Inversiones efectivas de las ONGD para mejorar los estándares de salud y educación en las zonas marginales

Inversiones efectivas de las
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) para
mejorar los estándares de salud y educación en las
zonas marginales de Lima Metropolitana

LUGAR DONDE SE VA A DESARROLLAR LA
TESIS

Lima – Perú

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

Antecedentes
bibliográficos

Los antecedentes son los siguientes:

Ballón (2005), en su investigación
denominada: "Organizaciones No gubernamentales, sociedad civil y
desarrollo"; establece los desafíos que deben superarse
para realizar una adecuada cooperación entre las entidades
privadas y la sociedad civil para determinar el desarrollo.
Establece como se financian e invierten las ONGD como parte para
concretar su actividad.

Beaumont (1996), en su trabajo: "Algo de Estado, algo de
empresa". Las Organizaciones No Gubernamentales en el Perú
de los noventa. El autor establece la participación del
Estado y las entidades privadas en el desarrollo comunitario de
diversos objetivos. Se refiere a la participación de la
cooperación técnica internacional gestionada por
las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para promover el
desarrollo de las zonas marginales, como forma de apoyar al
Estado en su objetivo por superar la problemática
socioeconómica.

Bedregal (2003), en su trabajo de investigación
denominado: "La cooperación internacional y el trabajo de
las ONGDs en el Perú". El autor diagnostica y pronostica
la gestión de la cooperación técnica
internacional por parte de las Organizaciones No Gubernamentales
de Desarrollo (ONGD-PERU), en ese contexto hace referencias a las
fuentes de financiamiento e inversiones que llevan a cabo para
realizar los programas sociales a su cargo.

Caravedo, Baltasar y Pillado (2003), en su trabajo
denominado: "Cooperación internacional, ONGDs y
desarrollo". Los autores analizan la gestión de la
cooperación técnica internacional en el desarrollo
de los sectores de menores recursos de nuestro país por
parte de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo.
Destacan la inversión en capital de trabajo y activos de
capital que disponen estas entidades para concretar los programas
sociales que les transfiere el Estado.

Giesecke, Alberto (2005), en su trabajo denominado:
"Consideraciones para el impulso de las ONGDs como factores de
desarrollo. Algunas reflexiones". El autor realiza una serie de
reflexiones en relación a la gestión de la
cooperación técnica internacional por parte de las
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo. Al respecto
señala la participación en programa de ayuda social
en salud, educación, derechos humanos y otros.

Hernández (2004) en su trabajo denominado:
"Control de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo
para la eficacia de la Cooperación Técnica
Internacional", concluye en la falta de control por parte del
estado, la sociedad civil y las mismas Organizaciones No
Gubernamentales de desarrollo en la gestión de la
cooperación técnica internacional, lo cual origina
el uso inadecuado de los recursos recibidos de los gobiernos y
entidades internacionales. El autor realiza una serie de aportes
para mejorar esta situación que perjudica a los sectores
socioeconómicos de mayor pobreza y
marginación.

Decreto Legislativo No. 719- Ley de Cooperación
Técnica Internacional; establece las normas generales a
las que se sujeta la Cooperación Técnica
Internacional (CTI) que se gestiona a través de los
organismos del Sector Público en sus niveles Central,
Regional y Local; así como por Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo del Sector Privado.

El Decreto Supremo No. 015-92-PCM, Reglamento del
Decreto Legislativo No. 719 Ley de Cooperación
Técnica Internacional, establece que la Cooperación
Técnica Internacional, tiene como fundamento el derecho al
desarrollo y está enmarcada en las prioridades de los
planes de desarrollo de corto y mediano plazo y es complementaria
al esfuerzo nacional; se ejecuta en forma de programas, proyectos
y actividades que tiene alcance nacional, sectorial, regional,
subregional y local.

La Ley No. 27692, crea la Agencia Peruana de
Cooperación Internacional- APCI, como Organismo
Público Descentralizado (OPD) adscrito al Ministerio de
Relaciones Exteriores. Entidad con personería
jurídica de derecho público y con autonomía
técnica, económica, presupuestal y administrativa,
cuyo funcionamiento se rige de acuerdo a la Ley de
Cooperación Técnica Internacional.

