Atentado del 30 de septiembre (página 3)

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Ingresó a la Escuela de Cadetes hace 17 años, pertenece a la tercera generación de mujeres oficiales de Policía. En el 2000 asistió a cursos sobre lavado de dinero en Panamá y Perú. En el 2003 y 2006 fue calificada para asistir a cursos de lucha contra el crimen organizado dictados por la Policía alemana. Además recibió una condecoración por el mérito profesional luego de aprobar con las mejores calificaciones el curso de ascenso de teniente a capitán de línea. También trabajó en la Dirección Nacional Antinarcóticos donde, según su esposo, se ganó enemigos peligrosos.En la causa penal, uno de los primeros indicios presentados por el fiscal Jorge Cano para incluirla en el proceso es la fotografía de una mujer vestida de civil que supuestamente pedía que se fuera la caravana presidencial, incitando a un grupo de ciudadanos a participar. En la descripción que realiza la Fiscalía se dice que la mujer de la foto vestía una chompa negra con franjas plateadas, blusa rosada, pantalón y zapatos negros. Pero Mafla asegura que el 30-S permaneció en la UVN siempre con su uniforme y que hay decenas de testigos de eso.Los argumentos de la jueza Molina para sustituir la prisión preventiva de 21 de los 36 procesados fueron que existían pocos elementos aportados en el inicio de la instrucción y que varios de los procesados ni siquiera estuvieron en el lugar de los hechos o es muy difícil distinguirlos en las fotografías presentadas como único indicio de responsabilidad.Después, la Dirección General de Inteligencia de la Policía (DGI) presentó un informe en el que indica que "a las 10:00, a la capitán Paola Mafla, a través de la frecuencia de radiopatrulla, se le escuchó motivando a los policías para que reclamen sus ingresos económicos".

El esposo de Mafla asegura que eso tampoco es cierto, pues si bien hay un momento en que la capitán se reporta, al contrario de decir algo en contra del Gobierno, le dice al personal que esos no son los medios ni los canales por los que se puede hacer un reclamo.

Álvaro agrega que hubo varias mujeres policías que decían sus opiniones a través de la radio, pero a la única que reconocieron la voz fue a Mafla y por eso le están adjudicando todos los reportes de las gendarmes.Sobre la base del informe de la DGI, el Consejo de Generales y Superior de la Policía, el 12 de octubre pasado, determina que "existen suficientes antecedentes que hacen presumir de mala conducta profesional" de Mafla y doce oficiales más. Por lo que se pide al Ministerio del Interior ponerla en situación de disponibilidad. La defensa de Mafla entregó pruebas y solicitó la reconsideración el miércoles pasado. Si no se la aceptan, se inicia el trámite para la disposición.

