Ley del Servidor Público del Ecuador (página 2)

Aquí nos podemos dar cuenta que la
aprobación de ésta ley, que regula la
relación de los servidores públicos con el Estado,
responde a la necesidad de brindar un servicio público
eficiente a la ciudadanía según nuestro punto de
vista para nosotros que estamos estudiando Marketing y
estamos pendiente de lo que ocurre en el mercado y así nos
estamos informando de que debemos estudiar y prepararnos mejor
profesionalmente para que el día que salgamos y tengamos
un trabajo podamos estar cumpliendo con lo que dispone la Ley
de Servidor Público en ser innovadores, eficientes y
brindar un buen servicio a la ciudadanía.

Su objetivo es ir buscando un permanente mejoramiento
profesional para todas aquellas personas que ejerzan el trabajo
de servidores públicos, algo que según nuestra
opinión es muy necesario, pues existen niveles de los
servidores públicos en los cuales simplemente existe la
rutina burocrática sin innovar sin estar pendiente de lo
que ocurra alrededor del mercado si hay o no un cambio para poder
satisfacer las necesidades de los clientes, también
está la ineficiencia y el mal servicio que se le da a los
usuarios quienes deben ser tratados, ha sido una negativa regla
que debe superarse.

Entonces esto nos dice que hay que mejorar la calidad de
la atención que se brinda a los ciudadanos y la
productividad en el Estado. Ésta reemplaza a la antigua
Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa
(LOSCCA).

También la nueva reglamentación, entre
otros aspectos, permite a los extranjeros que residan en el
país por, al menos, cinco años, prestar sus
servicios como empleados públicos o funcionarios
públicos, se supone que cuando no existan en ciertos
niveles ciudadanos nacionales para su
desempeño.

Con la aprobación de ésta Ley de
Servidor Público se puede regular la
relación de los servidores públicos con el Estado,
los cuales responden a la necesidad de brindar un servicio
público eficiente a la toda la ciudadana.

De la misma manera en éste documento existen
artículos donde nos hablan de las obliga a las
instituciones públicas a contratar a un mínimo del
cinco por ciento (5%) de las personas con
discapacidad.

También permite a los profesores de Universidades
Públicas dictar cátedra en varios centros de
enseñanza superior. Asimismo la ley incorpora una
"evaluación anual" a los servidores
públicos, los militares y policías también
serán evaluados anualmente, aunque éstos no pierden
sus derechos es decir podrán seguir recibiendo
condecoraciones y reconocimientos como lo han venido
haciendo.

Marco
conceptual

Fecha de Publicación: 2009-06-21

TOMADO DE DIARIO EL TIEMPO

Ley de Servicio Público

El Presidente de la República, en una anterior
cadena sabatina, anunció una nueva ley para regular la
carrera de los servidores públicos, entendiéndose
en éstos no solamente los empleados de los organismos
dependientes directamente de las diversas funciones del Estado
sino también de los llamados organismos autónomos,
incluyendo los gobiernos seccionales.

Para el Mandatario, y no solamente para él sino
para la ciudadanía, simplemente ha sido inadmisible e
injusto que, por un lado, ciertos servidores públicos se
amparen en tablas de clasificación que no reflejan la
realidad, así por ejemplo en determinadas instancias un
conserje no figura como tal, sino con una calificación
superior que le permite percibir un sueldo no acorde a su nivel,
en desmedro de otros empleados de su nivel en perjuicio de los
recursos del Estado, esto es de todos los ecuatorianos y
ecuatorianas.

Estas distorsiones no son de última hora, sino
que vienen de muchas décadas atrás, ya que las
autoridades de turno suelen ser "generosas" con demandas injustas
e inequitativas, a veces simplemente para quedar bien con sus
servidores, sin tomar en cuenta que de esta manera han
establecido verdaderos niveles de inequidad dentro de las
instituciones públicas, ocultando la realidad de algunas
actividades bajo figuras como "técnico" o "profesional",
generalizando de este modo calificaciones que no reflejan la
realidad de esas actividades dentro del sector
público.

Sin embargo, se trata de una tarea que debe llevarse a
cabo con suma responsabilidad, ya que tampoco se trata de afectar
derechos adquiridos, que bien o mal se han consagrado en las
respectivas carreras administrativas de los servidores
públicos. Será importante por lo tanto tratar estos
casos con el debido discernimiento, a fin de no pretender reparar
una determinada inequidad con otra injusticia.

Sobre todo, sería menester que el Estado realice
una auditoría a fondo de la burocracia pública, a
fin de facilitar, dentro de las leyes, por cierto, la
supresión de miles de cargos superfluos que constituyen
una onerosa carga fiscal para el Estado, a cambio de
duplicación de actividades, cuando no el entorpecimiento
de las mismas por parte de ciertos burócratas, cuya
misión parece ser la de volver difíciles ciertos
trámites en virtud de la famosa tramitología que
merece erradicarse.

Fecha de Publicación: 2009-07-20

TOMADO DE DIARIO EL TIEMPO

SENRES pide nómina de empleados y obreros
públicos

La Secretaría Nacional de Remuneraciones, Senres,
pidió a ministros y autoridades de instituciones
públicas, regímenes seccionales autónomos y
organismos de control, entre distintos entidades públicas,
remitir las listas del personal con las responsabilidades que
desempeñan en cada entidad.

La SENRES requiere dichas nóminas para la
calificación de obreros y servidores del sector
público, en aplicación al decreto 1.701 que faculta
a esta dependencia la calificación de cambios de
regímenes laborales en las entidades del
Estado.

InformesLa Senres
advirtió a dichas autoridades que de encontrar
inconsistencias devolverá la información remitida y
aplicará los términos del citado decreto, para que
las instituciones envíen la información hasta el 21
de este mes y la Senres determine la calificación hasta
octubre próximo, con el objetivo de que se realicen las
correcciones que el cada caso amerite.La Constitución
define como servidor público a la persona que trabaja o
ejerce un cargo dentro del sector público y a obrero
público a quien está sujeto al Código de
Trabajo. La Senres reclamó su derecho como organismo
rector de la administración del desarrollo institucional
de recursos humanos y remuneraciones del sector público,
en el marco de las reformas laborales del Gobierno.

Miércoles, 30 de septiembre de
2009

Ley Orgánica del Servidor Público
afectaría los ingresos al magisterio

DIÁLOGO. La presidenta de la UNE, Mery Zamora,
denunció que dicho proyecto les quitará a los
docentes el 60 por ciento del sueldo que perciben.

La dirigente máxima del gremio estuvo ayer en
Riobamba; en rueda de prensa enfatizó que la
paralización del magisterio, iniciada el pasado martes 15
de septiembre, cuenta con la participación mayoritaria de
los profesores. Vemos una actitud indolente por parte del
Gobierno para tratar de establecer un diálogo a fin de
resolver los problemas, necesidades, y demandas que tienen la
educación pública y el magisterio ecuatoriano.
Luego de agotar todas las instancias para arribar al
diálogo y de haber tenido respuestas negativas, decidimos
realizar el paro, señaló.

Dijo que esta medida se adoptó luego de que en
mayo pasado se realizó el primer pedido de diálogo
al Presidente de la República; lamentablemente
respondió que el Ministro de Educación era el
encargado de mediar para resolver los problemas de la
educación y del magisterio, pero el Ministro ha hecho
recrudecer todas estas confrontaciones,
señaló.

"En agosto enviamos otra misiva al presidente Rafael
Correa, teniendo como respuesta que iba a ver en su agenda si era
posible atender al magisterio. Pero más allá de
eso, el magisterio está siendo reprimido, hemos recibido
insultos, se nos ha tildado de mafiosos y corruptos, es un
daño psicológico para los niños y
jóvenes; qué pueden pensar los niños y los
jóvenes, que están siendo educado por un mafioso o
un corrupto", acotó. Según subrayó, todo
esto les llevó a los profesores a decidirse por un paro
indefinido. "Somos los primeros que no hubiésemos querido
hacerlo, hemos tenido el garrote encima nuestro, toda la
represión y aun así la UNE ha querido privilegiar
el diálogo para solucionar estos problemas".

