Ley de la comunicación (página 2)

In the text presented below, we find an issue on which
they took into account many aspects for the proper development of
it, taking as a fundamental research for making good the same
tools that helped us to support development efficiency of this
project.

In reviewing the contents of this issue we will realize
that a subcommittee was formed by assembly of the Committee on
Education, Science and Technology for the development of the
Draft Law on Higher Education (LOES), which will be presented to
the full National Assembly for discussion and
approval.

Seeing the research is going on with regard to this Act
say that our government is making new changes in regards to
quality and higher education.

 On the other hand, there's good or bad development
of a group of Assembly members that contradict each other every
day, leaving a big question to all Ecuadorians about whether
there will be the right choice for people who want the best for
our country. Taking reference of all events and events produced
daily, we can only show what's behind this, and is presented
below.

Controversy democracy
                                   
Subjectivity

Ley de
Comunicación.

Jaime Guamán (i), Marcel Rivas, Félix
Varas y Roberto Manciati, representantes de Actve, Cccrea, y de
AER.

La Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión
(AER), la Asociación de Canales de Televisión del
Ecuador (Actve) y los Canales Comunitarios y Regionales del
Ecuador Asociados (Cccrea) solicitaron al presidente de la
Asamblea, Fernando Cordero, que el proyecto de Ley de
Comunicación sea sometido a una consulta prelegislativa.El
gremio hizo el anuncio ayer en una conferencia de prensa conjunta
donde explicó su desacuerdo con el proyecto porque "afecta
a los medios, a los periodistas y a la sociedad en su derecho a
informarse".

Jaime Guamán, asesor legal de los medios,
explicó que el pedido de consulta prelegislativa se basa
en una sentencia que la Corte Constitucional emitió en
marzo pasado en la que establece un estándar más
alto en el tratamiento de los derechos humanos y afirmó
que el derecho a la comunicación es un derecho humano."Los
medios electrónicos tenemos permanentemente una guillotina
que es la concesión de la frecuencia, llámese radio
o televisión", expuso Marcel Rivas, presidente de la Actve
y agregó que "en este instante no se acata la
Constitución que garantiza la igualdad".

Roberto Manciati, presidente de AER, a nombre de
más de 500 emisoras del país, dijo que son
igualmente afectados por el proyecto de ley que, en su
opinión, contiene propuestas que se manejan a base de
criterios políticos.

"Debería retomarse el tema, no para alargarlo
como se ha hecho ahora. No se cuál es la
pretensión, cuál es la agenda oculta que tienen.
Necesitamos que se tomen medidas claras", expresó y dijo
que no le parece justo que los medios comunitarios y
públicos puedan vender publicidad. Félix Varas,
vicepresidente de Cccrea, dijo que el proyecto de ley está
"absolutamente minado", tal vez "porque no se conoce cómo
es la profesión". Agregó que el cuerpo legal
contiene un sinfín de puntos que atentan contra la
libertad de expresión y que coarta el derecho de
comunicación a todos.

Ley de Comunicación

Publicado el 16/Marzo/2009 | 00:06

La nueva Constitución ecuatoriana es posiblemente
una de las primeras en consagrar el derecho a la
Comunicación. Como parte de los derechos del buen vivir,
la Carta Magna indica en la tercera sección que todas las
personas tienen derecho a una comunicación libre, al
acceso a las tecnologías de la información y
comunicación y obliga al Estado a fomentar el acceso
universal. También garantiza los tradicionales derechos a
la libertad de expresión y de prensa y a recibir y
producir información plural y veraz. Pero, sin lugar a
dudas, la tarea que se menciona en la disposición
transitoria, de aprobar una "Ley de la Comunicación" hasta
el 21 de octubre de este año, se torna tan difícil,
debido precisamente a que aquí se habla, no solo del
derecho a estar bien informado, sino del conocimiento en toda su
magnitud actual.

La intención de los asambleístas no fue
solamente dar a los ciudadanos del Ecuador nuevas
garantías de que las noticias que se les proporciona sean
verificables, ni tampoco de proteger a los medios contra posibles
aspiraciones de interferencias por parte de las autoridades del
Estado. Lo que quisieron los que formularon la primera parte de
la Constitución fue presentar una reacción
contemporánea a la rasante evolución de las nuevas
tecnologías, que ha convertido el acceso a ellas en una
nueva forma de convivencia, en inusitada fuente de poder. La
pregunta es si nuestro país puede cumplir esta tarea
pionera.Dice el Artículo 17 que el Estado
facilitará el acceso a las tecnologías de
información y comunicación en especial para las
personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo
tengan en forma limitada. Habla de un acceso universal donde la
brecha tecnológica es profunda, no solo por la falta de
dinero para comprar los aparatos y los programas, sino sobre todo
por la generalizada incapacidad de usarlos para una real
comunicación. Todo esto, con una tecnología que
cambia constantemente y a buen ritmo.

La pregunta es si realmente la intención fue que
el derecho a la comunicación sea exigible o si se
empaquetó dentro de estas atractivas formulaciones las
aspiraciones de rédito y control que se reflejan en otros
pasajes de la Carta Magna, donde se alude a los medios en su
calidad de fuentes de riqueza, al temor a los monopolios y la
necesidad de una ley que regule los contenidos.Lo que llama la
atención es lo poco que se ha discutido hasta ahora, por
lo menos públicamente, una ley, que no solo tiene plazo
fijo, sino que podría constituir uno de los mecanismos que
decida sobre el proceso democrático en el Ecuador a corto
plazo y también para el futuro.

El Observatorio Ciudadano de la Comunicación de
Cuenca, una ONG dedicada a la veeduría de los medios,
hasta ahora sobre todo en relación con el sexismo en la
publicidad, convocó la semana pasada a un foro sobre el
tema. Pero, aunque interesantes en aspectos puntuales, los
ponentes estuvieron muy lejos de poder delinear lo que
podría contener o, mejor dicho, debería dejar de
contener la nueva Ley de la Comunicación.

Tres proyectos de Ley
de Comunicación

Publicado el 10/Septiembre/2009 | 00:14

Después de revisar los tres proyectos de Ley de
Comunicación que se conocen, se ve que, en general, existe
una mala interpretación de lo que esta debe contener para
asegurar el principal objetivo de su vigencia: la defensa de la
libertad de expresión y el libre acceso a la
información oficial por parte de todo ciudadano.Dos de los
tres propuestas que se han hecho públicas se sustentan en
varios prejuicios contra la prensa independiente; la existencia
ideal de los medios comunitarios, pese a las malas experiencias
obtenidas desde hace años en el sistema de radios de esa
índole, y la obsesión para justificar la prensa a
la que llaman pública que, en poquísimo tiempo, ha
demostrado ser la prensa oficial del poder actual, aunque su
propiedad no le corresponde. En esos dos proyectos, a los
prejuicios, se une la incomprensión de sustentación
económica real de los medios públicos y
comunitarios. Terminan ambos proyectos proponiendo una serie de
sanciones sui géneris que castigan a profesionales y
empresas periodísticas y desconocen la existencia de leyes
y códigos que protegen al ciudadano contra supuestas
violaciones profesionales de los periodistas. Termina uno de esos
proyectos con la "novedad" de eliminar la profesión de
periodistas para confundirla y ahogarla en el extraño
título de Comunicadores sociales o comunitarios.El otro
proyecto, presentado por el asambleísta César
Montúfar, aunque reconoce la importancia de la prensa
independiente y plural, respetando su campo de acción,
posiblemente por desconocimiento de la vida interna de los
medios, propone la creación de un Consejo de
Protección a los Derechos de Comunicación
(Copdeco), organismo que supuestamente defendería a los
ciudadanos de los "excesos" de la prensa. Al igual que las otras
propuestas, esta olvida la existencia de amplia
legislación para castigar aquellos excesos. Propone
organismos externos a la vida diaria del periodismo para regular
la aplicación de valores y sistemas de
autorregulación internos. Desconoce que, en muchos los
medios de comunicación del país, existen
múltiples mecanismos de auto control: consejos
editoriales, manuales de estilo, defensores del lector,
organismos de editores, etc., elementos que se manejan de acuerdo
a la estructura y visión de cada medio. Las
políticas generales, los valores y la personalidad son
inherentes y exclusivas de cada medio y no deben aplicarse
indistintamente a radios, periódicos o televisoras. La
libertad de expresión, como manifestación
básica de la libertad de pensamiento, es la base de la
democracia. No puede ser encasillada en reglamentos punitivos ni
estructuras de "sabios" que, a pretexto de reglamentarla, la
limiten y coarten.

Panchana presenta
proyecto de Ley de Comunicación del Gobierno

Publicado el 15/Septiembre/2009 | 17:07

El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional,
Rolando Panchana (AP), presentó hoy el proyecto de Ley
Orgánica de Comunicación, que tiene como objetivo
normar el ejercicio de la comunicación social en el
país y establecer responsabilidad social, derechos y
deberes de los medios de comunicación.

