Introducción
Suele decirse que la Argentina constituye una reserva ecológica para la humanidad. Lejos de tratarse de un lugar común o de una frase autocomplaciente, esa idea tiene el respaldo del Informe Planeta Vivo 2010 que acaba de presentar la organización ecologista Weather World Forecast (WWF)[1].
En base al estudio, el país se ubica dentro del "top ten" de naciones que poseen más de un 60% de su territorio destinado a la producción de alimentos y la captación de dióxido de carbono (CO2) entre otros servicios ambientales de trascendencia global.
Según el trabajo, la huella ecológica (el indicador que cuantifica la demanda humana de recursos naturales) ya excede en un 50% la capacidad de reposición y de absorción de desechos y gases nocivos por parte de la Tierra. Para la WWF, la huella de carbono (variable que mide la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) que emiten las actividades del hombre) aumentó 11 veces desde 1961 y más de un tercio desde 1998 hasta nuestros días. En 2007, por caso, la población humana utilizó el equivalente a 1.5 planetas a fin de sostener su desarrollo. Para 2030, en tanto, la humanidad necesitará duplicar la capacidad de la Tierra para absorber sus emisiones de CO2 y mantener su consumo de recursos naturales.
En nuestro país, la gestión de Néstor Kirchner dejó su sello en las actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales, como el petróleo, el gas, los combustibles, la electricidad y la minería, pues mientras los precios aumentaban de la mano de una inflación peligrosa y fogoneados por el crecimiento económico, mantuvo congelados durante años los valores de la energía, lo que le costó al Estado un enorme esfuerzo de recursos destinados a subsidios.
Esta política de precios controlados permitió que la industria pagara por la energía utilizada valores menores a los de sus competidores regionales y así pudiera crecer. De acuerdo con cifras de septiembre, un cliente industrial brasileño pagó cuatro veces más que su competidor argentino por el gas y un 450% más por la electricidad. Una comparación similar puede hacerse con el resto de los países del Cono Sur.
Por otro lado, a través de subsidios también le dio a la población precios bajos de transporte de gas y de electricidad, algo que parece difícil de poder sostenerse en el tiempo por la ingente cantidad de recursos que demanda. De acuerdo con los números de ejecución del presupuesto nacional, los subsidios reales fueron $ 840 millones en 2004, pero se multiplicaron hasta los $ 33.333 millones en 2009.
En planificación sostienen que los subsidios este año alcanzarán los $ 29.500 millones, de los cuales $ 15.500 millones se destinan a subsidiar las tarifas eléctricas; $ 11.400 millones al transporte y $ 2500 millones al gas[2]
La importación de gas natural licuado (LNG) comenzó siendo una respuesta de emergencia ante la escasez del fluido durante el invierno, pero con el tiempo fue ganando terreno en el mercado local y hoy ya tiene su libreta de residente permanente. La última licitación de ENARSA, encargada de comprar el producto, lo pone de manifiesto.
La estatal de energía cerró a fines de octubre la compra de nueve buques de LNG[3]para reforzar la provisión de gas a industrias y a las usinas térmicas, que deberán trabajar a pleno para cubrir el consumo eléctrico que se dispara durante la temporada estival por el uso de aires acondicionados y equipos de refrigeración.
La intención, es inyectar una base de 5 millones de metros cúbicos (MMm3/día) de LNG entre noviembre y marzo de 2011. El importe final del LNG en condición de ser inyectado en la planta que opera YPF en Bahía blanca, es del orden de los u$s 10; cinco veces más caro que la media que reciben los productores locales (u$s 2,1).
Está previsto que en noviembre ingrese al sistema un solo buque para luego, a partir de diciembre, empezar a recibir dos barcos por mes. En total, durante los cinco meses se inyectarán alrededor de 700 MMm3/día de LNG, con un costo estimado de u$s 260 millones (alrededor de $1000 millones), más los gastos de regasificación.
Esta temporada se marcaría un nuevo récord de la demanda, que podría superar los 20500 megawatts (MW) consumidos; por ello el gobierno lanzó en octubre un programa especial bajo la órbita de ENARSA. La mayor demanda de energía de los principales centros urbanos del interior del país será cubierta a través de la adición de alrededor de 200MW producidos por plantas generadoras montadas sobre estructuras móviles (Energía Disponible Móvil Stand By) para utilizarlos donde se los necesite[4]
Éste es el tercer plan de energías móviles lanzado por el Gobierno desde 2007 a la fecha, para atender en el corto plazo las zonas críticas que presenta el sistema eléctrico en materia de abastecimiento. El último llamado a licitación contempla la instalación de equipos en localidades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, La Rioja y La Pampa.
En el mismo sentido, la escasa oferta de gas natural que obliga al Estado a cubrir con combustibles líquidos (mucho más caros) la demanda energética de las usinas, sigue incrementando el pasivo de CAMMESA, la empresa mixta que administra el mercado.
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