30 de septiembre: Día negro para el Ecuador (página 3)

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Aunque ninguno de los ocho fiscales que investigan casos generados tras la revuelta policial recibió amenazas, Freire anunció que adoptaron medidas preventivas para dar protección a ese grupo de funcionarios.

"Esperamos que la ciudadanía y aquellos policías que están inmersos en estos delitos no tomen represalias en contra de fiscales, jueces o defensores públicos, porque lo único que hacemos es cumplir con la ley, ese es nuestro trabajo", dijo.

Alvear señaló que se investiga la denuncia de un testigo, quien aseguró que se atentó contra su vida, y que dio el número de matrícula del vehículo desde el cual se lo amenazó.

Por tratarse de una investigación reservada, Alvear prefirió no identificar al testigo.

Mientras que Patricio Armijos, abogado de 13 uniformados acusados del delito de rebelión, sostiene que no hay méritos suficientes en los elementos de convicción entregados por la Fiscalía como para que sus defendidos estén privados de su libertad. "Las pruebas presentadas por la Fiscalía no demuestran que los 13 agentes estén cometiendo algún acto que sea catalogado como rebelión. Por eso pedimos a las autoridades que los dejen en libertad, para que así se defiendan desde su hogar y desde su trabajo".

Poco más de veinte familiares y amigos de los policías se apostaron ayer a las afueras de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha para protestar por lo que califican de injusticia.

Víctor Gordón dijo que a su hijo, el cabo Darwin Gordón, lo acusan de rebelión por aparecer en fotografías sin hacer nada. "Es inocente. Cuando a él le tomaron las fotos recién salía de misa. No estaba armado y en la imagen ni siquiera mueve un brazo. Lo metieron preso por no tener a alguien que realmente lo defienda el día que lo detuvieron".

Marcelo Caiza, el tío, cree que la justicia hace lo que el presidente Rafael Correa le ordena.

Flor Orozco, esposa del sargento Kléver Albán, insiste en que su pareja es inocente y que lo tratan de inculpar de cosas que otros hicieron.

"Mi esposo, días antes del 30 de septiembre estaba enfermo y hay pruebas de ello. A él lo fotografiaron cuando bajó a reunirse conmigo para entregarle unas medicinas que me pidió. Eso fue todo", comentó.

Armijos pidió ayer a los jueces de la Tercera Sala de lo Penal de la Corte Provincial que definan la audiencia en la que se les sustituya la prisión preventiva, por otra medida cautelar.Según el defensor, los 13 policías acusados poseen pruebas "que revelan la verdad histórica de los hechos del 30-S". Entre ellas resaltó unos documentos entregados por la misma institución policial que demuestra que sus defendidos no tenían en su poder ningún tipo de armamento, ni gases lacrimógenos.

"La prisión preventiva es el último recurso que tiene un juez para garantizar la comparecencia del investigado a un proceso. Los 13 agentes son ciudadanos honorables que merecen tener la oportunidad de defenderse en libertad", dijo.

Los miembros de la Sala manifestaron a Armijos que entre hoy y mañana se fijará la audiencia para tratar la sustitución de medidas cautelares.

Reacciones: Frente AL 30-S

Rafael Correa

Presidente de la república

"Vamos a la Corte Penal de Roma, a las Naciones Unidas, para que nuevamente queden en ridículo".Marcelo Caiza

Familiar de policía detenido

"La justicia está haciendo las cosas mal. No solo porque el Presidente habla, ya debe haber culpables".Patricio Armijos

Abogado de uniformados

"La prisión preventiva es el último recurso… los agentes merecen defenderse en libertad"

Miércoles 10 de noviembre del 2010 Política

El 30-S al momento deja 600 uniformados sancionados

Por la revuelta policial del 30 de septiembre se han sancionado a 600 policías con medidas disciplinarias de arrestos menores, por infracciones leves y graves y 120 están siendo procesados por aparente mala conducta profesional, hasta el momento ese es el resultado anunciado ayer por el ministro del Interior, Gustavo Jalkh.

Esos datos son los que hasta ayer le entregó el departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional, en lo que refiere a la investigación interna de la sublevación policial.