El esposo de la capitán dice estar consciente de que el proceso no se solucionará rápido, pese a que su esposa no participó en la sublevación, ni quiso desestabilizar al régimen. "Ahora solo confío en que la justicia haga su papel y no por sacar responsables cojan a las primeras personas que aparecen en listas", manifiesta Álvaro, que según el Diario del Norte de Quito es militar (él no quiere referirse al tema), para quien el mayor temor es que la oficial sea separada de su familia pese a haber trabajado en la Policía de forma honorable. "No tenemos varios carros, varias casas, vivimos con lo que nuestro trabajo nos puede dar", enfatiza.La otra investigada, Denice Arrobo Duque, es policía desde hace cuatro años y nueve meses. Está implicada en el caso de rebelión del 30-S, pero asegura que los indicios en su contra no prueban nada."Me acusan por haber estado en el Regimiento (Quito), pero este es mi lugar de trabajo. Si me iba de aquí era peor porque me hubieran dicho que he abandonado el servicio", enfatiza. Esta policía trabaja como secretaria en el Rastrillo del Regimiento Quito Nº 1. Afirma que el 30-S, luego de saludar a sus compañeros, bajó a una misa en la capilla del lugar cuando escuchó que los uniformados se iban a tomar el cuartel.Debido a lo peligroso del Rastrillo, que es el depósito de armamento, Denice asegura que subió a avisar a sus compañeros lo que estaba sucediendo en el patio del Regimiento, pero cuando llegó ya habían cerrado el Rastrillo. Inmediatamente fue a su dormitorio junto con sus compañeras y poco después le indicaron que el comandante general, Freddy Martínez, estaría en el patio del Regimiento Quito Nº 1. Fue a escucharlo, pero cuando él quiso hablar tiraron una bomba. Entonces –asegura– regresó a su dormitorio y no volvió a salir.Días más tarde, una compañera de Arrobo le comenta que constaba en una lista para ser llevada al CAC. Su hermana Alexandra dice que Denice estaba tan segura de no tener responsabilidad que el día del traslado ella fue voluntariamente. A diferencia de sus compañeros que se acogieron al derecho al silencio, Arrobo no lo hizo, pero recuerda con asombro que "ni con Caranqui (sentenciado por narcotráfico) ha habido tanto resguardo policial".Arrobo nació en Esmeraldas, tiene 29 años y una hija que el 17 de octubre pasado cumplió 3 años, pero no los festejó pues aunque Arrobo estaba con licencia este mes, está dedicada a su proceso legal.Junto con otros 20 implicados a Arrobo le sustituyeron la prisión preventiva, pero debe presentarse al juzgado cada jueves y asistir a las audiencias.Para su familia, esta ha sido una gran preocupación y teme que le den la baja.El pasado 19 de octubre, la Fiscalía realiza un peritaje en el Regimiento Quito Nº 1 para saber la existencia, preexistencia, uso, posición y frecuencia de uso de cierto tipo de material (armas), el día de la revuelta policial, de acuerdo con el fiscal Carlos Echeverría.El abogado de Arrobo, Juan Carlos León, menciona que la diligencia fue solicitada para constatar que el arma de dotación asignada a su defendida ha permanecido desde agosto en el Rastrillo, contrario a la tesis de la Fiscalía de que Arrobo habría usado el arma en los hechos ocurridos el 30-S.Lucía Ramírez Chamorro, de 26 años, de la provincia del Carchi, es la tercera mujer policía involucrada en el proceso por rebelión. Tampoco permanece detenida porque le fue sustituida la prisión preventiva. Dio su versión en la Fiscalía el pasado 20 de octubre, a puerta cerrada; ni ella ni su familia han querido referirse al tema. La capitán Paola Mafla, una oficial condecorada, dice que el 30-S vestía uniforme. Para la Fiscalía, ella andaba de civil.

Tomado del Diario El Universo el día Lunes 01 de noviembre del 2010Política

Visita oficial de España para condenar el 30-S

Ecuador será uno de los primeros países que visitará la recién nombrada ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, Trinidad Jiménez.Fuentes de esa cartera de Estado confirmaron a EL UNIVERSO que la funcionaria, que reemplaza en el cargo a Miguel Ángel Moratinos, arribará al país el próximo martes 9 de noviembre.

Ella prevé permanecer en Quito durante dos días, viaje cuyo carácter es eminentemente político.

El país ibérico quiere transmitir su apoyo al mantenimiento de la "institucionalidad tras la asonada del 30 de septiembre que no ha sido tan ligera como parecía", advirtió un vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores que prefirió la reserva.

Sostuvo que ante acontecimientos como esos, "es importante ser firmes".El Ejecutivo socialista José Luis Rodríguez Zapatero fue uno de los primeros gobernantes en emitir un comunicado reprobando la jornada del 30-S, cuando las tropas policiales y algunos militares se sublevaron en rechazo a la Ley de Servicio Público.

"Ante las noticias de un intento de golpe de Estado en la República de Ecuador, el Gobierno de España quiere condenar firmemente cualquier ruptura de la legalidad constitucional y reitera su apoyo al gobierno legítimo y a las instituciones democráticas", rezaba el texto.

La ministra Jiménez tiene previsto mantener encuentros con el presidente Rafael Correa y su homólogo, el canciller Ricardo Patiño.

La situación de la colonia de ecuatorianos afincados en la Península (unos 500.000 según estimaciones de las autoridades) es otro de los temas prioritarios en la agenda bilateral.

