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Ley de la comunicación (Ecuador) (página 2)




Enviado por Arturo Clery



Partes: 1, 2, 3

Jaime Guamán (i), Marcel Rivas, Félix
Varas y Roberto Manciati, representantes de Actve, Cccrea, y de
AER.

La Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión
(AER), la Asociación de Canales de Televisión del
Ecuador (Actve) y los Canales Comunitarios y Regionales del
Ecuador Asociados (Cccrea) solicitaron al presidente de la
Asamblea, Fernando Cordero, que el proyecto de Ley de
Comunicación sea sometido a una consulta prelegislativa.El
gremio hizo el anuncio ayer en una conferencia de prensa conjunta
donde explicó su desacuerdo con el proyecto porque "afecta
a los medios, a los periodistas y a la sociedad en su derecho a
informarse".

Jaime Guamán, asesor legal de los medios,
explicó que el pedido de consulta prelegislativa se basa
en una sentencia que la Corte Constitucional emitió en
marzo pasado en la que establece un estándar más
alto en el tratamiento de los derechos humanos y afirmó
que el derecho a la comunicación es un derecho humano."Los
medios electrónicos tenemos permanentemente una guillotina
que es la concesión de la frecuencia, llámese radio
o televisión", expuso Marcel Rivas, presidente de la Actve
y agregó que "en este instante no se acata la
Constitución que garantiza la igualdad".

Roberto Manciati, presidente de AER, a nombre de
más de 500 emisoras del país, dijo que son
igualmente afectados por el proyecto de ley que, en su
opinión, contiene propuestas que se manejan a base de
criterios políticos.

"Debería retomarse el tema, no para alargarlo
como se ha hecho ahora. No se cuál es la
pretensión, cuál es la agenda oculta que tienen.
Necesitamos que se tomen medidas claras", expresó y dijo
que no le parece justo que los medios comunitarios y
públicos puedan vender publicidad. Félix Varas,
vicepresidente de Cccrea, dijo que el proyecto de ley está
"absolutamente minado", tal vez "porque no se conoce cómo
es la profesión". Agregó que el cuerpo legal
contiene un sinfín de puntos que atentan contra la
libertad de expresión y que coarta el derecho de
comunicación a todos.

Monografias.com

Oficialismo alarga
debate de Ley de Comunicación

Publicado el 10/Septiembre/2009 |
00:14

QUITO. El asambleísta de la Comisión de
Comunicación, Rolando Panchana (PAIS), a su ingreso al
pleno. El oficialismo sorprendió otra vez a la
oposición ayer en la Comisión Ocasional de
Comunicación, que terminó aprobando por unanimidad
una moción de Rolando Panchana (PAIS) para solicitar a la
presidencia de la Asamblea una tercera prórroga para la
entrega del informe para segundo y definitivo debate del proyecto
de Ley de Comunicación.

De acuerdo con el cronograma aprobado, la
votación del informe que elabore la presidenta del
organismo, Betty Carrillo (PAIS), en la Comisión de
Comunicación, se realizará el 14 de junio, tres
días después de que se inicie el Mundial de
fútbol Sudáfrica 2010. Con esta nueva fecha,
según la oposición, mientras el "Ecuador
futbolizado" se encontrará "ocupado" siguiendo las
incidencias del Mundial Sudáfrica 2010, los
asambleístas estarán debatiendo una ley de gran
importancia para el país. Desde ayer se tenía
previsto receptar las propuestas sobre nuevos temas. Esas
sugerencias se podrán presentar hasta el próximo
sábado.

El domingo, lunes y martes de la próxima semana
el equipo de la presidencia de la Comisión Ocasional de
Comunicación prevé elaborar un borrador de
articulado; ese borrador deberá ser entregado a los
asambleístas el próximo miércoles para que
analicen su contenido individualmente hasta el sábado 12
de junio, un día después de que se inicie el
Mundial.

El lunes 14 comenzará la votación; el 17
se redactará el informe y el viernes 18 de junio se
dará la lectura del informe; se firmará y
será entregado al presidente de la Asamblea Nacional,
Fernando Cordero.

Esta resolución se tomó después de
que el martes pasado Betty Carrillo había convocado para
realizar ayer la "votación del informe", a pesar de que
ningún asambleísta había recibido el
articulado. La presidenta Carrillo había dicho que ese
informe se lo estuvo trabajando durante los días domingo y
lunes pasados.

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En cuanto a contenidos, la incertidumbre
sobre el texto final se mantiene. Lourdes Tibán (PK) fue
la única comisionada que ayer insistió por dos
ocasiones ante la presidenta Betty Carrillo para que entregara el
articulado en el que el equipo de la presidencia de la
Comisión trabajó el fin de semana para empezar el
análisis.Pero a esa petición, Carrillo
respondió que no puede entregar textos de cosas que de
pronto no se han tratado y señaló que tal vez su
español no se entiende. Tibán señaló
que existen dos posibilidades: no tienen en realidad el texto o
"tienen en reservas para lanzar al público un documento…
que no quieren que se alarme" al final.

Gilmar Gutiérrez (SP) agregó que la nueva
prórroga no la están pidiendo para alcanzar
consenso, sino para hacer tiempo hasta conseguir los votos que
les faltan para aprobar la ley.

Carrillo
desafía el acuerdo sobre Ley de
Comunicación

Monografias.com

Publicado el 15/Septiembre/2009 |
17:07

Asambleísta Betty Carrillo, de la comisión
de Comunicación.

La presidenta de la comisión de
Comunicación, Betty Carrillo, presentó un texto
base sobre la Ley de Comunicación que se aleja del acuerdo
ético-político suscrito por los jefes de bancadas,
el pasado 17 de diciembre, respecto a la integración del
Consejo de Comunicación.

El acuerdo legislativo "admite la necesidad
de que exista un Consejo de Comunicación e
Información autónomo e independiente del Gobierno y
de los poderes fácticos". Sin embargo, en el texto que
presentó Carrillo el lunes a los miembros de la
comisión ocasional que discute la ley se plantea como
miembros de ese organismo a dos delegados de los ministerios de
Educación y de Cultura.

Eso, según el propio presidente de
la Asamblea, Fernando Cordero (PAIS), contradice lo que se
suscribió en diciembre pasado, por lo que anunció
que estará presente en la próxima reunión de
la comisión, prevista para mañana a las 08:00."Que
haya un representante del Ejecutivo es contradecir el acuerdo de
todas las fuerzas políticas, cuando incluso el propio
Presidente de la República ha dicho que no le interesa",
subrayó Cordero, quien dijo que no va a polemizar.Pero
según Carrillo, desde ningún punto de vista se
estaría contradiciendo el acuerdo porque inicialmente se
planteó que en el Consejo haya un representante del
Presidente de la República con voto dirimente, y eso no se
incluye en su propuesta.

Dijo que "el Gobierno necesariamente tiene que estar en
el Consejo, porque tiene que generar políticas de Estado,
y por eso es importantísimo que estén
representantes de estos dos ministerios". Carrillo
insistió que su planteamiento sobre la conformación
del Consejo de Comunicación es que haya un representante
del Ministerio de Educación; uno del Ministerio de
Cultura, uno del Consejo de Igualdad; uno de las facultades de
Comunicación Social; y, tres representantes de la
ciudadanía. Dijo que por el corto tiempo que tiene la
Comisión para presentar el informe tuvo que recurrir a la
misma estrategia que aplicó en el primer debate que es
presentar un borrador de proyecto y sobre eso discutir.Ayer el
asambleísta Mauro Andino (PAIS), en una entrevista con
Teleamazonas señaló que el acuerdo entre bloques
firmado en diciembre se mantendrá en todos sus puntos,
especialmente el más polémico que se refiere a la
creación del Consejo de Comunicación. "Se requiere
la conformación de un consejo pero sin las facultades para
que pueda suspender y clausurar medios y eso se va a respetar",
dijo. Pero aclaró que en ninguna parte de este acuerdo se
señala que los miembros del consejo no deben ser parte del
Gobierno. "Sería grave que no esté conformado por
ministros porque ellos son los que llevan adelante las
políticas públicas".

Doce sesiones para
informe de la Ley de Comunicación

Publicado el 10/Septiembre/2010 |
12:35

Monografias.com

QUITO. La semana pasada, la Comisión de
Comunicación se instaló para analizar la
permanencia de Betty Barrillo en la presidencia de ese grupo. No
hubo cambios.

La comisión ocasional de Comunicación
comenzará a aplicar desde esta semana un nuevo cronograma
de trabajo para el análisis y la elaboración del
informe para segundo y definitivo debate de la Ley de
Comunicación, que incluye al menos doce sesiones hasta el
próximo 5 de junio. La primera cita será esta tarde
para concluir la discusión de los medios públicos,
privados y comunitarios que quedó pendiente hace diez
días. El nudo crítico de este tema constituye el
planteamiento desde la bancada de gobierno de que los medios
públicos puedan transmitir publicidad estatal y privada,
lo cual es cuestionado por la oposición. Uno de los temas
que entrará a debate en la primera sesión se
refiere a la propuesta del gobierno para que en la Ley de
Comunicación se incluya la rendición de cuentas de
los medios de comunicación. El siguiente tema que
abordará la comisión, según el
asambleísta Ángel Vilema (PAIS), se refiere al
Consejo de Comunicación e Información. Se tiene
previsto ocupar al menos una semana para discutir este punto
tomando en cuenta que existen criterios divergentes respecto de
su integración.

