"…El crimen organizado nacional y de los grupos locales se ha especializado en logística. En el transporte, el ingreso al territorio nacional por vía fluvial, aérea o terrestre y el egreso del país. Usan la infraestructura del contrabando, incluso hay viejos contrabandistas que reciclan su organización y comienzan a ingresar droga al país…"
"…Existe un convenio entre la Junta Nacional de Drogas y el Poder Judicial, la utilización de los recursos que se incautan a los narcotraficantes para poder destinarlos a la salud y reeducación y otra parte a la represión. "
"… Además el Estado no puede competir invirtiendo dinero con el crimen organizado, cuando hay grupos criminales organizados que tienen más capital que los propios estados".
Las palabras del Dr. Díaz son coincidentes en que los Estados actuando en solitario no tienen la capacidad de prevenir ni combatir la amenaza que representan las organizaciones delictivas.
Las organizaciones internacionales ONU y OEA, más el acuerdo del MERCOSUR y sus asociados presentan el marco adecuado a través del cual se logren desplegar estrategias y mecanismos conjuntos, que enfoquen integralmente el tema, identificando las etapas del proceso de producción, procesamiento, tráfico, distribución y consumo, diseñando una estrategia común, adaptando las acciones a las distintas aristas del problema (salud, educación, trabajo etc.) que permita reducir el margen de maniobra de los criminales organizados de rapidez organizativa y facilidad de relocalización.
Se avanzó en lo operativo con los acuerdos realizados a través de maniobras militares conjuntas, ejercicios estratégicos y normas de seguridad binacionales con participación de los militares en las misiones de paz de las Naciones Unidas (particularmente entre Argentina, Uruguay y Chile).
Los fines, las necesidades y las amenazas ya no están en discusión ni en la Región ni en la sub-región, sino los medios y aspectos operativos. En este sentido es en el que se deben realizar reales esfuerzos dada la capacidad ya referida de las bandas criminales de mutar su forma de actuar y predecir.
Según los estudios estratégicos realizados en la Escuela de Guerra de los Estados Unidos de Carslile, Pennsylvania, las declaraciones de los Estados no tienen tanto valor político sino académico, y pretendiendo ser omniabarcativas resultan poco eficaces, ya que resulta difícil establecer prioridades, lo que es esencial en el despliegue de cualquier estrategia por la asignación de recursos y los plazos fundamentalmente. La exclusión de integrantes de las Fuerzas Armadas, cuando se trata de nuevas amenazas como asunto de Seguridad y Defensa, deber ser considerado como un error que sólo deja en evidencia la marginación y fractura social que sufren los cuerpos militares en América Latina en general, y que justamente están destinados a uno de los fines esenciales del Estado. Sin embargo, las declaraciones de Argentina y Brasil en relación a las discusiones conceptuales sobre seguridad y defensa, han sido más que convenientes en virtud de que la distinción nos permite una mejor negociación frente al tratamiento tradicional de Estados Unidos en relación a su intervención en los asuntos internos de los Estados. La Defensa Nacional compete a cada Estado de acuerdo con sus normas y frente a las organizaciones internacionales y relaciones interestatales corresponde al principio de Derecho Internacional de no intervención.
Medidas de cooperación y asistencia
Según lo expuesto, la cooperación y asistencia efectiva en la Región se lleva a cabo a través de herramientas jurídicas y de operación policial y militar.
Este capítulo refiere expresamente a los mecanismos jurídicos cuyo funcionamiento ha resultado suficiente y son las normas de cooperación judicial y de prevención de lavado de activos.
La estrategia representa un combate directo al objetivo del narcotráfico, que según referimos, son las ganancias económicas.
A.- INSTRUMENTOS PRINCIPALES.
1.- Concepto de Asistencia Jurídico-Penal entre los Estados.
a.- La asistencia jurídica mutua entre los Estados supone el conjunto de actos y actividades procesales (con exclusión de la extradición), cumplidos por un Estado a solicitud de otro, a fin de que la frontera nacional no se convierta en un obstáculo a la realización de la justicia. Los actos de cooperación incluyen los de trámite, notificaciones, intimaciones, la producción de los distintos medios de prueba admitidos por el Derecho: documental, testimonial en el Estado rogado o en el rogante (con traslado del testigo o del imputado con un salvoconducto), pericial etc.
Asimismo la asistencia incluye la solicitud y traba de medidas cautelares asegurativas dispuestas por sede penal como la inmovilización, confiscación, decomiso o transferencia de bienes.
2.- Los protagonistas de la asistencia.
