Las microempresas en la economía venezolana hoy (página 2)

Es la razón por la cual primeramente haré una reflexión sobre el proceso seguido a este respecto, no sólo para cumplir con un requisito académico de contextualización formal o intelectual, sino porque el proceso histórico-político venezolano ha experimentado una mutación crucial, al pasar -ciertamente de un siglo a otro pero, fundamentalmente- de una Venezuela que habiendo muerto sigue muriendo, a otra que apenas está siendo parida y se resiste a nacer. Es la razón por la que hoy nuestra patria se nos vislumbra de manera confusa e incierta y de la cual no sabemos qué de nuevo y qué de viejo tendrá mañana.

Pero el sólo propósito de revisitar el pasado reciente –pues el más profundo nos llevaría a objetivos que no están planteados para esta ocasión- y remirarlo con ojos de futuro, nos coloca en situación de producir algún conocimiento que, esperamos, nos permitirá asomar algunos comentarios críticos que apunten a la definición de algunas líneas de reflexión, las cuales podrían nutrir tomas de decisiones de cada uno de los asistentes en estos dos días de convivio.

Una mirada retrospectiva

El financiamiento a los microempresarios populares en Venezuela, tiene antecedentes que se remontan a los inicios mismos del régimen político-económico democráticorrepresentativo pospérejiminista que, cuarenta años después, se desmorionó a causa de las promesas no cumplidas por el proyecto modernizador posgomecita y la democracia tal cual se practicó en Venezuela entre 1958 y 1998.

En efecto, en 1959 se inauguró la línea de crédito a las iniciativas económicas de los artesanos[1]y pequeños industriales, con la creación de la Comisión Nacional de Crédito al Artesanado y la Pequeña Industria; sin embargo, ya en 1961 ésta fue restructurada de forma tal que las artesanías desaparecieron como objeto de financiamiento, en tanto que la pequeña industria fue articulada a la lógica de la mediana industria; en consecuencia, aquella Comisión pasó a ser denominada Comisión Nacional de Financiamiento a la Pequeña y Mediana Industria.

Trece años después, en 1974, al influjo de los primeros síntomas de crisis inflacionaria y debido a su desfinanciamiento, dicha Comisión fue clausurada por el gobierno de Carlos Andrés Pérez y sustituida por lo que hoy conocemos como Corporación para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria o Corpoindustria (Milano, 1997:11-38).

A partir del mismo año de su creación, ésta y la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Desarrollo Municipal (Fundacomun) –creada años antes-, comenzaron a ejecutar de manera descoordinada, entre otros programas de mayor relevancia sociopolítica y económica, sendas líneas de microcrédito las cuales, al margen de mecanismos de capacitación y asistencia técnica, estuvieron dirigidas a las, en aquel entonces denominadas sin pretensiones de teorización en Venezuela, organizaciones económicas de base[2]asimismo, fundamentadas en la teoría de la marginalidad (Quijano y Weffort, 1974; Lomnitz, 1975) y en la noción ambigua del denominado sector informal urbano (Tokman y Klein, 1979; Barrantes, 1990).

Para 1987 y en coincidencia con el cierre del primer ciclo de la mayor recesión que aún sufre Venezuela, dichos programas estaban técnicamente desfinanciados; por esta razón y por comprobada ineficiencia, corrupción y clientelismo fueron clausurados en 1988 (Iranzo, 1989a y 1989b).

Valga la ocasión para destacar que, como contracara de la historia oficial que hemos reseñado, en 1986 el Centro al Servicio de la Acción Popular (Cesap) relanzó un proceso que venía siendo sistematizado desde 1976 y formalizó la creación la primera experiencia civil en el área del financiamiento de microemprendimientos populares en Venezuela. En 1987 la Fundación Eugenio Mendoza también formalizó la creación del segundo programa civil de apoyo a la microempresa popular, el cual venía operando desde el año anterior. Dos proyectos seminales de lo que hoy es el promisorio Banco de la Gente, una creación de un grupo de organización civil de desarrollo social, un banco privado y organismos multilaterales. En 1988, se creó el primer programa regional de crédito a artesanos, dependiente de la gobernación de Lara.