El proyecto presentado contiene 66 artículos,
tres disposiciones generales, siete transitorias y seis
derogatorias y reformatorias que además define las
funciones que cumplen los medios de comunicación
públicos, privados y comunitarios. Durante la
presentación, Panchana comentó que el proyecto
presentado "no es una ley mordaza, ni de censura. Hay control a
los medios públicos, privados y comunitarios, pero no de
contenido", aseguró. Contraria a Panchana, la
asambleísta Cynthia Viteri sostuvo que el proyecto propone
"una ley controladora a la libertad de expresión que busca
amedrentar a los medios" y sostuvo que "es inconstitucional que
un representante de la Asamblea este integrando el consejo de
comunicación". Esto debido a que el proyecto de Panchana
establece la creación de un consejo de comunicación
conformado por un representante del Ministerio de
Educación, un delegado de las facultades de
Comunicación Social cuya elección será
regulada por el Consejo Electoral; un representante de la
Asamblea, un delegado de los periodistas elegido por el Consejo
Nacional Electoral y tres delgados de la ciudadanía
elegidos por el Consejo de Participación.
(LGP).

Oficialismo alarga
debate de Ley de Comunicación

QUITO. El asambleísta de la Comisión de
Comunicación, Rolando Panchana (PAIS), a su ingreso al
pleno. El oficialismo sorprendió otra vez a la
oposición ayer en la Comisión Ocasional de
Comunicación, que terminó aprobando por unanimidad
una moción de Rolando Panchana (PAIS) para solicitar a la
presidencia de la Asamblea una tercera prórroga para la
entrega del informe para segundo y definitivo debate del proyecto
de Ley de Comunicación.

De acuerdo con el cronograma aprobado, la
votación del informe que elabore la presidenta del
organismo, Betty Carrillo (PAIS), en la Comisión de
Comunicación, se realizará el 14 de junio, tres
días después de que se inicie el Mundial de
fútbol Sudáfrica 2010. Con esta nueva fecha,
según la oposición, mientras el "Ecuador
futbolizado" se encontrará "ocupado" siguiendo las
incidencias del Mundial Sudáfrica 2010, los
asambleístas estarán debatiendo una ley de gran
importancia para el país. Desde ayer se tenía
previsto receptar las propuestas sobre nuevos temas. Esas
sugerencias se podrán presentar hasta el próximo
sábado.

El domingo, lunes y martes de la próxima semana
el equipo de la presidencia de la Comisión Ocasional de
Comunicación prevé elaborar un borrador de
articulado; ese borrador deberá ser entregado a los
asambleístas el próximo miércoles para que
analicen su contenido individualmente hasta el sábado 12
de junio, un día después de que se inicie el
Mundial.

El lunes 14 comenzará la votación; el 17
se redactará el informe y el viernes 18 de junio se
dará la lectura del informe; se firmará y
será entregado al presidente de la Asamblea Nacional,
Fernando Cordero.

Esta resolución se tomó después de
que el martes pasado Betty Carrillo había convocado para
realizar ayer la "votación del informe", a pesar de que
ningún asambleísta había recibido el
articulado. La presidenta Carrillo había dicho que ese
informe se lo estuvo trabajando durante los días domingo y
lunes pasados.

En cuanto a contenidos, la incertidumbre sobre el texto
final se mantiene. Lourdes Tibán (PK) fue la única
comisionada que ayer insistió por dos ocasiones ante la
presidenta Betty Carrillo para que entregara el articulado en el
que el equipo de la presidencia de la Comisión
trabajó el fin de semana para empezar el
análisis.

Pero a esa petición, Carrillo respondió
que no puede entregar textos de cosas que de pronto no se han
tratado y señaló que tal vez su español no
se entiende.

Tibán señaló que existen dos
posibilidades: no tienen en realidad el texto o "tienen en
reservas para lanzar al público un documento… que no
quieren que se alarme" al final.

Gilmar Gutiérrez (SP) agregó que la nueva
prórroga no la están pidiendo para alcanzar
consenso, sino para hacer tiempo hasta conseguir los votos que
les faltan para aprobar la ley.

Carrillo
desafía el acuerdo sobre Ley de
Comunicación

Asambleísta Betty Carrillo, de la comisión
de Comunicación.

La presidenta de la comisión de
Comunicación, Betty Carrillo, presentó un texto
base sobre la Ley de Comunicación que se aleja del acuerdo
ético-político suscrito por los jefes de bancadas,
el pasado 17 de diciembre, respecto a la integración del
Consejo de Comunicación.

El acuerdo legislativo "admite la necesidad de que
exista un Consejo de Comunicación e Información
autónomo e independiente del Gobierno y de los poderes
fácticos". Sin embargo, en el texto que presentó
Carrillo el lunes a los miembros de la comisión ocasional
que discute la ley se plantea como miembros de ese organismo a
dos delegados de los ministerios de Educación y de
Cultura.

Eso, según el propio presidente de la Asamblea,
Fernando Cordero (PAIS), contradice lo que se suscribió en
diciembre pasado, por lo que anunció que estará
presente en la próxima reunión de la
comisión, prevista para mañana a las
08:00.

"Que haya un representante del Ejecutivo es contradecir
el acuerdo de todas las fuerzas políticas, cuando incluso
el propio Presidente de la República ha dicho que no
linteresa", subrayó Cordero, quien dijo que no va a
polemizar.Pero según Carrillo, desde ningún punto
de vista se estaría contradiciendo el acuerdo porque
inicialmente se planteó que en el Consejo haya un
representante del Presidente de la República con voto
dirimente, y eso no se incluye en su propuesta.

Dijo que "el Gobierno necesariamente tiene que estar en
el Consejo, porque tiene que generar políticas de Estado,
y por eso es importantísimo que estén
representantes de estos dos ministerios". Carrillo
insistió que su planteamiento sobre la conformación
del Consejo de Comunicación es que haya un representante
del Ministerio de Educación; uno del Ministerio de
Cultura, uno del Consejo de Igualdad; uno de las facultades de
Comunicación Social; y, tres representantes de la
ciudadanía. Dijo que por el corto tiempo que tiene la
Comisión para presentar el informe tuvo que recurrir a la
misma estrategia que aplicó en el primer debate que es
presentar un borrador de proyecto y sobre eso discutir.Ayer el
asambleísta Mauro Andino (PAIS), en una entrevista con
Teleamazonas señaló que el acuerdo entre bloques
firmado en diciembre se mantendrá en todos sus puntos,
especialmente el más polémico que se refiere a la
creación del Consejo de Comunicación.

"Se requiere la conformación de un consejo pero
sin las facultades para que pueda suspender y clausurar medios y
eso se va a respetar", dijo. Pero aclaró que en ninguna
parte de este acuerdo se señala que los miembros del
consejo no deben ser parte del Gobierno. "Sería grave que
no esté conformado por ministros porque ellos son los que
llevan adelante las políticas públicas

Doce sesiones para
informe de la Ley de Comunicación

QUITO. La semana pasada, la Comisión de
Comunicación se instaló para analizar la
permanencia de Betty Barrillo en la presidencia de ese grupo. No
hubo cambios.

La comisión ocasional de Comunicación
comenzará a aplicar desde esta semana un nuevo cronograma
de trabajo para el análisis y la elaboración del
informe para segundo y definitivo debate de la Ley de
Comunicación, que incluye al menos doce sesiones hasta el
próximo 5 de junio. La primera cita será esta tarde
para concluir la discusión de los medios públicos,
privados y comunitarios que quedó pendiente hace diez
días. El nudo crítico de este tema constituye el
planteamiento desde la bancada de gobierno de que los medios
públicos puedan transmitir publicidad estatal y privada,
lo cual es cuestionado por la oposición. Uno de los temas
que entrará a debate en la primera sesión se
refiere a la propuesta del gobierno para que en la Ley de
Comunicación se incluya la rendición de cuentas de
los medios de comunicación. El siguiente tema que
abordará la comisión, según el
asambleísta Ángel Vilema (PAIS), se refiere al
Consejo de Comunicación e Información. Se tiene
previsto ocupar al menos una semana para discutir este punto
tomando en cuenta que existen criterios divergentes respecto de
su integración.

El legislador planteó la necesidad de que primero
se definan las atribuciones que tendrá este organismo
antes del número de sus miembros. Según el acuerdo
firmado entre los bloques el 17 de diciembre del año
pasado, tiene que ser independiente del gobierno y de los poderes
fácticos El asambleísta Fausto Cobo (SP)
manifestó que es necesario respetar el acuerdo
ético político, aunque teme que finalmente el
Ejecutivo incluirá mediante un veto parcial los textos que
le garanticen el control total de los medios de
comunicación privados.

Cobo indicó que la prórroga de 60
días dada por el presidente de la Asamblea para Presentar
el informe para segundo debate de la ley era inevitable, y
señaló que dentro de este tiempo se debe aprovechar
para un análisis más a fondo del documento y las
observaciones presentadas al proyecto de primer
debate.

LeyesLa rendición de cuentas de los medios
fue incluida por el Ejecutivo en un veto a la Ley de
Participación Ciudadana, donde se señala que la
ciudadanía podrá solicitar rendición de
cuentas a los medios.

