Tratado de libre comercio Andino (página 3)

Después de haber acabado las negociaciones, en
cada uno de los países firmantes se seguirán
escuchando a los distintos sectores productores, al Gobierno, a
los partidos políticos, a los periodistas y en general al
público sobre lo que se mencionaba anteriormente,
además de los descontentos y preocupaciones de los
representantes de los sectores que resultaron "perdedores" y de
los que salen a defender y mostrase satisfechos por lo
alcanzado.

De toda la información que se recibe, es posible
que se cree confusión o incomprensión sobre el
tema. Obviamente, en todas las mesas temáticas, se
generaron debates y problemas; pero de todas se destacan las de
mayor demora y discusión como fueron: agricultura,
textiles, derechos de propiedad, e inversión.

En el caso de la mesa de agricultura, esta siempre fue
la más difícil y la última en cerrar. En lo
que concierne a lo que ganó y perdió la Comunidad
Andina se puede destacar la eliminación de la franja de
precios y el mercado abierto y sin restricciones de
impuestos.

Conforme al acuerdo con Perú.
Según USTR:

"Más de dos terceras partes de las actuales
exportaciones agrícolas estadounidenses quedaran exentas
de impuestos inmediatamente. Los aranceles de la mayoría
de otros productos agrícolas estadounidenses serán
retirados progresivamente dentro de 15 años, eliminando
así todos los aranceles al cabo de 17
años."[73]

Estados Unidos tenía entre sus objetivos la
eliminación de la franja de precios que tiene los andinos
y con esto manifestaba su disposición de contemplar otros
mecanismos o instrumentos y el tratamiento especial para algunos
productos sensibles específicos. Además de esto,
plantearon salvaguardias transitorias y no permanentes, como lo
solicitaron desde un principio los países
andino.

Al eliminar el mecanismo de franja de precios, se
estaría renunciando a la política agropecuaria
común que tiene establecida la CAN. Con la franja de
precios se pretendía asegurar una protección frente
a las distorsiones derivadas de una sobreoferta así como
de los subsidios que dan los países desarrollados a sus
productos agrícolas; este mecanismo se adoptó con
el fin de estabilizar el costo de importación de un grupo
especial de productos agrícolas, caracterizados por una
fluctuación marcada en sus precios internacionales. La
entrada de productos en un mercado abierto sin mecanismos
estabilizadores representará para la Comunidad Andina un
retroceso en la puesta en marcha de la unión
aduanera.

De los beneficios que ganó EE.UU. con el TLC es
sin duda la entrada al mercado peruano y colombiano de carne de
cerdo y de pollo. En el caso de Colombia, para el pollo se
otorgó a Estados Unidos un cupo de 26.000 toneladas de los
cuartos traseros de pollo, con aumento de 5 por ciento anual.
Habrá desgravación a 18 años, con cinco
años de gracia. En concordancia con el informe, esto para
los representantes del sector es una mala negociación
aparte de haberse incumpliendo con el arancel que se había
convenido con el gobierno.

Salvo la carne de cerdo, el maíz, el arroz y la
leche están incluidos en el sistema andino de franjas de
precios, con la desaparición de las protecciones que este
mecanismo otorga y la reacción de no aceptar otras
propuestas que surtan igual efecto, se propicia la
desaparición o deterioro de la producción de
maíz, arroz, lácteos y del ganado bovino y porcino
con la consecuente pérdida de cientos de miles de empleos
y la probabilidad de incrementar los cultivos ilícitos en
cientos de miles de hectáreas.

La franja se dirige a cambios de precios en materias
primas mundiales. Colombia y Ecuador tienen estos impuestos
variables en más de 150 artículos, incluso
maíz, arroz, soyas, y leche pulverizada. Los negociadores
Andinos han dicho que el mecanismo de franja de precios es
necesario para proteger a sus agricultores, y sobre todo a los
pequeños agricultores, contra importaciones
subsidiadas.