La Ley No. 27785: Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Control y de la Contraloría General de la
República, en su Artículo 4to, se refiere al
"Control de recursos y bienes del Estado fuera del ámbito
del Sistema: "Las entidades que, en uso de sus facultades,
destinen recursos y bienes del Estado, incluyendo donaciones
provenientes de fuentes extranjeras cooperantes, a entidades no
gubernamentales nacionales o internacionales no sujetas a
control, se encuentran obligadas a informar a la
Contraloría General, sobre la inversión y sus
resultados, derivados de la evaluación permanente que debe
practicarse sobre tales recursos. Dichos recursos y bienes
serán administrados por los beneficiarios de acuerdo a la
finalidad o condición de su asignación, para cuyo
efecto se utilizarán registros y/o cuentas especiales que
permitan su análisis específico, asimismo, en sus
convenios o contratos se establecerá la obligación
de exhibir dichos registros ante la Contraloría General,
cuando ésta lo requiera. Los órganos del Sistema
deberán prever los mecanismos necesarios que permitan un
control detallado, pudiendo disponer las acciones de
verificación que correspondan".

Delimitación
de la investigación

Esta investigación estará delimitada de la
siguiente manera.

DELIMITACION ESPACIAL

Se desarrollará en el Distrito de San Juan de
Miraflores con el apoyo de 05 ONGD con las cuales se van
avanzando las coordinaciones para que faciliten
información.

DELIMITACION TEMPORAL

Esta investigación comprenderá datos de
salud y educación del año 2000 al 2009
inclusive.

DELIMITACION SOCIAL

Como parte de la investigación se
establecerá relaciones con funcionarios y trabajadores de
la unas 05 ONGD que se viene coordinando, así como con
pobladores del Distrito de San Juan de Miraflores que es donde se
ha ubicado las deficiencias en la salud y
educación.

Planteamiento del
problema

En este trabajo la problemática está
identificada en la falta de mejora de los estándares de
salud y educación que tienen las zonas marginales de Lima
Metropolitana; debido a causas que son de orden económico
y social.

La salud y educación son problemas que se
manifiestan con mayor incidencia en las denominadas zonas
marginales de Lima Metropolitana, lo que afecta el desarrollo y
la vida de los niños, jóvenes y personas mayores de
estas zonas geográficas de la capital peruana. Al respecto
se ha determinado que sólo una cuarta parte de la
población tiene un seguro de salud: 20.1% en ESSALUD
(seguro público); 2% en seguros privados y 1.3% en la
sanidad militar o policial; habiendo decaído la cobertura
discretamente en la última década. Esto ocurre
debido a la gran informalidad en el empleo y a la pobreza
extendida, porque el aseguramiento depende de contribuciones en
la planilla de pago de los empleadores. Actualmente el sistema de
salud peruano es fragmentado, desorganizado e injusto, organizado
en función de la condición social de los grupos
sociales, existiendo atención y gastos marcadamente
diferenciados y una gran iniquidad en la distribución del
subsidio público, que margina a los grupos más
desposeídos; lo que obedece a un estado excluyente que
establece categorías de ciudadanos con derechos
diferenciados. El problema de la exclusión en salud es
también compartido en otras zonas como educación.
La salud de la población peruana es un reflejo de su
realidad social: se ha alcanzado una importante mejora en algunos
indicadores de salud del país, sin embargo, las grandes
diferencias que enmascaran los promedios nacionales ocultan las
inequidades existentes en la salud. La mayor o menor probabilidad
de muerte y enfermedad está en función de factores
como el estrato socioeconómico, la condición de
pobreza, el género y el nivel educativo en que se
encuentren las personas.

Diversas investigaciones del Ministerio de
Educación coinciden en señalar que dos de los
problemas más importantes continúan siendo la
inequidad en el acceso y la baja calidad de la educación.
Por ejemplo, a pesar de que la cobertura a nivel de
educación primaria llega al 96,1%, esta se reduce hasta
85% en educación secundaria, y baja inclusive hasta el 62%
en educación inicial; peor aún, diferenciando por
severidad de pobreza, se aprecia que la cobertura en
educación inicial es aún critica en el caso de la
pobreza extrema, llegando apenas al 43%. Por otro lado, solo una
pequeña proporción de los estudiantes logra
alcanzar el nivel de aprendizaje suficiente en matemáticas
(15,1%), y comprensión de lectura (9,6%) que corresponden
al grado que cursan. Si se considera que el tema del rendimiento
escolar es de mediano plazo, se debe aprovechar la actual
situación financiera de la economía para poner en
marcha una reforma educativa integral que priorice la equidad,
calidad de la educación e infraestructura.

• PROBLEMA PRINCIPAL

¿De qué manera las inversiones
efectivas pueden facilitar la mejora de los estándares de
salud y educación en las zonas marginales de Lima
Metropolitana?

• PROBLEMAS
  ESPECÍFICOS

• 1. ¿De qué modo las decisiones de
  financiamiento de las ONGD pueden facilitar una vida
  saludable en las zonas marginales de Lima
  Metropolitana?