En mayo de 1987, en coincidencia con el inicio del breve repunte económico de 1987-1988, el gobierno de Lusinchi creó el Fondo de Cooperación y Financiamiento de Empresas Asociativas, más conocido como Foncofin (Iranzo, 1989c; Barrantes, 1989, 1995 y 1997), una fundación civil sin fines de lucro y con personería jurídica, adscrita al Despacho ministerial de la Familia que tuvo vida útil entre 1986-87 y 2000 cuando fue abosrbido por el actual Ministerio de Salud y Desarrollo Social.

Su creación se produjo como cristalización de los lineamientos normativos del Sétimo Plan de la Nación. Según éste, el país requería de un ente gubernamental que planificara y orientara programas de crédito, capacitación, asistencia técnica, transferencia tecnológica y fondos de garantía; ello, a fin facilitar el desarrollo de las denominadas empresas asociativas e informales urbanas y marginales, con especial énfasis en las emprendidas por jóvenes y mujeres que, según se establecía en los ámbitos académicos y oficiales, estaban marginados o fuera del proceso de revaloración del capital, razón por la cual era necesario propiciar su desmarginación y desinformalización, mediante su reincorporación formal y expedita al sistema de producción económica.

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo del seis de mayo de 1987, sus objetivos fueron los siguientes (Gaceta, 1987):

OBJETIVO GENERAL: "Promover, fomentar y dar asistencia, técnica, financiera y legal para la formación y desarrollo de pequeñas unidades de producción operadas por familias de escasos recursos económicos, a fin de generar empleo e ingresos apoyando especialmente a jóvenes y mujeres que se encuentren en tal situación." OBJETIVOS ESPECÍFICOS: "*) Desarrollar actividades de promoción y fomento de pequeñas unidades de producción. *) Brindar el apoyo técnico, financiero y legal necesario para el desarrollo de pequeñas unidades de producción. *) Identificar y evaluar las condiciones reales de acceso del programa productivo de las familias de escasos recursos y dentro de éste, prioritariamente de las mujeres y jóvenes rurales y urbanos. *) Brindar apoyo para la formulación y desarrollo de proyectos de carácter económico para el grupo familiar. *) Promover acciones con los sectores públicos y privados para el mejor cumplimiento de los fines señalados."

No obstante la claridad de su misión y objetivos, Foncofin no contó con los dispositivos estratégicos y operativios de planificación, investigación, información y comunicación, control y seguimiento, evaluación y sistematización de experiencias que le hubieran permitido ejercer dominio sobre sus propias variables de libertad.

Es la razón por la cual el arco temporal que va desde su creación hasta su clausura en 2000, Foncofin estuvo articulado a tres grupos de poder tecnopolítico constituidos heterogéneamente en torno a tres términos que, siendo más complementarios de la que sus agentes estaban dispuestos a aceptar, fueron asumidos como excluyentes: Economía Asociativa, Economía Popular y Economía Solidaria (Minfon, 1884a, 1984b), a los cuales debemos agregar hoy el término de Economía Social acuñada por el actual gobierno de esta novel y promisoria República Bolivariana de Venezuela.

A cada uno de estos términos correspondió una propuesta programática, por cuyo medio se procuró causar determinados impactos socioeconómicos en el modo y calidad de vida de los agrupamientos sociales objeto de sus respectivos servicios. Así, a Economía Asociativa correspondió el Programa de Inserción del Joven y la Mujer de Escasos Recursos al Proceso Productivo, que tuvo vida útil durante los dos últimos años del gobierno de Lusinchi; a Economía Popular se le dotó del Programa de Apoyo a la Economía Popular, cuya vigencia abarcó el segundo periodo gubernamental de Carlos Andrés Pérez y el primer año del segundo gobierno de Caldera; y a Economía Solidaria se le transfirió el Programa de Fomento a la Economía Solidaria, puesto en marcha a principios de 1995 y cuya vida útil se prolongó hasta mediados de 2000, año en que Foncofin fue clausurado por ineficiencia, inoperancia y partidización.