Entonces ¿por qué buscan eliminar este
mecanismo? En un análisis económico hecho por el
Ministerio de Agricultura de Colombia, se encontró que si
las reducciones de tarifa agrícolas del TLC incluyeran la
eliminación del mecanismo de franja de precios, los
ingresos netos para agricultores Andinos de arroz, maíz,
sorgo, soyas, algodón, alubias, y petróleo de
palma, se caerían en el 57 por ciento, y el empleo y los
salarios en estos sectores se caerían en el 35 por ciento.
Esto no estaría demostrando que este mecanismo sí
es necesario y que su efectividad en el precio de dichos
productos y por lo tanto en el ingreso de los trabajadores
dependerán en gran parte a ello.

Conforme al acuerdo con Colombia.
Según USTR[74]

Todos los aranceles e impuestos serán
inmediatamente eliminados en exportaciones estadounidenses hacia
Colombia "de carne bovina de alta calidad, algodón, trigo,
comida de soya, frutas y verduras claves incluidas manzanas,
peras, melocotones, y cerezas; y muchos productos de alimento
tratados incluso patatas fritas y galletas
congeladas."

Las exportaciones estadounidenses "de carne de cerdo,
carne de vaca, maíz, piratería, arroz, las frutas,
las verduras, productos tratados, y productos lácteos."
Obtendrán un mayor acceso al mercado
colombiano.

Los estadounidenses durante toda la negociación
mostraron dureza y pocas intenciones de ceder ante las peticiones
hechas por los países andinos. Esto se hizo evidente en el
foro realizado por la Cámara de Comercio Colombo Americana
en la, su director ejecutivo Joseph Finnin, hizo varios anuncios
que de alguna manera muestran la opinión que se tiene
desde el otro lado de sobre este tratado: "difícilmente en
los temas pendientes los colombianos pueden aspirar a que se les
ofrezcan más concesiones. No creemos que los negociadores
por parte de Estados Unidos se vayan a mover de donde han estado
en las rondas pasadas y es lógico que tampoco los
congresistas norteamericanos vayan a dar su brazo a
torcer".

Después de cerrar las negociaciones, las
manifestaciones de agrado frente a lo acordado por parte de
EE.UU. son evidentes pues han entrado a una buena parte del
mercado andino que antes no tenían. el Comité
Asesor de Política Intergubernamental (IGPAC), que
representa la administración municipal y estatal
estadounidense en la política comercial del proceso
consultivo, elogió el acceso de mercado sustancial de
productos agrícolas estadounidenses logrados en el acuerdo
con Perú. Estados Unidos no solo ganó un acceso
significativo para las exportaciones agrícolas
estadounidenses a los mercados de Colombia y Perú, si no
también lograron evadir demandas acerca de reducir sus
subvenciones agrícolas a cambio del acceso a estos
mercados.[75]

Como complemento a las declaraciones de Joseph Stiglitz
ganador del Premio Nobel 2001 en economía y antiguo
principal economista del Banco Mundial y de el presidente Bill
Clinton sobre el daño que le generaría a estos dos
países el TLC, los cuales sostienen que, los agricultores
y campesinos que pierdan sus empleos, que ven disminuidos sus
ingresos de maíz y arroz y otras cosechas legítimas
bajan, ellos cambiarán a algo más, y la alternativa
más lucrativa es la coca." Stiglitz concluye, "Así
habrá más violencia." A este puede agregar lo dicho
por un sector de congresistas norteamericanos, en una carta
enviada al represente Comercial de EE.UU., Robert Portman. En
ella le recuerdan que recuerdan que EE.UU. ha invertido
más de 4.000 millones de dólares tratando de acabar
con los cultivos ilícitos en ambos países y le
piden mejorar el acceso de muchos productos colombianos para
poder consolidar tales avances.

Agregan que para lograr dichos avances, las
negociaciones deberían ser justas, sin lesionar al agro,
pues se acabaría con miles de empleos que genera el sector
y que probablemente serían reemplazados por más
cultivos ilícitos. Según quienes firman la carta,
una industria próspera y que genera empleos hace
más factible que se acabe con el tráfico de drogas,
que EE.UU. lleva años tratando de frenar.