Las normas convencionales y nacionales son contestes en cuanto a que los protagonistas o titulares de la asistencia son los Estados, a través de sus autoridades, NUNCA LOS PARTICULARES, siguiendo el principio de que el titular de la potestad acusatoria es función privativa del Estado. Éstos podrán solicitar a las autoridades los actos de cooperación, quiénes serán aquéllos que en nombre del Estado requieran actos cooperacionales de las autoridades extranjeras. Las autoridades que pueden solicitar la cooperación son las judiciales en nuestros sistemas, pero no debe olvidarse que en el seno de la OEA se incluyen países con ordenamientos de fuente diferente a los latinoamericanos (con la excepción de Colombia o Perú), y como los que su fuente es el derecho sajón (por ej. Estados Unidos), en los que los fiscales integrantes del Ministerio Público son los legitimados por sus derechos internos a solicitar a autoridades extranjeras, actos de asistencia jurídica en materia penal, lo cual es necesario tener presente por nuestros Magistrados a la hora de examinar pedidos de cooperación provenientes de esos países.
3.- Actos comprendidos en la asistencia judicial internacional y excepciones.
Con algunas diferencias, los tratados internacionales prevén entre las medidas de asistencia penal, los actos de trámite referidos en el numeral 1 e incluyen también la realización de inspecciones, entrega de documentos, peritajes, medidas cautelares como embargos y secuestros, ocupación de bienes efecto del delito, decomisos, allanamientos de lugares, entre otras, ya que la dinámica de la tecnología es contemplada en las normas y se aceptan todos los medios de prueba que no sean contrarios a los principios generales de derecho y a que no es posible, dada la natural lentitud del trámite parlamentario, modificar permanentemente las normas procesales. Por ejemplo, en la norma de ONU de 1988 sobre Estupefacientes ya refirma, encontramos en su artículo 7º las medidas de asistencia judicial, recogida a su vez en el art. 2º del Protocolo de San Luis de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales. Asimismo se establecen excepciones a las solicitudes de cooperación que habilitan a los Estados rogados a negar la asistencia por motivos fundados cuando se afectan la seguridad, el orden público u otros intereses esenciales del Estado requerido o refieran a delitos militares, tributarios o políticos (arts. 5 del citado Protocolo e igual número de art. Del convenio bilateral con Estados Unidos).
4.- Distintos principios relativos a la asistencia en relación a la extradición.
Tanto la doctrina nacional como la extranjera han discutido en torno a este instituto de derecho penal internacional. Según los experto es un dato de la realidad que la comunidad de principios que regula la asistencia es diversa de la que refiere a la extradición. Básicamente porque de las propias normas se desprenden, por ejemplo, en el caso de la asistencia, en la que, con alguna excepción, al solicitarse inmovilización de bienes en el Estado rogado no es posible exigir el requisito de la doble incriminación como sí lo es al exigir la extradición de una persona.
En este sentido destacamos que por Decreto del Poder Ejecutivo Nro. 463/988 del 13 de Julio de 1988 se creó la "Junta Nacional de Drogas" (en adelante "La Junta") cuyo cometido es encarar una eficaz lucha contra el narcotráfico y el uso abusivo de drogas.
B.- Las vías de cooperación
1.- Las Autoridades Centrales.
a.- En el derecho moderno la cooperación internacional está especialmente prevista para los crímenes organizados como el narcotráfico. Especialmente para la materia penal, la llamada vía autoridad central se crea a fines de la década del ´60 y comienzos de los ´70 en el Siglo XX en la Convención de La Haya[20]aunque en principio era para la materia civil (Derecho Internacional Privado), su pretendía lograr mayor agilidad a la entreayuda jurídica interetática que por las tradicionales vías diplomáticas y consulares, resultaba extremadamente lenta debido al largo encadenamiento de órganos intervinientes.
b.- Se la consagra a nivel de los instrumentos internacionales universales a partir de la Convención de 1988 de estupefacientes (arts. 7 y 17) en el Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales (arts. 3 y 4)[21].
c.- La Autoridad Central se establece también en los tratados bilaterales sobre asistencia penal internacional que vincula a nuestro país con otras naciones de la Región y también de Europa.
d.- Del ordenamiento uruguayo encontramos la misma vía consagrada en las solicitudes de cooperación que se reciban o se cursan aún sin tratamiento especial.[22] Esto implica el tratamiento "de oficio" y se exime de legalización a las rogatorias que transiten por la vía referida, como elementos de agilidad y rapidez en la asistencia y cooperación interestatal para la lucha contra el narcotráfico.
e.- El Decreto-Ley 14.294 en su nueva redacción de la ley 17.016 (art. 74) establece la capacitación del personal para la lucha contra el narcotráfico, la que estará a cargo del Banco Central del Uruguay y la Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional uruguaya de acuerdo con el Decreto del Poder Ejecutivo Nro. 398/99 del 15 de Diciembre de 1999, reglamentario de la Ley 17.016.
f.- El Decreto referido en sus arts. 13 y 14 refieren al funcionamiento de la Autoridad Central y el art. 11 prevé la participación de esa Dirección del Ministerio de Educación y Cultura como asesora de la Junta Nacional de Drogas en los programas de capacitación de operadores jurídicos locales y del sistema financiero en los temas de su especialidad.
g.- Durante los años 1999 y 2000, los operadores de Derecho nacionales han contado con la experiencia fundamental del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (División Criminal), que es la autoridad central de ese país como conferencistas de las "Jornadas sobre Asistencia Jurídico-Penal Mutua en materia de narcotráfico y delitos conexos" organizada por la Junta Nacional de Drogas.
