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La debacle economica de Puerto Rico: el fin de la 936 (página 2)




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Los "buenos años", la 936 en su apogeo

Durante los veinte años de aplicación en Puerto Rico de la sección 936 múltiples empresas se establecieron en la isla y varios sectores de la economía se beneficiaron de la actividad económica generada. Sin embargo, dicha sección fue objeto de varias revisiones por parte del Congreso de los Estados Unidos. Esto se debió a la exención contributiva de las cuantiosas ganancias de las corporaciones 936. Para Puerto Rico estas ganancias se traducían en abundantes fondos, los llamados fondos 936, que estaban disponibles para ser invertidos en la isla, mientras que para el gobierno federal estos fondos representaban una fuente de contribuciones no recaudadas, que afectaban la salud fiscal de los Estados Unidos.

Desde su implantación en 1976, la sección 936 aportó gran cantidad de fondos a la banca local.[8] Dichos fondos que para 1977 ascendían a $ 1,584 millones se incrementaron año tras año hasta alcanzar $ 4,000 millones en 1982, constituyendo dos quintas partes del total de los depósitos de la banca comercial de Puerto Rico.[9] No obstante la "bonanza" para la banca en 1982 Puerto Rico atravesaba por una grave crisis económica, causada por el alto desempleo y los recortes en los programas de ayudas federales.[10] Como si fuera poco, la administración del presidente Ronald Reagan decidió investigar los fondos de la sección 936 en un intento por allegar nuevos recursos fiscales para el gobierno de los Estados Unidos. Esta iniciativa levantó temores entre la comunidad financiera en la isla, que temía lo peor.[11]

En el debate congresional sobre la 936 en 1982, el gobierno estadounidense argumentó que los fondos 936 no se habían utilizado para su cometido, entiéndase la creación de empleos en la isla y su desarrollo económico, y que sólo habían acrecentado la prosperidad de la comunidad financiera en la isla. Dicha práctica privaba al gobierno federal de recaudar aproximadamente $1 billón anual en contribuciones.[12] Como resultado de las investigaciones se discutió hacer enmiendas a la sección 936. Ante ello el gobierno de Puerto Rico, entonces bajo la administración del Partido Nuevo progresista, junto con las corporaciones 936 cabildeó ante el congreso para "minimizar" los efectos de los cambios a la sección.[13]

A finales del 1982 el Congreso legisló para "controlar" las ganancias de las 936. La principal reforma hecha a la sección consistió en aumentar el por ciento del ingreso que debía originarse en negocios dentro de la posesión.[14] Estas medidas fueron un intento de coartar ciertas prácticas contables de las corporaciones, las cuales a través de su "creative acccounting" o "contabilidad creativa" transferían y canalizaban ganancias de las compañías matrices a sus subsidiarias 936 en Puerto Rico, invirtiéndolas en la isla y repatriándolas a los Estados Unidos y evitando pagar contribuciones federales.[15]

Para el año 1985 la sección 936 estaba nuevamente en "peligro de extinción". En ese mismo año el Departamento del Tesoro de los Estados unidos envió al Congreso legislación contributiva que contemplaba modificar o eliminar la sección 936, para así recuperar las contribuciones que se estaban dejando de recibir.[16] Esto significaba serias complicaciones para los fondos 936 depositados en Puerto Rico, que para 1985 sumaban $ 7 mil millones.[17]

La defensa de las 936 en 1985-1986 recayó en la administración del Partido Popular Democrático, quien gobernaba en ese entonces la isla. En esa defensa curiosamente contó con el apoyo de algunos líderes del PNP, que apoyaron la permanencia de la sección. Al igual que el PNP anteriormente, los populares argumentaron en Washington que las 936 creaban empleos en la isla y que el mantener dicha sección convertiría a Puerto Rico en el eje de las inversiones en el Caribe. Sin embargo, las gestiones "determinantes" en el Congreso las efectuaron los cabilderos de las compañías 936.[18] Las peticiones hechas ante el Congreso lograron que se mantuviera la sección, pero que se le efectuaran ciertas modificaciones. Entre éstas se aceptó la "caribeñizacion" de los fondos 936, o sea su posible inversión en cualesquiera de los países de la Iniciativa Para la Cuenca del Caribe"[19], y se introdujeron cambios en la forma de contabilizar el método de costo compartido de los intangibles.[20] La salvación de la 936 en 1986 recibió elogios en la prensa puertorriqueña, aún por parte de reconocidos miembros del sector estadista. Uno de ellos, Antonio Luis Ferré escribió en un editorial de su periódico El Nuevo Día , que "la retención de la 936 era un desarrollo positivo para el futuro de Puerto Rico debido a que se lograron preservar 125 mil empleos que de otra manera se habrían ido".[21]

A pesar del optimismo sobre la permanencia de la 936, a comienzos de la década de los 1990"s, múltiples analistas señalaban que las 936 eran una espacie de "espejismo económico" y que los supuestos beneficios económicos para la isla no eran tal y como se percibían. Entre 1988 a 1990 estudiosos de la economía y la política afirmaban que si la sección 936 se mantenía inalterada durante la década de los 1990"s, Puerto Rico se convertiría en uno de los "mayores centros financieros a nivel internacional".[22] Sin embargo, muchos de esos mismos analistas señalaban las percepciones erróneas que existían sobre las "inversiones" y los "empleos" generados por las 936. Entre los señalamientos más notables estaba, el que una cantidad creciente de lo que se consideraba "producción" de las industrias manufactureras en Puerto Rico era en realidad "ingresos pasivos" provenientes de ganancias transferidas e inversiones financieras.[23] Además de ello, las corporaciones 936 no estaban reinvirtiendo sus ganancias en actividades productivas, sinó en instituciones financieras donde podían repatriar sus ganancias libres de impuestos (federales y locales) al cabo de 5 años. Esto resultaba algo notable, ya que para 1988 y 1989 la cantidad de fondos 936 depositados en Puerto Rico era cerca de $ 9 mil millones.[24] Según analistas, ello resultaba en un incentivo "negativo" que causaba un agudo descenso en el nivel de la inversión interna.[25]