A esto hay que sumarle la discusión y
consecuentemente la reclamación del gobierno boliviano a
los gobiernos homólogos de Colombia y Perú de haber
afectado el comercio de soya hacía estos dos
países. Sus declaraciones sobre el oscuro futuro que le
espera a la soya boliviana y a los derivados de la cadena
oleaginosa van en contra del TLC firmado específicamente
por Colombia, pues considera que éste no tuvo en cuenta
los acuerdos logrados entre ambos países y la prioridad
hacia la CAN.

El otro lado de la moneda lo dan los
ganadores y beneficiados de dichos tratados, pues consideran que
el acceso de mercado para muchos productos agrícolas
estadounidenses será dividido en fases – por un
período de tiempo, permitiendo así un
período de ajuste para pequeños agricultores
Andinos. Además, el mantenimiento indefinido del mecanismo
de franja de precios y protecciones de aranceles similares para
agricultores ineficaces sólo retrasaría su tiempo
de ventaja con una, economía del siglo veintiuno
globalizada y algún día en el futuro
causaría un período aún más
áspero del ajuste. En cualquier caso, los defensores de
los acuerdos en Perú y Colombia creen que las concesiones
en la agricultura son absolutamente necesarias para conservar el
sector textil y otras industrias de exportación que
dependen del acceso de mercado a los Estados Unidos conforme al
Acto de Preferencia de Comercio de Andean (ATPA), que debe
expirar en el diciembre de 2006.

Autor:

Arturoi Clery

[1] Office of the United States Trade
Representative, “USTR Notifies Congress of Intent to
Initiate Free Trade Talks with Andean Countries,”
(hereinafter, USTR Notifies) November 18, 2003, available at
http://www.ustr.gov/Document_Library/Press_Releases/2003/Nov…

[2] Helena Cardenas and Katherine Vyborny,
“A Contentious U.S.-Andean Free Trade Agreement,”
The Carnegie Endowment for International Peace, November 16,
2005, p.2, available at
http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfn?fa=prin..

[3] USTR Notifies, supra.

[4] Cardenas and Vyborny, supra.

[5] See, Karen Hansen-Kuhn, “Andean
FTA: Threats to Development,” The Development Group for
Alternative Policies (hereinafter Hansen-Kuhn), July 2004,
available at www.developmentgap.org.

[6] Traducción realizada por el
CADEL

[7] Office of the United States Trade
Representative, “USTR Notifies Congress of Intent to
Initiate Free Trade Talks with Andean Countries,”
(hereinafter, USTR Notifies) November 18, 2003, available at
http://www.ustr.gov/Document_Library/Press_Releases/2003/Nov…

[8] Helena Cardenas and Katherine Vyborny,
“A Contentious U.S.-Andean Free Trade Agreement,”
The Carnegie Endowment for International Peace, November 16,
2005, p.2, available at
http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfn?fa=prin..

[9] USTR Notifies, supra.

[10] Cardenas and Vyborny, supra.

[11] See, Karen Hansen-Kuhn, “Andean
FTA: Threats to Development,” The Development Group for
Alternative Policies (hereinafter Hansen-Kuhn), July 2004,
available at www.developmentgap.org.

[12] USTR, “Free Trade with Columbia:
Brief Summary of the Agreement,” February 27, 2006,
available at
http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/Bilateral/Andean_FTA.

[13] Id.

[14] Id.

[15] Martin Crutsinger, “White House
makes trade deal with Columbia,” Associated Press,
February 27,2006, available at
http://www.kentucky.com/mld/kentucky/13973877.htm?template=c.

[16] USTR, “Free Trade with Peru: Brief
Summary of the U.S.-Peru Trade Promotion Agreement,”
December 2005, available at
http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/Bilateral/Andean_FTA.

[17] Id.

