente ningún derecho, como ya se tiene explicado.

No obstante a ello, de seguir insistiendo que la tipificación del delito de traición a la patria es una garantía constitucional, pero del Estado, es ineludible expresar que en un Estado Constitucional de Derecho, la soberanía reside en el pueblo, la misma que es inalienable e imprescriptible, y todas las autoridades y órganos de poder emanan de ella. Por consiguiente, se trata de un Estado sometido al derecho, derecho que está por encima del poder; de un gobierno subordinado a los valores, principios, derechos y garantías constitucionales. Por ello, la intervención del Estado no es absoluta, sino limitada. Y la mayor parte de los límites se encuentran en una barrera infranqueable que se llaman: derechos fundamentales.

Estos fundamentos, encuentran plena concordancia con lo señalado en el artículo 9 num. 4, que dispone como fin y función esencial del Estado: Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución; además, el artículo 13 de referida norma, con meridiana claridad señala: Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, individuales y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. En esa directriz protectora, el contenido del artículo 22 es taxativo, así expresa que: La dignidad y la libertad de las personas son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado.

En esa línea, un Estado Democrático, respetuoso de las libertades y de la dignidad de las personas se encuentra al servicio del ciudadano, y le ha de dotar una serie de medios para que éste se proteja de los intempestivos abusos que puede ocasionar o cometer el Estado o sus instituciones. Por ello, la finalidad de las garantías es proteger los derechos de las personas y no así del Estado. ¿Porqué? Porque se entiende que al tener éste el poder político y represivo al menos circunstancialmente, los ciudadanos se encuentran en una situación de vulnerabilidad y desventaja. Por ello es necesario dotar de medios o mecanismos capaces de limitar el poder del Estado y frenar en lo posible los intentos de arbitrariedad del mismo.

Por tanto, un Estado que invierte los roles, esto es, que el ciudadano pasa a estar al servicio, dependencia y sumisión de éste, no es un Estado Constitucional de Derecho, a mutado y se ha convertido en un Estado o autoritario o totalitario.

Por todos los fundamentos señalados, resulta de rigor expresar, que la tipificación del delito de traición a la patria en la Nueva Constitución no constituye una garantía constitucional, puesto que como se lo ha venido repitiendo denodadamente, no garantiza nada. Es más, por la forma y los caracteres sobre los que está construido, pone en riesgo el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos, consagrados paradójicamente en el mismo texto constitucional.

 

 

 

 

Autor:

Yery Rojas T.

El autor es boliviano, tiene 23 años de edad, Licenciado en Derecho suma cum laude por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.

[1] PARMA, Carlos: Derecho Penal Posmoderno. Mendoza, Ed. Ediciones jurídicas Cuyo, 2000, p. 26

[2] DERMIZAKI PEREDO, Pablo: Derechos y Garantías fundamentales. Cochabamba, Ed. Alexander, 2006, p. 25.

[3] RAMELLA, Pablo: Los Derechos Humanos. Buenos Aires, Ed. Depalma, 1980, p. 15

[4] FERRAJOLI, Luigi: Derechos y Garantías. Madrid, Ed. Trotta, 1999, p. 37.

[5] La Constitución boliviana, a establecido detalladamente un largo catálogo de derechos fundamentales, los mismos que alcanzan mas o menos a 95 artículos, empero, como cuota crítica de nuestra parte las garantías positivas, entendidas como los medios para crear las condiciones de materialización de los derechos, son muy reducidas.

[6] RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio: "Hacia una nueva Constitución". Ob.cit. p. 28.

[7] Sentencia del Tribunal Constitucional Español, Nº 53/1985.

[8] NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto: Teoría y dogmática de los derechos fundamentales. México, Ed. Instituto de investigaciones jurídicas, 2003, pp. 81 y 82.

[9] BOBBIO, Norberto: Presente y porvenir de los Derechos Humanos. En: Anuario de Derechos Humanos de 1981. Madrid. Ed. Complutense, 1982, p. 10.

[10] NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto: Teoría y dogmática de los derechos fundamentales. Ob. cit. p. 101.

[11] CEPEDA, José Manuel: Los Derechos Fundamentales en la Constitución de 1991. Santa Fe de Bogotá, Ed. Temis, 1991, pp. 1 y 2.

[12] CABANELLAS, Guillermo: Diccionario de Derecho Usual. Tomo II. Ob. cit. p. 249.

[13] Citado por: PRIETO MELGAREJO, Kenny, en el Acto de Inauguración del II Seminario Taller sobre "Derechos y Garantías Constitucionales". En: Memoria del II Seminario Taller: Derechos y Garantías Constitucionales. Sucre, Ed. Tupac Katari, 2003, p. 10.

[14] La clasificación de las garantías constitucionales no es del todo pasiva y conforme, dado que en la doctrina constitucional encontramos un sin número de clasificaciones. Por ejemplo: DERMIZAKI, Pablo, clasifica las garantías en: Políticas y Jurisdiccionales; FERRAJOLI, Luigi, en: Garantías primarias y secundarias. Las garantías primarias constituyen las obligaciones de (prestación) o las prohibiciones de (lesión) de los derechos fundamentales que deben respetar y asegurar los demás, sea el Estado o terceros públicos y privados. Las garantías secundarias constituyen las obligaciones de reparar o sancionar judicialmente las lesiones de los derechos, vale decir, las violaciones de las garantías primarias. NOGUEIRA, Humberto, las clasifica en: garantías internacionales y nacionales, estas últimas las sub-clasifica en: garantías genéricas y específicas, comprendiendo también: las garantías normativas, las garantías institucionales y las garantías jurisdiccionales.

[15] PECES BARBA, Gregorio: Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General. Madrid, Universidad Carlos III, 1995, p. 505.

[16] FIX-ZAMUDIO: Héctor: La protección procesal de los Derechos Humanos. Madrid, Ed. Civitas, 1982, p. 49.

[17] RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio: "Hacia una nueva Constitución". Ob.cit. p. 48.

[18] Los elementos indeterminados y los supuestos de hecho que modifican la esencia del delito de traición a la patria, será estudiados exhaustivamente en el siguiente acápite.

[19] Cuando utilizamos la expresión: "legislaciones penales", hacemos referencia a las leyes y Códigos Penales de diferentes partes del mundo, no así a las "Constituciones"; ya que como se ha podido demostrar en el anterior capítulo, no existe -al menos en las Constituciones analizadas-, alguna tipificación penal en general, y respecto al delito de traición a la patria en particular, que describa e incorpore estos elementos, como lo realiza la Constitución boliviana.


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