Análisis de la situación político-social de Venezuela a comienzos del siglo XIX

Iniciado el proceso de liberación del poder
español la opinión de la sociedad venezolana se
divide entre realistas y patriotas. Sucesivos momentos
históricos propicia la división de opinión
de los pobladores crea tendencias entre grupos antagónicos
o personalistas tales como: centralistas, federalistas,
paecistas, santandereanos, bolivarianos, separatistas, tadeistas,
gregorianos, federales, guzmancistas, continuistas, legalistas y
un sin numero de partidos a nivel regional y local, adheridos a
los paritos dominantes como el partido conservador y el partido
liberal, los cuales dominaron la escena política nacional,
desde el período pos independentista hasta iniciado el
siglo XX.

A partir de 1830 en Venezuela, la escena sobre la cual
se montan los proyectos políticos queda abierta a una
multiplicidad de tendencias, influencias y tipicidades
estrictamente venezolanas, que tornan poco factible el
empeño de interpretar semejante escena en clave liberal o
conservadora. En realidad, los llamados liberales venezolanos
tenían mucho de conservadores, y éstos mucho de
liberales. Ello es así por el modo específico como
se presenta la construcción de la nación
venezolana.[1]

Las ideas políticas en las cuales se sustentaban
estos partidos políticos en la práctica fueron
sustituidas por regímenes despóticos, en una
sociedad donde los caudillos se hacen del poder a través
de crueles guerras que en nada benefician a las grandes
mayorías del conglomerado nacional. Los caudillos que
dominaron la escena política nacional hasta mediados del
siglo XX, se caracterizan por se individuos que por su fortuna,
nivel de instrucción y fuerza de atracción sobre el
pueblo llano, logra su apoyo incondicional que le permite obtener
poder político y económico.

A finales del siglo XIX el partido liberal venezolano
era más que un nombre, se encontraba dividido en
fracciones, representada cada una en diversos caudillos, la
fracción más fuerte, era la del caudillo que estaba
en el poder.

En 1898 termina la presidencia del General
Joaquín Crespo, ya había elegido sus sucesor, el
General Ignacio Andrade quien estuvo bajos sus órdenes en
la Revolución Legalista; la maquinaria crespista
manipuló los resultados, quedando ganador su candidato,
perdiendo el proceso eleccionario el General José Manuel
Hernández (El Mocho Hernández), quién gozaba
de gran popularidad.

Heredaba Andrade un país arruinado con los
precios del café principal rubro de exportación de
nuestra economía agro exportadora, en el mercado
internacional en el suelo; el gobierno de Andrade pudo sortear
las intentonas de desestabilización promovidas por el
Mocho Hernández y de otro caudillo el General Ramón
Guerra. Las victorias logradas por Andrade, le hizo sentirse
afianzado en el poder, lo cual le permitió introducir
cambios en la constitución para afianzarse en el poder y
lograr y concentrar mayor poder político sobre el grupo de
caudillos.

Cada vez que el sistema capitalista mundial se resiste,
los coletazos de ese malestar repercuten directamente sobre
Venezuela a través de las fluctuaciones de su comercio
exterior, del cual ha sido tan dependiente tanto en el siglo XIX
como en el siglo XX.

Al entrar en depresión los países
industrializados disminuyeron su demanda de materias primas y
productos alimentarios importados lo que afecto severamente las
economías de los países productores y exportadores
de esos bienes; así, a través del comercio exterior
y los movimientos internacionales de capital, las consecuencias
de las crisis capitalistas se trasladan a
Venezuela.[2]

El ultimo parlamento del siglo XIX, denominado
así por el historiador Ramón José
Velásquez en su libro "La caída del liberalismo
amarillo", aprueba la reforma constitucional que encenderá
la flama de la última revolución del siglo XIX; las
reformas aprobadas liquidaron las Circunscripciones Militares,
modifico la composición política del parlamento,
modificó la división política del
país, postergo las aspiraciones autonómicas de las
provincias y deja abierta las pretensiones continuistas del
mandatario.

El acuerdo presentado por los sesenta y seis
representantes que apoyan al gobierno, disponen volver a la
división territorial en veinte estados que
establecía la Constitución de 1894; reforma tres
artículos de la Constitución Nacional; regula la
organización provisional de los estados; excita al
Congreso a dictar leyes constitutivas de las Cortes Federales y
de Casación y de las Asambleas Legislativas y autoriza al
Presidente Andrade para el nombramiento de funcionarios interinos
que presidan este cambio radical en la organización
política del país. En una palabra, un golpe de
estado, en la cual los soldados están reemplazados por los
diputados y senadores y los fusiles por las papeletas de
votación.[3]