[18] National Pork Producers Council, press
release, “NPPC Applauds Completion of Columbian Trade
Talks,” February 27, 2006, available at
http://www.nppc.org/wm/show.php?id=533&c=1.

[19] M Angeles Villareal, “Andean-US
Free Trade Agreement Negotiations,” Congressional
Research Service, January 4, 2006. When the full text of the
US/Columbia agreement is released, it will be possible to
determine the extent to which it curtailed the price-band
mechanism.

[20] According to the USTR Agricultural
Technical Advisory Committee on Grains, Feed, and Oilseeds,
“ the agreement negates the adverse effects of Peruvian
policies such as price bands and absorption
requirements.” The U.S.-Peru Trade Promotion Agreement:
Report of the Agricultural Technical Advisory Committee on
Grains, Feed, and Oilseeds, February 15, 2006, p.1, available
at
http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/Bilateral/Andean_FTA.

[21] M Angeles Villareal, “Andean-US
Free Trade Agreement Negotiations,” Congressional
Research Service, January 4, 2006.

[22] Hansen-Kuhn, supra, (quoting Paola
Ramirez Leano, “Tratado de Libre Comercio: Perdidas
agricolas de 57% sin franja de precios en TLC,” La
Republica (Columbia), 15 July 2004) p.2

[23] Hugh Bronstein, “Columbia must be
firm in U.S. trade talks – Stiglitz,” Reuters,
October 21, 2004, available at
http;//www.globalexchange.org/campaigns/afta/3547.html.

[24] Ver pe de página 6

[25] USTR, “Free Trade with Columbia:
Brief Summary of the Agreement,” February 27, 2006,
available at
http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/Bilateral/Andean_FTA. 2
Id.

[26] US/Peru Trade Promotion Agreement,
Chapter 16: Intellectual Property Rights (hereinafter US/Peru
TPA, Chapter 16), p16-14, available at
http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/Bilateral/Peru_TPA.

[27] Id. p. 16-15.

[28] Id. p. 16-15.

[29] Id. p16-1.

[30] Id.

[31] Id. p. 16-15; USTR, “Peru TPA
Facts,” December 2005, p5; USTR, “Trade Facts: Free
Trade with Columbia: Summary of the Agreement,” February
27, 2006, p.4, both documents available at
http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/Bilateral/Andean_FTA.

[32] According to the text of the US Peru
agreement. Id. p. 16-15.

[33] USTR, “Peru TPA Facts,”
December 2005, p5; USTR, “Trade Facts: Free Trade with
Columbia: Summary of the Agreement,” February 27, 2006,
p.4, both documents available at
http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/Bilateral/Andean_FTA.

[34] US/Peru TPA, pp. 16-15—16-16.

[35] Martin Crutsinger, “White House
makes trade deal with Columbia,” Associated Press,
February 27,2006, available at
http://www.kentucky.com/mld/kentucky/13973877.htm?template=c.

[36] Hansen-Kuhn, supra, p.3.

[37] Martin Vaughan, “Peru’s
Acceptance of IP Terms Led To Trade Pact With US,”
Intellectual Property watch, available at
http://www.ip-watch.org/weblog/index.php?p=171&res=1024&print=0.

[38] Ver nota al pie de página Nro.
6

[39] US/Peru Trade Promotion Agreement,
Chapter 16: Intellectual Property Rights (hereinafter US/Peru
TPA, Chapter 16), p16-14, available at
http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/Bilateral/Peru_TPA.

[40] Id. p. 16-15.

[41] Id. p. 16-15.

[42] Id. p16-1.

[43] Id.

[44] Según el texto del Acuerdo entre
Perú y Estados Unidos. p. 16-15.

[45] Martin Crutsinger, “White House
makes trade deal with Columbia,” Associated Press,
Febrero 27,2006, disponible en
http://www.kentucky.com/mld/kentucky/13973877.htm?template=c.

[46] Martin Vaughan, “Peru’s
Acceptance of IP Terms Led To Trade Pact With US,”
Intellectual Property watch, disponible en
http://www.ip-watch.org/weblog/index.php?p=171&res=1024&print=0.