Tras señalar que la medida se
radicalizará, por resolución del consejo nacional
de la UNE, Zamora denunció que a través del
proyecto de Ley Orgánica del Servidor Público se
pretende quitar a los profesores el 60% del sueldo que perciben,
ya que allí se habla de cuatro categorías
escalafonarias.

Miércoles 21 de octubre del 2009

TOMADO DEL DIARIO EL
UNIVERSO

Docentes no entran en Ley de Servicio
Público

Los maestros no entrarán en la Ley de Servicio
Público, pues continuarán amparados en la Ley de
Carrera Docente y Escalafón del Magisterio, según
el informe de mayoría del proyecto de Ley de Servicio
Público que aprobó la comisión legislativa
de Derechos de los Trabajadores. El grupo de asambleístas
de Acuerdo Democrático por la Equidad (ADE)
presentó ayer el respaldo a la presidenta de la
Comisión de Derechos de los Trabajadores, Nívea
Vélez, quien  elaboró el informe que es
sustancialmente diferente a la propuesta del Ejecutivo. El
documento pasará a conocimiento del pleno de la Asamblea
para su trámite en primer debate. Según
Vélez, es una ley absolutamente diferente a la del
Gobierno, pues se desecha la figura del despedido por parte de la
autoridad nominadora y se incluyó un texto que determina
que se debe respetar el debido proceso. La 
asambleísta de ADE explicó que siendo una lucha de
años del magisterio no se la puede echar abajo, por lo
tanto, se plantea que los profesores sigan rigiéndose bajo
el amparo de la Ley de Carrera Docente y Escalafón. "La
Ley de Servicio Público no regirá para los maestros
y profesores", resaltó.

También argumentó que la propuesta de la
comisión, de hacer una diferenciación entre los
maestros y servidores públicos, no cae en la
inconstitucionalidad, porque si se observa el artículo
349, sí prevé que los maestros pueden estar bajo la
Ley de Escalafón y Sueldos del Magisterio. Además,
la Ley de Servicio Público garantiza horarios especiales
con las mismas remuneraciones para aquellos servidores
públicos que tienen a su cargo o protección a
personas con discapacidad.

Lunes 02 de noviembre del
2009

TOMADO DEL DIARIO EL
UNIVERSO

Pese a prórroga, sigue el retraso en la
Asamblea

QUITO. La semana pasada, la Comisión de
Comunicación solo logró aprobar 3 de los 13
artículos que se presentaron.

De once comisiones legislativas, ocho se acogieron a
la prórroga de 20 días para entregar informes,
de primer o segundo debate, de las leyes que constan en la 
Constitución.

Aunque el principal argumento  para pedir la
prórroga era el tiempo que les tomó la
socialización de cada cuerpo legal, en algunas de ellas
los retrasos  se dan por la inasistencia parcial o total
de los asambleístas a las sesiones que se convocan
para debatir, consensuar y aprobar artículos.

Mientras que algunos oficialistas no descartan que se
vuelva a extender unos meses de plazo para algunos proyectos,
pese a que ya se reprogramó el cronograma de
aprobación de leyes.

Solo la Comisión de Participación
Ciudadana entregó el informe de la Ley que lleva su
mismo nombre y se lo trató en primer debate; la
Comisión de los Derechos de los Trabajadores que
trata la ley de servicio público, ya entregó el
informe para primer debate el 13 de octubre pero el pleno
aún no lo pauta para su análisis.

Y la Comisión de Gobiernos
Autónomos que analiza el Código Territorial ya
elabora el informe para segundo debate pero aún espera un
reporte del Ministerio de Finanzas para la elaboración del
presupuesto.

Las otras comisiones trabajan contra el tiempo para
elaborar los informes de las leyes de Recursos Hídricos,
Educación Superior, Reformatoria al Código Penal,
Código de Procedimiento Penal para el cometimiento de
delitos  en el servicio militar y policial; Cultura,
Comunicación, Educación General y del
Deporte.

Línder Altafuya (MPD), miembro de la
Comisión de los Derechos de los Trabajadores, considera
que la demora de la Ley de Servicio Público se debe a que
es demasiado polémica para el gobierno, afecta a varios
sectores y por eso no se la pone en debate. "Era de discutirla
(en el Pleno de la Asamblea) la semana pasada, pero no se hizo.
Nosotros presentamos antes el informe y la próxima semana
se van a discutir otras leyes". Aunque el principal argumento que
utilizan las comisiones para pedir la prórroga de 20
días era el tiempo que les tomó la
socialización de cada cuerpo legal, en algunas comisiones
los retrasos  se dan por la inasistencia parcial o total de
los asambleístas a las sesiones que se convocan para
debatir, consensuar y aprobar artículos.

En esta semana, este problema se registró en las
comisiones de Cultura, Comunicación y Participación
Ciudadana.

"Ahorita llegan a dar quórum" fue lo que
exclamó a mediados de semana Edwin Vaca (antes
Movimiento  Conservador), presidente encargado de la
Comisión de Cultura, cuando cinco minutos
atrás tuvo que levantar la sesión porque sus
compañeros no llegaban.

Sus colegas atrasados se excusaron diciendo que los
vuelos se habían retrasado. Entonces, la nueva propuesta
fue adelantar una reunión con los asesores.

En el caso de la Comisión de
Comunicación, esta sí llegó a instalarse
el pasado jueves, pero a medida que pasaban las horas, la mesa se
quedaba vacía y sin quórum para continuar con el
debate y la votación de los artículos de la
ley.

La presidenta Betty Carrillo (PAIS) pidió mayor
compromiso con el trabajo de la Comisión ya que tienen
solo hasta el 21 de noviembre para aprobar el informe de primer
debate. En la práctica  les quedaría 8
días.Rolando Panchana (PAIS) y Lourdes Tibán (PK)
que estaban en la Comisión de Comunicación,
también tenían sesión del Consejo de
Administración Legislativa (CAL).

Panchana salió apresurado y Tibán
finalmente prefirió permanecer en la sesión con el
objetivo de que se "incluya laplurinacionalidad" dentro de los
principios de la ley, pero no hubo consenso. Al término de
este tema, Carrillo contó cinco asambleístas
presentes y suspendió la sesión por falta de
quórum, solamente lograron aprobar 3 de los 13
artículos previstos.

Holguer Chávez (PAIS), integrante de la
Comisión de Participación Ciudadana, indicó
que la sesión convocada para el jueves fue suspendida por
falta de quórum y decidieron reunirse la próxima
semana. Sin embargo, aclaró que el hecho de que no se
reúna la Comisión, no significa que los
asambleístas no estén trabajando.

Para la asambleísta Saruka Rodríguez (PRE)
la demora en el  trámite de las leyes se debe a 
la creación de las cuatro comisiones ocasionales para
Comunicación, Deporte, Cultura y
Educación.

La roldosista considera que esas leyes podían ir
a las comisiones a las que no les fue asignada ninguna ley,
como  la de Desarrollo Económico Productivo y
Microempresa, Biodiversidad, Derechos Colectivos o Derechos a la
Salud.

Jorge Escala (MPD) culpó a la mayoría de
PAIS en el 'Congresillo' que se dedicó a la
aprobación de otras leyes y no priorizó las once de
la primera disposición transitoria de la
Constitución. "Desde 31 de julio que se instaló la
Asamblea hasta que se eligieron las autoridades el 4 de agosto
y  días posteriores, el Ejecutivo no presentó
los proyectos de ley, dejaron pasar tanto tiempo, ellos dilataron
el tiempo", culpó Escala.

Miércoles, 04 de noviembre de
2009

Se dicta taller para conocer la nueva ley de
contratación pública

CAPACITACIÒN. Debido al feriado hasta ayer no
asistieron todos los convocados al taller.

Desde ayer se desarrolla en Riobamba el taller para
actualización de conocimientos sobre el Sistema Nacional
de Contratación Pública organizado por el Consorcio
de Consejos Provinciales del Ecuador (Concope) y el Instituto
Nacional de Contratación Pública
(Incop).

El curso que se realiza en al auditorio del Museo del ex
Banco Central y que se extenderá hasta mañana
(viernes), està dirigido para los servidores
públicos de los gobiernos locales que tienen
relación con los procesos de contratación
pública.

