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Ley de la comunicación (Ecuador) (página 2)

Enviado por Arturo Clery



Partes: 1, 2, 3

Jaime Guamán (i), Marcel Rivas, Félix Varas y Roberto Manciati, representantes de Actve, Cccrea, y de AER.

La Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador (Actve) y los Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador Asociados (Cccrea) solicitaron al presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, que el proyecto de Ley de Comunicación sea sometido a una consulta prelegislativa.El gremio hizo el anuncio ayer en una conferencia de prensa conjunta donde explicó su desacuerdo con el proyecto porque "afecta a los medios, a los periodistas y a la sociedad en su derecho a informarse".

Jaime Guamán, asesor legal de los medios, explicó que el pedido de consulta prelegislativa se basa en una sentencia que la Corte Constitucional emitió en marzo pasado en la que establece un estándar más alto en el tratamiento de los derechos humanos y afirmó que el derecho a la comunicación es un derecho humano."Los medios electrónicos tenemos permanentemente una guillotina que es la concesión de la frecuencia, llámese radio o televisión", expuso Marcel Rivas, presidente de la Actve y agregó que "en este instante no se acata la Constitución que garantiza la igualdad".

Roberto Manciati, presidente de AER, a nombre de más de 500 emisoras del país, dijo que son igualmente afectados por el proyecto de ley que, en su opinión, contiene propuestas que se manejan a base de criterios políticos.

"Debería retomarse el tema, no para alargarlo como se ha hecho ahora. No se cuál es la pretensión, cuál es la agenda oculta que tienen. Necesitamos que se tomen medidas claras", expresó y dijo que no le parece justo que los medios comunitarios y públicos puedan vender publicidad. Félix Varas, vicepresidente de Cccrea, dijo que el proyecto de ley está "absolutamente minado", tal vez "porque no se conoce cómo es la profesión". Agregó que el cuerpo legal contiene un sinfín de puntos que atentan contra la libertad de expresión y que coarta el derecho de comunicación a todos.

Monografias.com

Oficialismo alarga debate de Ley de Comunicación

Publicado el 10/Septiembre/2009 | 00:14

QUITO. El asambleísta de la Comisión de Comunicación, Rolando Panchana (PAIS), a su ingreso al pleno. El oficialismo sorprendió otra vez a la oposición ayer en la Comisión Ocasional de Comunicación, que terminó aprobando por unanimidad una moción de Rolando Panchana (PAIS) para solicitar a la presidencia de la Asamblea una tercera prórroga para la entrega del informe para segundo y definitivo debate del proyecto de Ley de Comunicación.

De acuerdo con el cronograma aprobado, la votación del informe que elabore la presidenta del organismo, Betty Carrillo (PAIS), en la Comisión de Comunicación, se realizará el 14 de junio, tres días después de que se inicie el Mundial de fútbol Sudáfrica 2010. Con esta nueva fecha, según la oposición, mientras el "Ecuador futbolizado" se encontrará "ocupado" siguiendo las incidencias del Mundial Sudáfrica 2010, los asambleístas estarán debatiendo una ley de gran importancia para el país. Desde ayer se tenía previsto receptar las propuestas sobre nuevos temas. Esas sugerencias se podrán presentar hasta el próximo sábado.

El domingo, lunes y martes de la próxima semana el equipo de la presidencia de la Comisión Ocasional de Comunicación prevé elaborar un borrador de articulado; ese borrador deberá ser entregado a los asambleístas el próximo miércoles para que analicen su contenido individualmente hasta el sábado 12 de junio, un día después de que se inicie el Mundial.

El lunes 14 comenzará la votación; el 17 se redactará el informe y el viernes 18 de junio se dará la lectura del informe; se firmará y será entregado al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero.

Esta resolución se tomó después de que el martes pasado Betty Carrillo había convocado para realizar ayer la "votación del informe", a pesar de que ningún asambleísta había recibido el articulado. La presidenta Carrillo había dicho que ese informe se lo estuvo trabajando durante los días domingo y lunes pasados.

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En cuanto a contenidos, la incertidumbre sobre el texto final se mantiene. Lourdes Tibán (PK) fue la única comisionada que ayer insistió por dos ocasiones ante la presidenta Betty Carrillo para que entregara el articulado en el que el equipo de la presidencia de la Comisión trabajó el fin de semana para empezar el análisis.Pero a esa petición, Carrillo respondió que no puede entregar textos de cosas que de pronto no se han tratado y señaló que tal vez su español no se entiende. Tibán señaló que existen dos posibilidades: no tienen en realidad el texto o "tienen en reservas para lanzar al público un documento... que no quieren que se alarme" al final.

Gilmar Gutiérrez (SP) agregó que la nueva prórroga no la están pidiendo para alcanzar consenso, sino para hacer tiempo hasta conseguir los votos que les faltan para aprobar la ley.

Carrillo desafía el acuerdo sobre Ley de Comunicación

Monografias.com

Publicado el 15/Septiembre/2009 | 17:07

Asambleísta Betty Carrillo, de la comisión de Comunicación.

La presidenta de la comisión de Comunicación, Betty Carrillo, presentó un texto base sobre la Ley de Comunicación que se aleja del acuerdo ético-político suscrito por los jefes de bancadas, el pasado 17 de diciembre, respecto a la integración del Consejo de Comunicación.

El acuerdo legislativo "admite la necesidad de que exista un Consejo de Comunicación e Información autónomo e independiente del Gobierno y de los poderes fácticos". Sin embargo, en el texto que presentó Carrillo el lunes a los miembros de la comisión ocasional que discute la ley se plantea como miembros de ese organismo a dos delegados de los ministerios de Educación y de Cultura.

Eso, según el propio presidente de la Asamblea, Fernando Cordero (PAIS), contradice lo que se suscribió en diciembre pasado, por lo que anunció que estará presente en la próxima reunión de la comisión, prevista para mañana a las 08:00."Que haya un representante del Ejecutivo es contradecir el acuerdo de todas las fuerzas políticas, cuando incluso el propio Presidente de la República ha dicho que no le interesa", subrayó Cordero, quien dijo que no va a polemizar.Pero según Carrillo, desde ningún punto de vista se estaría contradiciendo el acuerdo porque inicialmente se planteó que en el Consejo haya un representante del Presidente de la República con voto dirimente, y eso no se incluye en su propuesta.

Dijo que "el Gobierno necesariamente tiene que estar en el Consejo, porque tiene que generar políticas de Estado, y por eso es importantísimo que estén representantes de estos dos ministerios". Carrillo insistió que su planteamiento sobre la conformación del Consejo de Comunicación es que haya un representante del Ministerio de Educación; uno del Ministerio de Cultura, uno del Consejo de Igualdad; uno de las facultades de Comunicación Social; y, tres representantes de la ciudadanía. Dijo que por el corto tiempo que tiene la Comisión para presentar el informe tuvo que recurrir a la misma estrategia que aplicó en el primer debate que es presentar un borrador de proyecto y sobre eso discutir.Ayer el asambleísta Mauro Andino (PAIS), en una entrevista con Teleamazonas señaló que el acuerdo entre bloques firmado en diciembre se mantendrá en todos sus puntos, especialmente el más polémico que se refiere a la creación del Consejo de Comunicación. "Se requiere la conformación de un consejo pero sin las facultades para que pueda suspender y clausurar medios y eso se va a respetar", dijo. Pero aclaró que en ninguna parte de este acuerdo se señala que los miembros del consejo no deben ser parte del Gobierno. "Sería grave que no esté conformado por ministros porque ellos son los que llevan adelante las políticas públicas".

Doce sesiones para informe de la Ley de Comunicación

Publicado el 10/Septiembre/2010 | 12:35

Monografias.com

QUITO. La semana pasada, la Comisión de Comunicación se instaló para analizar la permanencia de Betty Barrillo en la presidencia de ese grupo. No hubo cambios.

La comisión ocasional de Comunicación comenzará a aplicar desde esta semana un nuevo cronograma de trabajo para el análisis y la elaboración del informe para segundo y definitivo debate de la Ley de Comunicación, que incluye al menos doce sesiones hasta el próximo 5 de junio. La primera cita será esta tarde para concluir la discusión de los medios públicos, privados y comunitarios que quedó pendiente hace diez días. El nudo crítico de este tema constituye el planteamiento desde la bancada de gobierno de que los medios públicos puedan transmitir publicidad estatal y privada, lo cual es cuestionado por la oposición. Uno de los temas que entrará a debate en la primera sesión se refiere a la propuesta del gobierno para que en la Ley de Comunicación se incluya la rendición de cuentas de los medios de comunicación. El siguiente tema que abordará la comisión, según el asambleísta Ángel Vilema (PAIS), se refiere al Consejo de Comunicación e Información. Se tiene previsto ocupar al menos una semana para discutir este punto tomando en cuenta que existen criterios divergentes respecto de su integración.