Más plazo

El 29 de marzo pasado, el presidente de la Asamblea,
Fernando Cordero (PAIS), resolvió extender el plazo de la
discusión de la Ley de Comunicación hasta
junio

¿Qué opina de la Ley de
Comunicación, plagada de restricciones, sanciones como de
hasta posibles cierres de medios, que intenta aprobar la
Asamblea?

Siempre ha habido y habrá diferentes ideas y
pensamientos y eso es lo que enriquece al ser humano; no se debe
vetar o prohibir a los demás por decir lo que piensan, eso
es faltar a la libertad de expresión, claro que si los
medios hablasen maravillas del Gobierno actual no
tuviéramos este debate. Que aprendan a escuchar y aceptar
las críticas y se plantean  a lo que están
haciendo mal.

Ruth Rivas Campos

Barcelona,  España

Me parece muy mal que este señor Panchana,
asambleísta elegido por el Guayas y buen periodista que
siempre fue, se dedique a escribir leyes en contra de algo que
él fielmente defendía.

Sus profesores, compañeros, amigos y familia
deben sentirse traicionados por lo que está haciendo.
Ponga las barbas en remojo, el Gobierno de la revolución
se acaba y el país sigue.

Roberto Paredes,

Guayaquil Esto demuestra la poca tolerancia de un
gobierno que no le gusta oír lo mal que está
haciendo su tarea, porque los medios de comunicación son
la voz de los que no tienen voz, en este caso la del pueblo.
Acallar los medios de comunicación es entrar en una
dictadura total.

Félix Aguayo Pérez

ChileEs una ley que beneficia al pueblo, que
ahora sí podrá tener acceso a información
seria, fidedigna y sin ninguna restricción. Creo que es
una magnífica oportunidad para que los verdaderos
periodistas independientes de conciencia publiquen la
corrupción de sus patrones sin temor a ser echados de sus
puestos en los medios de comunicación. Por la libertad de
expresión.

Miguel Villón

GuayaquilExcelente. Ya era hora de regular todos
los medios y decirles a los presentadores de noticias,
entrevistadores o editores que ellos no representan la voz del
pueblo más que solo la opinión de ellos. Los
dueños, editorialistas y presentadores de noticias deben
de abstenerse de envenenar.

Rosy Pineda

GuayaquilEsa ley sería la varita
mágica que SP necesita para apropiarse del país sin
ninguna restricción.Sería como crear un profundo
hoyo donde habite la impunidad, con toda su podredumbre, entes y
departamentos públicos necrosados, se viviría una
nueva era de millonarios corruptos y el pueblo pasaría a
ser su esclavo. Tendríamos que adaptarnos a habitar en un
mundo de sordos, de mudos e indolencia, porque el pánico
sería nuestro único aliado y la ilusión, un
mito.

Debaten sobre la ley
de Comunicación Audiovisual

Este martes a las 19:30, "se realizará una nueva
reunión del Foro Popular de la Comunicación, cuya
convocatoria es abierta", informó a AIM el integrante de
la entidad Edgardo Massarotti, quien señaló que "se
hará un informe sobre la cuestión judicial, se
analizará el dictamen del procurador de la Corte Suprema
de Justicia y se abordarán cuestiones vinculadas con el
Consejo de Políticas Comunicacionales de la
Provincia

Espacio abierto

Integrado por diversas organizaciones de la sociedad
civil, el Foro Popular de la Comunicación de
Paraná, nació como un espacio abierto y
participativo de discusión del Proyecto de Ley Nacional de
Servicios de Comunicación Audiovisual, hoy convertido en
Ley 26522, con el aporte de muchos entrerrianos y entrerrianas
partícipes del Foro, se informó en un comunicado
a AIM.

Desde el Foro, entienden que "la comunicación es
un proceso social profundo y complejo, a partir del cual se
constituyen identidades, se definen posiciones y se establecen
acciones".

Asimismo, consideran que "ese proceso es fundacional de
toda sociedad democrática, y por lo tanto debe ser libre,
participativo, igualitario y no discriminatorio"

"Es decir que desde el Foro concebimos a la
comunicación como un derecho humano que no es patrimonio
de comunicadores, ni de periodistas, ni de gobiernos, ni de
propietarios/as de medios, sino que le pertenece a la sociedad
toda", agregaron.

Consejo de
Políticas Comunicacionales

El año pasado, el Foro propuso al gobernador la
conformación del Consejo de Políticas
Comunicacionales, al cual se hizo lugar con la firma del Decreto
432/10. 

"En ese marco consideramos que para seguir avanzando en
el proceso de definición de esas políticas
comunicacionales es necesario el aporte de todos los sectores
sociales, sumando nuestro trabajo para construir nuevos espacios
de participación democráticos y plurales en pos de
una sociedad mejor", expresaron

Por último, desde el Foro se recordó a
todas las organizaciones sociales que en virtud del Decreto
432/10, Artículo 2º, deberán designar un
representante como postulante para integrar el Consejo Provincial
de Políticas Comunicacionales y comunicar dicha
información a la Dirección General de
Información Pública (Dgip) del Poder Ejecutivo
Provincial.Dicho artículo establece que el Consejo se
integrará por 41 miembros a propuesta de: municipios;
entidades no gubernamentales de derechos humanos, culturales,
estudiantiles, confesionales, sociales; entidades sindicales de
los trabajadores de medios de comunicación; universidades
públicas; etc. (ver Arts. 2 y 3 del Decreto 432/10
GOB.).

La nueva Constitución ecuatoriana es posiblemente
una de las primeras en consagrar el derecho a la
Comunicación. Como parte de los derechos del buen vivir,
la Carta Magna indica en la tercera sección que todas las
personas tienen derecho a una comunicación libre, al
acceso a las tecnologías de la información y
comunicación y obliga al Estado a fomentar el acceso
universal. También garantiza los tradicionales derechos a
la libertad de expresión y de prensa y a recibir y
producir información plural y veraz. Pero, sin lugar a
dudas, la tarea que se menciona en la disposición
transitoria, de aprobar una "Ley de la Comunicación" hasta
el 21 de octubre de este año, se torna tan difícil,
debido precisamente a que aquí se habla, no solo del
derecho a estar bien informado, sino del conocimiento en toda su
magnitud actual.

La intención de los asambleístas no fue
solamente dar a los ciudadanos del Ecuador nuevas
garantías de que las noticias que se les proporciona sean
verificables, ni tampoco de proteger a los medios contra posibles
aspiraciones de interferencias por parte de las autoridades del
Estado. Lo que quisieron los que formularon la primera parte de
la Constitución fue presentar una reacción
contemporánea a la rasante evolución de las nuevas
tecnologías, que ha convertido el acceso a ellas en una
nueva forma de convivencia, en inusitada fuente de poder. La
pregunta es si nuestro país puede cumplir esta tarea
pionera.

Dice el Artículo 17 que el Estado
facilitará el acceso a las tecnologías de
información y comunicación en especial para las
personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo
tengan en forma limitada. Habla de un acceso universal donde la
brecha tecnológica es profunda, no solo por la falta de
dinero para comprar los aparatos y los programas, sino sobre todo
por la generalizada incapacidad de usarlos para una real
comunicación. Todo esto, con una tecnología que
cambia constantemente y a buen ritmo.

La pregunta es si realmente la intención fue que
el derecho a la comunicación sea exigible o si se
empaquetó dentro de estas atractivas formulaciones las
aspiraciones de rédito y control que se reflejan en otros
pasajes de la Carta Magna, donde se alude a los medios en su
calidad de fuentes de riqueza, al temor a los monopolios y la
necesidad de una ley que regule los contenidos.

Lo que llama la atención es lo poco que se ha
discutido hasta ahora, por lo menos públicamente, una ley,
que no solo tiene plazo fijo, sino que podría constituir
uno de los mecanismos que decida sobre el proceso
democrático en el Ecuador a corto plazo y también
para el futuro.

El Observatorio Ciudadano de la Comunicación de
Cuenca, una ONG dedicada a la veeduría de los medios,
hasta ahora sobre todo en relación con el sexismo en la
publicidad, convocó la semana pasada a un foro sobre el
tema. Pero, aunque interesantes en aspectos puntuales, los
ponentes estuvieron muy lejos de poder delinear lo que
podría contener o, mejor dicho, debería dejar de
contener la nueva Ley de la Comunicación.

Advierten que la
nueva Ley Electoral amordazará a medios de
comunicación

La Ley del Órgano Electoral sancionada este
martes en la Cámara de Senadores fue calificada como
"arbitraria" por el analista político Carlos Cordero,
quien indicó que esta norma se consolidará como una
"ley mordaza" contra los medios de comunicación, toda vez
que norma las encuestas, conteos en boca de urna y restringe las
campañas políticas.

"Si bien el Gobierno no amordazó a los medios de
comunicación, como pretendía. Da la
impresión que la Ley mordaza está en la Ley
Electoral, toda vez que se amordaza a las empresas que realizan
encuestas y norma el horario para dar los datos en boca de urna",
dijo.

