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Órganos que ejercen la función jurisdiccional (página 2)

Enviado por segundo chavesta diaz



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Mas difícil es diferenciar el acto administrativo y el jurisdiccional, a tal punto que algún sector de la doctrina sostiene que solamente existen dos funciones del Estado: la legislativa exteriorizada en actos regla o leyes sustanciales y la administrativa como ejecución de los actos regla por medio de disposiciones particulares e individualizadas; la función jurisdiccional seria un aspecto especial de la administración que solamente se diferenciaría por su aspecto formal. Así se expresa KELSEN: "La usual tricotomía se basa en realidad en una dicotonomia. La función legislativa suele oponerse a un mismo tiempo a las funciones ejecutiva y judicial que de manera obvia tienen relación mayor que la que guardan con la primera. La legislación es la creación de leyes. Si hablamos de ejecución tenemos que preguntarnos qué es lo que se ejecuta. La respuesta no puede ser otra sino la de que lo que se ejecuta son las normas generales, es decir, la Constitución y las leyes creadas por el poder legislativo. Sin embargo, la ejecución de leyes es también función del llamado poder judicial. Este último nos se distingue del poder ejecutivo, por el hecho de que solamente los órganos del segundo ejecuten normas. En tal sentido, la función de ambas es realmente la misma. Las normas jurídicas generales son ejecutadas tanto por el poder ejecutivo como por el poder judicial; la diferencia estriba solamente en que, en un caso, la ejecución de las normas generales es confiada a los tribunales y en el otro a los llamados órganos ejecutivos o administrativos.

La tricotomía usual es, pues, en el fondo, una dicotonomia, es decir, la distinción fundamental entre legis latio y legis executio. La última, subdividida en las funciones judicial y ejecutiva en sentido estricto".La diferencia entre administración y jurisdicción se mostraría entonces solamente desde el punto de vista formal en lo que respecta a la organización de la autoridad en forma de tribunal, o a la independencia del juez y la subordinación jerárquica del agente de la administración: la jurisdicción se ejerce con independencia, la administración con subordinación; o también por un procedimiento destinado a garantizar el derecho del justiciable contra la discrecionalidad, la arbitrariedad o la injusticia. "La jurisdicción se distingue esencialmente de la administración, sea por sus formas destinadas a garantizar a los justiciables el alto valor de la sentencia del juez, derecho del justiciable contra la discrecionalidad, la arbitrariedad o la injusticia, sea por una calidad especial de los efectos del acto jurisdiccional llamada autoridad de la cosa juzgada".

Esta postura es aceptada por Alemania. Doctrina dentro de la cual la jurisdicción es una parte de la administración de la cual se diferencia formalmente por la independencia del juez. Es un concepto probablemente tomado del derecho público romano, pues en este la función de la autoridad judicial, jurisdicción, se hallaba mezclada con la función del poder ejecutivo "del cual incluso era consecuencia".

La otra doctrina diferencia esencialmente el acto administrativo del acto jurisdiccional, pero a partir de esa disconformidad hay también discrepancias polémicas: unos, partiendo de la idea del contenido del acto, sostienen que en el acto jurisdiccional se comprueba la existencia de una situación jurídica subjetiva preexistente, al paso que el otro es ajeno a tal comprobación. Que el acto jurisdiccional es actividad jurídica al paso que el administrativo es actividad técnica.

JAIME GUASP sostiene que la diferencia entre jurisdicción y administración radica en la existencia o inexistencia de una pretensión que constituye su objeto. La actividad administrativa se realiza para el desenvolvimiento de un interés en conflicto por uno de los sujetos del mismo, mientras que en la jurisdiccional se actúa para la composición del conflicto por quien se encuentra por encima de los sujetos del mismo, concepto que armoniza con el carácter sustitutivo de la actividad jurisdiccional pregonado por GIUSEPPE CHIOVENDA y universalmente aceptado por los procesalistas.

Sostiene CHIOVENDA que la función jurisdiccional se caracteriza por que el juez suplanta en el conocimiento del conflicto de intereses la actividad intelectual de las partes, por la propia actividad intelectual para declarara existente o inexistente una voluntad de la ley, y se proyecta en la ejecución del mandato judicial sustituyendo la actividad material del sujeto del mandato por la actividad material de los órganos de Estado. En estos casos existe una actividad pública realizada en otro lugar, mientras que la administración actúa por su cuenta propia.Y si de sentencias constitutivas o determinativas se trata, entonces el órgano jurisdiccional sustituye la propia actividad a la actividad de las partes al actuar concretas voluntades de ley, nacidas antes del proceso.[2]

Jurisdicción y administración son dos funciones esenciales del Estado que históricamente emanan de un mismo poder, conservando en la actualidad vestigios de esa comunidad de origen.

Particular mención merece el problema de las denominadas zonas grises en donde el acto jurisdiccional aparece hipostasiado con el acto administrativo o viceversa. La denominada jurisdicción voluntaria o la ejecución de la sentencia penal en relación con la cual CLEMENTE A. DIAZ explica que los actos materiales de ejecución de la sentencia penal (custodia y cuidado del condenado, aplicación de reglamentos carcelarios, educación, reeducación y labores carcelarias, etc) son actividades de carácter administrativo, pero el acto de ejecución es en sí jurisdiccional, de la misma manera que el acto material de la inscripción de la sentencia civil en un registro público. Recapitulando: la legislativa es función por medio de la cual se crean leyes que componen el ordenamiento jurídico. El poder-deber de legislar, cuando se ejerce, se plasma en actos regla que ofrecen un contenido abstracto y general, porque su finalidad es la de regir conductas, las cuales, aunadas, forman un determinado núcleo que reclama un genérico patrón social[3]

La función administrativa, en cambio, ejecuta las leyes, se cumple como deber-poder en lo que encierne a la función estrictamente, a la esencia de la actividad por medio de actos de contenido concreto que se refieren a una hipótesis fáctica individualizada; la otra faceta de este poder administrativo es la de proveer a la posibilidad de aplicar las leyes con la producción de actos abstractos que reglamenten los aun mas genéricos del legislativo.[4]

La función jurisdiccional, como actividad, como ejercicio del especifico poder-deber se plasma también en actos concretos con referencia a una conducta determinada, desplazada en la vida por un preciso y singularizado sujeto; el juez juzga y decide aplicando los actos regla del ordenamiento jurídico positivo a la hipótesis concreta de conducta humana que se somete a su consideración; esa es la actividad y la desarrolla por medio de un proceso.

Comparando entonces los tres poderes de la soberanía estatal, que no por ser autónomos dejan de ser complementarios, se mira a la jurisdicción como una continuación funcional y una especificación de la legislación: para el desempeño de la actividad jurisdiccional que evidentemente es juzgamiento, el sujeto destinatario de la misma acude, como a premisa mayor, a la ley sustancial como norma general abstracta en cuyo supuesto jurídico tenga que subsumir la hipótesis fáctica que se le propone. En esa misma tarea comparativa resulta la similitud de la función administrativa y de la jurisdiccional, puesto que ambas se modelan cuando la actividad se da en actos concretos, pero se distingue la jurisdicción por la diversa relación que se establece entre cada una de las funciones y las leyes, en atención todas ellas a su especial fin, correspondiendo el de la administrativa al cuidado de los múltiples intereses públicos ( seguridad, salud y educación); la ley que aplica la función administrativa atiende a la disciplina del comportamiento de la autoridad de esa rama, regimentando el cuándo y el cómo de su actividad, al paso que la función específica de la jurisdicción es con exclusividad la de administrar justicia, la de decir el derecho componiendo litigios, concretando la norma general abstracta en cada hipótesis que se juzga para la realización del servicio de la justicia, y por medio de ella, de la paz social.

El derecho no puede realizarse cabalmente realizado por la sola creación estructural de la ley, por el solo establecimiento de normas de conducta llamadas a regir el comportamiento de una precisa sociedad, por que el destinatario de esas reglas abstractas, es el individuo y este no siempre las acata de manera espontanea, por lo cual el mismo sistema social tiene que concebir en el ámbito de la obligación, en el mecanismo que asegure la observancia de los preceptos generales, en cada caso de incumplimiento concreto, individualice, declare, es decir, que actue la reglas, diciendo el derecho, definiéndolo, para que pueda efectivizarse coactivamente.