Es importante señalar que a comienzos de los 1990"s cuando se debatía en el Congreso de los estados Unidos el proyecto de plebiscito para el estatus de Puerto Rico, salieron a relucir varias realidades sobre las 936. Entre ellas el que las corporaciones, a pesar de apoyar algunas iniciativas de los gobiernos de turno en Puerto Rico, sólo se dedicaban a cabildear para retener la sección 936 y no a desarrollar la isla como centro de producción de alta tecnología o de investigación y desarrollo. En adición a ello, se destacó el que las industrias como las farmacéuticas habían tenido entre 1982 a 1989, ahorros contributivos de aproximadamente $73 a $79 millones al año, mientras habían empleado a "menos de 3000 personas" en Puerto Rico.[26] El informe preparado por el Goverment Accounting Office en 1992, titulado "The Pharmaceutical Industry: Benefits of Operating in Puerto Rico", detallaba que Pfizer con 500 empleados reportó ahorros contributivos de $75.9 millones anuales desde 1980 a 1990, Merck con 953 empleados reportó ahorros de $74.9 millones desde 1980 a 1990 y Upjohn con 750 empleados tuvo ahorros contributivos de $77 millones anuales durante la misma década.[27]

Los datos sobre las 936 resultan un tanto impresionantes cuando se les compara con las estadísticas de Puerto Rico sobre desempleo y ayudas federales de principios de los noventa. Algunos investigadores indicaban que el desempleo continuaba siendo alto[28]y las ayudas federales seguían en aumento[29]a pesar de que la estrategia de inversiones en Puerto Rico debía ayudar a superar esa situación. Quizá por ello algunos lideres de la opinión pública comenzaron a "cambiar" su opinión sobre las 936, en especial cuando en las negociaciones sobre el plebiscito de estatus (1989-1991) los populares abogaron por la 936, los independentistas pidieron un periodo de transición para ésta y algunos estadistas estuvieron a favor de que se eliminara la sección como forma de adelantar la estadidad.[30]Esto llevó a que Antonio Luis Ferré declarara en 1989 que "las corporaciones 936 no deben ser más que un mecanismo transitorio de incentivos".[31]

La situación de las 936 se complicó grandemente cuando en 1993 la administración del presidente William J. Clinton decidió revisar la sección como una de las formas para corregir la situación del déficit presupuestario de los Estados Unidos. El presidente recomendó la eliminación de la sección y su sustitución por un crédito salarial. En esta ocasión diversos sectores, incluido el gobierno del PNP, decidieron no hacer esfuerzos por abogar a favor de la sección, ya que la posición del gobierno de los Estados Unidos resultaba difícil de modificar. En febrero de 1993 un editorial de Antonio Luis Ferré en El Nuevo Día explicaba varias de las razones para abandonar la defensa de las 936. Entre estas razones se encontraba el enorme déficit del gobierno estadounidense ($300 mil millones en 1993) y la pérdida en contribuciones del gobierno sobre las ganancias de 71 empresas que generaban casi $1200 millones y que sólo empleaban a 20,000 personas. Ferré señalaba que quien intentara oponerse a la determinación del gobierno federal fracasaría, y que lo que debía hacer el gobierno de Puerto Rico y los grupos interesados era "negociar la transición más favorable posible y no en defender lo indefendible".[32]

"El comienzo de la confusión", la eliminación de la 936

De 1993 a 1996 se desató la "batalla por la supervivencia de la 936" ante la inminente modificación de la sección y su posible eliminación. En agosto del 1993 la sección sufrió cambios a manos del Congreso pero se salvó. Entre los cambios efectuados se encontraba una limitación al crédito contributivo que las empresas podían atribuir a su producción manufacturera en la isla. Este crédito sería de sólo un 40 % a partir de 1998, en vez del 100 % original.[33] En ese momento la salvación de las 936 fue vista como un logro, sin embargo, las críticas en los Estados Unidos contra la sección continuaron[34]y en los años del 1994 al 1996 el Congreso estadounidense continuó con los planes para la eliminación de la sección.

Entre septiembre de 1995 y julio de 1996 el Congreso efectuó otro proceso de revisión de la sección 936. En esta ocasión los grupos que anteriormente habían cabildeado a favor de la sección estuvieron divididos y fracasaron en sus esfuerzos. La sección 936 fue derogada oficialmente en agosto de 1996. En las disposiciones de dicha derogación se estableció un periodo de gracia de 10 años para las compañías que operaban en Puerto Rico, ello bajo la llamada sección 30A. En ese momento la opinión pública puertorriqueña estaba convencida de que lo que sobrevendría sería el caos total, que comenzaría "el fin de la economía de Puerto Rico". Esto ocurría en un momento en que los fondos 936 depositados en Puerto Rico se estimaban en aproximadamente $15 mil millones[35]y la isla atravesaba por la "bonanza económica" de los años noventa. Se temía que como la derogación de la 936 hacía inmediata la eliminación de la disposición en la que se sustentaban estos fondos,[36]las corporaciones los retirarían de la banca local de inmediato, causando ésto un "colapso bancario".

Como es típico en Puerto Rico, los dimes y diretes y los ataques políticos hicieron su aparición en la opinión pública. En múltiples programas de análisis político, analistas, ciudadanos y políticos dejaron sentir su opinión, de acuerdo con sus ideales políticos. Los populares argumentaron que Rosselló, en contubernio con el entonces Comisionado Residente en Washington Carlos Romero Barceló,[37] habían "entregado" las 936 para arruinar la isla y así forzar la concesión de la estadidad. Por su parte, los penepés defendían la gestión de Rosselló y argumentaban que se había eliminado el "mantengo corporativo" que apoyaba el estatus colonial de la isla.

En 1996 y en medio del revuelo causado por la eliminación de la 936, varios economistas[38]analizaron la situación y pronosticaron un panorama diferente al "desastre económico" discutido por la opinión pública. Estos expertos señalaban que no había ningún riesgo de colapso del sistema financiero local, ya que aún si los fondos 936 eran una fracción considerable de los recursos totales del sistema bancario del país, su desaparición no amenazaría la solvencia de las instituciones. Ahora, ello no significaba que no habría ningún efecto negativo, ya que los fondos podrían ser reemplazados, pero a un costo más alto.[39] Esto se traduciría en una menor disponibilidad y un encarecimiento del financiamiento, en especial para el sector público (bancos del gobierno).[40] Sin embargo, esta situación de la emigración de fondos 936 no debía producir un efecto negativo considerable en el sistema económico.[41]

Otro de los planteamientos hechos por economistas en el año 1996 se relacionaba con la producción y las inversiones. Los expertos señalaban que aún con las reformas hechas a las 936 en 1993 la producción manufacturera había continuado expandiéndose[42]y que las pérdidas ocasionadas por la derogación de las 936 podrían ser compensadas de varias formas. El experto Ángel L. Ruiz señalaba que "pese a la significativa importancia de las corporaciones 936 en el sector manufacturero, el impacto en el resto de la economía no parece ser tan alto como la mayoría de la gente cree".[43] Ruiz añadía que sus investigaciones revelaban el potencial de la economía puertorriqueña para asimilar las pérdidas de producción con menos consecuencias severas que los estimados hechos por el gobierno federal.[44] Además, sobre el empleo enfatizaba que si Puerto Rico adoptaba unas políticas industriales que indujeran a la diversificación de la economía, en 10 años se podría superar la incertidumbre post-936. Ello porque las empresas que no son 936 tienen un mayor potencial para crear empleos que las propias firmas 936.[45]

