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“Cuando una falta se convierte en delito” Análisis dogmático del artículo 441º del Código Penal peruano (página 2)




Partes: 1, 2

Reforzando la idea, el maestro San Martín Castro enseña que "las faltas son simples injustos menores en relación con los delitos; y que no hay entre ambas diferencias cualitativas, pues sus elementos son exactamente iguales, pero como quiera que las faltas conciernen sanciones más leves, y están referidas a vulneraciones a bienes jurídicos, de menor intensidad, es del caso, tratarlas distintamente en función a la simple diferencia cuantitativa que existen entre ellos". De modo tal que el criterio diferenciador entre el delito y la falta se sustenta en un CRITERIO PURAMENTE CUANTITATIVO, pero que tiene en cuenta la gravedad de la infracción y la pena.

Distinción entre delito de lesiones y faltas contra la persona

Como se ha señalado la diferencia esencial que existe entre los delitos y faltas, es pues un criterio puramente cuantitativo, en razón a que se mantiene tanto los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal al momento de efectuar el juicio de tipicidad, empero, la cuantificación (sea en el delito de lesiones, hurto, etc), es básica para poder trasladar el conocimiento de dicha causa a un Juez de Paz Letrado o que la investigación se inicie en el órgano persecutor por excelencia.

Es pues, esa diferencia cuantitativa la que permite distinguir las faltas de los delitos, y en el caso sub materia, tanto el delito de LESIONES como el de FALTAS CONTRA LA PERSONA, el bien jurídico penalmente protegido, a través de su descripción típica, es la SALUD INDIVIDUAL, precisando que cuando el codificador prohíbe los graves daños en la estructura somática o en la salud de las personas, no hace más que asumir un concepto comprensivo de salud, en su aspecto físico y psíquico[1]Robusteciendo dicho razonamiento, se tiene además que el bien jurídico en este delito, sin lugar a dudas, es la integridad corporal y la salud de la persona humana, protegiéndose no solamente el cuerpo del individuo sino también su salud, es decir, se incluye tanto el aspecto anatómico como el fisiológico[2]. Además no sólo se tutela la salud física sino que también la psíquica. En este sentido, Diez Ripolles afirma que el bien jurídico en el delito de lesiones es la integridad y salud personales, entendiendo el adjetivo como alusivo a la doble vertiente física y mental del ser humano.

De otro lado debe de tenerse presente que toda lesión, es una violencia ejercida por agentes vulnerantes sobre las diversas partes del cuerpo de una persona (agraviado), perturbando su salud en forma variable[3], infiriéndose de ello que toda lesión es un menoscabo sobre la salud o la integridad corporal.

Corresponde ahora, desarrollar lo que nuestro cuerpo punitivo nacional de 1991, y atendiendo a su tipicidad subjetiva, clasifica a las lesiones en dolosas o culposas, acotando por las primeras como la intención dirigida a producir un daño en la salud de la víctima y que dicha conducta no se satisface con la mera manifestación externa de la voluntad de lesionar, por parte del agresor, sino que exige además la producción de una efectiva lesión, que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental[4]y de otro lado por las LESIONES CULPOSAS, el tipo subjetivo se configura por el conocimiento potencial o efectivo que tiene el agente de que su acción ponía en peligro la integridad física, psíquica de una persona . Con ello se tiene que el resultado dañoso no fue previsto, a pesar que una persona de diligencia ordinaria en la actuación del autor podría preverlo para que se configure el delito de LESIONES,

Como se vislumbra de lo reseñado hasta aquí, el delito de Lesiones, constituye una afectación en la estructura somática del individuo y como consecuencia de ello, un detrimento psicológico, y que a tenor de lo preceptuado por nuestro cuerpo punitivo nacional, su artículo 122º nos refiere ad pedem litterae lo siguiente:

LESIONES LEVES

El que causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud que requiera más de diez y menos de treinta días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con sesenta a ciento cincuenta días-multa (…) /el sumillado y subrayado es nuestro/.

Para finiquitar este punto, debemos de referir entonces que para la configuración del delito de LESIONES, se requiere entre otros aspectos del tipo penal, que la cuantificación de las lesiones requieran MÁS DE DIEZ Y MENOS DE TREINTA DÍAS DE INCAPACIDAD MEDICO LEGAL, ello plasmado en el documento idóneo para acreditar dichas lesiones, como es el Certificado Médico Legal, expedido por la División Médico Legal correspondiente.

A renglón seguido, y como argumento contrario sensu, en la hipótesis fáctica-jurídica, de no superar la cuantificación de DIEZ DÍAS DE INCAPACIDAD MÉDICO LEGAL, inevitablemente estaríamos direccionando el conocimiento de dichos hechos, ante un Juez de Paz Letrado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 441º del Código Penal, el cual ad litteram, nos indica lo siguiente:

LESIÓN DOLOSA

El que, de cualquier manera, causa a otro una lesión dolosa que requiera hasta diez días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa, será reprimido con prestación de servicio comunitario de cuarenta a sesenta jornadas (…)/sumillado y subrayado es nuestro/.