Esta precisa tarea, que es el trabajo jurisdiccional, se confía a órganos públicos, quienes a su vez en el desempeño de ella, se someten a la ley procesal que establece el cuándo y el cómo de la actividad jurisdiccional. Los órganos públicos son la jurisdicción como entidad depositaria del poder, de la potestad, de la función, que como tal es siempre poder-debe; desde tiempos inmemoriales esa función se ha conocido con idéntico nombre: jurisdictio. Los jueces son las personas que desempeñan la función y el conjunto abstracto de ellos se denomina magistratura o judicatura.

La tarea que incumbe a los jueces como jurisdicción es, en esencia, el juzgamiento, el juicio decide el derecho, que valora el hecho acaecido para decidir si está conforme con la ley o es contrario a ella; como comparación que se establece del hecho con el patrón de la norma, con el supuesto normativo, subsumiendo la hipótesis de hecho en la norma general abstracta y creando el precepto concreto, destinado a valer como derecho en la hipótesis singularizada que se examina; el eslabonamiento lógico descrito puede ser cumplido por quien conozca el derecho y su resultado será un concepto, porque solamente la operación lógica que es obra del juez y que culmina como una sentencia producida en un proceso, son el iudicium y el imperium; es el sigilo de la ejecutividad y de la cosa juzgada, maneras de ser de la jurisdicción y características exclusivas de la función.

Completamente libre de cualquier lazo que le ate en el desempeño de la jurisdicción, el juez solamente obedece a la ley procesal y al derecho, que aplica como intérprete cualificado, ubicando la norma en el contexto de una sociedad dinámica, que por lo mismo constante adecuación de la ley al momento que se viva, al trozo de realidad que se le someta, es el concepto de la realización jurisdiccional del derecho acorde con las modernas tendencias que pregonan que la sentencia no es solamente una operación lógica, fría, a la manera del computador, del silogismo cerrado, sino también trabajo de estimativa, de evaluación y un acto de voluntad creador del derecho.

1.2-. NATURALEZA DE LA JURISDICCION

Cabe apuntar que el vocablo "jurisdicción" se le atribuye en doctrina un significado equivoco, cuando se le autorizan varias acepciones: se le utiliza como sinónimo de "competencia", y por lo menos, también como " circunscripción jurisdiccional"; así mismo discrepa la doctrina acerca de la comprensión que deba otorgársele para entenderla apenas de manera restrictiva, al decir el derecho contradicho, o de forma extensiva cuando se efectivice un derecho cierto o se autorice el ejercicio de otro, tampoco discutido.

La naturaleza de un instituto se constituye por una estructura interna, por los elementos esenciales diferenciales que integran su ser. Varios son los criterios que utiliza la doctrina en la búsqueda y clasificación de esos elementos: ya antes, cuando se intentaba el deslinde de las funciones soberanas, se echaba mano de estos criterios que ahora simplemente se clasifican.

Criterio orgánico.

De acuerdo con el criterio orgánico, la naturaleza de la jurisdicción vendría dada como carácter que conviene al órgano que la realiza: seria jurisdicción la actividad del órgano jurisdiccional, de la magistratura; este criterio se ha considerado inadecuado porque el órgano jurisdiccional desempeña algunas tareas administrativas, al mismo tiempo que los órganos restantes cumplen algunas funciones jurisdiccionales.

Criterio funcional o teleológico.

Este criterio atiende al contenido de la función y a su ultimo fin que consiste en la aplicación del derecho, " la actuación de la ley", como dice CHIOVENDA. Cada doctrinante que se ubica bajo esta bandera define la jurisdicción en consonancia con ella, que por lo demás admite la expresión finalista de la función, con voces y significados no propiamente exactos al que se indico, pero siempre orientadores de un fin. Tampoco es esencialmente puro el uso de este criterio por que las definiciones los mezclan con el orgánico y con el formal.

1.3-. CUALIDADES ESENCIALES DE LA JURISDICCION

Señalan como tales las siguientes:

1.3.1- Unidad:

La jurisdicción es esencialmente única y por ende no admite divisiones ni clasificaciones y cuando ellas se introducen su resultado ya es la competencia.

La jurisdicción única tiene maneras de manifestarse: civil, penal, laboral, contencioso-administrativa, coactiva, aduanera, penal militar.

1.3.2- Exclusividad

Bien como potestad, bien como función, la jurisdicción corresponde exclusivamente a los jueces: es Estado tiene el monopolio de la jurisdicción. Es violatorio la soberanía nacional admitir dentro del territorio de cada país, personas o entidades distintas del Estado, que constituyan órganos para la actuación de la ley. A la par que se concede jurisdicción solamente a los jueces y no a otros funcionarios, de ellos también puede y debe exigirse que su única función sea juzgar. Se mira así la exclusividad en cualquiera de los dos sentidos.

Chocan contra la exclusividad del a jurisdicción: la jurisdicción eclesiástica, la jurisdicción internacional y la consideración jurisdiccional del arbitramento.

En realidad, puede distinguirse dos aspectos de la característica de la exclusividad: uno que pregona que la materia jurisdiccional solo puede ser asignada al órgano jurisdiccional, aspecto propio del Estado liberal en la concepción de MONTESQUIEU que si bien se atempera con la idea de la colaboración armónica de las denominadas ramas, continua exigiendo la consagración constitucional del ejercicio de la función, cuando este sea excepcional. No obstante, es la Constitución y solo la Constitución la que asigna la jurisdicción. La ley, la "concreta", o sea, asigna competencia.

El otro aspecto de la exclusividad, rechaza el ejercicio del a jurisdicción por quien no sea Estado, por quien sea ajeno a la soberanía: jurisdicción eclesiástica, jurisdicción extra nacional y la misma jurisdicción arbitral.

1.4.- LA UNIDAD DE LA FUNCION JURISDICCIONAL.

  • a) jurisdicción o función jurisdiccional.

El artículo 138 de la constitución preceptúa lo siguiente:

" La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la constitución y a las leyes."

En tanto poder constituyente, el pueblo concentra todas las potestades públicas y, al crear el Estado, delega soberanamente aquellas en los poderes constituidos para que estos las ejerzan en su nombre. Así, la Carta Magna señala que la jurisdicción, función jurisdiccional o potestad de administrar justicia es creada por el pueblo, el que decide que sea el Poder Judicial el órgano estatal que la ejercite.

Este origen de la investidura del Poder Judicial para administrar justicia configura un escenario de legitimidad democrática, sobre cuya base se produce la aceptación ciudadana de los fallos judiciales, aun cuando los magistrados no provengan de elección popular. La jurisdicción o función jurisdiccional esta prevista en la plasmación del "contrato social " , la Constitución que , en su parte orgánica, diseña la estructura del Estado y atribuye funciones concretas a los poderes estatales, por lo que los jueces son reconocidos como autoridades públicas plenamente habilitadas para resolver los conflictos en la sociedad y, con posibilidad de ejecutar sus decisiones en aplicación del ius imperium.

Etimológicamente, la palabra "jurisdicción "proviene del latín ius dicere, que significa "decir el Derecho", lo cual no distingue la posibilidad de administrar justicia realizada cotidianamente por los jueces con toda aplicación del Derecho en general.

En esa medida, para poder esbozar una noción de jurisdicción tipificante de la actividad judicial, se afirma que es la potestad de que están investidos determinados órganos estatales (los jurisdiccionales) para desempeñar la función de impartir justicia. Sin embargo, este concepto de jurisdicción incurre en una tautología, pues define el término empleando este. Así, es necesario determinar las características que perfilen un concepto definitivamente distintivo de jurisdicción respecto de las diversas formas de aplicación del Derecho.

En esa perspectiva, la jurisdicción seria el poder derivado de la soberanía estatal para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, siendo entonces la irrevocabilidad de la decisión la única nota diferenciadora de la jurisdicción con otras modalidades de aplicación del Derecho. La irrevocabilidad consiste en la imperatividad inmutable, es decir, el efecto de la cosa juzgada, que le otorga carácter inalterable a las decisión judicial y fuerza vinculante a la misma excluyendo la posibilidad de volver a tratar y decidir sobre el mismo conflicto.

En forma más integral, la jurisdicción o función jurisdiccional es el poder-deber del Estado previsto para solucionar los conflictos de interese intersubjetivos, controlar las conductas antisociales y la constitucionalidad normativa en forma exclusiva y definitiva, a través de los órganos jurisdiccionales que se apoyan en el ius imperium para el cumplimiento obligatorio de sus decisiones.