De hecho, la Ley del Órgano Electoral sancionada,
este martes, por la mayoría oficialista en el Senado
señala que las encuestas de opinión y de
intención de voto, sólo sean difundidas 48 horas
antes del día de votación. Otro aspecto es que los
resultados del conteo de votos, tal es el caso de las mesas
instaladas en las cárceles, tampoco sean difundidas de
inmediato "porque podría influir en la decisión del
votante".

Es por esto que la Ley del Órgano Electoral
reglamenta también la emisión de resultados en boca
de urna y establece las 20.00 horas como el nuevo horario para
que los medios de comunicación den a conocer los primeros
resultados en boca de urna, no así a las 19.00 horas como
era antes.

El proyecto de Ley también establece que las
empresas encargadas de realizar estudios de intención de
voto y encuestas, tendrán que presentar una propuesta al
servicio de Interculturalidad del Órgano Electoral
Plurinacional y será esa instancia que
reglamente.

La Ley del Órgano Electoral contiene 268
artículos, seis títulos divididos entre: el objeto
y principios democráticos, la democracia participativa,
democracia directa, democracia comunitaria, organización
proceso y actos de votación, faltas y delitos electorales,
control social y transparencia

País acuerda ceder posiciones
en proyecto de Ley de Comunicación

Luego de algo más de tres horas de
reunión, la bancada de Alianza País decidió
ayer ceder posiciones en el proyecto de Ley de
Comunicación, cuyo articulado se aprueba desde el lunes en
la Comisión a cargo

Trascendió que el bloque, que cuenta con 54 de
124 legisladores, pedirá a sus seis asambleístas,
conversar con la oposición y llegar a varios acuerdos
dentro de la mesa.

Uno es el relacionado con el art. 10, que señala
que se garantiza el derecho a la libertad de expresión y
pensamiento, con una información veraz, verificada,
oportuna, contextualizada y plural.

Se supo que A. País decidió evitar
más polémica en torno a la ambigüedad del
término "veraz", entre otros. 

Además también se abrió la
posibilidad de que la integración del Consejo de
Comunicación sea ciudadano y que de este modo el organismo
tenga una función veedora. El Ejecutivo tendrá a su
representante en el Ministerio o la Secretaría de
Comunicación, a cargo de dictar las políticas
públicas, etc.

La idea es que Betty Carrillo, presidenta de la
comisión, sea parte del acuerdo. Pero si no aceptara, la
bancada le hará un llamado de atención y
además solicitará a los miembros del buró
que hablen con ella. En la reunión de esta noche
participaron 22 asambleístas, estuvieron Fernando Cordero,
César Rodríguez, Rolando Panchana, Mao Moreno,
Gastón Gagliardo, María Paula Romo, Virgilio
Hernández, María Augusta Calle, Vethowen Chica,
Mauro Andino, Ángel Vilema, entre otros. También
estuvo el Viceministro de Coordinación
Política

Ley de
Comunicación, 6 borradores y ningún proyecto
terminado

La Comisión Ocasional de Comunicación vota
desde el lunes artículo por artículo del proyecto
de Ley que debe ser entregado el próximo
viernes.

Contrario a lo que dijo el presidente de la
República, Rafael Correa, hace dos semanas, sobre que la
Ley de Comunicación no es de vital importancia para el
gobierno, los legisladores de PAIS han demostrado en la Asamblea
Nacional, que para ellos si es prioritaria.

Esto, luego de que desde que la semana pasada se
incrementaron los cabildeos y hasta ciertas maniobras que
además de dividir el bloque gobiernista provocaron la
aparición de un nuevo documento con el que ya suman cinco
los proyectos de Ley de Comunicación que han surgido en el
Legislativo después de ocho meses de intenso y
polémico debate.

Una de estas acciones fue la aparición de dos
proyectos de ley de autoría de la presidenta de la
Comisión Ocasional Betty Carrillo; uno fue distribuido a
las 11h48 de el jueves 10 de junio a través del correo
electrónico de la Comisión en el que se incluye la
cuarta reformatoria que habla sobre el acoso
mediático.

Este documento no solo lo recibieron periodistas sino
también legisladores como Jimmy Pinoargote (Municipalista)
quien asegura que a él le llegó esa versión
de la ley. "Yo le puedo mostrar el que yo tengo, donde habla del
acoso mediático, basado a una reforma penal".

Carrillo por su parte dijo desconocer este documento.
"Pueda que alguien este enviando a nombre de la comisión
un documento falso. Ya me preocupé", dijo descartando
además que en algún borrador enviado por ella
exista el tema del acoso mediático.

Carrillo envió también por email el lunes
pasado lo que ella asegura es el borrador con el que se trabaja
en la Asamblea y sobre el que se está realizando la
aprobación del articulado. Este solo tiene tres
disposiciones reformatorias.

Sin embargo hay un tercer borrador que fue elaborado por
Xavier Flores y Manolo Sarmiento., asesores externos del
Presidente de la Asamblea Fernando Cordero.

Flores, aclaró que su trabajo básicamente
fue el de pulir un documento base, precisarlo en sus
términos y adecuarlo a estándares internacionales
de Derechos Humanos

El informe hecho por los asesores aún no ha sido
entregado de manera oficial a la Comisión Ocasional. La
legisladora gobiernista María Augusta Calle ha hecho
aportaciones al debate basadas en este nuevo documento, pero
hasta ayer no habían sido tomadas en cuenta, según
Carrillo.

A ese borrador se suman otros tres documentos
presentados inicialmente por Rolando Panchana, Lourdes
Tibán y César Montúfar en meses anteriores,
con lo que ya suman seis los proyectos propuestos para
convertirse en la nueva Ley de Comunicación.

Los puntos críticos del debate

Según el articulado distribuido por Betty
Carrillo en la integración del Consejo de
Comunicación se mantiene la presencia de dos
representantes del Ejecutivo. "En un organismo que
ejecutará y evaluará políticas
públicas es innegable de acuerdo con la
Constitución. Si alguien no quisiera que sea así
que haga otra Asamblea Constituyente o que modifique parcialmente
la Constitución y todos felices. Pero mientras tanto,
mientras haya una constitución vigente hay que hacerse
cargo y cumplirla", subrayó Xavier Flores.

Sin embargo asambleístas del bloque gobiernista
se muestran abiertos al diálogo sobre el tema. "Eso lo
vamos a conversar dentro de la Comisión, pero nosotros
vemos que dos frente a siete es una proporción adecuada",
dijo Rolando Panchana.

Jimmy Pinoargote comentó que en lo que a
frecuencias se refiere ahora hay otros temas críticos.
"Quitan ellos el tema de las frecuencias provinciales, o sea que
los medios solo puedan tener cobertura provincial, pero
incorporan una figura que tiene que ver con cobertura. Los medios
serian, provinciales, locales y regionales; privados,
públicos y comunitarios, pero solamente podrían
tener una concesión en cualquiera de esas
aéreas".

Así también el último borrador de
Carrillo dispone, según Pinoargote, la renovación
de frecuencias mediante concurso. Su propuesta es otra: "La
renovación debe ser automática, siempre y cuando se
cumplan los parámetros, tanto técnicos, como
contemplados en el contrato de concesión",
sostuvo.

A 180 días de discusión y enfrentamientos
por los denominados puntos polémicos de la ley, los
legisladores de la Comisión ocasional han logrado aprobar
28 artículos en la última semana de plazo para
entregar el informe.

Siete de ellos se aprobaron el lunes y otros veintiuno,
hasta ayer al medio día. El documento que impulsa Carrillo
contiene 99 artículos, una disposición general,
siete transitorias, una derogatoria, tres reformatorias y una
disposición final.

Este viernes la Comisión debe
entregar el informe del segundo y definitivo debate.(Fuente:
Buró de análisis)

Consejo de Comunicación causa
polémica

La bancada de AP analizó el
proyecto de ley; mientras que la minoría trabaja en un
plan alternativo.

Las atribuciones e  integración del Consejo
de Comunicación e Información concentraron ayer la
atención de la bancada oficialista y de la
oposición. Tras dos días de análisis y
aprobación de los articulados referentes al objeto y
ámbito de la comunicación, a los principios y
derechos de libertad, igualdad y participación, y al
Sistema de Comunicación, ayer la Comisión Ocasional
de Comunicación puso sobre la mesa el análisis de
la constitución del Consejo, tema que fue cuestionado
desde un inicio por los asambleístas de
minoría. La propuesta presentada por la presidenta de
la Comisión, Betty Carrillo, señala que el Consejo
es un organismo público con personalidad jurídica y
autonomía funcional, administrativa y financiera, cuya
finalidad es el pleno ejercicio de los derechos a la
comunicación. 

Destaca además que este órgano
estará integrado por siete postulados: dos del Presidente
de la República, uno del Consejo de Igualdad, uno de las
facultades o escuelas de Comunicación Social y tres de la
ciudadanía. 

El proyecto incluye dentro de sus atribuciones
formular y ejecutar los planes y políticas públicas
y nacionales para promover y garantizar los derechos de
comunicación y monitorear las publicaciones y
programación de todos los medios de comunicación
del país. 

