Código de producción (página 3)

Partes: 1, 2, 3

3. Aumento de la productividad real y
diversificación de las exportaciones, exportadores y
destinos mundiales;

4. Inserción estratégica y
soberana en el mundo e integración
latinoamericana;

5. Transformación de la
educación superior y transferencia de conocimiento en
ciencia, tecnología e innovación;

6. Conectividad y telecomunicaciones para
construir la sociedad de la información;

7. Cambio de la matriz
energética;

8. Inversión para el Buen Vivir, en el
marco de una macroeconomía sostenible;

9. Inclusión, protección social
solidaria y garantía de derechos en el marco del Estado
Constitucional de Derechos y Justicia;

10. Sostenibilidad, conservación,
conocimiento del patrimonio natural y fomento al turismo
comunitario;

11. Desarrollo y ordenamiento territorial,
desconcentración y descentralización; y,

12. Poder ciudadano y protagonismo
social.

A partir del análisis del debate de las
políticas de fomento productivo y en línea con
nuestro PNBV; la Presidencia de la República y el Consejo
de la Producción aprobaron los ejes para el diseño
de una Agenda de Transformación Productiva (ATP), basada
en políticas sectoriales, transversales y programas, que
provoque una verdadera transformación económica,
que se aleje del modelo primario exportador para pasar a una
economía de conocimiento, de exportaciones de alto valor
agregado, y en total sintonía con la protección de
la naturaleza. Para ello se utilizarán
políticas industriales activas, integrando las
políticas de fomento productivo, con las comerciales,
empleo y las de promoción de exportaciones.
Así también las políticas ambientales y de
innovación, capacitación, calidad, desarrollo
empresarial, financiamiento al sector privado, laboral, compras
públicas, como instrumentos de desarrollo productivo;
entre otras, fomentarán prioritariamente los sectores que
desde una óptica de sustitución estratégica
de importaciones, potencial exportador y de soberanía
alimentaria, presenten las mayores potenciales para la
diversificación productiva y la generación de
empleo. La Agenda integra también todas las
políticas sectoriales ya aprobadas por el Ejecutivo y
debidamente consensuadas con los actores relevantes, como son la
de agricultura familiar, agricultura empresarial, ganadera,
pesquera, soberanía alimentaria, turismo, servicios e
industrial. Hemos empezado ya con una lista de
sectores que hemos denominado Apuestas Productivas, pero sin
desconocer que este es un proceso de construcción
permanente y en conjunto con el sector privado.

La Agenda descansa en una política y
estrategia de competitividad o productividad sistémica, la
misma que abarca todos los esfuerzos del gabinete por mejorar la
infraestructura con un enfoque integral logístico, nuevos
patrones de producción y consumo sustentables, la matriz
energética, la reforma educativa y salud fundamentales
para el desarrollo del talento humano; y la estrategia y
programa "Sin Trámites" orientado a reducir los costos de
transacción en toda la tramitología empresarial y
que comprende también la iniciativa de ventanilla
única electrónica, que busca hacer eficiente los
procesos de todas las instituciones involucradas en el comercio
exterior. Esta estrategia del Consejo de la Producción se
complementa con las iniciativas que desde la Secretaria Nacional
de la Administración Pública y otros entes se
implementan para llegar a tener un gobierno electrónico
mediante la simplificación y puesta en línea de los
principales trámites que la ciudadanía tiene que
realizar con el Gobierno Central.

El proceso de construcción de la Agenda de
Transformación Productiva (ATP) es un proceso permanente y
nos encontramos en el proceso de afinamiento de las siete agendas
regionales, las que serán complementadas con el
diseño e implementación de planes de mejora
competitiva y de logística. Así
también, la Agenda Nacional y las de las 7 regionales
contarán con acciones específicas para
cumplir con cuatro ejes transversales:

Fomento de la equidad y
democratización del acceso a los medios de
producción;

·
Inclusión de la dimensión ambiental;

·
Equidad regional; y,

·
Competitividad Sistémica

En la actualidad, la Constitución de la
República y el Plan Nacional del Buen Vivir establecen los
principios que deben regir la política comercial, y que en
lo fundamental se orientan a una articulación
inteligente del país a nivel internacional, privilegiando
la integración latinoamericana, promoviendo la
inclusión económica de las pequeñas unidades
productivas y propiciando la diversificación productiva;
en última instancia, se busca modificar el patrón
de especialización productiva del país,
caracterizado por la múltiple concentración
(productos, mercados, empresas, propietarios) y un enfoque
extractivista primario.