A la primera jornada asistieron, en la mayoría,
funcionarios del Consejo Provincial de Chimborazo que laboran en
las unidades administrativa, financiera, jurídica y obras
públicas.

La invitación fue extendida a los consejos
provinciales de la Región Centro Sur del país que
comprende las provincias de Azuay, Bolívar, Cañar,
Napo, Cotopaxi, Tungurahua, Loja, Orellana y
Chimborazo.

Santiago Peñaherrera, abogado del Concope,
justificó la ausencia de la mayoría de funcionarios
debido al largo feriado que habría imposibilitado la
movilización hasta Riobamba; sin embargo, el taller de
capacitación no cambio de fecha porque constaba en la
agenda programada con anterioridad por el Incop.

Peñaherrera resalto que la contratación
pública, así como toda norma jurídica
evolucionan y es necesaria una modificación en los
procesos, por eso los servidores públicos en todo el
país deben caminar a la par con los cambios para estar
siempre apegado a la norma legal y reglamentaria.

"Y de ese modo no ser objeto de sanciones interpuestas
por los organismos de control", subrayó Santiago
Peñaherrera.

Un Prefecto asistiò

Sergio Chacón, prefecto de Napo es la
única autoridad de las provincias invitadas que asiste al
taller organizado por el Concope y el Incop. El anfitrión,
Mariano Curicama, prefecto de Chimborazo, se incorporó
ayer al trajo luego de permanecer 15 días en Japón
donde participó en una jornada de capacitación
junto al director de Obras Públicas, Oswaldo
Armijos.

El Prefecto de Napo comentó que el taller al que
asiste permitirá que los funcionarios públicos
puedan, a futuro, aplicar la nueva normativa y herramientas
contempladas en la Ley Orgánica de Contratación
Pública.

"Se ha dado una prórroga para que se siga
aplicando la ley anterior, pero eso ha conllevado a que en
algunos gobiernos provinciales exista suficiente experticia en el
manejo de estos instrumentos nuevos", agregó
Chacón.

El Prefecto de Napo llegó con un grupo de
colaboradores para evitar problemas con los organismos de control
pues serán quienes tomen decisiones de importancia en
materia de contratación pública en
adquisición de bienes, prestación de servicios o
ejecución de obras para su provincia.

"Es necesario que conozcamos a plenitud y dominemos la
normativa para no incurrir en actos que puedan ser catalogados
como irregularidades, que por lo general conllevan
responsabilidad una vez que los organismos de control hacen los
análisis correspondientes", subrayó Sergio
Chacón.

Domingo, 08 de noviembre de
2009

A debate proyecto de ley orgánica del servicio
público

POLÌTICA. El asambleísta Elvis Maldonado
Castillo alterno de Gerónimo Yantalema, trabajó el
viernes pasado en la Asamblea Nacional y presentò sus
observaciones sobre el tema.

Específicamente en su intervención 13 del
Pleno de la Asamblea Nacional felicitó el espíritu
constitucional por cambios en la comisión que han dejado
satisfechos a los legisladores de minoría y
mayoría.

Maldonado cuestionó el artículo 6 de la
nueva Constitución que habla del nepotismo porque se les
ha pasado por alto un tema importante, preguntado qué pasa
cuando la autoridad nominadora y su cónyuge ingresan a
trabajar en la misma institución.

Para que no exista la terminación laboral se
ponen de acuerdo los esposos y se divorcian, varios de estos
casos existen en Chimborazo y por ende habrá
muchísimos en el país.

En la disposición transitoria primera de la
constitución, se establece que se aprobará la ley
que regula el servicio público, por lo tanto desde el
ejecutivo presentan la propuesta de Ley de Servicio
Público, que es una reforma a la Ley Orgánica de
Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCA) ya que su
contenido es casi el mismo.

El objetivo de esta ley debe ser el desarrollo
profesional, técnico y personal de las servidoras y
servidores públicos para lograr la eficiencia y eficacia
del estado, en sí, regula a las personas que se encuentran
laborando en las dependencias públicas.

Hasta cierto punto el proyecto presentado por el
Ejecutivo debe ser flexible, en el sentido de que se establecen
sanciones para los servidores que suspendan los servicios
públicos, lo cual tiene una razón de
ser.

La propuesta de la mesa se considera inconstitucional e
ilegal ya que no se recoge en los articulados sin considerar los
aspectos humanos de los servidores públicos, despido sin
el derecho a la defensa y el momento de la evaluación saca
una baja nota, tampoco tiene derecho a la defensa.

No se considera equidad en las remuneraciones, en
definitiva no existe estabilidad, no se está dando lugar a
la promoción y ascensos, se quiere dar igual trato a los
extranjeros para que se acojan al sector público,
desplazando así la oportunidad que los ecuatorianos
requieren de plazas de trabajo, es necesario que el décimo
cuarto sueldo se revea se complete en dos salarios
básicos. En definitiva pido una verdadera estabilidad
emocional para los trabajadores ya que se está lesionando
los derechos de los mismos.

De igual manera, Maldonado hizo un llamado al Ministerio
del Trabajo para que se "ponga la camisita" para aplicar los
porcentajes que deben ingresar a las instituciones
públicas las personas con capacidades especiales empezando
con el 5% en cada institución.

"Porcentaje que debe ser progresivo y promoviendo
acciones efectivas para todos nosotros bajo el principio de no
discriminación y se debe construir accesos especiales para
que la persona especial pueda recorrer tranquilamente los sitios
de su trabajo y las mujeres que se encuentren embarazadas
deberán tomar un especial trato durante el período
de gestación".

En definitiva en todo el proyecto de ley no se observa
el cumplimiento del principio fundamental constitucional, que es
la interculturalidad y plurinacionalidad y por otro lado, es
necesario también hacer énfasis en cuanto a las
medidas de acción afirmativa que permita promover la
igualdad real de los titulares de derechos que se encuentran en
situaciones de desigualdad, como los pueblos y nacionalidades
indígenas. (Art. 11 de la constitución.

"Por lo tanto quiero solicitar a los compañeros
asambleístas que en cada una de las intervenciones sirva
para el mejoramiento del servidor público, el absoluto
respeto derecho del trabajador y nuestros maestros ecuatorianos",
indicó el asambleísta por Chimborazo, Elvis
Maldonado.

martes, 17 de noviembre de
2009

Asamblea excluye al magisterio de la Ley del Servidor
Público

POSICIÓN. Esta debe ser ratificada en segundo y
definitivo debate aspira la dirigencia de los
educadores.

La lucha del Magisterio Nacional sensibilizó a
los Asambleístas de diversas bancadas, para que en el
primer debate del Proyecto de Ley Orgánica del Servicio
Público reconozcan la razón de sus exigencias para
que el Magisterio sea excluido de la Ley Orgánica de
Servicio Público (LOSEP) y el derecho a la vigencia de la
Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio, dijeron
los dirigentes.

Está claro que la realidad, la práctica y
el trabajo docente son diferentes en la responsabilidad, jornada
de trabajo, condiciones y ámbito educativo a la actividad
que cumplen los servidores públicos, acotaron.

Aspiran que esta posición parcial sea ratificada
en el segundo y definitivo debate. La UNE, los maestros y
maestras estarán vigilantes para que se respete y se
cumpla con la Constitución, en la afirmación de sus
derechos y garantías que deben declararse en la Ley de
Educación y la de Carrera Docente y Escalafón del
Magisterio.

Fecha de Publicación: 2010-01-30

TOMADO DE DIARIO EL TIEMPO

Proyecto de Ley de Servicio Público fue
debatido

Dentro del proceso de socialización, las
asambleístas Nivea Vélez y María Augusta
Calle, integrantes de la Comisión de los derechos de los
trabajadores y Seguridad Social lideraron el debate del proyecto
de Ley de Servicio Público, efectuado ayer en el Colegio
Ciudad de Cuenca.

