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30 de septiembre: Día negro para el Ecuador (página 2)

Enviado por Arturo Clery



Partes: 1, 2, 3

Critico la conducta del Primer Mandatario, al tener conocimiento de las consecuencias que produjo su presencia en el Regimiento No. 1, al desafiar a los enardecidos policías a que lo maten en vez de buscar un diálogo acorde o explicarles a manera de lección de escuela a los gendarmes, lo beneficioso de la Ley; al ordenar un Estado de Excepción, coartando las libertades de información; al echar la culpa a grupos políticos sin tener pruebas suficientes y provocando aún más, la rivalidad entre frentes ideológicos. Reconozco su intento de dialogar y tratar de solucionar el problema pero no en el Regimiento, donde las 'papas queman'; por su solidaridad y tristeza ante los fallecidos y heridos en la balacera; y sobretodo de seguir convincente a su decisión de no dar un paso atrás para reformar la ley de Servicios Públicos.

Critico la conducta de los policías por haber golpeado y agredido a periodistas que solamente trabajaban para mantener informada a la ciudadanía; del atropello a la integridad del Primer Mandatario; de no buscar una manera coherente y pensante de dialogar para aclarar o solucionar los problemas; de haber secuestrado al Presidente en un Hospital sin pensar de que ahí adentro habían más pacientes, niños y ancianos inocentes aterrados por las circunstancia que ocurría en las afueras del centro de salud, medir consecuencias; la 'guerra' entre propios organismos de control y las víctimas que resultaron muertas o heridas en el lugar de los hechos. De ellos no puedo reconocer nada, estaban desubicados, con la sangre caliente en la cabeza y con un solo objetivo: O el Golpe de Estado o un intento de asesinato al Presidente.

Critico la violenta incursión de los militares que obedecieron la orden presidencial para su rescate. Ellos tampoco midieron las consecuencias, disparaban como si estuvieran en un campo de batalla, lanzaban bombas lacrimógenas cerca del Hospital introduciéndose ese humo a las habitaciones de los pacientes. Siguieron con el tiroteo aún después de haber rescatado al Presidente. Tampoco reconozco nada de ellos. Era una medición de fuerzas entre militares y policías.

¿Qué se ganó con todo esto? ¿La Policía Nacional, solucionó los problemas? ¿Qué pasará con las víctimas, los heridos, los familiares? ¿Quién ganó la 'guerra'? Son algunas preguntas que salen a luz pública luego de semejante hecho.

Lo que también critico y repudio totalmente como periodista que soy, es el abuso de la disposición del Estado de Excepción al limitar la información con una sola tendencia noticiosa, la de los medios Públicos. Fueron cerca de 6 horas de desinformación pública, es decir, el Ecuador entero no sabía qué seguía ocurriendo a nivel nacional, no se conocía una postura equilibrada ni objetiva. Lo que se evidenció fue un show mediático de la televisión y la radio del Estado para difundir a la ciudadanía muestras de apoyo, respaldo al Presidente de la República por parte de funcionarios públicos y simpatizantes afines al gobierno de Rafael Correa Delgado. Se violó totalmente la Constitución porque no mostraron una información veraz, oportuna, contextualizada; sino parcializada hacia el lado oficialista. Fue ese día 30 de septiembre del 2010, cuando la ciudadanía más necesitaba estar informada y conocer lo que ocurría en Quito, en Guayaquil y en otras ciudades del país ante este impredecible acontecimiento.

Es digno de reconocer la valentía que tuvo Ecuavisa como canal que puso el 'ejemplo' y arriesgó la concesión de su frecuencia al salir en vivo a las 20h00 con su noticiero Televistazo, mostrando lo que ocurría fuera del hospital, en las calles, en el Regimiento. Minutos después lo hizo Teleamazonas, Canal Uno, RTU y TC Televisión. Digno de admirar y aplaudir la valiente y arriesgada labor de los periodistas, camarógrafos, equipo de producción de los diferentes medios de comunicación privados y por mostrar el lado real de los hechos, no una pantomima y un show como lo hizo Ecuador TV.

Como respuesta de rechazo y de indignación, entraron violentamente al medio estatal, cientos de ciudadanos que querían ser escuchados, ya que Ecuador TV y la Radio Pública eran los únicos medios que estaban al aire por disposición del Estado de Excepción, porque estaban cansados de escuchar lo mismo y lo mismo de gente afín al gobierno.

Ojalá el Señor Presidente, Rafael Correa, haya aprendido la lección de que no se juega con las leyes ni tampoco con la multitud enardecida y que se comunique de mejor manera los beneficios de sus vetos y de sus leyes. Ojalá la Policía Nacional vuelva a poner el orden en las ciudades del país. Ojalá no se vuelvan a suscitar estos malos entendidos y hechos como estos que simplemente hieren más al país y a un Ecuador que cada vez y cuando se ve más golpeado y resquebrajado por los malos manejos que ha vivido desde hace varios años.

Ecuador solo quiere vivir en paz, quiere ser un país de paz, unido, de diálogo. Quiere ser un país verdaderamente Democrático.

Fernando Cordero: Mientras la ley no se publique, puede haber mejoras

El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero (i), se encuentran en Zaragoza con motivo de una visita institucional a las Cortes de Aragón, acompañado del asambleísta Virgilio Hernández.

El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, expresó este jueves su respaldo y solidaridad al presidente de la República, Rafael Correa, quien se encuentra en el hospital de la Policía con suero y sin poder salir, luego de que miembros de la policía decidieron no salir a las calles.

El titular del Legislativo, manifestó via skipe desde España, su apoyo a las las asambleístas Marisol Peñafiel y Linda Machuca, quienes -según indicó- fueron agredidas al tratar de ingresar a la Asamblea.

Más temprano, la Policía no permitió la entrada de los asambleístas al palacio legislativo, cuya sesión estaba prevista para las 17:00.

Cordero cuestionó la reacción policial. "Eso no puede ser... en menos de cinco, seis horas, entre la medianoche y las 06:00 hayan estado en escándalo", dijo. El reclamo policial se debe a la aprobación, por parte de la Asamblea Nacional, de la Ley de Servicio Público, en uno de cuyos artículos se hace referencia a la eliminación de bonos policiales y condecoraciones.

El asambleísta nacional indicó que mientras la legislación "no se termina de publicar, sigue siendo en este caso colegislación. aquí hay mejoras, puede haber hasta discrepancias democráticas, pero eso no puede ser, en este caso mal usado", dijo.

Enfatizó que el derecho a la reconsideración es legítimo a la democracia, pero que "aquí no hay cómo dar ni un solo paso atrás cuando hay de por medio conspiración". Agregó que la Policía tiene que regresar a sus cuarteles "para hacerse acreedora" al diálogo.

Mientras que en Quito, en el interior de la Asamblea, Irina Cabezas, encargada de la Presidencia, pidió a la Policía deponer actitudes.

La asambleísta demandó "a todos quienes intentan armar un golpe de estado" que "ese no es el camino", dijo en rueda de presa.

Domingo 03 de octubre del 2010 Política

Correa dice que hay criminales infiltrados en la Policía Nacional

El 30 de septiembre, la mayoría de la tropa y de mandos medios de la Policía dejó sus funciones y la ciudadanía para protestar y exigir que no le quiten beneficios.

El presidente de la República,  Rafael Correa, calificó ayer de  cobardes y criminales a los policías que participaron en la sublevación del pasado jueves.  

"Hay que mandar presos a los malos elementos. Si tienen algo de dignidad, estos malos policías deberían presentar sus placas y su uniforme; no merecen llamarse policías", enfatizó el Mandatario durante el enlace sabatino.

Enlace Con un agradecimiento a los militares y policías que lo resguardaron el pasado jueves, cuando un grupo de oficiales de tropa de la Policía Nacional reclamaba por el veto a la Ley de Servicio Público, el presidente de la República, Rafael Correa, inició ayer su enlace sabatino, en el que hizo un recuento de los hechos ocurridos ese día que derivaron en un cruce de balas entre manifestantes y miembros del Ejército.

Durante el relato, fue enfático en decir que lo suscitado en el Regimiento Quito Nº 1 fue incitado por miembros del Partido Sociedad Patriótica (SP), quienes estaban de infiltrados. "Atrás de esto está el gutierrismo. Han logrado infiltrar a criminales, pues tienen una red, ya que son especialistas en inteligencia. Tienen una capacidad de desinformar y distorsionar", denunció Correa.

Además acusó al mayor del Ejército (r) Fidel Araujo, vocero del ex presidente Lucio Gutiérrez y dirigente de SP, de estar dirigiendo –desde el Regimiento– los hechos del jueves. Afirmó que cuando se hallaba dentro del Hospital de la Policía su familia recibió amenazas. En el enlace el presidente Correa también defendió la Ley de Servicio Público, a la que calificó de muy buena y beneficiosa para los uniformados. Pero también dejó claro que no cambiará ni un solo artículo.