La Constitución marca las pautas para la
definición de política comercial y la
administración del comercio: diversificación de los
mercados y la gama de productos exportados, atendiendo a los
ciclos físicos y materiales de reproducción de la
naturaleza y fomentando a nivel internacional una gestión
responsable en temas de producción y medio
ambiente. Es decir, la política comercial es un
instrumento de la política de fomento productivo y del
cambio del modelo extractivista para pasar a uno incluyente y de
transformación basado en el conocimiento y en actividades
de alto valor agregado. La política comercial
también debe propiciar un intercambio justo y mercados
transparentes, deben impulsar el comercio justo y la
promoción del consumo y producción de bienes
ambientalmente responsables.

Las relaciones Internacionales, en lo que se
refiere a la política comercial, se impulsan, entre
otros, los siguientes principios:

Independencia e igualdad jurídica de los
Estados, la convivencia pacífica y la
autodeterminación de los pueblos, así como la
cooperación, la integración y la solidaridad.
Promueve la conformación de un orden global
multipolar con la participación activa de bloques
económicos y políticos regionales, y el
fortalecimiento de las relaciones horizontales para la
construcción de un mundo justo, democrático,
solidario, diverso e intercultural.
Impulsa prioritariamente la integración
política, cultural y económica de la
región andina, de América del Sur y de
Latinoamérica.
Fomenta un nuevo sistema de comercio e
inversión entre los Estados que se sustente en la
justicia, la solidaridad, la complementariedad, la
creación de mecanismos de control internacional a las
corporaciones multinacionales y el establecimiento de un
sistema financiero internacional, justo, transparente y
equitativo. Rechaza que controversias con empresas privadas
extranjeras se conviertan en conflictos entre
Estados.

Además, la Constitución promueve el
impulso, la creación, ratificación y vigencia de
instrumentos internacionales para la conservación y
regeneración de los ciclos vitales del planeta y la
biosfera.

En suma, la Constitución en materia de
política comercial establece la necesidad de que las
acciones se orienten a propiciar la articulación
internacional bajo principios de equidad y solidaridad, para
propiciar el desarrollo equilibrado de la economía, la
sociedad y el ambiente; propicia la integración de
bloques, principalmente en América Latina y promueve la
diversificación de destinos, de productos y de
exportadores; además privilegia la constitución de
cadenas productivas que relacionen a pequeños y medianos
productores con los mercados internacionales.

Por otro lado, la legislación nacional
vigente en materia de fomento productivo y
de facilitación a las actividades productivas se
encuentra caduca. Así como todo este marco regulatorio
vigente no es adecuado para el fomento de actividades de
servicios e intensivas en conocimiento, que justamente el Plan
Nacional del Buen Vivir y la Agenda de Transformación
Productiva buscan impulsar. La institucionalidad creada en
las distintas leyes que se buscan derogar o reformar con este
código, necesita una reestructuración integral, que
agilite la promoción, facilitación y control de los
incentivos en las actividades productivas.

Así, por citar varios ejemplos, la Ley de
Comercio Exterior e Inversiones vigente está basada en una
política aperturista, pero no contiene
los instrumentos de política comercial y de
administración de comercio, necesarias no sólo
para implementar una política de fomento productivo
integral, sino para manejar shocks externos, sobre todo cuando el
esquema monetario actual no permite la implementación de
una política monetaria nacional. La ley
actual ha relegado la ejecución de la política
comercial a las generalidades de las regulaciones establecidas en
los tratados internacionales, lo cual ha demostrado no ser
eficiente a la hora de aplicar estos mecanismos a la realidad
ecuatoriana, lo que, a su vez, ha generado cuestionamientos
legales que se reflejan en procesos administrativos y judiciales
que muchas veces han afectado la actividad del Estado.