(1) La Junta está integrada, como miembros permanentes por los Subsecretarios de los Ministerios de:
Interior
Relaciones Exteriores
Economía y Finanzas
Defensa Nacional
Educación y Cultura
Trabajo y Seguridad Social
Salud Pública
Turismo y Deporte
Desarrollo Social
(2) Será presidida por el Prosecretario de la Presidencia de la República y convocada por el Secretario General de la Secretaría Nacional de Drogas que coordinará sus actividades.
(3) Integrarán también la Junta cuando fuere oportuno por materia y en el seno de los respectivos comités de asesoramiento entre otros, un representante del Banco Central del Uruguay, Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y Justicia, Dirección Nacional de Aduanas, Dirección General Impositiva, Administración Nacional de Puertos, Intendencias Municipales, Administración Nacional de Educación Pública, el entonces Instituto Nacional del Menor (hoy INAU), Banco de Previsión Social, Universidades, entidades educativas y de prevención y las especializadas en el tratamiento y atención de adictos.
(4) Según resulta de la norma referida le corresponde a la Junta, entre otras:
la instrumentación de las directivas relacionadas con la fijación de la política nacional en materia de drogas y precursores químicos, lavado de dinero y delitos conexos, que serán ejecutadas según la competencia de cada organismo.
El relacionamiento multilateral de todo tipo del Estado en materia de drogas
Intervenir en la coordinación de los ofrecimientos de cooperación técnica ofrecida al país o a sus organismos en esta materia, a cuyos efectos las propuestas deberán ser elevadas a consideración de la Junta
h.- Esta norma se complementó posteriormente con la creación de las Juntas Anticorrupción y las Junta de Prevención del Lavado de Activos
2.- La Extradición.
a.- Concepto: es la otra gran herramienta procesal penal internacional para la lucha contra los delitos trasnacionales entre los cuales se encuentra el narcotráfico. Se desarrolló con anterioridad a la asistencia y ha sido tratada históricamente como medio esencial para la lucha contra el delito. La extradición permite la entrega al Estado requirente por parte del Estado requerido del imputado de delito cometido en el primer país.
b.- Delitos por los que se otorga: dada la gravedad de los delitos trasnacionales, como el narcotráfico, sancionados con pena de penitenciaría, en general se puede conceder la extradición por ellos en los tratados existentes que vinculan al Uruguay, al no resultar excluídos por no tratarse de delitos políticos o conexos, militares o tributarios.
c.- En la extradición resulta clásica la previsión de la vía diplomática como conducto para la introducción de la solicitud de extradición al Estado rogado. El Ministerio de Relaciones Exteriores introduce el pedido proveniente del exterior al sistema judicial por intermedio de la Autoridad Central (en el caso del Uruguay[23]que lo remite a la Sede judicial que corresponda.
d.- Según lo referido, la Autoridad Central es un actor fundamental e indispensable para la cooperación internacional penal y no penal.
3.- Panorama actual
a.- Las normas fundamentales en materia de asistencia y cooperación son las siguientes:
(1) Convención de Naciones Unidas de 1988 sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (1988).
(2) Convención Interamericana sobre asistencia mutua en materia penal (1992) y Protocolo facultativo (1993).
(3) Convención Interamericana contra la corrupción (1996).
(4) Protocolo de San Luis (MERCOSUR) sobre asistencia jurídica mutua en asuntos penales (1996).
(5) Acuerdo de Extradición del MERCOSUR (1998).
(6) Acuerdo de extradición de los Estados parte del MERCOSUR, Bolivia y Chile (1998).
(7) Convenios bilaterales sobre asistencia jurídica mutua suscriptos por Uruguay con: Estados Unidos, Reino de España, Brasil, Reino Unido, México, Canadá, Colombia y Venezuela.
(8) Convenios de cooperación técnica sobre Narcotráfico suscriptos por Uruguay:
(a) Acuerdo Sudamericano sobre Estupefacientes y Sicotrópicos (1979).
(b) Convenios bilaterales de Uruguay con: Bolivia, Perú, Panamá y Ecuador
(9) Reglamento modelo sobre delitos de lavado relacionado con el tráfico ilícito de drogas y otros delitos graves.
