«Tiranía sin tiranos» Las causas de la violencia social en Cuba

2. Estado Burocrático Policial
3. Gramática de la Libertad

Cartografía del Laberinto

 Las políticas penal y disciplinaria del Estado cubano --durante las últimas cinco décadas-- han estado variando la localización del listón legalista (arriba/abajo) que ha adoptado aquéllas de forma cíclica, intempestiva y reactiva. Dentro de ciertos límites, no están hoy capacitados los juristas cubanos –¿por falta de sentido político y/o cultura general entre los mismos?-- para sostener/actualizar la legalidad sin alterar la textualidad legislada de la misma. La adopción de pocas estratagemas para la "adecuación" de aquélla  –como la escasa entidad, la potestad discrecional, la analogía jurídica, etcétera-- hacen un repertorio limitado del cual disponen los abogados del régimen. Ahora bien, lejos de estas técnicas jurídicas el resto del ejercicio de "ajuste" lo completa el sentido común de jueces y fiscales. Desde luego, éstos no podrían considerar los aspectos ideológico-culturales que participan de los mecanismos de regulación no-jurídica de la sociedad. ¿Esto podría explicar además el porqué los estudios jurídicos son despolitizados hoy mientras es sobrepolitizada la práctica judicial en Cuba? Sí y no. En tal sentido el delito de receptación –por ejemplo-- podría ser aplicado al 80% de la población cubana ahora mismo. Pero esta política crearía una situación adversa que dejaría sin legitimidad alguna al régimen "socialista" cubano en apenas una semana. (Convertiría al legislador en proscrito.) Esto no significa que esté dispuesto el régimen a renunciar a aquella ideología oficiosa que intenta criminalizar a amplios sectores de la sociedad. La política de culpabilidad que asegura la gobernabilidad del modelo estatista –modelo cuya contingentividad crece a saltos-- resulta la confesión de la incongruencia entre el legalismo y la revolución. Esto lo hace violento por sí mismo.

La crítica metafísica de la violencia política, por otra parte, nos presenta un laberinto de conductas perversas que se reproducen en el tiempo por sí mismas. Causas y efectos se van confundiendo en un continuo casi infinito. Nunca se hallaría allí cómo interrumpir la cadena de agresiones. Sucede que mezclamos: poder y violencia –según Hannah Arendt[1]--. (En tal sentido la autora distingue entre las categorías de poder, potencia, fuerza, autoridad y violencia.) La retórica legalista en Cuba oculta estas verdades políticas. Compromete ella misma un momento crítico en la actualización de la sociedad política: la relación analéptica entre legalidad/legitimidad que la justifica y hace sostenible en el tiempo. (Arendt lo dirá así: "La violencia siempre será justificable pero nunca será legítima"[2].) El desafío que significa echar adelante las reformas actuales en Cuba, por ejemplo, exige buscar la legitimación de éstas en la historia. [Historia de medio siglo que será argumentada con el diferendo Cuba/Estados Unidos. Esto es, insisten en dar continuidad al régimen actual recurriendo al pasado inmediato de las luchas políticas (antimperialistas) de los patriotas cubanos.] Ocurrió tal cosa en 1968. Lo que no podría ser legitimado con el pasado --sino hacia el futuro-- sería la violencia que implican tales cambios. En otros ensayos he sometido a crítica el sentido sacrifical[3] que adoptan las ciencias sociales al "legitimar" los costos sociales que dichos cambios políticos les exigen a la sociedad.

Ahora bien, ¿cuáles motivos podrían hallar estas reformas que autoricen la adopción de métodos autoritarios para la ejecución de las mismas? La táctica política que emplea la dirección de la Revolución cubana consiste en reducir la confrontación directa de fuerzas al interior del país. Mientras tanto, intenta aquélla ganar tiempo con la realización de ciertos programas sociales que superen la precariedad hoy existente en Cuba –restando así ventaja a la oposición--, para después modificar la correlación de fuerzas políticas. La cantidad de artimañas que son necesarias para impedir el debate soberano de temas públicos, hacen del comando político de la Revolución cubana una estación de policías. En medio del conflicto entre las huestes de Raúl Castro y los lebreles del status quo, que sucede en la actualidad y logra tensionar al país, estimula a sectores "fundamentalistas" del bando rojo (raulistas). Las metas políticas que plantea tal comando no podrían ser suficientes para autorizar el empleo de métodos autoritarios, como aquellos que obstruyen hoy la articulación por consenso de un proyecto de nueva sociedad. Ante todo porque el rehacer los viejos entramados sociales –un fruto de la situación límite de los 90s-- exigiría un proceso de "negociación" hacia el interior de la sociedad (altísima complejidad mediante) para ser enfrentado con métodos administrativos y policíacos como está sucediendo en la actualidad. Los cambios que deben producirse exigen una mecánica fina dada la singularidad que estos adoptan en los proyectos de vida de la multitud. Ciertamente, frente a tal situación una élite política no podría encontrar salidas óptimas para la totalidad de los cubanos. La reacción se presenta hoy como acciones afirmativas (discretas)[4] de sectores excluidos del proceso de rediseño del espacio político nacional.