Según algunos autores, la jurisdicción es un poder por que es exclusiva del órgano u órganos estatales correspondientes. Pensando en que el Poder Judicial no es el único ente estatal que ejerce la función jurisdiccional, sino también el Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones y el Consejo Nacional de la Magistratura, como lo veremos posteriormente, y teniendo como denominador común todas las instituciones mencionadas su origen estatal, parecería inobjetable tal afirmación. Sin embargo, el artículo 149 de la Constitución establece una posibilidad de que entes privados administren justicia:

"Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial".

Esta norma no solo respeta nuestra pluralidad cultural y la vigencia de la costumbre como fuente de Derecho en diversas zonas geográficas del Perú, sino que otorga el ejercicio de la jurisdicción a colectividades privadas, las comunidades campesinas y nativas.

Estas solo tendrán un nivel de "coordinación" con el Poder Judicial, pero no están integrados a el al administrar justicia, lo que impide considerarlas solo para tales efectos como parte integrante de dicho Poder del Estado. Así, subsiste el cuestionamiento a la noción antes mencionada de la jurisdicción como poder. En esa medida, podríamos concluir que la jurisdicción es un poder porque es exclusiva de los órganos o colectividades facultadas expresamente para su ejercicio por la Carta Magna.

La jurisdicción es también un deber, pues casi siempre se activa con el pedido de los justiciable (principio dispositivo), teniendo el órgano jurisdiccional la obligación de desarrollar el proceso en perspectiva de hallar una solución definitiva al conflicto sometido a su consideración. Solo puede rechazar el pedido de los justiciables de manera debidamente fundamentada y explicitada. En materia penal, donde cabe la actuación de oficio del juez, al ser aquella impuesta por el ordenamiento jurídico, se reafirma la jurisdicción como deber. Tratándose de otras entidades estatales, dicha exigibilidad normativa de actuación de oficio solo esta prevista constitucionalmente para el Consejo Nacional de la Magistratura respecto de los vocales y fiscales supremos. [5]

Finalmente, debe distinguirse entre función jurisdiccional y función judicial. La primera alude a la solución de conflictos de interese intersubjetivos, mientras que la segunda está referida a las actividad que desarrollan los jueces que, cuando tramitan un proceso no contencioso, no están resolviendo conflicto alguno por lo que no están ejerciendo la función jurisdiccional. Es decir, los jueces pueden, como no, ejercer la jurisdicción dependiendo del pedido concreto del del justiciable o el mandato del ordenamiento jurídico.

Por último, debe diferenciarse también entre conflicto y controversia. El primero es simplemente afirmado por el actor en su demanda, no requiere factibilidad para ser reconocido como presupuesto material de un proceso. La segunda, supone la discusión judicial del conflicto. No se presenta controversia cuando el demandado no discute la pretensión dirigida contra el, porque se allana, reconoce la pretensión o incurre en rebeldía.

  • b) Noción de la unidad de la función jurisdiccional.

Ahora bien, el artículo 138 de la Carta Magna no solo alude al origen de la función jurisdiccional, sino que además precisa que el Poder Judicial la ejerce a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. Acto seguido, el artículo 139, numeral 1 señala lo siguiente:

"Son principios y derechos de la función jurisdiccional; la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral. No hay proceso judicial por comisión o delegación "

La enunciación a cerca de que el Poder Judicial ejerce la función jurisdiccional a través de sus órganos jerárquicos en aplicación del ordenamiento jurídico, configura la esencia del principio de la unidad de la función jurisdiccional.

La exclusividad de la misma, como veremos posteriormente, alude a que solo el Poder Judicial puede emitir actos jurisdiccionales, lo cual no quiere decir que sea la única vía de solución de conflictos.

La previsión expresa de las jurisdicciones militar y arbitral supone la permisibilidad de la existencia de tribunales especiales, pero la prohibición de administrar justicia por comisión o delegación implica la no aceptación de tribunales de excepción.

La noción anticipada de la unidad de la función jurisdiccional encuentra confirmación en el enunciado del artículo 143 de la ley de leyes, que dispone lo siguiente:

" El Poder Judicial está integrado por órganos jurisdiccionales que administran justicia en nombre de la Nación, y por órganos que ejercen su gobierno y administración. Los órganos jurisdiccionales son: la Corte Suprema de Justicia y las demás cortes u juzgados que determine su ley orgánica".

En la época de las monarquías absolutistas inmediatamente previas a la Revolución Francesa, el Rey concentraba todos los poderes públicos, entre los que estaba la administración de justicia. Esta potestad era ejercida estratificadamente en virtud de los "fueros" que se conformaron reflejando las clases y grupos sociales entonces existentes.

Así, los clérigos, nobles y militares estaban adscritos a sus fueros eclesiástico, real y militar respectivamente, en los que debían ventilarse cualquier conflicto en el que aquellos pudieran estar inmersos, no importando si estaban directamente relacionados al ejercicio del a función clerical, real o militar, ni si las contrapartes pertenecían o no a dichas instituciones o clases sociales.

De este modo, cualquier asunto civil, comercial, penal o administrativo era obligatoriamente sometido a tales fueros por el solo hecho de tener como una de las partes en conflicto a miembros de tales instituciones, clases o grupos sociales. Por ello se trataba de fueros "privativos", a los que debían someterse los ciudadanos comunes si es que eran contrapartes de los ciudadanos antes mencionados. En esa medida, se configuro un sistema de administración de justicia estructurado en función de las diferencias sociales entre las personas.

Con el advenimiento de la Revolución Francesa (1789), se enarbolaron los ideales de libertad, fraternidad e igualdad ideológicamente configurados por la ilustración. En particular la igualdad, entendida inicialmente solo en el sentido que todas las personas eran iguales ante la ley, era un postulado absolutamente opuesto a la mantención de los fueros privativos estructurados precisamente en virtud de las diferencias sociales entre las personas. Entonces, surgió el principio de unidad de la función jurisdiccional.

Este principio se plasmo en las primeras Constituciones liberales americanas y europeas teniendo como mandato la abolición o prohibición de fueros personales.

Influenciados por esta corriente jurídica, las Cartas Magnas peruanas del siglo XIX plasmaron en los mismos términos el postulado en referencia, siendo ratificado en las leyes de leyes de la pasada centuria.

Actualmente, el principio de igualdad ante la ley postula, entre otros aspectos, la existencia de la misma clase de tribunales a los que deben someterse todos los ciudadanos sin distinción alguna, sin que sea posible la exclusión de algunos por su origen o condición social o institucional. Como veremos posteriormente, nuestra constitución prevé dos excepciones a esta regla, pero con limitaciones claramente establecidas y sustentadas en razones objetivas: las jurisdicciones militar y arbitral.

Según algunos autores, la unidad de la función jurisdiccional puede entenderse de tres maneras distintas. En primer lugar, como derivada de la unidad e indivisibilidad de la soberanía del Estado, lo que nos lleva a afirmar que la jurisdicción es única, tema sobre el que volveremos posteriormente. En segundo lugar, como reflejo la de unidad territorial del Estado, donde a pesar de existir Cortes Superiores en diferentes lugares del país, todas reconocen como ente superior jerárquicamente hablando a la Corte Suprema, la que posee jurisdicción a nivel nacional.

Y, en tercer lugar, refleja la existencia de una organización judicial (juzgados y tribunales) que monopoliza el ejercicio de la función jurisdiccional (principio de exclusividad), de conformidad con reglas de competencia y procedimiento previamente establecidas por la ley (principio del juez natural)

En esa medida, la unidad de la función jurisdiccional se conecta estrechamente con el principio de independencia del juez.

En todo Estado de Derecho, la potestad de administrar justicia debe estar encomendada a un único cuerpo de jueces independientes e imparciales. Entonces, la unidad de la función jurisdiccional se tonifica con la independencia del juez y viceversa, pues no es concebible la independencia del juez sin la existencia de una jurisdicción ordinaria como pauta principal.