Para 1998, Foncofin había suscrito unos ciento treinta convenios con setenta y cuatro entidades: diez gobernaciones de estado, cinco alcaldías o fundaciones adscritas a éstas; siete corporaciones de desarrollo regional, quince cooperativas de primero y segundo grado, y treinta y siete organizaciones civiles de desarrollo social las cuales financiaron y capacitaron a individuos, grupos y comunidades en las áreas de la producción a pequeña escala y del consumo popular en todo el territorio nacional.

Estas entidades originaron ciento dieciséis convenios por un moto de Bs.1.557.539.234,45 entre 1992-1993 (Foncofin 1994), y entre 1995 y 1998 una suma menor a los mil quinientos millones de bolívares (el resto de los doce mil millones de presupuesto se encontraban ganando intereses bancarios desde 1995).

No obstante las insuficiencias de la inversión social reseñada, Foncofin benefició por vía delegada en cooperativas y organizaciones civiles de desarrollo social, a cerca de quince mil microempresarios(as) con préstamos a tasas del mercado, capacitado a cerca de treinta mil personas, generando aproximadamente treinta mil empleos, y beneficiado a quinientos cincuenta mil familias (dos millones y medio de personas aproximadamente) a través de las Ferias de Consumo Familiar y las Unidades de Compra al por mayor.

Como es fácilmente observable, estos logros resultan pírricos si consideramos que para 1992 -cuando el índice de informalidad alcanzaba el 39.6% de la población económicamente activa (Ocei, 1992)- se requería invertir $1.076.499.000 (no menos de setecientos mil millones de bolívares de 2001) para atender una demanda potencial proveniente de unos 388.294 microempresas que no incluían ni buhoneros ni cuentapropias urbanos ni rurales (López, 1992). Una suma que nueve años después, cuando la mal llamada informalidad ha remontado el 51% de la población económicamente activa y el desempleo abierto al 15% de la población económicamente activa (Ocei, 2001), ha debido incrementarse abruptamente entre NOVECIENTOS MIL MILLONES Y UN MILLÓN DE MILLONES DE BOLÍVARES.

Nos damos cuenta, por lo tanto, que el estado venezolano ha realizado una larga inversión inicial que pudiéramos caracterizar como insuficiente y de muy alto costo, en especial si consideramos lo siguiente:

• 1. El total de créditos otorgados directamente por Foncofin durante los cinco años que estuvo en operación este tipo de ejecución, fue de quinientos dieciséis, lo cual suma un promedio de OCHO créditos por mes con una tasa de morosidad del 82%, utilizando una nómina de una treintena de empleados en 1987-1988 y alrededor de cien al momento de la clausura de dicha línea (Barrantes, 1995; 1997).

• 2. El número total de convenios suscritos con las organizaciones oficiales y civiles de desarrollo social entre 1990 y 1998 fue de ciento treinta, sea, un promedio de un convenio firmado y una solicitud de convenio recibida por mes, utilizando una nómina que osciló entre cien al inicio del decenio y no menos de ciento cincuenta personas al momento de su clausura.

Asimismo, podemos caracterizarla como ayuna de un pensamiento estratégico de corto, mediano y largo plazo. Esto por cuanto su tasa de retorno no puede ser ya visualizada, pero no porque el Fondo haya sido clausurado sin que hasta hoy se sepa que haya intervenido el Tribunal de Salvaguardia del Patrimonio Nacional, si no, porque una evaluación tal tiene, al menos, dos exigencias:

• 1. Voluntad política para realizar estudios evaluativos sistemáticos, metódicos y objetivos que sean orgánicos a la política misma de apoyo a la Economía Popular.

• 2. Dicha inversión inicial (a la que habría que agregarle la inversión en capital social, humano e institucional) no es fácilmente cuantificable ni puede ser reducible al simple rendimiento económico ni a la cantidad de convenios firmados y créditos otorgados.

Y a este último respecto, queremos apuntar un dato sobre el cual llamamos la atención en otros lugares (Barrantes, 1995; 1997), pero que hoy adquiere mayor relevancia, puesto que está expresando una realidad que también ha preocupado a muchas organizaciones civiles de desarrollo social.