Jiménez reiterará, además, el compromiso de Madrid con el proyecto Yasuní-ITT; por lo cual se espera que durante su estancia, la Ministra informe la cuantía de la contribución.

Días atrás, la secretaria de Estado de Cooperación, Soledad Rodríguez, anunció en Quito que España efectuará aportaciones anuales hasta el 2015.Ecuador demanda a la comunidad internacional unos 3.600 millones de dólares. "Es un monto complicado de reunir, pero somos optimistas", dicen en el Ministerio de Exteriores.

Otro de los puntos a tratar es la negociación de los contratos petroleros entre el Gobierno ecuatoriana y las empresas privadas; una de ellas es la firma española Repsol. Las autoridades ibéricas creen que el tema está "encarrilado".

Tomado del Diario El Universo el día Miércoles 03 de noviembre del 2010 Política

Los acusados por el 30-S cuestionan acción de Fiscalía

QUITO. La audiencia en la que dieron su versión 36 policías acusados por la revuelta del 30 de septiembre se instaló desde el pasado 6 de octubre y se extendió hasta horas de la madrugada del siguiente día.

Pese a que son legales los videos y fotografías utilizados por la Fiscalía de Pichincha para involucrar a civiles y uniformados en la revuelta policial del 30 de septiembre pasado, los acusados sostienen que los mismos no son contundentes para inculparlos de un delito.José García, abogado del teniente Juan Avilés, quien es investigado por el supuesto delito de rebelión, sostiene que la acción de la Fiscalía General del Estado ha demostrado muchas deficiencias.Explica que la madrugada del 7 de octubre pasado, cuando se realizó la toma de versiones de los agentes involucrados en el delito de rebelión, la Fiscalía se dedicó a presentar fotografías de mala calidad como elementos de convicción para sustentar su acusación. Incluso, relató, hubo cinco o seis casos en los que ni una foto existió como indicio de la acusación."En nuestro caso, inicialmente se nos presentó la foto de un policía de línea, siendo mi defendido un oficial. Horas más tarde, esa imagen desapareció y en la audiencia se vinculó a Avilés sin una foto. Ahora dicen que hay un audio que revela que mi auspiciado participó de la revuelta. Hemos pedido esas pruebas y no nos las entregan. Eso simplemente es porque no existen", señala García.

Aclara que todo lo que se ha utilizado en el proceso, hasta el momento, son elementos de convicción que han ayudado a señalar indicios de responsabilidad penal en los involucrados y que dependerá de los resultados de las pericias que se realicen a cada uno de esos videos, fotografías y audios, para que estos se eleven a la categoría de prueba y sirvan así para formular cargos ya en el inicio de un juicio penal.El penalista Gonzalo Silva sostiene que ha existido apresuramiento de la Fiscalía para señalar responsables.

Califica como ilegal el uso de videos y fotografías, ya que, señala, estas pueden servir para apuntar culpables solo en los casos de delitos flagrantes, es decir, son válidos hasta 24 horas después.Freire discrepa de esa apreciación y explica que legalmente la normativa le permite valerse de los medios de comunicación para tener imágenes fotográficas y en video de algo que fue público y que todos conocen.El juez 21º de Garantías Penales de Pichincha, Santiago Coba, confirma que no existe ilegalidad en el uso de estos elementos de convicción por parte de la Fiscalía.

Reconoce que el artículo 155 del Código de Procedimiento Penal habla de que toda intercepción y grabación debe ser autorizada por un juez; pero comenta que el artículo 151, numeral 1, último inciso, de ese mismo cuerpo legal, señala casos especiales.

En el articulado se aclara que "en aquellos casos de grabaciones o filmaciones realizadas a un hecho constitutivo de infracción registrada de modo espontáneo al momento mismo de su ejecución por los medios de comunicación o por cámaras de seguridad ubicados en lugares públicos, le servirá al Fiscal para integrar la investigación e ingresar al juicio como elemento de prueba para su valoración, y no se requerirá de autorización de un juez competente".