El legislador planteó la necesidad de que primero se definan las atribuciones que tendrá este organismo antes del número de sus miembros. Según el acuerdo firmado entre los bloques el 17 de diciembre del año pasado, tiene que ser independiente del gobierno y de los poderes fácticos El asambleísta Fausto Cobo (SP) manifestó que es necesario respetar el acuerdo ético político, aunque teme que finalmente el Ejecutivo incluirá mediante un veto parcial los textos que le garanticen el control total de los medios de comunicación privados.

Cobo indicó que la prórroga de 60 días dada por el presidente de la Asamblea para Presentar el informe para segundo debate de la ley era inevitable, y señaló que dentro de este tiempo se debe aprovechar para un análisis más a fondo del documento y las observaciones presentadas al proyecto de primer debate.

LeyesLa rendición de cuentas de los medios fue incluida por el Ejecutivo en un veto a la Ley de Participación Ciudadana, donde se señala que la ciudadanía podrá solicitar rendición de cuentas a los medios.

Más plazo

El 29 de marzo pasado, el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero (PAIS), resolvió extender el plazo de la discusión de la Ley de Comunicación hasta junio

Betty Carrillo no quiere consulta pre legislativa en Ley de Comunicación

Publicado el 10/Septiembre/2010 | 00:54

Monografias.com

QUITO. La asambleísta Betty Carrillo (PAIS) dijo que la consulta no cabe pues el espectro radioeléctrico no es de un solo sector.

Betty Carrillo (PAIS), presidenta de la Comisión de Comunicación, no está de acuerdo con que la Ley de Comunicación vaya a consulta prelegislativa y presentará una argumentación jurídica sobre su posición ante el titular de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero.

El pasado 17 de mayo, Lourdes Tibán (PK), pidió a Carrillo la realización de la consulta prelegislativa para esta ley antes de cerrar el informe para segundo y definitivo debate.

Tibán, quien no estuvo presente en la sesión de ayer, sostuvo que la consulta es necesaria en lo referente a medios comunitarios y acceso a frecuencias. Los asambleístas Cynthia Viteri (MG) y Fausto Cobo (SP) coincidieron con la posición de Tibán.

Según Cobo, esta ley afecta a todos, no solo a quienes poseen derechos colectivos (indígenas, montubios y afroecuatorianos). Carrillo respondió ayer que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece que la consulta es viable solamente en caso de tierra, agua y bienes no renovables. "Aquí no se trata de bienes de la comunidad o del sector indígena en particular como es el tema del agua (...); el espectro radioeléctrico es algo para todos y no de sector alguno (...); considero que la Ley de Comunicación no debe ir a consulta", señaló.

Carrillo hizo estas declaraciones antes de instalar la sesión de la Comisión que se inició con el debate sobre el articulado concerniente al Sistema de Comunicación Social. A base de una propuesta presentada por César Montúfar (CDN) y Cobo se estableció que ese sistema es el conjunto articulado y coordinado de instituciones, planes, políticas públicas, normativas, actores públicos, privados, comunitarios y ciudadanos que, en interrelación con otros sistemas, promueve la vigencia de los derechos a la comunicación, pluralidad de voces, diversidad, interculturalidad, la educomunicación y la producción nacional que asegure el régimen del buen vivir.

También se debatió sobre las políticas públicas de comunicación, acceso universal a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), acceso a la comunicación de las personas con discapacidad,

Para la promoción de la producción nacional y al acceso y uso del espectro radioeléctrico. Cobo planteó que el Ministerio de Cultura incentive a los medios de comunicación que superen el 25% de su programación en producción nacional de carácter cultural, artístico y educativo; este texto no tuvo consenso y será cambiado en la próxima sesión. Por su parte, el asambleísta Rolando Panchana (PAIS) manifestó que no hay que establecer incentivos para algo que debe ser una obligación; tampoco está de acuerdo con el porcentaje sugerido.

Apuntes: Temas pendientes Cita para próxima semana

La siguiente reunión de la Comisión de Comunicación será el próximo martes, para continuar con el debate de articulados para el Sistema Nacional de Comunicación Social, en el que entra el Consejo Nacional de Comunicación (integración y conformación).Publicidad y propaganda

La próxima semana, la Comisión Ocasional de Comunicación retomará el debate sobre los textos de publicidad y propaganda.

Resistencia a la Ley de Comunicación

Publicado el 03/Septiembre/2010 | 00:46

Que en nombre de la libertad de expresión se enfrente a una ley de medios no quiere decir que el ciudadano, que no pertenece a un medio, quede desamparado. Lo digo a propósito de mi artículo de la semana anterior (1 de octubre del 2009) en el que expuse transgresiones de la prensa en contra del derecho de personas comunes y corrientes, y también de ciertas entidades en contra del oficio periodístico.

He creído necesario volver sobre el tema de la ley –cuya aprobación se postergó, por lo que el análisis salió de la agenda de algunos medios– pues ese día diario Hoy publicó una entrevista al periodista español Miguel Ángel Bastenier en la que sugería formar una oposición cívica a la ley de medios, y porque una entrañable amiga, luego de leer mi columna, me preguntó: ¿y cuál de las tres propuestas crees que se debe aprobar?

¡Ninguna! Le respondí. Mi reflexión apunta a una legislación independiente de todo Gobierno, que regule el oficio en función de los derechos ciudadanos, porque somos los periodistas quienes, en nombre de la proclamada libertad de expresión, hemos violentado esos derechos exponiendo, equivocadamente, a inocentes al escarnio general. Hay que admitirlo. Me refiero a una regulación –la autorregulación en Ecuador tiene deudas– como la que el propio diario de Bastenier propone. He aquí algunos ejemplos tomados del Manual de Estilo de El País, de España, donde Miguel Ángel fue subdirector de asuntos internacionales y hoy es articulista y uno de los maestros en su escuela de formación de periodistas:

Artículo 1.4 El periódico no publica informaciones sobre la competición boxística, salvo las que den cuenta de accidentes sufridos por los púgiles o reflejen el sórdido mundo de esta actividad. La línea editorial del periódico es

contraria al fomento del boxeo, y por ello renuncia a recoger noticias que puedan contribuir a su difusión.

Artículo 1.6 El periodista deberá ser especialmente prudente con las informaciones relativas a suicidios. En primer lugar, porque no siempre la apariencia coincide con la realidad, y también porque la psicología ha comprobado que estas noticias incitan a quitarse la vida a personas que ya eran propensas al suicidio.

Artículo 1.9 El derecho a la información es sobre todo del lector, no del periodista. Si se encuentran trabas, se superan; si estas añaden información, se cuentan; si no es así, se aguantan. Las columnas del periódico no están para que el redactor desahogue sus humores, por justificados que sean.

Artículo 1.12 El periodista transmite a los lectores noticias comprobadas, y se abstiene de incluir sus opiniones personales. Cuando un hecho no haya sido verificado suficientemente, el redactor evitará en las noticias expresiones como "al parecer", "podría", "no se descarta" o similares.

Artículo 1.15 La atribución de la noticia a una fuente o fuentes no exime al periodista de la responsabilidad de haberla escrito. Cinco motivos que se suman a 574 razones más, en 429 páginas, que todo redactor de El País debe dominar. Razones que ante el ciudadano garantizan la convicción de Bastenier en torno a su propuesta de resistencia.

¿Qué opina de la Ley de Comunicación, plagada de restricciones, sanciones como de hasta posibles cierres de medios, que intenta aprobar la Asamblea?

Siempre ha habido y habrá diferentes ideas y pensamientos y eso es lo que enriquece al ser humano; no se debe vetar o prohibir a los demás por decir lo que piensan, eso es faltar a la libertad de expresión, claro que si los medios hablasen maravillas del Gobierno actual no tuviéramos este debate. Que aprendan a escuchar y aceptar las críticas y se plantean  a lo que están haciendo mal.

Debaten sobre la ley de Comunicación Audiovisual

Monografias.com

Este martes a las 19:30, "se realizará una nueva reunión del Foro Popular de la Comunicación, cuya convocatoria es abierta", informó a AIM el integrante de la entidad Edgardo Massarotti, quien señaló que "se hará un informe sobre la cuestión judicial, se analizará el dictamen del procurador de la Corte Suprema de Justicia y se abordarán cuestiones vinculadas con el Consejo de Políticas Comunicacionales de la Provincia.