Explicó que con la finalidad de evitar los abusos que se daban en el sector público se eliminaron bonificaciones, comisiones o estímulos económicos por cumplimiento de años de servicio, aniversarios institucionales, entre otros. También la entrega de medallas, botones, anillos y canastas navideñas.

"No es posible que por 5 años de antigüedad se den $ 700 y por 15 años $ 1.200, bonificaciones por ascensos cuando por ello ya se tiene un mejor sueldo. Además, en condecoraciones se gastaban cerca de $ 30 millones", sostuvo al calificar dichos beneficios como parches para justificar los malos salarios.

Agregó que la ley reconoce el trabajo especial que realizan los policías y militares, expresado en el artículo 115, en el que se reconoce una compensación para ello, además el pago de horas extras; sin embargo, eso no se especifica claramente en dicho artículo de la ley. Correa explicó que este año la institución policial recibió como presupuesto $ 903 millones, esto ha permitido aumentar los sueldos en el 102%.

También dijo que un policía del más bajo rango gana actualmente $ 792, mientras que en el 2006 ganaba $ 355. Un sargento primero recibía $ 707 de sueldo, ahora $ 1.392.

Indicó que en la disposición general vigésima de la Ley de Servicio Público, que habla de la defensa de los servidores en caso de juicios, se señala que ante una indagación previa o una acción judicial que tenga como causa el ejercicio de sus funciones, la máxima autoridad de la entidad correspondiente podrá disponer que esta asuma el patrocinio al servidor público enjuiciado o procesado a través de los abogados de la institución, siempre que la acción no haya sido iniciada por la entidad o en delito flagrante, de ser el caso podrán contratarse abogados externos para el fin.

Informó que en tres años el Gobierno ha entregado 30.610 pistolas, 27.022 chalecos antibalas, 30.610 pistolas Glock, 2.035 motocicletas y 70 cuadrones. Además de $ 10 millones para un proyecto de 2.500 viviendas para los policías.

Lunes 04 de octubre del 2010 Política

El malestar de la tropa y los mandos medios de los cuarteles y destacamentos no es un susurro ni un rumor ni un chisme de la hora del almuerzo. Está expresado en pasquines, en reuniones informales afuera de los cuarteles, en reclamos a los superiores, en testimonios publicados en la prensa... Y, sin embargo, el jueves 30 de septiembre, día de la insubordinación, los servicios de inteligencia fracasaron, no alertaron de un motín de uniformados que podía desestabilizar al Gobierno.

Los organismos encargados de esa tarea son la Secretaría Nacional de Inteligencia, el Servicio de Protección Presidencial, la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia y las unidades especializadas de los ámbitos militar y policial.

Todas estas dependencias son parte del llamado Sistema Nacional de Inteligencia, un entramado de instituciones y normas que –como lo reconoció el viernes pasado el propio presidente Rafael Correa– "todavía está en ciernes".

El Mandatario argumentó, una vez más, que antes de su gobierno estos servicios estuvieron vinculados a la Embajada de Estados Unidos y a intereses extranjeros. "Estamos reconstruyendo eso", dijo el viernes.

Una reconstrucción que ya lleva dos años y medio en marcha sin mayores resultados. Luego del ataque de Angostura el 1 de marzo del 2008, el régimen reconoció que los militares le ocultaron información y anunció cambios. La nueva Ley de Seguridad Pública y del Estado fue aprobada en septiembre del 2009, pero su reglamento recién lo suscribió el presidente Correa el 24 de septiembre de este año; es decir, un año después de la aprobación de la Ley y, por coincidencia, seis días antes de la insubordinación. En julio del 2009, Francisco Jijón asumía la dirección de la Secretaría Nacional de Inteligencia destacando "situaciones absolutamente novedosas", como el fin de la guerra fría, la globalización y la crisis del capitalismo. Sin embargo, fuentes de los servicios de Inteligencia reconocieron a este Diario que aún hay una debilidad institucional y que el proceso de reestructuración apenas ha empezado y está lejos de consolidarse.

Rafael Correa lo admitió: "No tenemos todavía los recursos humanos, técnicos, etcétera". ¿Sabían los servicios de inteligencia lo que estaba gestándose en los cuarteles?, ¿no se enteraron?, ¿no captaron la magnitud del malestar? En cualquier caso, la respuesta revela que los cinco organismos encargados de responder a esas preguntas fallaron, como lo reconoció el propio presidente Correa, el viernes pasado.

El mayor de Policía Manuel Silva, quien fue separado de la institución por discrepancias con este Gobierno, explicó que hay varios antecedentes que debieron alertar a las direcciones de Inteligencia.

Recordó que las investigaciones a los casos sobre circulación de pasquines estaban en marcha desde hace varios meses.

En efecto, en enero de este año el mayor del Ejército Diego Cuvi fue acusado de distribuir por correo electrónico un mensaje en el que se aseguraba, entre otras cosas, que el Gobierno iba a eliminar al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa).

Según El Ciudadano, el periódico de la Revolución Ciudadana, al condenar ese caso, el presidente Correa informó que no se trataba de un solo correo, sino de varios, y que no podía dar mayores detalles "porque se los está investigando".

Las autoridades no han difundido los resultados de esas investigaciones. "Si las hay, son reservadas", dice la fuente vinculada a los servicios de Inteligencia.

Rafael Correa

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

"Fue un error haber ido al Regimiento, muchos dicen que fue irresponsabilidad, temeridad, probablemente. Ese es mi estilo y jamás me imaginé lo que iba a pasar".

Miércoles 13 de octubre del 2010 Política

Cuatro coroneles, siete capitanes, un teniente y un subteniente de Policía, supuestamente involucrados en la sublevación del 30 de septiembre (30-S), ayer fueron puestos en situación de disponibilidad por los consejos de Generales y Superior de la Policía Nacional.

Los coroneles son: Julio Cueva, Manuel Rivadeneira, Marcelo Echeverría, investigados en la Fiscalía por tentativa de asesinato al presidente Rafael Correa; y el coronel Rolando Tapia, quien fue jefe de la escolta legislativa, quien es acusado de atentar contra la seguridad interna del Estado.

El pasado fin de semana, los dos consejos estudiaron el parte informativo, realizado por Asuntos Internos de la Policía y otra documentación entregada sobre las actividades de los oficiales, el 30 de septiembre.

El Consejo Superior determinó que "existen suficientes antecedentes que hacen presumir de mala conducta profesional" contra los capitanes Paola Mafla Andrade, Álex López Cañizares, Francisco Zúñiga Gibaja, Pablo Córdova Coronel, Ricardo Paz y Miño Novillo, Geovany Fuentes Flores, Francisco Noboa Ramos; el teniente Juan Avilés Pastor y el subteniente Andrés Solano León.

Se informó que el parte policial, suscrito por el coronel Ernesto Solano, director de Inteligencia, adjunta fotografías de los policías que participaron en la revuelta.

Solano remite el listado de personal que presuntamente participó en la sublevación contra la Ley de Servicio Público el 30 de septiembre y se anota que la capitana Paola Mafla a las "10:00, a través de la frecuencia de radiopatrulla, se la escuchaba que motivaba para que los policías reclamen sus ingresos económicos".

En el caso del capitán Zúñiga, se señala que presumiblemente "se encontraba en la reja de la Unidad de Vigilancia Centro Occidente dando declaraciones a la prensa". En cuanto al capitán López se dice: "10:30. Exteriores del Hospital de la Policía en la puerta de acceso vehicular se encontraba el capitán López, quien vestía de civil y cubría la mitad de su rostro con un pañuelo. Él mismo se encontraba motivando a los policías para que lancen gritos de protesta por el interés económico quitados a través de la Ley de Servicio Público, así como daba declaraciones a una persona que lo grababa".

Al capitán Paz y Miño presuntamente "se le observó en la avenida Mariana de Jesús y San Gabriel hablando por una Motorola mientras unos manifestantes se enfrentaban con un grupo de personas".

Al capitán Fuentes, presuntamente "se le encuentra vestido con uniforme B-2, a la altura de la prevención del Hospital de la Policía, cerca del subteniente Solano", a quien también "se le ubica cerca de la reja de la prevención de la Unidad Centro Occidente observando la quema de neumáticos".

Al capitán Noboa se lo habría identificado en los exteriores de la Asamblea mientras se tomaban las instalaciones.

El teniente Avilés sería quien "ordenó al personal motorizado a ingresar a la Unidad para plegarse a la medida".

Los oficiales en disponibilidad, según la Ley de Personal de la Policía, pasan a órdenes del Ministerio del Interior, donde permanecerán hasta por 60 días en situación de disponibilidad, mientras la Inspección General investigará, presentará las pruebas y practicará las diligencias solicitadas por los investigados.

Varios oficiales involucrados en este caso, que fueron consultados por este Diario, sostienen que es injusto que primero se ordene su disponibilidad y luego se les dé el derecho de defenderse; insisten en que se los inculpa sin tener pruebas suficientes, pero aclaran que defenderán su inocencia.

Sanciones: Otras decisiones

Procesos en la tropa policial

Se conoció que al menos a 50 uniformados de tropa se les informó de su disponibilidad y la necesidad de que contraten su defensa.