De igual manera, la misma ley mantiene un
capítulo sobre la regulación de inversiones en el
Ecuador, que en la práctica no ha fomentado el incremento
e interés de inversiones productivas, nacionales o
extranjeras, en nuestro país. Más aún, en
sectores estratégicos para el Estado, las regulaciones
actuales no dejan espacio a establecer mecanismos de incentivos
de acorde a la planificación nacional y
sectorial.

Por su parte, la actual Ley Orgánica de
Aduanas no permite, en algunos aspectos, que el accionar en los
procesos de comercio exterior sea el adecuado, con la consecuente
afectación a la competitividad de la producción
nacional. Esta legislación en particular promovió
una serie de procesos administrativos y de tramitología
engorrosa en las importaciones y exportaciones, que al
intentar modernizarse se han encontrado con la traba de una
reforma legal de difícil viabilidad. De esta manera, el
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador debe estar acorde a la
realidad del comercio exterior, para lo cual resulta
indispensable una reforma integral que cambie sustancialmente la
operación aduanera. Está Institución se debe
volver facilitadora y ágil, pero con un adecuado
equilibrio en el aspecto sancionador, debido a que si bien una
mayor apertura permite ser más eficientes, esto debe ser
compensado con un régimen sancionatorio práctico,
drástico y fácil aplicación.

En el presente proyecto se procura reducir las
normas reglamentarias contenidas en la ley, remitiendo al
reglamento un sinnúmero de aspectos operativos, lo que
permitirá una normativa dinámica, que pueda ser
actualizada permanentemente conforme a los cambios producidos en
la realidad comercial de nuestro país. Los aspectos
reservados a la ley son aquellos que forman el marco fundamental
que garantice la seguridad jurídica para las inversiones,
que establezca con claridad los instrumentos de política
comercial, que actualice los regímenes aduaneros de
fomento productivo y garantice las competencias administrativas
de control aduanero, tributario y régimen
sancionatorio.

Así también, se busca cubrir los
vacíos legales que existen en la actividad tanto
pública como privada, relacionada con el fomento e
incentivos a las micro, pequeñas y medias empresas, que
deben ser el motor del crecimiento productivo de la
economía nacional.

Por su parte, los sectores estratégicos de
la economía, reconocidos en la Constitución de la
República vigente, se caracterizan por integrar un
conjunto de actividades que requieren de inversiones intensivas,
a veces en sectores de riesgo como minería, hidrocarburos,
etc. Considerando entonces que se trata de sectores en los que
tanto la inversión, cuanto su recuperación, se
hacen a largo plazo, es necesario establecer parámetros
que permitan a los inversionistas definir con claridad las reglas
que se aplicarán a sus actividades en un determinado
periodo, otorgando estabilidad en cuanto a la imposición
de cargas tributarias y obligaciones jurídicas, que
generalmente son las que mayor impacto tienen al momento de tomar
la decisión de invertir en estos sectores.

Además de los aspectos generales, esta
propuesta sugiere el establecimiento de una alternativa
impositiva para los inversionistas, en el sentido de que ellos
puedan acogerse a un régimen tributario diferenciado,
según el sector de la economía donde inviertan y
los parámetros de la inversión que realicen; todo
lo cual puede complementarse con las medidas adicionales, de
carácter general, para todo tipo de inversiones que se
plantean en esta propuesta.

En lo que respecta a la estabilidad para el
inversionista en megaproyectos estratégicos, los contratos
de inversión serían una alternativa válida
para su desarrollo, siempre que se establezcan los límites
adecuados para su duración y ejecución.
Adicionalmente, este contrato debería concebirse como una
herramienta inicial para fomento de la inversión, sin
perjuicio de la obtención de los títulos
habilitantes (concesiones, licencias, permisos, etc.), que deben
otorgarse en cada sector; y, evidentemente, sin que el contrato
de inversión implique una limitación o
anulación en el ejercicio de las atribuciones de
regulación y control sectorial específico del
Estado, que puede ejercerlas cuando lo considere
conveniente.