Según otros autores, la unidad de la función jurisdiccional debe entenderse únicamente referida a que solo existe un tipo de juzgados y tribunales, diferenciados entre si por las reglas de distribución territorial y competencial según la organización territorial y la ordenación de las instancias. Esto implica que el principio en mención no es contrario a la distinción entre los juzgados por especialidades (civil, penal, laboral, familiar, etc. ), pero si es adverso a la existencia de tribunales ad hoc.

Esta perspectiva que solo admite la existencia de tribunales ordinarios, nos conduce a la determinación de las clases de tribunales que pueden advertirse en un sistema jurídico determinado: ordinarios, especiales y de excepción.

Los primeros son los que tienen encomendadas la generalidad de los conflictos, perteneciendo al Poder Judicial (fuero común) .

Los segundos son los competentes para conocer solo determinados asuntos en razón del objeto o de la persona (fueros eclesiástico o militar) y están previstos legal o hasta constitucionalmente. Finalmente, los terceros suelen constituirse para casos singulares (ad hoc), habitualmente de manera incompatible con el ordenamiento legal y reflejando intromisiones en el Poder Judicial. En esa medida, quiebran el principio de unidad de la función jurisdiccional.

Dependiendo del concepto que se maneje la jurisdicción, los tribunales especiales constituirán o no una jurisdicción distinta a la del Poder Judicial. Según algunos autores, la jurisdicción es única, pues es imposible que un Estado tenga más de una jurisdicción. No existen varias jurisdicciones, sino que varias manifestaciones de una única jurisdicción. En esa medida, las denominadas "jurisdicción" militar y arbitral serian solo expresiones de una competencia material exclusiva la primera y, de un procedimiento de heterocomposicion privada la segunda.

1.5.- LA EXCLUSIVIDAD DE LA FUNCION:

El segundo principio de la función jurisdiccional recogido en la constitución es el de exclusividad a cargo del poder judicial ( ART . 149, INC 1). Implica que este es la única entidad facultada para emitir actos jurisdiccionales, pero no significa que sea el único medio de resolución de conflictos.

Por ello tácitamente habilita la existencia paralela de los medios alternativos de resolución de conflictos ( mediación, conciliación, y arbitraje) como una importante válvula de reducción de la carga procesal en los despachos judiciales en la perceptiva de mejorar el servicio de administración de justicia. De otro lado podría cuestionarse el principio de la exclusividad en sentido que determinados órganos constitucionalmente autónomos tienen la posibilidad de emitir pronunciamientos en determinados conflictos con carácter inimpugnable. En ese sentido, es menester analizar la naturaleza jurídica de los mismos efectos de esclarecer cualquier eventual cuestionamiento al principio de exclusividad.

1.5.1- LA EXCLUSIVIDAD DE LA FUNCION JURISDICCIONAL.

El artículo 139 de la constitución establece también al principio de exclusividad de la función jurisdiccional. Este postulado supone que nadie puede irrogarse en un estado de derecho la función de resolver los conflictos definitoriamente en forma privada o por acto propio, pues dicha actividad le corresponde al estado a través de sus órganos especializados de modo que implica que el poder que el PODER JUDICIAL es el único que puede emitir actos jurisdiccionales, la actividad juzgadora no solo es intrínsecamente exclusiva, si no también extrínsecamente excluyente, pues nadie puede suplir al juez en tal función sin embargo ello no implica que el poder judicial sea la única vía de resolución de conflictos, pues paralelamente se desarrollan los medios alternativos de resolución de conflictos ( principalmente la conciliación, la mediación, y el arbitraje)

De otro lado si el principio de la exclusividad de la función jurisdiccional consiste en que el poder judicial es el único que puede emitir actos jurisdiccionales, siendo privativo de estos el carácter de cosa juzgada, podría cuestionarse Tal postulado en sentido que determinados órganos constitucionalmente autónomos tienen la posibilidad de emitir pronunciamientos en determinados conflictos con carácter inimpugnable.

CAPITULO II

Organismos que ejercen la función jurisdiccional

2.1.- PODER JUDICIAL

El Poder Judicial del Perú es un organismo de la República del Perú constituido por una organización jerárquica de instituciones, que ejercen la potestad de administrar justicia, que emana del pueblo.

Está encabezado por el Presidente Javier Villa Stein y por la Corte Suprema de la República que tiene competencia en todo el territorio. El segundo nivel jerárquico lo forman las Cortes Superiores con competencia en todo un Distrito Judicial. El tercer nivel es formado por los Juzgados de Primera Instancia cuya competencia es, aproximadamente, provincial. Finalmente, se encuentran los Juzgados de Paz, con competencia distrital.

El Poder Judicial es aquel poder del Estado que, de conformidad al ordenamiento jurídico, es el encargado de administrar justicia en la sociedad, mediante la aplicación de las normas jurídicas, en la resolución de conflictos. Por "Poder", en el sentido de poder público, se entiende a la organización, institución o conjunto de órganos del Estado, que en el caso del Poder Judicial son los órganos judiciales o jurisdiccionales: juzgados y tribunales, que ejercen la potestad jurisdiccional, que suele gozar de imparcialidad y autonomía.

Según la teoría clásica de Montesquieu, la división de poderes garantiza la libertad del ciudadano. Montesquieu compuso su teoría después de un viaje a Inglaterra en donde interpretó que un poder judicial independiente puede ser un freno eficaz del poder ejecutivo.

Bajo esta separación de poderes, nace el llamado estado de derecho, en el cual los poderes públicos están igualmente sometidos al imperio de la ley. El Poder judicial debe ser independiente para poder someter a los restantes poderes, en especial el ejecutivo, cuando estos contravengan el ordenamiento jurídico.

El poder ejecutivo y el legislativo son dos poderes que en ocasiones también se enfrentan, las luchas de poder de los integrantes del legislativo suministran periódicamente a los nuevos integrantes del ejecutivo. Sin embargo el papel arbitral entre ambos requiere de un poder judicial fuerte y respetado como uno de los poderes fundamentales del estado cuya independencia es un valor a preservar porque de ella depende que el sistema no deje de funcionar y la democracia de paso a la tiranía.

2.2.- EL PODER JUDICIAL Y SU FUNCION

El poder judicial en su ejercicio funcional es autónomo en lo político, administrativo, económico, disciplinario e independiente en lo jurisdiccional, con sujeción a la Constitución. No existe, ni puede instituirse, ninguna jurisdicción que pueda cumplir esta misma tarea, con excepción de los organismos de justicia militar y arbitral.

El poder judicial es de acuerdo a la Constitución y las leyes, la institución encargada de administrar justicia a través de sus órganos jerárquicos que son los Juzgados de Paz no Letrados, los Juzgados de Paz Letrados, las Cortes Superiores y la Corte Suprema de justicia de la república.

El funcionamiento del poder judicial se rige por la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece su estructura orgánica y precisa sus funciones.

Esta ley define los derechos y deberes de los magistrados, quienes son los encargados de administrar justicia; de los justiciables, que son aquellos que están siendo juzgados o quienes están solicitando justicia; y de los auxiliares jurisdiccionales que son las personas encargadas de brindar apoyo a la labor de los integrantes de la magistratura.

La ley orgánica del poder judicial vigente, tiene su origen en el Decreto Supremo N° 017-93-JUS promulgado el 28 de Mayo de 1993 y publicado el 2 de Junio del mismo año. Consta de 304 Artículos, 1 Disposición Complementaria Única y 33 Disposiciones Finales y Transitorias.

SEGÚN LA CONSTITUCION POLITICA:

En su artículo 138º, señala: "La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos, con arreglo a la Constitución y a las Leyes.[6]

El Perú actualmente se rige por la Constitución de 1993 La potestad exclusiva de administrar justicia del Poder Judicial es uno de los principios generales que se cita igualmente en el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que además, precisa lo siguiente:

No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral.

En su ejercicio funcional es autónomo en lo político, administrativo, económico; disciplinario e independiente en lo jurisdiccional con sujeción a la Constitución y a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La Ley Orgánica del Poder Judicial determina la estructura del Poder Judicial y define los derechos y deberes de los Magistrados, justiciables y auxiliares jurisdiccionales.

2.3.-ESTRUCTURA El Estado peruano está conformado por tres poderes:

  • El Poder Ejecutivo, representado por el Presidente de la República

  • El Poder Legislativo, representado por el Presidente del Congreso

  • El Poder Judicial, representado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

SEGÚN LA CONSTITUCION POLITICA:

Según la Constitución y las leyes, el Poder Judicial tiene la función de ejercer la administración de justicia a través de sus diferentes instancias: salas supremas, salas superiores y juzgados.

