La etica en las institcuiones publicas

Introducción

La insuficiencia de recursos humanos públicos para atender todos los deseos y expectativas confiados por la sociedad al Estado en la búsqueda de eficiencia, nace atendiendo a la substitución del Estado, gestor por el Estado orientador de las actividades vinculadas a concretizar el interés general. Fruto del principio de subsidiariedad, la regulación representa la disciplina jurídica de actividad económica privada en segmentos relevantes para el desarrollo social. Para abordar el tema, es necesario tender un puente entre las reflexiones teóricas, la regulación jurídica y la práctica cotidiana. La ética es una expresión de la cultura, es una forma de dominio de la razón sobre el instinto. Recordemos. Racionalmente el hombre y las sociedades humanas han ido estableciendo valores fundamentales, tanto individuales como sociales. De ahí se han derivado valores morales que, en general, han sido coincidentes con los que recogen los diversos sistemas jurídicos. En rigor, los valores éticos están consagrados en el derecho.

No resulta suficiente con un sistema de sanciones que puedan implicar suspensión, destitución e inhabilitación de servidores públicos que no respeten la vocación del servicio público. Creo que todo esfuerzo será inútil si la moral individual no se fortalece, ya que actualmente vivimos una etapa en la que se afirma que la pérdida de valores pareciera ser un signo distintivo de nuestro tiempo. Sin embargo, los valores no se pierden. Lo que podría perderse (y sería grave), es el interés por alcanzarlos. Este enfoque podemos interpretarlos como un método para llegar a decisiones públicas, adoptadas por políticos sometidos al control y al escrutinio de la sociedad, lo que impide que la capacidad de coacción del Estado sea excesiva. Es en este sentido que la delegación del poder de decisión del ciudadano al político ha de realizarse libremente, con información y debate público de los asuntos a decidir, de forma que las políticas concuerden con los deseos mayoritarios. Por tanto, control, información y debate forman parte esencial del método democrático de decisión, insistiéndose desde todas las posiciones ideológicas, en la necesidad de llevar a cabo cambios más o menos profundos en las administraciones públicas, de suerte que los ciudadanos reciban mejores servicios y vean bien utilizados sus impuestos y que los gobernantes puedan encontrar en ellas el instrumento para llevar a cabo sus programas. La razón de tal situación radica en que actualmente hay más necesidades y demandas de actuación pública que nunca, y a la vez más dificultades para intervenir derivadas de la complejidad que ha llegado a adquirir la tarea de administrar, con la presencia perenne de un elemento importante: la ética en el servicio público, que deberá estar inscrito en la mente y corazón de todos las personas que realizan esta noble función.

Podemos decir muchas cosas más al respecto, reservando, por un lado, la decisión de qué tamaño preferimos el tipo de administraciones públicas con que queremos convivir. Y entre estas cosas, están, sin duda, el carácter que deba atribuirse a las reformas que se emprendan, la evaluación de la eficacia y la eficiencia de la acción pública a través del análisis de políticas y la práctica de algún control de calidad en los servicios prestados a los ciudadanos. Carecería de sentido añorar una mítica buena y vieja administración de tiempos pasados abarcable e inteligible, del mismo modo que sería absurdo volverse hacia las reformas administrativas clásicas para encontrar inspiración y soluciones a los problemas actuales de las administraciones públicas. Y entre otras cosas porque no se trata sólo de que éstas hayan visto aumentar su tamaño, complejidad, diferenciación e interdependencia, sino que han sufrido una profunda modificación de su papel: han dejado de ser organizaciones dependientes para convertirse en instituciones relativamente autónomas.

Me abocaré en el desarrollo del presente ensayo a un breve estudio sobre la obligación ética y moral que tienen las Instituciones Públicas, en el ejercicio de las reglas del juego del servicio público que prestan, el cual por su naturaleza, les es asignado por el Estado para el cumplimiento de sus fines, en ejercicio de sus funciones, atribuidas según el Estatuto del Funcionario Público Ley 2027.