Es el hecho de que la acción crediticia de éstas –realizada tanto con recursos del estado como privados y multilaterales- viene mostrando una fuerte tendencia a reproducir la trayectoria oblicua hacia arriba que siguió la línea de crédito de Foncofin cuando su ejecución directa estuvo en vigencia.

De acuerdo con nuestros estudios (Barrantes, 1995, 1997, 1998) esta tendencia –que mediatiza el trabajo con los agrupamientos microempresariales populares de más bajo ingreso y capital cultural en cuyo nombre se crearon Foncofin y las organizaciones civiles de desarrollo social-, consiste básicamente, en venderle servicios de crédito, capacitación y asistencia técnica a quienes tienen capacidad de pago, es decir, al lomito de los amplios y heterogéneos agrupamientos sociales que encarnan la economía popular, más específicamente, a un sector de clase alta de los pobres y a un sector bajo y depauperado de la clase media.

Es así que las autoridades de Foncofin aceptaron con gran naturalidad que el 70% de las microempresas financiadas con el presupuesto de la nación dirigiera su producción a satisfacer necesidades de empresas a gran escala por medio de la subcontratación y el putting out system.

He aquí una pregunta crucial para los afanados hacedores de políticas civiles y estatales de la nueva República que está naciendo: ¿Política de apoyo para qué tipo de microempresarios(as) y para qué?, ¿queremos –estado de derecho y estado de justicia mediante- que la plusvalía generada por la inversión de la nación siga siendo transferida masivamente a las grandes empresas y a los circuitos globalizados y que el 30% o menos, gotee hacia abajo alimentando marginalmente al capital social y humano de la economía popular y de la sociedad civil?.

Las respuestas que nos demos –ojalá en esta jornada de intercambios- permitirá sincerar si de lo que se trata es de potenciar de manera justa los circuitos de acumulación del capital trasnacional, del nacional, de los sujetos que encarnan la economía popular, de la sociedad civil, del sistema político, y del estado venezolano concebido éste en su conjunto más inclusivo, o si por el contrario, se va a beneficiar uno o algunos circuitos en detrimento de otros tradicionalmente marginados y hoy excluidos.

En fin, estos catorce años –para no hablar de los treinta años anteriores- pueden ser considerados como laborioso y desgastante, lento y pesado, enrevesado y doloroso aprendizaje para muchos de los actores involucrados en el apoyo a la economía popular.

Y si realmente éste ha producido conocimientos y creado capacidades y pensamientos político-estratégicos de largo alcance, entonces éste debería ser la fuente fundamental para que el estado venezolano –actualmente en proceso de reconstitución integral no resuelta- pueda llegar a constituirse, en algún momento, en potente rector de una SOCIOECONOMÍA GEOPOLÍTICO-CULTURAL ORGÁNICA DE ESTADO que los sujetos individuales y colectivos que encarnan la economía popular, hoy readjetivada de social, continúan demandando en su apoyo.

Lo que no ha sido… ¿Podrá ser?

Con base en el breve recorrido que realizamos en el apartado anterior, podemos llamar la atención sobre lo que me parece ser un desafío societal que, en mi opinión, aún no ha sido asumido en todas sus consecuencias ni por las organizaciones de desarrollo social ni por la sociedad civil, ni por el sistema político ni por el estado. Este reto es la forja de una promisoria macroesfera pública en donde surja la política concebida como la construcción de mundos de vida (Barthes, 1982) mediante acciones-no acciones que no son reductibles a sus causas ni previsibles en sus consecuencias (Arendt citada por Hilb, comp. 1994:1-29).33

En otras palabras, estamos hablando de un espacio en y a través del cual se realice la síntesis plural del interés general o bien común y los intereses particulares y corporativos; asimismo, cristalice el momento de la unidad en la diversidad y el momento de la diversidad en la unidad. Una inagotable mediación de todas las dimensiones o momentos que configuran de manera concurrente a toda sociedad compleja: la sociedad civil, el régimen político, el escenario electoral, la nación y el estado, pero también lo-económico, lo-social, lo-cultural, lo-político, lo ideológico-simbólico, lo-imaginario, etc.