Espacio abierto

Integrado por diversas organizaciones de la sociedad civil, el Foro Popular de la Comunicación de Paraná, nació como un espacio abierto y participativo de discusión del Proyecto de Ley Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual, hoy convertido en Ley 26522, con el aporte de muchos entrerrianos y entrerrianas partícipes del Foro, se informó en un comunicado a AIM.

Desde el Foro, entienden que "la comunicación es un proceso social profundo y complejo, a partir del cual se constituyen identidades, se definen posiciones y se establecen acciones".

Asimismo, consideran que "ese proceso es fundacional de toda sociedad democrática, y por lo tanto debe ser libre, participativo, igualitario y no discriminatorio"

"Es decir que desde el Foro concebimos a la comunicación como un derecho humano que no es patrimonio de comunicadores, ni de periodistas, ni de gobiernos, ni de propietarios/as de medios, sino que le pertenece a la sociedad toda", agregaron.

Consejo de Políticas Comunicacionales

El año pasado, el Foro propuso al gobernador la conformación del Consejo de Políticas Comunicacionales, al cual se hizo lugar con la firma del Decreto 432/10. 

"En ese marco consideramos que para seguir avanzando en el proceso de definición de esas políticas comunicacionales es necesario el aporte de todos los sectores sociales, sumando nuestro trabajo para construir nuevos espacios de participación democráticos y plurales en pos de una sociedad mejor", expresaron

Por último, desde el Foro se recordó a todas las organizaciones sociales que en virtud del Decreto 432/10, Artículo 2º, deberán designar un representante como postulante para integrar el Consejo Provincial de Políticas Comunicacionales y comunicar dicha información a la Dirección General de Información Pública (Dgip) del Poder Ejecutivo Provincial.Dicho artículo establece que el Consejo se integrará por 41 miembros a propuesta de: municipios; entidades no gubernamentales de derechos humanos, culturales, estudiantiles, confesionales, sociales; entidades sindicales de los trabajadores de medios de comunicación; universidades públicas; etc. (ver Arts. 2 y 3 del Decreto 432/10 GOB.).

La nueva Constitución ecuatoriana es posiblemente una de las primeras en consagrar el derecho a la Comunicación. Como parte de los derechos del buen vivir, la Carta Magna indica en la tercera sección que todas las personas tienen derecho a una comunicación libre, al acceso a las tecnologías de la información y comunicación y obliga al Estado a fomentar el acceso universal. También garantiza los tradicionales derechos a la libertad de expresión y de prensa y a recibir y producir información plural y veraz. Pero, sin lugar a dudas, la tarea que se menciona en la disposición transitoria, de aprobar una "Ley de la Comunicación" hasta el 21 de octubre de este año, se torna tan difícil, debido precisamente a que aquí se habla, no solo del derecho a estar bien informado, sino del conocimiento en toda su magnitud actual.

La intención de los asambleístas no fue solamente dar a los ciudadanos del Ecuador nuevas garantías de que las noticias que se les proporciona sean verificables, ni tampoco de proteger a los medios contra posibles aspiraciones de interferencias por parte de las autoridades del Estado. Lo que quisieron los que formularon la primera parte de la Constitución fue presentar una reacción contemporánea a la rasante evolución de las nuevas tecnologías, que ha convertido el acceso a ellas en una nueva forma de convivencia, en inusitada fuente de poder. La pregunta es si nuestro país puede cumplir esta tarea pionera.

Dice el Artículo 17 que el Estado facilitará el acceso a las tecnologías de información y comunicación en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan en forma limitada. Habla de un acceso universal donde la brecha tecnológica es profunda, no solo por la falta de dinero para comprar los aparatos y los programas, sino sobre todo por la generalizada incapacidad de usarlos para una real comunicación. Todo esto, con una tecnología que cambia constantemente y a buen ritmo.

La pregunta es si realmente la intención fue que el derecho a la comunicación sea exigible o si se empaquetó dentro de estas atractivas formulaciones las aspiraciones de rédito y control que se reflejan en otros pasajes de la Carta Magna, donde se alude a los medios en su calidad de fuentes de riqueza, al temor a los monopolios y la necesidad de una ley que regule los contenidos.

Lo que llama la atención es lo poco que se ha discutido hasta ahora, por lo menos públicamente, una ley, que no solo tiene plazo fijo, sino que podría constituir uno de los mecanismos que decida sobre el proceso democrático en el Ecuador a corto plazo y también para el futuro.

El Observatorio Ciudadano de la Comunicación de Cuenca, una ONG dedicada a la veeduría de los medios, hasta ahora sobre todo en relación con el sexismo en la publicidad, convocó la semana pasada a un foro sobre el tema. Pero, aunque interesantes en aspectos puntuales, los ponentes estuvieron muy lejos de poder delinear lo que podría contener o, mejor dicho, debería dejar de contener la nueva Ley de la Comunicación.

Advierten que la nueva Ley Electoral amordazará a medios de comunicación

La Ley del Órgano Electoral sancionada este martes en la Cámara de Senadores fue calificada como "arbitraria" por el analista político Carlos Cordero, quien indicó que esta norma se consolidará como una "ley mordaza" contra los medios de comunicación, toda vez que norma las encuestas, conteos en boca de urna y restringe las campañas políticas.

"Si bien el Gobierno no amordazó a los medios de comunicación, como pretendía. Da la impresión que la Ley mordaza está en la Ley Electoral, toda vez que se amordaza a las empresas que realizan encuestas y norma el horario para dar los datos en boca de urna", dijo.

De hecho, la Ley del Órgano Electoral sancionada, este martes, por la mayoría oficialista en el Senado señala que las encuestas de opinión y de intención de voto, sólo sean difundidas 48 horas antes del día de votación. Otro aspecto es que los resultados del conteo de votos, tal es el caso de las mesas instaladas en las cárceles, tampoco sean difundidas de inmediato "porque podría influir en la decisión del votante".

Es por esto que la Ley del Órgano Electoral reglamenta también la emisión de resultados en boca de urna y establece las 20.00 horas como el nuevo horario para que los medios de comunicación den a conocer los primeros resultados en boca de urna, no así a las 19.00 horas como era antes.

El proyecto de Ley también establece que las empresas encargadas de realizar estudios de intención de voto y encuestas, tendrán que presentar una propuesta al servicio de Interculturalidad del Órgano Electoral Plurinacional y será esa instancia que reglamente.

La Ley del Órgano Electoral contiene 268 artículos, seis títulos divididos entre: el objeto y principios democráticos, la democracia participativa, democracia directa, democracia comunitaria, organización proceso y actos de votación, faltas y delitos electorales, control social y transparencia

País acuerda ceder posiciones en proyecto de Ley de Comunicación

Luego de algo más de tres horas de reunión, la bancada de Alianza País decidió ayer ceder posiciones en el proyecto de Ley de Comunicación, cuyo articulado se aprueba desde el lunes en la Comisión a cargo

Trascendió que el bloque, que cuenta con 54 de 124 legisladores, pedirá a sus seis asambleístas, conversar con la oposición y llegar a varios acuerdos dentro de la mesa.

Uno es el relacionado con el art. 10, que señala que se garantiza el derecho a la libertad de expresión y pensamiento, con una información veraz, verificada, oportuna, contextualizada y plural.

Se supo que A. País decidió evitar más polémica en torno a la ambigüedad del término "veraz", entre otros. 

Además también se abrió la posibilidad de que la integración del Consejo de Comunicación sea ciudadano y que de este modo el organismo tenga una función veedora. El Ejecutivo tendrá a su representante en el Ministerio o la Secretaría de Comunicación, a cargo de dictar las políticas públicas, etc.

La idea es que Betty Carrillo, presidenta de la comisión, sea parte del acuerdo. Pero si no aceptara, la bancada le hará un llamado de atención y además solicitará a los miembros del buró que hablen con ella. En la reunión de esta noche participaron 22 asambleístas, estuvieron Fernando Cordero, César Rodríguez, Rolando Panchana, Mao Moreno, Gastón Gagliardo, María Paula Romo, Virgilio Hernández, María Augusta Calle, Vethowen Chica, Mauro Andino, Ángel Vilema, entre otros. También estuvo el Viceministro de Coordinación Política

Ley de Comunicación, 6 borradores y ningún proyecto terminado

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La Comisión Ocasional de Comunicación vota desde el lunes artículo por artículo del proyecto de Ley que debe ser entregado el próximo viernes.