FAE también investiga

La FAE instauró consejos disciplinarios contra unos 160 militares para establecer si participaron en la rebelión policial, informó agencia AFP.

Planteó amparo de libertad

El policía Santiago Santacruz, uno de los 13 presos, presentó ayer un amparo de libertad, a cargo de la presidencia de la Corte de Pichincha.

Jueves 14 de octubre del 2010 | 12:57 Política

La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional , Irina Cabezas, acudió a la fiscalía de Pichincha para rendir su testimonio sobre la sublevación policial que se produjo el 30 de septiembre.

El fiscal de Pichincha llegó esta mañana al despacho del vicepresidente de la República, Lenin Moreno, para recibir su versión libre y no juramentada de lo ocurrido el pasado 30 de septiembre, tras la sublevación policial.

Por su parte, el canciller Ricardo Patiño y el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, acudieron este jueves a la Fiscalía para declarar en torno al caso de tentativa de asesinato en contra del presidente de la República, Rafael Correa, aquel último día de septiembre. Ese día, tras una sublevación policial, el Presidente fue agredido en el Regimiento Quito y retenido por varias horas en el hospital de la Policía Nacional.

La Fiscalía General del Estado anunció al día siguiente que investigará el caso, a los promotores de la sublevación policial, así como a los que supuestamente atentaron contra la vida del Presidente.

Patiño señaló que no dará interpretaciones en sus declaraciones, sino lo que vio y ocurrió en el lugar. Además, que indicará que no todas las personas están involucradas en los hechos de ese día.

Se dice que es secuestro porque el Presidente estaba rodeado de uniformados y porque el salir, lo hicieron en medio de una balacera, dijo Espinosa, según reportaron los medios televisivos. Ante la Fiscalía también llegó la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Irina Cabezas, que el pasado 30 de septiembre, día de la sublevación policial, se desempeñaba como encargada de la presidencia del Legislativo, para declarar por lo ocurrido en el Parlamento. Cabezas señaló que aquel día fue agredida por uniformados.

Aún falta por declarar el ministro del Interior, Gustavo Jalkh, quien está llamado para las 14:00; y el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, para la 15:00.

Jueves 14 de octubre del 2010 Política

Fiscalía investiga cuántos militares cayeron el 30-S

Aunque dos es el número oficial de militares muertos durante la revuelta del 30 de septiembre, una comisión especial de la Fiscalía investiga la posible existencia de más cuerpos enterrados sin haberles realizado las autopsias de ley.

"La información no es por escrito, solo se nos dice que se enterraron tres militares a los cuales no se les hizo la autopsia del caso y eso estamos investigando", dijo ayer el fiscal Distrital de Pichincha, Marco Freire.

Lo que se indaga es el lugar dónde fueron enterrados y por qué las autoridades respectivas no dispusieron que los cadáveres vayan a Criminalística de la Policía Judicial, para que les practiquen las autopsias.

Freire insistió en que es una obligación legal el que estas se realicen a todo cadáver; y, que el único ente encargado de realizarlas es el departamento médico legal de la Policía. Además, mencionó que quien haya ordenado la omisión de este examen podría ingresar en un proceso legal.

El martes pasado en Santo Domingo de los Tsáchilas se realizó la exhumación del cadáver del militar Jacinto Orlando Cortez Jhaya.

Para este caso fue nombrado el perito Verdy Antonio Cedeño, quien deberá entregar en un plazo no mayor de diez días, un informe de la exhumación.

Para las 10:00 de hoy en Ambato se prevé exhumar el cuerpo de Darwin Fabián Panchi Ortiz, otro de los caídos durante la revuelta policial. Para este caso se nombró como perito a María Dolores Villagómez, del Departamento Médico Legista de la Fiscalía del Tungurahua. Aquí también se busca definir las causas de la muerte.

En Quito, la Fiscalía espera esas experticias (que podrían durar diez días) para continuar con los procesos.

Exhumaciones: Comenzaron pericias

A la espera de resultados

Los resultados de esas pericias detallarán, entre otras cosas, la causa de la muerte del uniformado, el proyectil que se utilizó o de qué arma fue disparado, explicó el fiscal Distrital de Pichincha, Marco Freire.

Domingo 17 de octubre del 2010 Política

Al oficialismo le bastó con aprobar una resolución que indique que hubo una intentona golpista y un secuestro al presidente Rafael Correa para dar por terminado su accionar frente a los hechos del 30 de septiembre pasado.

Para hacer estas afirmaciones –reforzando la tesis del Gobierno– en el documento que fue aprobado con 62 votos el pasado jueves, el oficialismo no vio la necesidad de llamar a comparecer a ningún ministro o jefe de la Fuerza Pública y tampoco esperó a que la Fiscalía termine los procesos de investigación.

A lo que llegó el oficialismo es a recibir a dos personalidades internacionales que estaban de acuerdo con la tesis del "golpismo": el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza. Ante esto, Cynthia Viteri (MG) pidió el cambio del orden del día para que la Asamblea pida que comparezcan desde el vicepresidente de la República, Lenin Moreno, y explique quién le propuso asumir la Presidencia, hasta los ministros.

Además, al ministro del Interior, Gustavo Jalkh, para que señale si hubo o no negociaciones pacíficas antes de la incursión militar al Hospital de la Policía; al ministro de Defensa, Javier Ponce, para que informe por qué las Fuerzas Armadas no salieron a precautelar la seguridad una vez que conocieron que la Policía se había sublevado; y al Canciller con otros ministros y asambleístas, para que informen cómo pudieron entrar al Hospital de la Policía "si supuestamente el Presidente estaba secuestrado".

La oposición perdió con 56 votos este pedido y Rolando Panchana (PAIS) justificó que el oficialismo no haya dado los votos para esto bajo el argumento de que era "ilegal", porque no respetaba procedimientos establecidos en la Ley.

"Se pretendió, vía resolución, saltarse todo el procedimiento, entre comillas porque necesitamos investigar algo", dijo Panchana, al señalar que cualquier comisión y cualquier asambleísta puede iniciar el procedimiento de investigación.

Hasta hoy ningún asambleístas de PAIS, ni de las once comisiones ha señalado comparecencias o suma de documentación sobre este caso, habiendo transcurrido ya 16 días desde el 30 de septiembre.

Ángel Vilema (PAIS) explica que ellos (los oficialistas) prefieren esperar a que primero salga una investigación de la Fiscalía para tomar alguna decisión como bloque en cuanto a sanciones y que el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) será el encargado de investigar lo que ocurrió en la toma de la Asamblea. Pero, aunque se determinen responsabilidades en el CAL, la Ley Orgánica de la Función Legislativa no permite destituciones en estos casos; las sanciones van desde amonestaciones escritas hasta multas.

La oposición, aparte del pedido fallido de Viteri, anunció que desde la Comisión de Participación Ciudadana, presidida por Luis Morales (Prian), y con mayoría de oposición, iniciará pedidos de comparecencias para esclarecer la revuelta policial.

Morales indicó que la Constitución da a la Asamblea la garantía de poder fiscalizar y "es evidente que en este caso no se ha dicho toda la verdad".

Andrés Páez (ID) coincide en que el 30 de septiembre, siendo un acontecimiento político excepcional, no lo debe investigar ni el oficialismo ni la oposición ni una comisión mixta en la Asamblea, porque de lo que se trata es de que se esclarezcan los hechos, no de que existan dos versiones y, por ello, sugiere que sea el Alto Comisionado de las Naciones Unidas el que haga una investigación imparcial.

Detalles: Gobierno

Versión presidencial

El presidente Rafael Correa cerró la posibilidad de que una entidad internacional investigue los hechos del 30 de septiembre pasado. "Hasta en eso tienen alma de vasallos, que una comisión internacional venga a investigar y por qué, si el Ecuador tiene sus instituciones, su Fiscalía y sus instancias para este caso. Que investiguen y que denuncien si es que ha habido un abuso o una incorrección, pero ya dejémonos de esos vasallismos de que vengan a darme investigando porque nosotros no podemos", dijo el Mandatario a la agencia de noticias AFP.

Jueves 21 de octubre del 2010 Política

No se hallan balas en víctimas de 30-S

Los peritos posesionados por el Ministerio Público realizaron un exhaustivo seguimiento del camino que recorrieron los proyectiles en los cuerpos de los militares caídos el 30 de septiembre pasado, pero no hallaron ninguna bala, informó ayer Carlos Meza, director de la Consultora Pericial, contratada por el Ministerio de Justicia para realizar la veeduría de todas las diligencias periciales de la Fiscalía.

"Durante las autopsias de los militares encontramos un orificio de entrada y no había un orificio de salida... Por lo tanto, el proyectil debería haber estado allí, pero en ninguno de los casos se encontraron en el lugar donde deberían estar", dijo.

Meza es uno de los dos expertos en balística que actuaron de veedores en la exhumación de los cuerpos de Orlando Cortez, enterrado sin autopsia en Santo Domingo de los Tsáchilas, y de Fabián Panchi, sepultado en Ambato bajo iguales circunstancias, fallecidos durante el operativo que sacó al presidente Rafael Correa del Hospital de la Policía.