Sobre los policías castigados con arrestos menores, de entre uno y cuatro días, el Ministro señaló que la sanción no implica la salida de la institución, aunque reconoció que una medida de arresto afecta a la proyección de la carrera. "Tener una sanción disciplinaria afecta la carrera policial, pero existe la posibilidad de que con una conducta ejemplar, con un trabajo adecuado pueda recuperar esos puntos perdidos en su carrera y no tener una afectación futura en sus ascensos".

El proceso abierto al otro grupo de agentes sí podría implicar la salida del uniformado de las filas policiales.

Actualmente los procesados en este caso fueron puestos en disponibilidad, mientras duran las investigaciones. En un mes más, Asuntos Internos y los uniformados señalados deberán presentar su pruebas de cargo y descargo dentro del proceso administrativo.

Baja inmediata

En el caso de que los agentes no comprueben su inocencia, lo que procederá será la baja inmediata. "Los tiempos procesales en un caso de mala conducta profesional son mínimo dos meses, si va rápido el trámite. Esos son procesos que están en curso para 120 policías", explicó Jalkh, al tiempo que apuntó que el coronel César Carrión, ex director del Hospital de la Policía y quien fue cuestionado por el presidente Rafael Correa por desmentir su versión, consta en esta lista.

A decir de Jalkh, quienes han sido sancionados de forma disciplinaria con arresto por faltas leves o graves son personas que no se encuentran dentro de los organizadores.

Pero señaló que dentro de los 120 procesos por mala conducta están agentes que tienen "más relación con la organización y agitación violenta ocurrida el 30 de septiembre".

El fiscal distrital de Pichincha, Marco Freire, informó que la institución ya ha solicitado a Asuntos Internos y a Inteligencia Policial que remita todas las personas identificadas científica y pericialmente para empezar a vincularlas en las diversas instrucciones abiertas.

Más sancionados

Otros 42 gendarmes son juzgados en el cantón Durán, entre ellos, 13 altos oficiales, por bloquear el puente de la Unidad Nacional, que une Guayaquil con Durán, lo cual provocó caos e incluso robos, informó anoche Ecuavisa.

La cúpula policial informó que en total 345 uniformados en Guayas están bajo investigación, detalló Ecuavisa.

GAP: Otra investigación

Circula nuevo pasquín

El ministro Gustavo Jalkh dijo que los volantes atribuidos al Grupo Armado Policial (GAP) se analizan con ayuda de la Fiscalía y la Policía internacional. Un nuevo pasquín exige $ 3.500 a negocios y personas de Esmeraldas para su tarea de "desaparecer a delincuentes", una "colaboración para mantenernos, ya que estamos cansados del sistema y del Gobierno".

Se cree que grupos delincuenciales buscan aprovecharse del momento.

Jueves 11 de noviembre del 2010 Política

El 30-S dejó además sanciones para 21 burócratas de tres ministerios

Empleados de tres instituciones del Estado enfrentan sumarios administrativos por paralizar la atención al público el 30 de septiembre, día de la sublevación policial. Ellos pertenecen a los ministerios de Inclusión Social (MIES), Obras Públicas y de Educación.

En el caso del MIES se notificó con la apertura de sumarios a 15 personas, de un listado de 26 que fueron observadas por paralizar el servicio ese día.

A ellas se las acusa de quemar neumáticos en la vía pública, cortar el servicio de energía eléctrica e impedir el trabajo del resto de funcionarios, y de suspender la atención al público. Esto último lo prohíbe la Constitución de la República.

El presidente de la Asociación de Empleados del MIES, Marco Rivera, quien también está sumariado, contó que el 30 de septiembre los trabajadores estaban reunidos en el auditorio de la institución para analizar la Ley de Servicio Público, aprobada el día anterior.

Al lugar llegó la ministra del ramo, Ximena Ponce, y les ordenó acudir a la Plaza Grande para apoyar al mandatario Rafael Correa, quien permanecía en un hospital y había sufrido agresiones físicas.

El dirigente comentó que la asamblea sindical no aprobó ese pedido, pero que algunos colegas acudieron al llamado.