Contrario a lo que dijo el presidente de la República, Rafael Correa, hace dos semanas, sobre que la Ley de Comunicación no es de vital importancia para el gobierno, los legisladores de PAIS han demostrado en la Asamblea Nacional, que para ellos si es prioritaria.

Esto, luego de que desde que la semana pasada se incrementaron los cabildeos y hasta ciertas maniobras que además de dividir el bloque gobiernista provocaron la aparición de un nuevo documento con el que ya suman cinco los proyectos de Ley de Comunicación que han surgido en el Legislativo después de ocho meses de intenso y polémico debate.

Una de estas acciones fue la aparición de dos proyectos de ley de autoría de la presidenta de la Comisión Ocasional Betty Carrillo; uno fue distribuido a las 11h48 de el jueves 10 de junio a través del correo electrónico de la Comisión en el que se incluye la cuarta reformatoria que habla sobre el acoso mediático.

Este documento no solo lo recibieron periodistas sino también legisladores como Jimmy Pinoargote (Municipalista) quien asegura que a él le llegó esa versión de la ley. "Yo le puedo mostrar el que yo tengo, donde habla del acoso mediático, basado a una reforma penal".

Carrillo por su parte dijo desconocer este documento. "Pueda que alguien este enviando a nombre de la comisión un documento falso. Ya me preocupé", dijo descartando además que en algún borrador enviado por ella exista el tema del acoso mediático.

Carrillo envió también por email el lunes pasado lo que ella asegura es el borrador con el que se trabaja en la Asamblea y sobre el que se está realizando la aprobación del articulado. Este solo tiene tres disposiciones reformatorias.

Sin embargo hay un tercer borrador que fue elaborado por Xavier Flores y Manolo Sarmiento., asesores externos del Presidente de la Asamblea Fernando Cordero.

Flores, aclaró que su trabajo básicamente fue el de pulir un documento base, precisarlo en sus términos y adecuarlo a estándares internacionales de Derechos Humanos.

El informe hecho por los asesores aún no ha sido entregado de manera oficial a la Comisión Ocasional. La legisladora gobiernista María Augusta Calle ha hecho aportaciones al debate basadas en este nuevo documento, pero hasta ayer no habían sido tomadas en cuenta, según Carrillo.

A ese borrador se suman otros tres documentos presentados inicialmente por Rolando Panchana, Lourdes Tibán y César Montúfar en meses anteriores, con lo que ya suman seis los proyectos propuestos para convertirse en la nueva Ley de Comunicación.

Los puntos críticos del debate

Según el articulado distribuido por Betty Carrillo en la integración del Consejo de Comunicación se mantiene la presencia de dos representantes del Ejecutivo. "En un organismo que ejecutará y evaluará políticas públicas es innegable de acuerdo con la Constitución. Si alguien no quisiera que sea así que haga otra Asamblea Constituyente o que modifique parcialmente la Constitución y todos felices. Pero mientras tanto, mientras haya una constitución vigente hay que hacerse cargo y cumplirla", subrayó Xavier Flores.

Sin embargo asambleístas del bloque gobiernista se muestran abiertos al diálogo sobre el tema. "Eso lo vamos a conversar dentro de la Comisión, pero nosotros vemos que dos frente a siete es una proporción adecuada", dijo Rolando Panchana.

Jimmy Pinoargote comentó que en lo que a frecuencias se refiere ahora hay otros temas críticos. "Quitan ellos el tema de las frecuencias provinciales, o sea que los medios solo puedan tener cobertura provincial, pero incorporan una figura que tiene que ver con cobertura. Los medios serian, provinciales, locales y regionales; privados, públicos y comunitarios, pero solamente podrían tener una concesión en cualquiera de esas aéreas".

Así también el último borrador de Carrillo dispone, según Pinoargote, la renovación de frecuencias mediante concurso. Su propuesta es otra: "La renovación debe ser automática, siempre y cuando se cumplan los parámetros, tanto técnicos, como contemplados en el contrato de concesión", sostuvo.

A 180 días de discusión y enfrentamientos por los denominados puntos polémicos de la ley, los legisladores de la Comisión ocasional han logrado aprobar 28 artículos en la última semana de plazo para entregar el informe.

Siete de ellos se aprobaron el lunes y otros veintiuno, hasta ayer al medio día. El documento que impulsa Carrillo contiene 99 artículos, una disposición general, siete transitorias, una derogatoria, tres reformatorias y una disposición final.

Este viernes la Comisión debe entregar el informe del segundo y definitivo debate.(Fuente: Buró de análisis)

Consejo de Comunicación causa polémica

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La bancada de AP analizó el proyecto de ley; mientras que la minoría trabaja en un plan alternativo.

Las atribuciones e  integración del Consejo de Comunicación e Información concentraron ayer la atención de la bancada oficialista y de la oposición.Tras dos días de análisis y aprobación de los articulados referentes al objeto y ámbito de la comunicación, a los principios y derechos de libertad, igualdad y participación, y al Sistema de Comunicación, ayer la Comisión Ocasional de Comunicación puso sobre la mesa el análisis de la constitución del Consejo, tema que fue cuestionado desde un inicio por los asambleístas de minoría. 

La propuesta presentada por la presidenta de la Comisión, Betty Carrillo, señala que el Consejo es un organismo público con personalidad jurídica y autonomía funcional, administrativa y financiera, cuya finalidad es el pleno ejercicio de los derechos a la comunicación. 

Destaca además que este órgano estará integrado por siete postulados: dos del Presidente de la República, uno del Consejo de Igualdad, uno de las facultades o escuelas de Comunicación Social y tres de la ciudadanía. 

El proyecto incluye dentro de sus atribuciones formular y ejecutar los planes y políticas públicas y nacionales para promover y garantizar los derechos de comunicación y monitorear las publicaciones y programación de todos los medios de comunicación del país. 

Carrillo indicó que de darse aportes por parte de su bancada política Alianza PAÍS, estos deberán ser planteados en la comisión. Esto lo dijo una vez que a las 17:00 de ayer estaba previsto que el bloque del oficialismo se reuniera para debatir sobre el proyecto de ley.  Carrillo, quien encargó la presidencia de la Comisión a Mauro Andino, indicó que regresará a la titularidad cuando se hayan discutido todos los artículos del proyecto.  

Expresó que queda poco tiempo para preparar el informe debido a que tiene hasta el sábado para presentarlo. Sin embargo no creyó pertinente pedir otra prórroga.Ante las críticas de la minoría, aclaró que en ningún momento se ha roto el Acuerdo Político con los jefes de bloque y más bien acotó que se ha dado oportunidad a los asambleístas para presentar sus propuestas. Incluso advirtió que al interior de la Comisión se discute artículo por artículo sin contar con un documento oficial como se ha dicho. No obstante, la propuesta del presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, está siendo recogida.  En tanto Rolando Panchana expuso que lo vital del Consejo son las atribuciones.

Por su parte, los asambleístas de minoría, César Montúfar, Jimmy Pinoargote, Fausto Cobo y el alterno de Cynthia Viteri junto a los jefes de bloque, a excepción de PK y AP, ratificaron el Acuerdo Político y decidieron  que el Ejecutivo y los poderes fácticos queden fuera del Consejo. Rechazaron además la aprobación del artículo 10 referente al  derecho de libertad de expresión y crearon una comisión de redacción de una propuesta alternativa.

Termina debate de Servicio Público

El pleno de la Asamblea concluyó ayer con el segundo debate de la Ley de Servicio Público. A la Comisión, respectiva, le compete recoger  los criterios para preparar el informe definitivo que será votado oportunamente.

Los asambleístas hicieron nuevas observaciones en lo referente a la exclusividad del servicio público para los connacionales. La propuesta de la asambleísta de Alianza PAIS, María Paula Romo, de dejar fuera de esta ley a las funciones Legislativa y Judicial para que tengan autonomía para organizarse, fue respalda por el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, quien encargó -por un momento- la Presidencia a Rolando Panchana.Cordero dijo que la ley debe ser revisada integralmente para mantener coherencia con el propósito descentralizador de la norma constitucional. Añadió que el proyecto de ley debe eliminar toda injerencia del Ministerio de Relaciones Laborales en las entidades que gozan de autonomía, así como en los gobiernos autónomos  El órgano aseguró que con la sanción se garantiza la plena vigencia de la norma de la democracia. Volverán los foros participativos a las provincias para que toda la comunidad realice aportes a su reglamentación.