Respecto de las propuestas específicas que
se plantean para el sector eléctrico, cabe indicar que
éstas buscan resolver dos aspectos puntuales vigentes en
la actualidad. Primero, si bien la ley tiene prevista una
garantía de pago de la energía vendida,
ésta, en la práctica, no es aplicada. La propuesta
busca que la generación eléctrica nacional tenga
las mismas garantías y condiciones de pago que las que se
aplican a las transacciones internacionales de energía, de
manera que los nuevos inversionistas tengan definido el mecanismo
de pago de la energía vendida, y no se generen los
déficits que han sido característicos en el sector.
Esta medida deberá ir acompañada de una mejora en
la gestión de las empresas distribuidoras públicas,
de manera que la recuperación de la facturación y
la reducción de pérdidas sea cada día
menor.

Finalmente, la reforma a la Ley de Régimen
del Sector Eléctrico busca resolver la limitante actual
que existiría de otorgar concesiones o permisos al sector
privado, para desarrollar actividades de generación,
transmisión, distribución o comercialización
de energía eléctrica.

Revista Judicial 26-10-2010

Código de la Producción de Ecuador
será enviado este lunes a la Asamblea Nacional para su
tratamiento en 30 días.

El Ejecutivo enviará este lunes el proyecto de
Código Orgánico de la Producción para su
tratamiento en la Asamblea Nacional con el carácter de
económico urgente. El documento contempla reformas en
materia tributarias, aduanera, incentivos para las inversiones
como la reducción de tres puntos en el pago del Impuesto a
la Renta (IR) a todas las inversiones progresivamente hasta el
2013.

Así mismo, establece incentivos para nuevas
inversiones sobre todo en zonas deprimidas que no estén en
las zonas urbanas de las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca.
La ministra coordinadora de la Producción, Nathalie Cely,
informó que su objetivo es generar equidad territorial.
"No es que estas ciudades no se merezcan sino que son las
ciudades de más desarrollo y queremos estimular el
desarrollo en otras regiones", señaló.

Cely también explicó que el incentivo
especial sobre el no cobro del Impuesto a la Renta y del Impuesto
mínimo por los cinco primeros años para la nueva
inversión "es justamente eso, para la nueva
inversión. No estamos hablando de nuevas empresas estamos
hablando de nuevas inversiones. Puede ser que una empresa que ya
está establecida en el país traiga nuevos recursos
para destinar a la actividad productiva",
aclaró.

El cuerpo legal, que deberá tramitarse en 30
días, incorpora también el concepto de salario
digno, que deben pagar todos los empresarios a sus
trabajadores.

Ese salario está finado en $360, según un
cálculo basado en la brecha que existe entre la canasta
básica y el salario básico. Esta
compensación regirá temporalmente (mientras el
ingreso mínimo llegue a ese valor) y no será un
derecho adquirido.

De acuerdo con la norma, ningún empresario
podrá declarar utilidades mientras sus trabajadores no
accedan a una remuneración de $ 360. En este caso, el
presidente aclaró que se buscarán compensaciones
para las empresas que por cumplir este requisito ven afectadas
sus utilidades.

El Código de la Producción tiene cinco
ejes: Facilitar el financiamiento a todos los actores productivos
y en particular a las micro y medianas empresas. La finalidad es
que estos sectores tengan acceso al crédito con lo cual se
fortalecerá el sistema de finanzas populares.

Cely señaló que el país ha avanzado
en el acceso al financiamiento, el mismo que pasó de 25%
del PIB en el 2006 al 28% en la actualidad. "Hay
participación de la banca privada, pero de la
pública que se ha triplicado".

El segundo eje tiene que ver con los incentivos:
disminución de impuestos y la creación de una zona
económica de desarrollo especial, que son territorios
donde se podrán realizar transferencia tecnológica.
En estos sectores, también se reducirán los
aranceles, se exonerará el valor agregado y se
reducirá en cinco puntos el Impuesto a la
Renta.

Cely explicó que serán incentivos
específicos para las pequeñas y medianas empresas
orientadas a mejorar su productividad y su oferta exportable.
"Queremos duplicar la inversión productiva en nuestro
país", dijo.