Ante la interrogante sobre qué hacer luego de desaparecer la 936, varios economistas plantearon ciertas alternativas en común.[46] La más relevante de todas era explorar todas las posibilidades que ofrece la Sección 901 del Código de Rentas Internas Federal. Dicha sección permite a las corporaciones estadounidenses establecidas en países extranjeros (o en jurisdicciones consideradas extranjeras para fines contributivos) reclamar un crédito contributivo al gobierno de los E.U. en función de las contribuciones pagadas en la jurisdicción extranjera.[47] Otra de las recomendaciones era la exploración y movilización del capital y recursos locales (fondos de cooperativas, aseguradoras y corporaciones públicas).[48] Estas recomendaciones, en la opinión de los expertos debían estar acompañadas de un "reenfoque" de la política de desarrollo de Puerto Rico, ya que ésta no estaba a la par con el resto del mundo.[49]

Si el gobierno de Puerto Rico adoptó algunas de las recomendaciones de los economistas o no, eso es otro tema, lo que si ocurrió es que entre 1997 y el año 2000 los cambios ocurridos en la economía de la isla "post 936" produjeron una serie de artículos periodísticos y expresiones públicas que "complicaron" el panorama ante la opinión pública. Para mediados de 1997 los funcionarios del gobierno reportaban que la economía de Puerto Rico y el sector bancario continuaban mostrando un crecimiento positivo, pero que en los años subsiguientes crecería a un ritmo más lento.[50] Esta perspectiva era compartida en un informe de la Oficina de Contabilidad General (GAO) que determinaba que la economía de P.R. estaba en crecimiento y que habría que esperar años para saber el impacto de la eliminación de las 936.[51] A pesar de la perspectiva positiva del gobierno del PNP, la situación no parecía ser tan halagadora, ya que se debatían varias alternativas para incentivar a las empresas a quedarse en P.R. y para atraer a otras industrias.[52] Los funcionarios del gobierno señalaban que el crecimiento económico futuro de la isla sería propulsado por los sectores de la construcción y los servicios y no por la manufactura. El gobierno contemplaba hacer ajustes contributivos para las empresas[53]pero algunos conocedores de las 936 opinaban que "esas empresas grandes no se van a ir por issues contributivos sino económicos", ya que "esas empresas cuentan con exenciones contributivas", que lo que habría que ofrecerles para que no se fueran del país eran medidas que sobrepasaran el atractivo de la mano de obra barata de otros países.[54]De acuerdo con esto, las estrategias del gobierno parecería que no tendrían un efecto positivo.

La imagen del final de la 936 en la prensa puertorriqueña se tornó aún más confusa con la publicación de las opiniones y denuncias de políticos sobre los efectos económicos ocurridos en la isla. En medio del caldeado ambiente político puertorriqueño y de cara a un plebiscito sobre el estatus en 1998, los políticos populares y penepés asumieron posturas encontradas sobre las causas y el significado de los cambios económicos del Puerto Rico post 936.

En agosto de 1997 los entonces legisladores del PPD Eduardo Bhatia y Jorge De Castro Font denunciaron en la prensa un aumento en la cifra del desempleo y la pérdida de "10,563 en unos 115 cierres permanentes de fábricas norteamericanas acogidas a la sección 936".[55] Ambos legisladores responsabilizaban al gobierno de Rosselló que había permitido la eliminación de la 936.[56] Ante estos planteamientos, el entonces secretario del Departamento del Trabajo César Almodóvar respondió que pese a la pérdida de empleos manufactureros, todos los demás sectores de la economía habían registrado aumentos en el empleo.[57] Por su parte, el entonces administrador de Fomento Económico Jaime Morgan Stubbe planteaba que los cambios en el empleo se debían al cierre de operaciones de la industria de la aguja y que esto era un patrón a nivel internacional, que no tenía que ver con la 936.[58]

Para finales de 1997 las condiciones de la industria en Puerto Rico continuaron cambiando, lo que obligó a varias empresas a reconsiderar su permanencia en la isla.[59] Sin embargo, para varias empresas este proceso significó el cierre permanente de operaciones y el despido de empleados.[60] Esta situación provocó fuertes reacciones entre los políticos locales que expresaron sus opiniones en la prensa. El entonces senador del PPD Eduardo Bhatia señaló que había "evidencia de un patrón de cierres" que ocurrían "debido a que Puerto Rico está perdiendo su competitividad bajo la administración Rosselló".[61] En opinión del entonces senador Aníbal Acevedo Vilá, la situación era "más seria de lo que ha querido admitir el gobierno" y que era obvio que "no había un plan para retener estos empleos".[62]

La discusión pública sobre los cierres de fábricas continuó en 1998, al anunciarse el cierre de la compañía de electrónicos Motorola en Vega Baja, en el que unas 1,500 personas perdieron el empleo. El presidente del PPD Aníbal Acevedo Vilá culpó al gobernador Pedro Rosselló de dicho cierre, argumentando que "el gobierno de Pedro Rosselló ha abandonado la política de atraer fabricas a Puerto Rico" y que el gobernador debía dejar de "tapar el cielo con la mano, ya que la realidad es que en el último año se han perdido alrededor de 25 mil empleos en Puerto Rico".[63] Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico y Comercio Carlos Vivoni, rechazó que el cierre de la Motorola estuviera relacionado con la 936, y lo atribuyó a una baja en sus ventas. El secretario argumentaba que la empresa en cuestión trasladaba sus operaciones a México y la Florida, donde tendría que pagar todo tipo de impuestos, lo que para él indicaba que "consideraciones contributivas no tomaron vigencia en esta decisión". Vivoni indicaba que pese a un "leve aumento" en el desempleo en la manufactura, desde el punto de vista macro, la economía puertorriqueña continuaba robusta debido al aumento de empleos en otros sectores como los servicios, comercio, transportación, finanzas y construcción. [64]