 En una conferencia de prensa realizada este mediodía en la sede del ISER de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, ente asesor en la política de radiodifusión creado por la nueva ley de medios, se pronunció sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia que desestimó una medida cautelar que suspendía la norma aprobada por amplia mayoría en el Congreso. "Expreso la satisfacción del Consejo por el fallo de la Corte que revocó la medida cautelar permitiendo la plena aplicación de la Ley tan debatida en el país y votada en el Congreso", ponderó el presidente del ente y dirigente de la Federación Argentina de Radios Comunitarias (FARCo) Nestor Busso. N Asimismo, Busso anunció que se resolvió la implementación de un sistema de foros abiertos y participativos para instrumentar la reglamentación de la norma de la democracia, "donde cualquier ciudadano o ciudadana, o cualquier organización, pueda aportar a ello", señaló y detalló que las propuestas y aportes hechos por la comunidad serán recepcionadas y elevadas a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación, y al Poder Ejecutivo para que se dicte el decreto correspondiente tal cual lo establece la ley. 

Vuelven los foros federales

En cuanto a la aplicación de foros federales para aportar a la reglamentación de la ley, el subsecretario de Políticas Comunicacionales y representante chaqueño en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, Néstor Avalle adelantó que si bien, el Consejo se encuentra debatiendo la metodología a implementarse, en principio se extenderán desde el 28 de junio al 2 de julio, en todas las provincias y con un mecanismo similar al aplicado durante la sanción de la ley donde se expresaron las voces de todos los sectores de la comunidad. Asimismo y en relación al saludado fallo, Avalle apuntó que "es contundente y sienta un precedente fundamental" sostuvo y puntualizó que el mismo servirá como antecedente ante otros planteos existentes a la ley, como el de Salta, y el planteado por el multimedios Clarín en relación al artículo 161 de la norma, que obliga a las corporaciones mediáticas a desprenderse de las licencias que exceden el límite permitido, para garantizar la desconcentración monopólica y la pluralidad de voces. Consultado sobre la plena vigencia de la norma, tal cual lo anunciara el Consejo Federal que integra, el representante chaqueño observó que pese al tratamiento que el tema tuvo en los medios oligopólicos nacionales, con titulares como: "La ley sigue suspendida"; "aún faltan las comunicaciones de estilo, o sea el tiempo administrativo puntual de los procesos judiciales en la comunicación correspondiente para determinar que la ley esté en plena vigencia de aplicabilidad", concluyó.

A. País tras un nuevo proyecto de ley de Comunicación

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A una semana de que termine la última prórroga solicitada por la Comisión Ocasional, el informe del proyecto de Ley de Comunicación tiene cuatro versiones distintas.

Se trata del documento que maneja Betty Carrillo, presidenta de la Comisión Ocasional.  Sobre el Consejo de Comunicación, Fernando Cordero señaló que al ser las frecuencias y el espectro radioeléctrico un aspecto privativo del Gobierno, le correspondería postular a o las personas para ocupar un puesto de minoría en esta instancia.

Además, dijo que debe haber un vínculo entre quienes van a administrar el espectro radioeléctrico y las frecuencias, vigilados por la sociedad. Así evitarían los monopolios y concentraciones que violen los derechos humanos, aspecto que se aclarará en las transitorias de la Ley.

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La cobertura de los canales de televisión y radios no será solo provincial, pero solicitarán que las grandes cadenas se enlacen con la cobertura regional. El segundo es el que preparan los asambleístas de minoría. Mientras que los dos últimos informes provienen de los asesores de la Presidencia de la Asamblea: uno elaborado por Xavier Flores y Manolo Sarmiento y el otro por Guillermo Navarro.Hasta el momento, el respaldo político del oficialismo se inclina en favor de la propuesta de Flores y Sarmiento. Así, la bancada de Alianza País terminó por dar la espalda a la propuesta de Carrillo. A lo largo de esta semana, sus legisladores cuestionaron el contenido de ese informe. César Rodríguez, Virgilio Hernández, María Paula Romo e incluso sus colegas que integran la mesa ocasional lo criticaron fuertemente. Ángel Vilema propuso que el tema de frecuencias y del espectro radioeléctrico, por ejemplo, se tratara en una Ley de Telecomunicaciones. Él, al igual que el resto del bloque, se opuso además a la figura del "acoso mediático". Carrillo sorprendió a sus colegas al hablar de este tema, que no fue presentado con anterioridad en la Comisión pero que finalmente fue retirado del borrador.

 Con el texto de Carrillo sin respaldo, y su impulsora ausente por licencia médica, la noche del jueves, 35 miembros de A. País dieron forma a un texto alternativo. Carrillo ha insistido en no acoger las observaciones de sus compañeros, pues es la Presidenta de la Comisión y cualquier revisión debía hacerse en ese espacio. Pese a ello, Rodríguez, como coordinador de bloque, afirmó que la legisladora debe apoyar una decisión tomada colectivamente. Y anunció que charlará con ella el fin de semana.  "Quiero que le baje la presión a Betty. No deseo entrar en polémica. Si yo tengo mañana una actitud que no sintoniza con el movimiento, no me deben desconocer. Debo aceptar que esa es mi opinión y que la de la mayoría es otra". El titular de la Legislatura Fernando Cordero coincidió con Rodríguez en el mecanismo que usarán para que las tesis de la bancada se incluyan en el informe, para segundo debate, sin violentar la majestad de la Comisión. Desde el lunes, previo a la votación que podría alargarse hasta el miércoles, los seis delegados oficialistas deberán poner sobre la mesa de debate la propuesta del bloque. Para ello, Alianza País necesita de seis votos que respalden el informe final, pues la Comisión está conformada por 11 sillas.Cordero también anunció estar dispuesto a reunirse con otros bloques, si es preciso este fin de semana. Su idea es ir más allá del acuerdo de siete puntos, firmado con toda la oposición, el 17 de diciembre pasado. No se sabe cómo terminará la pugna surgida con Carrillo que terminó por hacerse pública ayer. En una entrevista en Radio Democracia, Cordero, creyendo que los micrófonos se habían apagado, dijo que muchos de sus coidearios han recomendado a Carrillo no ser necia...  El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó este miércoles una nueva ley electoral que, a juicio de analistas, limita las encuestas previas a elecciones y restringe a los medios de comunicación la difusión del conteo de votos.

La nueva norma, que contiene 268 artículos, establece que las encuestas preelectorales sólo se podrán difundir 48 horas antes de cada votación, mientras que retrasa la emisión del recuento de sufragios que realizan los medios televisivos, tanto de conteo rápido como de boca de urna, hasta las 20H00 del día del comicio. Ese artículo fue calificado por el sociólogo y docente universitario Carlos Cordero como "censura a la libertad de expresión". "Regular a las encuestadoras tiene un limite, todos tenemos derecho a opinar en base a las encuestas. Esa ley va a censurar la libertad de expresión, porque además va a fiscalizar la metodología de la entrega de datos, si esos datos no coinciden con las expectativas electorales del estado", dijo Cordero a la AFP.

El presidente Morales defendió la nueva ley electoral durante su promulgación, al aseverar que garantizará "la participación del pueblo" en futuras jornadas electorales y permitirá a los electores "revocar el mandato de las autoridades electas" si así lo decidiesen.

Esta nueva ley también obliga a las empresas encuestadoras a pedir permiso para realizar sondeos al Organo Electoral Plurinacional, entidad que ahora tendrá a su cargo la realización de comicios en reemplazo de la Corte Nacional Electoral.

El asambleísta de Sociedad Patriótica expresó que más que un Consejo de Comunicación, se que pretende crear una Ayer, los legisladores de oposición de la Comisión de Comunicación convocaron a los jefes de las bancadas legislativas para la ratificación del acuerdo suscrito en diciembre del 2009. Sin embargo, a la cita no acudieron Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional, ni César Rodríguez, uno de los dirigentes del movimiento Alianza PAÍS. "Con cinismo, sin ninguna vergüenza, sin honrar la palabra y la firma que frente al pueblo ecuatoriano lucieron en el acuerdo ético – político... No solo eso, sino que violaron la propia Constitución que ellos elaboraron en Montecristi", mencionó Cobo. Dijo que en la reunión los representantes de las fuerzas políticas se ratificaron en el acuerdo y se tomaron otras resoluciones, como la no presentación de un informe de minoría "para no dar motivos de discrepancia".Asimismo, explicó que con la propuesta de Ley presentada por el oficialismo se violan flagrantemente las normas e instrumentos internacionales señalados en el artículo 10 de la Carta Magna. Además, advirtió que este organismo tendría más de dos representantes del Ejecutivo pues según el artículo 157 de la Constitución "Los consejos nacionales de igualdad se integrarán de forma paritaria, por representantes de la sociedad civil y del Estado, y estarán presididos por quien represente a la Función Ejecutiva". "Es decir, es un tercer integrante del Consejo de Comunicación, que no es un Consejo de Comunicación es una comisaría realmente, un tribunal inquisidor", acotó.El legislador de SP sostuvo que la futura Ley de Comunicación es un proyecto político del gobierno basado en tres pilares: censurar la libertad de expresión y pensamiento; controlar a medios de comunicación, a través de la censura previa; y, convertir al espectro radioeléctrico en un botín político.       

