Según los consejeros del CPC, David Rosero y Andrea Rivera, de concretarse la propuesta presidencial habrá un retroceso democrático, que eliminará la garantía que determina que no se pueden hacer consultas que restrinjan derechos ciudadanos. En defensa de esas conquistas, pidieron al pueblo una "reacción contundente".
Según Rosero, en el escenario que gane el Sí se abriría un conflicto legal: si el CPC designa antes de la consulta popular al CJ, sus vocales podrían reclamar su legitimidad y con ello iniciar un debate jurídico, que sería de exclusiva responsabilidad del Jefe de Estado.
No obstante, Mauro Terán, ex magistrado de la desaparecida Corte Suprema de Justicia, afirma que la convocatoria a una consulta popular en la que el pueblo autorice al Mandatario a elegir una comisión tripartita que reemplace al CJ, tendrá prevalencia sobre los resultados del concurso de méritos que realiza el CPC para elegir a los miembros de ese ente.
El artículo 106 de la Constitución vigente indica que "el pronunciamiento popular será de inmediato y obligatorio cumplimiento".
Las comisiones ciudadanas que elegirán a la nueva Judicatura se posesionarán la próxima semana.
Sábado 15 de enero del 2011
CORREA PRESENTARÁ EL LUNES LAS PREGUNTAS PARA LA CONSULTA POPULAR
El presidente Rafael Correa admitió hoy que la consulta popular que impulsa para reformar la justicia y mejorar la seguridad ciudadana será un reto electoral difícil, aunque confió en un triunfo arrollador.
"¡A prepararnos para esta lucha electoral compatriotas, va a ser duro!", exhortó Correa en su informe semanal de labores en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, donde celebra sus cuatro años de gobierno.
El mandatario afirmó que esta consulta "va a ser un poco más complicada que las otras", en las que los ecuatorianos fueron interrogados sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la aprobación de la actual Constitución.
"Ojalá obtengamos un nuevo respaldo al gobierno ecuatoriano, un sí rotundo a esta nueva gesta electoral", confió el gobernante, reelegido en 2009 para cuatro años en elecciones anticipadas, tras promulgarse la nueva Constitución que lo habilita para postular nuevamente en 2013.
Correa confirmó que la consulta incluirá unas diez preguntas, que entregará personalmente el lunes a la Corte Constitucional, y anticipó que algunas se refieren a la "caducidad de la prisión preventiva, medidas cautelares alternativas y reestructuración del sistema de justicia".
Según la Carta Política, enmiendas constitucionales pueden ser aprobadas mediante referéndum solicitado por el presidente o por iniciativa de la Asamblea Legislativa, que en ese caso deberá aprobarlas con el voto de las dos terceras partes de sus miembros (83 de los 124).
El oficialismo, con 59 escaños, controla el Congreso con el apoyo de otros bloques legislativos minoritarios, pero no alcanza las dos terceras partes.
Domingo 16 de enero del 2011
CONSULTA DIVIDE A LOS ORGANISMOS DE JUSTICIA
Los organismos de justicia se dividieron frente a la propuesta del mandatario Rafael Correa de convocar a una consulta para que el pueblo decida si quiere que se reestructure la Función Judicial a través de una comisión tripartita conformada por el Ejecutivo, la Asamblea y la Función de Transparencia.
Tanto el fiscal general, Washington Pesántez y tres vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), Ulpiano Salazar, Marco Tulio Cordero y Oswaldo Domínguez, se pronunciaron a favor de la propuesta presidencial, como un mecanismo para promover la participación ciudadana en la gestión pública.
Estos consideran que la Constitución y el Código Judicial contienen disposiciones que limitan la implementación de los cambios urgentes que requiere actualmente la justicia.
Incluso el nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Carlos Ramírez, admitió que no existe la posibilidad de oponerse a la propuesta del Ejecutivo, que de ser aprobada por el pueblo, debe ser acatada por todos los judiciales.
Con esos criterios discrepan los gremios de los judiciales del Guayas, y el presidente del Consejo de la Judicatura, Benjamín Cevallos, por considerar a la propuesta como inconstitucional. A su juicio está resquebrajo el orden constituido y promueve una interferencia en la administración de justicia.
Cevallos, quien lidera el grupo de mayoría del CJ, señala que la única forma de iniciar un proceso de reestructuración de una de las funciones del Estado, en este caso del organismo que preside, es a través de una reforma constitucional y no con una consulta popular, que implica una enmienda legal.