Con las posiciones asumidas por los políticos del PPD y los funcionarios del gobierno del PNP la discusión se intensificó, ya que en abril de 1998 en una noticia titulada "El final de las 936 como eje de la declinación", los economistas Santos Negrón y José Alameda señalaban que los cierres de empresas a causa de la eliminación de la 936 se habían extendido. Que dichos cierres, que en un principio eran de industrias de mano de obra intensiva (industrias de la aguja y procesamiento de alimentos), ahora estaban ocurriendo en industrias electrónicas y de productos médicos. Además, expresaban que el crecimiento económico local se debía a la cuantiosa inversión en construcción de obras de infraestructura gubernamental y del dinero de la economía informal. Esto según los economistas, "disfrazaba" lo que realmente ocurría en la economía formal.[65] En esos días, el senador Eduardo Bhatia reveló un estudio de la firma Political Risk Services Inc., en el que se destacaba que la posición de Puerto Rico como lugar para propósitos de inversión había decaído de ser la número uno en 1990 y 1991 a la posición 22 en 1997. Según el informe, ello se debía a "los cambios efectuados en la sección 936 y a la capacidad del gobierno de contrarrestarlos".[66]

Ante estas últimas revelaciones, Carlos Vivoni rechazó el que los inversionistas hubiesesn disminuido su interés en Puerto Rico, a la vez que planteaba sus dudas sobre las conclusiones del informe de Political Risk.[67]No obstante, el propio gobernador Pedro Rosselló admitió que la inversión en la manufactura continuaría decreciendo, según él, en la medida en que las economías mundiales se muevan hacia las áreas de servicio y comercio.[68] Como si fuera poco, la entonces presidenta de la Junta de Planificación Norma Burgos, también opinó sobre el informe. Burgos cuestionó el documento e indicó que éste "no toma en cuenta una serie de indicadores aceptados a nivel internacional para evaluar la situación económica de un país, y que esto le restaba confiabilidad y seriedad al estudio".[69] Además aseguraba que otros estudios "aceptados a nivel internacional" han demostrado en los últimos cinco años, un crecimiento económico sostenido en Puerto Rico.[70]

Para abril de 1999 las noticias sobre la economía de la isla reportaban una serie de datos alarmantes. En un artículo titulado "Se desangra la manufactura" se indicaba que la pérdida de empleos desde 1996 hasta abril de 1999, sumaba 13,200 empleos y que alcanzaría los 15,000 en junio de ese año, siendo más de la mitad de ellos de empresas 936.[71] En dicho artículo los economistas José Alameda, Heidie Calero y el director de la Asociación de Industriales de Puerto Rico William Riefkohl, opinaban sobre la carencia de un incentivo industrial en la isla para atraer nuevas inversiones. La economista Calero destacaba que las cifras del Departamento del Trabajo que indicaban un descenso en el desempleo se debían a que cerca de 50,000 personas habían abandonado la fuerza laboral, lo que había contribuido a bajar la tasa de participación en ese renglón.[72] Una opinión parecida se planteó en el articulo titulado "Vinculan los cierres con el factor 936", en el que varios expertos de la industria coincidían en que "contrario a la posición oficial del gobierno, la eliminación de la sección 936 si ha sido un factor que junto a otros factores, ha perjudicado el empleo en la manufactura y la economía local".[73] En dicho articulo el economista Francisco Catalá argumentaba que "el gobierno sabe esto pero como metieron la pata no lo van a admitir".[74]

Tal parece que la pugna entre las "perspectivas encontradas" sobre los efectos post 936 comenzó a decaer en el transcurso del 1999. Esto porque para junio de ese año se reportaba una reunión entre el secretario de Desarrollo Económico y Comercio Carlos Vivoni y representantes del sector privado en un "esfuerzo conjunto para buscar alternativas para fortalecer el sector manufacturero".[75] En dicha noticia el propio Vivoni es citado diciendo que "creo que hay una coincidencia en el pensamiento de que Puerto Rico enfrenta unos retos, pero también unas oportunidades".[76] Quizás esto se percibió como una esperanza para muchos puertorriqueños, que tras la larga "confusión" sobre los efectos económicos post 936, ahora veían al gobierno coincidir sobre la situación del país.[77]

Epílogo: La industria en Puerto Rico después de la 936

Años después del final de la sección 936 la discusión sobre el tema aún existe. En una columna titulada "A 10 años de la muerte de las 936" el economista Gustavo Vélez plantea que aunque nos gustara o no, la viabilidad del modelo económico local dependía de las 936 y que por ello no se pueden negar los efectos adversos que tuvo su eliminación.[78] El economista opina que el gobierno local le entregó al Congreso la 936 a cambio de nada, por consideraciones políticas. Para Vélez, Puerto Rico ha perdido la competitividad que una vez tuvo como destino de inversión y que "el entregar la 936 implicó la muerte lenta al sistema económico local". Añadiendo que "de ser una economía próspera y dinámica, hoy cada día somos más dependientes, no del mantengo corporativo, sino del mantengo social que viene del norte."[79]

Hoy día las culpas sobre la situación económica de Puerto Rico se reparten más allá de los círculos políticos locales, como lo indica un editorial del periódico The New York Times,[80] el cual dice que el gobierno federal contribuye negligentemente al grave deterioro en las condiciones de vida en la isla.[81] El diario estimó que el mal manejo del programa de incentivos contributivos, sección 936, llevó a que la iniciativa produjera relativamente pocos empleos a un costo muy alto.[82]

En los años de 2006 y 2007 se termina el periodo de gracia de 10 años concedido al eliminarse la sección 936. La economía de Puerto Rico sigue enfrentando cambios y según lo reporta la prensa, los cierres de industrias han continuado en diferentes pueblos de la isla.[83] Entre estos cierres se destacaron los de industrias farmacéuticas y electrónicas[84]que aluden a "diversas razones" para su cierre de operaciones.[85] Si bien es cierto que los cierres de fábricas continúan, también ocurre el establecimiento de nuevas industrias en la isla. Algunas de las más notables se relacionan con el sector de la "alta tecnología", como lo son la industria aeroespacial[86]y la biotecnología.[87] De acuerdo con el director ejecutivo de la Compañía de Fomento Boris Jaskille y el gobernador Aníbal Acevedo Vilá, Puerto Rico ofrece buenos incentivos, una infraestructura avanzada, personal altamente especializado (especialmente en ingeniería) y una mano de obra diestra y productiva para atraer a este tipo de industria.[88] Además de ésto, muchas de las plantas cerradas han sido vendidas a otras industrias que se establecen en la isla.[89] En el futuro inmediato, aún queda por observarse el resultado de las gestiones económicas emprendidas por el gobierno para el desarrollo de la industria en Puerto Rico.

Conclusión

De 1976 a 1996 la sección 936 del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos funcionó en Puerto Rico como el principal incentivo contributivo para la inversión industrial. La aplicación en la isla de dicha sección benefició a varios sectores de la economía puertorriqueña, en especial al sector financiero. La 936 sufrió enmiendas de parte del Congreso de los Estados Unidos en varias ocasiones, lo que ocasionó que fueran disminuyendo sus beneficios contributivos para las industrias, hasta decretarse su eliminación en 1996.

