La Policía “Holística” y el Nuevo Modelo Procesal Penal (Perú)

La Policía "Holística" y
el Nuevo Modelo Procesal Penal

"Paz social por la
restauración de los sentimientos de
patriotismo, de tradición, y de
subordinación justa y razonable;
propender a lo real y a lo posible y sincero,
y no a lo literal, declamatorio y fingido;
anhelar la solidez, labrar la independencia y
personalidad de las
instituciones."

José de la Riva
Agüero ("Afirmación del
Perú", 1960)

No es mi intención realizar un análisis
meramente crítico y negativista respecto de la
función de la policía nacional en el marco de la
implementación del nuevo modelo que implica la vigencia
del Nuevo Código Procesal Penal en el Perú,
pero;¿Podemos hablar de un nuevo rol de la policía
en este nuevo contexto procesal? Creemos que si. En realidad no
se puede soslayar la gravedad del tema pero el esquema con el que
la actividad policial a nivel criminalístico debe tomar un
nuevo rol y, si la palabra para definir esta nueva realidad no es
precisamente el que se requiera una policía protagonista,
debemos señalar que su rol co-protagónico en el
sistema así diseñado es vital para que el
Ministerio Público logre establecer satisfactoriamente su
actividad probatoria. Y aquí es donde estriba el meollo
del asunto, en el complicado hecho de que la autoridad policial
asuma este nuevo rol sin que se resienta como un atentado a los
fueros propios de su autonomía institucional.

Lamentablemente en la realidad nos hemos dado con el
poco feliz espectáculo que representa la actividad fiscal
en mucho de los casos obstruida por la poca cooperación de
la policía nacional, dejando un sinsabor en el
inconsciente colectivo -tan esencial en el control social
informal constituido por el ciudadano de a pie frente a la
delincuencia- que concluye que no existe una justicia penal para
todos en el Perú, o que en todo caso es un privilegio de
algunos. Entonces definitivamente se debe tener presente que la
administración de justicia penal no puede tener eficacia
si no se relacionan los elementos principales de esta en forma
sistémica, es decir, que tanto el Poder Judicial, el
Ministerio Público y la Policía
Nacional[1]necesariamente mantendrán un
flujo constante de retroalimentación para que se produzca
la protección que requiere la sociedad con los objetivos
fundamentales que la política criminal dicten
gubernamental e institucionalmente. Pero si la línea de
retroalimentación o feedback se quiebra sucede lo que le
puede suceder a cualquier sistema mal diseñado:
implosiona.

En el problema que nos convoca en este artículo y
que podríamos definirlo como la falta de
cooperación – en la práctica- que viene presentando
la Policía Nacional – como institución y sin
desmedro de las personas que lo conforman y jefaturan- al logro
de los objetivos del nuevo modelo procesal penal en el
Perú, buscamos dar algunas propuestas concretas para
descifrar -como si no estuviera suficientemente claro a estas
alturas- el modelo en política policiva mas pertinente
dentro del nuevo esquema adjetivo penal. Por otro lado,
reiteramos que el presente ensayo, al no tratarse de una
crítica gratuita a la labor policial, la fórmula
que buscamos es el de la riqueza dialéctica
dinámica y permanente para que cada elemento
sistémico en la administración de justicia penal
integre una dinámica permanente de proyección
eficaz y eficiente para combatir el crimen y reducir la
criminalidad, dado que las otras piezas del sistema presentan
también -cómo no- sendos flancos de permeabilidad
que son insoslayables para un estudio integral del problema pero
queremos empezar de manera pragmática con aquella entidad
que en mayor medida se encuentra en contacto directo con la
sociedad y es la que también sirve de nexo para la
aplicación de cualquier medida de política criminal
en el orden interno.

El nuevo modelo procesal penal se viene implementando
con temporizador a nivel nacional por regiones y con alcance en
forma escalonada, siendo Lima la última región
llamada a implementar el código adjetivo. Sin embargo no
se puede afirmar si ello se produce con éxito o es un
derrotero al fracaso, debido básicamente porque en lo
relativo al combate en contra de la delincuencia las alertas
propias del control social informal se mantienen dando alarmantes
señales de que no solo se requieren penas más
severas sino que se tomen medidas de orden político y
social que permitan el logro del objetivo supremo de nuestra
república: la paz y el bienestar social. Jamás, en
las sociedades progresistas, la sola norma penal ha demostrado
ser suficiente en materia de soporte de la paz social.