"Como presidente del CJ no aceptare la injerencia en la Función Judicial, cuya independencia está garantizada en la Constitución", agregó.
Cevallos dijo que una vez que se haga público el cuestionario seguirá el camino que les da la Constitución y la Ley para observar el proceso.
Los jueces y servidores judiciales del Guayas, en cambio, insisten en crear un frente común para evitar la injerencia del Ejecutivo en los procesos de depuración interna.
Ayer, durante su enlace sabatino, Correa manifestó que las diez preguntas de la consulta serán enviadas mañana a la Corte Constitucional (CC).
Estas se referirán, entre otros temas, a seguridad ciudadana, caducidad de prisión preventiva y reestructuración del sistema de justicia.
Sobre este último, Correa insistió en que no habrá injerencia del Ejecutivo. "Si tienen algún temor, pongan las veedurías que quieran, llamen veedurías internacionales, denuncien si a algún juez se lo pone en función de conveniencias políticas", invitó el Mandatario.
Lunes 17 de enero del 2011
PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN DEMORARÍA MÁS CON LA CONSULTA
La institucionalidad del país no toma forma en los dos años de vigencia de la Constitución, y con la consulta popular que alista el Ejecutivo para depurar la Función Judicial, el régimen de transición se alarga.
Este proceso se inició cuando se aprobó la Constitución del 2008, para posibilitar nuevos cambios institucionales. Las funciones Ejecutiva y Legislativa son las únicas de cinco del Estado que están consolidadas legítimamente.
Falta por nombrar la Función Judicial, Electoral y de Transparencia, de la que solo se ha elegido al Consejo de Participación Ciudadana (llamado "Quinto Poder"), pese a que esta función está integrada además por el Contralor, Defensor del Pueblo y Defensor Público, cuyos concursos de designación están aún en proceso.
Bajo estas premisas, el anuncio del Gobierno de convocar a una consulta popular que apruebe la creación de una comisión tripartita que reemplace al Consejo de la Judicatura (CJ) –cabeza de la Función Judicial– alargaría más el periodo transitorio.
Este régimen se estableció al final de la Constitución. Y aunque no tiene fecha de vencimiento, su objetivo es disponer de todos los instrumentos jurídicos para que el Estado se adapte al nuevo marco constitucional, explica el constitucionalista Santiago Guarderas.
Agrega que mientras no se nombre al nuevo Fiscal, a la Judicatura, a la Corte Constitucional (CC) y el resto de representantes de la Función de Transparencia, la institucionalización seguirá "en veremos".
Por ello advierte que, de efectuarse una consulta que otorgue poderes totalitarios al Ejecutivo para intervenir en las demás funciones, "generará procesos retroactivos en la aplicación de la Constitución en cuanto a independencia y autonomía de las instituciones".
"Si se mete mano en la Justicia, como lo dijo el presidente (Rafael) Correa, se desconocerá lo que él mismo impulsó en Montecristi: la división de poderes en un Estado de derecho".
El ex asambleísta constituyente Luis Hernández (RED) explica que el régimen de transición se creó para nombrar a las autoridades de los organismos de control, pese a que "aún no estamos viviendo al 100% lo que establece la Constitución".
David Rosero, vocal del Consejo de Participación Ciudadana, teme también que la consulta solo alargue más este periodo. "Imagínese el tiempo que transcurrirá hasta que la CC resuelva el proceso que debe tomarse para realizar la consulta. Peor aún si se resuelve que debe ser la Asamblea la que cambie la Constitución: son dos debates, el segundo convocado dentro de 90 días, esto tardaría por lo menos un año… Y peor, si se crea una comisión tripartita conformada por "iluminados", esta permanecerá en funciones por 18 meses, mientras se elige al nuevo CJ. Serían casi dos años sin que el país pueda estar legalmente conformado".
En julio de 2008, a días de que la Asamblea se posesione, Fernando Cordero (PAIS), quien entonces presidía la Comisión Legislativa y de Fiscalización, reconoció una "dificultad operativa" en este proceso transitorio, por lo que las autoridades se mantendrían en sus funciones "indefinidamente".
El entonces "Congresillo" discutió este capítulo "al apuro, y la crítica se enfocaba en que para designar a las autoridades transitorias se utilizaban cuotas políticas a favor del gobierno, recuerda Hernández.