El tercer objetivo es mejorar el talento humano, es
decir, perfeccionar la capacitación profesional por medio
de los Sistemas de capacitación. Según datos del
MCPEC, antes, solo el 1% de la población
económicamente activa se capacitaba en programas
públicos, mientras que ahora, llega al 7,7%. "Las
capacitación tiene que ser basada en competencias
laborales", mencionó la secretaria de Estado.

El cuarto eje se refiere a la reforma integral en lo
referente a la transferencia de tecnología. La idea es
crear un sistema nacional que articule los institutos
públicos y privados para convertir la tecnología en
un instrumento de uso público, ya que los sectores
privados cuando realizan descubrimientos tecnológicos lo
patentan y, por tanto, se debe pagar por su uso.

El Cógido de la Producción también
busca la competitividad sistémica, con lo que pretende
contar con sistemas de inversión para financiar obras de
infraestructura.

Este código fue consensuado a los sectores
productivos del país, quienes presentaron 960
observaciones que fueron acogidas.

Renato Carló, presidente de la Cámara de
la Pequeña Industria de Guayas, manifestó que con
la aplicación del Código se prevé un
escenario en el cual la microempresa puede crecer, ya que la gran
industria tiene autogestión y puede obtener
préstamos fuera del país.

Explicó que cerca de 260 mil microempresarios del
país, se estarían beneficiando del código,
"de los cuales 200 mil son pequeños y medianos
empresarios, 20 mil están dentro de los gremios y 40 mil
fuera de los gremios".

"Nosotros no pedimos ningún subsidio, de lo que
se trata es de establecer incentivos para mejorar la
producción. Hay que pensar en función país,
se tiene que pensar en los sectores que necesitan crecer",
enfatizó Carló.

EL NUEVO EMPRESARIO lunes 18 de octubre del
2010

Ecuador alista código de
producción para desarrollo y "empleo de
calidad"

20/10/2010

Quito | Efe – El Gobierno de Ecuador anunció que
esta semana enviará a la Asamblea Nacional un
Código de la Producción, que busca fomentar
el desarrollo industrial y el "empleo de calidad" en el
país.

La ministra coordinadora de la Producción, Empleo
y Competitividad, Nathalie Cely, explicó en rueda de
prensa que el proyecto será entregado al órgano
parlamentario este jueves para su análisis.

Indicó que el Código ha sido discutido
durante meses con representantes de todo los sectores
productivos del país, para consensuar la medida que,
según dijo, no ha sido elaborada "a la medida de
algún sector productivo" sino como un "nuevo modelo" de
desarrollo para el país.

El Código busca fomentar la producción y
generar el "empleo de calidad", que supere las remuneraciones
básicas y suponga una capacitación permanente de
los trabajadores.

La nueva política productiva del Gobierno
busca también alcanzar, de forma sostenida y permanente,
tasas del crecimiento económico en el orden del 8 por
ciento anual, que es la que alcanzó en 2008.

La ministra explicó que uno de los
capítulos más importantes del Código de la
Producción es el que se refiere a las Zonas Especiales
de Desarrollo (zedes), que serán lugares
específicos en el país donde se concentrarán
inversiones productivas.

En esas zonas se podrán instalar empresas que
cumplan con la función de transferencia e
incorporación de tecnología, que se instalen
industrias dirigidas a la exportación o que provea de
servicios logísticos fundamentales.

Las zedes serán distintas a las denominadas zonas
francas, aunque en ellas también se aplicarán
incentivos económicos como la anulación del
impuesto a la salida de capitales o el establecimiento de un
tributo a la renta permanente del 17 por ciento.

Esta iniciativa demuestra que "el Estado no
está para suplantar a la empresa", sino para
controlar, regular y fomentar las iniciativas privadas,
subrayó Cely.

Además, agregó que el Código
promoverá incentivos a la producción
ecológica y al uso de energías renovables y limpias
y será una "herramienta muy importante" para el desarrollo
de la "Economía social y solidaria" que adelanta el
Gobierno.

De su lado, el viceministro de la Producción,
Patricio Peña, indicó que el código
irá acompañado de un reglamento, que
regulará el funcionamiento del nuevo modelo de desarrollo
propuesto.

Por ejemplo, precisó Peña, las zedes
serán zonas de "alta concentración de
inversión" y de "alto impacto tecnológico", que
implique también mejorar las condiciones de
empleo.