Relató que el grupo que decidió quedarse en el Ministerio quemó llantas "para pedir que vuelva la democracia a la institución y a nuestro país". Y agregó: "Nosotros no participamos en actos vandálicos… Se sanciona a los que nos quedamos en la institución y no a los que salieron hacia la Plaza Grande (a respaldar al Jefe de Estado)", cuestionó Rivera.Por eso denunció que este sumario administrativo es una retaliación en su contra, no solo por su postura contra la Ley de Servicio Público sino por los constantes pedidos de que se paguen los retroactivos de los fondos de reserva y sus reclamos por la falta de participación en la reestructuración de la Secretaría de Estado.

En la misma situación se encuentran cuatro trabajadores del Ministerio de Transportes y Obras Públicas (MTOP), que según Patricio Ibarra, presidente de la Asociación de Empleados, se encuentran en la etapa de presentación de pruebas de descargo.

Contó que el día de la revuelta policial se invitó, a eso de las 10:20, a que la gente acuda a una marcha a respaldar al Presidente. "Un grupo asistió a la Plaza Grande, el otro se fue a la Mariana de Jesús y otro grupo nos quedamos aquí. En algún instante se quemó una o dos llantas", narró el dirigente.

Señaló que en el gremio no realizan apoyo de tipo político, pero que cada persona tiene el derecho de elegir. "Ese día fue un grupo bastante numeroso (el que salió), en especial personal contratado este año".

Explicó que la suspensión del servicio fue ordenada por "la autoridad", aunque no quiso especificar a quién se refería.

Ibarra dijo que ese día tenían previsto asistir en la tarde a la Asamblea Nacional, pues se iba a realizar una reconsideración de la Ley de Servicio Público.

Adicionalmente, en el Ministerio de Educación se abrieron dos sumarios administrativos.

Según una dirigente de esa cartera de Estado, que prefirió la reserva de su nombre, se los acusa porque aparecen en unas filmaciones de las cámaras de seguridad del Ministerio en momentos en que se informaba a los funcionarios sobre la disposición verbal de que regresen a sus casas, debido a la conmoción que vivía el país.

"No estaban participando en ninguna acción proselitista, pero se las acusa de paralizar la atención al público". Para la dirigente se busca sancionar a los empleados por una disposición del presidente Correa.

Detalles: Sector público

Más sanciones

En otras entidades se analiza la apertura de nuevos sumarios administrativos, ese es el caso de la Dirección de Aviación Civil. Los funcionarios explicaron que aún no se los notifica.

EmpleadosSegún la Asociación de Empleados del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en esa secretaría de Estado existen 600 trabajadores, sin tomar en cuenta personal contratado. En el MIES existen 700 empleados en planta central y a nivel nacional son 1.200. En el caso del Ministerio de Educación son aproximadamente 746 empleados y 170 personas a contrato. ServicioEn los ministerios existe preocupación por la forma en la que se aplicará la disposición de la Ley de Servicio Público de jubilar a aquellas personas que sobrepasen los 70 años de edad.

Conclusión

Esta experiencia deja lecciones al gobierno en cuanto a su forma de conducir de administrar el país, la misma que debe ser a base de consensos con todas las fuerzas políticas del país, escuchando consejos de las mismas para lograr poner en practica los objetivos que tiene cada área interior y exterior. Debe depurarse la policía y volver a confiar en ellos porque son parte del área estratégica del país.

Para hacer estas afirmaciones –reforzando la tesis del Gobierno– en el documento que fue aprobado con 62 votos el pasado jueves, el oficialismo no vio la necesidad de llamar a comparecer a ningún ministro o jefe de la Fuerza Pública y tampoco esperó a que la Fiscalía termine los procesos de investigación.

Recomendación

Dialogar en el congreso con las fuerzas opositoras.

Tener cuidado al escoger al personal de la policía.
Mejorar la capacitación de las instituciones militares.
Revisión periódica de los sueldos de los militares.
Revisar otras leyes que se vayan a aprobar, si estas no habían sido consensuadas previamente.
Bajar el tono de confrontación para no hacer mas grande el problema.
Que los juicios penales que se siguen a los policías involucrados sean llevados imparcialmente