• 2. ¿De qué forma las decisiones
  de inversión de las ONGD pueden facilitar una
  educación para el desarrollo en las zonas marginales
  de Lima Metropolitana?

Marco teórico
de la investigación

• INVERSIONES EFECTIVAS DE LAS ORGANIZACIONES NO
  GUBERNAMENTALES DE DESARROLLO.

Según Ballón (2005), la Ley No. 27692,
crea la Agencia Peruana de Cooperación Internacional
(APCI), como Organismo Público Descentralizado adscrito al
Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual constituye un pliego
presupuestal. La APCI, tiene personería jurídica de
Derecho Público y goza de autonomía técnica,
económica, presupuestal y administrativa. Rige su
funcionamiento de acuerdo a la Ley de Cooperación
Técnica Internacional. La APCI tiene su sede en la ciudad
de Lima, y ha establecido oficinas en el territorio de la
República. Para sus acciones en el exterior se apoya en
las misiones peruanas y en la infraestructura del Ministerio de
relaciones Exteriores. La APCI, es el ente rector de la
cooperación técnica internacional y tiene la
responsabilidad de conducir, programar, organizar y supervisar la
cooperación internacional no reembolsable, en
función de la política nacional de desarrollo, en
el marco de las disposiciones legales que regulan la
cooperación técnica internacional. Cumple sus
funciones basada en la eficiencia, la transparencia y la
concertación entre los actores públicos y la
sociedad civil, tanto nacionales como internacionales. La APCI,
Conduce y actualiza el Registro de Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) Nacionales receptoras de
CTI, el Registro Nacional de entidades e Instituciones
Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional
(ENIEX), y el Registro de Donaciones conforme a la Ley de CTI.;
y, otras relacionadas.

Según Beaumont (2006), las Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo son instituciones privadas sin
fines de lucro que cuentan con una estructura y política
de dirección autónoma, independiente del Gobierno y
de las instituciones estatales, así como de las Agencias
Gubernamentales de Cooperación y de los propios
beneficiarios. Dichas instituciones privadas pueden adoptar
personería jurídica según el Código
Civil (Decreto Legislativo Nº 295), Sección Segunda
Personas Jurídicas, como Asociaciones o Fundaciones. De
acuerdo a este marco jurídico, su estructura
orgánica se ajusta a lo señalado en el
Código Civil. El objetivo de las Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo es ejecutar proyectos o programas
de desarrollo que busquen reducir los niveles de pobreza que
afectan a la mayoría de los peruanos, así como,
fomentar mecanismos de participación de la
población beneficiaria en la identificación,
diseño de objetivos e implementación de los
proyectos que ejecutan en zonas prioritarias de acuerdo a la
política nacional de desarrollo y a los programas
regionales o locales.

Según Bedregal (2003), los antecedentes de la
creación del registro de las ONGD se remontan a la
dación de la Ley de Cooperación Técnica
Internacional (Decreto Legislativo N° 719-91-PCM), que crea
el Registro Nacional de Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo receptoras de cooperación técnica
internacional, al cual se accede cumpliendo con los requisitos
establecidos en el Reglamento de la Ley (Decreto Supremo N°
015-92-PCM). Con la creación de la Agencia Peruana de
Cooperación Internacional, Ley N° 27692, del 12 de
abril de 2002, la APCI, como ente rector de la cooperación
técnica internacional, asumió la función de
conducir y actualizar el Registro de Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo. La inscripción en el
Registro de la APCI, les permite a las Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo gozar de los beneficios como la
devolución de impuestos del IGV e IPM por adquisiciones
efectuadas con recursos de la cooperación técnica
internacional, previo registro del Plan Operativo del programa,
proyecto o actividad y la presentación de la
opinión favorable del Sector y/o Región
(dependiendo del ámbito geográfico del proyecto);
la adscripción de expertos y voluntarios en el marco de un
proyecto de cooperación técnica y otros beneficios
según las normas legales vigentes, emitidas para este
efecto. De la misma manera, la inscripción en el Registro
de la APCI, implica el compromiso de presentar el Plan Anual de
Actividades para el año en inicio, cualquier
modificación en la programación de actividades o
del presupuesto, la nómina del Consejo Directivo y/o
domicilio legal, al igual que la información pertinente
sobre la ejecución y/o finalización de los
proyectos o programas por fuentes de financiación, de las
actividades realizadas y las metas alcanzadas durante el
año anterior. La inscripción en este Registro tiene
una vigencia de dos años, pudiendo ser renovada por
períodos similares, siempre y cuando las instituciones
cumplan con los requisitos que establece la Ley. El
incumplimiento de la presentación de los Informes y el
Plan Operativo Anual, será motivo de la suspensión
temporal de los beneficios y exoneraciones que se hubieran
otorgado, hasta la reparación de la omisión. Toda
información falsa o dolosa proporcionada por las ONGD en
función de los Registros, queda sometida a las sanciones
que señala el derecho penal peruano. Las sanciones
serán aplicadas, previa notificación y descargo de
la persona jurídica afectada.