La segunda parte de la pericia –agregó– será reconstruir la trayectoria balística y determinar el arma de la cual fue disparada, considerando su calibre. Y para ello se necesitan las balas que causaron la muerte. "A partir de ahí se debería realizar una diligencia de manera urgente para que estos proyectiles, que seguramente se extrajeron en alguna oportunidad, sean aportados a la causa. Así se pueden hacer las investigaciones balísticas que requiere el Fiscal y toda la ciudadanía".

En cuanto a la versión de que los cuerpos ya habían sido abiertos antes de ser enterrados, el argentino indicó que durante las exhumaciones observó que los cadáveres poseían "signos visibles de que hubo una cirugía previa". "No sé si como para reanimar al cuerpo se hizo una cirugía. Lo que vimos fueron huellas, pero no puedo definir si eso responde a una autopsia. El uno tenía huellas a la altura del pecho y otro en la cabeza".

Tanto Antonio Cedeño como María Villagómez, peritos designados por la Fiscalía para la autopsia de Cortez y Panchi, respectivamente, tenían diez días para entregar los resultados oficiales de esa diligencia forense. El plazo de entrega para el informe con la autopsia de Cortez vence mañana y en el caso de la diligencia de Panchi el próximo domingo.

Mientras tanto, Meza sostuvo que pese a que inicialmente se quería que fueran peritos legalmente posesionados, ellos presenciarán todas las diligencias a las que se les tome en cuenta. La consultora emitirá un informe final, no vinculante, al Ministerio de Justicia describiendo todas las diligencias procesales realizadas y señalando si en cada caso se respetaron los debidos procesos.

El fiscal que lleva la causa, Luis Enríquez, ayer mantuvo reuniones por lo que no se pudo obtener su versión de los datos de las exhumaciones.

Detalles: Otras reacciones

Diario estadounidense

El diario The Washington Post en su editorial de ayer dijo que el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, se apresuró a validar un "dudoso reclamo" del presidente de Ecuador, Rafael Correa, según el cual "una bronca con la policía" de su país el pasado 30 de septiembre "era un intento de golpe de Estado".

Restricciones a la prensa

Los acontecimientos del 30 de septiembre no solo provocaron un reforzamiento de la seguridad de Carondelet, sino limitaciones al trabajo de la prensa. Desde el 1 de octubre, un día después de la rebelión policial, los periodistas ya no pueden permanecer en los corredores de Carondelet por disposiciones superiores.

Martes 26 de octubre del 2010 Política

Quienes estaban al mando de Policía dan su versión

El testimonio de la asambleísta de Pachakutik, Lourdes Tibán, quedó postergado para un segundo llamado porque se negó a cumplir con esa diligencia a falta de un traductor en la Fiscalía para declarar en quichua, su lenguaje natal.

Tibán fue convocada por el fiscal Gustavo Benítez, encargado del caso que investiga la toma de las instalaciones de Ecuador TV.

La asambleísta fue la primera integrante de la oposición en ser convocada por la Fiscalía para rendir su versión sobre los hechos del pasado 30 de septiembre, en los que supuestamente participó ella y su hermano y ex miembro de la escolta legislativa, Marco Tibán. Antes de ingresar a la Fiscalía, Tibán dijo que ella y su hermano son perseguidos políticos. En esta ocasión, Tibán negó ser una de las supuestas instigadoras del intento de golpe de Estado que habría ocurrido el pasado 30-S, para deponer al régimen de Rafael Correa, tal como lo afirma el Gobierno.

Respecto de su supuesta participación, Tibán dijo: "Solo un collage mediocre y barato de TC Televisión, que se no ha investigado para hacer noticia de lo que supuestamente pasó". Así, la asambleísta anunció que pedirá el material no editado del video que sacó al aire ese canal, en poder del Estado tras su incautación en el 2008, para que le demuestren, dentro de la demanda internacional que presentará, cuándo ella otorgó su respaldo al supuesto golpe de Estado, que no se dio.

Además, exigió a la Fiscalía convocar al mandatario Correa para que rinda su versión, igual que su hermano, Marco Tibán. "Quiero ver detenido a los culpables de no poder manejar un conflicto interno", agregó.

A la diligencia frustrada también acudió el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Marlon Santi, para quien, los juicios planteados en contra de varios dirigentes constituyen un proceso de persecución a las organizaciones sociales. Desde las 08:00 de hoy, seis ex generales que conformaban la cúpula policial rendirán en la Fiscalía su versión libre y sin juramento sobre lo sucedido al interior del Regimiento Quito, dentro de la investigación del presunto delito de tentativa de asesinato contra Correa.

Los uniformados que acudirán a rendir su versión de los hechos son: Freddy Martínez Pico, Rafael Yépez Cadena, Florencio Ruiz Prado, Jaime Vaca Ordóñez y Euclides Mantilla Herrera.

Ayer, con varios decretos ejecutivos, fueron informados de la aprobación de sus solicitudes para ser dados de baja.

El actual inspector general de la Policía, Nelson Argüello, que el 30 de septiembre era director de la Policía Comunitaria, acudirá esta tarde a la Fiscalía.

MORENO PIDE BAJAR TONO

El vicepresidente Lenin Moreno expresó su apoyo a la instauración de un diálogo nacional, sin incluir a los sectores a los que el régimen llama "golpistas". Ese llamado, dijo a radio Quito, no implica "perdón y olvido" a los responsables de los hechos del 30-S.

Este actual escenario podría –agregó– ser necesario para dar un paso cualitativo en el método de gobernar, con un diálogo basado en el respeto. Reconoció que tanto en el régimen y en la oposición existieron excesos con calificativos fuertes, generalizaciones por lo que ahora es indispensable bajar de tono. "Tal vez lo que debemos cambiar es descalificar actitudes, no personas".

Reiteró que las relaciones entre Iglesia y Estado seguirán cordiales y que toma con mucho respeto sus opiniones.

Araujo seguirá detenido

Fidel Araujo, mayor del Ejército en servicio pasivo acusado de rebelión y vinculado a Sociedad Patriótica, seguirá detenido en la cárcel, luego de que el juez 14° de Garantías Penales, Leonardo Tipán, le negó el pedido de fianza. El juez alegó la gravedad de los sucesos y las circunstancias que rodean la comisión del delito.

Negado amparo a Guerrero

El juez 24° de Garantías Penales, Galecio Luna, también negó el amparo de libertad que planteó Pablo Guerrero, implicado en el caso que indaga la toma de las instalaciones de Ecuador TV. Con esa resolución se dejó en firme la orden de detención con fines de investigación y por 24 horas enfrenta Guerrero.

Más policías

Wilson Alulema, jefe de estado Mayor de la Policía, dijo que alrededor de 150 policías serían investigados administrativamente por el 30-S, pero el número podría incrementarse cuando lleguen los informes que Asuntos Internos hace en provincias. "Se está identificando a los involucrados y luego se darán las resoluciones pertinentes".

Jueves 28 de octubre del 2010 Política

Luego de ser cuestionado por el presidente Rafael Correa, el ex director del Hospital de la Policía, coronel César Carrión, fue involucrado en el caso que sigue la Fiscalía por la presunta tentativa de asesinato en contra del Jefe de Estado ocurrida el 30 de septiembre pasado, cuando varios grupos de policías se sublevaron.

A las 08:00 de ayer Carrión fue detenido para ser investigado dentro de ese proceso.

La orden fue emitida por el juez 22 de Garantías Penales de Pichincha, Juan Pablo Hernández, luego que el fiscal que lleva el caso demostró que había indicios suficientes para que se vincule al proceso a Carrión.

Para la detención se acusa al oficial de haber cerrado el Hospital de la Policía cuando necesitaba ayuda el Primer Mandatario. Esa versión la dijo Correa en su último enlace: "Cuando ve que me llevaban al hospital policial, este sujeto puso candado en la puerta...".

Dentro del documento se dice que la posición de apoyo de Carrión a los hechos del 30 de septiembre se evidencian a través de unas declaraciones en las que sostiene que el presidente nunca estuvo plagiado.

Carrión a poco más de un día de que Correa, en su enlace sabatino, pidiera su salida de la fuerza policial y lo calificara de "cómplice de los conspiradores", fue retirado por la cúpula de la dirección del hospital. Hasta el martes existía la orden de que el oficial ocupe la dirección nacional de Migración, cargo que aparentemente lo asumiría ayer, pero llegó la detención. Casi a la misma hora que Carrión fue detenido, el mayor Francisco Xavier Noboa, ex miembro de la Escolta Legislativa durante los hechos del pasado 30 de septiembre, fue arrestado en el Regimiento Quito Nº 2. Se lo detuvo para investigaciones por aparentemente atentar contra la seguridad del Estado.

Extraoficialmente se conoció que existirían al menos diez policías más por ser arrestados, ya que estarían vinculados con alguna de las cinco indagaciones que se llevan adelante.