Cuenca.- El análisis se efectuó con la
participación de funcionarios públicos quienes
conformaron meses de análisis. Según Nivea
Vélez, presidenta de la comisión, los aportes o
sugerencias serán tomados en cuenta para la
elaboración del informe que será entregado a la
Asamblea Nacional, previo al segundo debate de la Ley, en el cual
se incluye los derechos y obligaciones de los servidores
públicos. (AGA) 

Miércoles 17 de marzo del
2010

TOMADO DEL DIARIO EL
UNIVERSO

Comisión no dio paso al control de los
medios

QUITO. La oposición necesita 82 votos para
insistir en el proyecto de Ley de Participación Ciudadana,
pues con una mayoría simple se allanaría al veto
parcial del Ejecutivo.

La Comisión de Participación Ciudadana y
Control Social de la Asamblea rechazó ayer el veto parcial
que hizo el Ejecutivo del proyecto de Ley de Participación
Ciudadana y que en su artículo 88 obliga a los medios de
comunicación a rendir cuentas una vez al
año.

Seis legisladores de oposición acogieron la
propuesta del asambleísta Galo Lara (PSP), de que el
artículo 88 quede tal como lo aprobó en primera
instancia la Comisión.

Ellos son Luis Morales y Lenín Chica (Prian),
César Montúfar (MCN), Juan Carlos López y
Galo Lara (PSP), y Fabián Valdiviezo (PSC).

En cambio, los asambleístas de Alianza PAIS,
María Soledad Vela, Mercedes Diminich y Hólger
Chávez se abstuvieron de votar.

El presidente Rafael Correa pidió
incluir a los medios de comunicación en la
rendición de cuentas que los ciudadanos podrán
solicitar una vez al año bajo el argumento de que, siendo
públicos o privados, prestan un servicio público.La
asambleísta María Soledad Vela (PAIS) indicó
que no hay razón para oponerse al veto porque los medios
rinden permanentemente cuentas a la ciudadanía en una
actividad pública y sujeta al escrutinio
público.

La ciudadanía tiene derecho a la
comunicación y a ser informada adecuadamente, entonces no
existen motivos para no apoyar el veto, dijo Vela.Los
legisladores de PAIS abordarán el tema en una
reunión del bloque la próxima semana; sin embargo,
Vela insistió en señalar que de cualquier manera
los medios de comunicación privados prestan un servicio
público, algo que es de interés público; de
ahí que se justifica la rendición de cuentas,
añadió.

El veto parcial del Ejecutivo
señaló que la ciudadanía podrá
solicitar una rendición de cuentas una vez al año y
a las instituciones públicas o privadas que presten
servicios públicos, manejen recursos públicos o
desarrollen actividades de interés público;
así como a los medios de comunicación social,
siempre que tal rendición de cuentas no esté
contemplada mediante otro procedimiento en la Constitución
y las leyes.

El asambleísta Lara reveló
que ayer después de la reunión de la mesa
legislativa se determinó que el texto original del
artículo 88 de la Ley debe mantenerse, y que el veto no
procede porque "el Presidente de la República no puede ni
debe meterle la mano a la prensa nacional". Precisó que si
de rendición de cuentas se trata, quien debe empezar es el
secretario de la Administración, Vinicio Alvarado,
respecto a los gastos de la publicidad del Gobierno. El
legislador indicó que los medios ya realizan una
rendición de cuentas y deben mantener su independencia del
régimen, que lo único que busca aseguró es
controlar los contenidos. El informe respecto al veto parcial
pasará a conocimiento del pleno de la Asamblea para su
aprobación definitiva.

La oposición necesita 82 votos para
ratificar el proyecto, pues con una mayoría simple la
Asamblea se allanaría a los reparos del Ejecutivo. En su
último enlace sabatino, Correa convocó a la
ciudadanía para que se concentre afuera del Legislativo el
día en que se debata la Ley de Participación
Ciudadana para vigilar que se apruebe el veto parcial que hizo el
Ejecutivo. Dijo que "hay asambleístas que les tiemblan las
piernas por firmar esta ley, porque no quieren perder su espacio
en Teleamazonas, en El Comercio". Negó que se pretenda
controlar a los medios, como sostiene la oposición.
Posturas: Proyecto

GobiernoEl secretario
jurídico, Alexis Mera, dijo que se busca una mejor
regulación a las audiencias públicas para que estas
no se hagan cuando alguien las solicita.OpiniónPara
el jurista Antonio Rodríguez la disposición es
estrictamente política y lo que busca no solo es
controlar, sino perseguir a los medios privados.

Viernes 24 abril del 2010

TOMADO DEL DIARIO EL
UNIVERSO

Servidores públicos pendientes de definiciones en
fondos de reserva

Miguel García, presidente de la Federación
de Servidores Públicos, confía en que esta
mañana se introduzca la modificación en el pago de
los fondos de reserva. La sesión extraordinaria
para el análisis del  Proyecto de Ley sobre los
fondos de reserva y régimen solidario de
cesantía estaba prevista para las 09:00 de este
viernes en el palacio legislativo. A criterio de García,
en lugar de cambiar la periodicidad del pago al mensualizarlo, lo
que amerita reformarse es que el monto de la aportación
(8.33 %) de la remuneración completa contemplada en el
artículo 282 de la Ley de Seguridad Social
concuerde con el artículo 104 de la Ley de Servicio Civil
y Carrera Administrativa.

Señaló que de acuerdo al documento, se
indica que el porcentaje será sobre el monto de
aportación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS), "lo que ocasiona un perjuicio especialmente a
los servidores públicos". García mencionó a
Citynoticias (89.3 FM en Guayaquil) que reconoce que se han hecho
modificaciones basadas en las acotaciones que el sector ha
realizado, pero no se reconoce el monto completo establecido en
el 282.Además, señaló que no es factible que
el empleador deposite los fondos directamente en la cuenta del
trabajador sino en el IESS, porque es la única manera que
tiene el afiliado de determinar que el patrono ha entrado en
mora, explicó.

Expresó que si el empleado "reclama directamente
al patrono… eso implica en algunos casos despido del
trabajador por reclamar sus derechos".

Lunes 18 mayo del 2010

TOMADO DEL DIARIO EL
UNIVERSO

Protesta de servidores públicos es en rechazo a
"política antiobrera"

Santiago Yagual Yagual, presidente de la
Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE),
así lo aseguró esta mañana, al referirse al
paro que realizarán el próximo miércoles
20.

La medida de hecho, de carácter nacional, se
decidió en la reunión del pasado
sábado.

Yagual explicó a Citynoticias (89.3 FM en
Guayaquil) que la protesta es en rechazo a la "política
antiobrera" que el presidente de la República, Rafael
Correa, "está esgrimiendo hacia los sindicatos del sector
público", dijo.El dirigente cuestionó la falta de
diálogo en la revisión del contrato colectivo que
-según dijo- afecta a los trabajadores organizados del
país. "No han querido escuchar, han cerrado las puertas,
no han querido dialogar", reclamó.

Yagual enfatizó que ahora la unidad del
movimiento obrero hará respetar sus derechos, a
través de las movilizaciones y la huelga
nacional.

Lunes 01 junio del 2010

TOMADO DEL DIARIO EL
UNIVERSO

El "Congresillo" aclaró la doble remuneración
de empleados de Galápagos

Servidores públicos de Galápagos se
ajustarán a una nueva tabla salarial. En la
gráfica, el asambleísta Eduardo Sánchez
(c).

El "Congresillo" aprobó la ley orgánica
interpretativa del mandato constituyente Nº 2, que aclara
que los servidores públicos que laboran en la provincia de
Galápagos recibirán doble sueldo o
remuneración tomando como referencia los paquetes
remunerativos que reciben sus similares en Ecuador
continental.

De esa forma, un servidor público de
décima categoría en Galápagos ganará
$ 2.745,58; de séptima categoría $ 1.120,52; y,
908,64 percibirá un funcionario de quinta
categoría, según  la legisladora Betty Amores,
presidenta de la Comisión de lo Laboral que estudió
el proyecto.

La tabla salarial especial para Galápagos deroga
el bono insular que hasta diciembre del 2008 recibieron los 583
servidores públicos que trabajan en las islas.

Según Amores, al hacer una duplicación de
la totalidad de la remuneración, incluido el bono de
situación geográfica, no es mucha la diferencia de
salario del que percibían en diciembre pasado.