La eliminación de la sección 936 y los posteriores cambios en la economía de Puerto Rico fueron procesos que generaron una amplia cobertura y discusión en los medios noticiosos. Las transformaciones económicas ocurridas en la isla entre 1997 y 2000 generaron incertidumbre en la opinión pública y fueron interpretadas por políticos y funcionarios públicos desde una perspectiva político partidista. Fue por ello que los cierres de industrias y el despido de trabajadores fueron planteados por los políticos y funcionarios afiliados al Partido Popular Democrático, como un efecto negativo producto de la pérdida de la 936. Según los afiliados al PPD Puerto Rico estaba perdiendo su competitividad en el mercado económico internacional y el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) no quería reconocer dicha realidad, por haber contribuido a ella. Por su parte, los políticos y funcionarios del PNP interpretaron los eventos económicos del Puerto Rico de finales de los noventa de otra forma. Estos planteaban que las transformaciones económicas de la isla no tenían que ver con la derogación de la 936, sino que formaban parte de ciclos económicos internacionales. Además argumentaban que los indicadores económicos mostraban que la economía local marchaba bien y se mantenía en buenas condiciones.

La "discrepancia" entre las versiones sobre lo ocurrido en la economía puertorriqueña entre 1997 y el 2000 tuvo el efecto de crear confusión en la opinión pública. Cada sector político, populares y novo progresistas, atacaba y cuestionaba en la prensa los datos y la evidencia presentada por el bando contrario. En ocasiones los comentarios de algunos políticos resultaban contradictorios ante los planteamientos y las posturas oficiales de los funcionarios gubernamentales de su propio partido, lo que abonaba al desarrollo de una imagen confusa sobre el Puerto Rico post 936. Si bien fueron ciertas las transformaciones económicas en Puerto Rico, las influencias político partidistas presentes en las opiniones sobre los efectos post 936 hacían difícil distinguir cuáles eran los argumentos validos y cuál era la "demagogia" política. Probablemente la economía del Puerto Rico post 936 no sufrió un desastre tan grave como lo plantearon algunos, pero tampoco se mantuvo tan vigorosa y dinámica como argumentaron otros.

En el presente las transformaciones económicas en la isla continúan. Los cierres de fábricas y el despido de trabajadores están presentes, así como también el establecimiento de nuevas industrias y la creación de empleos. El tema de la eliminación de la 936 aún se recuerda y continúa siendo punto de discusión entre economistas y políticos. Sin embargo, con el fin del periodo de gracia de 10 años de las 936 (decretado de 1996 a 2007), el panorama económico del Puerto Rico post 936 presenta nuevas interrogantes. Algunas de estas interrogantes se relacionan con las iniciativas del gobierno actual a favor de las industrias de alta tecnología, y si éstas tendrán los efectos económicos esperados.

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Scarano, Francisco A., Puerto Rico, Cinco Siglos de Historia, Segunda edición, México, Mc.Graw-Hill, 2000.

Zalacaín, Fernando, "Algunos impactos económicos de la eliminación de la sección 936", Boletín de Economía, Vol.1, Núm.4, abril-junio 1996.

 

[1] Francisco A. Scarano, Puerto Rico, Cinco Siglos de Historia, Segunda Edición, México, Mc.Graw-Hill, 2000, pp. 929-932.

[2] Scarano, op.cit., pp. 931-932; Emilio Pantojas –García, Development Strategies as Ideology, Puerto Rico Export-Led Industrialization Experience, Boulder & London, Lynne Rienner Publishers, 1990, pp. 144-145. Según Pantojas, para mediados de los 1970’s Puerto Rico había perdido su ventaja de bajos salarios en la mano de obra ante México, otros países del Caribe y países asiáticos. El costo de la transportación marítima había aumentado vertiginosamente, a pesar de que el gobierno del ELA había creado las “Navieras de Puerto Rico”. Además, para 1976 el costo promedio de la electricidad a nivel industrial era entre 31 a 120 % más alto que en los Estados Unidos.

[3] Scarano, op.cit., p.934; Pantojas, op.cit., p.148; James L. Dietz, Historia Económica de Puerto Rico, Rio Piedras, Ediciones Huracán, Inc., 1989, p.320.

[4] Pantojas, op.cit., p.148; Dietz,op.cit., p.320; Jaime Bofill Valdés, “Trayectoria de la sección 936 desde 1976 a 1996”, Boletín de Economía, Vol. I, Núm. 4, abril-junio 1996, p.4.

[5] Dietz, op.cit., p.321.

[6] Scarano, op.cit., pp.935 y 936; Dietz, op.cit., p.322. Entre 1982 y 1983 las corporaciones 936 obtuvieron ganancias equivalentes a 98 % de su capital y las farmacéuticas el equivalente a 246 % de su capital.

[7] Bofill Valdés, op.cit., p.4; Scarano, op.cit., pp.938 y 939.

[8] Guillermo A. Baralt, La Razón del Equilibrio, La Vida de Luis A. Ferré, Volumen II [1968-1998], San Juan, Fundación El Nuevo Día, Inc., 1998, pp.204 -205. A instancias del entonces gobernador Carlos Romero Barceló y de Mariano Mier, entonces presidente del Banco Gubernamental de Fomento, se implantó un programa basado en la reinversión en actividad económica en Puerto Rico de las ganancias de las empresas 936, viabilizando que la banca privada pudiera absorber dichas ganancias.

[9] Ibid., p.240.; Guillermo A. Baralt, Historia deEl Nuevo Día 1909-2000, San Juan, Publicaciones Puertorriqueñas, Inc., 2002, pp.330-331. Estos fondos se depositaban principalmente en los bancos estadounidenses Chase Manhattan Bank y Citibank y en los canadienses Royal Bank y Scotia Bank.

[10] Baralt, La Razon del…, p.240. Puerto Rico sufrió la reducción de aproximadamente el 30 % del total de la asistencia federal a la isla. Uno de los efectos de dicha reducción fue la pérdida de 25 mil empleos en el gobierno.

[11] Loc.cit.

[12] Baralt, La Razón del …, p.241. Las farmacéuticas, con ganancias de 246 % de su capital, fueron el pricipal blanco del ataque de los investigadores senatoriales.

[13] Pantojas, op.cit., p.152; Baralt, La Razón del…, pp. 241-243.

[14] Bofill Valdés, op.cit., p.4. La ley “Tax Equito and Fiscal Responsability Act” o TEFRA aumentó de 50 a 65 % el ingreso originado dentro de la posesión, proviniendo el restante 35 % del ingreso de la reinversión de los fondos. Además, se introdujo dos modos para determinar el ingreso acreditable, el método de ganancia compartida y el de costo compartido.

