Reglamento centroamericano sobre solución de diferencias

El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)
tiene a su cargo negociar y administrar los acuerdos
internacionales y regionales sobre comercio e inversiones. Al
MIFIC también le incumben la promoción de la
competencia, la utilización de los recursos naturales, las
inversiones relacionadas con la exportación, las
cuestiones relativas a las normas y los derechos de propiedad
intelectual. El MIFIC coordina la formulación y
aplicación de las políticas comerciales con los
ministerios correspondientes (por ejemplo, el Ministerio
Agropecuario y Forestal, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, y el Ministerio del Ambiente y
Recursos Naturales). El Ministerio de Relaciones Exteriores es el
encargado de representar a Nicaragua ante las organizaciones
internacionales, así como en las negociaciones que se
lleven a cabo en todas las esferas, excepto las atribuidas al
MIFIC y al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.

Objetivos de la
Política Comercial

El objetivo general de la política comercial de
Nicaragua es lograr una inserción más eficiente en
la economía internacional que responda a la estrategia de
crecimiento del país, mediante la liberalización
del comercio, la promoción de las exportaciones, y un
marco legal estable para la atracción de la
inversión, tanto nacional como extranjera. Esta estrategia
comprende, además, un proceso autónomo de
liberalización, la participación y el
fortalecimiento de los vínculos comerciales multilaterales
y bilaterales, así como ampliar el proceso de
integración centroamericana. De forma más
específica, la política comercial nicaragüense
busca reducir el sesgo antiexportador, y mejorar el acceso de sus
exportaciones y su diversificación.

El objetivo sectorial de la política comercial de
Nicaragua se ha centrado en la protección de determinadas
actividades agropecuarias e industriales, la promoción del
uso de materias primas y bienes de capital procedentes del
Mercado Común Centroamericano (MCCA), y la
conservación de los recursos naturales, mediante aranceles
e incentivos fiscales. En servicios, los objetivos han consistido
en ampliar la oferta, incrementar la competencia, reducir los
precios de consumo mediante una menor participación del
Estado y eliminar progresivamente los monopolios.

Leyes y
Reglamentaciones Comerciales

La Constitución prevalece sobre todas las
demás leyes. Algunas disposiciones de la
Constitución se refieren a la relación entre las
obligaciones dimanantes de tratados y el derecho nacional. El
Artículo 10 dispone, en parte, que Nicaragua
únicamente reconoce obligaciones internacionales sobre su
territorio que hayan sido libremente consentidas y de conformidad
con la Constitución Política de la República
y con las normas de derecho internacional. Asimismo, no
acepta los tratados suscritos por otros países en los
cuales Nicaragua no sea parte contratante. Además, el
Artículo 182 dispone que la Constitución es la
carta fundamental del país y no tendrán valor
alguno las leyes, tratados, órdenes o disposiciones que se
le opongan o alteren sus disposiciones.

Las disposiciones de los acuerdos internacionales que se
ratifican y publican en el diario oficial La Gaceta
pasan a formar parte del ordenamiento jurídico del
país. Aquellas disposiciones que requieran
reglamentación para su implementación siguen los
procedimientos legislativos internos y se convierten en normas
jurídicas nacionales, y cualquier modificación se
da a través de enmiendas legales a los mismos
instrumentos. Las disposiciones de los Acuerdos de la OMC que se
incorporan en la legislación nacional de Nicaragua se
convierten en ley nacional una vez cumplidos los trámites
legislativos establecidos y cuentan con la misma
protección y recursos legales que las demás leyes
nacionales. Las decisiones y reglamentos del MCCA tienen un
régimen jurídico similar, pero, en determinadas
circunstancias, no requieren la aprobación de los
órganos legislativos.[1]