Para García, lo anormal no está en el uso de esos recursos para involucrar a una persona, sino que lo poco profesional es que con tan débiles indicios de responsabilidad se pida al juez que dicte orden de prisión preventiva contra alguien para investigaciones.

"La Fiscalía tenía dos años para investigar, pero en menos de un mes, creo por presiones, ya lleva a 21 policías detenidos, casi todos bajo el supuesto de que son culpables con base en videos especialmente. Esto deja abierta la posibilidad de que se inicien juicios por violentar procesos", agrega el jurista.En tanto, Freire no cree que exista la posibilidad de demandas internacionales, porque la institución ha procedido como manda la ley.Insiste en que se está respetando el debido proceso y que se investiga de forma objetiva, expresa el principal de la Fiscalía de Pichincha.Rita es esposa de uno de los cabos acusados del delito de rebelión. Ella afirma que no quiere dar su apellido porque teme que contra su marido se tomen represalias, pese a que ya se encuentra en estado de disponibilidad en la Policía Nacional. "Dentro de la Policía hay un sentimiento de persecución, que nadie quiere hablar de nada para que no haya sanciones", indica.

La quiteña de 38 años cuenta que a su esposo lo vincularon con lo sucedido el 30 de septiembre en el Regimiento Quito Nº 1, por unos videos en los que se lo ve aplaudiendo y haciendo gestos como muchos otros compañeros."El video más largo tiene diez segundos y en él no se ve el cometimiento de un delito. Si a mi esposo lo acusan de rebelión, estoy más que segura que también deberían hacerlo contra los más de cien policías que se ven en la imagen. La mayoría de ellos hace lo mismo que mi esposo: gritar, alzar las manos y aplaudir", manifiesta Rita.

Coba explica que las partes tienen 90 días para encontrar pruebas que expliquen al juez competente que existe un delito o que el inculpado no tiene nada que ver en el hecho.

"El día que se dé la audiencia de dictamen el fiscal deberá demostrar que sus indicios son contundentes para iniciar un juicio. Por ahora no existe nadie culpable", concluye.

Tomado del Diario El Universo el día Lunes 08 de noviembre del 2010 Política

Gutierrista será el primero en ser investigado en Asamblea por 30-S

QUITO. Los incidentes que ocurrieron en la Asamblea Nacional durante la revuelta policial enfrentan de nuevo a los asambleístas.

El asambleísta Guido Vargas Ocaña, de Sociedad Patriótica (SP), será el primero en ser investigado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), por los hechos ocurridos el 30 de septiembre en la Asamblea.Este representante de la provincia de Sucumbíos deberá enfrentar la denuncia que presentarán, en esta semana, los asambleístas Pedro de la Cruz y María Alejandra Vicuña, de Alianza PAIS, quienes afirman que tienen pruebas de que Vargas intentó agredir e impedir su acceso a la Asamblea durante la sublevación policial.De la Cruz afirma que la queja la presentará al CAL para que se investigue a Vargas, tomando en cuenta la resolución que adoptó días atrás ese organismo para indagar lo que ocurrió el 30-S en el Legislativo.Asegura que posee imágenes donde se observa a Vargas que "trata de agredirme y por ello presentaré la denuncia ante el Consejo de Administración, para que observe su conducta". Al momento, este legislador está en la etapa de reconocimiento de la firma de la denuncia juramentada como paso previo a presentar el pedido ante el CAL, como lo establece el artículo 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.Vicuña presentará un alcance a esa denuncia, pues asegura que ambos fueron víctimas de vejámenes no solo por parte de miembros de la escolta legislativa, sino también de asambleístas "como Guido Vargas, de Sociedad Patriótica, que tuvo una actitud no solo de confrontación, sino agresiva con Pedro de la Cruz y por eso me sumé a defenderlo, y fuimos objeto de agresiones verbales, porque incluso presagiaron de que hasta este día éramos asambleístas, que este gobierno se cae, cállense y lárguense, es evidente que todo esto forma parte de un tema de conspiración".Pero destacó que otros de la oposición, como Leonardo Viteri (PSC), estuvo aislado del problema y que en su condición de médico asistió y reanimó a Marisol Peñafiel (PAIS), pero en cambio Vargas "estuvo como uno más de los que agredían a asambleístas".