Los ejes del proyecto de Ley de Comunicación van quedando conforme a lo previsto por el oficialismo, lo cual genera el rechazo de la oposición, según reportó Ecuavisa. Hoy aparecieron ante la prensa algunos asambleístas de oposición para cuestionar cómo el bloque de gobierno va aprobando la probable Ley de Comunicación. Estuvieron presentes César Montúfar, Jimmy Pinoargote y Fausto Cobo. Este último indicó que "este tongo es el que está poniéndose en práctica en la Comisión". Critican la aprobación del artículo 10 que reconoce la libertad de pensamiento y expresión y dice que la información será veraz, verificada, oportuna, contextualizada y plural. Dicen que esas son condiciones negativas.

"Esto es ir en contra de todo lo que dicen los principios internacionales, es ir en contra del derecho humano más importante que es el derecho a la libertad", expresó César Montúfar. El oficialismo lo rechaza y dice que esas condiciones son disposiciones de la propia Constitución. "Cómo así describir o repetir lo que dice la Constitución resulta inconstitucional", se preguntó Rolando Panchana. En ese marco, la Comisión aprueba varios artículos del proyecto de Betty Carrillo. Se aprueba que habrá derecho a la rectificación obligatoria, inmediata y gratuita para todos los agraviados por informaciones falsas o tendenciosas. El informe final será presentado el viernes al plenario de la Asamblea, donde se requieren 63 votos para aprobarlo. AER Pichincha se opone

El gremio de radiodifusores está en contra de que la renovación de frecuencias sea cada 10 años, a la limitación de cobertura y a sanciones que llegarían al 20% de la facturación de los últimos 3 meses. Edgar Yánez, presidente de AER Pichincha, manifestó que los radiodifusores se presentarán ante los asambleístas con leyes y reglamentos "para que los legisladores voten con conocimiento de causa y no por motivaciones políticas o porque la radio o la televisión tal me cae mal".

La asambleísta reitera en que el acuerdo legislativo se ha cumplido, pero que el único tema divergente es el Consejo Nacional de Comunicación e Información.

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La presidenta de la Comisión de Comunicación dijo conocer, a través de informaciones, que Fernando Cordero "ha puesto asesores" para hacer un informe alternativo que respete el acuerdo, la Constitución y los tratados internacionales de Derechos Humanos.

Indicó que, al igual que los legisladores oficialistas de la comisión ocasional, desconoce el nuevo texto. "Veamos si son cambios de fondo porque si son cambios solamente de forma habríamos alarmado innecesariamente al país", declaró sobre el documento.

Betty Carrillo, quien se ausentó dos días en sus funciones por prescripción médica, no considera que sus compañeros le hayan dado la espalda.

"Que el presidente de la Asamblea tenga un criterio no significa ni es la voz del bloque de PAÍS. Hay muchos compañeros que están conscientes de que son en las comisiones donde se deben resolver las cosas", enfatizó.

Asimismo, defendió el intenso trabajo de la Comisión de Comunicación por casi 10 meses y haber recibido a 200 personas, propuestas, ciudadanos, y asambleístas en las sesiones.

"El malestar que existió para Fernando Cordero fue que me pidieron que cambie el informe que les iba a entregar a los compañeros de la comisión y que ponga cosas y sugerencias que lo hacían en el bloque de PAÍS. Yo soy del bloque de PAÍS pero me parece una falta de respeto que quienes formamos parte de la mesa no sean quienes tomen las decisiones", explicó Carrillo, quien aseguró que había propuestas interesantes, pero que estas debían ser debatidas en el seno de la comisión.

Respecto al tema del delito de acoso mediático, la asambleísta afirmó que ya está eliminado al no ser tratado por la comisión por lo que el único tema polémico es la conformación del Consejo. Además, explicó que la eliminación de los delitos de opinión no es competencia de la comisión que dirige sino de la de Justicia, la cual ya está elaborando una reforma para seguir con la tendencia mundial.

Para hoy se prevé que los miembros de la comisión decidan qué informe de Comunicación pasa al pleno para segundo y definitivo debate.

Cordero habla sobre informe alternativo de Comunicación

Señala que este borrador, preparado por legisladores oficialistas, "no tiene nada que pueda parecerse a una mordaza". Se espera presentarlo hoy a los demás bancadas.

"Realmente creo que todos pueden apagar las alarmas, no hay razón par alarmarse", indicó el presidente de la Asamblea Nacional al iniciar una entrevista en Contacto Directo sobre el llamado que hicieran asambleístas de oposición al conocer la propuesta de Betty Carrillo.

Cordero explicó que anoche una mayoría significativa de quienes integran el bloque de PAÍS dieron su aval para que en las próximas sesiones de la Comisión de Comunicación sea presentado un texto "alternativo". "Creo que será un texto que tiene todo el apoyo del movimiento PAÍS y que tiene, con mucha certeza, apoyo en otros sectores", comentó. Además, dijo que se aspira un apoyo unánime porque cumple "estrictamente" todo el acuerdo legislativo suscrito en diciembre. El titular de la Función Legislativa aclaró que este informe alternativo es una "reacción" frente al borrador presentado por Carrillo "que no es sino eso, un borrador" que recién fue conocido ayer en la tarde y aún no ha sido difundido.

El asambleísta considera que la nueva propuesta no contiene excesos y, si es posible, sería difundida desde hoy para "que se puedan visibilizar, más que las diferencias, las consistencias de muchos temas que han causado innecesariamente polémica". Entre los temas críticos, mencionó las atribuciones del Consejo de Comunicación y el sistema de sanciones administrativas, las cuales han sido "sintonizados" a la Constitución –respecto a derechos de comunicación y libertades- y tratados internacionales.

Cordero no descartó una representación del Ejecutivo en el nuevo organismo pues comentó que el acuerdo legislativo hablada de "dependencias" del poder político. Asimismo descartó que entidades como la Superintendencia de Telecomunicaciones y el Consejo Nacional de Telecomunicaciones tengan la potestad de suspender medios. "Esta ley no tiene nada que pueda parecerse a una mordaza", enfatizó.

Discrepancias en el oficialismo por Ley de Comunicación

El bloque de gobierno sesiona a puerta cerrada y sin acceso a la prensa.

Betty Carrillo, presidenta de la comisión, hizo públicas las divergencias al interior del bloque. "Lo que sí lamento son criterios de personas que, desde mi punto de vista, se han sumado y han caído en los poderes fácticos, dijo.

La asambleísta no dio nombres pero adelantó "que pronto se podrán escuchar esas voces y podrán identificar a quién me refiero".

Por su parte, el legislador César Rodríguez comentó el proyecto de Ley de Comunicación "encontramos una serie de deficiencias que pensamos que tienen que ser corregidas y cambiadas". A esto, Betty Amores agregó que "todavía no hubo una definición sobre el tema del Consejo".

Al igual que la Ley de Recursos Hídricos, no se descarta un posible limbo legislativo para la Ley de Medios. Los legisladores de Alianza PAÍS mantiene una reunión reservada para analizar puntos críticos como el Consejo de Comunicación, la regulación de frecuencias y el sistema de sanciones.

No descartan fracaso de la Ley de Comunicación

Así lo advierte la presidenta de la comisión especializada de la Asamblea Legislativa, Betty Carrillo.

El proyecto será analizado en las próximas horas por el bloque asambleísta del oficialismo.

Aparentemente no tendrían los 63 votos necesarios para aprobarla y se cuestiona también la conflictividad que genera este proyecto de Ley de Comunicación.

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Carrillo comentó que "para el Ejecutivo es mucho mejor que esté vigente la ley actual de Radio y Televisión, en primer lugar porque no garantiza derechos y en segundo lugar porque le da un poder absoluto al Ejecutivo". Este fin de semana se entregó el proyecto para que los asambleístas de gobierno lo analicen. Mantiene aspectos críticos como un Consejo de Comunicación con representación del Gobierno y la limitación de cobertura nacional de los medios, o la limitación de la renovación de frecuencias radioléctricas a 20 años.

Betty Carrillo aclara que no se han sumado otros aspectos conflictivos a la ley y que "no existe intolerancia política dentro del proyecto".