Hasta el momento, según la unidad de capturadores de la Policía Judicial (PJ), no han recibido orden alguna para proceder a capturar a más agentes, aunque aclaran que están pendientes. Ambos oficiales llegaron al edificio principal de la PJ poco antes de las 09:00. Desde ese entonces se reunieron con el jefe de esa unidad, coronel Rodrigo Beltrán, quien señaló, durante una rueda de prensa, que los agentes de la Policía Judicial solo cumplieron órdenes emitidas por un juez competente.

Cerca de las 22:00 recién inició la audiencia de formulación de cargos contra ambos uniformados. Según Víctor Hugo Cevallos, abogado del coronel Rolando Tapia, ex jefe de la Escolta Legislativa, este habría negado que cerró las puerta del hospital y, más bien aseguró que envió con su chofer las llaves del candado para que lo abran, lo que le habría valido el agradecimiento del mandatario.

Hasta el cierre de esta edición continuaban las audiencias.

Oficio: Orden de captura

El oficio Nº 1206-2010 J22GPP con el que se ordena la detención de César Carrión para investigación dice: "... a eso de las 10:45 los miembros de la seguridad y socorro del Presidente siendo la única posibilidad de resguardar y salvar su vida procedieron a llevarlo en hombros hacia las instalaciones del Hospital de la Policía que se encuentra junto al Regimiento Quito Nº 1; sin embargo, de una manera alevosa y premeditada el Teniente Coronel César Carrión, abusando de su calidad de Director de la casa de salud antes mencionada, procedió a impedir el ingreso del Presidente cerrando las puertas del hospital, perpetrando así sus bajas intenciones de negar las atenciones médicas inmediatas que el Primer Mandatario requería a fin de evitar la inminente asfixia que padecía y que podía tener consecuencias fatales...".

"...Con esta actitud se puede evidenciar el respaldo que tenía con los hechos delictivos que realizaban los policías rebeldes en las afueras del hospital. Su posición de apoyo a los nefastos hechos del 30 de septiembre se evidencian aún más cuando se atreve a dar declaraciones públicas manifestando de que el señor Presidente nunca estuvo plagiado en el hospital, cuando es de conocimiento público que entre los policías insurrectos circulaba la consigna de asesinar al Presidente...".

Jueves 28 de octubre del 2010 Política

El mayor (r) del Ejército Fidel Araujo, afiliado a Sociedad Patriótica, fue detenido tres días después de que el Presidente lo llamó "conspirador" de la rebelión policial.

La actuación de jueces y fiscales en las investigaciones sobre los hechos del 30 de septiembre (30-S) van sumando voces críticas al sistema de justicia.

Cada vez que el presidente Rafael Correa ha involucrado en cadenas o en enlaces sabatinos a supuestos actores de la revuelta policial, llamándolos "incitadores" o "conspiradores", fiscales y jueces han agilizado las órdenes de captura.

El último caso es el de César Carrión, quien luego de ser removido del cargo de director del Hospital de la Policía, fue detenido ayer por una orden emitida en la madrugada por el Juez 22 de Garantías Penales de Pichincha, Juan Pablo Hernández, a pedido de la Fiscalía.

Correa dijo el sábado que Carrión era parte de la "conspiración" y pidió al ministro del Interior, Gustavo Jalkh, que "hable con el Fiscal" para que sea investigado. Así se cumplió.

Antes, el 2 de octubre, acusó a Fidel Araujo (SP) de dirigir la revuelta policial; tres días después ya estaba preso por orden del juez 24 de lo Penal de Pichincha, Galecio Luna, a pedido del fiscal Marco Freire.

Correa también arremetió contra Mery Zamora, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), a quien responsabilizó de "incitar" a los estudiantes del colegio Aguirre Abad, de Guayaquil, a salir a las calles el día de la sublevación.

Lo hizo en sus informes del 9, 16 y 23 de septiembre; el juez 27 del Guayas, Cristian Jurado, dictó prisión contra ella horas antes del último enlace.

Zamora, desde la clandestinidad, asegura que "la justicia está sometida y doblegada hacia el régimen", mientras que la defensa de Araujo señala que él "es un chivo expiatorio".

La presidenta de la Corte de Justicia del Guayas, María Leonor Jiménez, no quiere pronunciarse sobre ningún caso ligado al 30 de septiembre, ya que asegura que no puede adelantar criterios si algún proceso recae en su jurisdicción.

Pero admite que "en lo mandos distritales de niveles de justicia, entiéndase Consejo de la Judicatura, sí hay mucha injerencia". Quien la ordena o en beneficio de quien se hace, eso es lo que habría que establecerse, señaló y dijo que desde que se cambió el sistema procesal penal a los fiscales se les ha dado demasiados poderes, "para los que no están preparados".

"Se han erigido (los fiscales) ya no en una parte procesal, sino que quieren resolver y denuncian a los jueces, pero eso viene desde lo más alto, viene desde el mismo Fiscal General", aseguró la magistrada.

Agregó que el CJ es el medio del que se vale no solo el poder Ejecutivo y el Legislativo, sino cualquier otro de los poderes, que tienen un mecanismo de control excelente. "Hay una sumisión total, un entreguismo total, esta transitoriedad nos ha afectado horriblemente", lamentó Jiménez, quien observa que después del 30-S, "hay mucho entusiasmo" en seguir ese caso, mientras otros procesos, dice, como la muerte de ciudadanos a cada rato, no van con la misma agilidad.

Para el ex procurador Gustavo Medina "la Función Judicial tiene el reto de demostrar serenidad e independencia" en el juzgamiento de los hechos, porque en ella "es más notoria la crisis institucional".

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, también se sumó a las críticas al sistema judicial luego de dar su versión en el caso que lo involucra la Comisión de la Verdad. Citó una expresión del presidente de Uruguay, José Mujica, quien en el libro De tupamaro a Presidente escribió: "La justicia tiene un hedor a venganza de la puta madre que lo parió".

Cuestionamientos:Actuación de órganos de justicia

María Leonor Jiménez

Presidenta de Corte del Guayas

"Hay una sumisión total (de Judicatura), un entreguismo total, esta transitoriedad nos ha afectado horriblemente".

Jaime Nebot

Alcalde de Guayaquil

"Ojalá, señor Fiscal, que la justicia impere y no sigan consignas políticas que emanen de dicha Comisión (de la Verdad)".

Sábado 30 de octubre del 2010 Política

"Nos escondimos en baño para que gas no nos afecte"

En el primer piso del Hospital de la Policía, una mujer con un niño en brazos espera su turno. Junto a ella, su esposo, un joven policía de tropa. El 30 de septiembre pasado, mientras sus compañeros corrían de un lado a otro con los cinco sentidos puestos en la insubordinación, él y su mujer trataban de salvar la vida de su hijo, de un día de nacido.

La mujer decide contar su experiencia; él intenta ser más cauto. "¿La puedo grabar?", le digo. Ella responde: "Bueno, pero sin nombres".

Y cuenta: "Fue una experiencia horrible. Mi bebé nació prematuro, por complicaciones en mi embarazo, el miércoles 29 de septiembre, a las 09:45. Fue llevado a terapia intermedia.

"Al siguiente día me llevaron a que le diera el pecho. Eso fue una hora antes de que ocurra ese rescate al presidente (Rafael Correa). Me pasaron a mijo a la habitación porque había evolucionado favorablemente.

"En la habitación, que está en el tercer piso del hospital, estaba con mi esposo, que me cuidaba porque me hicieron cesárea. Los dos veíamos por la televisión todo lo que pasaba... Luego escuchamos que se rompió una puerta y empezaron los disparos.

"Explotó una bomba de gas y ese humo empezó a entrar al cuarto. Por la operación, no podía levantarme rápido de la cama y mi esposo me ayudó. Nos metimos al baño para escondernos porque el gas le hacía mal a mi hijo, que era prematuro. Estábamos desesperados, yo pensé lo peor, pensé que iban a entrar a las habitaciones a dispararnos, a botarnos gas...

"Escuchábamos desde el baño que las enfermeras pasaban llorando, escuchamos los disparos porque la televisión estaba encendida todavía, nos daba miedo. Solo esperábamos que todo termine.

"Mi hijo estaba en terapia, horas antes junto a otro bebé. Su mamá era policía. Cuando pasó todo este relajo, ella gritó que no mataran a su hijo y lloraba.

"Yo estaba desesperada y mi familia también. Me llamaban al celular, me decían que estemos tranquilos, que ya mismo sale (el Presidente), que las balas son de goma, que aguantemos. Trataban de calmarnos, pero era algo horrible. Solo llorábamos.

"Si por mí fuera, me hubiera ido ese mismo día, pero no podíamos hacer nada. Solo esperar. No sé cuánto nos quedamos ahí en el baño pero cuando todo terminó las enfermeras llegaron a darnos la medicina.

"Una nos contó después que la madre a la que escuchamos llorar se arrastró por el suelo para llegar a terapia a sacar a su hijo. No quiero imaginar qué hubiera pasado si mi hijo se hubiese quedado junto al otro bebé.