El legislador planteó la necesidad de que primero
se definan las atribuciones que tendrá este organismo
antes del número de sus miembros. Según el acuerdo
firmado entre los bloques el 17 de diciembre del año
pasado, tiene que ser independiente del gobierno y de los poderes
fácticos El asambleísta Fausto Cobo (SP)
manifestó que es necesario respetar el acuerdo
ético político, aunque teme que finalmente el
Ejecutivo incluirá mediante un veto parcial los textos que
le garanticen el control total de los medios de
comunicación privados.

Cobo indicó que la prórroga de 60
días dada por el presidente de la Asamblea para Presentar
el informe para segundo debate de la ley era inevitable, y
señaló que dentro de este tiempo se debe aprovechar
para un análisis más a fondo del documento y las
observaciones presentadas al proyecto de primer
debate.

LeyesLa rendición de cuentas de los medios
fue incluida por el Ejecutivo en un veto a la Ley de
Participación Ciudadana, donde se señala que la
ciudadanía podrá solicitar rendición de
cuentas a los medios.

Más plazo

El 29 de marzo pasado, el presidente de la Asamblea,
Fernando Cordero (PAIS), resolvió extender el plazo de la
discusión de la Ley de Comunicación hasta
junio

Betty Carrillo no
quiere consulta pre legislativa en Ley de
Comunicación

Publicado el 10/Septiembre/2010 |
00:54

Monografias.com

QUITO. La asambleísta Betty Carrillo (PAIS) dijo
que la consulta no cabe pues el espectro radioeléctrico no
es de un solo sector.

Betty Carrillo (PAIS), presidenta de la Comisión
de Comunicación, no está de acuerdo con que la Ley
de Comunicación vaya a consulta prelegislativa y
presentará una argumentación jurídica sobre
su posición ante el titular de la Asamblea Nacional,
Fernando Cordero.

El pasado 17 de mayo, Lourdes Tibán (PK),
pidió a Carrillo la realización de la consulta
prelegislativa para esta ley antes de cerrar el informe para
segundo y definitivo debate.

Tibán, quien no estuvo presente en la
sesión de ayer, sostuvo que la consulta es necesaria en lo
referente a medios comunitarios y acceso a frecuencias. Los
asambleístas Cynthia Viteri (MG) y Fausto Cobo (SP)
coincidieron con la posición de Tibán.

Según Cobo, esta ley afecta a todos, no solo a
quienes poseen derechos colectivos (indígenas, montubios y
afroecuatorianos). Carrillo respondió ayer que el Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo establece
que la consulta es viable solamente en caso de tierra, agua y
bienes no renovables. "Aquí no se trata de bienes de la
comunidad o del sector indígena en particular como es el
tema del agua (…); el espectro radioeléctrico es algo
para todos y no de sector alguno (…); considero que la Ley de
Comunicación no debe ir a consulta",
señaló.

Carrillo hizo estas declaraciones antes de instalar la
sesión de la Comisión que se inició con el
debate sobre el articulado concerniente al Sistema de
Comunicación Social. A base de una propuesta presentada
por César Montúfar (CDN) y Cobo se
estableció que ese sistema es el conjunto articulado y
coordinado de instituciones, planes, políticas
públicas, normativas, actores públicos, privados,
comunitarios y ciudadanos que, en interrelación con otros
sistemas, promueve la vigencia de los derechos a la
comunicación, pluralidad de voces, diversidad,
interculturalidad, la educomunicación y la
producción nacional que asegure el régimen del buen
vivir.

También se debatió sobre las
políticas públicas de comunicación, acceso
universal a las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), acceso a la comunicación de las
personas con discapacidad,

Para la promoción de la producción
nacional y al acceso y uso del espectro radioeléctrico.
Cobo planteó que el Ministerio de Cultura incentive a los
medios de comunicación que superen el 25% de su
programación en producción nacional de
carácter cultural, artístico y educativo; este
texto no tuvo consenso y será cambiado en la
próxima sesión. Por su parte, el asambleísta
Rolando Panchana (PAIS) manifestó que no hay que
establecer incentivos para algo que debe ser una
obligación; tampoco está de acuerdo con el
porcentaje sugerido.

Apuntes: Temas pendientes Cita para próxima
semana

La siguiente reunión de la
Comisión de Comunicación será el
próximo martes, para continuar con el debate de
articulados para el Sistema Nacional de Comunicación
Social, en el que entra el Consejo Nacional de
Comunicación (integración y
conformación).Publicidad y propaganda

La próxima semana, la Comisión Ocasional
de Comunicación retomará el debate sobre los textos
de publicidad y propaganda.

Resistencia a la Ley
de Comunicación

Publicado el 03/Septiembre/2010 | 00:46

Que en nombre de la libertad de expresión se
enfrente a una ley de medios no quiere decir que el ciudadano,
que no pertenece a un medio, quede desamparado. Lo digo a
propósito de mi artículo de la semana anterior (1
de octubre del 2009) en el que expuse transgresiones de la prensa
en contra del derecho de personas comunes y corrientes, y
también de ciertas entidades en contra del oficio
periodístico.

He creído necesario volver sobre el tema de la
ley –cuya aprobación se postergó, por lo que
el análisis salió de la agenda de algunos
medios– pues ese día diario Hoy publicó una
entrevista al periodista español Miguel Ángel
Bastenier en la que sugería formar una oposición
cívica a la ley de medios, y porque una entrañable
amiga, luego de leer mi columna, me preguntó: ¿y
cuál de las tres propuestas crees que se debe
aprobar?

¡Ninguna! Le respondí. Mi reflexión
apunta a una legislación independiente de todo Gobierno,
que regule el oficio en función de los derechos
ciudadanos, porque somos los periodistas quienes, en nombre de la
proclamada libertad de expresión, hemos violentado esos
derechos exponiendo, equivocadamente, a inocentes al escarnio
general. Hay que admitirlo. Me refiero a una regulación
–la autorregulación en Ecuador tiene deudas–
como la que el propio diario de Bastenier propone. He aquí
algunos ejemplos tomados del Manual de Estilo de El País,
de España, donde Miguel Ángel fue subdirector de
asuntos internacionales y hoy es articulista y uno de los
maestros en su escuela de formación de
periodistas:

Artículo 1.4 El periódico no publica
informaciones sobre la competición boxística, salvo
las que den cuenta de accidentes sufridos por los púgiles
o reflejen el sórdido mundo de esta actividad. La
línea editorial del periódico es

contraria al fomento del boxeo, y por ello renuncia a
recoger noticias que puedan contribuir a su
difusión.

Artículo 1.6 El periodista deberá ser
especialmente prudente con las informaciones relativas a
suicidios. En primer lugar, porque no siempre la apariencia
coincide con la realidad, y también porque la
psicología ha comprobado que estas noticias incitan a
quitarse la vida a personas que ya eran propensas al
suicidio.

Artículo 1.9 El derecho a la información
es sobre todo del lector, no del periodista. Si se encuentran
trabas, se superan; si estas añaden información, se
cuentan; si no es así, se aguantan. Las columnas del
periódico no están para que el redactor desahogue
sus humores, por justificados que sean.

Artículo 1.12 El periodista transmite a los
lectores noticias comprobadas, y se abstiene de incluir sus
opiniones personales. Cuando un hecho no haya sido verificado
suficientemente, el redactor evitará en las noticias
expresiones como "al parecer", "podría", "no se descarta"
o similares.

Artículo 1.15 La atribución de la noticia
a una fuente o fuentes no exime al periodista de la
responsabilidad de haberla escrito. Cinco motivos que se suman a
574 razones más, en 429 páginas, que todo redactor
de El País debe dominar. Razones que ante el ciudadano
garantizan la convicción de Bastenier en torno a su
propuesta de resistencia.

¿Qué opina de la Ley de
Comunicación, plagada de restricciones, sanciones como de
hasta posibles cierres de medios, que intenta aprobar la
Asamblea?

Siempre ha habido y habrá diferentes ideas y
pensamientos y eso es lo que enriquece al ser humano; no se debe
vetar o prohibir a los demás por decir lo que piensan, eso
es faltar a la libertad de expresión, claro que si los
medios hablasen maravillas del Gobierno actual no
tuviéramos este debate. Que aprendan a escuchar y aceptar
las críticas y se plantean  a lo que están
haciendo mal.

Debaten sobre la ley
de Comunicación Audiovisual

Monografias.com

Este martes a las 19:30, "se realizará una nueva
reunión del Foro Popular de la Comunicación, cuya
convocatoria es abierta", informó a AIM el integrante de
la entidad Edgardo Massarotti, quien señaló que "se
hará un informe sobre la cuestión judicial, se
analizará el dictamen del procurador de la Corte Suprema
de Justicia y se abordarán cuestiones vinculadas con el
Consejo de Políticas Comunicacionales de la
Provincia.