El "Quinto Poder" es el que tiene a cargo terminar con la transición. Pero hasta el momento solo ha nombrado a cuatro autoridades de control, los superintendentes de Compañías, Bancos y de Telecomunicaciones; y al Procurador del Estado, que también formaban parte del proceso transitorio.
ConformaciónFunción Electoral
Los integrantes del Consejo Nacional y del Tribunal Contencioso fueron elegidos por AP, tras la nueva Constitución y sin concursos. El Consejo de Participación debe reemplazarlos.
Corte Constitucional
Aprobada la Constitución del 2008, los integrantes del ex Tribunal Constitucional se autonombraron miembros de la nueva Corte. Este es el máximo órgano de control e interpretación constitucional.
Contralor General
Desde el 2003, el Ecuador no tenía un Contralor titularizado, pero en febrero del 2007, el presidente Rafael Correa acepta una terna enviada por el antes "Congresillo", de la que elige a Carlos Pólit.
Consejo de la Judicatura
Es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. Ya están las comisiones ciudadanas de selección. El concurso se iniciará en febrero.
Martes 18 de enero del 2011
NEBOT DECEPCIONADO POR PLANTEAMIENTO DE LA CONSULTA
Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, señaló esta mañana que desde el punto de vista de la inseguridad ciudadana, que avanza a pasos agigantados cada día, el planteamiento de la consulta es una gran decepción.
Recordó que el Presidente de la República, Rafael Correa, dijo que le iba a dar la oportunidad al pueblo de decidir sobre la caducidad de la prisión preventiva, pero no lo ha hecho.
El Jefe de Estado entregó ayer las 10 preguntas para la consulta popular a la Corte Constitucional, para su calificación.
El cuestionario incluye cinco preguntas para que se las evalúe por referéndum y cinco por consulta popular.
Nebot indicó que la pregunta conduce a que el tema vuelva a la Asamblea, que no ha hecho nada al respecto, y termine quedando en manos de los jueces.
Martes 18 de enero del 2011
Hernán Pérez Loose
CONSULTA Y REFORMA JUDICIAL
Así como no podemos en estricta justicia estar en desacuerdo con el presidente Correa sobre la necesidad imperiosa de una reforma judicial –algo que se viene intentado hace varios años–, debemos también exigir que tan importante asunto sea abordado con toda seriedad. Una reforma judicial –una que no sea de simple parche– debe tener tres ejes: el enjambre institucional, las normas del sistema y la cultura jurídica. Esas son las tres aristas de todo sistema jurídico. Una reforma que no aborde estos elementos –el institucional, el normativo y el cultural– terminará probablemente fracasando, tal como ha sucedido antes.
En cuanto al primero de estos aspectos, uno de los asuntos claves ha sido y es la independencia de los jueces tanto frente a las influencias externas como internas. Hay otros igualmente importantes pero el de la independencia judicial juega un papel crítico. Esa independencia depende, a su vez, de varios factores tales como el mecanismo para acceder a los cargos judiciales, el régimen de ascensos, el grado de autonomía financiera del sistema, el nivel de remuneraciones, el régimen de disciplina, la protección de los jueces frente a las presiones internas, y así por el estilo.
Todo ese conjunto de factores, más otros de igual importancia, deben asegurar a los ciudadanos que los jueces y las cortes no serán una sombra de los otros poderes, que serán tan autónomos como responsables de sus decisiones, que los casos serán resueltos de acuerdo al derecho y nada más. Nada o muy poco de esto tenemos hoy en nuestro país.
Ahora bien, ¿vamos a lograr sinceramente estos cambios con la consulta popular que se ha propuesto? ¿Vamos a tener magistrados independientes gracias al nuevo mecanismo que se instalará luego de la consulta popular?
El sistema de selección actual, es decir, el que está previsto en la Constitución vigente aún no había comenzado a funcionar, pues, gracias a los plazos irrazonablemente largos el periodo de transición recién en los próximos meses debía arrancar. El mecanismo previsto no pudo ser más desacertado y confuso. En ninguna parte del mundo se designan a los magistrados de las altas cortes de justicia en base a carpetas, cuestionarios o puntajes, y menos se los somete a la calificación de comisiones sin ninguna legitimidad democrática, es decir, comisiones cuyos integrantes no han sido elegidos por el voto universal. La justicia, después de todo, se administra en nombre del pueblo, y este es el origen de la ley.