Según De Belaúnde y Parodi (1998), las
inversiones que lleve a cabo la ONGD, se llevarán a cabo a
partir de la cooperación técnica que reciba de
países y entidades cooperantes. La Cooperación
Técnica, es la ayuda destinada a apoyar países en
desarrollo, mediante la transferencia de técnicas,
tecnologías, conocimientos, habilidades y experiencias, en
determinadas zonas donde un país o una fuente tengan un
mayor nivel de desarrollo. Este tipo de cooperación se
hace bajo la modalidad de proyecto. Los proyectos incluyen los
recursos necesarios para la asistencia técnica, los
equipos y la capacitación o entrenamiento de nacionales.
Los expertos son profesionales con un alto nivel técnico y
científico. Los motivos de este intercambio pueden ser
compartir experiencias y conocimientos, capacitación de
grupos de personas, asesorar la ejecución de un proyecto o
brindar asesoría a una entidad. La asistencia
técnica por vía de los voluntarios tiene como
objetivo ayudar al desarrollo económico o social de otro
país, mediante la promoción y la
participación de jóvenes extranjeros motivados en
colaborar en este sentido o bien con la colaboración de
voluntarios Senior.

Giesecke (2005), indica que las inversiones que lleven a
cabo las ONGD, se concretarán como consecuencia de recibir
el financiamiento correspondiente a través de la
cooperación financiera, la misma que es la
cooperación ofrecida por algunas fuentes mediante la
asignación de recursos financieros o fondos, con el objeto
de apoyar proyectos de desarrollo. Se divide en reembolsable y no
reembolsable. La Cooperación Financiera Reembolsable se
desarrolla bajo condiciones de interés y de tiempo
más favorables. Es considerada por los cooperantes
internacionales como otro tipo de cooperación, aunque se
trata de créditos blandos. La Cooperación
Técnica No Reembolsable es aquella en la que no hay
reintegro de recursos monetarios. En algunos casos los recursos
se han empleado también para adquisición de
material y equipos, o la financiación de estudios de
preinversión y factibilidad.

Hennin (2003), indica que la cooperación
internacional no oficial es otorgada por las Organizaciones No
Gubernamentales de carácter privado, sin ánimo de
lucro (ONGD) y, por lo general, es ofrecida a instituciones del
mismo carácter en los países en desarrollo. A nivel
académico, también cabe destacar la
cooperación entre universidades en el mundo, a
través intercambios de profesores, investigaciones
conjuntas, semestres compartidos y otras modalidades, que se
llevan a cabo por medio de convenios interuniversitarios. La
cooperación con este tipo de fuentes no es coordinada por
la APCI.

Según Hernández (2004), en la
cooperación internacional los aportes de las fuentes se
asignan de acuerdo con las alternativas de solución a las
necesidades y problemas concretos planteadas en los proyectos o
programas. En ocasiones algunos cooperantes ofrecen montos de
cooperación, los cuales deben entenderse más como
una voluntad de colaboración que como cifras exactas a
incluir en los proyectos. Por lo anterior, es conveniente que el
costo del proyecto presentado corresponda a proyectos realistas,
racionales y sostenibles. La ayuda internacional por lo general
no se entrega en dinero sino en especie, mediante la
provisión de recursos humanos y la transferencia de
tecnologías para los proyectos específicos. En caso
de existir aportes en dinero, los recursos ingresan al
presupuesto de la entidad ejecutora.