Cordero: Ley Comunicación es para la gente, no para el gobiernoDescarta que, través de la futura ley, el régimen pretende adueñarse de las frecuencias y limitar a los medios de comunicación.

El presidente de la Asamblea Nacional ofreció una rueda de prensa para anunciar la nueva prórroga para la entrega del informe para segundo debate; afirma que pasado ese tiempo, el país tendrá una Ley de Comunicación.

Respecto al Consejo de Comunicación e Información, tema sensible en los debates, Cordero prometió un organismo "sin trampas" pero con presencia reguladora del gobierno, algo que según él, no representa violación alguna al acuerdo legislativo.

Pese al rechazo no sólo de legisladores de oposición, medios de comunicación y sectores sociales, puntualizó que lo más importante no es su conformación sino las competencias que se le darán en la futura Ley.

Además, aseguró que se han recogido observaciones, como la que entre sus integrantes no estén ministros, ni personas de libre nombramiento, sino personas que tengan periodo fijo, de modo que no haya dependencia ni injerencia.

El oficialista hizo duras críticas contra quienes se oponen a una Ley de Medios. "No será que a los poderes fácticos les interesa que no haya ley. No será que los que están publicando páginas enormes de que la mordaza llega será que se quieren quedar en el estado en el que están porque están haciendo lo que les da la gana", cuestionó. Asimismo, descartó las acusaciones de que el gobierno pretende apoderarse de las frecuencias radioeléctricas y limitar la cobertura nacional de los medios de comunicación.

"(el gobierno) Debe democratizar el uso del espectro radioeléctrico. Es que aquellas frecuencias ilegales, ilegítimas sean declaradas vacantes, queden libres", expuso Comisión analiza si Ley de Comunicación va a consulta prelegislativa Los asambleístas de la comisión especializada analizarán el contenido del articulado del proyecto para tomar una decisión, informa la agencia de noticias Andes.

El tema se comentó, brevemente, en la sesión del miércoles, considerando que existió una petición de la asambleísta Lourdes Tibán en el sentido que determinados temas del proyecto de Ley de Comunicación sean sometidos a consulta prelegislativa, argumentando lo previsto en el artículo 57, numerales 17 y 21, de la Constitución.

Este último numeral referente a "la creación de sus propios medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás, sin discriminación alguna El organismo legislativo acordó que el Estado reservará al menos el 33% del espacio radioeléctrico para los medios comunitarios, cuando anteriormente había el criterio de que sea el 25%. La violación de esta disposición será sancionada con la destitución del funcionario o autoridad responsable.

Dicha propuesta fue presentada por la asambleísta María Augusta Calle y apoyada por los comentarios de Lourdes Tibán, Betty Carrillo, Ángel Vilema, Jimmy Pinoargote y Miriam Jaramillo.

El Gobierno tendrá dos delegados en el Consejo de Comunicación

"Quedó roto el acuerdo…", Con esas palabras de Lourdes Tibán (PK) se selló la votación con la que PAIS dio paso a que el Ejecutivo tenga tres miembros en el Consejo de Comunicación, quebrantando así el consenso logrado por los bloques en diciembre de 2009.

Ese "pacto" legislativo señalaba que dicho organismo será autónomo e independiente de los gobiernos de turno y de los poderes fácticos (la prensa) pero el oficialismo insiste en que esa autonomía e independencia se mantendrá porque los representantes del Ejecutivo estarán en minoría. El texto aprobado fue el presentado por la presidenta de la Comisión, Betty Carrillo (PAIS). De esa forma, el Consejo estaría conformado por dos delegados directos del Presidente de la República, uno del Consejo de Igualdad de Niñez y Adolescencia, uno de las facultades de Comunicación y tres de la ciudadanía elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana. "Los consejos de igualdad son parte de la Función Ejecutiva", explicó César Montúfar (CND) tras retirarse de la Comisión junto a los otros tres asambleístas de oposición para rechazar lo que Jimmy Pinoargote (Ind.) llamó "la dictadura de los votos". Pero luego de ello volvieron a la sesión. Previo a la votación, Montúfar mocionó que se elimine del artículo los literales A y B que aluden a los representantes del Gobierno pero PAIS ganó la votación para negar aquello. Luego, el legislador pidió al oficialismo que exponga sus argumentos para querer al Ejecutivo en el ente pero Carrillo sólo dijo que eso ya se había debatido lo suficiente dentro y fuera de la Comisión de Comunicación.

Antes de tratar la integración del Consejo, se aprobó el artículo sobre las facultades que éste tendrá. En total son 19 atribuciones entre las que constan llevar el registro de los medios, implementar mecanismos para que los medios transparenten información sobre sus niveles de sintonía o tiraje y monitorear el cumplimiento de la clasificación de contenidos y las franjas horarias.

Los jefes de 10 bloques legislativos ratificaron su compromiso con el acuerdo que firmaron en diciembre de 2009 para la construcción de la ley de comunicación el cual, entre otros temas, rechaza la participación del Ejecutivo en el futuro Consejo de Comunicación.

La cita fue organizada por los asambleístas de oposición de la Comisión de Comunicación, quienes dicen que PAIS rompió dicha acta de consenso.

Los oficialistas no acudieron a la convocatoria, según Vethowen Chica, porque no les avisaron. Más allá de esta ausencia, los jefes de bloque resolvieron armar una comisión que elabore textos alternativos a los artículos más polémicos del proyecto. Pero debían hacerlo antes de que se aprueben los artículos pues, ahora ya no se los podrá incorporar en el informe de segundo debate.

Los delegados de todas las fuerzas políticas, a excepción de Alianza País (bancada de mayoría con 54 de 124 asambleístas) participaron de la reunión, en la que se trató sobre el proyecto de Ley de Comunicación. Asistieron los presidentes de los bloques del PSP, Prian, MPD, PRE, ADE, Alianza Libertad, Madera de Guerrero y PSC y socialistas.

Los legisladores de oposición y de minoría en la mesa de Comunicación, César Montúfar, Jimmy Pinargote, Ernesto Borja y Fausto Cobo convocaron a los jefes de bloque. César Rodríguez, oficialista, fue el único ausente, pese a haber sido invitado.Los asistentes decidieron formar una comisión de redacción de textos alternativos, en la cual estarán Paco Moncayo (Alianza Libertad), Silvia Salgado (socialista), Jorge Escala (MPD), Cinthia Viteri o Borja (PSC- Madera de Guerrero) y Montúfar.  Hubo un consenso en rechazar la participación del Ejecutivo en el Consejo de Comunicación.

Gilmar Gutiérrez (PSP) planteó la dificultad de contar con 83 votos para ratificar el proyecto de Ley de Comunicación, aprobado, ante un posible veto del Ejecutivo.

Organismos internacionales preocupados El proyecto de Ley de Comunicación que analiza la Asamblea Nacional ha recibido observaciones de parte de varias entidades internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En diciembre del año pasado el director de Unesco-Quito, Edouard Matoko, envió al presidente de la Asamblea, Fernando Cordero (PAIS), un documento con 122 páginas en el que se detallaron 22 observaciones al proyecto de ley.

El organismo advirtió que el proyecto contiene aspectos no alineados con los estándares e instrumentos internacionales. A la Unesco le preocupa las facultades e integración del Consejo de Comunicación, pues a su criterio, el proyecto en estudio otorga "una enorme concentración de poderes para un solo organismo estatal que no tiene una independencia clara del Gobierno, y con facultades muy amplias, discrecionales y laxas que podrán convertirse en restricciones a derechos fundamentales". Agrega que se otorgan más poderes al Consejo que lo que el propio articulado define como finalidad del mismo. Además, se cuestiona la integración del Consejo y se apunta que debe expresarse la independencia política y jerárquica del Gobierno en materia de decisiones. Los asuntos más inadecuados, según la Unesco, se refieren a la expedición de un registro habilitante para el funcionamiento de medios y su posible cancelación, inclusive de medios escritos, y la evaluación y eventual sanción por considerar que periodistas, medios o personas a través de los medios difundieron información que no sea considerada veraz.

La relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Catalina Botero, también hizo reparos al proyecto en diciembre.Entre los temas que le causan preocupación están el de la censura previa, la imposición del título de comunicador social como requisito para ejercer el periodismo, el sistema de registro de medios y régimen de sanciones, la posible intervención en contenidos, y garantizar la reserva de la fuente.La Relatoría volvió a señalar en abril de este año, en un comunicado al presidente Rafael Correa, que si se aprueba el texto actual de la ley de comunicación se afectarían las libertades de prensa y de expresión.