Pero a pesar de los errores que se cometieron en Montecristi, lo cierto es que este mecanismo fue el aprobado en referéndum, y era y es el que está previsto constitucionalmente. Y ya en tan poco tiempo se lo quiere cambiar. Pero el asunto que sigue gravitando es si gracias a la nueva modalidad que se propone ¿gozarán los magistrados de independencia e idoneidad? ¿Es este un paso a la dirección correcta para esa reforma judicial que todos necesitamos? Porque se van a gastar en la consulta 30 millones de dólares.
Martes 18 de enero del 2011
JUDICIAL CUESTIONA CUARTA PREGUNTA DE LA CONSULTA POPULAR
Lenin Pilalot, presidente de los servidores judiciales del Guayas, indicó esta mañana que aunque cree que la Función Judicial necesita de una reforma estructural, no está de acuerdo "en la forma cómo están conceptuados los cambios", por medio de la consulta popular.
Consideró que la comisión de tres miembros que se plantea en la cuarta pregunta de la consulta popular, "no es una garantía a la depuración interna de la Función Judicial que deba darse"
Enfatizó que la depuración es ya un proceso en marcha que está institución con la Carta de Montecristi, la nueva Constitución aprobada por los ciudadanos en la consulta popular del 28 de septiembre de 2008.
Martes 18 de enero del 2011
CONSULTA PARA SISTEMA JUDICIAL, COMUNICACIÓN Y MUERTE DE ANIMALES
El mandatario Rafael Correa entregó ayer personalmente al presidente de la Corte Constitucional (CC), Patricio Pazmiño, su propuesta de referéndum constitucional y de consulta popular para su calificación. El jefe de Estado pidió a los nueve magistrados celeridad en el proceso de revisión.
El cuestionario es mixto en su contenido, ya que incluye cinco preguntas para que se las evalúe por referéndum y cinco por consulta popular.
"Ejerciendo las atribuciones que me otorga la Constitución quiero hacer la entrega de las preguntas para la consulta popular; son parte para referéndum donde le consultamos al pueblo si quiere reformar normativas como la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Judicial; y, otra parte es el plebiscito para consultar al pueblo sobre asuntos varios", dijo.
Según explicó se trata de la caducidad de la prisión preventiva, sobre la sustitución de las medidas cautelares alternativas y la posibilidad de reestructurar la Función Judicial, que "todos sabemos que está en crisis en estos momentos históricos".
En ese sentido pidió "la confianza del pueblo ecuatoriano en este Gobierno de manos limpias, que jamás va a buscar nada para sí mismo. Queremos que nos confíen la posibilidad de reestructurar ese sistema judicial sin el cual va a ser muy difícil lograr la tan ansiada seguridad ciudadana", aseguró.
El Jefe de Estado rechazó las críticas sobre la Constitución elaborada en el 2008. "Se nos dice que estamos reformando una Constitución que apenas tiene dos años. Somos gente honesta y pragmática y estamos aquí para satisfacer las necesidades del pueblo, no nuestras fijaciones ideológicas".
Correa pidió celeridad a los magistrados en el tratamiento de este cuestionario. Patricio Pazmiño respondió que se tomarán 45 días para emitir un pronunciamiento oficial.
Y agregó: "Vamos a preocuparnos al máximo en poner nuestro empeño profesional para el país".
Hernando Morales, vocal de la CC, dijo que las preguntas entrarán a un sorteo entre mañana y el jueves para que se designe el juez que definirá la viabilidad de las preguntas. Luego dijo que pasará a conocimiento del pleno y de no haber impugnaciones se remitirá al Ejecutivo con la aprobación final.
Miércoles 19 de enero del 2011
VOCAL DE LA JUDICATURA SE CONFIESA PARTIDARIO DE LA CONSULTA POPULAR
Max Ulpiano Salazar, vocal del Consejo de la Judicatura, dijo esta mañana que está dispuesto a enfrentar su renuncia al cargo, pero que debe ser presentada en el momento oportuno, y ante el órgano nominador, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y en la ley; es decir, ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
No obstante, señaló que una gran mayoría del sistema judicial se niega a apostar a un cambio, que forman una estructura burocrática cerrada.
Indicó que no se ha podido trabajar en el cargo para el cual fue elegido porque ha tenido que enfrentar situaciones internas, obstáculos internos, enemigos internos y externos dentro de la función Judicial.
Indicó que la fuerza jurídica en la Constitución se basa justamente en que representa la voluntad soberana del pueblo, que lo ejerce a través del voto, enfatizó el funcionario, quien se confesó partidario de la consulta popular propuesta por el Gobierno, y que se encuentra en poder de la Corte Constitucional, que debe calificar las preguntas.