2.4- ASPECTO JURISDICCIONAL:

2.4.1.- FUNCIONAMIENTO DEL PODER JUDICIAL:

Dentro del Estado nuestros actos y responsabilidades son regidos por leyes que el Poder Judicial debe hacer cumplir. La justicia debe estar al servicio del pueblo por lo que existe un Sistema Judicial, una organización que permite que el ciudadano pueda acceder a la justicia, según diferentes niveles e instancias relacionadas con la gravedad de su falta o delito.

SOLUCIONAN CASOS DE DELITOS:

Un delito es una acción antijurídica y culpable, que se castiga por la ley mediante una pena o medida de seguridad. Generalmente está relacionada con daños a la persona, a la propiedad, etc. Por ejemplo, un asesinato, un robo, una estafa a gran cantidad de personas, etc

SOLUCIONAN CASOS DE FALTAS :

Las faltas son infracción involuntaria de la ley, ordenanza o reglamento, a la cual se señala una sanción leve, por ejemplo una riña callejera al arrojar basura en lugares prohibidos, etc

La estructura del poder judicial varía de país en país, así como los mecanismos usados en su nombramiento. Generalmente existen varios niveles de tribunales, o juzgados, con las decisiones de los tribunales inferiores siendo apelables ante tribunales superiores. Con frecuencia existe una Corte Suprema o Tribunal Supremo que tiene la última palabra, sin perjuicio del reconocimiento constitucional de ciertos tribunales internacionales, es decir, de órganos jurisdiccionales de naturaleza supranacional, que existe en algunos países.

En algunos países existe también un Tribunal o Corte Constitucional. Sin embargo, la doctrina entiende que no forma parte del poder judicial, sino que es una entidad nueva que se aparta de la doctrina original de Montesquieu. En este caso, el Tribunal Constitucional tiene poderes legislativos negativos, por cuanto puede derogar normas de rango legal contrarias a la Constitución. [7]

III.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

3.1.- Definición

 El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Es autónomo e independiente de los demás constitucionales. Se encuentra sometido sólo a la Constitución y a su Ley Orgánica. El Tribunal Constitucional. Órgano de control de la constitucionalidad contra las leyes o actos del Estado que vayan en contra de la Constitución

3.2.-Competencia

El Tribunal Constitucional es competente para conocer de los procesos que contempla el artículo 202° de la Constitución.

El Tribunal puede dictar reglamentos para su propio funcionamiento, así como sobre el régimen de trabajo de su personal y servidores dentro del ámbito de la presente Ley. Dichos reglamentos, una vez aprobados por el pleno del Tribunal y autorizados por su Presidente, se publican en el Diario Oficial El Peruano

3.3.-Función

Al Tribunal Constitucional se le ha confiado la defensa del principio de supremacía constitucional, contra las leyes o actos de los órganos del Estado que pretendiesen socavarlo; interviene para restablecer el respeto a la Constitución en general y de los derechos constitucionales en particular. Se le conoce como el "legislador negativo". Es la última instancia en los procesos constitucionales.

3.4.-MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Tribunal está integrado por siete miembros, con el título de Magistrados del Tribunal Constitucional. Son designados por el Congreso mediante resolución legislativa, con el voto de dos tercios del número legal de sus miembros.

Para tal efecto, el pleno del Congreso designa una Comisión Especial integrada por un mínimo de cinco y un máximo de nueve Congresistas, respetando en lo posible la proporción de cada grupo parlamentario en el Congreso, para encargarse de recibir propuestas y seleccionar a los candidatos que, a su juicio, merecen ser declarados aptos para ser elegidos.

La Comisión Especial publica en el Diario Oficial El Peruano la convocatoria para la presentación de propuestas. Asimismo, publica la relación de las personas propuestas a fin de que se puedan formular tachas, las que deben estar acompañadas con prueba instrumental.

Declarados aptos uno o más candidatos, el Congreso procede a la elección mediante votación individual por cédulas. Son elegidos el Magistrado o Magistrados, según el caso que obtengan la mayoría prevista por el último párrafo del artículo 201° de la Constitución Política. Si no se obtiene la mayoría requerida, se procede a una segunda votación.

Si concluidos los cómputos, no se logra cubrir las plazas vacantes, la Comisión procede, en un plazo máximo de diez días naturales, a formular sucesivas propuestas, hasta que se realice la selección.

Requisitos

 Para ser Magistrado del Tribunal se requiere:

 1.      Ser peruano de nacimiento.

2.      Ser ciudadano en ejercicio.

3.      Ser mayor de cuarenta y cinco años.

4.      Haber sido Magistrado de la Corte Suprema o Fiscal Superior durante diez años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante quince años.

 Impedimentos

 No pueden ser elegidos miembros del Tribunal:

 1.      Los Magistrados del Poder Judicial o del Ministerio Público que hayan sido objeto de separación o destitución por medida disciplinaria;

2.      Los abogados que han sido inhabilitados por sentencia judicial o por resolución del Congreso de la República;

3.      Los que han sido condenados o que se encuentran siendo procesados por delito doloso;

4.      Los que han sido declarados en estado de insolvencia o de quiebra; y,

5.      Los que han ejercido cargos políticos o de confianza en gobiernos de facto.

Artículo202º constitución política del Perú

Corresponde al Tribunal Constitucional:

1. Conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad.2. Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data, y acción de cumplimiento.3. Conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la Constitución, conforme a ley.

4.- JURADO NACIONAL DE ELECCIONES (Perú)

4.1.-DEFINICIONEl Jurado Nacional de Elecciones es un organismo constitucional autónomo del Estado peruano. Tiene como finalidad fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio, los procesos electorales y las consultas populares, garantizando el respeto a la voluntad ciudadana. En consecuencia es el órgano encargado de proclamar los resultados electorales y otorgar los reconocimientos o credenciales correspondientes a las autoridades electas. Así mismo tiene como función el dictar resoluciones de carácter general, para reglamentar y normar las disposiciones electorales.

Finalmente, el Jurado revisa en grado de apelación las resoluciones expedidas en primera instancia por los Jurados Electorales Especiales y resuelve en definitiva las controversias sobre materia electoral. También decide en segunda y última instancia sobre los casos de vacancias declaradas por los Concejos Regionales y Municipales.

Es un órgano colegiado, cuyos cinco integrantes son elegidos por distintas entidades del Estado. El presidente es elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, y los restante cuatro magistrados son designados por la Junta de Fiscales Supremos, por votación universal de los Abogados de Lima, y por los Decanos de Facultades de Derecho uno de las universidades públicas y otro de las privadas.

Dentro del Jurado Nacional de Elecciones se encuentra el Registro de Organizaciones Políticas, donde se mantienen inscritos los partidos políticos vigentes. Su sede se encuentra en la ciudad de Lima.

El jueves 13 de noviembre de 2008, el vocal supremo titular de la Corte Suprema de Justicia y ex Presidente de la Corte Suprema del Perú Hugo Sivina Hurtado fue elegido para suceder a Enrique Mendoza Ramírez a la cabeza del JNE por un período de cuatro años; este último se reincorporaría en los siguientes días a sus labores en la Corte Suprema del Perú.1 2 Sivina juró el cargo el 19 de noviembre.

4.2.-HISTORIA

Desde el nacimiento de la época republicana, no existió propiamente un verdadero órgano rector de las elecciones populares. Las normas de entonces señalaban la existencia de juntas o colegios electorales, inclusive se instituyó alguna vez un poder electoral, como órganos ejecutores de los procesos de elecciones. Pero, en la práctica, éstos fueron manejados principalmente por el Ejecutivo o el Legislativo.

No obstante, en esta etapa se dieron diversas normas electorales. Entre ellas, el Reglamento de Elecciones para el Congreso (1822), la Ley de Elecciones Municipales (1824), los Reglamentos de Elecciones de 1839 y 1849, la Ley de Elecciones de 1857 y 1861 y la Ley Orgánica de Elecciones (1892).

El siglo XX no trajo grandes cambios para los órganos electorales ni para el sistema de elecciones. El país afrontó varios procesos electorales con la misma tónica de antes, sin contar con un órgano electoral imparcial, independiente y autónomo, y con un electorado limitado únicamente al varón contribuyente al fisco.