MIS FINANZAS 20/10/2010

Ecuador: Correa cree necesario que "Código de
Producción" esté listo este mismo
año

19/09/2010

(EFE) – El presidente de Ecuador, Rafael Correa,
destacó este sábado la necesidad de que el llamado
"Código de la Producción" esté listo
este mismo año para impulsar el desarrollo del
país.

En su informe semanal de labores, Correa anunció
que ya está listo el "Código de la
Producción" para ser enviado a la Asamblea Nacional
como proyecto urgente, por lo que deberá ser despachado
por el organismo en un máximo de 30
días.

"Es necesario tenerlo antes de diciembre, porque se dan
algunas excepciones tributarias que tienen que acordarse para que
rijan desde el próximo año", indicó el
gobernante al hablar sobre ese nuevo marco de la
producción.

Entre las excepciones tributarias, destaca la
exoneración del impuesto a la renta por 5 años para
nuevas inversiones, en cantones que no sean Guayaquil, Quito y
Cuenca.

El marco de la producción plantea incentivos
para la inversión nacional e internacional, reconoce
zonas especiales de desarrollo industrial, técnicas de
simplificación, "dignificación" del salario, entre
otros, dijo.

"El código tiene una visión de largo plazo
para transformar el aparato productivo, poniendo énfasis
en los sectores donde tenemos mayores capacidades, mejoras
sensibles a las condiciones del trabajador", entre otros,
agregó.

En su reciente viaje a Japón, Correa
comentó que el Código de la Producción
"establecerá de manera general las reglas del juego
para inversión privada nacional y
extranjera".

Esa ley permitirá el desarrollo de Zonas
Especiales de Desarrollo Económico centradas en los
sectores logístico e industrial para fortalecer la
posición de Ecuador como centro exportador en el
Pacífico.

Ecuador alista código de
producción para desarrollo y "empleo de
calidad"

20/10/2010

La ministra coordinadora de la Producción, Empleo
y Competitividad, Nathalie Cely, explicó en rueda de
prensa que el proyecto será entregado al órgano
parlamentario este jueves para su análisis.

El Código busca fomentar la producción y
generar el "empleo de calidad", que supere las remuneraciones
básicas y suponga una capacitación permanente de
los trabajadores.

Esta iniciativa demuestra que "el Estado no
está para suplantar a la empresa", sino para
controlar, regular y fomentar las iniciativas privadas,
subrayó Cely.

De su lado, el viceministro de la Producción,
Patricio Peña, indicó que el código
irá acompañado de un reglamento, que
regulará el funcionamiento del nuevo modelo de desarrollo
propuesto.

Por ejemplo, precisó Peña, las zedes
serán zonas de "alta concentración de
inversión" y de "alto impacto tecnológico", que
implique también mejorar las condiciones de
empleo.