El legislador gutierrista se defiende: "Jamás puedo estar en contra de un mismo compañero, yo rechazo la actitud de los legisladores de PAIS, que a lo mejor buscan hacerme daño". "Jamás he dado un golpe para afectar a un compañero asambleísta, yo fui víctima también de la confrontación con la policía que impedía el acceso a los legisladores y asesores".Advierte que a lo mejor la intención del oficialismo es tratar de amedrentar la acción de fiscalización que lleva adelante en su provincia contra el ministro de Justicia, José Serrano, sobre la contratación de 46 personas a través de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social y descargan recursos de la región amazónica, sin que aún esté listo el centro de rehabilitación. "Hasta el momento no se sabe qué hacen y dónde tienen sus oficinas estos contratados".

También fue llamado a declarar ante la Fiscalía, por información sobre lo que ocurrió el 30-S en la Asamblea. Lo hará este martes a las 16:00.

Tomado del Diario El Universo el día Miércoles 10 de noviembre del 2010 Política

El 30-S al momento deja 600 uniformados sancionados

Por la revuelta policial del 30 de septiembre se han sancionado a 600 policías con medidas disciplinarias de arrestos menores, por infracciones leves y graves y 120 están siendo procesados por aparente mala conducta profesional, hasta el momento ese es el resultado anunciado ayer por el ministro del Interior, Gustavo Jalkh.

Esos datos son los que hasta ayer le entregó el departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional, en lo que refiere a la investigación interna de la sublevación policial.

Sobre los policías castigados con arrestos menores, de entre uno y cuatro días, el Ministro señaló que la sanción no implica la salida de la institución, aunque reconoció que una medida de arresto afecta a la proyección de la carrera. "Tener una sanción disciplinaria afecta la carrera policial, pero existe la posibilidad de que con una conducta ejemplar, con un trabajo adecuado pueda recuperar esos puntos perdidos en su carrera y no tener una afectación futura en sus ascensos".

El proceso abierto al otro grupo de agentes sí podría implicar la salida del uniformado de las filas policiales.

Actualmente los procesados en este caso fueron puestos en disponibilidad, mientras duran las investigaciones. En un mes más, Asuntos Internos y los uniformados señalados deberán presentar sus pruebas de cargo y descargo dentro del proceso administrativo.Baja inmediata

En el caso de que los agentes no comprueben su inocencia, lo que procederá será la baja inmediata. "Los tiempos procesales en un caso de mala conducta profesional son mínimo dos meses, si va rápido el trámite. Esos son procesos que están en curso para 120 policías", explicó Jalkh, al tiempo que apuntó que el coronel César Carrión, ex director del Hospital de la Policía y quien fue cuestionado por el presidente Rafael Correa por desmentir su versión, consta en esta lista.

A decir de Jalkh, quienes han sido sancionados de forma disciplinaria con arresto por faltas leves o graves son personas que no se encuentran dentro de los organizadores

Pero señaló que dentro de los 120 procesos por mala conducta están agentes que tienen "más relación con la organización y agitación violenta ocurrida el 30 de septiembre".

El fiscal distrital de Pichincha, Marco Freire, informó que la institución ya ha solicitado a Asuntos Internos y a Inteligencia Policial que remita todas las personas identificadas científica y pericialmente para empezar a vincularlas en las diversas instrucciones abiertas.

Tomado del Diario El Universo el día Jueves 11 de noviembre del 2010 Política

El 30-S dejó además sanciones para 21 burócratas de tres ministerios

QUITO. Cientos de personas acudieron a la Plaza Grande para apoyar al presidente Rafael Correa luego de los hechos del 30-S.