Espacio abierto

Integrado por diversas organizaciones de la sociedad
civil, el Foro Popular de la Comunicación de
Paraná, nació como un espacio abierto y
participativo de discusión del Proyecto de Ley Nacional de
Servicios de Comunicación Audiovisual, hoy convertido en
Ley 26522, con el aporte de muchos entrerrianos y entrerrianas
partícipes del Foro, se informó en un comunicado
AIM.

Desde el Foro, entienden que "la comunicación es
un proceso social profundo y complejo, a partir del cual se
constituyen identidades, se definen posiciones y se establecen
acciones".

Asimismo, consideran que "ese proceso es fundacional de
toda sociedad democrática, y por lo tanto debe ser libre,
participativo, igualitario y no discriminatorio"

"Es decir que desde el Foro concebimos a la
comunicación como un derecho humano que no es patrimonio
de comunicadores, ni de periodistas, ni de gobiernos, ni de
propietarios/as de medios, sino que le pertenece a la sociedad
toda", agregaron.

Consejo de
Políticas Comunicacionales

El año pasado, el Foro propuso al gobernador la
conformación del Consejo de Políticas
Comunicacionales, al cual se hizo lugar con la firma del Decreto
432/10. 

"En ese marco consideramos que para seguir avanzando en
el proceso de definición de esas políticas
comunicacionales es necesario el aporte de todos los sectores
sociales, sumando nuestro trabajo para construir nuevos espacios
de participación democráticos y plurales en pos de
una sociedad mejor", expresaron

Por último, desde el Foro se
recordó a todas las organizaciones sociales que en virtud
del Decreto 432/10, Artículo 2º, deberán
designar un representante como postulante para integrar el
Consejo Provincial de Políticas Comunicacionales y
comunicar dicha información a la Dirección General
de Información Pública (Dgip) del Poder Ejecutivo
Provincial.Dicho artículo establece que el Consejo se
integrará por 41 miembros a propuesta de: municipios;
entidades no gubernamentales de derechos humanos, culturales,
estudiantiles, confesionales, sociales; entidades sindicales de
los trabajadores de medios de comunicación; universidades
públicas; etc. (ver Arts. 2 y 3 del Decreto 432/10
GOB.).

La nueva Constitución ecuatoriana es posiblemente
una de las primeras en consagrar el derecho a la
Comunicación. Como parte de los derechos del buen vivir,
la Carta Magna indica en la tercera sección que todas las
personas tienen derecho a una comunicación libre, al
acceso a las tecnologías de la información y
comunicación y obliga al Estado a fomentar el acceso
universal. También garantiza los tradicionales derechos a
la libertad de expresión y de prensa y a recibir y
producir información plural y veraz. Pero, sin lugar a
dudas, la tarea que se menciona en la disposición
transitoria, de aprobar una "Ley de la Comunicación" hasta
el 21 de octubre de este año, se torna tan difícil,
debido precisamente a que aquí se habla, no solo del
derecho a estar bien informado, sino del conocimiento en toda su
magnitud actual.

La intención de los asambleístas no fue
solamente dar a los ciudadanos del Ecuador nuevas
garantías de que las noticias que se les proporciona sean
verificables, ni tampoco de proteger a los medios contra posibles
aspiraciones de interferencias por parte de las autoridades del
Estado. Lo que quisieron los que formularon la primera parte de
la Constitución fue presentar una reacción
contemporánea a la rasante evolución de las nuevas
tecnologías, que ha convertido el acceso a ellas en una
nueva forma de convivencia, en inusitada fuente de poder. La
pregunta es si nuestro país puede cumplir esta tarea
pionera.

Dice el Artículo 17 que el Estado
facilitará el acceso a las tecnologías de
información y comunicación en especial para las
personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo
tengan en forma limitada. Habla de un acceso universal donde la
brecha tecnológica es profunda, no solo por la falta de
dinero para comprar los aparatos y los programas, sino sobre todo
por la generalizada incapacidad de usarlos para una real
comunicación. Todo esto, con una tecnología que
cambia constantemente y a buen ritmo.

La pregunta es si realmente la intención fue que
el derecho a la comunicación sea exigible o si se
empaquetó dentro de estas atractivas formulaciones las
aspiraciones de rédito y control que se reflejan en otros
pasajes de la Carta Magna, donde se alude a los medios en su
calidad de fuentes de riqueza, al temor a los monopolios y la
necesidad de una ley que regule los contenidos.

Lo que llama la atención es lo poco que se ha
discutido hasta ahora, por lo menos públicamente, una ley,
que no solo tiene plazo fijo, sino que podría constituir
uno de los mecanismos que decida sobre el proceso
democrático en el Ecuador a corto plazo y también
para el futuro.

El Observatorio Ciudadano de la Comunicación de
Cuenca, una ONG dedicada a la veeduría de los medios,
hasta ahora sobre todo en relación con el sexismo en la
publicidad, convocó la semana pasada a un foro sobre el
tema. Pero, aunque interesantes en aspectos puntuales, los
ponentes estuvieron muy lejos de poder delinear lo que
podría contener o, mejor dicho, debería dejar de
contener la nueva Ley de la Comunicación.

Advierten que la
nueva Ley Electoral amordazará a medios de
comunicación

La Ley del Órgano Electoral sancionada este
martes en la Cámara de Senadores fue calificada como
"arbitraria" por el analista político Carlos Cordero,
quien indicó que esta norma se consolidará como una
"ley mordaza" contra los medios de comunicación, toda vez
que norma las encuestas, conteos en boca de urna y restringe las
campañas políticas.

"Si bien el Gobierno no amordazó a los medios de
comunicación, como pretendía. Da la
impresión que la Ley mordaza está en la Ley
Electoral, toda vez que se amordaza a las empresas que realizan
encuestas y norma el horario para dar los datos en boca de urna",
dijo.

De hecho, la Ley del Órgano Electoral sancionada,
este martes, por la mayoría oficialista en el Senado
señala que las encuestas de opinión y de
intención de voto, sólo sean difundidas 48 horas
antes del día de votación. Otro aspecto es que los
resultados del conteo de votos, tal es el caso de las mesas
instaladas en las cárceles, tampoco sean difundidas de
inmediato "porque podría influir en la decisión del
votante".

Es por esto que la Ley del Órgano Electoral
reglamenta también la emisión de resultados en boca
de urna y establece las 20.00 horas como el nuevo horario para
que los medios de comunicación den a conocer los primeros
resultados en boca de urna, no así a las 19.00 horas como
era antes.

El proyecto de Ley también establece que las
empresas encargadas de realizar estudios de intención de
voto y encuestas, tendrán que presentar una propuesta al
servicio de Interculturalidad del Órgano Electoral
Plurinacional y será esa instancia que
reglamente.

La Ley del Órgano Electoral contiene 268
artículos, seis títulos divididos entre: el objeto
y principios democráticos, la democracia participativa,
democracia directa, democracia comunitaria, organización
proceso y actos de votación, faltas y delitos electorales,
control social y transparencia

País acuerda
ceder posiciones en proyecto de Ley de
Comunicación

Luego de algo más de tres horas de
reunión, la bancada de Alianza País decidió
ayer ceder posiciones en el proyecto de Ley de
Comunicación, cuyo articulado se aprueba desde el lunes en
la Comisión a cargo

Trascendió que el bloque, que cuenta con 54 de
124 legisladores, pedirá a sus seis asambleístas,
conversar con la oposición y llegar a varios acuerdos
dentro de la mesa.

Uno es el relacionado con el art. 10, que señala
que se garantiza el derecho a la libertad de expresión y
pensamiento, con una información veraz, verificada,
oportuna, contextualizada y plural.

Se supo que A. País decidió evitar
más polémica en torno a la ambigüedad del
término "veraz", entre otros. 

Además también se abrió la
posibilidad de que la integración del Consejo de
Comunicación sea ciudadano y que de este modo el organismo
tenga una función veedora. El Ejecutivo tendrá a su
representante en el Ministerio o la Secretaría de
Comunicación, a cargo de dictar las políticas
públicas, etc.

La idea es que Betty Carrillo, presidenta de la
comisión, sea parte del acuerdo. Pero si no aceptara, la
bancada le hará un llamado de atención y
además solicitará a los miembros del buró
que hablen con ella. En la reunión de esta noche
participaron 22 asambleístas, estuvieron Fernando Cordero,
César Rodríguez, Rolando Panchana, Mao Moreno,
Gastón Gagliardo, María Paula Romo, Virgilio
Hernández, María Augusta Calle, Vethowen Chica,
Mauro Andino, Ángel Vilema, entre otros. También
estuvo el Viceministro de Coordinación
Política

Ley de
Comunicación, 6 borradores y ningún proyecto
terminado

Monografias.com

La Comisión Ocasional de Comunicación vota
desde el lunes artículo por artículo del proyecto
de Ley que debe ser entregado el próximo
viernes.

Contrario a lo que dijo el presidente de la
República, Rafael Correa, hace dos semanas, sobre que la
Ley de Comunicación no es de vital importancia para el
gobierno, los legisladores de PAIS han demostrado en la Asamblea
Nacional, que para ellos si es prioritaria.