EL COMERCIO

Código de
producción

| MARTES 19/10/2010

Los países pobres producen pocas
cosas y de tecnología sencilla, mientras que los
países ricos producen muchas cosas principalmente de
tecnología compleja. En esta frase simplificada
está la clave del desarrollo, por lo que, en la medida que
sigamos produciendo solo bienes y servicios de tecnología
sencilla o elemental seguiremos siendo pobres. En consecuencia,
la política de producción debe perseguir
primordialmente la diversificación de base
tecnológica, para que marque un punto de inflexión
en el desarrollo del país. El economista Ricardo Hausmann
advierte que los países poco desarrollados deben producir
algo de lo que hacen los países de tecnología
avanzada, para aprovechar el desnivel del coste de la mano de
obra, radicando en este factor su capacidad competitiva y que no
debemos entrar en la competencia con los demás
países del tercer mundo en bienes de tecnología
sencilla, porque no habría aquella ventaja competitiva. El
proyecto de Código de la Producción
pretendería dar ventajas tributarias a las inversiones
nuevas como incentivo para atraerlas y aplicar exenciones del
impuesto a la renta a las empresas situadas fuera de Quito,
Guayaquil y Cuenca. Ambas medidas ya se aplicaron en los
años sesenta y setenta cuando regía la Ley de
Fomento Industrial para sustituir importaciones y el desarrollo
productivo fue interesante pero limitado por la debilidad
tecnológica del recurso humano ecuatoriano y por la
pequeñez del mercado nacional. Ahora puede ser interesante
volver a otorgar esos incentivos, pero en forma eficiente para
aumentar y diversificar exportaciones, porque la inversión
privada nacional y extranjera se ha detenido en la última
década. Tanto es así, que no hemos podido generar
ningún producto nuevo e importante, que empuje la
modernización productiva, no obstante contar con
oportunidades en la agricultura, la pesca y la
minería.Ahora es esencial cambiar el clima de la
política productiva del Ecuador para atraer inversiones a
base de medidas inteligentes como la preparación del
recurso humano para la producción de bienes con fuerte
base tecnológica.Una buena medida en este sentido es que
los profesionales graduados en el exterior, en universidades
prestigiosas, puedan trabajar inmediatamente y sin trabas para
aplicar sus conocimientos de última generación en
producciones modernas. Con el mismo espíritu el Estado
debe implantar Parques Tecnológicos alrededor de las
universidades con el apoyo de la empresa privada, en donde los
egresados de carreras técnicas, que muestren excelencia
académica, reciban el apoyo financiero para trabajar en la
creación y en la innovación de nuevas capacidades
productivas. Estado, Academia y empresa privada pueden cambiar la
calidad de nuestra producción.

Junio 2, 2010

Código de la Producción
promueve la inversión en productividad

A mediados de junio, el Gobierno enviará la
normativa para su discusión en la Asamblea. La
Ministra asegura que el objetivo es tener un marco
jurídico moderno que proporcione seguridad jurídica
e incentivos claros.

Cinco políticas para el fomento de la
inversión, de incentivos y de la seguridad jurídica
en el país son los componentes del Código de la
Producción, Inversión y Comercio que será
presentado a la Asamblea a mediados de junio.

Este conjunto de normas está en proceso de
consulta y consenso entre el Ministerio Coordinador de la
Producción y el sector privado. La semana pasada, en
Guayaquil, se dio el primer taller. La ministra Nathalie Celi
explicó a unos 20 representantes empresariales el
contenido del Código, que irá de la mano al Poder
Legislativo con la Ley de Economía Popular y Solidaria a
fin de que sus incentivos se apliquen desde el año fiscal
2011.

El Código tiene cinco tipos de incentivos,
explicó Cely, generales, sectoriales, de acuerdo al actor
productivo, por zonas económicas y para las Mipymes
(micro, pequeñas y medianas empresas). En cuanto a los
incentivos generales se incluyen normas para todas las
inversiones sin importar el sector o la procedencia.

Básicamente están recogidas en las leyes
tributarias actuales, como por ejemplo la exoneración del
10% del Impuesto a la Renta para la reinversión.
Entre los incentivos sectoriales se incluye un tributario
adicional que es la reducción del Impuesto a la Renta de
hasta un 5% para los sectores priorizados en el
Código.

En cuanto al tamaño del actor productivo, son
incentivos de orden fiscal y de cofinanciamiento de programas
relacionados con la productividad e innovación
especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas
(Mipymes). Entre los incentivos adicionales se plantea la
deducción del Impuesto a la Renta del gasto relacionado
con la mejora de productividad. "Hasta cierto porcentaje que
sería decreciente, mas para las micro y menos para las
medianas y será determinado por el reglamento",
explicó la Ministra durante el diálogo desarrollado
en el Hotel Ramada.

Los incentivos por zona económica de desarrollo
especial contemplan cero aranceles e impuestos de importaciones,
arreglos laborales especiales para contratación de
extranjeros y las deducciones sectoriales y territoriales. "No
queremos dejar de lado las zonas rezagadas o de menor desarrollo
relativo para las cuales el código contempla un incentivo
de exoneración por el costo del empleo para la nueva
inversión por los cinco primeros años".

Cely mencionó que se están haciendo
reformas a la Ley de Instituciones Financieras, sobre todo en el
artículo 72, el cual es muy restrictivo en torno a las
garantías. "En ese artículo se pide al menos el
140% de garantías y es una ley antigua que no toma en
consideración otras garantías sobre todo de las
Mipymes como son las facturas o las patentes. Es un
régimen mas moderno que permite el financiamiento mas
ágil sobre todo de las micro, pequeñas y medianas
empresas".