Para el caso de los maestros, dijo, hay legisladores que
piden una mejor remuneración, pero consideró que la
vía es reclamar al Ministerio de Educación y no
incluir una excepción con respecto al bono insular, que
ahora está derogado.

Hasta diciembre pasado, un servidor público de
décima categoría con bono insular recibía $
3.162,79; de séptima categoría $ 1.392,78; y de
quinta categoría $ 1.107,07; pero la ley interpretativa
aclaró que la duplicidad del salario o remuneración
de cualquier entidad del sector público de
Galápagos tomará en cuenta el monto total del
salario que recibe un funcionario público en el
continente.

El legislador Eduardo Sánchez (PAIS)
precisó que con esta interpretación al mandato
Nº 2 los servidores públicos de Galápagos
salen ganando, porque si bien se elimina el bono insular; por
otro lado, se establece que la duplicidad del sueldo
tomará en cuenta la totalidad del rubro que ordinariamente
haya percibido un funcionario público en el continente.
Según Sánchez, el proyecto no irá a
conocimiento del Ejecutivo sino que pasará directamente al
Registro Oficial para su publicación, y a partir de ese
momento entrará en vigencia.

DependenciasLa mayor parte de las instituciones
del sector público se encuentran en la isla San
Cristóbal, cuya capital es Puerto Baquerizo Moreno. Otro
lugar que alberga un importante número de entidades
ligadas al sector público es Puerto Ayora, en la isla
Santa Cruz.

Miércoles 09 de junio del 2010

TOMADO DEL DIARIO EL
UNIVERSO

Cambios en la Ley de Servicio Público

La Asamblea Nacional debatirá y aprobará
mañana la Ley de Servicio Público, que garantiza la
estabilidad laboral en el área pública de aquellos
que actualmente laboran y además ratifica que
ningún servidor público podrá ganar
más de cinco mil dólares mensuales.

Esta ley regirá para los 440 mil funcionarios
públicos. La normativa no cobija a los maestros o
profesores porque se determinó que ese grupo de servidores
se regirán por la Ley de Carrera Docente y
Escalafón del Magisterio.

Para los servidores públicos de los gobiernos
seccionales se determina que serán regidos por esta ley,
aunque en materia salarial se respeta su autonomía, cuya
actual remuneración tiene un piso de 360 dólares
mensuales con un techo de hasta cinco mil
dólares.

El informe fue suscrito unánimemente por los
miembros de la comisión, destacó la presidenta de
ese organismo, Nívea Vélez, quien resaltó
que en la ley se desecha la figura del despido intempestivo de
aquellos servidores que actualmente laboran en el sector
público.

En la ley se elimina la figura de los contratos
ocasionales, pues los asambleístas consideran que toda
persona que ingrese al sector público debe hacerlo por
concurso de méritos y de oposición, y que
además el cargo debe estar vacante.

Viernes 11 de junio del 2010

TOMADO DEL DIARIO EL
UNIVERSO

Colegas y oposición critican a la oficialista
Nívea Vélez por norma

QUITO. El debate de la Ley de Servicio Público
llevó a constantes consultas entre los asambleístas
de PAIS y de la oposición.

El informe para segundo debate de la Ley de Servicio
Público no se alejó de las críticas de los
asambleístas, quienes ayer advirtieron que la normativa
violaría la Constitución y garantizará
prebendas a los funcionarios públicos de todos los niveles
de gobierno.

El debate arrancó con la exposición de la
presidenta de la comisión de los Derechos de los
Trabajadores, Nívea Vélez (PAIS), quien
resaltó las bondades del proyecto sobre la estabilidad
laboral de los servidores públicos, montos de
jubilaciones, regulación salarial, bonificaciones
geográficas, beneficios de maternidad, evaluación
laboral, entre otras.

Pero las críticas se iniciaron con la
intervención del gobiernista Mauro Andino, quien
advirtió que se está legislando de manera ambigua,
general e imprecisa y pidió eliminar beneficios
inconstitucionales contemplados en las disposiciones generales
del proyecto respecto a pagos de horas extras y suplementarias a
favor de los funcionarios y empleados del Consejo Nacional
Electoral.

Seguidamente, la oficialista Betty Amores
lamentó que los 9 asambleístas de la
comisión hayan suprimido el capítulo de los
derechos de los usuarios de los servicios públicos, lo
cual es grave porque la disposición transitoria de la
Constitución establece que se debe aprobar "la normativa
para regular el servicio público y no una ley para los
servidores públicos", dijo.El asambleísta Paco
Moncayo (AL) advirtió que la ley permite el ingreso de
cien mil empleados públicos en cada cambio de gobierno,
pues dijo que según el Ministerio de Finanzas
reveló que desde el 2007 han ingresado 105 mil nuevos
empleados públicos, de los cuales 26 mil recibieron
nombramiento.

Lo más tenebroso,
añadió, es que en la ley se ordena la
contratación temporal del 20% del total de servidores
públicos cada inicio de gobierno, con lo cual
ingresarían cada cuatro años 100 mil empleados al
sector público. ¿Hay dinero para cubrir esos
gastos?, preguntó.

El gobiernista César Rodríguez, quien al
inicio de su intervención recibió pifias desde las
barras altas, sugirió la eliminación del texto que
excluye a los gobiernos autónomos, descentralizados, sus
entidades y regímenes especiales de las escalas salariales
que fijará el Ministerio de Relaciones Laborales que
determina que nadie puede ganar más que el Presidente de
la República.

También observó el artículo sobre
el personal docente que menciona que los maestros en todos
niveles y modalidades estarán sujetos a la Ley de Carrera
Docente y Escalafón del Magisterio, lo cual puede generar
conflictos cuando se aplique la normativa.

Domingo 04 de julio del 2010

TOMADO DEL DIARIO EL
UNIVERSO

Proyecto de ley no refuerza el control

Funcionarios que laboran en el Ministerio
de Educación en Quito, entidad que ha incrementado el
número de contratados.

El proyecto de Ley Orgánica del Servicio
Público (LOSP) mantiene un nivel técnico aceptable,
pero desde el punto de vista político refleja un intento
de hacer adaptaciones que sirvan a los intereses del gobierno de
turno y no le otorga al Ministerio de Relaciones Laborales la
fuerza suficiente para controlar a ese sector.

Estas son las principales observaciones realizadas por
el presidente de los servidores públicos, Miguel
García; y el ex director de la desaparecida Senres, Juan
Abel Echeverría.

Para el primero es cuestionable una transitoria del
proyecto que dispone dar nombramientos a empleados
públicos que estén bajo la modalidad de contrato
por dos años seguidos, por lo que afirma haber solicitado
que eso se aplica si se cumplen los requisitos para el
puesto.

Aunque el art. 228 de la Constitución establece
que debe haber concurso, García explica que en el caso de
contratos ocasionales para asesores, por ejemplo, el tema queda a
discreción de la autoridad nominadora.El proyecto
también establece que es responsabilidad del Ministerio de
Relaciones Laborales ejercer la rectoría del sector
público y definir la política salarial y de
recursos humanos.

Echeverría lamenta la fusión de la antes
Senres con el Min. de Trabajo, pues explica que cuando la Ley
Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa
(Loscca) creó a Senres (octubre del 2003) se buscaba el
desarrollo profesional de los servidores públicos, pero
más eficiencia y productividad estatal.

La Loscca, enfatiza, garantiza la estabilidad de los
servidores, protegiéndoles de la arbitrariedad
política, pero al mismo tiempo determina que sus
remuneraciones sean proporcionales a sus funciones, eficiencia y
responsabilidades. Pero el proyecto de LOSP se enfoca más
en el servidor público.

Además, Echeverría resalta que la Loscca
también establecía que las unidades de recursos
humanos de cada institución debían depender de la
antes Senres, pero con la desaparición de esa entidad, los
ministros ordenan los nombramientos de forma directa, sin
concursos.

10 de agosto del 2010

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

El Ejecutivo envió ley de servidores
públicos

QUITO.– Los legisladores Carlos González
(ID) y Cynthia Viteri (PSC), en la sesión del Congreso del
martes pasado. El Parlamento recibió ayer por parte del
Ejecutivo el proyecto económico urgente sobre los
servidores públicos.