Esto, luego de que desde que la semana pasada se
incrementaron los cabildeos y hasta ciertas maniobras que
además de dividir el bloque gobiernista provocaron la
aparición de un nuevo documento con el que ya suman cinco
los proyectos de Ley de Comunicación que han surgido en el
Legislativo después de ocho meses de intenso y
polémico debate.

Una de estas acciones fue la aparición de dos
proyectos de ley de autoría de la presidenta de la
Comisión Ocasional Betty Carrillo; uno fue distribuido a
las 11h48 de el jueves 10 de junio a través del correo
electrónico de la Comisión en el que se incluye la
cuarta reformatoria que habla sobre el acoso
mediático.

Este documento no solo lo recibieron periodistas sino
también legisladores como Jimmy Pinoargote (Municipalista)
quien asegura que a él le llegó esa versión
de la ley. "Yo le puedo mostrar el que yo tengo, donde habla del
acoso mediático, basado a una reforma penal".

Carrillo por su parte dijo desconocer este documento.
"Pueda que alguien este enviando a nombre de la comisión
un documento falso. Ya me preocupé", dijo descartando
además que en algún borrador enviado por ella
exista el tema del acoso mediático.

Carrillo envió también por email el lunes
pasado lo que ella asegura es el borrador con el que se trabaja
en la Asamblea y sobre el que se está realizando la
aprobación del articulado. Este solo tiene tres
disposiciones reformatorias.

Sin embargo hay un tercer borrador que fue elaborado por
Xavier Flores y Manolo Sarmiento., asesores externos del
Presidente de la Asamblea Fernando Cordero.

Flores, aclaró que su trabajo básicamente
fue el de pulir un documento base, precisarlo en sus
términos y adecuarlo a estándares internacionales
de Derechos Humanos.

El informe hecho por los asesores aún no ha sido
entregado de manera oficial a la Comisión Ocasional. La
legisladora gobiernista María Augusta Calle ha hecho
aportaciones al debate basadas en este nuevo documento, pero
hasta ayer no habían sido tomadas en cuenta, según
Carrillo.

A ese borrador se suman otros tres documentos
presentados inicialmente por Rolando Panchana, Lourdes
Tibán y César Montúfar en meses anteriores,
con lo que ya suman seis los proyectos propuestos para
convertirse en la nueva Ley de Comunicación.

Los puntos críticos del
debate

Según el articulado distribuido por Betty
Carrillo en la integración del Consejo de
Comunicación se mantiene la presencia de dos
representantes del Ejecutivo. "En un organismo que
ejecutará y evaluará políticas
públicas es innegable de acuerdo con la
Constitución. Si alguien no quisiera que sea así
que haga otra Asamblea Constituyente o que modifique parcialmente
la Constitución y todos felices. Pero mientras tanto,
mientras haya una constitución vigente hay que hacerse
cargo y cumplirla", subrayó Xavier Flores.

Sin embargo asambleístas del bloque gobiernista
se muestran abiertos al diálogo sobre el tema. "Eso lo
vamos a conversar dentro de la Comisión, pero nosotros
vemos que dos frente a siete es una proporción adecuada",
dijo Rolando Panchana.

Jimmy Pinoargote comentó que en lo que a
frecuencias se refiere ahora hay otros temas críticos.
"Quitan ellos el tema de las frecuencias provinciales, o sea que
los medios solo puedan tener cobertura provincial, pero
incorporan una figura que tiene que ver con cobertura. Los medios
serian, provinciales, locales y regionales; privados,
públicos y comunitarios, pero solamente podrían
tener una concesión en cualquiera de esas
aéreas".

Así también el último borrador de
Carrillo dispone, según Pinoargote, la renovación
de frecuencias mediante concurso. Su propuesta es otra: "La
renovación debe ser automática, siempre y cuando se
cumplan los parámetros, tanto técnicos, como
contemplados en el contrato de concesión",
sostuvo.

A 180 días de discusión y enfrentamientos
por los denominados puntos polémicos de la ley, los
legisladores de la Comisión ocasional han logrado aprobar
28 artículos en la última semana de plazo para
entregar el informe.

Siete de ellos se aprobaron el lunes y otros veintiuno,
hasta ayer al medio día. El documento que impulsa Carrillo
contiene 99 artículos, una disposición general,
siete transitorias, una derogatoria, tres reformatorias y una
disposición final.

Este viernes la Comisión debe entregar el informe
del segundo y definitivo debate.(Fuente: Buró de
análisis)

Consejo de Comunicación causa
polémica

Monografias.com

La bancada de AP analizó el
proyecto de ley; mientras que la minoría trabaja en un
plan alternativo.

Las atribuciones e  integración
del Consejo de Comunicación e Información
concentraron ayer la atención de la bancada oficialista y
de la oposición.Tras dos días de análisis y
aprobación de los articulados referentes al objeto y
ámbito de la comunicación, a los principios y
derechos de libertad, igualdad y participación, y al
Sistema de Comunicación, ayer la Comisión Ocasional
de Comunicación puso sobre la mesa el análisis de
la constitución del Consejo, tema que fue cuestionado
desde un inicio por los asambleístas de
minoría. 

La propuesta presentada por la presidenta de la
Comisión, Betty Carrillo, señala que el Consejo es
un organismo público con personalidad jurídica y
autonomía funcional, administrativa y financiera, cuya
finalidad es el pleno ejercicio de los derechos a la
comunicación. 

Destaca además que este órgano
estará integrado por siete postulados: dos del Presidente
de la República, uno del Consejo de Igualdad, uno de las
facultades o escuelas de Comunicación Social y tres de la
ciudadanía. 

El proyecto incluye dentro de sus atribuciones
formular y ejecutar los planes y políticas públicas
y nacionales para promover y garantizar los derechos de
comunicación y monitorear las publicaciones y
programación de todos los medios de comunicación
del país. 

Carrillo indicó que de darse aportes
por parte de su bancada política Alianza PAÍS,
estos deberán ser planteados en la comisión. Esto
lo dijo una vez que a las 17:00 de ayer estaba previsto que el
bloque del oficialismo se reuniera para debatir sobre el proyecto
de ley.  Carrillo, quien encargó la presidencia de la
Comisión a Mauro Andino, indicó que
regresará a la titularidad cuando se hayan discutido todos
los artículos del proyecto.  

Expresó que queda poco tiempo para
preparar el informe debido a que tiene hasta el sábado
para presentarlo. Sin embargo no creyó pertinente pedir
otra prórroga.Ante las críticas de la
minoría, aclaró que en ningún momento se ha
roto el Acuerdo Político con los jefes de bloque y
más bien acotó que se ha dado oportunidad a los
asambleístas para presentar sus propuestas. Incluso
advirtió que al interior de la Comisión se discute
artículo por artículo sin contar con un documento
oficial como se ha dicho. No obstante, la propuesta del
presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, está siendo
recogida.  En tanto Rolando Panchana expuso que lo vital del
Consejo son las atribuciones.

Por su parte, los asambleístas de minoría,
César Montúfar, Jimmy Pinoargote, Fausto Cobo y el
alterno de Cynthia Viteri junto a los jefes de bloque, a
excepción de PK y AP, ratificaron el Acuerdo
Político y decidieron  que el Ejecutivo y los poderes
fácticos queden fuera del Consejo. Rechazaron
además la aprobación del artículo 10
referente al  derecho de libertad de expresión y
crearon una comisión de redacción de una propuesta
alternativa.

Termina debate de
Servicio Público

El pleno de la Asamblea concluyó ayer con el
segundo debate de la Ley de Servicio Público. A la
Comisión, respectiva, le compete recoger  los
criterios para preparar el informe definitivo que será
votado oportunamente.

Los asambleístas hicieron nuevas observaciones en
lo referente a la exclusividad del servicio público para
los connacionales. La propuesta de la asambleísta de
Alianza PAIS, María Paula Romo, de dejar fuera de esta ley
a las funciones Legislativa y Judicial para que tengan
autonomía para organizarse, fue respalda por el presidente
de la Asamblea, Fernando Cordero, quien encargó -por un
momento- la Presidencia a Rolando Panchana.Cordero dijo que la
ley debe ser revisada integralmente para mantener coherencia con
el propósito descentralizador de la norma constitucional.
Añadió que el proyecto de ley debe eliminar toda
injerencia del Ministerio de Relaciones Laborales en las
entidades que gozan de autonomía, así como en los
gobiernos autónomos  El órgano aseguró
que con la sanción se garantiza la plena vigencia de la
norma de la democracia. Volverán los foros participativos
a las provincias para que toda la comunidad realice aportes a su
reglamentación.

 En una conferencia de prensa realizada este
mediodía en la sede del ISER de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el Consejo Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual, ente asesor en la
política de radiodifusión creado por la nueva ley
de medios, se pronunció sobre el fallo de la Corte Suprema
de Justicia que desestimó una medida cautelar que
suspendía la norma aprobada por amplia mayoría en
el Congreso. "Expreso la satisfacción del Consejo por el
fallo de la Corte que revocó la medida cautelar
permitiendo la plena aplicación de la Ley tan debatida en
el país y votada en el Congreso", ponderó el
presidente del ente y dirigente de la Federación Argentina
de Radios Comunitarias (FARCo) Nestor Busso. N Asimismo,
Busso anunció que se resolvió la
implementación de un sistema de foros abiertos y
participativos para instrumentar la reglamentación de la
norma de la democracia, "donde cualquier ciudadano o ciudadana, o
cualquier organización, pueda aportar a ello",
señaló y detalló que las propuestas y
aportes hechos por la comunidad serán recepcionadas y
elevadas a la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación, y al Poder Ejecutivo para que se dicte el
decreto correspondiente tal cual lo establece la
ley. 