Meléndez y Zegarra (2003), indican que en el
marco del Reglamento de la Ley de Cooperación
Internacional; los recursos de Cooperación Técnica
Internacional, se ejecutan según su contenido y finalidad,
en las siguientes modalidades: Asesoramiento,
Capacitación, Servicio de Voluntarios, Donaciones, Fondos
de Contravalor. ASESORAMIENTO.- Se otorga o recibe mediante
técnicos o profesionales con alto nivel de
especialización y calificación para la
ejecución de programas, proyectos o actividades de
desarrollo. Las acciones están dirigidas a facilitar la
solución de problemas científicos y
tecnológicos, así como la transferencia e
intercambio de conocimiento. CAPACITACIÓN.- Es una
acción educativa de perfeccionamiento y/o
adquisición de nuevos conocimientos que tiene por objeto
la especialización de recursos humanos del país en
el extranjero y de extranjeros en el país, tendiente a
lograr su eficiente participación en el proceso de
desarrollo y es proporcionada mediante cursos y otras modalidades
de diferentes niveles, se realiza integral y permanentemente.
SERVICIO DE VOLUNTARIOS.- comprende las acciones de profesionales
y/o técnicos que, sin propósito de lucro, colaboran
en la ejecución de programas, proyectos o actividades de
desarrollo, en los que el país estime conveniente su
participación. DONACIONES.- Es la transferencia a
título gratuito de dinero, bienes o servicios, a favor del
gobierno central, regional y/o local, así como de
entidades e instituciones extranjeras de cooperación
técnica Internacional y organizaciones no gubernamentales
de desarrollo receptoras de cooperación técnica
internacional, destinados a complementar la realización de
un proyecto de desarrollo. FONDOS CONTRAVALOR.- Los fondos de
contravalor son recursos que se originan en la modalidad de
donación y su monetización aplicados para financiar
actividades, proyectos o programas cuyo objetivo es complementar
y contribuir al esfuerzo nacional, apoyando la ejecución
de actividades, programas o proyectos prioritarios para el
desarrollo del país.

Noriega y Saravia (2004), indican que a partir de los
Planes Nacionales de Desarrollo, la Agencia Peruana de
Cooperación Internacional (APCI), en coordinación
con el Ministerio de Economía y Finanzas, determina en el
marco de las Prioridades Nacionales, las prioridades para la
Cooperación Técnica Internacional, las que orientan
la priorización de programas, proyectos y actividades que
involucran CTI, a fin de incorporar al Programa Nacional de
Cooperación Técnica. Respecto de la
programación, las necesidades de desarrollo tienen
preeminencia sobre la capacidad operativa. Las instituciones
responsables de la programación son las siguientes: a) La
Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI),
encargada de elaborar el Programa Nacional de Cooperación
Técnica Internacional en base a los Programas Regionales,
Sectoriales y de las Universidades, así como de las
solicitudes de las entidades del nivel central que no
estén incluidas en dichos programas, en el marco de las
prioridades contempladas en los planes de desarrollo; b) Las
Dependencias de Cooperación Técnica Internacional
de los Ministerios u Organismos Públicos Descentralizados
del nivel central o los específicos, para los proyectos de
carácter sectorial-nacional; los que deben ser previamente
coordinados con los gobiernos regionales; c) Las
Secretarías correspondiente de los gobiernos regionales,
para los proyectos interregionales, regionales y subregionales,
elaborando para tal fin el Programa Regional de
Cooperación Técnica Internacional; d) Los
Municipios Provinciales, para los proyectos de los Gobiernos
Locales de cada uno de sus distritos, que para tal fin elaboran
el Programa Local-Provincial; e) La Asamblea Nacional de
Rectores, para los proyectos de las Universidades del
país, que para tal fin elabora el Programa de la
Universidad Peruana, f) El Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONCYTEC), encargado de formular el Programa
Nacional de Capacitación y Estímulos Educativos. En
síntesis, la Cooperación Técnica
Internacional se canaliza a través de programas. Estos
programas son los siguientes: Programa Local-Provincial (PLCT),
Programa Regional de Cooperación Técnica
Internacional (PRCT), Programa Sectorial de Cooperación
Técnica Internacional (PSCT), Programa de las
Universidades (PUCT) y Programa Nacional de Cooperación
Técnica Internacional (PNCT).