Como vemos, cuando el menoscabo en la estructura corporal no supera el quantum legal para constituir el ilícito penal de LESIONES, el conocimiento, juzgamiento y sentencia está cargo de los Juzgados de Paz Letrados, al configurarse una FALTA contra la persona

De las circunstancias o medios que le den gravedad al hecho, en las faltas contra la persona

Iniciemos este apartado, señalando que las normas penales adolecen en algunos casos, de ciertos defectos de técnica legislativa, como en el supuesto normativo regulado en el artículo 441º del Código Penal, en donde por a través de la expresión "siempre que no concurran circunstancias o medios que den gravedad al hecho" se permite que mediante la valoración subjetiva del operador jurídico; una falta deje de serlo para convertirse en delito, sin que previamente se haya descrito cual es la circunstancia o el medio atendible para tal conversión. Aunque, en este último caso, bien podría afirmarse que hay una expresa contravención del legislador al principio de legalidad y, en consecuencia, el juez no estaría precisado a sujetarse a la misma, a riesgo de contrariar el texto expreso de la Constitución. No obstante, es necesario reseñar que el Tribunal Constitucional, consciente de las limitaciones lingüísticas ha reconocido que no es posible exigir al legislador "una claridad y precisión absoluta en la formulación de los conceptos legales", con lo que deja abierta la posibilidad de un cierto margen de indeterminación, el que dejará de ser admisible "cuando ya no permita al ciudadano conocer qué comportamientos están prohibidos y cuales están permitidos"[5].

Sobre este respecto, es meritorio desarrollar someramente lo que el legislador peruano ha querido expresar –mens legislatoris- en torno a las circunstancias o medios que le den gravedad al hecho, debiendo traer a colación que nuestra jurisprudencia de manera reiterativa ha sostenido, que la gravedad de las lesiones se determina no sólo por los días de descanso que establece el facultativo, sino también por las circunstancias de su comisión, los medios empleados y el lugar donde se ha producido las lesiones, con ello se tiene entonces que para dotar o investir de gravedad al hecho, a través de sus circunstancias o medios, debe de atenderse a un criterio valorativo suficiente, que permita considerar como grave a una determinada circunstancia o medio, para ello debe observarse si la vis in corpore, fue ejecutada en un contexto que realmente le otorgue la particularidad de GRAVE, vale decir que constituya una circunstancia que da gravedad al hecho, pero para definir su eficacia agravante en las FALTAS CONTRA LA PERSONA, será, siempre, con inclusión de las circunstancias de su empleo, el nivel de afectación a la integridad corporal de la víctima que ella produjo y el medio empleado para tal cometido antijurídico.

Vale decir, que las circunstancias y medios empleados que le den gravedad al hecho, inciden en la propia entidad de la lesión que se ocasione a la víctima, y revelan un mayor contenido de injusto específico –al ser calificados como LESION O FALTA, desterrando provisionalmente el criterio puramente cuantitativo, y adoptando uno de orden cualitativo-, que es del caso resaltar desde su calificación jurídico penal. No se trata de amedrentar a la víctima sino de atacarla y afectar su integridad física, más allá del resultado objetivo de la lesión, lo que trastocaría el sentido de la tipificación de lesión a falta, y que ello sería considerando las circunstancias o medios que le den gravedad al hecho.

Con todo ello se tiene entonces que para considerar como circunstancia o medio que le de gravedad al hecho, debe atenderse en consecuencia el contexto en el cual fue desarrollada dicha conducta, y además los móviles que permitan advertir si dicho proceder reviste gravedad, para considerarlo delito y no falta. Para ilustración, se debe de señalar lo expuesto en la Ejecutoria Superior de Lima del 05 de noviembre de 1997, del expediente Nº 2899-1997, en donde expresamente el Juzgador, refiere que "conforme al artículo 441º del Código Penal, en caso de lesiones producidas en circunstancias que den gravedad al hecho, éstas serán consideradas como delitos, y que dichas fueron producidas por arma blanca, lo cual hace que éstas deban ser consideradas como delito y no falta", como se otea, es obvio el considerar como medio empleado que de gravedad al hecho, el emplear un arma punzo cortante, en razón además que dicha lesión queda acreditada en el certificado médico legal, es decir el medio utilizado genera un tipo de lesión única, que es fácilmente identificable por el médico legista, y lo consigna en dicho documento oficial; de otro lado las circunstancias en donde se desarrollan los hechos y el móvil de la comisión, deben de permitir advertir que el imputado actúo premunido con intención dolosa de lesionar, y no simplemente como una repulsa a una agresión, es decir que el entorno mismo no denote pues que dicha lesión es producto del fragor de una mera discusión, lo cual conllevaría a constatar objetivamente únicamente al certificado médico legal, el cual al no superar los diez días de incapacidad médico legal, configuraría una falta contra la persona.