Vuelven los foros federales

En cuanto a la aplicación de foros federales para
aportar a la reglamentación de la ley, el subsecretario de
Políticas Comunicacionales y representante chaqueño
en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual,
Néstor Avalle adelantó que si bien, el Consejo se
encuentra debatiendo la metodología a implementarse, en
principio se extenderán desde el 28 de junio al 2 de
julio, en todas las provincias y con un mecanismo similar al
aplicado durante la sanción de la ley donde se expresaron
las voces de todos los sectores de la comunidad. Asimismo y
en relación al saludado fallo, Avalle apuntó que
"es contundente y sienta un precedente fundamental" sostuvo y
puntualizó que el mismo servirá como antecedente
ante otros planteos existentes a la ley, como el de Salta, y el
planteado por el multimedios Clarín en relación al
artículo 161 de la norma, que obliga a las corporaciones
mediáticas a desprenderse de las licencias que exceden el
límite permitido, para garantizar la
desconcentración monopólica y la pluralidad de
voces. Consultado sobre la plena vigencia de la norma, tal
cual lo anunciara el Consejo Federal que integra, el
representante chaqueño observó que pese al
tratamiento que el tema tuvo en los medios oligopólicos
nacionales, con titulares como: "La ley sigue suspendida";
"aún faltan las comunicaciones de estilo, o sea el tiempo
administrativo puntual de los procesos judiciales en la
comunicación correspondiente para determinar que la ley
esté en plena vigencia de aplicabilidad",
concluyó.

A. País tras
un nuevo proyecto de ley de Comunicación

Monografias.com

A una semana de que termine la última
prórroga solicitada por la Comisión Ocasional, el
informe del proyecto de Ley de Comunicación tiene cuatro
versiones distintas.

Se trata del documento que maneja Betty Carrillo,
presidenta de la Comisión Ocasional.  Sobre el
Consejo de Comunicación, Fernando Cordero
señaló que al ser las frecuencias y el espectro
radioeléctrico un aspecto privativo del Gobierno, le
correspondería postular a o las personas para ocupar un
puesto de minoría en esta instancia.

Además, dijo que debe haber un vínculo
entre quienes van a administrar el espectro radioeléctrico
y las frecuencias, vigilados por la sociedad. Así
evitarían los monopolios y concentraciones que violen los
derechos humanos, aspecto que se aclarará en las
transitorias de la Ley.

Monografias.com

La cobertura de los canales de
televisión y radios no será solo provincial, pero
solicitarán que las grandes cadenas se enlacen con la
cobertura regional. El segundo es el que preparan los
asambleístas de minoría. Mientras que los dos
últimos informes provienen de los asesores de la
Presidencia de la Asamblea: uno elaborado por Xavier Flores y
Manolo Sarmiento y el otro por Guillermo Navarro.Hasta el
momento, el respaldo político del oficialismo se inclina
en favor de la propuesta de Flores y Sarmiento. Así, la
bancada de Alianza País terminó por dar la espalda
a la propuesta de Carrillo. A lo largo de esta semana, sus
legisladores cuestionaron el contenido de ese informe.
César Rodríguez, Virgilio Hernández,
María Paula Romo e incluso sus colegas que integran la
mesa ocasional lo criticaron fuertemente. Ángel Vilema
propuso que el tema de frecuencias y del espectro
radioeléctrico, por ejemplo, se tratara en una Ley de
Telecomunicaciones. Él, al igual que el resto del bloque,
se opuso además a la figura del "acoso mediático".
Carrillo sorprendió a sus colegas al hablar de este tema,
que no fue presentado con anterioridad en la Comisión pero
que finalmente fue retirado del borrador.

 Con el texto de Carrillo sin
respaldo, y su impulsora ausente por licencia médica, la
noche del jueves, 35 miembros de A. País dieron forma a un
texto alternativo. Carrillo ha insistido en no acoger las
observaciones de sus compañeros, pues es la Presidenta de
la Comisión y cualquier revisión debía
hacerse en ese espacio. Pese a ello, Rodríguez, como
coordinador de bloque, afirmó que la legisladora debe
apoyar una decisión tomada colectivamente. Y
anunció que charlará con ella el fin de
semana.  "Quiero que le baje la presión a Betty. No
deseo entrar en polémica. Si yo tengo mañana una
actitud que no sintoniza con el movimiento, no me deben
desconocer. Debo aceptar que esa es mi opinión y que la de
la mayoría es otra". El titular de la Legislatura Fernando
Cordero coincidió con Rodríguez en el mecanismo que
usarán para que las tesis de la bancada se incluyan en el
informe, para segundo debate, sin violentar la majestad de la
Comisión. Desde el lunes, previo a la votación
que podría alargarse hasta el miércoles, los seis
delegados oficialistas deberán poner sobre la mesa de
debate la propuesta del bloque. Para ello, Alianza País
necesita de seis votos que respalden el informe final, pues la
Comisión está conformada por 11 sillas.Cordero
también anunció estar dispuesto a reunirse con
otros bloques, si es preciso este fin de semana. Su idea es ir
más allá del acuerdo de siete puntos, firmado con
toda la oposición, el 17 de diciembre pasado. No se
sabe cómo terminará la pugna surgida con Carrillo
que terminó por hacerse pública ayer. En una
entrevista en Radio Democracia, Cordero, creyendo que los
micrófonos se habían apagado, dijo que muchos de
sus coidearios han recomendado a Carrillo no ser necia… 
El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó este
miércoles una nueva ley electoral que, a juicio de
analistas, limita las encuestas previas a elecciones y restringe
a los medios de comunicación la difusión del conteo
de votos.

La nueva norma, que contiene 268 artículos,
establece que las encuestas preelectorales sólo se
podrán difundir 48 horas antes de cada votación,
mientras que retrasa la emisión del recuento de sufragios
que realizan los medios televisivos, tanto de conteo
rápido como de boca de urna, hasta las 20H00 del
día del comicio. Ese artículo fue calificado por el
sociólogo y docente universitario Carlos Cordero como
"censura a la libertad de expresión". "Regular a las
encuestadoras tiene un limite, todos tenemos derecho a opinar en
base a las encuestas. Esa ley va a censurar la libertad de
expresión, porque además va a fiscalizar la
metodología de la entrega de datos, si esos datos no
coinciden con las expectativas electorales del estado", dijo
Cordero a la AFP.

El presidente Morales defendió la nueva ley
electoral durante su promulgación, al aseverar que
garantizará "la participación del pueblo" en
futuras jornadas electorales y permitirá a los electores
"revocar el mandato de las autoridades electas" si así lo
decidiesen.

Esta nueva ley también obliga a las empresas
encuestadoras a pedir permiso para realizar sondeos al Organo
Electoral Plurinacional, entidad que ahora tendrá a su
cargo la realización de comicios en reemplazo de la Corte
Nacional Electoral.

El asambleísta de Sociedad Patriótica
expresó que más que un Consejo de
Comunicación, se que pretende crear una Ayer, los
legisladores de oposición de la Comisión de
Comunicación convocaron a los jefes de las bancadas
legislativas para la ratificación del acuerdo suscrito en
diciembre del 2009. Sin embargo, a la cita no acudieron Fernando
Cordero, presidente de la Asamblea Nacional, ni César
Rodríguez, uno de los dirigentes del movimiento Alianza
PAÍS. "Con cinismo, sin ninguna vergüenza, sin honrar
la palabra y la firma que frente al pueblo ecuatoriano lucieron
en el acuerdo ético – político… No solo
eso, sino que violaron la propia Constitución que ellos
elaboraron en Montecristi", mencionó Cobo. Dijo que en la
reunión los representantes de las fuerzas políticas
se ratificaron en el acuerdo y se tomaron otras resoluciones,
como la no presentación de un informe de minoría
"para no dar motivos de discrepancia".Asimismo, explicó
que con la propuesta de Ley presentada por el oficialismo se
violan flagrantemente las normas e instrumentos internacionales
señalados en el artículo 10 de la Carta Magna.
Además, advirtió que este organismo tendría
más de dos representantes del Ejecutivo pues según
el artículo 157 de la Constitución "Los consejos
nacionales de igualdad se integrarán de forma paritaria,
por representantes de la sociedad civil y del Estado, y
estarán presididos por quien represente a la
Función Ejecutiva". "Es decir, es un tercer integrante del
Consejo de Comunicación, que no es un Consejo de
Comunicación es una comisaría realmente, un
tribunal inquisidor", acotó.El legislador de SP sostuvo
que la futura Ley de Comunicación es un proyecto
político del gobierno basado en tres pilares: censurar la
libertad de expresión y pensamiento; controlar a medios de
comunicación, a través de la censura previa; y,
convertir al espectro radioeléctrico en un botín
político.       