Noriega y Saravia (2004), indican que de acuerdo con el
Reglamento de la Ley de CTI, las Secretarías Regionales,
identifican, analizan y priorizan las solicitudes de
cooperación técnica internacional de programas o
proyectos que operan en el ámbito de la Región y
armonizan los Programas Locales-Provinciales de su ámbito,
todo lo cual incorporarán al Programa Regional de
Cooperación técnica Internacional (PRCT), que es
aprobado anualmente por la Asamblea Regional mediante
resolución regional y luego, remitido a la APCI. Los
Gobiernos Locales-Provinciales; identifican, analizan, priorizan
y programan las solicitudes de programas, proyectos y/o
actividades que operan en el ámbito de los Gobiernos
Locales de la Provincia. El Programa Local-Provincial (PLCT)
será aprobado anualmente por acuerdo del Consejo
Provincial y remitido a la Secretaría Regional
correspondiente. El Organo Sectorial respectivo, identifica,
analiza, prioriza y canaliza las solicitudes de programas,
proyectos y/o actividades que involucran cooperación
técnica internacional que operan en su ámbito,
incluyendo las solicitudes generadas por las Instituciones
Públicas Descentralizadas correspondientes al Sector y las
incorpora al Programa Sectorial de Cooperación
Técnica Internacional (PSCT). Será aprobado
anualmente por Resolución Ministerial y remitido a la
APCI. Cada Universidad elabora las solicitudes que involucran
cooperación técnica internacional en base a las
prioridades de desarrollo de la región en la que
está ubicada. La Asamblea Nacional de Rectores, prioriza y
canaliza las solicitudes de programas, proyectos y/o actividades
que involucran cooperación técnica internacional de
las Universidades y las incorpora en el Programa de las
Universidades (PUCT), que será aprobado anualmente por
Resolución de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y
remitido a la APCI. Las solicitudes de las Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), sobre programas, proyectos
y/o actividades que involucran cooperación técnica
internacional y que operan en el ámbito de una
Región, son presentadas a la Secretaría regional
correspondiente del Gobierno regional, las que luego de ser
analizadas y priorizadas, son incorporadas al Programa Regional
de Cooperación Técnica Internacional. Las
solicitudes de las ONGD, de programas, proyectos y/o actividades
que involucran cooperación técnica internacional y
que tienen un ámbito nacional, según su naturaleza
es presentada al Sector correspondiente. Luego de ser analizadas
y priorizadas son incorporadas al Programa Sectorial de
Cooperación Técnica Internacional. En los niveles
nacional, regional y local, con la finalidad de coordinar la
compatibilidad con las prioridades de los planes de desarrollo y
las formas de programación, y otras etapas, de programas,
proyectos y/o actividades que involucran cooperación
técnica internacional, las ONGD concertarán
acciones con los respectivos órganos responsables de la
cooperación técnica internacional. El respectivo
órgano responsable de la programación, de programas
y/o proyectos, emitirá opinión técnica
dentro de un plazo que no excederá los 45 días
calendario, contados a partir de la fecha de recepción de
la correspondiente solicitud. Si la entidad solicitante no
hubiera cumplido con presentar la información completa,
será notificada para que proceda a la subsanación
de las omisiones. Será denegada la solicitud de las
entidades que no cumplan con hacerlo en el plazo de 15
días calendarios contados a partir de la recepción
de la referida notificación. Con los Programas Regionales
y Sectoriales de Cooperación Técnica y de la
Asamblea Nacional de rectores, las solicitudes de las entidades
públicas que no constituyan sectores de la
administración Pública o que siéndolo, no
dependen administrativamente de ningún Sector, la APCI
compatibiliza, prioriza y formula el Programa Nacional de
Cooperación Técnica Internacional (PNCT). Las
solicitudes que se generan por emergencia o calamidades
nacionales son incorporadas en forma oportuna al PNCT. En forma
excepcional, podrán ser incorporadas al PNCT, las
solicitudes que respondan a las prioridades nacionales y que sean
aprobadas por Resolución Jefatural de la Agencia Peruana
de Cooperación Internacional (APCI). Los programas o
proyectos referidos a defensa y seguridad nacional, son remitidos
por los ejecutores de estas actividades, directamente al
Ministerio de Relaciones Exteriores para su
gestión.

Según Van Horne (2005), las decisiones de
inversión, son probablemente las mas importantes de una
entidad. El presupuesto de inversiones, que es su resultante
final, representa la decisión de utilizar ciertos recursos
para la realización de ciertos proyectos cuyos beneficios
se concretarán en el futuro. Como los beneficios futuros
no pueden conocerse con certeza, todo proyecto de
inversión involucra necesariamente un riesgo, y en
consecuencia debe evaluarse en relación con el rendimiento
y el riesgo, y en consecuencia debe evaluarse en relación
con el rendimiento y el riesgo adicionales que, presumiblemente,
se acumularán a los ya existentes, porque estos son los
factores que afectan la valuación de mercada de la
entidad. La decisión de invertir involucra la de
modificarla, o sea, la de reubicar recursos cuando un activo deje
de justificarse económicamente. Las decisiones de
inversión determinan el monto final de los activos de la
entidad, su composición y la calidad e intensidad del
riesgo institucional. Además de seleccionar inversiones
nuevas, una entidad debe manejar con eficiencia los activos que
ya posee. El gerente financiero tiene diversos grados de
responsabilidad operativa sobre ellos. Debe ocuparse mas del
manejo de los activos corrientes que de los fijos. Aunque el
gerente financiero tiene poca o ninguna responsabilidad operativa
respecto de los activos fijos, es responsable del monto y destino
de los recursos empleados en estos, puesto que interviene en la
preparación del presupuesto de inversiones, que implica la
evaluación y aceptación o rechazo de cada
proyecto.