(10) Cuarenta recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
(11) Normas Nacionales.
(a) Ley Nro. 17.016 del 22 de Octubre de 1998 (modificativo y ampliatorio del Decreto-Ley 14294 del 31 de Octubre de 1974) de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
(b) Ley Nro. 17060 del 23 de Diciembre de 1998 sobre corrupción.
(c) Ley Nro. 17.343 del 25 de Mayo de 2001 sobre incorporación de conductas conductas delictivas al lavado de activos.
(d) Circulares del Banco Central.
C.- Perspectivas
1.- Iniciativas
Dentro de las reuniones de autoridades iberoamericanas se tiene la intención de instaurar una Comisión Técnica de estudio de las observaciones realizadas por los países iberoamericanos como la Comisión Técnica de estudio de observaciones en la que el Fiscal General del Uruguay expuso la inconveniencia de incorporar determinados términos y métodos formales y sustantivos que impidió un avance relevante dada la confrontación de pareceres, pero que, para un país pequeño como el Uruguay, el contenido de las normas es fundamental para su presencia soberana en el concierto de naciones, muchas de ellas, potencias mundiales.
2.- Las conclusiones
En este tipo de reuniones se concluye que resultan imprescindible una búsqueda de revisión y fortalecimiento de los canales directos y permanentes de comunicación entre los operadores que intervienen en el trámite de asistencia mutua con la aspiración de:
lograr una aproximación a la situación europea, donde la comunicación directa entre autoridades judiciales es posible y se encuentra favorecida y hasta impuesta como regla en los más modernos instrumentos jurídicos de la Unión Europea.
Elaborar una base de datos conjunta sobre la legislación de cada Estado conjuntamente con un portal de información con cooperación judicial con inclusión de los datos de los operadores judiciales.
Profundizar la asistencia y cooperación técnica y de capacitación para la modernización institucional de América Latina
3.- Facilidades
Se considera especialmente las ventajas de cohesión lingüística y de proximidad cultural y afectiva entre grandes grupos de los países del cono sur, integrados en extensas sub-regiones, lo que favorece la obtención de mejores resultados siendo España, por su compromiso histórico con gran parte de la región, un punto de referencia importante en la cooperación intercontinental.
Conclusiones
1.- De la investigación realizada puede concluírse que el narcotráfico tuvo un tratamiento internacional en un principio como delito contra la salud pública y con posterioridad como un delito que involucra la Seguridad y Defensa internacional.
2.- Si bien existe voluntad en el tratamiento multidimensional del problema, el único consenso logrado por los Estados actuando organizadamente es en la co-responsabilidad que les compete en la solución.
3.- En el combate propiamente dicho, se ha logrado avanzar en la cooperación y asistencia jurídicas a través de los organismos involucrados según sus competencias, pero no se avanza demasiado en áreas estratégicas comunes para la región en virtud de no haberse logrado acordar en relación a los conceptos tradicionales manejados por los Estados Unidos en relación a la Seguridad y Defensa, por lo que se pretende avanzar en las demostraciones de confianza mutua por cuanto se teme la militarización excesiva que signifique a los países de menor poder relativo cesiones de soberanía.
4.- Resulta evidente la necesidad de acelerar los procesos de integración en la región con el objetivo de presentar una mejor defensa geopolítica en virtud de que la normativa de prevención financiera y la asistencia penal internacional han funcionado, según las dimensiones presentes del problema, en forma adecuada.
5.- No surge una adecuada articulación entre las autoridades respectivas por motivos de competencias, coordinación y recursos asignados.
6.- No existe un compromiso de la ciudadanía en general en el combate a gran parte de las causas, sumado a la desconfianza en la respuesta de los cuerpos policiales en el combate a las bandas pequeñas en cuanto a eficiencia, eficacia y respuesta.
7.- El tratamiento alarmista por parte de la prensa relativo a actividades delictivas menores provocadas por el consumo de sustancias altamente adictivas, es un elemento perturbador a la hora de posibilitar la búsqueda de amparo de parte de las instituciones encargadas del orden interno para su solución.
8.- El narcotráfico es un sujeto estratégico que despliega acciones con el objetivo de obtener ganancias económicas. Las normas de control financiero preventivas de lavado de activos y corrupción, si bien deben adecuarse a la dinámica del fenómeno, parece ser uno de los caminos más eficaces.
Recomendaciones
1.- Se observa que en las Convenciones internacionales no se actúa con la presencia de estrategas militares, lo que presenta obstáculos al intentar estrategias conjuntas si se logró el consenso en relación a la naturaleza del crimen organizado como amenaza a la seguridad y soberanía.