Los ejes del proyecto de Ley de Comunicación van
quedando conforme a lo previsto por el oficialismo, lo cual
genera el rechazo de la oposición, según
reportó Ecuavisa. Hoy aparecieron ante la prensa algunos
asambleístas de oposición para cuestionar
cómo el bloque de gobierno va aprobando la probable Ley de
Comunicación. Estuvieron presentes César
Montúfar, Jimmy Pinoargote y Fausto Cobo. Este
último indicó que "este tongo es el que está
poniéndose en práctica en la Comisión".
Critican la aprobación del artículo 10 que reconoce
la libertad de pensamiento y expresión y dice que la
información será veraz, verificada, oportuna,
contextualizada y plural. Dicen que esas son condiciones
negativas.

"Esto es ir en contra de todo lo que dicen los
principios internacionales, es ir en contra del derecho humano
más importante que es el derecho a la libertad",
expresó César Montúfar. El oficialismo lo
rechaza y dice que esas condiciones son disposiciones de la
propia Constitución. "Cómo así describir o
repetir lo que dice la Constitución resulta
inconstitucional", se preguntó Rolando Panchana. En ese
marco, la Comisión aprueba varios artículos del
proyecto de Betty Carrillo. Se aprueba que habrá derecho a
la rectificación obligatoria, inmediata y gratuita para
todos los agraviados por informaciones falsas o tendenciosas. El
informe final será presentado el viernes al plenario de la
Asamblea, donde se requieren 63 votos para aprobarlo. AER
Pichincha se opone

El gremio de radiodifusores está en contra de que
la renovación de frecuencias sea cada 10 años, a la
limitación de cobertura y a sanciones que llegarían
al 20% de la facturación de los últimos 3 meses.
Edgar Yánez, presidente de AER Pichincha, manifestó
que los radiodifusores se presentarán ante los
asambleístas con leyes y reglamentos "para que los
legisladores voten con conocimiento de causa y no por
motivaciones políticas o porque la radio o la
televisión tal me cae mal".

La asambleísta reitera en que el acuerdo
legislativo se ha cumplido, pero que el único tema
divergente es el Consejo Nacional de Comunicación e
Información.

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La presidenta de la Comisión de
Comunicación dijo conocer, a través de
informaciones, que Fernando Cordero "ha puesto asesores" para
hacer un informe alternativo que respete el acuerdo, la
Constitución y los tratados internacionales de Derechos
Humanos.

Indicó que, al igual que los legisladores
oficialistas de la comisión ocasional, desconoce el nuevo
texto. "Veamos si son cambios de fondo porque si son cambios
solamente de forma habríamos alarmado innecesariamente al
país", declaró sobre el documento.

Betty Carrillo, quien se ausentó dos días
en sus funciones por prescripción médica, no
considera que sus compañeros le hayan dado la
espalda.

"Que el presidente de la Asamblea tenga un criterio no
significa ni es la voz del bloque de PAÍS. Hay muchos
compañeros que están conscientes de que son en las
comisiones donde se deben resolver las cosas",
enfatizó.

Asimismo, defendió el intenso trabajo de la
Comisión de Comunicación por casi 10 meses y haber
recibido a 200 personas, propuestas, ciudadanos, y
asambleístas en las sesiones.

"El malestar que existió para Fernando Cordero
fue que me pidieron que cambie el informe que les iba a entregar
a los compañeros de la comisión y que ponga cosas y
sugerencias que lo hacían en el bloque de PAÍS. Yo
soy del bloque de PAÍS pero me parece una falta de respeto
que quienes formamos parte de la mesa no sean quienes tomen las
decisiones", explicó Carrillo, quien aseguró que
había propuestas interesantes, pero que estas
debían ser debatidas en el seno de la
comisión.

Respecto al tema del delito de acoso mediático,
la asambleísta afirmó que ya está eliminado
al no ser tratado por la comisión por lo que el
único tema polémico es la conformación del
Consejo. Además, explicó que la eliminación
de los delitos de opinión no es competencia de la
comisión que dirige sino de la de Justicia, la cual ya
está elaborando una reforma para seguir con la tendencia
mundial.

Para hoy se prevé que los miembros de la
comisión decidan qué informe de Comunicación
pasa al pleno para segundo y definitivo debate.

Cordero habla sobre informe alternativo de
Comunicación

Señala que este borrador, preparado por
legisladores oficialistas, "no tiene nada que pueda parecerse a
una mordaza". Se espera presentarlo hoy a los demás
bancadas.

"Realmente creo que todos pueden apagar las alarmas, no
hay razón par alarmarse", indicó el presidente de
la Asamblea Nacional al iniciar una entrevista en Contacto
Directo sobre el llamado que hicieran asambleístas de
oposición al conocer la propuesta de Betty
Carrillo.

Cordero explicó que anoche una mayoría
significativa de quienes integran el bloque de PAÍS dieron
su aval para que en las próximas sesiones de la
Comisión de Comunicación sea presentado un texto
"alternativo". "Creo que será un texto que tiene todo el
apoyo del movimiento PAÍS y que tiene, con mucha certeza,
apoyo en otros sectores", comentó. Además, dijo que
se aspira un apoyo unánime porque cumple "estrictamente"
todo el acuerdo legislativo suscrito en diciembre. El titular de
la Función Legislativa aclaró que este informe
alternativo es una "reacción" frente al borrador
presentado por Carrillo "que no es sino eso, un borrador" que
recién fue conocido ayer en la tarde y aún no ha
sido difundido.

El asambleísta considera que la nueva propuesta
no contiene excesos y, si es posible, sería difundida
desde hoy para "que se puedan visibilizar, más que las
diferencias, las consistencias de muchos temas que han causado
innecesariamente polémica". Entre los temas
críticos, mencionó las atribuciones del Consejo de
Comunicación y el sistema de sanciones administrativas,
las cuales han sido "sintonizados" a la Constitución
–respecto a derechos de comunicación y libertades- y
tratados internacionales.

Cordero no descartó una representación del
Ejecutivo en el nuevo organismo pues comentó que el
acuerdo legislativo hablada de "dependencias" del poder
político. Asimismo descartó que entidades como la
Superintendencia de Telecomunicaciones y el Consejo Nacional de
Telecomunicaciones tengan la potestad de suspender medios. "Esta
ley no tiene nada que pueda parecerse a una mordaza",
enfatizó.

Discrepancias en el
oficialismo por Ley de Comunicación

El bloque de gobierno sesiona a puerta cerrada y sin
acceso a la prensa.

Betty Carrillo, presidenta de la comisión, hizo
públicas las divergencias al interior del bloque. "Lo que
sí lamento son criterios de personas que, desde mi punto
de vista, se han sumado y han caído en los poderes
fácticos, dijo.

La asambleísta no dio nombres pero
adelantó "que pronto se podrán escuchar esas voces
y podrán identificar a quién me
refiero".

Por su parte, el legislador César
Rodríguez comentó el proyecto de Ley de
Comunicación "encontramos una serie de deficiencias que
pensamos que tienen que ser corregidas y cambiadas". A esto,
Betty Amores agregó que "todavía no hubo una
definición sobre el tema del Consejo".

Al igual que la Ley de Recursos Hídricos, no se
descarta un posible limbo legislativo para la Ley de Medios. Los
legisladores de Alianza PAÍS mantiene una reunión
reservada para analizar puntos críticos como el Consejo de
Comunicación, la regulación de frecuencias y el
sistema de sanciones.

No descartan fracaso de la Ley de
Comunicación

Así lo advierte la presidenta de la
comisión especializada de la Asamblea Legislativa, Betty
Carrillo.

El proyecto será analizado en las próximas
horas por el bloque asambleísta del
oficialismo.

Aparentemente no tendrían los 63 votos necesarios
para aprobarla y se cuestiona también la conflictividad
que genera este proyecto de Ley de
Comunicación.

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Carrillo comentó que "para el Ejecutivo es mucho
mejor que esté vigente la ley actual de Radio y
Televisión, en primer lugar porque no garantiza derechos y
en segundo lugar porque le da un poder absoluto al Ejecutivo".
Este fin de semana se entregó el proyecto para
que los asambleístas de gobierno lo analicen.
Mantiene aspectos críticos como un Consejo de
Comunicación con representación del Gobierno y la
limitación de cobertura nacional de los medios, o la
limitación de la renovación de frecuencias
radioléctricas a 20 años.

Betty Carrillo aclara que no se han sumado otros
aspectos conflictivos a la ley y que "no existe intolerancia
política dentro del proyecto".

Cordero: Ley Comunicación es para la gente, no
para el gobiernoDescarta que, través de la futura ley, el
régimen pretende adueñarse de las frecuencias y
limitar a los medios de comunicación.

El presidente de la Asamblea Nacional ofreció una
rueda de prensa para anunciar la nueva prórroga para la
entrega del informe para segundo debate; afirma que pasado ese
tiempo, el país tendrá una Ley de
Comunicación.

Respecto al Consejo de Comunicación e
Información, tema sensible en los debates, Cordero
prometió un organismo "sin trampas" pero con presencia
reguladora del gobierno, algo que según él, no
representa violación alguna al acuerdo
legislativo.

