La etica en las institcuiones publicas

Introducción

La insuficiencia de recursos humanos públicos para
atender todos los deseos y expectativas confiados por la sociedad
al Estado en la búsqueda de eficiencia, nace atendiendo a
la substitución del Estado, gestor por el Estado
orientador de las actividades vinculadas a concretizar el
interés general. Fruto del principio de subsidiariedad, la
regulación representa la disciplina jurídica de
actividad económica privada en segmentos relevantes para
el desarrollo social. Para abordar el tema, es necesario tender
un puente entre las reflexiones teóricas, la
regulación jurídica y la práctica cotidiana.
La ética es una expresión de la cultura, es una
forma de dominio de la razón sobre el instinto.
Recordemos. Racionalmente el hombre y las sociedades humanas han
ido estableciendo valores fundamentales, tanto individuales como
sociales. De ahí se han derivado valores morales que, en
general, han sido coincidentes con los que recogen los diversos
sistemas jurídicos. En rigor, los valores éticos
están consagrados en el derecho.

No resulta suficiente con un sistema de sanciones que puedan
implicar suspensión, destitución e
inhabilitación de servidores públicos que no
respeten la vocación del servicio público. Creo que
todo esfuerzo será inútil si la moral individual no
se fortalece, ya que actualmente vivimos una etapa en la que se
afirma que la pérdida de valores pareciera ser un signo
distintivo de nuestro tiempo. Sin embargo, los valores no se
pierden. Lo que podría perderse (y sería grave), es
el interés por alcanzarlos. Este enfoque podemos
interpretarlos como un método para llegar a decisiones
públicas, adoptadas por políticos sometidos al
control y al escrutinio de la sociedad, lo que impide que la
capacidad de coacción del Estado sea excesiva. Es en este
sentido que la delegación del poder de decisión del
ciudadano al político ha de realizarse libremente, con
información y debate público de los asuntos a
decidir, de forma que las políticas concuerden con los
deseos mayoritarios. Por tanto, control, información y
debate forman parte esencial del método democrático
de decisión, insistiéndose desde todas las
posiciones ideológicas, en la necesidad de llevar a cabo
cambios más o menos profundos en las administraciones
públicas, de suerte que los ciudadanos reciban mejores
servicios y vean bien utilizados sus impuestos y que los
gobernantes puedan encontrar en ellas el instrumento para llevar
a cabo sus programas. La razón de tal situación
radica en que actualmente hay más necesidades y demandas
de actuación pública que nunca, y a la vez
más dificultades para intervenir derivadas de la
complejidad que ha llegado a adquirir la tarea de administrar,
con la presencia perenne de un elemento importante: la
ética en el servicio público, que deberá
estar inscrito en la mente y corazón de todos las personas
que realizan esta noble función.

Podemos decir muchas cosas más al respecto, reservando,
por un lado, la decisión de qué tamaño
preferimos el tipo de administraciones públicas con que
queremos convivir. Y entre estas cosas, están, sin duda,
el carácter que deba atribuirse a las reformas que se
emprendan, la evaluación de la eficacia y la eficiencia de
la acción pública a través del
análisis de políticas y la práctica de
algún control de calidad en los servicios prestados a los
ciudadanos. Carecería de sentido añorar una
mítica buena y vieja administración de tiempos
pasados abarcable e inteligible, del mismo modo que sería
absurdo volverse hacia las reformas administrativas
clásicas para encontrar inspiración y soluciones a
los problemas actuales de las administraciones públicas. Y
entre otras cosas porque no se trata sólo de que
éstas hayan visto aumentar su tamaño, complejidad,
diferenciación e interdependencia, sino que han sufrido
una profunda modificación de su papel: han dejado de ser
organizaciones dependientes para convertirse en instituciones
relativamente autónomas.

Me abocaré en el desarrollo del presente ensayo a un
breve estudio sobre la obligación ética y moral que
tienen las Instituciones Públicas, en el ejercicio de las
reglas del juego del servicio público que prestan, el cual
por su naturaleza, les es asignado por el Estado para el
cumplimiento de sus fines, en ejercicio de sus funciones,
atribuidas según el Estatuto del Funcionario
Público Ley 2027.