Luego, se dictaron nuevas disposiciones como la Ley de Elecciones (1896), la cual, por primera vez, creó la Junta Electoral Nacional, organismo colegiado de 9 miembros, y las Juntas Electorales Departamentales, así como el Registro Electoral.

Otras leyes de esta etapa son la Ley N° 861 de Elecciones Políticas (1908), la Ley N° 1072 de Elecciones Municipales (1909), la Ley N° 1533 de Elecciones Políticas (1912) y la Ley Electoral (1912).Esta última norma determinó la directa participación de la Corte Suprema en la conducción de las elecciones, como las de 1913 y 1915.

En 1930, el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro instauró una Junta de Gobierno Militar, en Lima. Pero los acontecimientos políticos de coyuntura hicieron que renunciara al cargo y posibilitara la instalación de una Junta Nacional de Gobierno presidida por David Samanez Ocampo y Sobrino, quien mediante Decreto Ley 7160, convocó a Elecciones Generales y creó el Jurado Nacional de Elecciones como máximo

Órgano rector de los procesos electorales, otorgándole una vida institucional autónoma, independiente y de naturaleza colegiada.

El primer Pleno del JNE, instalado el 22 de septiembre de 1931, estuvo presidido por el Dr. Ernesto Araujo Álvarez e integrado por los miembros Max González Olaechea, Leandro Pareja, Ricardo Rivadeneyra, Ernesto Flores, Humberto Garrido Lecca y Nicanor Hurtado. El primer Secretario General fue Eloy B. Espinoza.

La Constitución de 1993 fragmentó el Jurado en tres entes autónomos, separando de él al RENIEC y a la ONPE.

Hasta el año 2005, el JNE organizó, dirigió y fiscalizó treinta y uno (31) procesos electorales de carácter nacional, aparte de elecciones complementarias, consultas populares y revocatorias. Diecisiete (17) de ellos fueron elecciones políticas, que permitieron elegir doce (12) presidentes constitucionales y otros tantos congresos nacionales. Diez (10) fueron comicios municipales, dos elecciones para congreso constituyente, un referéndum y un proceso de elecciones para gobiernos regionales.

El JNE cuenta con el primer museo a nivel mundial de temas electorales denominado Museo Electoral y de la Democracia creado en el año 2005 durante la presidencia de Enrique Javier Mendoza Ramírez siendo su primer director Miguel Arturo Seminario Ojeda bajo la curaduría del museólogo Juan Augusto Fernández en su edificio principal ubicado en Lima.

4.3.- FUNCIONES

Actualmente el Jurado tiene las siguientes funciones:

  • Resuelve en última instancia las apelaciones, revisiones que se interpongan contra las resoluciones de los Jurados Electorales Especiales.

  • Declara la nulidad de un proceso electoral, de referéndum u otras consultas populares.

  • Declara la vacancia de autoridades municipales, regionales y políticas.

5.- CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA DEL PERU

El Consejo Nacional de la Magistratura o CNM es un organismo constitucional autónomo de la República del Perú, que tiene sede en el distrito de Lima.

Su función es fortalecer el sistema de administración de justicia, nombrando y ratificando a jueces y fiscales probos y eficientes, destituyendo a aquellos que transgredan sus responsabilidades, contribuyendo de ese modo a mejorar la administración de justicia y la defensa de la legalidad en el país.

Este Organismo, independiente por mandato constitucional, tiene la muy alta y delicada misión de seleccionar, nombrar y periódicamente ratificar a jueces y fiscales sólidamente probos, independientes, provistos de irreductibles valores éticos y morales, idóneos para garantizar la plena vigencia de los derechos de la persona y el respeto a su dignidad, a través de una correcta administración de justicia.

Articulo 154º.- DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL PERU

Son funciones del Consejo Nacional de la Magistratura:

1. Nombrar, previo concurso publico de meritos y evaluacion personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles. Dichos nombramientos requieren el voto conforme de los dos tercios del numero legal de sus miembros.

2. Ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años. Los no ratificados no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Publico. El proceso de ratificación es independiente de las medidas disciplinarias.

3. Aplicar la sanción de destitución a los vocales de la Corte Suprema y Fiscales Supremos y, a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias. La resolucion final, motivada y con previa audiencia del interesado, es inimpugnable.

4. Extender a los jueces y fiscales el titulo oficial que los acredita

Articulo 155º.- DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL PERU

Son miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, conforme a la ley de la materia:

1. Uno elegido por la Corte Suprema, en votación secreta en Sala Plena.

2. Uno elegido, en votación secreta, por la Junta de Fiscales Supremos.

3. Uno elegido por los miembros de los Colegios de Abogados del pais, en votacion secreta.

4. Dos elegidos, en votación secreta, por los miembros de los demas Colegios Profesionales del país, conforme a ley.

5. Uno elegido en votación secreta, por los rectores de las universidades nacionales.

6. Uno elegido, en votación secreta, por los rectores de las universidades particulares. El número de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura puede ser ampliado por este a nueve, con dos miembros adicionales elegidos en votación secreta por el mismo Consejo, entre sendas listas propuestas por las instituciones representativas del sector laboral y del empresarial. Los miembros titulares del Consejo Nacional de la Magistratura son elegidos, conjuntamente con los suplentes, por un periodo de cinco años.

Articulo 156º.- DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL PERU

Para ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura se requieren los mismos requisitos que para ser Vocal de la Corte Suprema, salvo lo previsto en el inciso 4 del artículo 147º. El miembro del Consejo Nacional de la Magistratura goza de los mismos beneficios y derechos y esta sujeto a las mismas obligaciones e incompatibilidades.

Articulo 157º.- DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL PERU

Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso adoptado con el voto conforme de los dos tercios del número legal de miembros.

Monografias.com

6.- El MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público del Perú es el organismo constitucional autónomo del Estado Peruano. Su sede está en el distrito de Lima, Lima-Perú. Está controlado por la Fiscalía de la Nación. Es el organismo constitucional autónomo creado por la Constitución Política del Perú en 1979, con la misión fundamental de defender la legalidad y los Derechos Humanos.

Sus actividades al servicio de la ciudadanía las inició formalmente el 12 de mayo de 1981 El Primer Fiscal de la Nación fue Gonzalo Ortiz de Zevallos y la actual Fiscal es Gladys Echaíz Ramos.

6.1.- Funciones

Está al servicio de la sociedad y de la administración de justicia, defiende la legalidad, los intereses públicos, la independencia de los órganos jurisdiccionales y la recta administración de justicia, fortaleciendo el Estado democrático, social y de derecho. Representa a la sociedad en los procesos judiciales.

6.2.- Atribuciones constitucionales

  • Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho.

  • Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia.

  • Representar en los procesos judiciales a la sociedad.

  • Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional del Perú está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función.

  • Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte.

  • Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla.

  • Ejercer iniciativa en la formación de las leyes; y dar cuenta al Congreso de la República, o al Presidente de la República, de los vacíos o defectos de la legislación.

SISTEMA FISCAL

  • Fiscal de la Nación

  • Los Fiscales Supremos

  • Los Fiscales Adjuntos Supremos

  • Los Fiscales Superiores

  • Los Fiscales Adjuntos Superiores

  • Los Fiscales Provinciales y los Fiscales Adjuntos Provinciales, quienes actúan independientemente, según su propio criterio.

7.- LAS RONDAS CAMPESINAS:

Ronda campesina: es el nombre que la población dio al tipo de organización comunal de defensa surgido de manera autónoma en las zonas rurales del Perú a mediados de los años 70 en la zona norte del Perú (departamentos de Cajamarca y Piura). Posteriormente, durante los años 80 este tipo de organizaciones se extendieron en todo el territorio peruano, principalmente para participar en la lucha antiterrorista que se libró en ese país.

Surgieron como una respuesta a la carencia de protección estatal de los derechos de las personas de la zona rural. Actualmente, en el Perú, su actividad esta regulada por la Ley Nº 27908 y su reglamento, que les reconoce el derecho a participar de la vida política del país, capacidad conciliatoria, y apoyo a la administración de justicia en general.

Las rondas tienen por características principales el ser organizaciones autónomas, diseñadas para la protección de derechos en tiempos de paz, e impera principios democráticos en su funcionamiento.