Carrillo indicó que de darse aportes por parte de
su bancada política Alianza PAÍS, estos
deberán ser planteados en la comisión. Esto lo dijo
una vez que a las 17:00 de ayer estaba previsto que el bloque del
oficialismo se reuniera para debatir sobre el proyecto de
ley.  Carrillo, quien encargó la presidencia de la
Comisión a Mauro Andino, indicó que
regresará a la titularidad cuando se hayan discutido todos
los artículos del proyecto.  

Expresó que queda poco tiempo para preparar el
informe debido a que tiene hasta el sábado para
presentarlo. Sin embargo no creyó pertinente pedir otra
prórroga. Ante las críticas de la minoría,
aclaró que en ningún momento se ha roto el Acuerdo
Político con los jefes de bloque y más bien
acotó que se ha dado oportunidad a los asambleístas
para presentar sus propuestas. Incluso advirtió que al
interior de la Comisión se discute artículo por
artículo sin contar con un documento oficial como se ha
dicho. No obstante, la propuesta del presidente de la Asamblea,
Fernando Cordero, está siendo recogida.  En tanto
Rolando Panchana expuso que lo vital del Consejo son las
atribuciones.Por su parte, los asambleístas de
minoría, César Montúfar, Jimmy Pinoargote,
Fausto Cobo y el alterno de Cynthia Viteri junto a los jefes de
bloque, a excepción de PK y AP, ratificaron el Acuerdo
Político y decidieron  que el Ejecutivo y los poderes
fácticos queden fuera del Consejo. Rechazaron
además la aprobación del artículo 10
referente al  derecho de libertad de expresión y
crearon una comisión de redacción de una propuesta
alternativa

Discrepancias en el
oficialismo por Ley de Comunicación

El bloque de gobierno sesiona a puerta cerrada y sin
acceso a la prensa.

Betty Carrillo, presidenta de la comisión, hizo
públicas las divergencias al interior del bloque. "Lo que
sí lamento son criterios de personas que, desde mi punto
de vista, se han sumado y han caído en los poderes
fácticos, dijo.

La asambleísta no dio nombres pero
adelantó "que pronto se podrán escuchar esas voces
y podrán identificar a quién me
refiero".

Por su parte, el legislador César
Rodríguez comentó el proyecto de Ley de
Comunicación "encontramos una serie de deficiencias que
pensamos que tienen que ser corregidas y cambiadas". A esto,
Betty Amores agregó que "todavía no hubo una
definición sobre el tema del Consejo".

Al igual que la Ley de Recursos Hídricos, no se
descarta un posible limbo legislativo para la Ley de Medios. Los
legisladores de Alianza PAÍS mantiene una reunión
reservada para analizar puntos críticos como el Consejo de
Comunicación, la regulación de frecuencias y el
sistema de sanciones.

No descartan fracaso de la Ley de
Comunicación

Así lo advierte la presidenta de la
comisión especializada de la Asamblea Legislativa, Betty
Carrillo.

El proyecto será analizado en las próximas
horas por el bloque asambleísta del
oficialismo.

Aparentemente no tendrían los 63 votos necesarios
para aprobarla y se cuestiona también la conflictividad
que genera este proyecto de Ley de
Comunicación.

Carrillo comentó que "para el Ejecutivo es mucho
mejor que esté vigente la ley actual de Radio y
Televisión, en primer lugar porque no garantiza derechos y
en segundo lugar porque le da un poder absoluto al Ejecutivo".
Este fin de semana se entregó el proyecto para
que los asambleístas de gobierno lo analicen.
Mantiene aspectos críticos como un Consejo de
Comunicación con representación del Gobierno y la
limitación de cobertura nacional de los medios, o la
limitación de la renovación de frecuencias
radioléctricas a 20 años.

Betty Carrillo aclara que no se han sumado otros
aspectos conflictivos a la ley y que "no existe intolerancia
política dentro del proyecto".

Cordero: Ley Comunicación es para la gente, no
para el gobiernoDescarta que, través de la futura ley, el
régimen pretende adueñarse de las frecuencias y
limitar a los medios de comunicación.

El presidente de la Asamblea Nacional ofreció una
rueda de prensa para anunciar la nueva prórroga para la
entrega del informe para segundo debate; afirma que pasado ese
tiempo, el país tendrá una Ley de
Comunicación.

Respecto al Consejo de Comunicación e
Información, tema sensible en los debates, Cordero
prometió un organismo "sin trampas" pero con presencia
reguladora del gobierno, algo que según él, no
representa violación alguna al acuerdo
legislativo.

Pese al rechazo no sólo de legisladores de
oposición, medios de comunicación y sectores
sociales, puntualizó que lo más importante no es su
conformación sino las competencias que se le darán
en la futura Ley.

Además, aseguró que se han recogido
observaciones, como la que entre sus integrantes no estén
ministros, ni personas de libre nombramiento, sino personas que
tengan periodo fijo, de modo que no haya dependencia ni
injerencia.

El oficialista hizo duras críticas contra quienes
se oponen a una Ley de Medios. "No será que a los poderes
fácticos les interesa que no haya ley. No será que
los que están publicando páginas enormes de
que la mordaza llega será que se quieren quedar
en el estado en el que están porque están haciendo
lo que les da la gana", cuestionó. Asimismo,
descartó las acusaciones de que el gobierno pretende
apoderarse de las frecuencias radioeléctricas y limitar la
cobertura nacional de los medios de
comunicación.

"(el gobierno) Debe democratizar el uso del espectro
radioeléctrico. Es que aquellas frecuencias ilegales,
ilegítimas sean declaradas vacantes, queden libres",
expuso Comisión analiza si Ley de Comunicación va a
consulta prelegislativa Los asambleístas de la
comisión especializada analizarán el contenido del
articulado del proyecto para tomar una decisión, informa
la agencia de noticias Andes.

El tema se comentó, brevemente, en la
sesión del miércoles, considerando que
existió una petición de la asambleísta
Lourdes Tibán en el sentido que determinados temas del
proyecto de Ley de Comunicación sean sometidos a consulta
prelegislativa, argumentando lo previsto en el artículo
57, numerales 17 y 21, de la Constitución. Este
último numeral referente a "la creación de sus
propios medios de comunicación social en sus idiomas y el
acceso a los demás, sin discriminación alguna El
organismo legislativo acordó que el Estado
reservará al menos el 33% del espacio
radioeléctrico para los medios comunitarios, cuando
anteriormente había el criterio de que sea el 25%. La
violación de esta disposición será
sancionada con la destitución del funcionario o autoridad
responsable.

Dicha propuesta fue presentada por la asambleísta
María Augusta Calle y apoyada por los comentarios de
Lourdes Tibán, Betty Carrillo, Ángel Vilema, Jimmy
Pinoargote y Miriam Jaramillo.

El Gobierno
tendrá dos delegados en el Consejo de
Comunicación

"Quedó roto el acuerdo…", Con esas
palabras de Lourdes Tibán (PK) se selló la
votación con la que PAIS dio paso a que el Ejecutivo tenga
tres miembros en el Consejo de Comunicación, quebrantando
así el consenso logrado por los bloques en diciembre de
2009.

Ese "pacto" legislativo señalaba que dicho
organismo será autónomo e independiente de los
gobiernos de turno y de los poderes fácticos (la prensa)
pero el oficialismo insiste en que esa autonomía e
independencia se mantendrá porque los representantes del
Ejecutivo estarán en minoría. El texto aprobado fue
el presentado por la presidenta de la Comisión, Betty
Carrillo (PAIS). De esa forma, el Consejo estaría
conformado por dos delegados directos del Presidente de la
República, uno del Consejo de Igualdad de Niñez y
Adolescencia, uno de las facultades de Comunicación y tres
de la ciudadanía elegidos por el Consejo de
Participación Ciudadana. "Los consejos de igualdad son
parte de la Función Ejecutiva", explicó
César Montúfar (CND) tras retirarse de la
Comisión junto a los otros tres asambleístas de
oposición para rechazar lo que Jimmy Pinoargote (Ind.)
llamó "la dictadura de los votos". Pero luego de ello
volvieron a la sesión. Previo a la votación,
Montúfar mocionó que se elimine del artículo
los literales A y B que aluden a los representantes del Gobierno
pero PAIS ganó la votación para negar aquello.
Luego, el legislador pidió al oficialismo que exponga sus
argumentos para querer al Ejecutivo en el ente pero Carrillo
sólo dijo que eso ya se había debatido lo
suficiente dentro y fuera de la Comisión de
Comunicación.

Antes de tratar la integración del Consejo, se
aprobó el artículo sobre las facultades que
éste tendrá. En total son 19 atribuciones entre las
que constan llevar el registro de los medios, implementar
mecanismos para que los medios transparenten información
sobre sus niveles de sintonía o tiraje y monitorear el
cumplimiento de la clasificación de contenidos y las
franjas horarias.

Los jefes de 10 bloques legislativos ratificaron su
compromiso con el acuerdo que firmaron en diciembre de 2009 para
la construcción de la ley de comunicación el cual,
entre otros temas, rechaza la participación del Ejecutivo
en el futuro Consejo de Comunicación.