Para todas las actividades productivas que se financien
con recursos provenientes del extranjero, sean de inversionistas
extranjeros o de bancos autorizados, se está eliminando el
Impuesto a la Salida de Capitales. "El objetivo es contar con un
marco jurídico moderno que permita fomentar la
inversión privada -que cumpla con las cuatro éticas
empresariales- y que proporcione seguridad jurídica e
incentivos claros. También implementar un política
industrial para fomentar de manera específica sectores
priorizados para la transformación productiva",
señaló Cely.

Las cuatro éticas a las que se refiere la
ministra son las promocionadas por el Presidente de la
República: Ética con el medio ambiente, cuidar la
naturaleza; ética con los trabajadores, pagar bien lo
justo; ética con el Estado, pagar los impuestos; y la
ética con los consumidores y la comunidad, servir de
calidad sin abusar de posiciones del mercado.

Mantener compromisos

Eduardo Egas, ex viceministro de Comercio Exterior,
asegura que el Código define un modelo de desarrollo
productivo en base a una política de Estado en el cual se
identificaron y conformaron instrumentos que el Estado
pondría a disposición de los empresarios.
"Contribuye a la seguridad jurídica saber que hay una
orientación hacia dónde se quiere llevar los
sistemas de producción del país, los tipos de
estímulos y las reglas en los que se desenvolverán
esos sectores".

Pero advierte que la seguridad también va
más allá, pues es necesaria la seguridad de las
inversiones y de los compromisos que el empresario tiene con el
Estado. "Por ejemplo, si las normas tributarias están
continuamente cambiando genera incertidumbre. Falta que el
Gobierno acometa todos los demás elementos que el
empresario necesita para invertir y generar empleo".

Egas señala que en Gobiernos anteriores se
hicieron pocos esfuerzos por diseñar un modelo productivo
y básicamente lo que se hizo es seguir con los modelos tal
como están. De ahí que aplaude la propuesta para
generar mayor valor a los recursos y para dar un salto
tecnológico y desarrollar ciertos sectores multiplicadores
(como la biotecnología).

Renato Carló, presidente de la Cámara de
la Pequeña Industria de Guayaquil, considera importante la
implementación del código, sin embargo,
señala, no existe un límite de tiempo para ejecutar
las políticas que ahí se plantean. "Nosotros como
industriales si necesitamos que las cosas sean claras, pero para
ayer. Es interesante que exista una planificación, pero es
importante que exista un ejecución inmediata y que se
vayan implementando las cosas poco a poco".

Conclusión

Gran parte de las 960 observaciones recibidas del sector
productivo han sido consideradas en la nueva versión del
Código de la Producción

El Código de la Producción, Comercio e
Inversiones es la herramienta clave que el Gobierno Nacional ha
definido para apuntalar la reactivación económica
y, con la fijación de reglas claras, potenciar la
inversión productiva en el país, con las
derivaciones positivas que tiene una inversión respetuosa
de las cuatro éticas planteadas por el
Gobierno.

Las observaciones que buscaban reñir con la
estrategia de transformación productiva del Gobierno o
prejuzgaban de la importancia de los pequeños productores,
de la innovación y la equidad para que el aparato
productivo ecuatoriano pueda dar el salto cualitativo que el
país espera, no han sido acogidas

Recomendaciones

El Código de la Producción no busca
competir con el Código del Trabajo. Sin embargo, el
Gobierno Nacional analiza en diálogo con los actores
interesados la posibilidad de incluir en el Código
disposiciones que contribuyan a mejorar las condiciones del
trabajador, pues la política nacional de producción
ubica al ser humano en el centro de todo el proceso productivo,
por encima del capital.

En el Código deberían quedar establecidos
todos los valores correspondientes a incentivos, sea nominalmente
o por rangos, para evitar que esa definición quede para
reglamentación. Además los incentivos han sido
agrupados en un capítulo específico para el
efecto.

Bibliografía

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Julia
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