El 13 de noviembre del 2009, el Poder Judicial realizó el V Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitorias a fin de tratar el asunto "Rondas Campesinas y Derecho Penal". En síntesis, la decisión adoptada es reconocer las funciones jurisdiccionales que realizan las Rondas Campesinas siempre que éstas respeten los derechos fundamentales.

Los jueces supremos para sustentar este acuerdo, invocaron tanto la Constitución Política así como el Convenio Nº 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, la Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho de los Pueblos Indígenas, la Ley de Rondas Campesinas y su reglamento, así como las diversas ejecutorias que desde la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional del Perú y de Colombia se han resuelto. Igualmente, se basaron en diversas normas del Código Penal vigente y en documentos de especialistas en la materia, lo que fue sometido a debate entre los jueces supremos.El acuerdo se sustenta en el derecho a la identidad étnica y cultural de las personas reconocidas en el artículo 2.19 de la Constitución Política, así como en los artículos 89 del mismo cuerpo legal, el cual reconoce la existencia legal, personería jurídica y autonomía dentro de la ley de las comunidades campesinas y nativas, y el artículo 149 que reconoce la jurisdicción especial o comunal o indígena o de derecho propio. Igualmente, el Convenio 169 OIT sirvió de sustento teniendo en cuenta lo expuesto por el Tribunal Constitucional en la sentencia sobre el caso Cordillera Escalera de febrero 2009, San Martín.

El acuerdo señala que del artículo 149 de la Constitución se debe hacer "una lectura integradora y en armonía con los principios de unidad de la Constitución, concordancia práctica y corrección funcional". Así, manifiestan que las Rondas Campesinas "(…) forman parte de un sistema comunal propio y, en rigor, constituyen una forma de

7.1 FUNCIONES JURISDICCIONALES DE LAS RONDAS CAMPESINAS

Artículo149º DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL PERU

Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial.

autoridad comunal en los lugares o espacios rurales del país en que existen – estén o no integradas a Comunidades Campesinas y Nativas preexistentes-"Añaden también, que las Rondas Campesinas son una respuesta comunal ante el problema de la falta de acceso a la justicia, derecho fundamental que integra el núcleo duro de los derechos fundamentales.Sin embargo, el acuerdo plenario también enfatiza que las funciones jurisdiccionales de las Rondas Campesinas en aplicación del derecho consuetudinario, no pueden vulnerar los derechos fundamentales de la persona, esto señalan, es una condición de legitimidad y límite material para el ejercicio de la función jurisdiccional especial comunal-ronderil.También se establecen diversas pautas para que la justicia penal ordinaria resuelva situaciones en las que los ronderos se vieran denunciados y procesados.este Acuerdo Plenario Nº 1-2009/CJ-116, también ha señalado que constituye como doctrina legal los fundamentos jurídicos expuestos en los fundamentos jurídicos del 7 al 17, y que los principios jurisdiccionales que contiene la doctrina legal referida debe ser invocada por los jueces de todas las instancias judiciales, sin perjuicio de la excepción establecida en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, esto es, en caso algún magistrado decida apartarse del precedente obligatorio establecido, deberá motivar adecuadamente su resolución dejando constancia del precedente que desestiman y de los fundamentos que invocan.

Derechos y deberes de los miembros de las Rondas Campesinas

Las Rondas Campesinas están integradas por personas naturales denominadas Ronderos y Ronderas, que se encuentren debidamente acreditadas. Tienen los derechos y deberes que la presente ley y demás normas establezcan. 

Las Rondas Campesinas promueven el ejercicio de los derechos y participación de la mujer en todo nivel. Igualmente, tienen consideración especial a los derechos del niño y del adolescente, las personas discapacitadas y de los adultos mayores. 

8.- EL FUERO DE JUSTICIA MILITAR:

Aplicado al ámbito militar el fuero se define como el derecho de todo militar a ser juzgado por la jurisdicción castrense en las infracciones características de su estado, y el deber de la justicia militar de someter a su juicio a cuantos militares y civiles incurran en los delitos o faltas típicamente militares.

la competencia de la justicia militar esta circunscrita constitucionalmente al ámbito estrictamente castrense es decir solo actúa cuando se lesionan bienes jurídicos de carácter militar, afectando la razón de ser de la propia institución castrense que radica, en ultima instancia, en la necesidad de mantener a las fuerzas armadas como una eficaz organización de combate en orden al mas exacto cumplimiento de los altos fines que le asigna la constitución .

7.1-ORGANIZACIÓN DE LA JUSTICIA MILITAR:

LA CORTE SUPREMA

EL CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR: tiene competencia nacional y esta integrado por 10 generales y almirantes y en actividad: ocho vocales ( tres pertenecientes al cuerpo jurídico militar ), un fiscal general y un auditorio general. El consejo adopta sus resoluciones con el voto de cinco de sus vocales, pues los tres restantes actúan como suplentes.

LOS CONSEJOS DE GUERRA: están subordinados al consejo supremo teniendo competencia en la zona judicial determinada por ley esta compuesta de tres vocales( uno perteneciente al cuerpo jurídico militar) un fiscal y un auditor ( pertenecientes también al cuerpo jurídico militar.)

LOS CONSEJOS SUPERIORES DE JUSTICIA DE LAS FUERZAS POLICIALES Y LOS JUECES INSTRUCTORES: los jueces instructores llevan adelante la investigación judicial (pertenecientes al cuerpo jurídico militar)y pueden ser permantes o sustitutos. Pueden sentenciar en los proceso por delitos contra el patrimonio que afecten el servicio militar que afecten la disciplina de los institutos armados, contra la fe publica y los procedimientos por faltas.

Legislación comparada

ARGENTINA

Poder Judicial de la Nación Argentina

El Poder Judicial de la Nación es uno de los tres poderes de la República Argentina y es ejercido por la Corte Suprema de Justicia (CSJN) y por los demás tribunales inferiores que estableciere el Congreso en el territorio de la Nación. Esta regulado en la sección tercera de la segunda parte de la Constitución de la Nación Argentina.

La designación de los jueces la realiza el Presidente de la Nación con acuerdo del Senado, sobre la base de una terna integrada por candidatos seleccionados en concurso público por el Consejo de la Magistratura, órgano de composición multisectorial, a quien corresponde el control directo de los jueces y la administración del Poder judicial.1 Los jueces permanecen en sus cargos "mientras dure su buena conducta" y solo pueden ser removidos en caso de infracciones graves, por un Jurado de Enjuiciamiento, integrado por legisladores, magistrados y abogados.

Justicia federal

De acuerdo al artículo 116 de la Constitución, corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes nacionales, salvo los casos que corresponden a la justicia provincial; y por los tratados internacionales; de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros; de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima; de los asuntos en que la Nación Argentina sea parte; de las causas que se susciten entre dos o más provincias; entre una provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias; y entre una provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero.

Dichas causa deben resolverse únicamente ante el fuero federal. Actuando, en tal situación, la Corte Suprema de Justicia como tribunal de apelación, si fuese el caso.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Artículo principal: Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina

La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el máximo tribunal de justicia del país. La Corte tiene competencia originaria sobre determinadas materias que se encuentran reguladas en el artículo 117 de la Constitución, entre ellas las referentes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros y también los juicios entre provincias argentinas. Con competencia originaria se alude a que cualquier caso judicial que contenga esos elementos deberá ocurrir directamente a la Corte Suprema como órgano judicial decisor.

También es última instancia decisoria por vía de apelación (a través de un recurso extraordinario federal), si el caso suscitare una cuestión federal, que traiga aparejada la necesidad de decidir en un conflicto suscitado entre dos leyes de igual o diferente rango o respecto de tratados internacionales.

Consejo de la Magistratura

Artículo principal: Consejo de la Magistratura (Argentina)

El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara del Congreso, tiene a su cargo la selección en concurso público de los candidatos a jueces y la conformación de ternas, de las cuales, el Presidente de la Nación con acuerdo del Senado, elige al nuevo juez. El Consejo de la Magistratura administra también el Poder Judicial, supervisa a los jueces y pone en marcha el mecanismo para su remoción por un Jurado de Enjuiciamiento.

De acuerdo a la Constitución, debe ser integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultante de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Debe ser integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley.