Por último debe de atenderse, que si bien existe una omisión legislativa en no desarrollar lo que debe de considerarse como circunstancia o medio que le de gravedad al hecho, esto no es óbice para realizar una interpretación racional y adecuada de dicho articulo, siendo que debe considerarse los pronunciamientos judiciales como indicadores o parámetros a través de los cuales se va subsanando dichas omisiones o deficiencias de técnica legislativa, siendo que para el caso en análisis, la jurisprudencia es mayoritaria en considerar el empleo de armas punzo-cortantes, contuso-cortantes, u otro elemento idóneo -que de su empleo ilícito-, significaría un riesgo en la salud de la persona, y con ello un detrimento en su estructura corporal, como medios que revisten de gravedad un accionar. Sobre esto, es preciso indicar que dicho menoscabo en la salud, con el empleo de dichos medios, denota al aludido accionar de gravedad, y como tal su calificación ya no como falta sino como delito; y es que es obvio, que el tratamiento que debe de dársele a dichos comportamientos debe ser distinto, en razón a que es diferente estar frente a una lesión pura y simple, a una lesión causada con medios que puedan otorgarle gravedad (arma punzo cortante, por ejemplo), es decir que el medio empleado podría haber generado una lesión mayor, sino que por las circunstancias mismas, y tras la cuantificación efectuada por el médico legista, éstas quedan reducidas al límite de FALTAS.

Es allí, el quid de la cuestión, la circunstancia o medio empleado que le de gravedad a la lesión, es pues esa virtualidad que tiene, de generar mayores daños sobre la psiquis o estructura somática de la víctima, y que dado el lugar, los sucesos, el tiempo, la repulsión del agraviado, permitan limitarla en cuanto su producción del daño; vale decir que de no mediar ningún coto en el proceder del imputado con el empleo de dicho medio o en dicha circunstancia agravante, el resultado de la lesión sería mayor.

De lo glosado, podemos señalar que la circunstancia o medio empleado que le de gravedad al hecho, es aquel que tiene la virtualidad de generar un daño mayor, y que de no mediar sucesos periféricos que competan a la víctima o tercero, estas devendrían en una cuantificación mayor.

Se debe mencionar al respecto que cuando se produce una lesión sobre la estructura corporal de una persona, y éstas al ser sometidas a evaluación –para su cuantificación- por el médico legista, dicho resultado se consigna en el Certificado Médico Legal, en donde además se inserta las conclusiones a las cuales se arriba tras haber efectuado el examen directo de la víctima, empleando para ello diferentes métodos que la ciencia médico forense les otorga a los galenos; asimismo se señala el origen de la lesión (contuso, contuso-cortante, etc.) y obviamente la data (el relato o antecedente del hecho y sus circunstancias).

En tal sentido, no sería adecuado calificar como circunstancia o medio que le de gravedad al hecho, el empleo de medios que por sentido común, carecen de entidad para generar un daño suficiente en la estructura corporal (verbigracia, aplicar ajíes sobre el cuerpo, mordiscos, etc), dado a que muchas veces por la forma y circunstancias en que se suceden los hechos, no permiten advertir la idoneidad del medio empleado para generar una lesión mayor –virtualidad de generar una lesión mayor-, ni mucho menos en la mayoría de casos que se alega o se pretende reconducir una falta hacia delito, el médico legista concluye de manera diferente, o en el peor de los caso guarda silencia respecto a dicho extremo. Recordemos que las consecuencias jurídicas de un delito frente al de una falta, son de diferente intensidad y magnitud, y que por el hecho de procesar a una persona por un delito, le genera una huella indeleble en su siquis, en razón a que la violencia institucionalizada que tiene el Estado arremete contra él, y al ser sometido a este derrotero infausto por algún criterio apresurado y sin mediar sus consecuencias, que no resultaría legal ni podría condecirse con el modelo acusatorio garantista con rasgos adversariales que impera en nuestro distrito judicial, debiendo por tanto, aplicarse dicha norma con mesurada sindéresis y razonada epiqueya; atendiendo además al principio pro homine, que obliga a que éste precepto deba de interpretarse de manera restrictiva, y con ello no someter ciertas conductas tipificadas liminarmente como faltas, como delitos.

 

 

Autor:

José Antonio Díaz Muro

[1] GARCÍA DEL RÍO, Flavio. “DELITOS CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD”. Ediciones Legales, año 2005. Pág. 85-86.

[2] ALBERTO DONNA, Edgardo. DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL. TOMO I. Rubinzal-Culzoni Editores. Buenos Aires – Argentina. 1999. Página 131.

[3] SOLIS CABRERA, Ricardo. “TRATADO DE MEDICINA LEGAL” Tomo I. Corporación Editora Continental., S.A. Lima 1976. Pág. 218.

[4] GARCIA DEL RIO, Flavio. Op. Cit. Pág. 104.

[5] Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente 010-2002-AI/TC, Caso Tineo Silva, fundamento 47.

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