30 de septiembre, caso ecuatoriano

El día 30 de Septiembre en Ecuador, varios centenares de policías tomaron los principales cuarteles en Quito, contra la nueva Ley del Servicio Público (LOSEP) que les retira derechos de bonificaciones y condecoraciones. Esta acción se esparció a otros cuarteles en varías ciudades. Un sector minoritario de las Fuerzas Armadas adhirió a la revuelta aunque por poco tiempo y un grupo de militares de la Fuerza Aérea tomó el aeropuerto de Quito que estuvo varias horas cerrado durante ese día.

Frente a estas protestas el presidente Correa fue directamente al cuartel de la policía de Quito y en una actitud desafiante acusó a los policías de conspiradores y traidores, habiendo sido alcanzado con gas lacrimógeno por los policías insubordinados. En consecuencia, el presidente fue llevado al hospital de la policía en el interior del cuartel donde permaneció largas horas.

El presidente afirmó que estaba siendo blanco de un golpe de estado. Su permanencia en el Hospital fue anunciada como un secuestro. Dentro del Hospital el presidente mantuvo negociaciones con los policías y ya había acordado su salida del cuartel. A la vez, fue montado un operativo por el ejército y fuerzas especiales para sacar al presidente del Hospital, lo que llevó a enfrentamientos con los policías. El presidente Correa salió del hospital, alertó contra los golpistas, anunció firmeza y castigo a los policías revoltosos. La calma volvió a Ecuador.

Una revuelta policial, no un golpe

Está en la memoria de los trabajadores de América Latina que en décadas pasadas el imperialismo utilizó el método de los golpes de estado para garantizar sus intereses en la región. Miles de trabajadores, activistas y militantes perdieron su vida por golpes de estado, que impusieron dictaduras sangrientas. Contra un golpe militar seríamos los primeros en llamar a la movilización democrática en las calles. Sin embargo, no pensamos que este sea el caso de lo que ocurrió en Ecuador el pasado 30 de Septiembre. Dos aspectos centrales nos llevan a afirmar que no existió un golpe en Ecuador.

En primer lugar, ni la cúpula militar y ni la cúpula de la policía estuvieron apoyando las movilizaciones de los revoltosos, siendo desde el principio fieles al gobierno. Por el contrario, las protestas de los policías que incendiaron el país el día 30 de Septiembre, habían sido llevadas a cabo por los bajos y medianos mandos de la policía, contra la voluntad de sus dirigentes jerárquicos.

En segundo lugar, no existía ninguna dirección -ni siquiera la de los policías revoltosos- que reclamase la destitución del presidente. Los policías reclamaban la revocación de la ley de servicio público, pero no destitución del presidente por la fuerza. Por otro lado, todos los representantes del estado burgués y de la burguesía se pronunciaron contra el presunto golpe y por la defensa de la "democracia". Tanto las instituciones políticas como militares del estado burgués, mostraron su apoyo a Correa. La mayor expresión de eso es que el estado de excepción es una medida que da poderes excepcionales al Presidente para legislar por decreto y más fuerza al ejército para intervenir. Sin embargo, el estado de excepción fue impuesto por el gobierno (y no por los policías), apoyado en los militares que estaban con el gobierno desde el comienzo. Además, durante todas las operaciones (inclusive desde dentro del hospital), Correa mantuvo el mando del gobierno y del país, comunicándose libremente con el exterior.

Además, fueron los propios militares los que sacaron a Correa del Hospital donde estaba ingresado (para ser tratado por médicos). Fueron las fuerzas especiales de la policía los que liberaron al Presidente de su presunto secuestro, en una acción innecesaria pues ya estaba acordada su salida del Hospital.

Por último, es de subrayar que Correa tuvo desde lo inicio el respaldo no sólo en los gobiernos "progresistas" con quienes se relaciona más próximamente como Chávez y Evo Morales, sino también de los gobiernos más de derecha de América Latina como los de Chile, Colombia y Perú, habiendo llegado los países fronterizos a cerrar las fronteras. Finalmente, tanto la UNASUR como la OEA y la ONU salieron en defensa del Presidente Correa y de la legalidad democrática. La embajadora de EE. UU. hizo declaraciones en el mismo sentido, al igual que otros países imperialistas como España. Por ello el presunto golpe contra Correa sería extremadamente raro, pues tendría contra sí desde el principal país imperialista hasta a los gobiernos "progresistas".

Una protesta contra los ataques de Correa a los trabajadores públicos

Esta protesta policial no puede ser entendida como un acto aislado. Por lo contrario es una expresión distorsionada del descontento popular, que se da por la imposición de leyes que recortan derechos a los trabajadores y también a la policía.

Por ello, lo que hace explotar la actual situación es la aprobación de la Ley del Servicio Público LOSEP, que reduce derechos a los trabajadores públicos. En el caso de la policía, recorta directamente las bonificaciones y condecoraciones, lo que llevó a la reivindicación de exigir la revocación de la ley.