Empleados de tres instituciones del Estado enfrentan sumarios administrativos por paralizar la atención al público el 30 de septiembre, día de la sublevación policial. Ellos pertenecen a los ministerios de Inclusión Social (MIES), Obras Públicas y de Educación.En el caso del MIES se notificó con la apertura de sumarios a 15 personas, de un listado de 26 que fueron observadas por paralizar el servicio ese día.A ellas se las acusa de quemar neumáticos en la vía pública, cortar el servicio de energía eléctrica e impedir el trabajo del resto de funcionarios, y de suspender la atención al público. Esto último lo prohíbe la Constitución de la República.El presidente de la Asociación de Empleados del MIES, Marco Rivera, quien también está sumariado, contó que el 30 de septiembre los trabajadores estaban reunidos en el auditorio de la institución para analizar la Ley de Servicio Público, aprobada el día anterior.Al lugar llegó la ministra del ramo, Ximena Ponce, y les ordenó acudir a la Plaza Grande para apoyar al mandatario Rafael Correa, quien permanecía en un hospital y había sufrido agresiones físicas.El dirigente comentó que la asamblea sindical no aprobó ese pedido, pero que algunos colegas acudieron al llamado.Relató que el grupo que decidió quedarse en el Ministerio quemó llantas "para pedir que vuelva la democracia a la institución y a nuestro país". Y agregó: "Nosotros no participamos en actos vandálicos… Se sanciona a los que nos quedamos en la institución y no a los que salieron hacia la Plaza Grande (a respaldar al Jefe de Estado)", cuestionó Rivera.Por eso denunció que este sumario administrativo es una retaliación en su contra, no solo por su postura contra la Ley de Servicio Público sino por los constantes pedidos de que se paguen los retroactivos de los fondos de reserva y sus reclamos por la falta de participación en la reestructuración de la Secretaría de Estado.En la misma situación se encuentran cuatro trabajadores del Ministerio de Transportes y Obras Públicas (MTOP), que según Patricio Ibarra, presidente de la Asociación de Empleados, se encuentran en la etapa de presentación de pruebas de descargo.Contó que el día de la revuelta policial se invitó, a eso de las 10:20, a que la gente acuda a una marcha a respaldar al Presidente. "Un grupo asistió a la Plaza Grande, el otro se fue a la Mariana de Jesús y otro grupo nos quedamos aquí. En algún instante se quemó una o dos llantas", narró el dirigente.Señaló que en el gremio no realizan apoyo de tipo político, pero que cada persona tiene el derecho de elegir. "Ese día fue un grupo bastante numeroso (el que salió), en especial personal contratado este año".Explicó que la suspensión del servicio fue ordenada por "la autoridad", aunque no quiso especificar a quién se refería.Ibarra dijo que ese día tenían previsto asistir en la tarde a la Asamblea Nacional, pues se iba a realizar una reconsideración de la Ley de Servicio Público.Adicionalmente, en el Ministerio de Educación se abrieron dos sumarios administrativos.Según una dirigente de esa cartera de Estado, que prefirió la reserva de su nombre, se los acusa porque aparecen en unas filmaciones de las cámaras de seguridad del Ministerio en momentos en que se informaba a los funcionarios sobre la disposición verbal de que regresen a sus casas, debido a la conmoción que vivía el país.

"No estaban participando en ninguna acción proselitista, pero se las acusa de paralizar la atención al público". Para la dirigente se busca sancionar a los empleados por una disposición del presidente Correa.

Tomado del Diario El Universo el día Martes 16 de noviembre del 2010 |Política

Autoridades ofrecen recompensa por información en caso 30-S

La Fiscalía General del Estado y la Policía Judicial ofrecieron la suma de 10.000 dólares para quien informe sobre el paradero de Luis Aníbal Martínez Viláñez, quien no ha podido ser localizado tras la sublevación policial que terminó con la retención y rescate del presidente de la República, Rafael Correa.

Según un comunicado publicado en el sitio web de El Ciudadano, el medio digital estatal, Martínez (a) Yuco, quien supuestamente tuvo directa participación en los hechos del 30 S, "se encuentra prófugo de la justicia".De acuerdo a la información, Martínez, de 47 años, enfrenta varias acusaciones anteriores por detención arbitraria, desapariciones, entre otros delitos. La persona se encontraría entre las localidades de Pichincha, Guayas, Esmeraldas, Sucumbíos, Chimborazo o Manabí.Asimismo, las autoridades de las dos entidades ofrecieron una recompensa de 5.000 dólares para quien informe sobre la ubicación de otra persona, de quien no se reveló su nombre pero sí se difundió su fotografía, que presuntamente participó en los acontecimientos de aquel último día de septiembre.