[47] Article 10.7 on expropriation and
Appendix 10-B of the Peru agreement, as with the Singapore
model, is an improvement on NAFTA’s expropriation article
and limits the scope of its coverage to “a tangible or
intangible property right or property interest in an
investment.” This reflects U.S. constitutional norms in
many respects. This improved language is reflected, however,
neither in the Peru agreement’s definition of investment
nor in article 10.5 on minimum standard of treatment.

[48] See Beer II…….

[49] U.S. constitutional case law construes
the analogous Fifth Amendment Takings Clause narrowly. It draws
a line that makes it difficult for an investor to successfully
claim compensation for a government economic regulation that
makes investment less profitable. Lucas v. South Carolina
Coastal Council, 505 U.S. 1003 (1992); U.S. courts generally
find that government regulation amounts to a compensable
“taking” of property only when the regulation
eliminates all or substantially all of its economic value. See
Lucas at 1019 n.8,(1992) (“It is true that in at least
some cases the landowner with 95% loss will get nothing, while
the landowner with total loss will recover in full”). See
also Zealy v. City of Waukesha, 548 N.W. 2d 528, 531 (Wis.
1996) (“[t]he rule emerging from the opinions of our
state courts and the United States Supreme Court is that a
regulation must deny the land owner all or substantially all
practical uses of a property in order to be considered a taking
for which compensation is required.”) The Supreme Court
has held that so long as it does not constitute a physical
invasion of property, the “mere diminution in the value
of property, however serious, is insufficient to demonstrate a
taking.” See Concrete Pipe and Products of California,
Inc. v. Construction Laborers Pension Trust for Souther
California, 508 U.S. 602, 645 (1993). Also in the United
States, the courts generally uphold takings claims only with
respect to physical or intellectual property. See Lucas, 505
U.S. at 1027-28, (By contrast, NAFTA’s definition of
investment is extraordinarily broad, for example, including
enterprises or interest in the assets or profits of any
enterprise. Any interests resulting in the commitment of
constitute an ‘investment.” NAFTA, supra note 2, at
art. 1139.)

[50] The recent NAFTA tribunal decision in
Methanex v. United States reads the rule relatively narrowly,
concluding that:”as a matter of international law, a
nondiscriminatory regulation for a public purpose, which is
enacted in accordance with due process and which
affects…a foreign investor or investment is not deemed
expropriatory or compensatory,” unless specific
commitments to refrain from regulation were made to the
investor. Methanex v. United States,Final Award, part IV,
chapter D, paragraph 7 (2005) available at www.naftalaw.com. In
sharp contrast, the NAFTA panel in Pope & Talbot said
economic regulation, even when it is an exercise of the
state’s traditional police powers, can be a prohibited
indirect or “creeping” expropriation under
customary international law if it is “substantial
enough.”1Pope & Talbot v. Canada, Interim Award by
Arbital Tribunal, In the Matter of an Arbitration Under Chapter
Eleven of The North American Free Trade Agreement, Between Pope
& Talbot Inc. and The Government of Canada (April 10,
2001), pp. 33-34, available at
<<http://www.naftaclaims.com>>.The Third
Restatement of the Foreign Relations Law of the United States
strikes a similar note, saying that an action that
“unreasonably interferes” with “effective
enjoyment” of an alien’s property amounts to an
expropriation under international law. Restatement (Third) of
the Foreign Relations Law of the United States §712,
comment (g), quoted at 35 in Pope & Talbot, supra at note
135.