Flores (2004-a), congruente con Caravedo y Pillado
(2003), indican que la gestión de las inversiones se
inicia con la presentación de la solicitud al organismo
responsable correspondiente, del programa, proyecto y/o
actividades que involucra Cooperación Técnica
Internacional, continúa la negociación con la
fuente cooperante y finaliza con la suscripción del
Convenio o Intercambio de Notas, o la denegación de la
propuesta. En la negociación con las Fuentes Cooperantes,
de solicitudes de programas, proyectos y/o actividades que
involucran Cooperación Técnica Internacional, se
presentan aquellas que figuran en el Programa Nacional de
Cooperación Técnica Internacional. Dichas
solicitudes constituyen documentos oficiales e incluyen los
términos de referencia iniciales de cada programa o
proyecto. En la negociación de las acciones de
Cooperación Técnica Internacional se utilizan los
siguientes instrumentos: i) Convenios o Acuerdos Básicos,
del Gobierno Peruano, a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores, con la Fuente Cooperante, con la previa
opinión Técnica de la Agencia Peruana de
Cooperación Técnica Internacional (APCI); ii) Los
Convenios y/o Acuerdos específicos de la fuente cooperante
con las entidades promotoras del proyecto, se suscriben en el
marco del Convenio base; iii) Otros Instrumentos Legales de
Negociación que el Ministerio de Relaciones Exteriores
estime conveniente. El Gobierno Peruano, con cada Fuente
Cooperante, negocia la programación de los recursos que
ella pone a disposición del país para un periodo
determinado. El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia
Peruana de Cooperación Técnica Internacional,
revisan los proyectos en ejecución y presentan los nuevos
requerimientos. Los programas, proyectos y/o actividades de la
Cooperación Técnica Internacional se hacen
efectivos a través de las Unidades Ejecutoras de los
Sectores Público y/o privado, en este último caso a
través de las Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo. En los proyectos que involucran Cooperación
Técnica Internacional, la administración
está sujeta a las normas nacionales, ordinarias y
especiales vigentes y a las que se dicten para mejorar su
eficiencia. Está sujeta a auditoria interna y externa. Las
mismas que a la fecha no se aplica.

• MEJORA DE LOS ESTANDARES DE SALUD Y EDUCACION EN
  LAS ZONASS MARGINALES DE LIMA METROPOLITANA

Bellido (2005), indica que en la última
década han confluido distintas tendencias que cuestionan
la manera tradicional de abordar las decisiones de
inversión. Por una parte, la preocupación por la
Responsabilidad Social Empresarial ha impulsado a las empresas a
integrar las variables sociales y medioambientales en las
operaciones del negocio y a mantener un diálogo más
fluido con sus diferentes grupos de interés (clientes,
empleados, proveedores, etc.). Por otra, en el sector de la
filantropía surge con fuerza un nuevo perfil de donante
que asume riesgos similares al del inversor. Se trata tanto de
personas como de instituciones, que buscan emparejar sus
motivaciones sociales con la búsqueda de cierta
rentabilidad económica. Esas tendencias han impulsado la
creación y desarrollo de distintos instrumentos o fondos
de inversión caracterizados por el uso de criterios
sociales y medioambientales (fondos éticos o, más
propiamente, fondos socialmente responsables). Por último,
en el campo del Desarrollo ha surgido una nueva corriente que
está rebatiendo la manera tradicional de abordar la
solución de muchos problemas sociales. Este nuevo enfoque,
conocido comúnmente como "la base de la pirámide",
defiende que los pobres pueden ser clientes excelentes, y que el
secreto está en que las empresas mediante la
innovación desarrollen productos y servicios para esos
miles de millones de personas que se encuentran en la "base de la
pirámide". Entre los ejemplos más significativos se
encuentran las "microfinanzas", una tecnología crediticia,
desarrollada en sus orígenes por algunas ONGDs, que ha
conseguido hacer accesibles los productos financieros a los
más pobres e interesar a la banca convencional y los
fondos de inversión en esta nueva "industria". Todos estos
ejemplos muestran el creciente interés de la sociedad por
los temas sociales y medioambientales. Esto plantea a las
empresas importantes retos y oportunidades, tanto en el
diseño de sus productos como en el desarrollo de sus
operaciones, si quieren conectar con esas nuevas sensibilidades y
responder adecuadamente a un perfil nuevo de "inversor", que
quiere conciliar su motivación financiera y sus
intenciones altruistas.