[15] Pantojas, op.cit., pp.153 y 154.

[16] Baralt, La Razón del …, p.243; Historia de El…, p.332.

[17] Pantojas, op.cit., p.155. Según el autor las corporaciones transnacionales continuaban “canalizando” billones de dólares de ganancias globales a través de Puerto Rico, utilizando una sofisticada red financiera internacional.

[18] Ronald Fernández, The Disenchanted Island, Puerto Rico and the United States in the Twentieth Century, Westport, Connecticut, Paeger Publishers, 1996, p.250. El autor señala que los cabilderos de las farmacéuticas enviaron cartas a Washington donde exponían argumentos sobre las consecuencias negativas de la eliminación de las 936. Algunos de estos argumentos eran una posible emigración “masiva” de puertorriqueños desempleados a los Estados Unidos, la pérdida de 250 mil empleos en los E.U. y que el retiro de los fondos 936 de la banca en Puerto Rico causaría un desastre bancario nunca antes visto.

[19] Scarano, op.cit., p.937; Aline Frambes-Buxeda, “Falsas expectativas del Plan del Caribe para la subregión a la luz de las experiencias de Puerto Rico”, en Carmen Gautier Mayoral, et al., compiladores, Puerto Rico en la Economía Política del Caribe, Rio Piedras, Ediciones Huracán, Inc., 1990, p.77. Este proyecto les ofrecía a la mayoría de los países del Caribe y América Central, el libre acceso al mercado de los E.U. y de P.R. durante 12 años y $ 350 millones en ayuda económica. Además, se les ofrecían alivios contributivos y créditos otorgados por E.U. a las firmas privadas que invirtieran en la región.

[20] Bofil Valdés, op.cit., p.4. Se redujo el ingreso pasivo de las corporaciones de 35 % a un máximo de 25 %.

[21] Baralt, Historia de El…, p.335. El autor señala que El Nuevo Día brindó amplia cobertura al debate y las negociaciones sobre la 936 en 1986.

[22] Pantojas, op.cit., p.166.

[23] Loc. Cit. El autor señala que P.R. con tan solo el 5.8 % de la producción de Canadá y el 3.8 % de la producción del reino Unido, generaba más ganancias para las transnacionales que cada uno de estos países.

[24] Dietz, op.cit., p.335; Guillermo A. Baralt, Tradición de Futuro, el Primer Siglo del Banco Popular de Puerto Rico 1893-1993, San Juan, Carimar, 1993, p.281. Dietz señala que más del 90% de estos fondos maduran a los 90dias o menos, lo que era a duras penas algo útil para usos productivos a largo plazo. De acuerdo con Baralt en 1989 el Banco Popular tenía depósitos de aproximadamente $1000 millones de fondos 936. Esto lo convertía en el tercer depositario de certificados de depósitos 936 en P.R.

[25] Dietz, op.cit., p.335. Según Dietz, el bajo nivel de inversión en nueva planta y maquinaria, elementos que amplían la capacidad del proceso de producción, indicaba un limitado compromiso con la economía por parte de de las subsidiarias de las grandes empresas.

[26] Fernández, op.cit., p.251. Se menciona que las compañías Baxter Laboratories habían reportado ahorros contributivos de $73 millones en 1988 y $75 millones en 1989, Abbot reportó ahorros de $78 millones en 1987, $76 millones en 1988 y $79 millones en 1989 (de P.R. e Irlanda) y Smith kline Beecham reportó $53 millones en 1988 y $76 millones en 1989 (de P.R. e Irlanda).

[27] Ibid., p.254.

[28] Pantojas, op.cit., p.167; Fernández, op.cit., p.249. Fernández señala que el Puerto Rico Business Review indicaba que de 1977 a 1985 el crecimiento neto en la manufactura había sido de 277 empleos. Pantojas por su parte señala que de 1976 a 1988 los empleos en la isla aumentaron de 678 mil a 873 mil, bajando la tasa de desempleo de 19.4 a 15.9 %. Sin embargo, continuaban existiendo 165 mil desempleados en la isla.

[29] Pantojas, op.cit., p.168; Fernández, op.cit., p.254. Los autores señalan que las transferencias federales en 1991 representaban cerca de un 21.9 % del ingreso personal en P.R. y que habían tenido un crecimiento porcentual más alto que el crecimiento de los salarios.

[30] Pantojas, op.cit., pp.176, 177 y 179. Otro sector dentro del estadismo simpatizaba con la estrategia de desarrollo económico de las 936 y abogaba por su permanencia. No obstante las posiciones de los líderes políticos, las corporaciones, las instituciones financieras y sus ejecutivos se inclinaban hacia la formula del ELA, que era la que mantenía las 936, aunque en el debate público las compañías “aparentaban” estar fuera de la discusión.

[31] Baralt, Historia de El…, p.489.

[32] Ibid., pp.490 y 491. En abril de 1993 Antonio L. Ferré instó a los diversos sectores de la isla y a los lideres del PNP a que apoyaran la propuesta del entonces gobernador Pedro Rosselló para hacer enmiendas a la 936, por ser a juicio de Ferré, la que más probabilidad tenia de ser aceptada en Washington. instó a los líderes del PPD y a los sectores empresariales que pretendían que se dejase intacta la sección, a que desistiesen de sus intentos.

[33] Ibid., p.491; Bofill Valdés, op.cit., pp.4 y 5. La ley “Ómnibus Budget Reconciliation” (OBRA), establecía que el crédito contributivo sería de 60 % para 1994, 55 % en 1995, 50 % en 1996, 45 % en 1997 y 40 % en 1998 y años subsiguientes.

[34] Baralt, Historia de El…, p.491. Se menciona que el diario The Wall Street Journal describió a la sección 936 como una droga a la que Puerto Rico estaba adicto y que dicha sección era un ejemplo del mantengo corporativo en su peor forma.

[35] Juan Lara, “Los fondos 936 en el sistema financiero de Puerto Rico”, Boletín de Economía, Vol.1, Núm.4, abril-junio 1996, pp.20 y 22.

[36] Loc.cit. Esto era el “Qualified Posesión-Source Investment Income” (QPSII), que estipulaba que los depósitos de 936 en los bancos locales no pagaban contribuciones federales por los intereses devengados en dichos depósitos. Dicha disposición se derogó de inmediato y con retroactividad a julio de 1996.