Justicia provincial

Cada una de las provincias de Argentina, en base a la autonomía reconocida por la Constitución nacional en su artículo 5, establece la administración y organización de la justicia ordinaria dentro de su territorio. Es por ello que en Argentina hay una organización judicial distinta en cada una de las provincias. Dicha organización es creada de acuerdo a cada una de las constituciones provinciales.

Cada provincia regula su sistema procesal, dictando sus propios códigos de procedimiento, aunque aplican -con diferencias de criterio adecuadas a las condiciones sociales, económicas o culturales locales- el mismo derecho de fondo o material. Así, con veinticuatro diferentes normativas procesales, siempre se aplica el mismo Código Civil, Comercial, Penal, derecho Supranacional, Tratados internacionales, etc. Siendo deseable que en la aplicación lejos de perpetuarse arquetipos o conceptos inducidos por la industria editorial concentrada en Buenos Aires, se realicen análisis jurídicos que atiendan la diversidad socio cultural de las regiones de la República Argentina.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) posee un régimen especial. Hasta la reforma constitucional de 1994, la justicia en la entonces llamada Capital Federal era administrada directamente por la Nación. Luego de la reforma, que otorgó autonomía a la CABA, y de la sanción de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Nación comenzó la transferencia de los fueros nacionales a la justicia local. A 2009, el Poder Judicial de la CABA está dividido en una Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario y en una Justicia en lo Penal, Contravencional y de Faltas. Ambos fueros dictan sus propios códigos procesales, pero aún restan varios fueros por transferir, entre ellos Civil, Comercial y del Trabajo.

Algunas provincias siguen líneas de organización más cercanas a la jurisdicción federal, otras siguen líneas que suelen calificarse de "más progresistas" como ser: proceso penal bilateral, investigación a cargo de la Fiscalía, jurados mixtos y populares -según la gravedad del delito-. Mayor inmediación y simplificación de las formas para hacer una justicia más accesible al público. Es aleatorio si el procedimiento es oral o escrito, en todo caso, siempre los valores a los cuales arribar son la simplicidad para el justiciable y la accesibilidad.

La mayoría de las justicias provinciales están divididas en Juzgados de Paz, Juzgados de Primera Instancia, Cámaras de Apelaciones y un máximo tribunal provincial, cuyo nombre varía según la jurisdicción. a modo de ejemplo, encontramos la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires o el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

En cuanto a accesibilidad, la República Argentina en su jurisdicción nacional -el ámbito federal- como en sus jurisdicciones locales -cada provincia como entidad independiente- tienen asegurados sistemas de Defensa Pública gratuita. De modo tal que, si bien imperfectamente, cuando menos el acceso a la justicia esté garantizado a pesar de las carencias económicas. A diferencia de otros países, donde se encarga a abogados particulares como carga pública -turno de oficio- si no a los más nóveles abogados dentro de empresas jurídicas, los Ministerios Públicos de la Defensa están formados por profesionales rigurosamente seleccionados en base a su sapiencia técnica y capacidad personal para desarrollar el rol -no es suficiente con saber Derecho para ser litigante, y menos aún Defensor Público-. Esta es una de las mayores notas democráticas del sistema judicial de la República.

EN MEXICO

Poder Judicial de la Federación de México

El Poder Judicial de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos es ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y los Juzgados de Distrito. Su fundamento se encuentra en el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

El Jurado Federal de Ciudadanos y los tribunales de los Estados y del Distrito Federal, pueden actuar en auxilio de la Justicia Federal, en los casos previstos por la Constitución y las leyes.

La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral, está a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.

Tribunal federal

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Artículo principal: Suprema Corte de Justicia de la Nación de México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México es el tribunal supremo. Está formada por 11 Ministros, de los cuales uno es su Presidente. Sus miembros son elegidos por el Senado, de entre una terna que le propone el Presidente de la República, por un periodo de 15 años, sin derecho a reelección.

Funciona en Pleno o en Sala (el Presidente de la Suprema Corte no integra sala) y tiene cada año dos períodos de sesiones: el primero comienza el primer día hábil del mes de enero y termina el último día hábil de la primera quincena del mes de julio; y el segundo, entre el primer día hábil del mes de agosto y el último día hábil de la primera quincena del mes de diciembre.

Tribunal Electoral

Artículo principal: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación especializado en materias electorales, con excepción de las acciones de inconstitucionalidad contra leyes electorales federales o locales (que corresponden a la Suprema Corte). Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funciona en una Sala Superior y cinco Salas Regionales.

Los Magistrados Electorales que integran la Sala Superior y las regionales son elegidos por el Senado, o en sus recesos por la Comisión Permanente, a propuesta de la Suprema Corte. Los que integran la Sala Superior duran en su cargo un periodo improrrogable de 10 años, mientras los que integran las salas regionales duran en sus cargos 8 años improrrogables (salvo que sean promovidos a cargos superiores).

La Sala Superior es permanente y está integrada por 7 magistrados electorales. Tiene su sede en el Distrito Federal.

Las Salas Regionales son permanentes, y se integran por 3 magistrados electorales y sus sedes son las ciudades designadas como cabecera de cada una de las circunscripciones plurinominales en que se divide el país, actualmente: Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, Toluca y Xalapa.

De conformidad con la Constitución y las leyes aplicables, este Tribunal es competencia judicial competente para: resolver, en forma definitiva e inatacable, las impugnaciones sobre las elecciones federales y locales; formular la declaración de validez de la elección presidencial y del Presidente Electo; resolver, en forma definitiva e inatacable, los medios de impugnación previstos en la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Tribunales de Circuito

Estos tribunales federales, que de acuerdo al número de magistrados integrantes pueden ser unitarios o colegiados, están distribuidos en todo el territorio de la nación y asignadas a ciertas zonas geográficas denominadas circuitos judiciales. En la actualidad, existen 32 circuitos judiciales, que abarcan el territorio de uno o dos Estados Mexicanos.

Tribunales Unitarios de Circuito

Los Tribunales Unitarios de Circuito se componen de un magistrado y del número de secretarios, actuarios y empleados que determina el presupuesto.

Es de competencia judicial de los Tribunales Unitarios de Circuito: los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas; la apelación de los asuntos conocidos en primera instancia por los Juzgados de Distrito; el recurso procesal de denegada apelación; la calificación de los impedimentos, excusas y recusaciones de los Jueces de Distrito, excepto en los juicios de amparo; los conflictos de competencia entre los Jueces de Distrito sujetos a su jurisdicción, excepto en los juicios de amparo; y los demás asuntos que les encomienden las leyes.

Tribunales Colegiados de Circuito

Los Tribunales Colegiados de Circuito se componen de 3 magistrados, uno de los cuales es su presidente. Además cuentan con un secretario de acuerdos y del número de secretarios, actuarios y empleados que determina el presupuesto. Pueden estar especializados en una materia(penal, administrativa, civil o mercantil, y laboral) o conocer de todas ellas.

Es de competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito: los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento; los recursos que procedan contra los autos y resoluciones que pronuncien los Jueces de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito o el superior del tribunal responsable; el recurso de queja; el recurso de revisión contra las sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito o por el superior del tribunal responsable, y cuando se reclame un acuerdo de extradición dictado por el Poder Ejecutivo a petición de un gobierno extranjero, o cuando se trate de los casos en que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia haya ejercitado la facultad prevista en el sexto párrafo del artículo 94 de la Constitución Política; los recursos de revisión que las leyes contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso-administrativo federales y del Distrito Federal; los conflictos de competencia que se susciten entre Tribunales Unitarios de Circuito o Jueces de Distrito de su jurisdicción en juicios de amparo; los impedimentos y excusas que en materia de amparo se susciten entre Jueces de Distrito, y en cualquier materia entre los magistrados de los Tribunales de Circuito; los recursos de reclamación; y los demás asuntos que expresamente les encomiende la ley o los acuerdos generales emitidos por la Suprema Corte.

Juzgados de Distrito

Los Juzgados de Distrito se componen de un juez y del número de secretarios, actuarios y empleados que determina el presupuesto. Son los tribunales de primera instancia del Poder Judicial de la Federación.

Pueden estar especializados en determinadas materias (penal, administrativa, civil y del trabajo) o conocer de todas ellas.

Sin lugar a dudas, son los que reciben la mayor carga de trabajo.

Consejo de la Judicatura Federal

Artículo principal: Consejo de la Judicatura Federal

Partes: 1, 2, 3


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