2.- Se debe dotar a los cuerpos policiales de mejores recursos y capacitación y erradicar la corrupción en los mismos.
3.- Tanto el Poder Judicial, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa carecen de los recursos necesarios humanos y materiales para actuar en forma efectiva.
4.- Se debería lograr una coordinación de los servicios de inteligencia del Ejército y la Policía con mecanismos de participación ciudadana a través de una ley nacional y control parlamentario.
5.- En temas de Seguridad Regional debemos afirmar que no tienen la misma naturaleza aquéllas que se dirigen a un sujeto estratégico con un objetivo definido y que despliega acciones en ese sentido de aquéllas amenazas que no responden a ninguna voluntad sino que son consecuencias de una forma de funcionar las sociedades cuyos comportamientos se debe lograr revertir (epidemias, cambios en el medioambiente, pobreza extrema). Parecería más acertado tratar las nuevas amenazas como el narcotráfico y otras organizaciones delictivas como temas de seguridad regional y el resto a través de organismos especializados como ser la OPS[24]Cruz Roja Internacional, CEPAL[25]etc. El tratamiento de "securitización" de todas las áreas puede ser un elemento desestabilizante más para las democracias y el desarrollo.
6.- El círculo vicioso que se ha generado entre seguridad-desarrollo-democracia puede ser encausado positivamente y acelerar los procesos de integración, siempre reconociendo las identidades nacionales y características de cada país.
En definitiva, si bien se realizan reuniones, foros, investigaciones, etc. los equipos multidisciplinarios no han logrado la transdisciplinariedad entre la información, el conocimiento y la aplicación. Particularmente en nuestro país, el tratamiento del narcotráfico presenta la oportunidad de definir los objetivos nacionales en función de la integración regional y también para lograr la identidad nacional, tan necesaria para que la Nación tenga la cohesión necesaria para su desarrollo.
"Por la presente autorizo al Centro de Altos Estudios Nacionales la publicación de todo o parte de este trabajo, en cualquier forma, medio y fin".
Cursante: ————————————–
Dra. Ana Núñez Novo.
Bibliografía
Álvarez Cozzi, Carlos. "La asistencia jurídica internacional y la extradición en los delitos de narcotráfico y lavado de activos". Uruguay, Montevideo. Ediciones del Foro, 2001.
Ortiz de la Torre, José Antonio. "Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, evolución histórica y Convenciones adoptadas." Ed. Revista de Derecho Privado, España, 1993.
Tellechea Bergman – Álvarez Cozzi. "Extradición, normas nacionales y convencionales". Ed. Universidad, 1997.
Alonso, Guillermo. "La Narcocultura: una perspectiva antropológica". Investigación del "El Colegio de la Frontera Norte" para el "Diario de Chiapas", México, 2010.
Sitios de Internet.
Red de Seguridad y Defensa de América Latina. "El Narcotráfico como amenaza no militar" http://www.resdal.org.
Sain, Marcelo. "Narcotráfico: las lecciones Hemisféricas". www.lanación.com.ar.
Corrado, Jorge. "Seguridad y Defensa en el espacio del MERCOSUR. El escenario estratégico del MERCOSUR. Ponencia en la Escuela Nacional de Inteligencia, Argentina, 2010. http:// www.enee.ser2000.org.ar.
Anexos
ANEXO I
Declaraciones de la Iglesia Católica (situación de violencia en México).
Las bases del discurso de la Iglesia Católica bajo las enseñanzas del Papa Juan Pablo II son una base dialéctica como referencia al discurso de unidad nacional e integración regional que es efectivamente llevada a cabo paralelamente a la labor de los gobiernos. La Estrategia de las comunidades religiosas fundamentalmente dentro del factor psico-social, es desplegada en todo el mundo por el cristianismo, y trabajo comunitario por excelencia. Podremos abrazar cualquier ideología, más no podemos aceptar que el que piensa diferente o se ve diferente merezca ser exterminado, las lecciones de los grandes conflictos armados de la historia universal demuestran que aquéllos que pretendieron ser mejores a otros, inexorablemente se autodestruyeron, el mensaje que agrego a continuación, es una exhortación a la real integración:
I SITUACIÓN QUE VIVIMOS
Como parte que somos de la sociedad, compartimos con los demás habitantes de estos pueblos y ciudades el ambiente de tensión, de inseguridad, de temor y desconfianza que provocan las acciones violentas.
Nos referimos a las cada vez más frecuentes ejecuciones de civiles, de autoridades, de ex funcionarios públicos y de periodistas; además, "levantones", secuestros, irrupciones en domicilios particulares o lugares públicos.