El Congreso espera conocer el texto definitivo del
Gobierno para analizarlo y definir una
posición.

En medio de la incertidumbre política sobre la
composición de fuerzas, el Ejecutivo envió ayer al
Congreso, a las 18h30, con el carácter de urgente, el
proyecto económico sobre los servidores públicos
que pretende unificar, homologar y poner límites a las
indemnizaciones.Horas antes del envío los bloques de la
Izquierda Democrática, Socialismo, Pachakutik, Roldosista,
Social Cristiano y el Prian prefirieron no anticipar su
posición frente a la propuesta gubernamental.

El presidente del Congreso, Guillermo Landázuri
(ID), comentó que es un riesgo que el Gobierno remita un
proyecto económico urgente, cuando se conoce que
aún no existe una mayoría de 51 votos que se
necesitan para aprobarlo. Todos señalan que esperan
conocer el texto definitivo y luego propiciar un análisis
interno para definir una posición.

Salvador Quishpe, representante de Pachakutik,
comentó que no conocen nada sobre la ley; "lo que existe
es confusión de cómo tendrá que aplicarse la
unificación salarial".

El legislador anticipó que presentarán una
propuesta donde se garantice que el ingreso mínimo de cada
trabajador sea de 400 dólares y como máximo 8 mil
dólares, que es lo que gana el primer mandatario. El
presidente de la Comisión de lo Laboral y Social,
Andrés Páez, quien lideró un proceso de
análisis de la ley con representantes del Frente
Económico del Gobierno, destacó tres aspectos del
proyecto y anticipó que con seguridad habrá
inconvenientes durante el debate.

Aseguró que los diálogos
están avanzados para que el proceso de la
unificación sea aplicado a la par de la
homologación; y que básicamente sería la
suma de todos los componentes salariales divididos para doce,
tras respetar el decimotercero y decimocuarto sueldos.

Gilmar Gutiérrez, de Sociedad
Patriótica, se mostró seguro de que el proyecto
urgente será aprobado con una "gran mayoría de
votos".Destacó que el régimen lo que busca con su
propuesta es modernizar el sector público. Aclaró
que el gobierno de su hermano, coronel Lucio Gutiérrez, no
está interesado en armar una mayoría incondicional,
sino más bien que en el tratamiento de proyectos se
definan posiciones.

EL PROYECTO

Nepotismo

En torno al nepotismo, el proyecto
económico urgente sobre los servidores públicos
enviado por el Ejecutivo se plantea que haya una visión
territorial, es decir, que para determinar esa falta se
tomará en cuenta que la autoridad en el ejercicio o
servidor público no puede tener un familiar en otra
institución pública del país.

IndemnizacionesRespecto a las
indemnizaciones aún falta por definir los techos; mientras
el Ejecutivo plantea 10 mil dólares como techo y un
incremento del 20% anual.Hay bloques que sugieren 15 mil y otros
30 mil dólares y tomando la antigüedad como
componente de cálculo.

RecursosEn la administración de los
recursos humanos del sector público hay diferencias, pues
mientras el Ejecutivo considera que debe ser un organismo
adscrito a la Presidencia de la República; en el
Parlamento se plantea que sea una entidad autónoma con
carácter técnico.

Fecha de Publicación: 2010-08-11

TOMADO DE DIARIO EL TIEMPO

Asamblea aprueba la Ley de Servicio

La Asamblea Nacional aprobó hoy la ley de Servicio
Público y el código orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, que deberán ser estudiadas por
el Ejecutivo para su ratificación o veto.

La ley de Servicio Público fue aprobada con el
voto a favor de 108 legisladores, dos en contra y nueve
abstenciones, precisa un comunicado de la Asamblea
Nacional.

Dicha norma, que reemplaza a la antigua Ley
Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa
(Loscca), busca el desarrollo profesional de los servidores
públicos para mejorar la calidad de la atención a
los ciudadanos y la productividad en el Estado, añade el
texto.

Este cuerpo legal está compuesto por 137
artículos y 38 disposiciones, distribuidas en doce
títulos y un total de 24 capítulos.

"La aprobación de esta ley, que regula la
relación de los servidores públicos con el Estado,
responde a la necesidad de brindar un servicio público
eficiente a la ciudadana", agrega el texto oficial.

La nueva reglamentación, entre otros aspectos,
permite a los extranjeros que residan en el país por, al
menos, cinco años, prestar sus servicios como empleados
públicos.

Asimismo, obliga a las instituciones públicas a
contratar a un mínimo del 5 por ciento de personas con
discapacidad y permite a los profesores de universidades
públicas dictar cátedra en varios centros de
enseñanza superior.Además, la ley incorpora una
"evaluación anual" a los servidores públicos e
incluye a militares y policías, aunque éstos no
pierden sus derechos a recibir condecoraciones y
reconocimientos.

Jueves 12 de agosto del 2010

TOMADO DEL DIARIO EL
UNIVERSO

106 votos para Ley de Servicio Público

Con diez modificaciones tras el segundo debate, el
proyecto de ley de Servicio Público tuvo ayer 106 votos.
Se mantuvieron al margen Madera de Guerrero, ID y otros
independientes.

La presidenta de la comisión de los Derechos de
los Trabajadores, Nívea Vélez, dijo que la
aprobación con más de cien votos es una
expresión de madurez política, porque se
dejó de lado las diferencias
político-partidistas.

Lo aprobado, añadió, es el resultado de
acuerdos entre los jefes de bancadas. Los nudos que se superaron
se refieren a los requisitos para ser funcionario público:
se acordó que pueden acceder los extranjeros residentes si
tienen cinco años en esa condición y previo
concurso de méritos y oposición.

En el caso de los contratos por servicios ocasionales se
acordó que estos solo puedan durar doce meses y puedan ser
renovados por una sola vez adicional. Y en el acceso a las
personas que venían funcionando con contratos se establece
que pasarán a tener nombramiento aquellos que hayan estado
en el mismo cargo por cuatro años, previo a un concurso
donde se reconocerá un puntaje especial por su
experiencia.

Toda persona que aspire a ingresar al servicio
público tendrá que someterse a un concurso de
méritos y oposición, pero también
iniciará una carrera a través de la
capacitación, la formación y la evaluación
anual.

Los dignatarios, autoridades y funcionarios que
conforman el nivel jerárquico superior no
percibirán el pago de horas extras, se exceptúan
los servidores de carrera, y de contrato de la Función
Electoral.

Igualmente, las instituciones educativas de las Fuerzas
Armadas, Policía, Aviación Civil y Comisión
de Tránsito del Guayas pasarán a funcionar bajo la
rectoría del Ministerio de Educación; y el personal
administrativo pasará a la Ley que rige el servicio
público.

Andrés Roche (MG) justificó que se
abstuvieron de votar por este proyecto porque no están de
acuerdo con los artículos sobre la jubilación y
además con la posibilidad de que todos los empleados que
fueron contratados por el presidente Rafael Correa tengan
nombramiento en poco tiempo más.

La ley de Servicio Público garantiza la
autonomía para la fijación de la política
salarial de las Funciones Judicial, Legislativa,
Contraloría y Gobiernos Seccionales. También los
maestros se mantendrán dentro de la Ley de Carrera Docente
y Escalafón del Magisterio.

Gestiopolis

Nuestro país ha vivido una gama de experiencias
las cuales han convulsionado las más profundas
raíces socioeconómicas y sobre todo las culturales,
mismas que han desencadenado numerosos cambios en lo
político, sometiendo a las Instituciones Públicas y
a los Servidores Públicos a numerosas pruebas.

IntroducciónEl cambio demográfico
experimentado en los últimos años ha modificado el
perfil de nuestra población lo que trae como consecuencia
el aumento de las demandas sociales, ya que estas presentan
condiciones distintas a las que se tenían en el
pasado.

Las diferentes demandas sociales, requieren
generar un cambio de actitud por parte de los Servidores
Públicos, traducido en la formulación de nuevas
estrategias de políticas públicas, mas acorde a las
necesidades y exigencias de la sociedad en su conjunto y la
influencia del entorno Regional, Nacional e
Internacional.