Tomado del Diario El Universo el día viernes 12 de noviembre del 2010 Politicat

Pedro X.Valverde Rivera

Post 30-S

A casi cuarenta y cinco días del 30 de septiembre, la situación política en el Ecuador no es estable en lo absoluto.

Bueno, para ser coherentes, tampoco lo era antes del 30 de septiembre.

Lo que sucede es que alcanzó su clímax como consecuencia de una suma de factores:

– La droga del poder que hace perder la perspectiva de la realidad a quienes alucinan bajo sus efectos;

– La inexperiencia de algunos sociólogos teóricos, ex comunistas que han debutado con esta revolución y que no tienen la menor idea de cómo manejar responsablemente una crisis de Estado;

– La vergonzosa ausencia de una oposición política altiva, profunda y respetada por la sociedad, que constituya un desfogue al reclamo de los perjudicados y arrollados por el poder absoluto;

– La lamentable injerencia de ex golpistas convertidos en gobernantes caídos, en filas militares y policiales;

– Y, finalmente, la mediocre y egoísta postura de los grupos de poder económico del país, que lejos de hacer país pretenden "hacerse del país" y aprovechar las oportunidades que la revolución le ofrece a los que cierran la boca y extienden las manos.

Son muchos más, pero he considerado a estos como los que merecen mayor relevancia.

En ese orden de ideas, si estas son las situaciones que causaron la explosión social del 30 de septiembre, le pregunto a usted, amigo lector: ¿Cree que alguna de estas ha desaparecido en el Ecuador?

Revisemos una por una:

– La droga del poder no deja de causar estragos en los alucinados; prueba de la miopía con la que se ha apreciado este lamentable suceso, que en otros pantalones hubiere sido motivo de reflexión y urgentes rectificaciones, es la suerte de cacería de brujas que se ha desatado en el país, con procesos judiciales rapidísimos, órdenes de prisión por doquier; es decir, lejos de buscar las causas del estallido social del 30 de septiembre, ahora pretenden asustar a los revoltosos y callar la inconformidad a punta de temor.

– Los inexpertos siguen como Johnny Walker, tan campantes, viajando por el mundo con dineros del erario público, aferrados a la teta de la vaca y tan lambones como siempre con el principio y fin de esta revolución.- La oposición… ¿cual oposición? Callada, escondida, asustada, escondiendo el rabo de paja, salvo honrosas excepciones que confirman la regla.

– Los ñaños, seguramente preparando algún nuevo jingle televisivo de Navidad;- ¿Y los poderosos de las chequeras y los cheques?, en cocteles con el Gobierno, perdiendo el tiempo dizque consensuando con el oficialismo sobre el Código de la Producción, buscando acercamientos con los cortesanos de palacio, viendo cómo amarran la balsa para nuevos negocios. ¿Qué importa si hay seguridad jurídica o no?

– ¿Qué importa si la gente muere en las calles a manos de la delincuencia? ¿Qué importa si la prensa es silenciada o no? Al fin y al cabo, si el Ecuador se va al diablo y colapsa, tomarán sus jets privados, alquilados o algún vuelo en clase ejecutiva rumbo a Estados Unidos o Europa, a disfrutar del buen teatro y la buena comida, al fin y al cabo, para eso se "juntaron con la chusma" tantas veces (parafraseando a Kiko).Hasta aquí la triste radiografía de nuestra querida "Banana Republic".

Es solo cuestión de esperar hasta que alguien la haga nuevamente explotar.