Los operativos de parte de los cuerpos de seguridad y del ejército, con despliegues espectaculares, generan en el estado de ánimo de la población zozobra, sensación de impotencia, desánimo y desconfianza en las autoridades; por otra parte, dichos operativos no resuelven convincentemente un problema que continúa creciendo como una espiral demoledora, que masacra de múltiples maneras a las personas, a las familias, y de un modo particular a los jóvenes y a los niños.Lamentamos que en las calles de nuestras ciudades, en los ejidos y pequeñas poblaciones se acrecienten los espacios que sirven a lo que se conoce como el "narcomenudeo", sean tienditas o domicilios particulares. También es deplorable que, sea por necesidad, por ignorancia o por ambición de dinero, siga incrementándose el número de personas que se prestan al tráfico de estupefacientes, y lo más grave es que algunas autoridades se hagan cómplices para que tanto el tráfico, como la distribución se realicen impunemente.Ante este panorama que refleja una cultura de muerte corremos el riesgo de perder muchos de los valores humanos trascendentes, que le dan cohesión y estabilidad a la sociedad.
II VALORES QUE SE DESTRUYEN
Queremos mencionar algunos de los valores que se ven afectados por el narcotráfico y la violencia social que lleva consigo.
1. LA VIDA
En la realidad que palpamos, en medio del ambiente que crea el narcotráfico, experimentamos que se va desarrollando el desprecio a la vida humana, siendo que ésta es el don fundamental más preciado que hemos recibido del Creador, pues llevamos en ella su imagen y semejanza.
Este es un don que debemos cuidar tanto en nosotros mismos como en los demás. En el flagelo del narcotráfico, en todas sus fases, existe una fuerza interna, que atenta directamente contra la vida humana, o porque se le elimina violentamente, o porque se le destruye poco a poco, víctima de las adicciones. No debemos olvidar que permanece el mandamiento de Dios: "No matarás", porque sólo Él es dueño de la vida.
2. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA
Descubrimos igualmente, una total desvalorización de la dignidad de la persona, pues por encima de ella se está poniendo la búsqueda desmedida del dinero, con todos los intereses mezquinos y acciones fraudulentas que conlleva.En efecto, la persona debe ser valorada, respetada y amada por sí misma y no puede ser utilizada y nadie tiene derecho a degradarla ni a destruirla.3. EL TRABAJO
El trabajo es un factor inherente a todo ser humano, que contribuye al desarrollo y dignificación de la persona que lo realiza y de la sociedad que se ve beneficiada por el servicio que se le ofrece.
El narcotráfico denigra el sentido legítimo del trabajo, ya que busca el enriquecimiento fácil y rápido a través de una ganancia ilícita, y los efectos de sus acciones dejan una estela de corrupción, de muerte y destrucción de personas y del tejido social y familiar.
Lamentablemente, en ese medio se pierde la conciencia y la valoración de lo que significa la realización de un trabajo digno, que testimonie el esfuerzo personal y la contribución a la comunidad en la que se vive; por ello no se vislumbran con claridad las nefastas consecuencias y los riesgos que corren, junto con sus familias, las personas que deciden colaborar con el narcotráfico.
4. LEGALIDAD
Las leyes que se elaboran para proteger a la persona y regular las relaciones entre los individuos en la sociedad, están siendo quebrantadas por quienes ejercen el negocio del narcotráfico y quienes, desde diversas instancias, se hacen sus colaboradores, cómplices y protectores.
Sin duda que la corrupción y la impunidad lesionan el estado de derecho y conducen a socavar las bases legítimas que sustentan el tejido social. Se crean vacíos de poder que abren la puerta a la ingobernabilidad y a la sospecha latente, por parte de la ciudadanía, ante quienes ejercen la autoridad.
III REFLEXIÓN QUE OFRECEMOS
No podemos permanecer impasibles y callados ante el estruendo de la violencia, que sigue bañando de sangre esta región de México y la ola silenciosa, no menos destructiva que va generando el consumo de estupefacientes. Paralelamente a esto, constatamos los efectos y nexos demoledores que aparecen en nuestra sociedad, y que tienen relación directa con el narcotráfico, como el lavado de dinero, la prostitución, el tráfico de armas, la violencia intrafamiliar, el soborno, la agresividad social, el resquebrajamiento de la salud psíquica y física, entre otros.Esta realidad manifiesta la ausencia y el vacío de Dios, porque en la medida que excluimos la existencia y la autoridad de Dios, quedamos desprotegidos y a merced del mismo hombre, de modo que el más ambicioso y poderoso puede decidir quién debe vivir y quién debe morir y cómo. Ante esto se nos presenta el reto de dejar entrar a Dios en nuestras vidas, en la familia y en toda la sociedad. El encuentro con Él nos lleva a la conversión, para erradicar la violencia y trabajar incansablemente por la paz.