La cita fue organizada por los asambleístas de
oposición de la Comisión de Comunicación,
quienes dicen que PAIS rompió dicha acta de
consenso.

Los oficialistas no acudieron a la convocatoria,
según Vethowen Chica, porque no les avisaron. Más
allá de esta ausencia, los jefes de bloque resolvieron
armar una comisión que elabore textos alternativos a los
artículos más polémicos del proyecto. Pero
debían hacerlo antes de que se aprueben los
artículos pues, ahora ya no se los podrá incorporar
en el informe de segundo debate.

Los delegados de todas las fuerzas políticas, a
excepción de Alianza País (bancada de
mayoría con 54 de 124 asambleístas) participaron de
la reunión, en la que se trató sobre el proyecto de
Ley de Comunicación. Asistieron los presidentes de los
bloques del PSP, Prian, MPD, PRE, ADE, Alianza Libertad,
Madera de Guerrero y PSC y socialistas.

Los legisladores de oposición y de minoría
en la mesa de Comunicación, César Montúfar,
Jimmy Pinargote, Ernesto Borja y Fausto Cobo convocaron a los
jefes de bloque. César Rodríguez, oficialista, fue
el único ausente, pese a haber sido invitado.Los
asistentes decidieron formar una comisión de
redacción de textos alternativos, en la cual
estarán Paco Moncayo (Alianza Libertad), Silvia Salgado
(socialista), Jorge Escala (MPD), Cinthia Viteri o Borja (PSC-
Madera de Guerrero) y Montúfar.  Hubo un consenso en
rechazar la participación del Ejecutivo en el Consejo de
Comunicación.

Gilmar Gutiérrez (PSP) planteó la
dificultad de contar con 83 votos para ratificar el proyecto de
Ley de Comunicación, aprobado, ante un posible veto del
Ejecutivo.

Organismos internacionales preocupados El proyecto de
Ley de Comunicación que analiza la Asamblea Nacional ha
recibido observaciones de parte de varias entidades
internacionales como la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco)
y la Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de la Organización de Estados Americanos
(OEA).

En diciembre del año pasado el director de
Unesco-Quito, Edouard Matoko, envió al presidente de la
Asamblea, Fernando Cordero (PAIS), un documento con 122
páginas en el que se detallaron 22 observaciones al
proyecto de ley.El organismo advirtió que el proyecto
contiene aspectos no alineados con los estándares e
instrumentos internacionales. A la Unesco le preocupa las
facultades e integración del Consejo de
Comunicación, pues a su criterio, el proyecto en estudio
otorga "una enorme concentración de poderes para un solo
organismo estatal que no tiene una independencia clara del
Gobierno, y con facultades muy amplias, discrecionales y laxas
que podrán convertirse en restricciones a derechos
fundamentales". Agrega que se otorgan más poderes al
Consejo que lo que el propio articulado define como finalidad del
mismo.Además, se cuestiona la integración del
Consejo y se apunta que debe expresarse la independencia
política y jerárquica del Gobierno en materia de
decisiones. Los asuntos más inadecuados, según la
Unesco, se refieren a la expedición de un registro
habilitante para el funcionamiento de medios y su posible
cancelación, inclusive de medios escritos, y la
evaluación y eventual sanción por considerar que
periodistas, medios o personas a través de los medios
difundieron información que no sea considerada
veraz.

La relatora para la Libertad de Expresión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA,
Catalina Botero, también hizo reparos al proyecto en
diciembre. Entre los temas que le causan preocupación
están el de la censura previa, la imposición del
título de comunicador social como requisito para ejercer
el periodismo, el sistema de registro de medios y régimen
de sanciones, la posible intervención en contenidos, y
garantizar la reserva de la fuente.La Relatoría
volvió a señalar en abril de este año, en un
comunicado al presidente Rafael Correa, que si se aprueba el
texto actual de la ley de comunicación se
afectarían las libertades de prensa y de
expresión.

Dos sillas para ejecutivo en ente que
controlará

Con una moción de Rolando Panchana (PAIS) para
respaldar el texto presentado por Betty Carrillo (PAIS), los seis
oficialistas integrantes de la Comisión Ocasional de
Comunicación aprobaron ayer que el futuro Consejo de
Comunicación cuente con dos representantes del Presidente
de la República, uno de los Consejos de Igualdad, uno de
las facultades o escuelas de comunicación y tres de la
ciudadanía (que serían designados por el Consejo de
Participación Ciudadana)..A las 17:30, cuando la
Secretaría de la Comisión proclamó los
resultados: 6 votos a favor de PAIS y cinco en contra de MG, SP,
CDN, MMIN y PK, Lourdes Tibán (PK) exclamó:
"Quedó roto el acuerdo (político)" y el resto de la
oposición denunció que el presidente Rafael Correa
no tendrá dos miembros, sino tres de un total de siete,
porque los Consejos de Igualdad son parte del Ejecutivo.  La
oposición recordó que el cuarto punto del acuerdo
político firmado en diciembre pasado establecía que
el Consejo de Comunicación tendrá autonomía
e independencia del Gobierno y de los poderes fácticos y
que la Constitución prohíbe que un organismo
regulador esté integrado por representantes que se
constituyan en juez y parte al momento de tomar decisiones. Antes
de votar por la integración del Consejo, con los mismos 6
votos, PAIS aprobó 19 atribuciones para el Consejo de
Comunicación.

Entre ellas, proteger y promover la vigencia efectiva de
los derechos a la comunicación establecidos en la
Constitución; los instrumentos internacionales y la ley;
vigilar que las políticas públicas garanticen y
promuevan los derechos de comunicación; conocer y resolver
en sede administrativa sobre las vulneraciones a los derechos a
la comunicación; el monitoreo técnico de la
programación de radio y televisión con el fin de
determinar el cumplimiento de la clasificación de
contenidos y franjas horarias; y, promover la deliberación
pública y el debate, mediante audiencias públicas,
veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos
consultivos, observatorios u otros mecanismos ciudadanos. Se
agregó una atribución propuesta por Panchana en el
sentido de que el Consejo promueva la transparencia en la
información sobre el tiraje, sintonía y niveles de
audiencia de los medios. Pero no acogió la de
Montúfar para que "los servidores públicos no
vulneren los derechos humanos de los ciudadanos", haciendo
referencia a las cadenas sabatinas del presidente Rafael
Correa.Tibán recordó que en el art. 68 del proyecto
que todavía no se vota (hasta las 18:30 de ayer), al
Consejo se le da otra atribución: la de otorgar los
títulos habilitantes para el uso del espectro
radioeléctrico y pidió que se aclare si debe entrar
en las atribuciones, pero el oficialismo no habló del
tema. La Comisión aprobó anoche hasta el
artículo 55 del proyecto de Ley de Comunicación. Se
dio luz verde a los requisitos para ser parte del Consejo de
Comunicación, la designación, su estructura,
funcionamiento y los requisitos para ser secretario
técnico del ente.Los miembros del Consejo durarán
cuatro años en sus funciones y no serán de libre
remoción. El Presidente tendrá voto dirimente y
durará dos años en funciones.

La oposición se reintegró a la
discusión a las 18:38 pero los integrantes del oficialismo
salieron del recinto supuestamente por 5 minutos, sin embargo, la
ausencia se extendió por casi hora, para reunirse con el
asambleísta César Rodríguez (PAIS) en la
segunda vicepresidencia de la Asamblea.Al llegar al
artículo 56 sobre los procedimientos administrativos la
sesión se estancó porque no se habían
definido las competencias de los delegados territoriales del
Consejo.

Pormenores: Debate

ProfesionalizaciónSe eliminó que uno de
los requisitos para integrar el Consejo de Comunicación
sea poseer título profesional de tercer nivel.
Además, ser militante de partidos o movimientos
políticos no será un impedimento para formar parte
del Consejo.

Ley de
Comunicación propone nuevo organismo

El asambleísta Rolando Panchana
durante la presentación del proyecto de Ley de
Comunicación elaborado por el oficialismo.

Quito. La propuesta de ley de Comunicación del
Gobierno, presentada ayer por el asambleísta Rolando
Panchana, segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional,
reveló, entre otros puntos, la creación del Consejo
Nacional de Comunicación. Este organismo estará
encargado del control de la actividad de los medios de
comunicación y en general supervisará el tema a
escala de país.

Según Panchana, el proyecto "garantiza los
derechos que tienen las personas, comunidades, colectivos,
pueblos y nacionalidades a acceder a todas las formas, medios y
servicios de comunicación, en su propia lengua y con sus
propios símbolos". El ex comunicador informó que el
documento, que será presentado oficialmente hoy, a las
11:00, ante la Secretaría de la Asamblea, será
socializado con los diversos actores de la comunicación,.
El propósito es receptar las observaciones, comentarios y
sugerencias, las mismas que serán sistematizadas, para
enriquecer la propuesta.

DerechosA criterio del proyecto gobiernista, los
contenidos de los medios "deberán encaminarse al
cumplimiento de los derechos de las personas, pueblos,
comunidades y nacionalidades a la comunicación e
información de conformidad con lo que consagra la
Constitución".