Salazar dijo al noticiero de Gamatv que considera necesario acceder a una reestructura profunda de todo el sistema judicial, dejando de lado cualquier tipo de situación que impida o niegue que el pueblo ecuatoriano vea resultados en la transformación profunda del poder judicial.
Viernes 21 de enero del 2011
Orlando Alcívar Santos orlando@alcivar.ec
CONSULTA "AD PORTAS"
Ya habrá tiempo en las próximas semanas, luego de que se pronuncie la Corte Constitucional, para analizar una a una las preguntas de la consulta popular propuesta por Rafael Correa (que es una mezcla de un curioso referéndum y de un plebiscito), pero mientras tanto es necesario hacer algunas consideraciones generales a los documentos presentados, como por ejemplo que el afán ciudadano –pues no solo es del Presidente– de cambiar la justicia para que el pueblo confíe en sus jueces, no debería sacrificar el respeto a los ejes que sirven de soportes fundamentales a nuestra Constitución y a las constituciones del mundo de las tres últimas centurias, desde que el absolutismo monárquico europeo de los siglos XVII y XVIII generó la Revolución Francesa y con ella la modernidad en el manejo del Estado por la división de los poderes y la independencia de cada uno, concepto ratificado a través del tiempo pues una nación en la que los poderes no están separados ni los derechos garantizados no tiene una estructura constitucional.
Pues bien, esa sería mi primera observación a la consulta; qué garantías tendrá el pueblo para suponer que el primer día de actuación de la nueva Comisión Técnica tripartita que propone el Presidente para que durante 18 largos meses, nada menos, reemplace al Consejo de la Judicatura, no será igual al último de la era anterior –es decir a la intromisión de la política en los recintos judiciales comenzando por la nominación de jueces afectos al régimen– si la tal comisión estará integrada por representantes del Ejecutivo que preside Rafael Correa, de la Asamblea Nacional que domina Rafael Correa y de la Función de Transparencia y Control Social que maneja Rafael Correa. ¿Esa integración asegura la creación de un laboratorio de escogencias y nombramientos, aséptico como un quirófano, sin virus ni bacterias de intereses políticos infecciosos?
Mi segunda observación general es un tecnicismo legal constreñido a que la pregunta que tiende a enmendar la Constitución modificando los plazos de caducidad de la prisión preventiva debió ser hecha directamente señalando los nuevos plazos que se estima convenientes, lo que no ocurre en el texto formulado pues traslada a la Asamblea Nacional la misión de fijarlos, lo que significa que sería la Asamblea quien enmiende la Constitución, lo que no es procedente.
También, dentro de lo puramente técnico, no es viable derogar las disposiciones de varias leyes a través de una consulta popular, pues a pesar de que la Constitución puede enmendarse por medio de un referéndum, las leyes no. La Ley Suprema encarga esa tarea a la Asamblea Nacional, no obstante que el Presidente de la República puede convocar a consulta popular "sobre los asuntos que estime convenientes". Además, una enmienda constitucional derogaría tácitamente cualquier ley que la contradiga o se le oponga.
En lo de fondo, ratifico lo dicho en mi artículo anterior, la preocupación porque no hay la seguridad ni la confianza de que logremos la anhelada nueva justicia, imparcial, proba, capaz, si los procedimientos diseñados que se someterán a la aprobación popular no lucen muy transparentes, y no lo serán mientras el Gobierno (que es sinónimo de "la política") tenga una altísima injerencia en los mismos. ¿Dónde quedaron los ciudadanos?
Viernes 21 de enero del 2011
GOBIERNO DICTADOR SURGIRÁ DE CONSULTA ADVIERTEN POLÍTICOS
El foro Cauce Democrático inició ayer su labor con la entrega de un manifiesto en el que expresa su preocupación por la situación de la democracia en el Ecuador.
En una rueda de prensa a la que asistieron personalidades de la política como el ex presidente de la República, Osvaldo Hurtado; el ex ministro de Defensa José Gallardo; los ex presidentes del Congreso, Wilfrido Lucero y Guillermo Landázuri; y de otros ámbitos como Simón Espinosa, Oswaldo Viteri, Abelardo Pachano, Elsa de Mena, se convocó, a través de esta iniciativa a la ciudadanía a construir un espacio de reflexión para estudiar las reales intenciones gubernamentales de ampliar el control del sistema de justicia y de atentar contra las libertades mediante la consulta popular.