Pese al rechazo no sólo de legisladores de
oposición, medios de comunicación y sectores
sociales, puntualizó que lo más importante no es su
conformación sino las competencias que se le darán
en la futura Ley.

Además, aseguró que se han recogido
observaciones, como la que entre sus integrantes no estén
ministros, ni personas de libre nombramiento, sino personas que
tengan periodo fijo, de modo que no haya dependencia ni
injerencia.

El oficialista hizo duras críticas contra quienes
se oponen a una Ley de Medios. "No será que a los poderes
fácticos les interesa que no haya ley. No será que
los que están publicando páginas enormes de
que la mordaza llega será que se quieren quedar
en el estado en el que están porque están haciendo
lo que les da la gana", cuestionó. Asimismo,
descartó las acusaciones de que el gobierno pretende
apoderarse de las frecuencias radioeléctricas y limitar la
cobertura nacional de los medios de
comunicación.

"(el gobierno) Debe democratizar el uso del espectro
radioeléctrico. Es que aquellas frecuencias ilegales,
ilegítimas sean declaradas vacantes, queden libres",
expuso Comisión analiza si Ley de Comunicación va a
consulta prelegislativa Los asambleístas de la
comisión especializada analizarán el contenido del
articulado del proyecto para tomar una decisión, informa
la agencia de noticias Andes.

El tema se comentó, brevemente, en la
sesión del miércoles, considerando que
existió una petición de la asambleísta
Lourdes Tibán en el sentido que determinados temas del
proyecto de Ley de Comunicación sean sometidos a consulta
prelegislativa, argumentando lo previsto en el artículo
57, numerales 17 y 21, de la Constitución.

Este último numeral referente a "la
creación de sus propios medios de comunicación
social en sus idiomas y el acceso a los demás, sin
discriminación alguna El organismo legislativo
acordó que el Estado reservará al menos el 33% del
espacio radioeléctrico para los medios comunitarios,
cuando anteriormente había el criterio de que sea el 25%.
La violación de esta disposición será
sancionada con la destitución del funcionario o autoridad
responsable.

Dicha propuesta fue presentada por la asambleísta
María Augusta Calle y apoyada por los comentarios de
Lourdes Tibán, Betty Carrillo, Ángel Vilema, Jimmy
Pinoargote y Miriam Jaramillo.

El Gobierno
tendrá dos delegados en el Consejo de
Comunicación

"Quedó roto el acuerdo…", Con esas
palabras de Lourdes Tibán (PK) se selló la
votación con la que PAIS dio paso a que el Ejecutivo tenga
tres miembros en el Consejo de Comunicación, quebrantando
así el consenso logrado por los bloques en diciembre de
2009.

Ese "pacto" legislativo señalaba que dicho
organismo será autónomo e independiente de los
gobiernos de turno y de los poderes fácticos (la prensa)
pero el oficialismo insiste en que esa autonomía e
independencia se mantendrá porque los representantes del
Ejecutivo estarán en minoría. El texto aprobado fue
el presentado por la presidenta de la Comisión, Betty
Carrillo (PAIS). De esa forma, el Consejo estaría
conformado por dos delegados directos del Presidente de la
República, uno del Consejo de Igualdad de Niñez y
Adolescencia, uno de las facultades de Comunicación y tres
de la ciudadanía elegidos por el Consejo de
Participación Ciudadana. "Los consejos de igualdad son
parte de la Función Ejecutiva", explicó
César Montúfar (CND) tras retirarse de la
Comisión junto a los otros tres asambleístas de
oposición para rechazar lo que Jimmy Pinoargote (Ind.)
llamó "la dictadura de los votos". Pero luego de ello
volvieron a la sesión. Previo a la votación,
Montúfar mocionó que se elimine del artículo
los literales A y B que aluden a los representantes del Gobierno
pero PAIS ganó la votación para negar aquello.
Luego, el legislador pidió al oficialismo que exponga sus
argumentos para querer al Ejecutivo en el ente pero Carrillo
sólo dijo que eso ya se había debatido lo
suficiente dentro y fuera de la Comisión de
Comunicación.

Antes de tratar la integración del Consejo, se
aprobó el artículo sobre las facultades que
éste tendrá. En total son 19 atribuciones entre las
que constan llevar el registro de los medios, implementar
mecanismos para que los medios transparenten información
sobre sus niveles de sintonía o tiraje y monitorear el
cumplimiento de la clasificación de contenidos y las
franjas horarias.

Los jefes de 10 bloques legislativos ratificaron su
compromiso con el acuerdo que firmaron en diciembre de 2009 para
la construcción de la ley de comunicación el cual,
entre otros temas, rechaza la participación del Ejecutivo
en el futuro Consejo de Comunicación.

La cita fue organizada por los asambleístas de
oposición de la Comisión de Comunicación,
quienes dicen que PAIS rompió dicha acta de
consenso.

Los oficialistas no acudieron a la convocatoria,
según Vethowen Chica, porque no les avisaron. Más
allá de esta ausencia, los jefes de bloque resolvieron
armar una comisión que elabore textos alternativos a los
artículos más polémicos del proyecto. Pero
debían hacerlo antes de que se aprueben los
artículos pues, ahora ya no se los podrá incorporar
en el informe de segundo debate.

Los delegados de todas las fuerzas
políticas, a excepción de Alianza País
(bancada de mayoría con 54 de 124 asambleístas)
participaron de la reunión, en la que se trató
sobre el proyecto de Ley de Comunicación. Asistieron los
presidentes de los bloques del PSP, Prian, MPD, PRE, ADE,
Alianza Libertad, Madera de Guerrero y PSC y
socialistas.

Los legisladores de oposición y de
minoría en la mesa de Comunicación, César
Montúfar, Jimmy Pinargote, Ernesto Borja y Fausto Cobo
convocaron a los jefes de bloque. César Rodríguez,
oficialista, fue el único ausente, pese a haber sido
invitado.Los asistentes decidieron formar una comisión de
redacción de textos alternativos, en la cual
estarán Paco Moncayo (Alianza Libertad), Silvia Salgado
(socialista), Jorge Escala (MPD), Cinthia Viteri o Borja (PSC-
Madera de Guerrero) y Montúfar.  Hubo un consenso en
rechazar la participación del Ejecutivo en el Consejo de
Comunicación.

Gilmar Gutiérrez (PSP)
planteó la dificultad de contar con 83 votos para
ratificar el proyecto de Ley de Comunicación, aprobado,
ante un posible veto del Ejecutivo.

Organismos internacionales preocupados El proyecto de
Ley de Comunicación que analiza la Asamblea Nacional ha
recibido observaciones de parte de varias entidades
internacionales como la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco)
y la Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de la Organización de Estados Americanos
(OEA).

En diciembre del año pasado el director de
Unesco-Quito, Edouard Matoko, envió al presidente de la
Asamblea, Fernando Cordero (PAIS), un documento con 122
páginas en el que se detallaron 22 observaciones al
proyecto de ley.

El organismo advirtió que el
proyecto contiene aspectos no alineados con los estándares
e instrumentos internacionales. A la Unesco le preocupa las
facultades e integración del Consejo de
Comunicación, pues a su criterio, el proyecto en estudio
otorga "una enorme concentración de poderes para un solo
organismo estatal que no tiene una independencia clara del
Gobierno, y con facultades muy amplias, discrecionales y laxas
que podrán convertirse en restricciones a derechos
fundamentales". Agrega que se otorgan más poderes al
Consejo que lo que el propio articulado define como finalidad del
mismo. Además, se cuestiona la integración del
Consejo y se apunta que debe expresarse la independencia
política y jerárquica del Gobierno en materia de
decisiones. Los asuntos más inadecuados, según la
Unesco, se refieren a la expedición de un registro
habilitante para el funcionamiento de medios y su posible
cancelación, inclusive de medios escritos, y la
evaluación y eventual sanción por considerar que
periodistas, medios o personas a través de los medios
difundieron información que no sea considerada
veraz.

La relatora para la Libertad de
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de la OEA, Catalina Botero, también hizo reparos
al proyecto en diciembre.Entre los temas que le causan
preocupación están el de la censura previa, la
imposición del título de comunicador social como
requisito para ejercer el periodismo, el sistema de registro de
medios y régimen de sanciones, la posible
intervención en contenidos, y garantizar la reserva de la
fuente.La Relatoría volvió a señalar en
abril de este año, en un comunicado al presidente Rafael
Correa, que si se aprueba el texto actual de la ley de
comunicación se afectarían las libertades de prensa
y de expresión.