"El Presidente entró al hospital sin medir las consecuencias. Aquí estábamos mujeres, enfermos, niños recién nacidos... Y ahora dice que estaba secuestrado, no me parece...".

Así termina su relato. "¿Cómo se llama su niño?". Lo piensa... y dice orgullosa: Iker. Ayer cumplió un mes, de milagro.

150 Policías Estos uniformados están siendo investigados por su rol en la insubordinación.

Desde el 9 de octubre, tres consejos policiales analizan los informes de la Inspectoría General de esa entidad, sobre la conducta profesional de 150 uniformados que habrían participado en la rebelión del 30 de septiembre que originó el inicio de proceso judiciales.

Los consejos de disciplina que realizan las indagaciones son el de clases y policías, que analizan a la tropa; el Consejo Superior de la Policía estudia el caso de los oficiales hasta el grado de capitán, y el Consejo de Generales de quienes tienen grado de mayor hacia arriba. Los uniformados investigados tendrán 60 días para demostrar su inocencia, caso contrario serán dados de baja.

Esta cifra podría variar una vez que la Unidad de Asuntos Internos entregue informes sobre el comportamiento policial en provincias en donde también hubo protestas de grupos de policías. Seis policías son investigados por el delito de asesinato en grado de tentativa contra el presidente Rafael Correa.

La fiscalía abrió una instrucción contra los coroneles Marcelo Echeverría, Julio Cueva y Manuel Rivadeneira por aparentemente estar involucrados en el delito de magnicidio.

El 11 de octubre, el cabo Geovanny Chancusig, fue acusado de haber intentado retirar la máscara antigás al presidente Correa, en el Regimiento Quito Nº 1; el 15 de octubre, el cabo Luis Bahamonde fue detenido, acusado de haber rociado gas pimienta contra Correa.

154 Militares La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) los investiga por la toma del aeropuerto de Quito. La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) identificó a 154 militares de tropa como los responsables de la toma de la pista del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, el pasado 30 de septiembre, en rechazo a la Ley de Servicio Público y como medida de respaldo a la sublevación de la Policía.

Ese día los vuelos fueron suspendidos.

Los uniformados reclamaban por la eliminación de ciertos beneficios económicos, como las condecoraciones y ascensos.

El 6 de octubre, el comandante del Grupo de Transporte Nº 11, Antonio Puga, remitió un memorando al Consejo de Generales con la nómina de los implicados, que se mantiene en reserva, en donde sugiere la conformación de los respectivos Consejos de Disciplina para "conocer, juzgar y sancionar" a todos los militares implicados.

El malestar en la FAE respecto de las medidas adoptadas desde la Presidencia en materia de Fuerzas Armadas, sin embargo, persiste.

En esta semana el presidente de la República, Rafael Correa, asistió a la ceremonia de aniversario de la FAE. En su intervención, en la Base Eloy Alfaro, de Manta, recordó a los soldados y oficiales de esa rama que le deben obediencia y lealtad.

Advirtió que no tolerará una traición y agregó que "ni el Gobierno ni el pueblo ni las Fuerzas Armadas permitiremos que nadie venga a utilizar las armas que le entregó el pueblo contra el propio pueblo".

7 Arrestados Militares del Ejército que protestaron en las afueras del Ministerio de Defensa.

Siete miembros del Ejército fueron arrestados desde el pasado lunes 25 de octubre, por participar en la jornada de protesta en los exteriores del Ministerio de Defensa, el 30-S, en rechazo a la suspensión de algunos beneficios económicos por condecoraciones y ascensos que contempla la nueva Ley de Servicio Público.

El Ejército informó que se establecieron responsabilidades administrativas y disciplinarias con base en el reglamento de Disciplina Militar para todos los involucrados, en estricta observancia a las garantías constitucionales y el respecto del debido proceso y derecho a la defensa. El mando de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) mantiene en reserva los nombres. Ninguno está en una celda, solo tienen sanciones administrativas.

Uniformados involucrados en las investigaciones aseguraron que hasta el momento el Consejo de Disciplina ha ordenado el arresto de más de 30 personas por participar en la jornada de protesta.

Esta semana se realizaron varias audiencias en la Base Aérea Mariscal Sucre de Quito en donde se instaló el Consejo de Disciplina, con la finalidad de analizar cada uno de los casos y establecer responsabilidades.

El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, señaló que los militares involucrados en la sublevación no tienen responsabilidad penal en la toma del aeropuerto y que las sanciones deben ser únicamente administrativas y disciplinarias.

9 Casos La Fiscalía intenta determinar responsabilidades del 30 de septiembre.

La Fiscalía está a cargo de nueve casos por los incidentes del 30 de septiembre. Cinco son indagaciones previas y cuatro instrucciones fiscales.

Las indagaciones -que pueden mantenerse hasta por un año y tienen el carácter de reservado-corresponden a la toma de Ecuador TV, al atentado contra una ambulancia, a la muerte del policía Froilán Jiménez, a la toma del aeropuerto de Quito y a las protestas en el Ministerio de Defensa. Transcurrido el año, el fiscal podrá disponer el archivo provisional del expediente o solicitará al juez su archivo definitivo.

Sin embargo, si el fiscal logra conseguir elementos para acusar a una persona, puede hacerlo, aunque el plazo hubiere fenecido.

Los cuatro procesos de instrucción fiscal se refieren a la sublevación de los policías en el Regimiento Quito por el delito de rebelión, a la participación del mayor del Ejército Fidel Araujo, del ex jefe de la escolta legislativa, Edwin Tapia, y del policía Marco Tibán, así como por otros involucrados en el delito de atentar contra la vida del presidente de la República, Rafael Correa.

El trámite de la instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días, prorrogables por 30 adicionales por cada persona que se vincule a esos procesos.

Las cuatro causas se mantienen en la etapa investigativa, en cuyo trámite se evacuaron 130 diligencias.

5 Generales Los oficiales de la Policía pidieron la baja por solicitud voluntaria.

Cinco generales de la Policía fueron dados de baja por solicitud voluntaria.

Esto sucedió un día después de la sublevación del 30 de septiembre pasado.La ex cúpula policial, encabezada por el general del distrito Freddy Martínez Pico, presentó su solicitud de baja voluntaria al ministro del Interior, Gustavo Jalkh.

Junto a Martínez, pidieron también la baja los generales Rafael Yépez Cadena, director general de Personal; Florencio Ruiz Prado, jefe de Estado Mayor; Jaime Vaca Ordóñez, director nacional de Operaciones, y Euclides Mantilla Herrera, inspector general de la Policía. El 25 de octubre pasado, mediante decreto presidencial, se confirmó la baja de los cinco oficiales. Aunque hasta la fecha no hay un informe definitivo, el ministerio del Interior ha informado que ocho policías desertaron de la institución.

Según versiones de los uniformados, luego del 30 de septiembre no volvieron a presentarse en sus destacamentos.

21 Detenidos Estos policías están siendo investigados por su rol en la insubordinación

De los 21 policías detenidos, quince están acusados por el delito de rebelión, tres por atentar contra la vida del Presidente de la República y tres por atentar contra la seguridad del Estado.

El 6 de octubre, 44 policías de diferentes rangos fueron detenidos para investigaciones. De ellos, entre la noche del 6 y madrugada del 7 de octubre, 33 fueron involucrados con el delito de rebelión, por haber participado en la revuelta policial en el Regimiento Quito Nº 1. Aquella madrugada, la jueza de Garantías Penales, Tania Molina, confirmó la prisión preventiva para 13 y a 20 se les otorgaron medidas cautelares.

El 21 de octubre, la jueza décima de Garantías Penales (provisional), Rita Bravo, emitió orden de prisión preventiva contra el cabo Luis Francisco Montesé Rizo y el policía Luis Arturo Beltrán Cervantes.

El ex director del Hospital de la Policía, coronel César Carrión, fue detenido el miércoles pasado, cuatro días después de que el Mandatario lo acusara de cómplice de los conspiradores.

Domingo 31 de octubre del 2010 Política

La capitán Paola Mafla Andrade, el 6 de octubre último, cuando fue trasladada a la Fiscalía para rendir su versión sobre el 30-S.

En el corredor y en la sala de una casa confortable, decorada con sobriedad, sin lujos, ubicada en un conjunto habitacional en la vía a la Mitad del Mundo (norte de Quito), sus pequeños hijos, ajenos a cualquier problema, juegan, hacen preguntas y besan a sus padres, que casi no desenlazan sus manos, si no es solo para responder a las muestras de cariño de los niños.

Álvaro, quien pidió la reserva de su nombre completo, cuenta con desconcierto, pero con serenidad, la situación de su esposa, la capitán Paola Mafla Andrade, de 37 años, una de las tres mujeres policías implicadas en el proceso que por rebelión les sigue el Juzgado Décimo de Garantías Penales de Pichincha.