Según Bardales (2006)[1], en el
Perú hasta la década del setenta existía
exclusión de servicios de salud de amplios sectores de la
población, como consecuencia de su marginación
ciudadana, ya que fue a finales de esa década en que se
instituye la universalidad de los derechos ciudadanos en la
Constitución Política del Perú. Incluso la
Constitución vigente es contradictoria e insuficiente en
la institución de derechos en salud; así, establece
que la seguridad social es universal pero a la vez progresiva y
que el Estado sólo garantiza el libre acceso a los
servicios, restringiendo la ciudadanía a una
condición de clientes de servicios en un libre mercado,
sin instaurar el derecho a la atención de salud. Es por
ello, que el desarrollo de los servicios primarios recién
se inicia desde esa década; sin embargo, un serio problema
era la escasez de personal en los establecimientos rurales,
especialmente de profesionales, debido a la falta de
asignación de plazas; los establecimientos funcionaban con
personal no profesional y con poco entrenamiento. Es
recién en la década del noventa que se dota de
profesionales a estos establecimientos; sin embargo, la cobertura
de atención primaria ha crecido lentamente, con
limitaciones en los ámbitos rurales a pesar de la
importante expansión de infraestructura producida.
Sólo una cuarta parte de la población tiene un
seguro de salud: 20.1% en ESSALUD (seguro público); 2% en
seguros privados y 1.3% en la sanidad militar o policial;
habiendo decaído la cobertura discretamente en la
última década. Esto ocurre debido a la gran
informalidad en el empleo y a la pobreza extendida, porque el
aseguramiento depende de contribuciones en la planilla de pago de
los empleadores. A este problema hay que agregar que sólo
el 57% de los asegurados en ESSALUD usa sus servicios de
atención ambulatoria. Por su lado, las Entidades
Prestadoras de Salud (EPS), de carácter privado y creadas
en 1998 con la "modernización de la seguridad social",
tienen una cobertura insignificante (1.3%). En 1998, el gasto
total del sector salud fue de US $ 2,651.2 millones,
representando US $ 100 por habitante y el 4.4% del PBI, menor al
promedio de América Latina y el Caribe (7.2%). Sin
embargo, este gasto no es equitativo; así, mientras que
ESSALUD asigna US $ 108 por asegurado, los seguros privados
efectúan un gasto de US $ 200. Del total del gasto, 63% se
dedica a servicios de salud, 32% a medicamentos y 5% a
inversión. La distribución por prestador fue la
siguiente: 27.9% en el Ministerio de Salud; 0.4% en otro servicio
público; 25.1% en ESSALUD; 3.8% en la sanidad militar y
policial; 20.3% en el sector privado y 22.5% en las
farmacias.

Según Bardales (2006)[2],
actualmente el sistema de salud peruano es fragmentado,
desorganizado e injusto, organizado en función de la
condición social de los grupos sociales, existiendo
atención y gastos marcadamente diferenciados y una gran
iniquidad en la distribución del subsidio público,
que margina a los grupos más desposeídos; lo que
obedecía a un estado excluyente que establecía
categorías de ciudadanos con derechos diferenciados. El
problema de la exclusión en salud es también
compartido en otras zonas como educación, justicia y
demás derechos de carácter social y
político. Esta organización del sistema de salud
tiene consecuencias importantes: Existe una importante
derivación del subsidio público hacia los otros
subsectores: el 21.5% de los asegurados en ESSALUD, el 29.3% de
los asegurados de pólizas privadas individuales, el 14.2%
de los de póliza privada colectiva y el 13.5% de los de la
sanidad militar y policial usan los servicios del MINSA. Los
servicios del MINSA constituyen el principal proveedor para todos
los grupos socioeconómicos, especialmente de los
más pobres (quintiles I, II y III), siendo para el
más pobre casi el único. ESSALUD cubre a los
quintiles III, IV y V, al igual que los establecimientos
privados. Existe un serio problema de acceso a servicios de salud
para los pobres, en especial en zonas rurales, pese a tener
mayores necesidades de salud por presentar mayor morbimortalidad,
debido a su escasa capacidad adquisitiva y la carencia de un
seguro de salud. Sin embargo, el acceso a los hospitales del
MINSA es perverso: éste se incrementa de acuerdo al nivel
de ingreso, mientras que disminuye para la atención
primaria. En la práctica existen dos modelos de
atención: uno basado en atención primaria para los
más pobres y otro hospitalario de mayor gasto y que
concentra la mayor parte del subsidio público para la
población de ingresos medios y altos. Así, el 75%
del subsidio al quintil de mayores ingresos de las zonas urbanas
es para atención hospitalaria, siendo mayor que el
otorgado a las zonas rurales.