"Persuadidos de que el caudillismo y el autoritarismo suelen engendrar gobiernos que conculcan derechos y libertades, afectan a la unidad nacional, propician la corrupción e irrogan graves daños a la sociedad y a la democracia…", dice parte del manifiesto.
Para el ex presidente Hurtado esta consulta popular es clave para el futuro del país, pues la población decidirá si "quiere ser gobernado por una democracia o por una dictadura, que concentra en una persona el Gobierno, la legislación y la justicia".
"En la consulta hay dos preguntas importantes. La justicia y los medios de comunicación, que es lo que el Ejecutivo busca controlar", declaró Hurtado.
Aseguró, además, que hay que pedirles cuenta al régimen que ya va cuatro años en el poder. En materia de seguridad, por ejemplo, recordó el retiro de visas a los extranjeros que entran al Ecuador, la posición ante las FARC, entre otros.
Gallardo calificó a la consulta como "tramposa" para que la población vote si el Gobierno nombra a jueces, lo que se convierte en una amenaza contra las personas que tengan un criterio discrepante.
En relación a las preguntas relacionadas con el tema de comunicación, Simón Espinosa señaló que existe un riesgo gravísimo el aprobar un Consejo Regulador, en medio de un proceso de manipulación a la voluntad popular.
"Con qué autoridad el Gobierno se arroga el derecho de restringir la libertad de pensamiento expresada en los medios. Lo que quieren es poner miedo en los medios particulares. Seguir dominando en los medios públicos para que no hagan crítica al proyecto del Gobierno", declaró.
El ex magistrado de la Corte de Justicia, Ernesto Albán, declaró que las preguntas a más de ambiguas se contraponen a la Constitución. Puntualizó temas como la restricción de derechos al limitar la libertad de empresa, de asociación, de expresión y la reforma a la estructura del Estado al querer incluir una Comisión para que realice la reestructuración judicial.
"Lo que debe hacer la CC es no dar paso a la consulta", dijo.
Hurtado reiteró que no iniciarán una campaña política por el No, porque esa es una responsabilidad de los partidos políticos, movimientos sociales, pero precisó que sí darán su opinión.
Viernes 21 de enero del 2011
"LIBERTADES Y PRINCIPIOS SE AFECTAN CON TEXTO DE CONSULTA"
Las preguntas de la consulta popular que el Ejecutivo envió el lunes pasado a la Corte Constitucional para su calificación, se contraponen a principios y garantías constitucionales, según el criterio de analistas.
El ex vicepresidente de la República, Blasco Peñaherrera Padilla, considera que el texto atenta contra el derecho a estar informado y al principio de igualdad ante la ley, lo que lo vuelve "discriminatorio y anticonstitucional".
Peñaherrera cree que los miembros de la Corte Constitucional, que ya admitió el trámite del texto dividido en dos partes, le darán el visto bueno a las preguntas que planteó el presidente Rafael Correa. "La Corte Constitucional agachará la cabeza para decir sí, pero el pueblo tiene que prepararse para decir no".
La libertad de información se verá restringida, sostiene el analista, porque "el propósito oculto en la consulta es hostigar o eliminar el sistema de comunicación privado".
Lo más grave, según Peñaherrera, es la violación al principio de equilibrio de poderes. Su análisis sobre nombrar una comisión para reformar el sistema de Justicia a través de un nuevo Consejo de la Judicatura es que el Ejecutivo pretende asumir la totalidad de los poderes del Estado. "El Gobierno trata de tener una estructura judicial adscrita a la Presidencia".
Con él coincide el ex vicepresidente León Roldós, quien afirma que con las dos primeras preguntas del referéndum, sobre el cambio de los plazos para la caducidad de la prisión preventiva y sus medidas sustitutivas, "se afecta la presunción de inocencia".
Otro punto que no escapará al control estatal, dice Roldós, es el tema patrimonial. Observa que mientras en el primer enunciado en el que el Presidente sustenta el pedido de la consulta se habla del enriquecimiento ilícito de una persona particular, en el desarrollo de la primera pregunta dice que sería delito "el enriquecimiento privado injustificado".
El catedrático deduce que, de ganar el sí en esa pregunta, "una persona tendrá que justificar cómo adquirió sus bienes y hay pruebas negativas casi posibles de producirse, porque hay variaciones de valor, plusvalía, y una serie de circunstancias".