La construcción social o colectiva de lo público que está pendiente en Venezuela, implica la publificación de las esferas tanto del estado-gobierno-aparatos centrales y decentralizados como de los ámbitos empresariales, mercadistas, eclesiales y civiles en general.

Se trata, pues, de una condición que entiendo en su doble sentido: como sine qua non y como naturaleza intrínseca de lo que provisoriamente estoy denominando una SOCIOECONOMÍA GEOPOLÍTICO-CULTURAL ORGÁNICA DE ESTADO para el desarrollo, relanzamiento, potenciación, habilitación, facultamiento y posicionamiento de los agrupamientos sociales que encarnan la economía popular y, por ende, de la sociedad civil y del estado de derecho y de justicia que están implicados.

Lo anterior nos remite a la necesidad de contar con una sociedad civil que se vea encarnada por organizaciones eticopolíticamente problematizadas -dentro de las cuales contamos las organizaciones de desarrollo social-, cuyos desideratos pudieran ser los siguientes:

• 1. Habilitar redes públicas formales e informales propias de la sociedad civil, del sistema político, de la nación, del mercado y del estado.

• 2. Agregar valor a la mancomunación de esfuerzos y a la traducción de necesidades en demandas efectivas.

• 3. Enriquecer la producción de satisfactores de carencias y creadores de aspiraciones y, por qué no, de sueños e ilusiones.

La participación ciudadana dentro de un contexto tal, nos parece, plantea tres condiciones de habilitación individual y colectiva:

• 1. Una cultura de la participación y el compromiso en el control, seguimiento y evaluación social, fraterna pero sin concesiones, del funcionariado tanto público-estatal como público-civil.

• 2. Una ética de la práctica social fundada en el ejercicio de deberes y derechos ciudadanos, que no se logran por el solo hecho de abrir canales jurídicos propiciatorios.

• 3. La autonomía política, administrativa y económica tanto de los aparatos oficiales como civiles, y fundamentalmente la dotación del deseo y la voluntad de ir al encuentro, aquéllos, de la sociedad civil y de éstos, del estado.

Mientras la esfera de lo público no sea asumida como una tarea de todos los venezolanos, el número de convenios que el estado suscriba con las organizaciones de desarrollo social para ejecutar programas (sociales, ecológicos, políticos, financieros…) no significará, en modo alguno, avances efectivos en la democratización de las relaciones del estado con la sociedad y sus propias instituciones.

Bibliografía

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QUIJANO, Aníbal; WEFFORT, Francisco (1973): Populismo, Marginalización
y Dependencia. Editorial EDUCA, San José.

Autor:

César A. Barrantes A.(

[1] Utilizando el sentido m?s reciente, las artesan?as son las microempresas estrechamente vinculadas a la producci?n b?sicamente familiar de valores culturales, art?sticos, folcl?ricos, comunitarios e identitarios de tipo fundamentalmente ind?gena y campesino pero tambi?n popular urbano y semiurbano. Para la ?poca que nos ocupa, las artesan?as eran ya parte de las actividades de los sujetos de la marginalidad e informalidad.

[2] Dentro de estas organizaciones de base, se inclu?an de manera inespec?fica las artesan?as, cuya especificidad fue diluida dentro de las actividades informales y marginales. En otros pa?ses (Barrantes, 1990) se denominan, organizaciones econ?micas populares (Chile desde los `80) empresas comunitarias (Colombia, Costa Rica desde los `70), organizaciones sociales de barrio (Per?), organizaciones solidarias de desempleados (Brasil), nuevas sociedades de fomento (Argentina), y empresas asociativas (Costa Rica desde mediados de los `70 y Venezuela desde mediados de los `80). Hace varios lustros fueron estudiadas en Centroam?rica (Santos de Morais 1978) y desde hace varios a?os en Am?rica del Sur, especialmente por la Conferencia Episcopal de Chile y el Programa de Econom?a del Trabajo (Pet) de la Academia de Humanismo Cristiano de este mismo pa?s, en especial por Razetto (1983; 1984; 1985; 1988) y Hardy (1987; 1986; 1985).