[51] For example, when they examine domestic
court decisions to determine whether to award compensatory
damages to investors for alleged violations of the minimum
treatment standard, international tribunals apply a standard of
review that provides a limited measure of deference to domestic
courts, thereby increasing the risk of conflict. After Loewen
and Mondev, it is beyond doubt that federal, state, and local
court decisions in the United States are “measures”
under international investment agreements, subject to review
and potentially leading to the award of money damages. While
the standard of review articulated in these two cases shows
some deference and according to Loewen requires the exhaustion
of domestic remedies, it is clearly more rigorous than the
traditional and highly deferential standard of “bad faith
and malicious intent.” Without being totally subjective,
the standard of review applied in Loewen and Mondev, echoing
the Elettronica tribunal’s understanding of a violation
of minimum treatment under international law, encompasses
“a willful disregard of due process of law…which
shocks or at least surprises a sense of judicial
propriety.” A simple “surprise to judicial
propriety” would seem to be subjective and only
moderately deferential, at best. It seems to leave room for
unpredictable second-guessing state and federal court
decisions, without the need to show intentional
wrong-doing.

[52] The Republic of Columbia is currently
bound to a bilateral investment treaty with the United
States.

[53] The report states: “The Committee
notes that unlike several other U.S. investment agreements, the
Peru Agreement includes a so-called fork-in-the-road provision,
such that investors are precluded from pursuing
investor-to-state arbitration pursuant to the agreement’s
investment chapter if they have first brought the
claim…in a local administrative or court
tribunal.” The U.S.-Peru Free Trade agreement: Report of
the Industry Trade Advisory Committee on Services and Financial
Industries, p.6, available at
http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/Bilateral/Peru_TPA/Report.
Perhaps significantly or perhaps not, the Committee “does
not object to the provision in particular…” and is
simply concerned that the new language could create confusion
for investors. Id.

[54] Also, why at Annex 10-H are U.S.
investors (not Peruvian ones) denied a right to bring a Section
B claim if they have already gone to a Peruvian administrative
tribunal or court?

[55] Given the vague and somewhat circular
definition of “investment authorization,” in the
Peru investment chapter, one might also want to inquire about
the precise meaning of the term in customary international
law.

[56] Lingle….

[57] See e.g. Concrete Pipe and Products of
Cal. Inc. v. Construction Laborers Pension Fund, 508 U.S. 602,
639 (1993).

[58] NAFTA article 1139.

[59] U.S./Chile Free Trade Agreement article
10:27; U.S./Singapore Free Trade Agreement article 15.1.

[60] See e.g. Concrete Pipe and Products of
Cal. Inc. v. Construction Laborers Pension Fund, 508 U.S. 602,
639 (1993).

[61] Ver pie de página 6

[62] El artículo 10,7 en la
expropiación y el Apéndice de 10 B del acuerdo de
Perú, al igual que con el modelo de Singapur, son una
mejora en el artículo de expropiación de NAFTA y
limitan el alcance de su alcance a “un derecho palpable o
intangible de la propiedad o el interés de la propiedad
en un inversión.” Esto refleja los EE.UU. las
normas constitucionales en muchos aspectos. Este idioma
mejorado se refleja, sin embargo, tampoco en la
definición de acuerdo de Perú de la
inversión ni en el artículo 10,5 en el
estándar mínimo del tratamiento.

[63] See Beer II…….

[64] U.S. constitutional case law construes
the analogous Fifth Amendment Takings Clause narrowly. It draws
a line that makes it difficult for an investor to successfully
claim compensation for a government economic regulation that
makes investment less profitable. Lucas v. South Carolina
Coastal Council, 505 U.S. 1003 (1992); U.S. courts generally
find that government regulation amounts to a compensable
“taking” of property only when the regulation
eliminates all or substantially all of its economic value. See
Lucas at 1019 n.8,(1992) (“It is true that in at least
some cases the landowner with 95% loss will get nothing, while
the landowner with total loss will recover in full”). See
also Zealy v. City of Waukesha, 548 N.W. 2d 528, 531 (Wis.
1996) (“[t]he rule emerging from the opinions of our
state courts and the United States Supreme Court is that a
regulation must deny the land owner all or substantially all
practical uses of a property in order to be considered a taking
for which compensation is required.”) The Supreme Court
has held that so long as it does not constitute a physical
invasion of property, the “mere diminution in the value
of property, however serious, is insufficient to demonstrate a
taking.” See Concrete Pipe and Products of California,
Inc. v. Construction Laborers Pension Trust for Souther
California, 508 U.S. 602, 645 (1993). Also in the United
States, the courts generally uphold takings claims only with
respect to physical or intellectual property. See Lucas, 505
U.S. at 1027-28, (By contrast, NAFTA’s definition of
investment is extraordinarily broad, for example, including
enterprises or interest in the assets or profits of any
enterprise. Any interests resulting in the commitment of
constitute an ‘investment.” NAFTA, supra note 2, at
art. 1139.)