La única oficial mujer implicada en la revuelta policial del 30 de septiembre, que trabajaba como jefa de la zona segura Mena del Hierro, enfrenta dos causas: una penal por el cargo de rebelión y otra por mala conducta, dentro de un trámite administrativo iniciado por la Policía. Álvaro recuerda que ese día su esposa pasó en su cuartel, en la Unidad de Vigilancia Norte de Quito. Luego de unos días empezaron las investigaciones y mientras Mafla estaba trabajando la llamaron a una reunión en el Centro de Adiestramiento Canino (CAC).

Ingresó a la Escuela de Cadetes hace 17 años, pertenece a la tercera generación de mujeres oficiales de Policía. En el 2000 asistió a cursos sobre lavado de dinero en Panamá y Perú.

En el 2003 y 2006 fue calificada para asistir a cursos de lucha contra el crimen organizado dictados por la Policía alemana.

Además recibió una condecoración por el mérito profesional luego de aprobar con las mejores calificaciones el curso de ascenso de teniente a capitán de línea. También trabajó en la Dirección Nacional Antinarcóticos donde, según su esposo, se ganó enemigos peligrosos. En la causa penal, uno de los primeros indicios presentados por el fiscal Jorge Cano para incluirla en el proceso es la fotografía de una mujer vestida de civil que supuestamente pedía que se fuera la caravana presidencial, incitando a un grupo de ciudadanos a participar. En la descripción que realiza la Fiscalía se dice que la mujer de la foto vestía una chompa negra con franjas plateadas, blusa rosada, pantalón y zapatos negros. Pero Mafla asegura que el 30-S permaneció en la UVN siempre con su uniforme y que hay decenas de testigos de eso.

Los argumentos de la jueza Molina para sustituir la prisión preventiva de 21 de los 36 procesados fueron que existían pocos elementos aportados en el inicio de la instrucción y que varios de los procesados ni siquiera estuvieron en el lugar de los hechos o es muy difícil distinguirlos en las fotografías presentadas como único indicio de responsabilidad. Después, la Dirección General de Inteligencia de la Policía (DGI) presentó un informe en el que indica que "a las 10:00, a la capitán Paola Mafla, a través de la frecuencia de radiopatrulla, se le escuchó motivando a los policías para que reclamen sus ingresos económicos". El esposo de Mafla asegura que eso tampoco es cierto, pues si bien hay un momento en que la capitán se reporta, al contrario de decir algo en contra del Gobierno, le dice al personal que esos no son los medios ni los canales por los que se puede hacer un reclamo.

Álvaro agrega que hubo varias mujeres policías que decían sus opiniones a través de la radio, pero a la única que reconocieron la voz fue a Mafla y por eso le están adjudicando todos los reportes de las gendarmes.

Sobre la base del informe de la DGI, el Consejo de Generales y Superior de la Policía, el 12 de octubre pasado, determina que "existen suficientes antecedentes que hacen presumir de mala conducta profesional" de Mafla y doce oficiales más. Por lo que se pide al Ministerio del Interior ponerla en situación de disponibilidad. La defensa de Mafla entregó pruebas y solicitó la reconsideración el miércoles pasado. Si no se la aceptan, se inicia el trámite para la disposición.

El esposo de la capitán dice estar consciente de que el proceso no se solucionará rápido, pese a que su esposa no participó en la sublevación, ni quiso desestabilizar al régimen. "Ahora solo confío en que la justicia haga su papel y no por sacar responsables cojan a las primeras personas que aparecen en listas", manifiesta Álvaro, que según el Diario del Norte de Quito es militar (él no quiere referirse al tema), para quien el mayor temor es que la oficial sea separada de su familia pese a haber trabajado en la Policía de forma honorable. "No tenemos varios carros, varias casas, vivimos con lo que nuestro trabajo nos puede dar", enfatiza. La otra investigada, Denice Arrobo Duque, es policía desde hace cuatro años y nueve meses. Está implicada en el caso de rebelión del 30-S, pero asegura que los indicios en su contra no prueban nada.

"Me acusan por haber estado en el Regimiento (Quito), pero este es mi lugar de trabajo. Si me iba de aquí era peor porque me hubieran dicho que he abandonado el servicio", enfatiza. Esta policía trabaja como secretaria en el Rastrillo del Regimiento Quito Nº 1. Afirma que el 30-S, luego de saludar a sus compañeros, bajó a una misa en la capilla del lugar cuando escuchó que los uniformados se iban a tomar el cuartel.

Debido a lo peligroso del Rastrillo, que es el depósito de armamento, Denice asegura que subió a avisar a sus compañeros lo que estaba sucediendo en el patio del Regimiento, pero cuando llegó ya habían cerrado el Rastrillo. Inmediatamente fue a su dormitorio junto con sus compañeras y poco después le indicaron que el comandante general, Freddy Martínez, estaría en el patio del Regimiento Quito Nº 1. Fue a escucharlo, pero cuando él quiso hablar tiraron una bomba. Entonces –asegura– regresó a su dormitorio y no volvió a salir.

Días más tarde, una compañera de Arrobo le comenta que constaba en una lista para ser llevada al CAC. Su hermana Alexandra dice que Denice estaba tan segura de no tener responsabilidad que el día del traslado ella fue voluntariamente. A diferencia de sus compañeros que se acogieron al derecho al silencio, Arrobo no lo hizo, pero recuerda con asombro que "ni con Caranqui (sentenciado por narcotráfico) ha habido tanto resguardo policial". Arrobo nació en Esmeraldas, tiene 29 años y una hija que el 17 de octubre pasado cumplió 3 años, pero no los festejó pues aunque Arrobo estaba con licencia este mes, está dedicada a su proceso legal.

Junto con otros 20 implicados a Arrobo le sustituyeron la prisión preventiva, pero debe presentarse al juzgado cada jueves y asistir a las audiencias.

Para su familia, esta ha sido una gran preocupación y teme que le den la baja.

El pasado 19 de octubre, la Fiscalía realiza un peritaje en el Regimiento Quito Nº 1 para saber la existencia, preexistencia, uso, posición y frecuencia de uso de cierto tipo de material (armas), el día de la revuelta policial, de acuerdo con el fiscal Carlos Echeverría.

El abogado de Arrobo, Juan Carlos León, menciona que la diligencia fue solicitada para constatar que el arma de dotación asignada a su defendida ha permanecido desde agosto en el Rastrillo, contrario a la tesis de la Fiscalía de que Arrobo habría usado el arma en los hechos ocurridos el 30-S.

Lucía Ramírez Chamorro, de 26 años, de la provincia del Carchi, es la tercera mujer policía involucrada en el proceso por rebelión. Tampoco permanece detenida porque le fue sustituida la prisión preventiva. Dio su versión en la Fiscalía el pasado 20 de octubre, a puerta cerrada; ni ella ni su familia han querido referirse al tema.

La capitán Paola Mafla, una oficial condecorada, dice que el 30-S vestía uniforme. Para la Fiscalía, ella andaba de civil.

Miércoles 03 de noviembre del 2010 Política

Los acusados por el 30-S cuestionan acción de Fiscalía

Pese a que son legales los videos y fotografías utilizados por la Fiscalía de Pichincha para involucrar a civiles y uniformados en la revuelta policial del 30 de septiembre pasado, los acusados sostienen que los mismos no son contundentes para inculparlos de un delito.

José García, abogado del teniente Juan Avilés, quien es investigado por el supuesto delito de rebelión, sostiene que la acción de la Fiscalía General del Estado ha demostrado muchas deficiencias. Explica que la madrugada del 7 de octubre pasado, cuando se realizó la toma de versiones de los agentes involucrados en el delito de rebelión, la Fiscalía se dedicó a presentar fotografías de mala calidad como elementos de convicción para sustentar su acusación. Incluso, relató, hubo cinco o seis casos en los que ni una foto existió como indicio de la acusación. El juez 21º de Garantías Penales de Pichincha, Santiago Coba, confirma que no existe ilegalidad en el uso de estos elementos de convicción por parte de la Fiscalía.

Reconoce que el artículo 155 del Código de Procedimiento Penal habla de que toda intercepción y grabación debe ser autorizada por un juez; pero comenta que el artículo 151, numeral 1, último inciso, de ese mismo cuerpo legal, señala casos especiales.

En el articulado se aclara que "en aquellos casos de grabaciones o filmaciones realizadas a un hecho constitutivo de infracción registrada de modo espontáneo al momento mismo de su ejecución por los medios de comunicación o por cámaras de seguridad ubicados en lugares públicos, le servirá al Fiscal para integrar la investigación e ingresar al juicio como elemento de prueba para su valoración, y no se requerirá de autorización de un juez competente". Para García, lo anormal no está en el uso de esos recursos para involucrar a una persona, sino que lo poco profesional es que con tan débiles indicios de responsabilidad se pida al juez que dicte orden de prisión preventiva contra alguien para investigaciones.

"La Fiscalía tenía dos años para investigar, pero en menos de un mes, creo por presiones, ya lleva a 21 policías detenidos, casi todos bajo el supuesto de que son culpables con base en videos especialmente. Esto deja abierta la posibilidad de que se inicien juicios por violentar procesos", agrega el jurista.