Dos sillas para ejecutivo en ente que
controlará

Con una moción de Rolando Panchana
(PAIS) para respaldar el texto presentado por Betty Carrillo
(PAIS), los seis oficialistas integrantes de la Comisión
Ocasional de Comunicación aprobaron ayer que el futuro
Consejo de Comunicación cuente con dos representantes del
Presidente de la República, uno de los Consejos de
Igualdad, uno de las facultades o escuelas de comunicación
y tres de la ciudadanía (que serían designados por
el Consejo de Participación Ciudadana)..A las 17:30,
cuando la Secretaría de la Comisión proclamó
los resultados: 6 votos a favor de PAIS y cinco en contra de MG,
SP, CDN, MMIN y PK, Lourdes Tibán (PK) exclamó:
"Quedó roto el acuerdo (político)" y el resto de la
oposición denunció que el presidente Rafael Correa
no tendrá dos miembros, sino tres de un total de siete,
porque los Consejos de Igualdad son parte del Ejecutivo.  La
oposición recordó que el cuarto punto del acuerdo
político firmado en diciembre pasado establecía que
el Consejo de Comunicación tendrá autonomía
e independencia del Gobierno y de los poderes fácticos y
que la Constitución prohíbe que un organismo
regulador esté integrado por representantes que se
constituyan en juez y parte al momento de tomar decisiones.Antes
de votar por la integración del Consejo, con los mismos 6
votos, PAIS aprobó 19 atribuciones para el Consejo de
Comunicación.

Entre ellas, proteger y promover la vigencia efectiva de
los derechos a la comunicación establecidos en la
Constitución; los instrumentos internacionales y la ley;
vigilar que las políticas públicas garanticen y
promuevan los derechos de comunicación; conocer y resolver
en sede administrativa sobre las vulneraciones a los derechos a
la comunicación; el monitoreo técnico de la
programación de radio y televisión con el fin de
determinar el cumplimiento de la clasificación de
contenidos y franjas horarias; y, promover la deliberación
pública y el debate, mediante audiencias públicas,
veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos
consultivos, observatorios u otros mecanismos ciudadanos. Se
agregó una atribución propuesta por Panchana en el
sentido de que el Consejo promueva la transparencia en la
información sobre el tiraje, sintonía y niveles de
audiencia de los medios. Pero no acogió la de
Montúfar para que "los servidores públicos no
vulneren los derechos humanos de los ciudadanos", haciendo
referencia a las cadenas sabatinas del presidente Rafael
Correa.

Tibán recordó que en el art.
68 del proyecto que todavía no se vota (hasta las 18:30 de
ayer), al Consejo se le da otra atribución: la de otorgar
los títulos habilitantes para el uso del espectro
radioeléctrico y pidió que se aclare si debe entrar
en las atribuciones, pero el oficialismo no habló del
tema. La Comisión aprobó anoche hasta el
artículo 55 del proyecto de Ley de Comunicación. Se
dio luz verde a los requisitos para ser parte del Consejo de
Comunicación, la designación, su estructura,
funcionamiento y los requisitos para ser secretario
técnico del ente.

Los miembros del Consejo durarán
cuatro años en sus funciones y no serán de libre
remoción. El Presidente tendrá voto dirimente y
durará dos años en funciones.La oposición se
reintegró a la discusión a las 18:38 pero los
integrantes del oficialismo salieron del recinto supuestamente
por 5 minutos, sin embargo, la ausencia se extendió por
casi hora, para reunirse con el asambleísta César
Rodríguez (PAIS) en la segunda vicepresidencia de la
Asamblea.Al llegar al artículo 56 sobre los procedimientos
administrativos la sesión se estancó porque no se
habían definido las competencias de los delegados
territoriales del Consejo.

Ley de
Comunicación propone nuevo organismo

El asambleísta Rolando Panchana
durante la presentación del proyecto de Ley de
Comunicación elaborado por el oficialismo

Quito. La propuesta de ley de
Comunicación del Gobierno, presentada ayer por el
asambleísta Rolando Panchana, segundo Vicepresidente de la
Asamblea Nacional, reveló, entre otros puntos, la
creación del Consejo Nacional de Comunicación. Este
organismo estará encargado del control de la actividad de
los medios de comunicación y en general supervisará
el tema a escala de país.Según Panchana, el
proyecto "garantiza los derechos que tienen las personas,
comunidades, colectivos, pueblos y nacionalidades a acceder a
todas las formas, medios y servicios de comunicación, en
su propia lengua y con sus propios símbolos".El ex
comunicador informó que el documento, que será
presentado oficialmente hoy, a las 11:00, ante la
Secretaría de la Asamblea, será socializado con los
diversos actores de la comunicación,. El propósito
es receptar las observaciones, comentarios y sugerencias, las
mismas que serán sistematizadas, para enriquecer la
propuesta.

DerechosA criterio del proyecto gobiernista, los
contenidos de los medios "deberán encaminarse al
cumplimiento de los derechos de las personas, pueblos,
comunidades y nacionalidades a la comunicación e
información de conformidad con lo que consagra la
Constitución".

El Estado, para garantizar el ejercicio integral de la
comunicación y de la información, "promoverá
apoyo a la gestión institucional, el protagonismo e
interacción de las personas, el acceso al desarrollo
científico y tecnológico, en el marco de un orden
democrático, de forma ética, incluyente,
participativa, diversa y equitativa".

Medios Panchana señaló que los
medios de comunicación públicos pertenecen a la
sociedad ecuatoriana. A más de cumplir con los objetivos
de informar y entretener, "deben producir y difundir contenidos
altamente educativos, que fomenten la inclusión, la
interculturalidad, la identidad nacional y los derechos humanos.
Éstos no tendrán fines de lucro". Agregó que
"se consideran medios privados de comunicación, aquellos
cuya propiedad, administración y dirección
corresponda a personas naturales o jurídicas privadas,
reconocidas por la Constitución y las leyes".

Proyecto de Ley de Comunicación en
Ecuador es inconstitucional

Es inconstitucional por que va directamente en contra de
la misma Constitución Política elaborada en
Montecristi por los mismos genios que están elaborando
esta maravillosa ley, que les permitirá tener el control
total sobre la prensa. Es inconstitucional porque en la misa
Carta Magna elaborada por ellos mismos, reza que ninguna otra ley
puede estar sobre la Constitución Política del
Estado, es decir que no pueden existir leyes superiores que la
Constitución y si esta ley está abiertamente
oponiéndose a la misma, entonces es
inconstitucional.

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y
prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico.
Las normas y los actos del poder público deberán
mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en
caso contrario carecerán de eficacia
jurídica.

Es inconstitucional porque no puede existir dos
organismos rectores que manejen las leyes en este país, es
decir Corte Constitucional y Estado propiamente dicho, al ser el
estado el ente fiscalizador de esta ley, sería como lavar
dólares o lo que se conoce en derecho como
"legitimización", es decir dar carácter de
legalidad a algo viciado de nulidad, como el hecho de censurar la
noticia, cuál es buena o cuál es mala, es como
darle de escoger a un niño su comida de entre un plato de
espinacas, otro de verduras con carne, una sopa de pollo o una
hamburguesa y helado solo va a escoger lo que le gusta
(hamburguesa y helado) y lo que no le gusta, lo desechará,
haciéndole un daño irreparable a su organismo en
crecimiento, igual, el gobierno solo escogerá que le
publiquen sus noticias halagadoras, dejado a un lado las que no
les agrada para su promoción política,
haciéndole un daño terrible e irreparable a la
opinión pública que verá solo el "lado
bonito", o el que quiere dejar ver el gobierno de turno,
negándo el derecho a la información que tiene la
ciudadanía y que por la "famosilla Ley de
Comunicación", no se va a enterar nunca. Por todo esto es
inconstitucional por que atenta a los mismo derechos ciudadanos
consagrados en la Constitución aprobada en
Montecristi.

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o
colectiva, tienen derecho a:

  • 1. Una comunicación libre,
    intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos
    los ámbitos de la interacción social, por
    cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus
    propios símbolos.

  • 2. El acceso universal a las tecnologías
    de información y comunicación.

3. La creación de medios de comunicación
social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso de las
frecuencias del espectro radioeléctrico para la
gestión de estaciones de radio y televisión
públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para
la explotación de redes inalámbricas.

4. El acceso y uso de todas las formas de
comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que
permitan la inclusión de personas con
discapacidad.

5. Integrar los espacios de participación
previstos en la Constitución en el campo de la
comunicación. Además ¿por qué el
gobierno necesita urgente y precisamente una Ley para la prensa?,
para acallarla y continuar despilfarrando "a piacere" millones de
dólares en una muy bien elaborada campaña
publicitaria elaborada maravillosamente por gente muy calificada
en esta área que es la que rodea el gobierno de la
"revolución" y que la llevó al triunfo, por esto es
que a parte de pertenecer ahora oficialmente al gobierno (en
agradecimiento), están allí por sus propios
méritos, ¿Cómo iba el gobierno dejar ir
mentes tan brillantes?, por que en realidad que los son, sino lo
fueran no hubieses sido posible deslumbrar y enceguecer a
millones de ecuatorianos, que embriagados de discursos
demagógicos y de rencores escondidos fueron a las urnas
henchidos de esperanza para dar el apoyo a la revolución,
claro está que lo que la población deseaba era el
cambiopero no este cambio, ahora muchos han
recapacitado y esto se hace evidente en el picado descenso en la
popularidad del presidente Correa que del 83 por ciento
arrollador cuando ganó las elecciones se ubica ahora en un
peligroso 33 por ciento.

Los ciudadanos podríamos demandar al estado por
violar la Constitución en el siguiente
artículo:

Partes: 1, 2, 3
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