Tomado del Diario El Universo el día Jueves 11 de noviembre del 2010 Política

Juicio a Ponce podría abarcar los hechos del 30-S

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea abrirá, hasta mañana, la etapa de prueba del juicio político planteado en contra del ministro de Defensa, Javier Ponce, acusado de no rendir cuentas cada tres meses ante la Asamblea, desde que la Ley de Seguridad Pública y del Estado entró en vigencia, según la presidenta de la comisión, la socialista Silvia Salgado.Indicó que la acusación es amplia, porque cuando se habla de falta de rendición de cuentas se puede tratar el plan de seguridad, funcionamiento de los organismos de inteligencia, los seguros de los aviones e incluso la actuación militar en los hechos del 30 de septiembre, pues es parte de la seguridad. "Todo esto puede ser elementos que contribuyan a la acusación de falta de cumplimiento en la rendición de cuentas".El principal acusador, Fausto Cobo (SP), presentó la petición con el respaldo de 47 firmas. En el proceso afirma que Ponce incumplió con sus funciones, contempladas en el artículo 83 de la Constitución.Agrega una certificación de la Secretaría de la Asamblea de que la Ley de Seguridad Pública está vigente desde septiembre del 2009 y que en su artículo 24 determina que "la Secretaría Nacional de Inteligencia y las máximas autoridades de los órganos ejecutores rendirán cuentas, para su debido control, al Ejecutivo y cada tres meses a la Asamblea, a través de la Comisión Especializada pertinente, la que se declarará en sesión reservada, para el cumplimiento de esta obligación".El proceso fue notificado ayer a la Comisión, y así –comentó Salgado– pasó el primer filtro, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), pues debió verificar que el funcionario nunca presentó una rendición de cuentas.

Conclusiones

Los gendarmes se paralizaron molestos por la supuesta afectación a sus ingresos que, dicen, les causa la vigencia de la Ley de Servicio Público.
Fue un caótico día con escenas inusitadas: policías encendiendo llantas y cerrando vías, gendarmes pifiando al Mandatario y lanzándole gases lacrimógenos, y uniformados que arrojaban objetos e impedían, con empujones y golpes incluso al mismo Correa
El pedido de reconsideración al veto parcial del Ejecutivo a la Ley de Servicio Público, en las votaciones de 24 artículos y cinco disposiciones, no será abordado en el pleno de la Asamblea y dichas objeciones entrarán en vigencia por el ministerio de la ley.
El oficialismo se mostró en contra de amnistiar a los policías que protagonizaron la revuelta sin que antes existan evaluaciones sobre los hechos y el establecimiento de responsables. La oposición pidió otorgar la amnistía, pues la tropa estaba ejerciendo su "derecho a la resistencia".

Recomendaciones

Ordenar un Estado de Excepción, coartando las libertades de información; al echar la culpa a grupos políticos sin tener pruebas suficientes y provocando aún más, la rivalidad entre frentes ideológicos. Reconozco su intento de dialogar y tratar de solucionar el problema pero no en el Regimiento, donde las 'papas queman'; por su solidaridad y tristeza ante los fallecidos y heridos en la balacera; y sobretodo de seguir convincente a su decisión de no dar un paso atrás para reformar la ley de Servicios Públicos.
Mantener informada a la ciudadanía; del atropello a la integridad del Primer Mandatario; de no buscar una manera coherente y pensante de dialogar para aclarar o solucionar los problemas; de haber secuestrado al Presidente en un Hospital sin pensar de que ahí adentro habían más pacientes, niños y ancianos inocentes aterrados por las circunstancia que ocurría en las afueras del centro de salud, medir consecuencias; la 'guerra' entre propios organismos de control y las víctimas que resultaron muertas o heridas en el lugar de los hechos
Reconocer la valentía que tuvo Ecuavisa como canal que puso el 'ejemplo' y arriesgó la concesión de su frecuencia al salir en vivo a las 20h00 con su noticiero Televistazo, mostrando lo que ocurría fuera del hospital, en las calles, en el Regimiento. Minutos después lo hizo Teleamazonas, Canal Uno, RTU y TC Televisión. Digno de admirar y aplaudir la valiente y arriesgada labor de los periodistas, camarógrafos, equipo de producción de los diferentes medios de comunicación privados y por mostrar el lado real de los hechos, no una pantomima y un show como lo hizo Ecuador TV.