En tanto, Freire no cree que exista la posibilidad de demandas internacionales, porque la institución ha procedido como manda la ley.

Insiste en que se está respetando el debido proceso y que se investiga de forma objetiva, expresa el principal de la Fiscalía de Pichincha.

Rita es esposa de uno de los cabos acusados del delito de rebelión. Ella afirma que no quiere dar su apellido porque teme que contra su marido se tomen represalias, pese a que ya se encuentra en estado de disponibilidad en la Policía Nacional. "Dentro de la Policía hay un sentimiento de persecución, que nadie quiere hablar de nada para que no haya sanciones", indica.

La quiteña de 38 años cuenta que a su esposo lo vincularon con lo sucedido el 30 de septiembre en el Regimiento Quito Nº 1, por unos videos en los que se lo ve aplaudiendo y haciendo gestos como muchos otros compañeros.

"El video más largo tiene diez segundos y en él no se ve el cometimiento de un delito. Si a mi esposo lo acusan de rebelión, estoy más que segura que también deberían hacerlo contra los más de cien policías que se ven en la imagen. La mayoría de ellos hace lo mismo que mi esposo: gritar, alzar las manos y aplaudir", manifiesta Rita.

Coba explica que las partes tienen 90 días para encontrar pruebas que expliquen al juez competente que existe un delito o que el inculpado no tiene nada que ver en el hecho.

"El día que se dé la audiencia de dictamen el fiscal deberá demostrar que sus indicios son contundentes para iniciar un juicio. Por ahora no existe nadie culpable", concluye. Reacción de los dos sectores

Marco Freire

FISCAL DE PICHINCHA

"Cada fiscal es independiente en su investigación. Nosotros no recibimos órdenes de nadie. El fiscal que tiene a cargo el proceso es el único responsable de la acción penal".

José García

ABOGADO DEFENSOR DE POLICÍA

"Este apresuramiento en encontrar culpables está haciendo que paguen justos por pecadores".

Sábado 06 de noviembre del 2010 Política

QUITO. Asambleístas de oposición presentaron ayer un pedido formal para que una comisión internacional efectúe una investigación sobre la sublevación policial.

Un grupo de 47 asambleístas de diferentes organizaciones políticas, excepto PAIS, solicitó a Navanethem Pillay, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que se viabilice una investigación independiente sobre el cometimiento de "gravísimas violaciones a los derechos humanos en Ecuador el 30 de septiembre de este año".

Las firmas que se incluyen en el documento de 23 páginas corresponden a asambleístas de Sociedad Patriótica, Madera de Guerrero, Socialcristianos, Izquierda Democrática, Prian, Alianza Libertad, PRE, Movimiento Municipalista, Pachakutik, MPD, Miosa y Concertación Nacional.

Dentro de la carta, los asambleístas piden que se determine la responsabilidad que el Gobierno ecuatoriano y otros actores pudieran haber tenido en las violaciones a los derechos humanos ocurridas el día de la sublevación policial; y, que en caso de comprobar las violaciones se disponga que el Estado repare de manera adecuada a las víctimas del no razonable uso de la fuerza militar.

Durante la presentación de la petición, el asambleísta César Montúfar (CN) indicó que ese día hubo "violaciones graves en contra de los internos de la Policía, en contra de los televidentes, de los asambleístas y de periodistas".

Explicó que esta investigación durará meses e incluso años, porque no es apresurada, pues se tendrá que indagar todos los hechos de manera detenida e imparcial.

Montúfar dijo que este proceso podría terminar en la Corte Internacional de La Haya, si es que se determina que el asalto militar al hospital y el rescate del Presidente fue una orden que violó los artículos 19 y 20 de la Convención de Ginebra, lo cual podría ameritar un proceso dentro de la Corte Penal Internacional.

Lourdes Tibán (PK) señaló que la investigación ayudará a desconfigurar "el falso discurso de golpe de Estado que se ha creado en el país".

Añadió que la justicia ordinaria, la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ministerio de Justicia no han demostrado una sola investigación imparcial, pues "únicamente están detenidos los que el Presidente de la República ordena".

El coordinador del bloque PAIS, Juan Carlos Casinelli, rechazó la petición de los 47 asambleístas firmantes, pero dijo que respeta la decisión.

Según el oficialista se pretende confiar en justicias extranjeras sobre hechos evidentes en el país y lo único que se hace es contribuir a la mala reputación del Ecuador en el exterior.

Mencionó que ya se está haciendo una investigación a través de la Fiscalía y el Consejo de Administración Legislativa, por lo tanto, "tenemos que empezar confiando en lo nuestro".

Dudó que el informe que pueda emitir la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU sea vinculante.

"El único informe vinculante en materia ecuatoriana es el que presente la Fiscalía y lo ponga en manos de la judicatura, que es el organismo encargado de establecer justicia, por lo tanto, es un desacierto que se pretenda establecer si hubo o no un golpe de Estado en el Ecuador", advirtió Casinelli.

Ángel Vilema (PAIS) consideró que no es pertinente pedir una investigación internacional, cuando aún no se conocen los resultados de los procesos iniciados; dijo que hay que evitar el caos político que pueda generar la solicitud.

Domingo 07 de noviembre del 2010 Política

Demanda por "ataque" a hospital policial es viable, según analistas

Debido al operativo militar que se efectuó el pasado 30 de septiembre (30-S) para sacar al presidente Rafael Correa del Hospital de la Policía, varios asambleístas de oposición planean llevar sus quejas al exterior y denunciar supuestas violaciones a los derechos humanos y tratados internacionales, como los Convenios de Ginebra, cometidos por el Estado el día de la revuelta policial.

César Montúfar (CN) señala que el primer paso, antes de llegar a los estamentos internacionales, lo darán la próxima semana con la presentación de una acción de protección. "El asalto militar a esa casa de salud, viola los artículos 18 y 19 del Título IV de la Convención de Ginebra, que prohíbe atacar un hospital", explica.

El primer artículo citado dice textualmente: "En ninguna circunstancia, podrán ser objeto de ataques los hospitales civiles organizados para prestar asistencia a los heridos, a los enfermos, a los inválidos y a las parturientas".

Según Montúfar, esa disposición no se cumplió el 30-S, por lo que él y representantes de otros partidos como Andrés Páez (ID), Fausto Cobo (PSP), Leonardo Viteri (PSC), con el respaldo de 47 firmas de otros asambleístas pidieron el viernes que una comisión internacional investigue los hechos de ese día.

Este mismo grupo de asambleístas interpuso antes una acción de protección a la cadena de radio y televisión que el Gobierno ordenó transmitir a los medios audiovisuales privados tomando únicamente la señal de los medios públicos. Ese enlace duró seis horas y solo se pasó la versión del régimen.

En vista de que dicho recurso fue negado presentaron una apelación y ahora esperan un pronunciamiento antes de acudir primero a la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, y después a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica, como segunda instancia internacional.

Dice que no hay una diferenciación explícita sobre conmoción interna y conflicto, pero "una protesta cualquiera no es una conmoción grave", en cambio, "los hechos del 30-S se fueron agravando a medida que pasaban las horas, comenzó con una sublevación de policías y terminó en el hospital".

En cuanto a una posible sanción por violar los Convenios de Ginebra, Estarellas menciona que podría venir de dos vertientes: "la moral, que es el sancionar a un Estado que ha violado normas fundamentales; o la económica, que sería que el Estado indemnice a los que estuvieron dentro del hospital".

Gándara añade que en todos los casos de violaciones a los Derechos Humanos "el Estado es el que paga, y se reserva el derecho de repetir, es decir cobrarle a la persona que ordenó" cometer las infracciones.

En la transmisión del canal público Ecuador TV el mismo día de la revuelta, el Presidente declaró desde el interior del hospital policial: "El operativo de rescate por parte de fuerzas especiales está listo hace rato, no he querido dar la autorización para evitar pérdidas humanas". Finalmente se dio esa noche y la cifra oficial es de cinco muertos. Dos días después recordó que dijo: "Yo salgo cuando ellos (policías) se retiren, cuando vengan las fuerzas especiales o venga el pueblo".

Argumentos: ANÁLISIS JURÍDICO

Mauricio Gándara

ANALISTA "El ataque a un hospital no se da ni en tiempos de guerra, menos aún en un hecho como el 30 de septiembre".

Carlos Estarellas

ANALISTA "Si se va a tomar una acción contra un hospital se debe avisar, cosa que no hubo el 30-S, de lo que yo conozca".

Martes 09 de noviembre del 2010 Política

La Fiscalía comenzó las investigaciones de los atentados que sufrieron el juez 22º de Garantías Penales, Juan Pablo Hernández, y uno de los testigos de los casos que investigan la revuelta policial del pasado 30 de septiembre.

Así lo anunciaron el fiscal general subrogante, Alfredo Alvear, y el fiscal de Pichincha, Marco Freire, tomando en cuenta que Hernández es uno de los jueces encargados de investigar los hechos del 30-S.

Hernández lleva el caso de magnicidio que se sigue contra el ex director del Hospital de la Policía, César Carrión.

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