Solamente la conversión a Dios nos lleva a tener conciencia de las consecuencias graves que tiene la colaboración con el narcotráfico, sea por acción o por omisión.Por acción colaboran quienes producen las drogas, quienes las transportan, quienes las distribuyen, quienes las consumen, quienes lavan el dinero producto del narco, quienes en el ejercicio de la autoridad impunemente permiten que se realicen todos estos actos. Por omisión son cómplices quienes no denuncian y quienes teniendo la responsabilidad de aplicar la ley, no lo hace. El Papa Juan Pablo II, consideró todas estas actividades que colaboran con el narcotráfico, como pecados sociales que claman al cielo (Cf. Exhortación Apostólica La Iglesia en América n. 56)En esta lucha contra el narcotráfico reconocemos también, que la conversión debe llegar a tocar las estructuras de desigualdad social y de exclusión que son de por sí, estructuras violentas, que propician desempleo, bajos salarios, discriminación, migración forzada y niveles inhumanos de vida. Todo esto hace vulnerables a muchas personas ante las propuestas de los negocios ilícitos.IV LLAMADO QUE HACEMOS
La grave situación provocada por el narcotráfico nos impulsa, como predicadores, a hacer un llamado apremiante a la comunidad y a toda la sociedad, a movernos para poner remedio al sufrimiento de tantos seres humanos, frenar las muertes y la destrucción del tejido social que el narcotráfico está produciendo. Creemos firmemente que, desde todas estas situaciones, Dios nos pide actuar valiente y responsablemente.
A quienes están implicados directamente en el narcotráfico
El valor de la vida humana es un don precioso que Dios nos ha regalado y que nadie por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia puede quitar ni hacer daño. Todo lo que sea acabar con ella de manera violenta, no puede tener cabida en una sociedad civilizada y es un pecado que clama al cielo.
Hacemos un llamado vehemente a quienes producen la droga y la transportan, a los que se prestan al comercio del narcomenudeo, a los que la consumen, a los sicarios y a todos los implicados en este nefasto negocio: arrepiéntanse y cambien de vida.Busquen la vida y no la muerte. Dios está siempre dispuesto a perdonarles, sin embargo este perdón conlleva tener la disponibilidad a no ofenderlo más, reparar los daños y retirarse de esta actividad de muerte.
A las autoridades
Reconocemos la tarea y esfuerzo del Estado por contrarrestar esta plaga catastrófica. Sin embargo, urge demostrar ante la sociedad que este mal se quiere extirpar. La misión de la autoridad es proteger a la sociedad de este mal, que es un problema de seguridad pública y de salud social. También es necesario que se instrumenten procedimientos que den seguridad a quienes denuncian estos ilícitos.Las autoridades han de tener en cuenta que una de las raíces de este problema, que a ellas les toca solucionar, es la desigualdad social, que niega oportunidades de desarrollo a la mayor parte de la población, y la coloca en la tentación de enajenarse en las adicciones y encontrar una fuente de trabajo en el crimen organizado.Nosotros creemos que toda autoridad viene de Dios, y que es Él quien pedirá cuenta de la sangre de cuantos han muerto víctimas de la violencia del narcotráfico a toda persona investida de autoridad, que por complicidad o ambición, haya colaborado con ellos.
Urge se revise la legislación que regula este tipo de delitos y se hagan las modificaciones correspondientes, de modo que se dé una acción coordinada de los tres niveles, municipal, estatal y federal, para enfrentarlos con mayor eficacia.A los comunicadores
Concientes de su importante función social les pedimos fomentar el aprecio por la vida humana, y desde esta perspectiva, los invitamos a desaprobar todo lo que atenta contra ella, de modo particular en este momento el narcotráfico y sus consecuencias. Les pedimos moderación en la difusión de todo aquello que alimenta el clima de violencia en la sociedad y que contribuyan, en cambio, con todo aquello que promueva los valores y la calidad moral de la población.A los empresarios y a los banqueros
En su papel y esfuerzo por promover un mayor número y mejores empleos para contribuir al bienestar social, se ven muchas veces afectados por la falta de confianza para la inversión que genera el narcotráfico y el crimen organizado. Sin embargo los exhortamos para que renuncien a toda tentación de lavado de dinero y no separen las exigencias éticas de la administración económica, pues el dinero proveniente del narco, es un dinero manchado y carga con la responsabilidad de la enfermedad y la muerte de miles y miles de hombres y mujeres.A las Familias
Sabemos que el fenómeno del narcotráfico de manera muy particular está afectando a la familia. Por lo que hacemos un llamado a los papás a que asuman la misión de educar a sus hijos, acompañándolos en cada una de las etapas de su vida, en la conciencia de que para el narcotráfico, los principales destinatarios de su mercancía, son los niños y los jóvenes.