[65] The recent NAFTA tribunal decision in
Methanex v. United States reads the rule relatively narrowly,
concluding that:”as a matter of international law, a
nondiscriminatory regulation for a public purpose, which is
enacted in accordance with due process and which
affects…a foreign investor or investment is not deemed
expropriatory or compensatory,” unless specific
commitments to refrain from regulation were made to the
investor. Methanex v. United States,Final Award, part IV,
chapter D, paragraph 7 (2005) available at www.naftalaw.com. In
sharp contrast, the NAFTA panel in Pope & Talbot said
economic regulation, even when it is an exercise of the
state’s traditional police powers, can be a prohibited
indirect or “creeping” expropriation under
customary international law if it is “substantial
enough.”1Pope & Talbot v. Canada, Interim Award by
Arbital Tribunal, In the Matter of an Arbitration Under Chapter
Eleven of The North American Free Trade Agreement, Between Pope
& Talbot Inc. and The Government of Canada (April 10,
2001), pp. 33-34, available at
<<http://www.naftaclaims.com>>.The Third
Restatement of the Foreign Relations Law of the United States
strikes a similar note, saying that an action that
“unreasonably interferes” with “effective
enjoyment” of an alien’s property amounts to an
expropriation under international law. Restatement (Third) of
the Foreign Relations Law of the United States §712,
comment (g), quoted at 35 in Pope & Talbot, supra at note
135.

[66] The Republic of Columbia is currently
bound to a bilateral investment treaty with the United
States.

[67] Igualmente, ¿Porque en el Anexo
10H inversionistas de los EEUU (No del Perú), negaron un
derecho de traer un reclamo de la Sección B si ellos ya
han ido a un tribunal administrativo peruanos? are U.S.
investors (not Peruvian ones) denied a right to bring a Section
B claim if they have already gone to a Peruvian administrative
tribunal or court?

[68] NAFTA artículo 1139.

[69] Los inversionistas extranjeros tienen
los mismos derechos que los nacionales.

[70] Presentación en el Seminario
“Integración y desarrollo sustentable. La nueva
geografía de los recursos, la economía y el
poder”, organizado por CLAES – D3E, Montevideo, 14-15 de
Julio de 2005. solución de controversias, las empresas
de los países firmantes pueden solicitar que un tribunal
de arbitramiento internacional sea quien decida, y pueden ir a
las cortes del país para solicitar la aplicación
de la decisión que tome el tribunal internacional.

[71] Acosta, Alberto Verdades, medias
verdades y falsedades del TLC Doce puntos para el debate 21 de
marzo del 2006.

[72] Navarro, Chandri Hogan & Hartson
(Washington D.C.) Esto incluye, protecciones de debido proceso
y el derecho de recibir valor justo de mercado para la
propiedad, en caso de una expropiación.

[73] USTR, “Free Trade with Peru: Brief
Summary of the U.S.-Peru Trade Promotion Agreement,”
December 2005, available at
http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/Bilateral/Andean_FTA.

[74] USTR, “Free Trade with Columbia:
Brief Summary of the Agreement,” February 27, 2006,
available at
http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/Bilateral/Andean_FTA.

[75] M. Angeles Villareal, “Andean-US
Free Trade Agreement Negotiations,” Congressional
Research Service, January 4, 2006. Cuando el texto del acuerdo
entre EE.UU. y Colombia sea publicado, sera posible determinar
en cuanto fue reducido el mecanismo de franja de precios.