Dice Aristóteles "Quien no sea capaz
de vivir en sociedad porque crea bastarse por si solo o porque no
necesita de ella tiene que ser animal o un Dios".Para entender
¿Qué obliga al Servidor Público actuar con
ética?, la verdad no existe una ley que lo obligue, como
tal, pero sin embargo, esta le sirve a los Servidores
Públicos para orientar y elegir su propia conducta
(1)Vemos como el Estado orienta a los Servidores Públicos
hacia la adopción de algunas normas o valores, pero en
realidad estas actúan desde el inconsciente de los
individuos, y por esta razón se les da un carácter
rígido, exagerado o autoritario, experimentando una
orientación mecánica que ni el mismo sabe por que
tiene que actuar en determinado sentido, prefiriendo seguir y dar
cumplimiento estricto a la normatividad, esta fuerza surge desde
los estratos del inconsciente.

Si bien es cierto las normas
Institucionales presentan la característica de
obligatoriedad, esta no suprime ni coarta la libertad humana de
libre decisión. En la medida en que el hombre transita por
los diferentes estadios de su vida, va descubriendo su libre
albedrío y lo manifiesta de diferentes formas. Donde
conforme adquiere madurez, comienza a percibir su propio dominio
donde su autonomía constituye uno de sus valores
máximos. Veamos entonces que obliga al Servidor
Público actuar con ética, y si la normatividad
Institucional presenta la característica de
obligatoriedad.Por lo tanto si hablamos de libertad (libre
albedrío) estamos hablando también de
autonomía, misma que de acuerdo al Diccionario de la
Lengua Española (2), Libertad para que un individuo
disponga de si mismo, también proviene de griego autos;
sí mismo; nomos; ley y significa la actitud de la persona
que se da leyes así misma. Cuando esta libertad se
constituye como una obligación; comprometerse a cumplir
una cosa.

Lo que podemos establecer "hay que hacer el
bien y evitar el mal", es decir el bien obliga, y esta
obligación cuando es autónoma se vuelve
incondicional.Ahora bien, en cuanto a la ética; de acuerdo
con García (2001), Fernández (2000) y Walton
(1977), la ética considera los actos humanos en cuanto son
"correctos" o "incorrectos" o en cuanto a "justos" o "injustos"
con referencia a una serie de valores de un grupo social. Los
valores éticos deben fundarse en conocimientos y normas
racionales que permiten que la ética se convierta en una
ciencia normativa.

Desde mi punto de vista el objetivo de la
ética lo constituye la aplicación de una serie de
normas morales tomando como base lealtad, honradez, la
cortesía y el honor, mismas que van a contribuir al
fortalecimiento de las estructuras Institucionales.

Las estrategias normativas Institucionales son de
carácter preventivo como lo establecido en nuestra Carta
Magna, consagrando como derechos subjetivos públicos, como
la garantía de acceso efectivo a la jurisdicción
del Estado, tomando en cuenta sus prácticas y costumbres
jurídicas, sino también la protección y
promoción de sus lenguas, culturas, usos, costumbres,
recursos y forma específicas de organización social
(3).

Además de los objetivos nacionales,
las estrategias, prioridades y programas que regirán la
actuación de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal. Mediante un nuevo
modelo de comportamiento y cultura política basada en la
ética pública. (4) El desarrollo de cada una de las
funciones se apoya en doce principios fundamentales.

– Humanismo– Equidad- Cambio-
Inclusión- Sustentabilidad- Competitividad– Desarrollo
regional- Apego a la legalidad– Gobernabilidad
democrática- Transparencia- Rendición de
cuentas

Estos fragmentos al momento de su interpretación
nos ubican en el concepto que Platón denominó "La
Cosmovisión Idealista".(5) Cada persona tiene su propia
cosmovisión, sus propias ideas, respecto de las cosas, las
personas, las normas, los valores y el universo en
general.

En el caso de los Servidores Públicos su
cosmovisión e interpretación de las cosas
evoluciona con la edad, el medio ambiente, la cultura de la gente
y los valores entre otros, estos le sirven para construir y
explicar su propia visión de las cosas, mismas que apenas
son una sombra de la verdadera realidad.

En base a lo anterior vemos que la verdad absoluta es
relativa y esta va de acuerdo a su interpretación de las
normas, si analizamos lo que contempla el Webster´s New
Collegiate Dictionary (2002) define a la ética como "la
disciplina que estudia lo que es bueno y lo que es malo, y la
obligación y el deber moral". El problema en el Servidor
Público lo constituye la existencia del mal considerado
como un problema real, entonces ¿Qué obliga al
Servidor Público actuar con ética?, si no es la
ley, entonces es la actitud que este debe de asumir frente al
mal.

Si partimos del hecho que constantemente se están
presentando situaciones de riesgo como son la corrupción,
la impunidad, el atropello, la intolerancia, el rechazo, la
descortesía, la discriminación entre otros (6), el
Servidor Público es tan vulnerable que nadie puede
mantenerse ausente o alejado de estos hechos, lo que se pone en
cuestión del bien y el mal, es la actitud del Servidor
Público frente a tales situaciones. Hay autores como
Maquiavelo (7), que sostienen la intrínseca necesidad de
la existencia del mal.

Los filósofos tomistas, señalan que al no
existir el bien queda un hueco y por eso decimos que se da el
mal, lo que llamamos malo es tan solo la privación de un
bien.

Cualidades del Servidor Público

El objetivo principal del Estado es el logro del bien
común, el bienestar social, su eficiencia del mismo se
medirá en relación de que todas las acciones que se
realicen estén enfocadas a garantizar este fin. La
Administración Pública es el medio y la estructura
de que dispone el Estado para garantizar el cumplimiento de sus
objetivos (8). Esto es a las personas que integran y conforman
dicha armazón Institucional, llámeseles Servidores
Públicos, Colaboradores, Administradores o Funcionarios
Públicos, deben ser personas dignas, respetadas y
honestas. Donde el factor moral constituye uno de los elementos
primordiales de los programas y políticas de
Gobierno.

La sociedad en general tiene la percepción
negativa y adversa del quehacer gubernamental debido a los
problemas de corrupción, opacidad y discrecionalidad, y a
la deficiente cultura de rendición de cuentas en el sector
público.

Esto repercute de manera sustantiva en la imagen y
desempeño de la Administración Pública
Federal en su conjunto, lo que hace necesario mejorar la
organización y la operación de sus instituciones,
de sus recursos y gestión. Donde el Servidor
Público debe necesariamente ajustar su comportamiento a
una serie de órdenes, normas y lineamientos de tipo moral,
ya que la mayoría de sus funciones ante la sociedad
resultan ser casi-sacerdotales.

En consecuencia, el Servidor Público debe ser un
ejemplo de moralidad, donde el cumplimiento del deber y el
orgullo de ser Funcionario Público, se debe vivir
día a día para recobrar la confianza de la
ciudadanía. (10) Cabe aclarar que con la figura de
Administrador Público, nos referimos también a
aquellas personas que desempeñan funciones de alta
dirección, Directores, Gerentes, Subgerentes, Jefes de
Proyecto, Jefes de Área, Especialistas en
Hidráulica en si todo el personal administrativo,
llámesele de confianza o de base (11), en cuya
separación no estoy de acuerdo ya que todos buscamos un
mismo fin que es el bien común, los cuales a veces
llegamos a pensar que por disposición gubernamental
estamos dispensados de la observancia de las normas morales y
éticas, de adoptar una conducta moral aceptable, y
pretender que la ciudadanía nos sirva a nosotros mismos,
pasando por alto que las funciones que desempeñamos deben
estar orientadas al logro de la satisfacción del cliente y
ciudadano (12), ya que este es quien paga nuestro sueldo a
través de sus contribuciones (13).

JustificaciónLa importancia de un texto o
una norma donde se contemplen los principios básicos de
Legalidad, honradez, Lealtad, Imparcialidad y Eficiencia entre
otros (14) , considero que cubren este hueco el cual constituye
el bien, como un valor positivo, cuando este se da, se conoce, se
difunde y se vive, estaremos contestando la pregunta de que no se
puede obligar al Servidor Público actuar con ética,
ya que esta constituye la esencia de todo ser humano.