A los educadores
En sus manos tienen el deber de subrayar la importancia de los valores humanos, además de estar atentos a cualquier comportamiento extraño de los alumnos, para orientarlos junto con los padres de familia. A la vez vigilen que el narcomenudeo no se filtre al interior de sus escuelas, ni en sus alrededores.
A los adolescentes
Les pedimos que no se dejen seducir por el placer efímero que ofrece una droga. Ustedes viven un momento especial que marca su presente y define su futuro. Ante las constantes propuestas de consumirla acérquense a quienes verdaderamente los estiman y los pueden ayudar a crecer como personas sanas y sin adicciones.A los jóvenes
Reconocemos en ustedes una fuerza social y transformadora, por ello les exhortamos a no transitar por los caminos que destruyen su vida, es decir, el vicio y la violencia; a no dejarse condicionar por el desaliento y sin sentido de la vida, efecto del hedonismo y el materialismo que los rodea. Aprovechen esta etapa, para edificarse a sí mismos como protagonistas de un mundo más justo. La Iglesia y la sociedad ponen en ustedes su esperanza.
A la sociedad en general.
Convocamos a que toda la sociedad se una para que se desapruebe, se denuncie y se castigue al narcotráfico y la violencia que de éste se deriva, y que de una vez por todas se trabaje decididamente contra él.
El mundo no merece vivir bajo el miedo, bajo la amenaza de unos cuantos que quieren acabar con sus jóvenes, con sus hombres y mujeres, creando una cultura de terror y de muerte.
Como predicadores, asumimos el compromiso urgente de continuar luchando por la vida, y hacemos un llamado a la conciencia de todos los hombres y mujeres de buena voluntad, para trabajar unidos en la estrategia que nos lleve a construir una cultura de la vida.
Autor:
Ana Núñez
[1] Denominaci?n dada a las empresas multinacionales del petr?leo, secretamente relacionadas entre s? y que formaban un monopolio de hecho.
[2] Colombia con el caso de Escobar en la fundaci?n de escuelas y fuentes de trabajo leg?timas en cuyo seno se ocultaba y organizaci?n de ayuda en cat?strofes naturales de las ?favelas? de San Pablo con asistencia en medicamentos.
[3] Am?rica del Norte, Centroam?rica y Am?rica del Sur.
[4] Seg?n lista elaborada por la Organizaci?n de Naciones Unidas.
[5] Terrorismo y para-militares
[6] Incumplimiento del Tratado Interamericano de Asistencia Rec?proca (TIAR) por parte de los Estados Unidos de Am?rica en el caso de la Guerra de las Malvinas.
[7] C?digo Penal nacional.
[8] Idem.
[9] Celebradas el 19 de Diciembre de 1988 en Viena, Austria, aprobada por Uruguay en la Ley 16579.
[10] ?Enciclopedia M?dica?. Verlag das Beste GMBH, Stuttgart, Alemania, 3? Edit. Rand McNally & Company, Mass. Estados Unidos de Am?rica.
[11] Conferencia Especial de Seguridad. Organizaci?n de Estados Americanos. M?xico, Octubre de 2003.
[12] Cuestionario sobre nuevos enfoques de la Seguridad Hemisf?rica del Consejo Permanente de la Organizaci?n de los Estados Americanos (Comisi?n de Seguridad Hemisf?rica). Direcci?n General para Asuntos Pol?ticos Internacionales, Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay. Diciembre de 2001.
[13] Ex-Director del ?Observatorio Geopol?tico de Drogas?, Par?s, Francia.
[14] Foros multidisciplinarios de Organizaciones No Gubernamentales e investigadores de la Organizaci?n Panamericana de la Salud, Cruz Roja Internacional y CEPAL entre otros.
[15] Convenci?n de las Naciones Unidas contra el tr?fico de Estupefacientes y Sustancias Psicotr?picas de 1988, aprobada por Ley Nacional Nro. 16579.
[16] Carta de la Organizaci?n de Estados Americanos, art. 53.
[17] Diario ?El Pa?s?, 10 de Agosto de 2008.
[18] Ex Director del Observatorio Geopol?tico de Drogas de Par?s. Francia.
[19] ?Econom?a ilegal y narcotr?fico en Am?rica Latina?. Virginia Monta??s (Madrid, 1999).
[20] Realizada en Marzo de 1970.
[21] MERCOSUR, realizada en San Luis, Argentina. Aprobada por Ley nacional Nro. 17.145.
[22] Decreto-Ley 14.294 del 31 de Octubre de 1974 en la redacci?n dada por el art. 74 de la Ley 17.016
[23] Decreto 95-96 del 12 de marzo de 1996.
[24] Organizaci?n Panamericana de la Salud.
[25] Comisi?n Econ?mica para Am?rica Latina.
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