Con la propuesta del Ejecutivo es claro que quedaría coartada la libertad de emprendimiento, enfatiza Roldós, al diferenciar "que una cosa era disminuir a través de la ley la influencia de los banqueros en los medios, pero que los directores y accionistas (de estos) no puedan tener otros negocios, es una marginación al principio de igualdad de derechos".
Para Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente, el texto es muy ambiguo y contrario a los derechos humanos y garantías constitucionales. "Me sorprende que el Gobierno no tenga una posición clara, como en el tema de los juegos de azar y la tortura de animales. Primero se dijo que todo eso se acabaría, pero ahora lo deja a criterio de cada jurisdicción cantonal. Abre la puerta para más consultas y eso es innecesario", critica.
Críticas por texto
Blasco Peñaherrera
Ex vicepresidente
"Es inaudito cortar la posibilidad de inversión privada por una consideración de orden político".
León Roldós
Ex vicepresidente
"El tema es claro: quieren meterle la mano a la justicia y tener instrumentos de represión".
Viernes 21 de enero del 2011
CONSULTA POPULAR
La justicia es una virtud que está en nuestras mentes para hacer el bien, pero siempre adecuada a la ley. La justicia es de dos vías: moral y civil; moral, porque siempre adecuamos nuestros pensamientos a lo establecido en la ley, y civil, porque nuestras acciones exteriores siempre deben estar adecuadas a lo que dispone y establece la ley. No robamos, no matamos, no vendemos drogas porque lo prohíbe la Ley. La consulta es justa, pero injusta e inmoral a la vez, ¿por qué?
Hace dos años nos dijo el Presidente voten sí y mil veces sí por la Constitución, porque esta es la mejor del mundo y durará 200 años. Actualmente sabemos que él y sus asambleístas no construyeron una buena Constitución, esta es contradictoria y garantiza la corrupción y el delito.
En la actualidad el Presidente propone una "justa" consulta con un aditivo, preguntas totalmente injustas y alejadas de la realidad que motivaría para una consulta ciudadana.
Las preguntas que reforman la Constitución caen en la injusticia civil, porque estas violan los artículos 441 y 442 de la Constitución; y las cinco preguntas de consulta caen en la injusticia inmoral, porque no es justo y moral que nos pregunten sobre la vida de los animales, mientras nuestras vidas están a merced de una dictadura delincuencial impuesta por la Constitución del 2008.
Ahora, bajo el mismo método mentiroso pretenden tomarse la justicia; callarnos con muy buenas intenciones de injusticia para todos, poniendo a esta a favor de delincuentes de toda clase. Prohibido olvidar cómo mienten. ¡Ojo!, la oposición para que no se aprobara la actual Constitución se sustentó en el ataque a las personas de una orientación sexual. No dio resultado.
Ahora, estamos en la dicotomía del "Sí" de los unos y los otros, que privilegia la inseguridad con un rumbo claro hacia el totalitarismo de conveniencia conservadora-revolucionaria, y que eclipsa la solución justicialista y de derecho dispuesta en el artículo 444 de la Constitución; una nueva Constituyente que nos dé seguridad jurídica y trabajo.
Douglas Baquerizo Monserrate,
abogado, Guayaquil
Viernes 21 de enero del 2011
CONSULTA POPULAR
Luego de leer las diez preguntas remitidas por el presidente Correa a la Corte Constitucional, me queda claro algo que primero, no es una consulta que resuelve los temas de inseguridad, como se dijo que era el objetivo inicial; segundo, votar "No" en la consulta, no es votar en contra de Correa, es votar a favor de la libertad individual de escoger, de triunfar o fracasar, de hacer el bien o hacer el mal. El Gobierno no es la mata de la moralidad para decirme, o "darme escogiendo", lo mejor para mí. Un tema que sí merece ser consultado es el de la seguridad social. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no puede ser la caja chica del Gobierno; el IESS no puede usar nuestro dinero para estos fines. ¿Por qué no mejor consultar si se está de acuerdo o no en emular el sistema de pensiones de capitalización individual (sistema de AFP) con tanto éxito en Chile, y replicado también con éxito en Perú y en más de 20 países alrededor del mundo?
La reforma chilena de 1980 liderada por José Piñera tuvo como objetivo abrir la puerta a los avances en calidad de la salud privada y permitir la libertad de elección en este campo; planteaba permitir a cada trabajador decidir libremente si su 7% del sueldo de cotización obligatoria de salud lo destinaba al sistema estatal o a una alternativa de salud privada.