Dos sillas para ejecutivo en ente que controlará

Con una moción de Rolando Panchana (PAIS) para respaldar el texto presentado por Betty Carrillo (PAIS), los seis oficialistas integrantes de la Comisión Ocasional de Comunicación aprobaron ayer que el futuro Consejo de Comunicación cuente con dos representantes del Presidente de la República, uno de los Consejos de Igualdad, uno de las facultades o escuelas de comunicación y tres de la ciudadanía (que serían designados por el Consejo de Participación Ciudadana)..A las 17:30, cuando la Secretaría de la Comisión proclamó los resultados: 6 votos a favor de PAIS y cinco en contra de MG, SP, CDN, MMIN y PK, Lourdes Tibán (PK) exclamó: "Quedó roto el acuerdo (político)" y el resto de la oposición denunció que el presidente Rafael Correa no tendrá dos miembros, sino tres de un total de siete, porque los Consejos de Igualdad son parte del Ejecutivo.  La oposición recordó que el cuarto punto del acuerdo político firmado en diciembre pasado establecía que el Consejo de Comunicación tendrá autonomía e independencia del Gobierno y de los poderes fácticos y que la Constitución prohíbe que un organismo regulador esté integrado por representantes que se constituyan en juez y parte al momento de tomar decisiones.Antes de votar por la integración del Consejo, con los mismos 6 votos, PAIS aprobó 19 atribuciones para el Consejo de Comunicación.

Entre ellas, proteger y promover la vigencia efectiva de los derechos a la comunicación establecidos en la Constitución; los instrumentos internacionales y la ley; vigilar que las políticas públicas garanticen y promuevan los derechos de comunicación; conocer y resolver en sede administrativa sobre las vulneraciones a los derechos a la comunicación; el monitoreo técnico de la programación de radio y televisión con el fin de determinar el cumplimiento de la clasificación de contenidos y franjas horarias; y, promover la deliberación pública y el debate, mediante audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios u otros mecanismos ciudadanos. Se agregó una atribución propuesta por Panchana en el sentido de que el Consejo promueva la transparencia en la información sobre el tiraje, sintonía y niveles de audiencia de los medios. Pero no acogió la de Montúfar para que "los servidores públicos no vulneren los derechos humanos de los ciudadanos", haciendo referencia a las cadenas sabatinas del presidente Rafael Correa.

Tibán recordó que en el art. 68 del proyecto que todavía no se vota (hasta las 18:30 de ayer), al Consejo se le da otra atribución: la de otorgar los títulos habilitantes para el uso del espectro radioeléctrico y pidió que se aclare si debe entrar en las atribuciones, pero el oficialismo no habló del tema. La Comisión aprobó anoche hasta el artículo 55 del proyecto de Ley de Comunicación. Se dio luz verde a los requisitos para ser parte del Consejo de Comunicación, la designación, su estructura, funcionamiento y los requisitos para ser secretario técnico del ente.

Los miembros del Consejo durarán cuatro años en sus funciones y no serán de libre remoción. El Presidente tendrá voto dirimente y durará dos años en funciones.La oposición se reintegró a la discusión a las 18:38 pero los integrantes del oficialismo salieron del recinto supuestamente por 5 minutos, sin embargo, la ausencia se extendió por casi hora, para reunirse con el asambleísta César Rodríguez (PAIS) en la segunda vicepresidencia de la Asamblea.Al llegar al artículo 56 sobre los procedimientos administrativos la sesión se estancó porque no se habían definido las competencias de los delegados territoriales del Consejo.

Ley de Comunicación propone nuevo organismo

El asambleísta Rolando Panchana durante la presentación del proyecto de Ley de Comunicación elaborado por el oficialismo

Quito. La propuesta de ley de Comunicación del Gobierno, presentada ayer por el asambleísta Rolando Panchana, segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional, reveló, entre otros puntos, la creación del Consejo Nacional de Comunicación. Este organismo estará encargado del control de la actividad de los medios de comunicación y en general supervisará el tema a escala de país.Según Panchana, el proyecto "garantiza los derechos que tienen las personas, comunidades, colectivos, pueblos y nacionalidades a acceder a todas las formas, medios y servicios de comunicación, en su propia lengua y con sus propios símbolos".El ex comunicador informó que el documento, que será presentado oficialmente hoy, a las 11:00, ante la Secretaría de la Asamblea, será socializado con los diversos actores de la comunicación,. El propósito es receptar las observaciones, comentarios y sugerencias, las mismas que serán sistematizadas, para enriquecer la propuesta.

DerechosA criterio del proyecto gobiernista, los contenidos de los medios "deberán encaminarse al cumplimiento de los derechos de las personas, pueblos, comunidades y nacionalidades a la comunicación e información de conformidad con lo que consagra la Constitución".

El Estado, para garantizar el ejercicio integral de la comunicación y de la información, "promoverá apoyo a la gestión institucional, el protagonismo e interacción de las personas, el acceso al desarrollo científico y tecnológico, en el marco de un orden democrático, de forma ética, incluyente, participativa, diversa y equitativa".

Medios Panchana señaló que los medios de comunicación públicos pertenecen a la sociedad ecuatoriana. A más de cumplir con los objetivos de informar y entretener, "deben producir y difundir contenidos altamente educativos, que fomenten la inclusión, la interculturalidad, la identidad nacional y los derechos humanos. Éstos no tendrán fines de lucro". Agregó que "se consideran medios privados de comunicación, aquellos cuya propiedad, administración y dirección corresponda a personas naturales o jurídicas privadas, reconocidas por la Constitución y las leyes".

Proyecto de Ley de Comunicación en Ecuador es inconstitucional

Es inconstitucional por que va directamente en contra de la misma Constitución Política elaborada en Montecristi por los mismos genios que están elaborando esta maravillosa ley, que les permitirá tener el control total sobre la prensa. Es inconstitucional porque en la misa Carta Magna elaborada por ellos mismos, reza que ninguna otra ley puede estar sobre la Constitución Política del Estado, es decir que no pueden existir leyes superiores que la Constitución y si esta ley está abiertamente oponiéndose a la misma, entonces es inconstitucional.

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.

Es inconstitucional porque no puede existir dos organismos rectores que manejen las leyes en este país, es decir Corte Constitucional y Estado propiamente dicho, al ser el estado el ente fiscalizador de esta ley, sería como lavar dólares o lo que se conoce en derecho como "legitimización", es decir dar carácter de legalidad a algo viciado de nulidad, como el hecho de censurar la noticia, cuál es buena o cuál es mala, es como darle de escoger a un niño su comida de entre un plato de espinacas, otro de verduras con carne, una sopa de pollo o una hamburguesa y helado solo va a escoger lo que le gusta (hamburguesa y helado) y lo que no le gusta, lo desechará, haciéndole un daño irreparable a su organismo en crecimiento, igual, el gobierno solo escogerá que le publiquen sus noticias halagadoras, dejado a un lado las que no les agrada para su promoción política, haciéndole un daño terrible e irreparable a la opinión pública que verá solo el "lado bonito", o el que quiere dejar ver el gobierno de turno, negándo el derecho a la información que tiene la ciudadanía y que por la "famosilla Ley de Comunicación", no se va a enterar nunca. Por todo esto es inconstitucional por que atenta a los mismo derechos ciudadanos consagrados en la Constitución aprobada en Montecristi.

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:

  • 1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos.

  • 2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la comunicación. Además ¿por qué el gobierno necesita urgente y precisamente una Ley para la prensa?, para acallarla y continuar despilfarrando "a piacere" millones de dólares en una muy bien elaborada campaña publicitaria elaborada maravillosamente por gente muy calificada en esta área que es la que rodea el gobierno de la "revolución" y que la llevó al triunfo, por esto es que a parte de pertenecer ahora oficialmente al gobierno (en agradecimiento), están allí por sus propios méritos, ¿Cómo iba el gobierno dejar ir mentes tan brillantes?, por que en realidad que los son, sino lo fueran no hubieses sido posible deslumbrar y enceguecer a millones de ecuatorianos, que embriagados de discursos demagógicos y de rencores escondidos fueron a las urnas henchidos de esperanza para dar el apoyo a la revolución, claro está que lo que la población deseaba era el cambiopero no este cambio, ahora muchos han recapacitado y esto se hace evidente en el picado descenso en la popularidad del presidente Correa que del 83 por ciento arrollador cuando ganó las elecciones se ubica ahora en un peligroso 33 por ciento.

Los ciudadanos podríamos demandar al estado por violar la Constitución en el siguiente artículo:

Partes: 1, 2, 3


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