El Estado, para garantizar el ejercicio integral de la
comunicación y de la información, "promoverá
apoyo a la gestión institucional, el protagonismo e
interacción de las personas, el acceso al desarrollo
científico y tecnológico, en el marco de un orden
democrático, de forma ética, incluyente,
participativa, diversa y equitativa".

Medios Panchana señaló que los medios
de comunicación públicos pertenecen a la sociedad
ecuatoriana. A más de cumplir con los objetivos de
informar y entretener, "deben producir y difundir contenidos
altamente educativos, que fomenten la inclusión, la
interculturalidad, la identidad nacional y los derechos humanos.
Éstos no tendrán fines de lucro". Agregó que
"se consideran medios privados de comunicación, aquellos
cuya propiedad, administración y dirección
corresponda a personas naturales o jurídicas privadas,
reconocidas por la Constitución y las leyes".

CiudadaníaEl proyecto sostiene que "todo
ciudadano tiene el derecho a ejercer opinión libre,
siempre y cuando no afecte derechos fundamentales de otras
personas, dispuestos en la Carta Suprema, leyes, pactos,
convenios, declaraciones y demás instrumentos
internacionales de derechos humanos. Toda opinión es de
exclusiva responsabilidad de quien la emite". Agregó que
"se reconocen los derechos de cláusula de conciencia; y,
reserva de la fuente y secreto profesional para garantizar el
ejercicio de la profesión de los comunicadores
sociales".Un nuevo organismoSegún la propuesta presentada
por Rolando Panchana, se crea el Consejo Nacional de la
Comunicación e Información como un organismo con
personería jurídica, autonomía
administrativa y financiera, que tiene por finalidad velar y
consagrar los derechos de la comunicación e
información. La entidad tiene previsto articular las
relaciones entre el Estado y la sociedad en la elaboración
y desarrollo de las políticas y planes públicos de
comunicación. "Posibilitará la satisfacción
de las demandas sociales, la defensa y garantía de
funcionamiento de los medios públicos, privados y
comunitarios, entre otros puntos", señala el
proyecto

Ley de Comunicación tiene
intención real de democratizar espacio mediático,
sostiene RSF

En un informe elaborado por la
organización Reporteros sin Fronteras (RSF) se reconoce
que la futura Ley de Comunicación, que debate la Asamblea
Nacional ecuatoriana, tiene la intención real de
democratizar el espacio mediático.

Estima que el proyecto de ley marca un real progreso en
la reestructuración del sistema de atribución de
las frecuencias, reservando un 33% de éstas a los medios
de comunicación públicos, un 33% a los medios de
comunicación privados y un 33% a los medios de
comunicación comunitarios.

El documento señala que aunque algunos predicen
para Ecuador una evolución "a la venezolana" en
materia de libertad de prensa, puesto que la polarización
extrema del paisaje mediático lleva a pensarlo, "la
necesidad de regularlo se admite globalmente, tanto por una
prensa privada a menudo"opositora", por no
decir de oposición, y por la prensa
pública recientemente  creada, a la que califica como
cercana al Gobierno".

"Representativo del contexto latinoamericano, donde los
retos de comunicación, pluralismo, repartición de
las frecuencias y de habilitación de espacios para los
diferentes tipos de medios de comunicación evocan el de la
reforma agraria años atrás, Ecuador
quizás tenga una oportunidad que aprovechar con este
debate sobre la futura Ley de
Comunicación", agrega el documento.

El informe recoge criterios de comunicadores de medios
públicos y privados, asambleístas y
críticos, quienes admiten la necesidad de una nueva
regulación adaptada y da a conocer ciertas críticas
por parte y otra – y a veces por las mismas razones
–, relativas a las modalidades y las condiciones de
aplicación de la futura ley (tipo de sanciones,
composición del futuro Consejo de Comunicación e
Información, diploma exigido para ejercer la
profesión).

Aclara que en conjunto sus temores  no están
tan relacionados con el contenido de la ley sino con importantes
contrapartidas sin las que su aplicación puede verse
comprometida, precisando que tres de ellas le parecen
imperativas:

1.  La despenalización de los delitos de
"difamación" y de "injuria".

2.  La justa repartición de la pauta
publicitaria oficial en concomitancia con la de las
frecuencias.

3.  Una reglamentación de los anuncios o
mensajes con carácter oficial también llamados
"cadenas", limitando su número e imponiendo estrictas
condiciones a su difusión obligatoria en todos los canales
tal como se está haciendo actualmente
entresemana.

RSF sostiene que, al igual que en Argentina, donde una
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) ha
sustituido "afortunadamente" (en octubre de 2009) la Ley de
Radiodifusión heredada del régimen militar, "una
primera habilitación del dispositivo ecuatoriano suaviza
las reglas una vez restaurada la democracia". No obstante,
agrega, que esa pequeña reforma que ocurrió bajo la
presidencia de Sixto Durán Ballén, en 1995,
conlleva muchos efectos perversos y explica las dificultades
actuales.

"Esta reforma favoreció una concentración
enorme de la prensa, lo que contribuyó mucho a descreditar
la profesión en su conjunto", indica.

Respecto a los medios públicos, el informe
asegura que hablar de "órganos de
propaganda" no es un buen juicio de valor puesto que
"en el pliego de condiciones de esta prensa se puede encontrar
programas de carácter pedagógico y sin demasiados
excesos de militancia gubernamental o partidista".
/ARC

Ecuador: presenta
proyecto de ley de Comunicación para comenzar su
debate

El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional de
Ecuador, Rolando Pachana, presentó un proyecto
de ley de Comunicación para que el Legislativo comience su
debate en medio de la expectativa que genera la intención
del Ejecutivo de reformar la ley existente.

Se prevé que el documento
de Pachana sea presentado oficialmente este
miércoles a la Secretaría de la Asamblea
después de, según el asambleísta, haberlo
difundido entre diversos actores que han realizado observaciones
y sugerencias a la propuesta, informó la Asamblea en su
portal de Internet

Pachana explicó que el proyecto
"garantiza el ejercicio integral de la comunicación y de
la información y regula los servicios de
comunicación social cuya responsabilidad implica la
búsqueda, producción, manejo y socialización
de contenidos". Esos contenidos tendrán que "encaminarse
al cumplimiento de los derechos de las personas, pueblos,
comunidades y nacionalidades a la comunicación e
información", añadió. La propuesta
también recoge que el Estado, para garantizar el
"ejercicio integral" de comunicación e información,
"promoverá apoyo a la gestión institucional, al
protagonismo e interacción de las personas y al acceso al
desarrollo científico y tecnológico". Todo ello "en
el marco de un orden democrático, de forma ética,
incluyente, participativa, diversa y equitativa", sostuvo. El
proyecto de Pachana, asambleísta por el
partido oficialista Alianza País, también hace una
diferenciación entre los medios públicos, que
pertenecen "a la sociedad ecuatoriana" y que además de
informar y entretener, "deben producir y difundir contenidos
altamente educativos", de los medios comunitarios. Estos
últimos, que al igual que los públicos "no
perseguirán fines de lucro", serán gestionados por
las organizaciones sociales y su función será "la
de expresar la diversidad cultural e identidad de tales
comunidades". 

Pachana detalló algunos aspectos que
recogería la ley como la libertad de opinión, el
derecho a la cláusula de conciencia y el secreto
profesional, entre otros aspectos, y adelantó que el
funcionamiento de los medios de comunicación
"estará sujeto a un registro de operación".Ese
registro será tarea del Consejo de Comunicación e
Información, organismo que garantizará el
funcionamiento de los medios, entre otras funciones, y que
será creado por la nueva ley. La propuesta
de Pachana recoge asimismo la libertad de
pensamiento y expresión, "sin censura previa y con
responsabilidad ulterior" y la libertad de información,
"de conformidad con los principios establecidos en la
Constitución, en la ley y en los tratados e instrumentos
internacionales, sin restricciones directas, ni
indirectas".Establece el derecho a "demandar y recibir
información transparente y oportuna" de las entidades
públicas y de las entidades privadas que manejen fondos
públicos y hace especial mención al derecho a la
rectificación "en forma obligatoria, inmediata y
gratuita". Ante la apertura de varios expedientes administrativos
por parte de las autoridades de telecomunicaciones a varios
canales de televisión, dirigentes de medios y periodistas
han calificado la actual ley de Radiodifusión como
"obsoleta". La elaboración de la nueva ley, que genera
amplias expectativas entre los actores de la comunicación,
supone otro proyecto más del Gobierno en la materia, que
también impulsa la creación de una agencia de
noticias estatal, entre otros planes en el campo de las
comunicaciones.

Expertos consideran necesario una Ley
de Comunicación para terminar con
privilegios

Quito (Pichincha).- El decano de la Facultad de
Comunicación Social, Fernando López, resaltó
la necesidad de una Ley de Comunicación en el país
"porque esto permitiría garantizar que los grandes
monopolios de comunicación al servicio de intereses
privados, desaparezcan". En este sentido, dijo que "el proyecto
de Ley de Comunicación debería ir más
allá de los reglamentos o la legislación, para
así lograr una comunicación veraz, real y
efectiva".