[37] Fernández, op.cit., p.255; Baralt, Historia de El…, p.490. Fernández señala que Romero, quien había defendido la sección en 1982, creía en que la eliminación de la 936 era un eficaz método para alcanzar la estadidad, ya que con los puertorriqueños en una situación de pobreza el Congreso de E.U. tendría que concedérsela a Puerto Rico. Baralt señala que en un editorial de 1993, Antonio Luis Ferré había criticado a Romero por no actuar de forma cónsona con las propuestas de Rosselló. Ferré decía que Romero “le estaba haciendo daño a Puerto Rico pues el gobierno estaba enviando un mensaje, y el por su parte, estaba dando otro”.

[38] Lara, op.cit.; Angel L. Ruiz, “The Economic Impact of Firms Operating Ander Section 936: SomeControversial Issues”; Fernando Zalacaín, “Algunos impactos ecónomicos de la eliminación de la Sección 936”, Boletín de Economía, Vol. 1, Núm.4, abril-junio 1996.

[39] Lara, op.cit., p.24; Zalacaín, op.cit., p.14.

[40] Zalacaín, op.cit., p.14. Esto sería así para el Banco de Desarrollo Económico y el Banco de Fomento, en los cuales gran parte de sus recursos provenían de fondos 936 y que experimentarían una reducción de sus ingreso neto, en la medida en que los fondos migren hacia el exterior.

[41] Loc.cit.

[42] Loc.cit. Muchas de estas reformas del 1993 habían restado atractivo a la sección y limitado sus beneficios económicos.

[43] Ruiz, op.cit., p.13. El autor planteaba que el factor multiplicador de las empresas 936 y su capacidad para generar empleos no era tan alta como se creía.

[44] Ibid., pp.7 y 8. Ruiz se refería a los estimados del Congressional Budget Office (CBO) en 1990, que predecía una pérdida de un 37 a un 47 % del capital y la producción de las corporaciones 936 para el año 2000.

[45] Ibid., pp.8 y 12.

[46] Francisco A. Catalá Oliveras, “De la seccion 936 al pluralismo institucional”; Erick G. Negrón Rivera, “Sobre la 901”; Ramón J. Cao García, “¿Existe vida después de la Sección 936?”, Boletín de Economía, Vol. 1, Núm.4, abril-junio 1996.

[47] Catalá, op.cit., p.26; Negrón, op.cit., pp.27-28; Zalacaín, op.cit., p.17; Cao García, op.cit., p.30.

[48] Catalá, op.cit., p.26; Cao Garcia, op.cit., p.30.

[49] Catalá, op.cit., p.25; Cao García, op.cit., p.31. Catalá indicaba que en este reenfoque no debía dependerse, ni de la mano de obra barata para atraer industrias, ni de los fondos federales como mecanismo para compensar las insuficiencias de la economía. Lo que debía buscarse era la eficiencia, la productividad y vencer la dependencia. Por su parte Cao García planteaba que P.R. debía utilizar como atractivo económico su población altamente educada y diestra, su sofisticado sistema financiero, su extensa base industrial y su amplia infraestructura.

[50] El Nuevo Día, 3 de mayo de 1997. En la noticia titulada “Vientos de debilitamiento económico” se informaba que los fondos 936 se mantenían estables en la banca con alrededor de $14,600 millones. Sin embargo, se reportaba que los empleos en la manufactura se reducían al igual que las exportaciones.

[51] El Nuevo Día, 18 de junio de 1997, p.7. La noticia titulada “Desestimada la emergencia económica de la isla” señalaba que la tasa de empleos se mantenía estable a pesar de los cambios hechos a la 936 desde 1993.

[52] Una de las críticas que historiadores, economistas y analistas políticos hacen sobre el proceso de eliminación de la 936, lo es el que el gobierno del entonces gobernador Pedro Rosselló no “negoció” la derogación de la sección, exigiendo en sustitución algún tipo de incentivo económico.

[53] El Nuevo Día, 3 de mayo de 1997; 15 de agosto de 1997, p.7. Entre las propuestas que se consideraban estaba el eliminar el “tollgate tax” y mantener una contribución sobre ingresos para las corporaciones de entre un 7 a un 10%.

[54] El Nuevo Día, 15 de agosto de 1997, p.7.

[55] El Vocero, 15 de agosto de 1997, p.13, “Denuncia aumento cifra desempleo”; El Nuevo Día, 19 de agosto de 1997, p.95, “Dimes y diretes por la 936”; El Vocero, 19 de agosto de 1997, p.8, “Han cerrado 155 fábricas sección 936”. Los legisladores basaron sus denuncias en sendos informes del Banco Gubernamental de Fomento (BFG) y de Fomento Económico.

[56] El Vocero, 19 de agosto de 1997, p.8; 15 de agosto de 1997, p.13.

[57] El Vocero, 15 de agosto de 1997, p.13.

[58] El Nuevo Día, 19 de agosto de 1997, p.95. El titular de Fomento destacó que el 80% de los cierres se debía a la crísis de la industria de la aguja. Además, comparó el que entre 1989 y 1992, la época de apogeo de las, 936 hubo 173 cierres con una perdida de 15,857 empleos.

[59] El Nuevo Día, 14 de noviembre de 1997, p.60. En los artículos “Tras alternativas las empresas 936” y “Una de cal y otra de arena”, abogados y consejeros contributivos explicaban que las alternativas más viables para las empresas 936 eran convertirse en corporaciones de Puerto Rico o en filiales de (CFC) Controled Foreign Corporation.

[60] El Nuevo Día, 13 de noviembre de 1997, p.66, “Sin empleo cien trabajadores”; 12 de diciembre de 1997, p.4, “Se rompen las costuras al empleo”; 13 de diciembre de 1997, p.92, “Se esfuman 387 empleos en Yauco”. Se reportaba el despido de 100 trabajadores de la Barranquitas Knitting Mills, el cierre de la Maidenform en P.R. con el despido de 800 empleados, los cierres de la Cadillac Industries y Ropa Sultana y la reducción de más de 300 empleos en la atunera Star Kist en Mayagüez. Además se recordaban los anteriores cierres de la PL Industries en Yauco, con el despido de 387, el de una fabrica de espejuelos, la fabrica de colchones Eco y una planta de productos dentales Oral B.

[61] El Nuevo Día, 13 de diciembre de 1997, p.92, “Persiste el vínculo con las 936”; El Vocero, 13 de diciembre de 1997, p.20, “Legislador culpa Rosselló: ve por el suelo competitividad Isla”. Bhatia criticaba que ante cierres como el de la Baxter en Carolina y el de Next Level Systems en Barceloneta, el administrador de Fomento Económico Jaime Morgan Stubbe alegara que no sabía nada al respecto.

[62] El Nuevo Día, 13 de diciembre de 1997, p.92.