Como lo describe Pedro Cateriano en el artículo "Perú: 20 años del sistema privado de pensiones", publicado en El Imparcial (España) el 26 de octubre del 2010, el Seguro Social peruano vivía de los aportes de los trabajadores que iban a un fondo común y que a su vez servía para pagar las pensiones a los jubilados; igual como funciona nuestro IESS.
En la elección de 1990, el candidato Vargas Llosa propulsó una reforma del sistema previsional, proponiendo hacer un sistema privado de pensiones similar al que había creado con gran éxito José Piñera en Chile. Aunque el ganador de las elecciones en Perú fue Fujimori, desde el Congreso los candidatos del movimiento de Vargas Llosa impulsaron el cambio y lograron la implantación del sistema privado de pensiones, que tenía como objetivo crear una libreta personal en favor de cada afiliado, a fin de registrar sus aportes y cuyos fondos iban a ser manejados por una Administradora Privada de Fondo de Pensiones (AFP) que el trabajador elegiría libremente, y cuya labor iba a ser supervisada por el organismo estatal competente. Veinte años después del establecimiento del sistema, el Perú cuenta hoy con cerca de $ 28 mil millones manejados por las administradoras privadas de fondos de pensiones, y tiene más de $ 4 millones de afiliados. Este Gobierno tiene como consigna el cambio, pues esta es una reforma de grandes cambios, esta sí es una verdadera revolución de grandes beneficios para la ciudadanía.
José J. Zurita,
Guayaquil
Viernes 21 de enero del 2011
CONSULTA POPULAR
Los ecuatorianos estamos asistiendo a la cultura de la sapada, vamos a una consulta impuesta por el Gobierno en la que se sabe que ganará el "Sí", porque nadie quiere ser asaltado en las calles, nadie desea ser robado y, peor, asesinado por los delincuentes que en este régimen de la revolución ciudadana y del socialismo del siglo XXI han proliferado; delincuentes nacionales y exportados que asuelan, devastan e infunden pánico en las desarmadas y pacíficas familias del país, como jamás se ha dado en la historia de nuestra nación.
Aprovechándose de esta situación, el Gobierno desea introducir en el referéndum preguntas con las que lograría consolidar bajo su poder totalmente a la Función Judicial; con lo cual, bajo su autoridad estarían las cinco funciones del Estado: la Ejecutiva, la Judicial, la Legislativa, la Electoral y la de Participación Ciudadana. Si de antemano sabemos cuál va a ser la respuesta del desesperado pueblo amedrentado permanentemente por todos los costados, la sapada consiste justamente en convocar a una consulta innecesaria, desperdiciando los recursos del mismo pueblo, para luego subirle los precios de las medicinas con el incremento del IVA (Impuesto al Valor Agregado), el que jamás fue reducido del 12% al 10% como ofreció Correa en su campaña inicial.
¡Qué pena cómo se gobierna insensiblemente al país! ¡Prohibido olvidar, señor Presidente!
Gustavo Chiriboga Castro,
abogado, economista, Quito
CONCLUSIONES
Para que la consulta popular resulte clara, el día de la votación el tarjetón con el cual se hace debe tener simplemente un SÍ y un NO.
La decisión de convocarlas no es tomada por el Presidente sino por los Gobernadores y Alcaldes, según sea el caso, para lo cual no se debe acudir al Congreso para que éste la respalde.
La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual se convoca al pueblo para decida acerca de algún aspecto de vital importancia.
RECOMENDACIONES
Exigir que ella se lleve a cabo como conditio sine qua non para la adopción de ciertas decisiones.
Tener en cuenta que si bien se presenta como un mecanismo interesante en cuanto la decisión popularmente adoptada debe ser acatada.
Proceder a la respectiva votación teniendo claro que la decisión popular es vinculante si fue adoptada por la mitad más uno de los votos válidos.
BIBLIOGRAFIA
http://metroactiva.com/blog-noticias-ecuador/2011/01/preguntas-consulta-popular-2011/
http://motus-anima.com/2011/01/correa-revela-preguntas-sobre-consulta-popular-para-fortalecer-su-gobierno/
http://encontexto.com/actualidad/ecuador-consulta-popular-con-10-preguntas-646.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/intentaran-reestructurar-la-justicia-de-ecuador-en-consulta-popular-450752.html
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ARTICULOS TOMADOS DEL DIARIO EL UNIVERSO Y DIARIO HOY
Autor:
Arturo Clery
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