Recordó que "la mayoría de los medios de
comunicación deberían ser más
autocríticos porque lamentablemente el papel que cumplen
actualmente no prevé este ejercicio tan fundamental". Es
así que situó como ejemplo el reportaje  de
Teleamazonas, medio informativo que en mayo pasado,
presentó una noticia basada en supuestos, sobre la
suspensión de la pesca por el lapso de seis meses, debido
a los trabajos de exploración que se realizaban en dicha
zona. "Eso fue indudablemente una situación que
debió alarmar a la población" dijo, tras explicar
que fue clara la conmoción social provocada en dicha zona
porque la noticia fue motivo de alerta. 

La conmoción social,  mencionó, "es
un estado de preocupación o  una alteración de
la forma de vida cotidiana de un sector o grupo. Es
definitivamente una ruptura de una situación estable" y es
precisamente esa estabilidad que la ley está obligada a
proteger. Agregó que los medios televisivos actuales
tienen una visión distinta sobre el derecho a la libertad
de expresión; "creo que hay una defensa irrestricta de sus
intereses. Ellos consideran su derecho a la libertad de
expresión como un derecho atado al de toda la
población, cuando en realidad no es así, nosotros
tenemos otra visión. Creo que hace falta esa
autocrítica", subrayó.

Remarcó que existen razones suficientes para que
sea la sociedad la que tome la decisión de buscar calidad
en los mensajes de la televisión, radio y prensa. "La
calidad de nuestros medios de comunicación es muy mala
porque sus verdaderos intereses están alejados de los
intereses del pueblo ecuatoriano", concluyó.  Vale
recordar las afirmaciones hechas el 7 de diciembre pasado, al
programa Cabina de Carondelet por el experto en Medios de Ciespal
José Villamarín, sobre que todos los servicios
están sujetos a un control de calidad, excepto los medios
de comunicación, de allí la necesidad que se acojan
a los estándares de calidad a nivel mundial que privilegia
la información por sobre la objetividad y la
opinión; la falta de contextualización de los
hechos, "es lo que lleva a tener una opinión distinta de
la realidad". Otro de los problemas que tienen los medios sobre
todo los impresos, es la falta de contrastación y
equilibro de fuentes, por lo que "no se informa, sino que se hace
propaganda" con la intención de ocultar la verdad y
defender intereses específicos, finalizó. MI/Prensa
Presidencial

Ley de
Comunicación es la "favorita" de
asambleístas

Los tres proyectos de Ley de Comunicación
entran al debate de 11 miembros de una comisión que se
define hoy. El tema desata polémica e interés entre
los legisladores

El debate sobre los tres proyectos de Ley
Orgánica de Comunicación, presentados oficialmente,
se perfila intenso. Eso se refleja, al menos, en el masivo
interés de los propios asambleístas para conformar
la comisión especial de 11 miembros, encargada de sacar
adelante esta ley. 

Entre los aspirantes constan Cynthia Viteri (PSC-MDG),
Lourdes Tibán (PK), Alfredo Ortiz (ADE), María
Molina (MPD) y los oficialistas María Paula Romo, Rosana
Alvarado, Irina Cabezas, Humberto Alvarado, María Augusta
Calle, entre otros. Eso sin contar a los proponentes de los
proyectos, como César Montúfar y el oficialista
Rolando Panchana, quien no descarta pelear por la presidencia de
la comisión, y asegura tener "la confianza" del presidente
de la República, Rafael Correa, y del bloque de
PAIS.

Ayer, el lanzamiento del esperado proyecto de Panchana,
el cual niega que sea "del Gobierno", se dio en medio de la
expectativa de decenas de periodistas
parlamentarios. 

Secundado por la presidenta encargada de la Asamblea,
Irina Cabezas, y por el secretario del organismo, Panchana no le
ahorró apelativos ni aclaraciones al espíritu del
proyecto: "recoge las aspiraciones de mucha gente", "es un
proyecto hecho por ecuatorianos para ecuatorianos, de acuerdo a
la realidad ecuatoriana". 

Insistió en rebatir los cuestionamientos
iniciales: "no es una ley mordaza ni de censura, no existe
control de contenidos ni con dedicatoria a los medios privados".
Y pidió que todo el mundo la leyera, sin prejuicios ni
prevenciones.

El ex periodista televisivo dijo estar emocionado.
Aseguró haber trabajado toda la noche, y por ello no
permitió preguntas de la prensa. Y en tono solemne hizo
leer al secretario el artículo 10 de su proyecto, que se
refiere a la cláusula de conciencia. 

Según este, al que califica de "poderoso", los
derechos de los periodistas en las salas de redacción
parecen estar garantizados. A saber, según el proyecto, se
impone el derecho del comunicador a negarse a publicar una nota
si esta afectare sus principios.Panchana está seguro de
lograr el apoyo de sus ex colegas con este artículo. Algo
que el asambleísta de la oposición Enrique
Herrería (PSC) considera "perverso", porque intenta
sembrar división dentro de las
redacciones. 

Herrería dijo respaldar el proyecto de
Montúfar, al que calificó como acorde a un estado
de Derecho. Pero advirtió que el proyecto del oficialismo
intenta no solo amordazar a la presa libre sino sacar del debate
público a periodistas críticos al
régimen. 

Panchana dice lo contrario: su proyecto
profesionalizará y hará respetar el oficio del
periodismo y el derecho del público, por encima de los
intereses de los medios de masas y del Estado, o gobierno de
turno, dice.

 Pero ya dentro del debate posible, César
Montúfar manifiesta un temor: la decisión final
cruza por los asambleístas de PAIS. Pero según
él, en esa organización no hay posibilidad de un
debate interno, y las imposiciones desde Carondelet son las que
pesan al final del día. Una ley de Comunicación sin
un debate abierto sería un contrasentido, dice. El tema
desatará pasiones y polémica. Por lo que Panchana
está de acuerdo en que para crear las condiciones de un
debate democrático y sin presiones, el Gobierno debe cesar
los ataques a la prensa. (JCCV) 

Ley de comunicación 

Oposición
presentará Ley de Comunicación en EEUU

Publicado el 10/Septiembre/2010 | 12:35

Ocho asambleístas de oposición
viajarán el domingo a los Estados Unidos para exponer ante
organismos internacionales su preocupación por la Ley de
Comunicación que tramita la Asamblea Nacional.

Última Hora  Comenta…

Legisladores alertan a la CIDH sobre riesgos de 'ley
mordaza'

Publicado el 10/Septiembre/2010 | 00:54

Este domingo, un grupo de siete asambleístas
viajarán a Washington, EEUU, a una audiencia en la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), prevista para el
martes que viene. El propósito es "alertar sobre el riesgo
que corre la libertad  

Ley de medios, vigente

Publicado el 03/Septiembre/2010 | 00:46

La polémica norma obliga al grupo El
Clarín y a otros privados a vender sus emisoras en el
lapso de un año La ofensiva del Gobierno de Cristina
Fernández contra los medios de comunicación de
Argentina continúa. El miércoles pasado, la
mandatar  

UNP de Guayas anuncia marcha en defensa de la
profesionalización de los comunicadores

Publicado el 30/Agosto/2010 | 12:09

El próximo miércoles la Unión de
Periodistas (UNP) de Guayas se movilizará para defender la
profesionalización de los comunicadores, anunció
Juan Centurión miembro de la Directiva de este gremio.
 

Relatoría de OEA: 13 observaciones a Ley de
Medios

Publicado el 18/Agosto/2010 | 00:11

En una carta remitida el pasado 10 de agosto al
presidente del Parlamento, Fernando Cordero, la Relatoría
de la OEA resaltó las ambigüedades existentes en
varios artículos.  

Última Hora  Política 
Actualidad  Comenta…

Expertos observan la Ley de Comunicación

Publicado el 29/Julio/2010 | 01:12

El Director de Exclusive American Division, José
Miguel Vivanco, destacó el miércoles el
espíritu garantista de la libertad pública en la
Constitución del Ecuador, pero también
expresó su preocupación por el término
"información veraz"

AP va tras la Ley de Educación Superior

Publicado el 29/Julio/2010 | 00:10

El presidente de la Comisión de Educación,
Raúl Abad, aseguró que ya tienen los votos y que el
polémico proyecto se aprobaría esta
semana.

Publicado el 21/Julio/2010 | 00:01

ROMA. El Gobierno italiano de Silvio Berlusconi
presentó ayer una enmienda a su polémico proyecto
de ley -conocido como "ley mordaza"- sobre las interceptaciones
telefónicas en investigaciones oficiales.
 

Última Hora  Internacional  El
Mundo  Comenta…

Pleno rechaza pedido de oposición

Publicado el 20/Julio/2010 | 01:10

Al inicio de la sesión de ayer del Pleno de la
Asamblea Nacional, el asambleísta Fausto Cobo (PSP)
pidió el cambio del orden del día, para tratar
sobre la supuesta ilegalidad producida en los suscesivos cambios
de agenda de la sesión del 8 de j

Política  Actualidad 
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Latinos dicen ser más felices

Publicado el 18/Julio/2010 | 00:02