[63] El Nuevo Día, 16 de abril de 1998, p.12, “Culpan al Gobernador por pérdida de empleos”.

[64] Ibid., p.10, “Niega nexo entre cierre de Motorola y las 936”. Para el economista José Alameda la operación de Motorola sería más rentable en países con mano de obra más barata que P.R. Por su parte para el economista Alfredo Gonzáles Martínez, la 936 si fue un factor importante y advertía que el caso de Motorola “va a ser repetitivo” en otras empresas, lo que ponía en tela de juicio la efectividad de la nueva ley de incentivos industriales de P.R. para atraer nuevas empresas y retener las que tiene.

[65] El Nuevo Día, 17 de abril de 1998, p.5. Se indicaba que entre 1997 y 1998 se habían perdido 15,000 en la manufactura y que este sector era el que generaba el 40 % del ingreso bruto del país.

[66] El Nuevo Día, 17 de abril de 1998, p.4, “Decae el imán que atraía capitales”. Bhatia denunciaba que el gobierno de Rosselló había cabildeado ante el Congreso para que se eliminara la sección 936 a cambio de la sección 30A, la cual no se había logrado.

[67] Loc.cit., El Vocero, 18 de abril de 1998, p.7, “Vivoni niega descalabro económico”. Según Vivoni los datos revelados en el informe no reflejaban la realidad sobre el crecimiento económico de los países encuestados.

[68] El Vocero, 18 de abril de 1998, p.7.

[69] El Vocero, 20 de abril de 1998, p.11, “Polémica sobre economía: Burgos saca sus propios números”. Burgos señalaba entre otras cosas, que en los años en que Political Risk situaba a Puerto Rico en el primer lugar, el desempleo estaba más alto que en 1997.

[70] Loc.cit.

[71] El Nuevo Día, 19 de abril de 1999, p.119. Se destacaba que contrario al pasado la economía local no respondía al rápido crecimiento de la economía de los E.U.

[72] Loc.cit. José Alameda opinaba que en el mercado laboral P.R. se estaba subdesarrollando, que el autoempleo, el subempleo y la economía subterránea hacían que nuestra economía se pareciera más a la de países como Colombia y Venezuela. Se indicaba además, que muchos de los nuevos empleos creados son a tiempo parcial, temporeros y no ofrecen los beneficios marginales de la manufactura.

[73] El Nuevo Día, 24 de abril de 1999, p.122. Los entrevistados eran el economista Francisco Catalá, el analista de la firma Moody’s Investor Services Timothy Blake, el ejecutivo industrial Bartolomé Gamundi y Jorge Cañellas de la firma Ernst & Young. Varios de ellos opinaban que además de la 936 el Tratado de Libre Comercio entre México y E.U. había afectado a la isla.

[74] Loc.cit.

[75] El Nuevo Día, 4 de junio de 1999, p.134, “Ferrea defensa al sector de la manufactura”. Entre los asistentes a la reunión estaban William Riefkohl de la Asociación de Industriales, Aníbal Irizarry de la Cámara de Comercio y Xavier Romeu de la Compañía de Fomento Industrial.

[76] Loc.cit.

[77] El Nuevo Día, 10 de febrero de 2000, “En picada el empleo en la manufactura”. A comienzos del año 2000 se reportaba, que desde 1996 hasta esa fecha, se habían perdido 14,700 empleos en la manufactura, según cifras oficiales.

[78] El Nuevo Día, 14 de octubre de 2006, p.89. El economista indicaba que en 10 años se habían perdido sobre 40,000 empleos directos, sobre 80,000 empleos indirectos y los cerca de $24,000 millones de fondos 936 depositados en la banca local.

[79] Loc.cit.

[80] El Nuevo Día, 24 de octubre de 2006, p.14, “Adjudicada a Washington la crisis isleña”.

[81] Loc.cit. La opinión del New York Times se basa en el estudio “La Economía de Puerto Rico: Restaurando el Crecimiento”, realizado por el Centro para la Nueva Economía y por el Instituto Brookings. Según el periódicola pobreza en la isla es rampante, el ingreso per capita es sólo la mitad de aquel del estado más pobre de los E.U., casi un tercio de la población estuvo desempleada en el 2000 y una cuarta parte de los empleos está en trabajos gubernamentales.

[82] Loc.cit. Se citaba como ejemplo, el que una plaza de empleo de $40,000 le costaba al gobierno $70,000.

[83] El Nuevo Día, 24 de agosto de 2006, p.48; 25 de agosto de 2006, p.46. Se reportó el cierre en fases de la planta Ivax Pharmaceutical en Cidra, la cual completará su cierre en el 2007, despidiendo a cerca de 550 empleados. Además se mencionaba la venta y cierre de operaciones de Pfizer en Vega Baja y Arecibo eliminando sobre 1,100 empleos.

[84] El Nuevo Día, 30 de agosto de 2006, p.60; 14 de octubre de 2006, p.56. Se reportó el cierre de las plantas de Tenere de Puerto Rico en Ponce y Peñuelas, cesanteando a 92 empleados; también se notificó del cierre y eventual traslado a México de la empresa Solectron de Puerto Rico, dejando cesantes a 440 trabajadores. Ambas empresas aludieron a problemas de rentabilidad y altos costos de producción, como las razones para sus respectivos cierres.

[85] Loc.cit. La farmacéutica Ivax aludió a “problemas de producción y calidad”, en el caso de Pfizer, su fusión con Pharmacia resultó en el cierre de plantas.

[86] El Nuevo Día, 23 de agosto de 2006, p.44; 24 de agosto de 2006, p.49. Se reportó la expansión de la compañía Infotech Aerospace Services, establecida en Isabela en el 2003 y que cuenta con 400empleados. Dicha empresa elevaría a 500 su fuerza laboral en los próximos dos años.

[87] El Nuevo Día, 4 de octubre de 2006, p.45; 24 de octubre de 2006, p.46. Se anunciaba la expansión de la empresa Pall Life Sciences, que planea expandir su plantilla de empleados de 896 a 1,100 en los próximos dos años. Además se notificaba el inicio de operaciones de la empresa Advance Drainage System (ADS) en Arecibo, la cual crearía 30 empleos.

[88] Loc.cit.

[89] El Nuevo Día, 25 de agosto de 2006, p.46. Se menciona que la compañía Abraxis Bio Science compró la planta de Pfizer en Barcelonesa, Mc.Neil compró la planta de Hershey en Las Piedras y la compañía local DJ Manufacturing de Corozal compró varias plantas de la Playtex.

 

 

Autor:

Luis A. Reyes Rodríguez

Diciembre de 2006

Partes: 1, 2


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