Conclusión

El Código de Ética lo podemos considerar
en un principio como una norma piloto, es decir como un indicador
mediante el cual nos guíe sobre lo que es correcto y no
como algo obligado a cumplir.

También es necesario considerarla como una norma
Institucional de carácter constructivo, es decir que
funcione como una grabación en el subconsciente de los
Servidores Públicos para no perder el foco o la
dirección.

El Código de ética nos
proporciona una serie de ideas y conceptos que ayudan a entender
la diversidad de criterios morales y a partir de estos conceptos
es posible edificar una ética mas acorde con los valores,
principios y costumbres, traducido en la capacidad del Servidor
Público para crear, pensar y desarrollar actitudes mas
acordes con su visión del mundo. Este Código de
Ética, se constituye como un instrumento del Servidor
Público, traducido en la capacidad para crear y motivar su
criterio traducido en una serie de normas, que lejos de limitar o
coartar su libertad, le dan los elementos para desarrollar su
creatividad acorde con las funciones y niveles a
desempeñar dentro de la Función
Pública.

Además estos principios contemplados
en el Código de Ética, no son limitativos
única y exclusivamente para el ámbito laboral, sino
que traspasan las fronteras culturales y familiares.

Por lo consiguiente el Servidor Público,
el cumplimiento de dicho Código no debe ser por temor o
por castigo, sino por su propia conveniencia y por respeto al
deber así como a las funciones encomendadas.

1. Raúl Gutiérrez S.
Introducción a la ética, cap. II2. Larouse, Primera
edición, 34° reimpresión pues propone reglas de
conducta (racionales), y estudia los actos humanos de acuerdo a
si son o no adecuados al bien común.3. Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Capítulo
I, de las Garantías Individuales.4. Plan Nacional de
Desarrollo 2001-20065. Historia de las Doctrinas
Filosóficas, Edit. Esfinge6. (Programa Nacional de Combate
a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el
Desarrollo Administrativo 2001-2006)7. (Nicolás
Maquiavelo, El Príncipe)8. (Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal)9. Agenda
Presidencial del Buen Gobierno, Gobierno Honesto y
Transparente.

10. Mario Moreno Cantinflas, El Ministro y
Yo11. Ley Federal del Trabajo apartado "B", Federación de
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado12. Modelo de
Calidad INTRAGOB, Criterio 1 Satisfacción del Cliente y
Ciudadano13. ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos.

Fecha de Publicación: 2010-08-14

TOMADO DE DIARIO EL TIEMPO

Nuevas leyes

Antes de su vacancia, la Asamblea Nacional aprobó
el Código Territorial y la nueva Ley de Servicio
Público, importantes cuerpos legales que se pasaron con
suma rapidez.

Antes de entrar en el correspondiente período de
vacaciones, los asambleístas aprobaron importantes cuerpos
legales, el Código Territorial, COOTAD en sus siglas y la
Ley de Servicio Público.

Las autoridades de la Asamblea han señalado que
inclusive en los cálculos para la distribución de
los presupuestos para consejos provinciales, municipios, juntas
parroquiales y más gobiernos autónomos, se ha
superado los mínimos previstos en la Carta
Política, por lo cual no existiría discrimen y se
superaría los desequilibrios en cuanto a la entrega de
estos recursos a los entes autónomos descentralizados.
Cabe esperar que así suceda en efecto, y que la
distribución de recursos, sujeta a la ley, sea en realidad
equitativa y proporcional a las necesidades de cada uno de los
gobiernos autónomos.

Sin embargo, sectores de oposición han criticado
la supuesta rapidez con que fue aprobado el Código
Territorial, donde los asambleístas acaso no tuvieron
tiempo para inteligenciarse de casi 600 artículos y
numerosas disposiciones generales y transitorias. Como fuese, el
Código Territorial no despertó la
polarización causada por otros proyectos legales que han
resultado polémicos.

En cuanto a la Ley de Servicio Público, han
existido en general consensos en torno a su
aprobación.

Esta norma reemplaza a la anterior Ley Orgánica
de Servicio Civil y Carrera Administrativa, e introduce una serie
de reformas en el servicio público, buscando un permanente
mejoramiento profesional, algo muy necesario puesto que en
determinados niveles de los servidores públicos
simplemente la rutina burocrática, cuando no la
ineficiencia y el mal servicio a los usuarios, ha sido una
negativa regla que debe superarse.

La nueva ley permite además a los extranjeros con
cinco años de residencia en el país ser
funcionarios públicos, se supone que cuando no existan en
ciertos niveles ciudadanos nacionales para su
desempeño.

Domingo 22 de agosto del 2010

TOMADO DEL DIARIO EL
UNIVERSO

Ejecutivo analiza sus reparos a la Ley de Servicio
Público

QUITO. Un 85% de las disposiciones de la Ley de Servicio
Público tienen aceptación del Ejecutivo, para el
resto se analiza un veto. En abril, alcaldes llenaron la Asamblea
para pedir su archivo.

Satisfacción –por la mejora de las
indemnizaciones– y críticas –porque los
extranjeros podrán ser servidores públicos–
recibe el proyecto de Ley Orgánica de Servicio
Público, el último que aprobó la Asamblea
antes de su receso. De esas normas quedaron fuera la
Contraloría, funciones Legislativa y Judicial, por lo que
se aplicará a las funciones Ejecutiva, Electoral y de
Transparencia y Control Social, la Procuraduría, la Corte
Constitucional, entidades del régimen autónomo
descentralizado y en aquellas en que las instituciones del Estado
tengan más del 50% de participación en el capital o
patrimonio.

El ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa,
tras su comparecencia en la Comisión de Derechos Laborales
de la Asamblea, el pasado 12 de agosto, señaló que
hay un tema que les preocupa sobre el sistema remunerativo. "Si
bien es cierto se incorpora lo que antes no estaba incorporado a
través de la Ley de Servicio Civil y Carrera
Administrativa, por ejemplo, la Corte Constitucional,
Procuraduría, FF.AA., Policía, también se
está dejando de lado a otras funciones del Estado, como la
Legislativa, Judicial".

Expresó que cuando se habla de recursos
públicos estos deben ser regulados en materia remunerativa
a fin de que no vuelvan los "sueldos dorados". Este tema
podría incluirse en un eventual veto presidencial, cuyo
plazo vence el próximo 9 de septiembre.

Una de las novedades que trae la ley es que los
extranjeros residentes en Ecuador podrán ser servidores
públicos si han permanecido legalmente al menos cinco
años en el país, sin perjuicio de la
aplicación de los convenios bilaterales de reciprocidad
que rijan la materia.

Esa iniciativa fue criticada por el asambleísta
Andrés Páez (ID). Lo ve como una "bofetada vil en
contra de los desempleados y subempleados que superan el 52% de
la población económicamente activa y no tienen
posibilidades de trabajar".

Aunque Espinosa afirmó que se aplicará
siempre que haya la misma reciprocidad de otros países con
respecto a un ecuatoriano en el exterior.

Para Felipe Mantilla, ex ministro de Trabajo, esto puede
constituirse en una base política extranjera para el
Gobierno, porque se podrían dar cargos a venezolanos,
cubanos o nicaragüenses que ya se encuentran en el
país.

El texto privilegia al emigrante en su puesto de
trabajo. Según el numeral j) del artículo 23, el
servidor puede recibir un trato preferente para reingresar en las
mismas condiciones de empleo a la institución
pública a la que hubiere renunciado para emigrar al
exterior en busca de trabajo, en forma debidamente
comprobada.

Los ex presidentes y ex vicepresidentes recibirán
una pensión vitalicia mensual equivalente al 75% de la
remuneración vigente (el salario presidencial es de $
5.450) si fueron elegidos en las urnas, exceptuándose los
mandatarios a quienes se les revoque el mandato.

Para Miguel García, presidente de la
Federación de Servidores Públicos, en
términos generales, la ley es mejor que la anterior porque
se elimina la centralización ministerial, se mejoran las
indemnizaciones y no se dejó pasar la creación del
despido intempestivo.